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La corrupción se viste de gasa

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

 Los españoles asistimos atónitos al espectáculo que nuestros políticos están dando, también ya en el ámbito internacional. Esta vez, en la pista central está el Partido Popular.

Transparencia y credibilidad

Y es en estos momentos en los que los políticos que no están bajo el foco piden transparencia. En realidad, los que protagonizan la noticia también la nombran, la reclaman, la ofrecen, la utilizan para guarecerse del inesperado chaparrón.

Pero la transparencia en política es como la gasa en el vestir: deja ver pero oculta lo que no se quiere mostrar. Si usted tiene ya una edad y quiere seguir luciendo palmito, la gasa es su aliada, los lunares, las arrugas, la flacidez, todo, queda tamizado por la ilusión transparente de la gasa.

Pero así es como nos han educado nuestros políticos. Desde los orígenes de la democracia. O antes. Probablemente las arbitrariedades y cacicadas propias de toda dictadura calaron en la sociedad más de lo que imaginamos. El uso privado de coches oficiales, las gestiones políticas desde el teléfono de la universidad, o la compra de ropa interior con dinero público por la entonces directora de Radio Televisión Española forman parte del anecdotario político español y, en muchos casos, de la vida cotidiana de un puñado de personas, oculta al común de los mortales.

Lo sorprendente es que los mismos cuyo dinero está siendo mal utilizado son los primeros en excusar ese comportamiento. No fue tanto dinero, en realidad. Comparado con lo que hizo Fulanito lo de esta chica se queda en nada. Son las pequeñas prebendas que tiene el poder. Su labor al frente de la institución fue muy buena, al fin y al cabo. Ese tipo de argumentos que están en los bares, en las tertulias, en la mentalidad española, son la gasa de nuestro traje político.

Y ahora, cuando nuestros bolsillos están maltrechos, cuando la cosa está fea de verdad, cuando la estructura de partidos está cuestionada, pedimos transparencia, exigimos que los políticos recuperen la credibilidad perdida, la que nunca nos hemos preocupado de reclamar seriamente como votantes.

La responsabilidad política del votante

No puedo evitar sonreír. Con tristeza, eso sí. Cuando hace nada los que decidimos abstenernos de ejercer nuestro derecho a voto y tanta gente bienintencionada nos acusaban de incumplir nuestro sagrado deber ciudadano, uno de los argumentos, aunque no el único, era éste. Yo no puedo votar a alguien cuya honestidad está cuestionada. Y está cuestionada la honradez de diferentes políticos de muchos partidos. En cada lista cerrada hay, indefectiblemente, un par de manzanas podridas. Como poco. Pues bien, entonces nada importaba, había que tener una visión amplia de la política, mirar la labor conjunta, el modelo que defendían, los avances, los cambios propuestos, el mal menor. El famoso mal menor que nos gobierna desde el principio.

Esta falta de exigencia para con nuestros políticos nos está pasando factura ahora y nos llevamos las manos a la cabeza. En mi opinión, es lo mínimo que nos merecemos. No hay más que preguntarse en qué quedaron los casos de corrupción de la historia de nuestra democracia. Cuántos políticos o cargos públicos devolvieron el dinero y, además, asumieron responsabilidades penales. Cuántos de ellos fueron castigados en sus propios partidos. Y no hablo de ser retirados de la primera línea pero ser compensados con un carguito aquí o allá. Hablo de repudio de verdad. Y, sin embargo, los españoles siguieron votando a esos mismos partidos sin exigir, como punto de partida, que todo estuviera verdaderamente claro. Los cargos públicos honestos, que los hay, se limitaron a dimitir por coherencia personal, probablemente frustrados y desilusionados. Nadie montó una campaña dentro de cada partido para deshacerse del fardo de abusones.

Cuando, con cierta ingenuidad, he preguntado a quienes han estado en contacto con la política y saben de lo que hablan, respecto a los sobres destinados a un periódico o a otro, la respuesta ha sido: “La prensa cobra desde siempre”. Es lo que me faltaba para terminar de avergonzarme del sistema político y de los medios españoles. No tengo la esperanza de que nadie del gremio dé un paso al frente. Pero ahí queda.

¿Por qué los políticos son corruptos?

Esta es la pregunta que respondía Jorge Valín en un artículo del 2011 publicado en la página del Instituto Juan de Mariana. La respuesta era inmediata. Porque pueden. Y así es. Comparando la tarea del empresario con la del político, Jorge Valín explica que el político no tiene que gustar a un mercado, basta con que tenga el favor corporativista de sus pares y de los lobbies. A eso hay que añadir la delgada línea que supone para un político la legalidad y la inexistente rendición de cuentas, más allá de la parodia pública interpretada por todos los actores para calmar los ánimos del pueblo.

Si a eso le añadimos la complicidad de las empresas (bancos incluidos) favorecidas por concesiones, subvenciones y beneficios que no vemos, llegamos a la definición del sistema en el que vivimos: el llamado crony capitalism. Es un término curiosamente ignorado en España, donde precisamente más campa por sus respetos esta perversión política de nuestros días.

En el caso de la feria de los sobres y las cuentas B del Partido Popular, aún hay personas inteligentes como Benito Arruñada que se preguntan, por ejemplo, si, ya que se puede determinar científicamente la fecha de las facturas de Bárcenas, no se debería haber determinado antes de ser publicadas. Esas cosas huelen fatal. Falta higiene en los partidos y en la prensa. Y ya se sabe que cuando falta la higiene aparece la podredumbre. Como dice Benito: “los países que logran un alto nivel de confianza no la basan en la bondad del individuo sino en que el incumplimiento se castiga”. Y así nos va.

La corrupción

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Toda organización, a partir de cierto tamaño y complejidad administrativa, tiende a generar casos de corrupción interna. El Hombre siente la misma tentación a actuar de forma deshonesta, desarrolle su actividad en el sector público o en el privado. Lo que es relevante son los incentivos que, en cada uno de estos ámbitos, le incitan, animan o facilitan la comisión de tales ilícitos.

Cuanto más amplia y compleja sea una organización, mayor será el grado de integración y sistematización funcional. Los agentes actúan de acuerdo a reglamentos, mandatos e instrucciones, siempre dentro de su potestad o competencia. En el interior del Estado existen diferentes entidades. Se integran de forma horizontal, vertical y trasversal. El Estado de Derecho y la división de poderes, pretende separar facultades, establecer instrumentos de control independientes, y crear un procedimiento estricto y restringido para el cambio en las normas, o la sucesión en las personas que desempeñan los cargos de dirección y administración. Sin embargo, la extensión del modelo estructural del partido único a las formaciones que compiten por el poder político en nuestros sistemas democráticos, ha quebrado por completo este intento "liberal" por eliminar resquicios e incentivos que hicieran posible el desgobierno, el abuso de poder o la corrupción.

¿Por qué todos los casos de corrupción que salen a la luz en los medios de comunicación suceden en lo público y tienen como actores principales a quienes manejan el poder a través de los partidos políticos?

La empresa privada, incluso en sistemas tan intervenidos con el nuestro, únicamente participa de los casos de corrupción, como colaborador necesario, cuando éstos suceden en lo público. No sería posible que dichos empresarios u hombres de negocios se enriqueciesen a costa del erario público sin que, previamente, alguno de los servidores del Estado formase parte de la trama. Llegados a este punto se plantea una duda más que razonable. ¿Es el interés de la empresa privada el que corrompe al político y funcionario, o es quien llega a desempeñar tales funciones el que se infiltra dentro del entramado de la administración para lograr su objetivo?

Muchas veces se busca exonerar a quien se estima realiza una labor altruista, localizando el origen de su corrupción en otro actor que, por su parte, persigue un fin particular. En otro lugar intentamos resolver esta cuestión, así que no vamos a repetir argumentos que ya fueron explicados con anterioridad.

Los casos de corrupción sucedidos en el seno de la empresa privada tienden a resolverse más temprano que tarde, exigiéndose responsabilidades tanto a los autores, como a todo aquel que pudiera haber tenido alguna participación culposa. Cuanto mayor sea una organización empresarial, mayores podrían ser los estragos cometidos, pero también serán más intensos los controles naturales que evitarán el desarrollo de las tramas corruptas. En cualquier caso, si una empresa quedase totalmente invadida por la corrupción, su destino último sería la quiebra y disolución. Primero, porque las empresas privadas producen bienes y servicios que compiten en el mercado, y los consumidores varían sus elecciones de un día para otro. Segundo, porque cuanto más grande sea una empresa, existirán menos vínculos personales entre la propiedad del capital, y su gestión. Los administradores quedan expuestos por sus actos y pueden incluso, sin ser ellos mismos agentes corruptos, responder por las pérdidas generadas.

