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El grave error económico de las subidas de impuestos

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El tiempo cuenta en economía y mucho. Pasan los semestres, transcurren los años y cambian los gobiernos pero, sin embargo, seguimos observando la disminución de la competitividad europea respecto de las áreas económicas emergentes y, en estos últimos trimestres, la inmersión de la economía europea en una recesión económica que requiere que se tomen decisiones ajustadas a los principios del crecimiento económico, lo que sólo veremos si se imponen las tesis de verdaderos estadistas, con conocimientos profundos de economía y con visión estratégica a largo plazo.

España y Europa necesitan un cambio cultural para salir de la crisis del Estado del bienestar y retomar la senda del crecimiento, lo que requiere que arraiguen los conceptos económicos acertados entre la población en general y, especialmente, entre las autoridades para que aprecien y busquen de un modo consistente (y no coactivo) las bases institucionales que liberan el funcionamiento real del mercado, entendido como el proceso empresarial de creatividad y coordinación dinámicamente eficiente (1).

Quiero señalar nuevamente la extraordinaria importancia que tiene el ahorro privado previo (o la acumulación de capital) para el funcionamiento microeconómico de la estructura productiva del capital y, por ello, explicar de modo detallado el grave perjuicio económico que suponen la subidas de impuestos que preconizan socialistas e intervencionistas.

Sin embargo, permítanme que introduzca algunos conceptos económicos antes de comentar el efecto de la elevación de la presión fiscal sobre la función empresarial y la eficiencia dinámica. 

1. Teoría de la función empresarial 

Empleando las ideas de Hayek y Kirzner, el catedrático Jesús Huerta de Soto (2) define la función empresarial como la capacidad del ser humano para darse cuenta de las oportunidades de ganancia subjetiva que surgen en el entorno, actuando en consecuencia para aprovecharse de las mismas, y generando así un proceso inagotable de creatividad y coordinación de desajustes previos que constituye el corazón del orden espontáneo del mercado. 

2. Eficiencia dinámica y función empresarial 

La eficiencia estática es la buena gestión de los recursos disponibles que son conocidos o dados de antemano y no cambian. Se corresponde con la visión propia de la economía neoclásica y, en particular, de la economía del bienestar.

Sin embargo, la eficiencia dinámica abarca también la búsqueda del incremento de los recursos disponibles por medio de la empresarialidad y del comercio de nuevos bienes y servicios en el mercado. Está visión es la propia del liberalismo en general y, de modo especial, de la escuela austriaca de economía.

La eficiencia dinámica es el proceso social de creación y coordinación que es propio del orden espontáneo que denominamos mercado (o intercambio de bienes y servicios entre millones de personas) y que se produce como consecuencia de la asunción de riesgos e incertidumbre por parte de los emprendedores en un proceso constante de búsqueda de mayor creatividad y de mejor coordinación empresarial para competir y obtener mayores recursos.

Tal y como indica acertadamente Jesús Huerta de Soto en un trabajo publicado en el número de marzo-abril 2012 de la revista ICE (3): "el criterio de eficiencia dinámica está indisolublemente unido al concepto de función empresarial…su elaboración nunca puede efectuarse en un vacío institucional o, dicho de otra manera, que el análisis teórico de la eficiencia dinámica es inseparable del estudio del marco institucional en el que se llevan a cabo los comportamientos empresariales".

3. Marco institucional y función empresarial

Hago mías esas palabras porque mi propia línea de investigación trata del análisis del marco institucional que impulsa las mejores condiciones para el desarrollo de la función empresarial y, por tanto, de la eficiencia dinámica en economía.

Entre otros aspectos institucionales, he analizado las características básicas de una constitución económica (o conjunto de artículos que limiten el intervencionismo político) y la necesidad de realizar una drástica reducción del gasto público como única vía para evitar la recesión.

El marco institucional es esencial para el ejercicio de la función empresarial y de ahí que a muchos liberales nos preocupen muy seriamente la protección de la propiedad privada y de la libertad de empresa, la independencia del poder judicial, la elección de los jueces, la aplicación del artículo 155 CE o la adecuada organización territorial de España.

Como voy a explicar a continuación, también nos preocupan las subidas de impuestos en España porque lastran la función empresarial y perjudican la eficiencia dinámica de la economía del país.

4. Estructura productiva del capital y función empresarial

Anteriormente observamos la estructura productiva del capital por medio del gráfico de los círculos concéntricos de Böhm-Bawerk (4) para visualizar como el factor tiempo es determinante en la producción de los bienes económicos más complejos, porque necesitaban más recursos para ser producidos cuanto mayor es su grado de sofisticación.