Si comparamos al Estado, en un sentido amplio del término, con cualquier empresa privada, sin importar su tamaño o implantación internacional, la principal diferencia es que el primero carece del control de la cuenta de pérdidas y ganancias. Así mismo, existe una gran diferencia entre aquellos que hacen posible la supervivencia de cada tipo de organización: la obligatoriedad en la pertenencia o fidelidad con la misma. Los ciudadanos son fiscalizados y administrados. Para evitar un sistema, tienen dos opciones: rebelarse en masa o huir del país. En el caso de la empresa privada, tenemos a los consumidores, que son seducidos y satisfechos en sus necesidades, pero nunca se casan con un productor y mucho menos acaban secuestrados por él. La competencia permite abandonar lo que no nos gusta y buscar otro proveedor distinto en el mercado.

Los aspectos que hacen corrupto al Estado y crean incentivos para que dicha corrupción sea importante y generalizada, son los siguientes:

  1. El Estado es un monopolio, frente a la competencia que forma parte de la naturaleza del mercado, donde todo el que quiera puede tratar de arrebatar consumidores a quien ya opera, incluso con gran éxito.
  2. El Estado es una organización integrada, que pese a la división de poderes, los controles internos, o la independencia funcional de quienes ejercen tales funciones, acaba siendo regida por suborganizaciones de tipo trasversal conocidas como partidos políticos, que destilan intereses corporativos, y reproducen la estructura misma del Estado en pos de gobernarlo por completo.
  3. El Estado no somete sus resultados a quienes lo hacen posible, como sí sucede en la empresa privada respecto de los capitalistas, que son propietarios y controlan a los gestores gracias, en otros medios, a la cuenta de pérdidas y ganancias.
  4. El Estado se rige por un criterio político, lo que sublima el gasto descomedido y no sometido a un criterio de rentabilidad, lo que proporciona fuentes de financiación ilegales, comisiones, etc.
  5. Quienes gobiernan el Estado responden ante sus ciudadanos por sus errores, en términos estrictamente políticos, nunca asumiendo ninguna clase de responsabilidad patrimonial personal. Los consejos de administración privados sí pueden acabar siendo objeto de reclamaciones personales por parte de acreedores y accionistas.
  6. El Estado no puede disolverse, y aún en el caso de que cambie el régimen, los puestos de poder se mantendrán intactos, como también lo harán la mayoría de los miembros de la casta que los controla; el Estado es un ente desideologizado, y a la sazón, sirve a todo régimen con idéntica lealtad formal.
  7. El Estado, cuanto más intervencionista, más ámbitos de corrupción genera, lo que unido al resto de condicionantes, multiplica tanto la recurrencia, como la impunidad de los corruptos; lo cierto es que la mayoría de los casos de corrupción y corruptelas nunca son desvelados, o su investigación no avanza.

Aceptando la existencia de fuertes incentivos para que el Estado se convierta en el destino de la deshonestidad, y al mismo tiempo corrompa tanto a quienes le sirven directamente como a aquellos que le proporcionan bienes y servicios, y más aún, a quienes tienen al Estado como su principal cliente, existe un factor adicional que eleva el índice de corrupción de un país. Hay rasgos de tipo cultural, vicios institucionales, formas de ser o usos sociales que acentúan el ánimo corrupto de los individuos que forman parte de una comunidad. En estos pueblos, con más razón si cabe, habría que reducir el Estado y alejar así el pan del glotón.

@JCHerran

La monarquía que no tenemos

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El último día de 2012, la reina Isabel II del Reino Unido otorgó el título de princesa a la posible hija de su nieto Guillermo a través de una Patente Real. Esta carta remitida al Parlamento británico invalida un decreto del rey Jorge V y se adelanta a los legisladores que plantearon eliminar la preferencia de los varones en la sucesión. Con esta medida extraparlamentaria, su Graciosa Majestad hace valer una de sus prerrogativas dentro del entramado constitucional que la costumbre y la historia han ido modelando en contraposición al modelo positivista continental.

La Constitución española no deja un margen de maniobra similar al Rey de España, ya que define hasta quién y cuándo recibe la dignidad de Príncipe de Asturias como heredero. Los graciosos padres constitucionales desconfiaban de los legisladores ordinarios que les seguirían, por lo que redactaron la Carta Magna más extensa que hemos tenido en nuestra historia dotándola de la suficiente ambigüedad para admitir varias interpretaciones en algunos puntos, como en el caso de la función moderadora y de arbitraje que le atribuye al Rey. 

La autoridad del monarca se hizo notar de forma práctica tras la intentona golpista del 23-F, aunque parece que desde entonces sus funciones se han limitado a representar y personificar al Estado sin entrar en otros asuntos que tal vez habrían requerido el ejercicio de su auctoritas.

Incuestionada durante años, la autoridad de la Corona se tambalea, cercada por escándalos familiares y se cuestiona como parte de un régimen corrupto que saquea al contribuyente para mantener los privilegios de una casta de políticos y burócratas.

Frente a la monarquía hay quien propone la república como alternativa sin entrar en ninguna otra consideración. La legitimidad histórica de la Corona puede entrar en conflicto con la legitimidad democrática, pero también puede erigirse como una garantía constitucional adicional a los desmanes de los políticos iluminados de turno. Nunca a través de una potestas o injerencias en el gobierno, sino a través de una auctoritas ganada con el tiempo; y que se supone de aquellos que no se someten a los vaivenes de las opiniones del momento sino que guardan cierto sentido histórico que legar a sus herederos en la forma de una dinastía de la que ellos solo son el nexo de unión entre el pasado, el presente y el futuro.

Aunque en ocasiones pueda parecer lo contrario, nuestra norma fundamental no es una carta otorgada sino que es el resultado de la soberanía nacional; el pueblo como sujeto previo se dio una Constitución para, en teoría, protegerse del poder del Estado. Ya Aristóteles advirtió del peligro de que la democracia degenerase en demagogia y la monarquía en tiranía; el gobierno de muchos se impone como una tiranía sobre las minorías y el gobierno de uno solo sobre todos los demás. De ahí la necesidad de un sistema constitucional con garantías para controlar a los poderosos, ya sea uno solo, unos pocos o una mayoría. Desde la antigua Grecia hasta hoy, para llegar a un sistema que en palabras de Winston Churchill es "es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los demás" y que no es posible sin el equilibro de poderes de Montesquieu. La ficción de la distribución de poderes de la Constitución española que nos debe proteger a modo de pesos y contrapesos falla en el continuo partidos políticos-parlamento-gobierno-justicia. La monarquía puede funcionar como un contrapeso siempre y cuando no haya una conjunción de intereses con ese poder temporal que haga de la Corona un peso adicional con el que también tengamos que cargar.

Friedman

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

He preparado estas líneas unos días antes de la presencia de David Friedman en nuestro Instituto; que habrá tenido una convocatoria más general el viernes 25 en el Centro Riojano (sobre "Tecnología y libertad en un mundo imperfecto"). Previamente, el jueves 24 también hay organizado un acto en la Fundación Rafael del Pino: "La maquinaria de la libertad: guía para un capitalismo radical" (en esta ocasión, presentando la traducción al español de su libro de 1973 con ese mismo título). Seguro que habrán resultado de gran interés.

Pero me he arriesgado a dejar escritas estas líneas, aunque les repita ideas que ya habrán oído, después de haberme entretenido buscando información sobre el conferenciante y su obra. Ya saben que David es hijo de Milton y Rose Friedman, autores de Libertad de elegir (1980), un libro tardío de ese gran premio Nobel de 1976, que fallecería con 94 años en 2006; un año más que su colega James Buchanan, que nos dejaba este mes de enero y sobre el que pueden encontrar un excelente artículo de Juan R. Rallo. Apellidos importantes para la historia del pensamiento económico, que en el caso de los Friedman se mantiene en una segunda, y hasta tercera generación.

La wikipedia nos ofrece (en español) una semblanza de David Friedman, breve pero ilustrativa. Nació en 1945, estudió en Harvard y se doctoró en Física por la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor de Análisis Económico del Derecho en la Universidad de Santa Clara, California. De la wiki les copio este párrafo: "La versión de Friedman del anarquismo individualista no está basada en la asunción de derechos naturales inviolables, sino en el análisis costo-beneficio de Estado versus No-Estado. Esto contrasta con la aproximación iusnaturalista como es propuesta por los economistas de la Escuela Austríaca y el teórico libertario Murray Rothbard".

Podrán intuir que nos encontramos ante una de las diversas posturas dentro del (minoritario) pensamiento liberal; que me resultan difíciles de catalogar, la verdad. Personalmente no me gusta contraponer demasiado esos términos de austríacos, libertarios, anarcocapitalistas, etc. Entiendo que, sobre todo en el panorama anglosajón, es conveniente delimitar los perfiles… Pero prefiero la simplicidad de considerarlos a todos liberales, frente a esa multitud de "socialistas de todos los partidos" que nos rodea, y de la que se lamentaba Hayek.

Dicho lo cual, es cierto que Friedman presenta algunas (muy notables) particularidades en su defensa de una sociedad libre, criticando cualquier intervención del Estado: por supuesto que considera necesaria una gradual privatización de los servicios públicos; pero aquí llega incluso a incluir la Justicia (sustituyéndola por empresas de arbitraje) y la Seguridad Nacional. Es un anarquismo matizado (no comparte, obviamente, los procesos revolucionarios violentos), que se conoce como anarcocapitalismo.

Desde el punto de vista de la fundamentación, suele definirse con el término "consecuencialista", para distinguirse de ese "iusnaturalismo" rothbariano que acabamos de señalar. Las razones que mueven a las organizaciones humanas no descansan en un código legal, previamente pactado (con algunos derechos naturales inviolables); sino en un análisis utilitarista de costes y beneficios. Claro que esta postura debe ser matizada, ya que no estamos ante una simple filosofía moral de cálculo de resultados ("el fin justifica los medios"): supongo que si Uds. han tenido la oportunidad de escucharle estos días, habrán podido sacar sus propias consecuencias al respecto…

El libro que Friedman presenta en español, La maquinaria de la libertad, puede servirles también para conocer mejor su pensamiento. Ya hemos visto que se publicó hace cuarenta años (aunque hay una edición revisada de 1989). Volviendo a la Wikipedia, nos dice sobre esta obra que "Friedman rechaza el utilitarismo como patrón último para determinar lo que debe hacerse y lo que no, pero considera que los argumentos de esta clase son en general los más eficaces para defender la doctrina libertaria. La gente tiene ideas muy diversas acerca de lo que es justo, sin embargo la mayoría coincide en que la felicidad y la prosperidad son propósitos deseables". Me recuerda en cierta medida esa máxima de la Ilustración Escocesa: "la mayor felicidad para el mayor número".

La maquinaria de la libertad arranca con un prólogo de Albert Esplugas, quien ha escrito varios artículos interesantes sobre nuestro ilustre visitante, que también recomiendo su lectura. Como éste sobre un Seminario de la Libertarian Alliance de 2008 .

Quería terminar con unas palabras sobre los editores del libro: Innisfree (los cinéfilos ya habrán pensado en el pueblito irlandés donde se desarrolla The quiet man de John Ford). Curioseando en su página web, se presentan como "tres lectores del Manifiesto Neolibertario, de Samuel Edward Konkin III, que nos conocimos por facebook y a los que se nos ocurrió fundar una Editorial con un solo objetivo: publicar lo que ninguna otra editorial en español ha publicado jamás ni se atrevería a publicar". Yo diría que, desde luego, están consiguiendo su objetivo… Para mayor información les indico que el libro de Konkin lo editan Óliver Serrano Gil, Jesús Huerta de Soto e Ignacio P. Rico Guastavino: saquen de nuevo sus propias consecuencias.

Contra el fiscal instructor

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

En el combate que se dirime entre los liberales, partidarios de someter al estado a controles y contrapesos que garanticen espacios de libertad, y los estatistas, quienes adoran a esa organización como poder taumatúrgico e infalible, se producen batallas cruciales, que no siempre se comprenden por el gran público.

Partamos de la constatación, además, de que los intereses creados (y cruzados) durante décadas retroalimentan a los beneficiarios de ese culto al Estado en los medios de comunicacion, los grupos de presión y los sectores académicos dominantes.

Esta anestesia circundante explica la rutinaria reseña ofrecida en la mayoría de los medios a la entrega al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborada por una comisión de expertos constituida en marzo del año pasado por acuerdo del Consejo de Ministros. Aunque no se ha publicado su contenido íntegro, ha trascendido que prosigue los planes inacabados del gobierno de Rodríguez Zapatero de conferir al Ministerio Fiscal la dirección de todos los procesos de instrucción penales y limitar sustancialmente la facultad de los particulares de ejercer la acción popular penal.

Por mucho que traten de disimularlo, este cambio comenzó a forjarse entre los juristas más solícitos a las señales del poder político desde que un Felipe González Márquez con ambiciones cesaristas se percató de que las fechorías de su ejecutivo podían ser investigadas por algún juez de instrucción ignorante de la relación real entre los poderes del Estado. En este sentido, no parecía suficiente el sistema de control y selección de jueces a través de sucesivos consejos del poder judicial elegidos por sus mayorías parlamentarias. Había que dinamitar otro valladar introducido en la tradición jurídica española por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Básicamente, esta ley instauró un modelo de instrucción penal dirigida por un juez, que asumía la responsabilidad de practicar las actuaciones necesarias para la averiguación de hechos delictivos, calificarlos preliminarmente, y asegurar la presencia de los presuntos responsables, así como las responsabilidades pecuniarias derivadas de los delitos. Esas diligencias preparatorias del juicio se distinguían claramente del acto del juicio a celebrar ante un tribunal distinto, si había lugar a ello, y, sobre todo después de la Constitución de 1978, no han impedido legalmente la defensa en esa fase procesal (salvo en el procedimiento de excepción de la Ley contra la Violencia de Género y los llamados juicios rápidos) tanto de las víctimas como del imputado por el hecho delictivo. Por otro lado, las oportunidades de intervención del fiscal han aumentado por las reformas continuas aprobadas en los últimos treinta años. En el procedimiento especial del jurado se le convirtió en coinstructor de las causas mientras que se le invistió de la dirección en el de menores.

No obstante, lo que provocaba sudores fríos entre los gobernantes era la potestad de esos jueces de instrucción relativamente independientes de impartir órdenes a todas las policías por encima de las suyas propias, dentro de los fines de la investigación.

A la postre, la experiencia de los últimos años ha demostrado que la alarma del estamento político estaba injustificada, pues su impunidad no se ha puesto nunca en entredicho por una curia judicial adocenada. Si observamos el resultado de grandes procesos penales con conexiones políticas (los GAL, la financiación ilegal de los partidos políticos mediante la extorsión a empresas y particulares, la corrupción sistémica y, especialmente, la monstruosa masacre del 11-M), nunca se ha dado el caso de que las investigaciones oficiales esclarecieran hechos y, menos aún, que indagaran en la participación de personajes de alto rango.

Sin embargo, el empeño por cerrar cualquier riesgo de afrontar responsabilidades penales para la casta política parece haberse convertido en una obsesión. En un momento que los indicios de corrupción de todas las instancias políticas permiten llegar a la conclusión de que el propio sistema alienta y encubre los delitos cometidos por sus prebostes, vuelve otro ministro del ramo, convenientemente arropado por expertos ad hoc, a proclamar las bondades de una instrucción penal dirigida por el Ministerio Fiscal.

Es una falacia que la intervención del fiscal en la instrucción de los procesos penales garantice el derecho de defensa. Desde la perspectiva de la ineludible reducción de la administración del estado, más valdría que se refundiera con la abogacía del Estado para evitar duplicidades. Pero que, además, se quiera colar de matute un inmenso poder para el gobierno, que tiene a su servicio a la Fiscalia, insulta a la inteligencia. Si no se reforma la constitución para investir a los fiscales de la categoría de magistrados del poder judicial esa es la consecuencia insoslayable. Recordemos que, de acuerdo con la constitución, el gobierno nombra al Fiscal General del Estado (Art. 124.4 CE) para encabezar durante cuatro años como máximo un órgano que actúa bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Su estatuto orgánico configura un cuerpo administrativo de élite con proyección judicial, cuyos miembros actúan sin una distinción clara de identidad, lo cual, en la práctica, les convierte en irresponsables individualmente. Ni siquiera pueden ser recusados de igual modo que los jueces u otros funcionarios públicos. Son prácticamente intocables para las partes de un procedimiento. Por otro lado, están sometidos a las instrucciones y órdenes dictadas por el fiscal general y el resto de superiores. Por si fuera poco, su jefe puede intervenir en cualquier asunto que conozca un fiscal concreto, relevarlo y sustituirlo. Asimismo, ese estatuto reserva expresamente al gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos, a propuesta del mismo Fiscal General que ha nombrado previamente. A través de fiscales dispuestos a ascender en el escalafón, el gobierno de turno podría decidir la aceleración, la paralización o el archivo de procedimientos penales.