Sin embargo, al objeto de mejorar el análisis del proceso de producción de una economía de mercado, me permito introducir en este artículo un gráfico de serie de fechas que, también, representa las etapas de producción sucesivas y alejadas de un modo que entiendo permite visualizar mejor la variable tiempo y la acumulación de recursos que requieren los bienes de órdenes superiores y, además, creo que representa mejor la necesidad creciente de ahorro privado previo; que se precisan para evolucionar institucionalmente desde las economías de subsistencia hacia la producción de bienes y servicios cada vez más sofisticados que es propia de las sociedades desarrolladas y tecnológicamente avanzadas:

Para la producción de bienes de órdenes cada vez más superiores no sólo se precisa de más tiempo sino que, además, se requieren: 1) incremento del periodo medio de producción, 2) mayor sofisticación tecnológica, 3) más valor añadido incorporado al producto, 4) más investigación, desarrollo e innovación previos, 5) más necesidad de recursos humanos cualificados, 6) mayor inversión para producir el producto.

Por ello, son imprescindibles para lograr un crecimiento económico sano en las economías desarrolladas tanto la acumulación del capital previo como la investigación, el desarrollo y la innovación, para el adecuado impulso por los empresarios de la inversión en productos y servicios de alto valor añadido. Todos estos requisitos se pueden integrar con la necesidad de un mayor ahorro privado previo para la realización de los bienes de órdenes cada vez más superiores.

De hecho, interpretando correctamente el gráfico de serie de flechas, a medida que los países se van desarrollando, las flechas posteriores se ensanchan y alargan y las flechas anteriores se contraen y acortan al producirse un incremento de la producción de bienes que incorporan más I+D+i, más recursos humanos cualificados y, en definitiva, mayores necesidades de ahorro privado previo para abordar la inversión productiva.

Es decir, el incremento del periodo medio de producción de un bien de orden superior supone una mayor necesidad de ahorro privado previo por parte del emprendedor para abordar la inversión que permite obtenerlo, en donde también se deben incluir las necesidades de aplicación de recursos humanos más cualificados y de investigación, desarrollo e innovación.

Podemos concluir que, cuanto más "alargado" en el tiempo es el proceso de creatividad y coordinación que realiza la función empresarial, también es más "intensivo" en capital y requiere de un mayor ahorro privado previo para ser abordado empresarialmente.

5. ¿Cómo las subidas de impuestos perjudican el crecimiento económico?

Como consecuencia del anterior razonamiento microeconómico, la eficiencia dinámica que se logra con el ejercicio libre de la función empresarial requiere un marco institucional de mínima coacción por parte de los Gobiernos (justo lo opuesto al intervencionismo y socialismo) para que políticos y funcionarios no dificulten la actividad empresarial y la libre aprehensión de los resultados de la actividad creadora y coordinadora; dentro de un Estado de Derecho que garantice la triple seguridad: exterior (militares), interior (cuerpos de seguridad) y jurídica (tribunales de justicia).

Cada vez que un Gobierno sube los impuestos, se está disminuyendo la capacidad de ahorro privado de los agentes económicos y se está mermando tanto su capacidad de consumir como su capacidad de emprender y ejercer la función empresarial.

Como las subidas de impuestos reducen el ahorro privado previo, justo disminuyen las inversiones productivas que son más intensivas en capital y están más alejadas en el tiempo. Es decir, las subidas de impuestos disminuyen la función empresarial y la eficiencia dinámica del mercado aplicada sobre los bienes de órdenes superiores que caracterizan el crecimiento económico de las sociedades desarrolladas y tecnológicamente más avanzadas.

Este razonamiento explica porque la reducción del gasto público es la única vía para evitar la recesión. Por ello, no debe de extrañarnos que España haya entrado en una severa recesión económica, porque nuestros políticos optan erróneamente por realizar el ajuste fiscal de los presupuestos generales del Estado, subiendo los impuestos en lugar de reduciendo el gasto público y en donde todavía existe un amplio margen mediante: 1) la eliminación de subvenciones y partidas presupuestarias "ociosas", 2) la eliminación de entidades, empresas y fundaciones públicas, 3) la reducción del gasto del Estado (especialmente en autonomías y entidades locales donde no parecen llegar los recortes drásticos en el gasto) y, 4) las reformas estructurales que aumenten la competitividad internacional.

Si los consejeros del Ministro de Hacienda no atienden a razones y prescinden de considerar válidas las conclusiones de la curva de Laffer, luego que no se extrañen nuestras autoridades cuando la recaudación fiscal disminuya debido al aumento de la presión fiscal en una fase de recesión económica y perjudicando las posibilidades de consumo y empresarialidad de España.