En ese ambiente tan viscoso, observamos como el estamento político comparte la idea de privilegiar a quienes obedecen órdenes contrarias a Derecho hasta extremos muy groseros. Por encima del método de elección democrática y las puntuales trifulcas entre partidos, el paso del tiempo va aflorando sustanciales coincidencias y conforma una estremecedora continuidad en sus políticas. En el caso español, donde el compadreo se hace tan fácil gracias a los mecanismos de cooptación establecidos por sus oligarquías, la tendencia a repartirse los beneficios del poder del estado ha llegado a límites insospechados. Mario Vargas Llosa definió la ininterrumpida estancia de 60 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano en el poder como la "dictadura perfecta" .

Este desmantelamiento deliberado de los últimos resortes de control judicial del ejecutivo constituye un ejemplo más de que España se ve conducida a una especie de dictadura perfecta de los actuales partidos dominantes. Obviamente, nada está predeterminado ni resulta irreversible. Hasta ahora los partidos que defienden postulados inequívocamente liberales han obtenido magros resultados. No obstante, para oponerse a este intento de la casta política por blindarse de responsabilidades caben encontrar otros aliados. Resulta imprescindible, pues, que las personas que dicen compartir esta preocupación dentro de los partidos dominantes den pasos mucho más decididos para evitar la consumación de esta vuelta de tuerca contra el Estado de Derecho. Llegado el caso, si no se eliminan esas previsiones de la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la instrucción penal y la limitación de la acción popular, los parlamentarios con esa conciencia deberían votar contra este desafuero. Por otro lado, a la vista de la larga serie de acciones y omisiones de este gobierno contra el Estado de derecho, quienes dicen ser liberales en el Partido Popular y amagan dentro de ese partido por distinguirse y mantener otras opiniones deberían reflexionar sobre si, tal vez, no se han convertido ya en una coartada para que nada cambie.

La defensa de lo indefendible y sus agujeros (I)

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La defensa de lo indefendible y sus agujeros (I)

Es habitual defender el liberalismo solamente desde el punto de vista de la economía, como una ideología acertada según algún criterio utilitarista como el crecimiento de la actividad económica, los ingresos y la riqueza. Es menos frecuente promover la libertad en ámbitos que tienen un fuerte contenido moral o ético, especialmente si la exquisita sensibilidad de las personas, pobrecillos, puede verse afectada al tratar temas delicados y problemáticos de forma rigurosa, radical y consecuente, sin pelos en la lengua, sin eufemismos y llamando a las cosas por su nombre.

Hay aspectos de la realidad, cargados de tabús y prejuicios aparentemente inmutables, sobre los que resulta difícil pensar y argumentar sin dejarse llevar por intuiciones morales que a menudo están injustificadas, son arbitrarias o falaces, o se utilizan de forma deshonesta e hipócrita. A la gente le preocupa su imagen, su popularidad, su reputación como persona de bien, su estatus social: no quiere meterse en líos defendiendo cosas que los demás critican; vamos a llevarnos bien, repitamos de forma acrítica los tópicos propios de nuestro grupo o cultura, rechacemos el mal y apoyemos el bien según los entienda la mayoría.

Los individuos actúan según sus preferencias e intereses. Una posible acción es la promoción o imposición de normas imperativas sobre la conducta de los agentes para conseguir, mediante la coacción estatal institucionalizada, que se produzca lo que a uno le gusta, y que desaparezca, al menos en teoría, lo que le disgusta. Es un uso intolerante de la legislación como herramienta de ingeniería social para promover los valores de unos a costa de los valores de otros. Naturalmente, la intervención no se justifica así: se pretende que es por el bien de los afectados, o al menos de la mayoría de la población; o todo el mundo sabe que eso está mal (las drogas, la prostitución, los beneficios excesivos, las condiciones de trabajo indignas, etc.).

La auténtica promoción de la libertad consiste en defender que todo el mundo tiene derecho a hacer cosas que pueden no gustarme, pero que yo no puedo legítimamente prohibirlas porque son actividades que no suponen una agresión contra nadie: no hay víctimas, no hay violencia, no hay fraude ni estafa, no hay perjuicios claros y directos. No se trata de robos, secuestros, violaciones, asesinatos o daños en general contra las personas y sus posesiones. Tampoco son incumplimientos de contratos ni abusos de bienes comunes.

Puede haber personas que declaren verse negativamente afectadas por ciertos actos, interacciones o relaciones de otros. Pero esa sensibilidad no les da derecho a entrometerse en las vidas ajenas. Si así fuera, todo el mundo podría interferir permanentemente en todos los asuntos de todos los demás simplemente mostrando su oposición, lo cual haría la vida imposible. Por eso existe el derecho de propiedad como único derecho humano fundamental, como única norma universal, simétrica y funcional que permite evitar, minimizar o resolver conflictos: el propietario es quien legítimamente controla y decide sobre el uso de sus bienes; sólo las preferencias del dueño legítimo son éticamente relevantes; los demás pueden opinar y valorar lo que quieran, pero no tienen derecho a interferir mientras se respete su libertad y su propiedad.

Walter Block escribió en 1976 Defendiendo lo indefendible, libro recientemente traducido y publicado en español. Se trata de una obra que no profundiza en una justificación teórica de la ética de la libertad sino que se concentra en sus aplicaciones prácticas y aplicadas más difíciles, defendiendo como héroes a aquellos que no actúan violentamente contra nadie y sin embargo son víctimas de la opresión legal y el estigma social: algunas actividades, que pueden incluso ser profesiones, son despreciadas, consideradas inmorales, juzgadas como cosas objetivamente malas; no sólo son rechazables, o sea que se pueden rechazar; muchos insisten en que se deben rechazar, que son inaceptables.

El estigma social contra ciertos cabezas de turco o chivos expiatorios es algo que un liberal puede criticar pero difícilmente puede pretender prohibir: si los miembros de una sociedad quieren rechazar algo, allá ellos, se trata de sus vidas, sus creencias, sus opiniones, sus preferencias. Sin embargo la coacción legal es algo diferente, porque se trata del uso de la violencia organizada en contra de la propiedad privada y de la libertad de contratación voluntaria entre las partes.

Defendiendo lo indefendible es un libro valiente que explora ideas radicales y extremas que pueden resultar incómodas para muchos. Se trata de una obra muy recomendable que pondrá a prueba la consistencia intelectual y los principios liberales del lector. Tiene ciertas limitaciones, como el hecho de que se concentra en figuras típicas de la sociedad y la economía norteamericanas de hace varias décadas que quizás no son tan relevantes o comprensibles en otros lugares y en el momento presente.

Es una obra que también tiene carencias o errores, y en algún caso son relativamente importantes. Y si uno quiere defender posturas polémicas y que muchos van a considerar extremas e inadecuadas, conviene hacerlo con sumo cuidado y argumentando con consistencia.

Walter Block asegura que en la práctica estos héroes políticamente incorrectos benefician a la sociedad. Pero el hecho de que los participantes en un intercambio libre se beneficien subjetivamente a título individual, al menos a priori, no implica que el resto de la sociedad también valore positivamente su interacción. Y de hecho la oposición generalizada puede ser una muestra de que no es así. La acción demuestra las preferencias de los agentes directamente involucrados, pero los observadores pueden preferir que esas acciones o intercambios no se produzcan. La prohibición daña con seguridad a quienes libremente llevarían a cabo esas actividades, pero no necesariamente a todos los demás. Prohibir ciertos actos puede resultar perjudicial para muchos, o no, según las circunstancias, dependiendo de si se prohíben suficientemente bien o si surgen mercados negros y víctimas colaterales (como en la guerra contra las drogas).

Según Block el liberalismo condena solamente la iniciación de la violencia, y aquí conviene matizar: también condena actos no físicamente violentos contra la propiedad como los hurtos, y muy especialmente el incumplimiento de los contratos voluntariamente pactados. Y tal vez haya actos para los cuales la noción de violencia sea excesiva, pero pueden producir daños difusos a terceros (contaminación, externalidades negativas difusas).

Para el autor el mercado produce algunos bienes que son inmorales, o el mercado debe ser visto como amoral (ni moral ni inmoral): pero no define qué es la moralidad, o la virtud, qué normas o valoraciones implica, si es algo universal y objetivo y por qué algo concreto es inmoral. Block llega incluso a referirse a fines buenos y malos, como si olvidara que los bienes no tienen valores intrínsecos sino que las preferencias son siempre subjetivas y relativas.

Una carencia importante de esta obra es explorar por qué ciertos actos libres son mayoritariamente rechazados y generan repulsa. La psicología evolucionista puede explicar estos fenómenos como resultado de un conocimiento económico intuitivo defectuoso, por tendencias o instintos típicos de individuos en grupos pequeños que no son funcionales o adaptativos en sociedades extensas, y como señales de conformidad, pertenencia, lealtad o estatus en relación con un grupo.

Según Block el uso de la fuerza sólo está justificado para la defensa, como represalia, o para establecer la justicia como respuesta a una agresión previa. Olvida dos casos fundamentales: para exigir el cumplimiento de lo pactado en un contrato (que no son meras transferencias de derechos de propiedad sino generadores de normas prácticas concretas cuyo cumplimiento es exigible mediante la fuerza), y para garantizar el cumplimiento de las normas de uso de ciertos bienes comunes (como los espacios públicos) y evitar su abuso por parte de algunos.

Sobre la prostituta Block afirma que es un tipo de interacción en la cual todos los seres humanos participan, porque en realidad nadie da nada gratis, siempre se espera algo a cambio. Pero la moderna economía conductual muestra que los agentes interpretan de modos muy diferentes las relaciones amistosas personales, en las cuales se intercambian informalmente favores, y las relaciones comerciales impersonales en las que los afectos no son relevantes. A la prostituta se le paga no sólo para practicar el sexo, sino para que se marche después y no pretenda establecer una relación amorosa. La prostitución es una profesión, pero no es como cualquier profesión.

Respecto al machista o cerdo chauvinista, el libro está escrito en un momento y sobre un país muy diferentes de lo actual: hoy día los tribunales suelen tomarse muy en serio las acusaciones de violación; en algunos países el cliente masculino de una prostituta puede ser arrestado; ya no hay por lo general las restricciones a mujeres casadas respecto de sus maridos. Hoy es frecuente la discriminación positiva a favor de la mujer y la lucha generalizada contra el sexismo y contra el acoso sexual.

Block trata de un plumazo el tema del aborto (la mujer es dueña de su útero), que es un asunto enormemente complejo. También trata muy por encima el tema de ciertos bienes comunes como las calles, plazas y parques. Menciona que lo controlado por el gobierno es propiedad robada, y esto no es necesariamente el caso.

Los liberales critican, casi siempre de forma acertada, a los gobiernos y a los Estados, reclamando que se respeten los derechos de propiedad privada de los individuos. Pero la propiedad individual no siempre es posible porque hay ciertos bienes que se adquieren y gestionan de forma conjunta, como una tribu que se apropia colectivamente de una cueva o un grupo de colonos que se establece y funda una ciudad en la cual ciertos espacios, como las calles, son comunes y se gestionan mediante algún tipo de gobierno local: puede ser muy difícil separar ámbitos de control, o simplemente los individuos no desean hacerlo y consideran conveniente recurrir a normas de uso, respaldadas al menos en parte por el uso de la fuerza, para evitar las típicas tragedias de los bienes comunes.

La propiedad siempre es privada en el sentido de que hay propietarios y no propietarios de un determinado bien, y los no propietarios pueden ser excluidos de su uso; pero la propiedad privada no siempre es individual, y cuando hay varios usuarios es necesario establecer reglas de uso que sirvan de referencia para permitir la coordinación y minimizar los conflictos. Estas reglas pueden parecer liberticidas en el sentido de que pueden prohibir muchas cosas que una persona libre puede hacer en su propiedad, pero es que precisamente se trata de que los bienes comunes se limiten al mínimo posible y se dediquen a su función esencial: por ejemplo las calles para desplazarse, no para apropiarse de ellas a título individual, establecerse y bloquear el paso.

Un problema típico de estos espacios públicos es su limpieza. En el capítulo dedicado a quienes los ensucian, Block usa un juego de palabras con diferentes términos que se refieren a la basura, y según él la suciedad y los desperdicios que se tiran y limpian en el dominio público son algo esencialmente diferente de los del ámbito privado: los restaurantes permiten, al menos hasta cierto punto, que sus clientes dejen caer objetos al suelo, como trozos de pan, servilletas, o cubiertos, porque si no lo hicieran perderían clientes; los dueños exigen que se respeten normas relativas a la basura en función de los deseos de los clientes, según el local sea más o menos exquisito; pero en el ámbito público el gobierno no tiene en cuenta los deseos de los ciudadanos, y aunque quieran tirar basura se lo prohíbe.

¿Cómo sabe Block cuál es la norma que los ciudadanos consideran óptima respecto a la basura en los espacios públicos? La respuesta es que no lo sabe. Simplemente asume que los ciudadanos quieren tirar basura y el gobierno malvado no se lo permite. Tal vez no entiende que la basura es una externalidad negativa y que igual que un individuo no puede tirársela al vecino tampoco puede deshacerse de ella en el espacio público, que está para transitar por él y no es un vertedero. No todos los bienes públicos son ilegítimos ni son equivalentes a bienes no poseídos de los que cualquiera puede apropiarse. Los poderes públicos hacen bien en vigilar que algunos individuos poco respetuosos de lo común abusen de los espacios compartidos y provoquen costes que deben asumir otros.

Los ciudadanos suelen preferir calles limpias (igual que prefieren entornos privados limpios); la limpieza absoluta es imposible, y el grado de limpieza debe determinarse en función de sus costes, tanto de no ensuciar (no producir desperdicios o deshacerse de ellos en la propiedad privada o en espacios públicos dedicados) como de limpiar lo ensuciado.

El civismo típico de las sociedades civilizadas avanzadas, compatible con la libertad individual, consiste en que los individuos respetan los espacios públicos, no abusan de ellos, internalizan costes en la medida de lo posible y no producen externalidades negativas. Las calles están limpias en buena medida porque está prohibido ensuciarlas y se sanciona a quienes lo hacen para que dejen de hacerlo y asuman su parte del coste de limpiar. Las calles sucias, las pintadas, el vandalismo callejero, son típicas de países o zonas pobres y socialmente conflictivas.

Block cree haber demostrado que no hay nada malo en que la gente ensucie los espacios públicos (no viola los derechos de nadie) porque ya lo hace en algunos espacios privados. Ignora que en los peculiares recintos privados que él pone como ejemplos (cines, estadios) la basura se genera como residuos de productos que los dueños están interesados en vender (envases de refrescos y comida que suele estar prohibido traer de fuera), la basura que cada uno produce se queda a su lado sin molestar a otros para el disfrute del espectáculo, y el coste de recogerla al final es mucho menor que las molestias que supondría para cada persona moverse a un cubo de basura (especialmente durante el espectáculo).

También estudia Block la problemática de las heces de perro, básicamente para sugerir que si las calles fueran privadas se encontraría empresarialmente una solución satisfactoria para todo el mundo. Pero resulta que en los lugares donde las calles son privadas (centros comerciales, parques de atracciones, urbanizaciones privadas), tirar basura en el ámbito compartido suele estar estrictamente prohibido, y el caso de las heces animales es especialmente grave (a menudo ni siquiera se permite el acceso de animales). Mantener zonas dedicadas para que los animales hagan sus necesidades puede ser caro e inconveniente: estos lugares quizás no estén suficientemente cerca cuando el animal decida orinar o defecar, y vigilar su buen uso puede ser muy costoso.

Que los ciudadanos paguen sus impuestos y que estos sirvan para mantener y limpiar las calles no implica que tengan derecho a ensuciarlas. Es realmente absurdo pretender que el individuo que tira basura en la calle es un héroe cuando en realidad es un guarro incívico y mal educado.

Las palabras de papel de Rajoy

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Con toda la desfachatez del mundo, el presidente Rajoy ha afirmado ante una representación de empresarios latinoamericanos que España puede desempeñar un papel muy relevante como puerta natural de entrada para las empresas latinoamericanas al mercado europeo, a las que ha animado a invertir en nuestro país.

España, la puerta empresarial que destruye empresas

La idea de que podamos representar una puerta de entrada recomendable al universo maravilloso del mercado europeo es inquietante. Entiendo que era una reunión oficial, que esas son cosas que, siendo presidente, hay que decir, que nadie cree nada de lo que allí se expresa frente a un micrófono, que todo es muy “comme il faut”. Pero me parece indecoroso ponerse de puerta de entrada de nada, cuando nuestros propios inversores han sido expulsados por obra y gracia de las medidas del anterior presidente y del actual, el mismo que ahora reclama focos sobre su persona y con un “¡Inviertan en nosotros!” se erige en impulsor de la entrada de capitales. ¿Podría haber empezado por retener los capitales patrios? Porque eso no se logra machacando el ahorro y primando el endeudamiento, que es lo que ha hecho.

En agosto del 2012, la destrucción de tejido empresarial (interanual) era del 16%, los concursos de acreedores, solo en el mes de agosto, crecieron un 12%. Y, por supuesto, la peor parte se la llevan las PYMES, que representan más del 95% del total de empresas en España, y son la base de la creación de empleo. El histórico 26% de paro no es una casualidad. Las empresas están endeudadas, los bancos no conceden créditos, los ahorradores-inversores, los “malvados” capitalistas, se ven penalizados por impuestos.

Y Rajoy llama a los inversores extranjeros para que vengan e inviertan. ¿Lo haría usted? ¿Confiaría en la palabra de Mariano Rajoy? Yo no.

El papel mojado de las cajas

Yo no pondría mi dinero en un negocio aconsejado por alguien que firma papeles con tinta falsa, que se borra o se desdibuja después. Y Rajoy es de los que donde dije digo, digo Diego, y no pasa nada. Tampoco es muy diferente del modo de proceder de parte de la sociedad española. Reconozcámoslo, por más que nos escueza, ese grupo de desaprensivos, y quienes les consienten, tienen mucho que ver con la pobre imagen que España da en el extranjero.

Un ejemplo de lo que hablo es la solución al problema de la cajas de ahorro. Como explicaba la semana pasada Miquel Roig,  uno de los requisitos del Memorando de Entendimiento firmado en julio del 2012 entre este gobierno y las autoridades europeas, en concreto el punto 20, establece mecanismos que permitan eventualmente la resolución bancaria de las entidades quebradas, las cajas. Por supuesto, considera la idea de los bancos puente (como el banco malo) como medida instrumental. Lo que ha hecho el gobierno es rebautizar las antiguas cajas como fundaciones que, eventualmente, podrían recuperar el control de esas mismas entidades de manera permanente, porque no hay fecha para que se extinga esa situación.

La importancia de este “detalle” es que el MoU se diseñó para acabar con un sistema que se corrompió por vincular la gestión bancaria a la política. Los pasos que se han dado, con la bendición de las autoridades europeas, van en sentido contrario. La responsabilidad de los abusos, de nuevo, está en manos del Banco de España, ese que no dio la talla cuando hizo falta.

La palabra del presidente

Visto lo visto, no es racional esperar que el gobierno fomente la empresarialidad, ayude a los empresarios, simplemente quitándoles piedras en el camino. Más bien, habría que tomarse las palabras del presidente como un “pasen y vean, y pongas imperdibles en los rotos que nosotros no vamos a arreglar”. Invertir en España no es comprar negocios devaluados y agonizantes por cuatro duros y llevarse el dinero. Invertir en España es crear riqueza, y para eso, es necesario que esa inversión sea atractiva, que se den las condiciones necesarias, que haya rentabilidad, que haya beneficio privado más allá de la compraventa de negocios. Porque ese beneficio privado implica la creación de empleo, el aumento de la actividad. Y si se dieran esas condiciones los inversores españoles no se habrían ido, las empresas no se estarían cerrando, las ideas, que las hay, prenderían en actividades empresariales. Habría futuro.

Nosotros no somos la puerta esperanzadora de los empresarios latinoamericanos de cara a Europa. Somos los saldos de las rebajas de enero.

La simple observación de la gestión gubernamental del no-rescate es un buen indicador para los inversores extranjeros de lo que pueden esperar de nuestro país. Y debería serlo también para que los ciudadanos supieran a qué atenerse.

¿Zonas libres de armas? ¡Zonas libres del Gobierno!

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

"Un hombre con un arma puede controlar a cien sin ellas", Lenin.

"Uno de los más estúpidos errores que podríamos cometer sería permitir a los ciudadanos conquistados del Este poder tener armas", Adolf Hitler.

"Es falso enfrentar no-violencia con autodefensa. La protección de uno mismo y de su hogar siempre ha sido reconocida a través de los tiempos por la ley común",Martin Luther King.

 "Si alguien tiene un arma e intenta matarte, sería razonable dispararle con la tuya", Dalai Lama.

A propósito de las masacres escolares en EEUU, en mi artículo anterior habíamos establecido una serie de hechos objetivos, a saber:

  • EEUU está lejos de ser el país con más criminalidad por armas del mundo.
  • Países con muy alto nivel de posesión de armas per capita como Suiza, Finlandia o Nueva Zelanda disfrutan de tasas de criminalidad muy bajas.
  • Aumentar el control de armas en un área determinada tiende a incrementar el crimen.
  • Mayor número de armas en un área dada no se correlaciona con mayor crimen (la población de EEUU tiene en la actualidad el mayor número de permisos de armas de su historia, siendo la tasa de homicidios la mitad que hace 20 años)
  • Los criminales armados en EEUU muestran cierta predilección por las "zonas libres de armas", como las escolares.
  • Quienes agreden son las personas, no los objetos. Igual que los bolígrafos no comenten faltas de ortografía ni las cerillas incendios.
  • Cuando hay prohibición de armas, éstas se emplean sobre todo para agredir; cuando hay libertad de armas, se usan sobre todo para defenderse.

Así pues, el verdadero debate es si debe desarmarse a los inocentes, puesto que cuando las armas están fuera de la ley, sólo las poseen quienes son expertos en saltársela: los criminales. Por ello, el control de armas hace su trabajo -el de los criminales- más seguro. Más vale, dice el refrán, un arma en la mano que un policía al teléfono. Desde que Reino Unido prohibió las armas en 1997, Inglaterra y Gales ya van camino de cuadruplicar la violencia con armas de EEUU. La antaño pacífica ciudad de Washington DC aprobó en 1976 la más restrictiva ley de armas de todo EEUU: hoy, con cifras récord, es también su capital del crimen. En el lado contrario, los estados americanos que han flexibilizado el acceso a las armas entre 1977 y 1999 han visto caer un sorprendente 78% de media las muertes por armas de fuego. Las correlaciones son tan fuertes y persistentes que no hay lugar para la casualidad.

Frente a los campus universitarios americanos que anuncian que son zonas libres de armas, el de la Colorado State University es una excepción gracias a una victoria en los tribunales de inocentes cansados de vivir atemorizados. Desde 2003, en este campus, los inocentes pueden ir armados, y los criminales lo saben. Cuando por cierto en 2007 sucedió la masacre en el desarmado campus de Virginia Tech, los estudiantes de Colorado State se movilizaron para no perder su derecho a protegerse. ¿Por qué desde que pudieron ir armados los universitarios de Colorado la violencia en este campus ha descendido apreciablemente? Preguntémonoslo.

Si usted fuera criminal y supiera que en la comunidad "A" los ciudadanos no pueden llevar armas y en la comunidad "B" sí pueden, ¿dónde robaría y asaltaría? Por desgracia, los criminales no son tan estúpidos. Por eso usted jamás pondría un cartel que anuncie que en su casa no hay ningún arma ni alarma pero en las colindantes sí. Una población desarmada es por definición una población indefensa. Según los estudios de Rossi y Wright con criminales convictos americanos, el 60% de éstos teme más encontrarse una víctima armada que a la policía. El político demócrata Joseph Morrissey es el tipo de persona que quiere control de armas; en 2003 perdió su licencia y se le impuso una dura multa por amenazar asesinar con su arma a un hombre. Morrissey prefiere víctimas desarmadas. No olvidemos que en EEUU los usos defensivos de las armas vienen a quintuplicar los usos agresivos. Heinrich Himmler dijo que "los ciudadanos ordinarios no necesitan armas"; Himmer fue el jefe de la SS nazis encargadas de masacrar a millones de personas.

En el fondo no se trata de una cuestión ideológica entre derecha o izquierda, sino una entre libertad o coacción, protección o indefensión. El propio progresista Jeffrey Goldberg, tras un análisis honesto y sin prejuicios de la cuestión, se muestra más que escéptico sobre los controles de armas.

Ya uno de los primeros grandes defensores de las sociedades libres, Aristóteles, prevenía contra las tentaciones políticas de desarmar al pueblo. En la misma línea se pronunciaron Cicerón, Maquiavelo, el británico John Locke o el francés Montesquieu, artífice intelectual de la democracia moderna. Igualmente, es imposible leer al padre del Derecho Penal contemporáneo, Cesare Beccaria, sin advertir que creía firmemente que el control de armas beneficiaba a los criminales. George Orwell, que nos advirtió contra las tiranías en su célebre novela 1984, afirmaba: "La era en la que un arma es algo caro y de difícil acceso es una era de despotismo; la era en la que un arma es algo accesible es una era en la que la gente común tiene una oportunidad".

El derecho constitucional a las armas en EEUU

La raigambre de la posesión de armas en EEUU se debe a la raigambre del espíritu revolucionario por la libertad en este país. A finales del siglo XVIII, las aún colonias británicas en América protagonizaron una de las más importantes revoluciones por la libertad de la historia. Una vez independizadas, elaboraron un sistema político y jurídico que hiciera lo más perdurable posible un orden de libertad lejos de la tiranía británica padecida. Así, se dieron una Constitución con la que los ciudadanos se protegían del Gobierno y una Carta de Derechos que garantizaba los derechos naturales de los ciudadanos evitando que el Gobierno interfiriera a costa de agredir la libertad natural de cada individuo. Es el deber de un patriota proteger a un país de su Gobierno, decía el revolucionario Thomas Paine. La segunda enmienda de la Constitución americana aprobada en 1791 garantizaba el derecho de ir armado a cada individuo. ¿Por qué? Esencialmente como salvaguardia de eventual protección contra su propio Gobierno. De tal modo, los ciudadanos podrían libre y voluntariamente unirse en milicias para combatir tentaciones totalitarias de su Gobierno, mientras éste no tenía –al menos durante largas décadas- potestad para obligarles a formar parte de un ejército nacional o algo semejante (no existía la conscripción o servicio militar obligatorio). En la línea de clásicos como Aristóteles, revolucionarios americanos como Thomas Jefferson, George Washington, Samuel Adams o Benjamin Franklin entendieron además el acceso a las armas como un derecho humano fundamental en cualquier sociedad libre y justa: el de la autodefensa y la protección contra agresores, criminales y tiranos.

Quien está a favor del control de armas no está en contra de las armas, porque las armas se necesitarán para desarmar forzosamente a la gente. Se precisarán las armas del ejército, policía y agentes gubernamentales para quitárselas a la sociedad civil. Control de armas significa, y sólo significa, un monopolio central de las armas en manos de la élite del Gobierno. Esto es, control de armas significa violencia.

"Cuando la resolución de esclavizar América fue oficializada por Gran Bretaña, el Parlamento británico ordenó que nuestro pueblo se desarmara; éste es el mejor y más efectivo modo de esclavizar; pero no lo hicieron de forma abierta, sino encubiertamente", George Mason (1725-1796), Convención de la Constitución de Virginia.

"Los americanos tienen el derecho y la ventaja de estar armados, a diferencia de los ciudadanos de otros países cuyos gobiernos tienen miedo de confiar en ciudadanos con armas", James Madison (1751-1836).

"Nunca se elaborará nuestra Constitución para evitar que los ciudadanos pacíficos de Estados Unidos puedan llevar armas", Samuel Adams (1722-1802).

"Las leyes que prohíben llevar armas sólo desarman a aquéllos que no tienen intención de cometer crímenes. Tales leyes hacen las cosas mucho peor para los agredidos y mejor para los agresores; éstas sirven más para promover que para prevenir homicidios, para que un hombre desarmado sea atacado con mayor probabilidad por uno armado", Thomas Jefferson citando al criminólogo y jurista Cesare Beccaria.

Si observamos la historia, por desgracia muy sangrienta, del último siglo, podemos advertir que la revolucionaria idea de la libertad de armas como resistencia a la dictadura y la opresión parece tener fundamento. El tristemente poco conocido genocidio armenio de 1915 a 1917 por el Imperio Otomano, con un millón y medio de víctimas, partió con el control de armas de los armenios desde 1911. Los exterminios masivos en la Unión Soviética contaron con la ley de control de armas de 1929. Hitler impuso la prohibición de armas a los judíos en 1938, China a su población en 1935. En 1956, Camboya penalizó la posesión de armas; en los años 70 el sanguinario Pol Pot aniquiló a más de dos millones de personas. En 1959, Fidel Castro inició la dictadura cubana instando al desarme de los ciudadanos en un célebre discurso. Guatemala inició matanzas de indios mayas en 1964 tras pasar una ley antiarmas. Uganda hizo lo mismo en 1970, y en menos de una década acabó con decenas de miles de cristianos.

El pacifista Gandhi recuerda en diversos pasajes de su Autobiografía que el control de armas en la India fue clave para oprimir a su pueblo. Una sociedad civil armada es uno de los mayores obstáculos contra la opresión. Quizás un buen ejemplo sea Suiza, paraíso de paz y libertad, probablemente gracias a que los inocentes pueden armarse y protegerse.

Mientras, en EEUU los datos muestran que las mujeres cada vez son más portadoras de armas. Aquéllos que defienden que se las desarme no pueden llamarse defensores de los derechos de las mujeres.

Por qué tendemos erróneamente a pensar que EEUU es el país con más criminalidad podría en parte deberse a su cultura cinematográfica llena de títulos de acción. A diferencia radical de los films de ambientación norteamericana, hay otros donde queda expresamente remarcado que las armas son propiedad reservada de los agentes gubernamentales. Por ejemplo, La Lista de Schindler. Y es que el control de armas no es una cuestión de armas, sino una cuestión de control.

Sin prohibición de armas no hay cámaras de gas. En realidad, no puede haber una auténtica y real prohibición de armas si no se comienza por prohibírselas a la policía, militares y otros agentes de la élite del Estado.

Afirmar que el hombre es malvado por naturaleza es el mejor argumento para que las potenciales víctimas puedan defenderse y armarse. Afirmar que el hombre es bueno por naturaleza es el mejor argumento para que podamos armarnos.

A propósito de nombres propios, a Martin Luther King le fue negada en 1958 la posesión de un arma, lo cual fue un acto de racismo. Sin embargo, Luther King se rebeló contra la ley y siempre tenía un arma en casa para defenderse él y a los suyos. Uno de los grandes logros de los negros en EEUU fue la aprobación de la 14ª enmienda en la Constitución que, entre otros, reconocía el derecho de los negros a ir armados. Los americanos parecen haber olvidado que la Asociación del Rifle siempre combatió al Ku Klux Klan, una organización racista abominable, defensora a ultranza desde sus orígenes de la prohibición de armas. Con ello, querían negros cumplidores de la ley sin armas e indefensos para masacrarlos. De hecho, toda la ideología del control de armas en EEUU va inextricablemente en sus orígenes unida al racismo y la xenofobia. Durante todo el siglo XIX los estados sureños más racistas como Alabama y Mississippi usaron la ley para impedir con altísimos impuestos el acceso a las armas a los ciudadanos pobres, que incluía a los negros. Según los análisis económicos de John Lott, un arma es el medio de protección más asequible para las personas de bajos ingresos.

La criminalidad del Gobierno

Desde que en 1917 EEUU se embarcó definitivamente en una política exterior intervencionista y militarista, el belicismo de su Gobierno no ha hecho sino aumentar a un ritmo tan trepidante como tenebroso. El gasto actual del Gobierno estadounidense es más del doble que el de todos los países europeos combinados y más que el de los 19 países siguientes en gasto militar juntos. El día posterior a ganar sus segundas presidenciales, Obama ordenó bombardear Yemen, y los civiles asesinados por todos los presidentes americanos del último siglo se cuentan por decenas de miles. Son, simplemente, daños colaterales.

Esos gobiernos que se plantean prohibir las armas a la población civil son ellos mismos asesinos encantados con el debate sobre el control de armas entre los civiles, lo que sirve como distracción perfecta para que nadie tristemente se haga la necesaria pregunta de: ¿Por qué no prohibimos las armas más bien al Gobierno? ¿Qué especial derecho le asiste a un integrante del Gobierno para manejar un arma, pero no a Pedro o María? ¿No presumíamos de vivir en regímenes con igualdad ante la ley? El control de armas perpetúa la desigualdad ante la ley.

El Gobierno dice erigirse en nuestro protector. Pero, como diría Cicerón, ¿quién nos protegerá de nuestros protectores? Nosotros mismos, el pueblo.

La gente debería no ya olvidar –la información selectiva siempre juega a favor del Gobierno y sus acólitos-, sino conocer la masacre de Waco, en Texas, de 1993 en la que la agencia gubernamental del FBI mató a 76 hombres, mujeres y niños abrasándoles en un infierno de llamas. ¿Cuál fue su crimen? Ninguno, simplemente eran adventistas que tenían armas como protección, y de hecho nunca se probó que tuvieran intención de usarlas agresivamente. La vergüenza del impune totalitarismo gubernamental llegó a que jamás ningún responsable público por esa matanza fue investigado. Y como todo militarismo intervencionista siempre tiene consecuencias indeseadas (que se lo pregunten a la CIA que entrenó en los 80 a Bin Laden), como represalia contra su Gobierno por Waco un ciudadano acabó en 1995 con la vida de 168 personas de un edificio federal en el atentado de Oklahoma.

¿Hablamos de la Operación Fast and Furious del Gobierno americano en 2011? Con la excusa de perseguir a bandas criminales mejicanas, el Gobierno americano facilitó la venta masiva de armas a esas bandas, para luego según la versión oficial –cuál será la real- perderles la pista. Igual que en el control y prohibición de las drogas o el alcohol, el control político de las armas corrompe. Y el control y la prohibición absolutas, parafraseando a Lord Acton, corrompen absolutamente.

No debemos en cualquier caso olvidar que la mejor defensa y protección comienza por armarse intelectualmente en las ideas de la libertad y la paz y que, en resumidas cuentas, quienes agreden y matan al final son obviamente los individuos con sus comportamientos y acciones. Y no se me ocurren acciones más mortales que aquéllas que provienen de los individuos del Gobierno.

¿Zonas libres de armas? Mejor zonas libres del Gobierno

@AdolfoDLozano / david_europa@hotmail.com

Cuatro desahucios

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Desde hace unos meses se está creando una gran alarma social en torno a los desahucios llevados a cabo por los bancos en el caso de aquellos clientes hipotecados que no pueden hacer frente a sus obligaciones.

Ante tal alarma, los políticos reaccionan, como no puede ser de otra forma, tratando de intervenir en el mercado para salvarnos de las consecuencias de nuestros actos, llegándose incluso al extremo de alguna escena patética interpretada por altos cargos.

Pero ¿existe algo más justo que el acreedor pueda obligar al deudor a pagar sus deudas? Porque un desahucio consiste solo en eso, en que un acreedor pueda recuperar el dinero prestado, precisamente utilizando la garantía que el deudor le ofreció a cambio del préstamo. ¿Por qué entonces la alarma social?

Quizá la razón haya que buscarla en la naturaleza del sujeto "desahuciador", en los bancos que con tanta justicia reclaman lo que les es debido. Y ello porque son precisamente estas entidades las que están siendo las peores cumplidoras de sus deudas, las que solo pueden afrontar sus compromisos "desahuciando" a los ciudadanos del país en que operan.

A poco que nos paremos a reflexionar, resulta que este último, el que despierta la alarma social, no es el primero ni tal vez el más importante de los desahucios a los que nos están sometiendo las entidades financieras con la complicidad y quizá impulso de los Estados.

A los bancos se les está dando el dinero de nuestros impuestos, que, cuando se agregan, alcanzan más del 50% de lo que somos capaces de producir. Así pues, el primer desahucio a que nos someten los bancos nos arrebata parte de los salarios y rentas que somos capaces de generar con nuestro trabajo e inversiones.

Como no es suficiente con los impuestos, los Estados se endeudan por ingentes cantidades de dinero, y dedican parte de ella también a esas entidades financieras que luego nos desahucian de nuestra casa. Pero ese dinero se tendrá que devolver, a base de cobrar impuestos a nosotros y a nuestros hijos. Este es el segundo desahucio, nos quitan el futuro.

Tampoco basta con esto para calmar la insaciable sed del quebrado sistema financiero: se ha de emitir dinero desde los distintos bancos centrales para tapar los agujeros de nuestros desahuciadores. Desgraciadamente, y como es bien sabido, estas emisiones de nuevo dinero no son gratis, sino que tienen el precio de la inflación. Y la inflación lo que hace es disminuir el poder adquisitivo del dinero, la forma en que tradicionalmente tratamos de ahorrar los que no somos expertos ni queremos serlo en inversiones. Así que, por esta vía, se consuma el tercer desahucio: nos desahucian de nuestros ahorros.

Solo tras haber agotado estos tres desahucios llega el cuarto, el más mediático, pero el más irrelevante en términos agregados (evidentemente, no es irrelevante para el individuo que lo sufre), claramente insignificante si lo comparamos con los impuestos que recauda el Estado, la deuda que está adquiriendo en los mercado, o el dinero que está fabricando el BCE. Pero es aquel el que nos preocupa, porque es al único que somos capaces de ponerle ojos y cara.

En resumen, los bancos nos desahucian de nuestro salario, de nuestros ahorros y de nuestro futuro. Y, sin embargo, los políticos solo se preocupan de nuestra casa, que es lo que parece que les da votos. Si no nos desahuciaran de lo demás, seguramente tampoco tendríamos el otro problema.

¿Quieren evitar que la gente se suicide por perder su casa? Eviten que pierda primero todo lo demás: hagan que los bancos paguen sus deudas con su dinero, no con el nuestro y el de nuestros hijos.

Simbología del poder: del “We the People” al “Carmen, por favor”

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El domingo 20 de enero de 2013, Barack Obama juraba su segundo mandato como presidente de EEUU en el interior de la Casa Blanca ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. La ceremonia se retransmitió por televisión en directo, a pesar de que los planes iniciales del equipo de Obama eran no permitir que periodista o cámara alguno (más allá de un fotógrafo de la Casa Blanca) pudiera estar presente en la ceremonia –tal vez por miedo a que volviera a equivocarse, como cuatro años antes, al recitar la fórmula oficial del juramento–. Con retransmisión televisiva o sin ella, el carácter “privado” del acto es una excepción en este tipo de ceremonias en Washington.

Constitucionalmente, el mandato presidencial arranca con una ceremonia pública ante el Capitolio que ha de tener lugar el primer 20 de enero después de las elecciones presidenciales. Pero, si dicha fecha cae en domingo, el juramento ante la sede del legislativo se traslada al lunes 21 de enero. De hecho, así ha ocurrido, y cerca de un millón de personas acudían a ver y oír en vivo cómo Obama volvía a jurar su cargo como máximo responsable del Gobierno de Estados Unidos. Cuatro años antes, fueron dos millones de ciudadanos los que estuvieron presentes en el juramento.

La carga simbólica de este tipo de ceremonia es evidente. El presidente asume un compromiso ante los ciudadanos, ante ese mismo “We the People of the United States…” –aunque la traducción más habitual es “Nosotros, el pueblo de EEUU”, también puede ser “Nosotros, las personas de EEUU” – con el que arranca la Constitución. Se trata de un reconocimiento de que el poder emana de los ciudadanos y que, al menos en teoría, quien lo ejerce ha de mostrarse de forma pública ante los gobernados. Cuestión diferente es, por supuesto, que en última instancia ocurra así.

Los actos de toma de posesión en EEUU, y su carga simbólica, contrastan profundamente con sus equivalentes en gran parte de Europa. En España, por ejemplo, el presidente del Gobierno arranca su mandato con una jura o promesa ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial del monarca. El jefe del Gobierno así hace público su compromiso también ante el sujeto que encabeza la Constitución del país. La Carta Magna de 1978 arranca con la siguiente frase: “Juan Carlos I, Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren”.

La simbología de la jura o promesa del jefe de Gobierno español, y de otros muchos europeos, es también evidente. El compromiso se asume ante el Estado y su máxima autoridad, no ante los ciudadanos. Se marca así una distancia entre gobernantes y gobernados, presente de forma simbólica en muchas otras representaciones del poder. Hace ya tiempo reflexionamos sobre la ubicación de las sedes de los gobiernos, y contrastábamos, entre otros, la céntrica Casa Blanca con La Moncloa, fuera de la ciudad de Madrid.

Es evidente que la representación del poder no lo es todo en política. Resulta cierto que un gobernante puede ser autoritario, o incluso totalitario, teniendo su residencia en pleno centro de la capital de un país y asumiendo su cargo en un acto público. Una simbología que recuerde al político que ha de responder ante los ciudadanos y que no debe comportarse como un déspota ilustrado no garantiza que vaya a comportarse en consecuencia.

Sin embargo, lo que es evidente es que una representación del poder como la que hemos descrito en España (y que es equivalente a la que existe en gran parte del resto de Europa) tiende a hacer olvidar al gobernante que tiene que responder ante los ciudadanos de forma constante, y no sólo cuando hay elecciones. No ha de sorprender, por tanto, que haya jefes de Gobierno que no consideren su obligación responder a preguntas de periodistas o de cualquier ciudadano que pueda acercársele. Ejemplo de esto último es el famoso “Carmen, por favor” de un Rajoy que trataba de librarse de los micrófonos de la prensa.