Las subidas de impuestos podrán cuadrar las cuentas públicas a nivel macroeconómico para que el déficit público cumpla con el 6,3% del PIB acordado por España con la Comisión Europea. Pero, sin embargo, el aumento en la presión fiscal destroza el crecimiento económico a corto, medio y largo plazo al socavar el ahorro privado previo que es necesario para el consumo de la población y para las inversiones de los emprendedores, especialmente, en los bienes de órdenes superiores que suelen exportar las economías avanzadas.

Nuevamente, hay que reclamar sensatez a las autoridades o, al menos, que se asesoren por economistas que sepan identificar correctamente las relaciones causales del crecimiento económico y no sólo por intervencionistas que ahogan el presupuesto de las familias, impiden el ejercicio de la empresarialidad y destruyen el tejido económico e industrial del país con las subidas de impuestos.

Es una lástima pero, pudiendo hacerlo bien, nuestras autoridades están optando por las estrategias intervencionistas que ofrecen recetas económicas equivocadas, con un deficiente ajuste del gasto público que no llega a las autonomías y las entidades locales y, especialmente, con sucesivos aumentos de la presión fiscal para cuadrar las cuentas públicas a nivel macro a costa de dilapidar el ahorro privado que es el responsable, en el nivel micro, del crecimiento económico.

Obviamente, si el Gobierno de España no logra implementar un rescate interno, tendrá que solicitar un rescate externo con condiciones "estrictas", básicamente centradas en la devolución de los préstamos, y no siempre beneficiosas para el crecimiento económico si se optase por asaetear con más impuestos al sufrido contribuyente, disminuyendo el consumo, la función empresarial y la eficiencia dinámica en el país.

LEER MÁS

(1) (Huerta de Soto, 2010: p. 78). Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, 4ª edición, Unión Editorial, Madrid.

(2) (Huerta de Soto, 2012: p. 57). "La esencia de la Escuela Austriaca y su Concepto de Eficiencia Dinámica", Nuevas Corrientes de Pensamiento Económico, Marzo-Abril 2012, Nº 865, Revista ICE, Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid. 

(3) (Huerta de Soto, 2012: p. 68).

(4) (Böhm-Bawerk, 1930 [1889]: p. 148). The Positive Theory of Capital, G.E. Stechert, New York.

Sánchez Gordillo y la justificación del robo

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

A estas alturas de la película ya es notorio el lamentable suceso del asalto al supermercado de Mercadona protagonizado por un grupo de unos 30 miembros del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), liderado por el ya célebre Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y parlamentario de la Junta de Andalucía.

El acontecimiento ha tenido una repercusión absoluta tanto en la sociedad como en los medios españoles. Lo cual ha servido para mostrarnos las numerosas justificaciones del robo perpetrado por los secuaces de este aprendiz de bandolero, así como la espeluznante cantidad de personas que apoyan las acciones de este personaje. Así nos va…

El robo es un hecho que ha repugnado a todos los seres humanos de todas las civilizaciones y de todos los tiempos. Todo el mundo sabe y tiene claro lo que es un robo. Tanto es así que estos sindicalistas delincuentes han tenido que ser de lo más creativos para intentar convencernos de que no ha sido así. Evidentemente sin éxito, al menos en mi caso. Me propongo comentar alguna de estas justificaciones.

"Esto no es un robo, es una expropiación forzosa"

Muy bien, empecemos por definir robo: sustracción de bienes de una persona sin el consentimiento de ésta. Es un concepto sencillito, una definición muy fácil de entender, incluso para un sindicalista. Sigamos con un razonamiento trivial: ¿De quién eran los alimentos? De Mercadona. ¿Quería Mercadona que estas personas se llevasen sus bienes sin pagarlos? De ninguna manera. Ergo, es un robo claro y fragrante. Fácil, ¿verdad?

Es tan bochornosamente evidente, que ha sido necesario revestirlo lingüísticamente para ver si de esta manera acaba pareciendo algo que no es. Lo han llamado "expropiación forzosa". Bonito eufemismo.

Veamos. Expropiación es el término que utiliza el Estado cuando roba….por el bien común. Es decir, expropiar también es robar… aunque legalmente, eso sí. Lo que han intentado los del SAT es darle una justificación social y legal a su robo.

Hay, sin embargo, una gran diferencia: una expropiación se lleva a cabo por la Administración, que al menos ha sido elegida democrática y mayoritariamente. Por definición, un sindicalista bandolero no puede expropiar nada. Ni es representante de nadie ni ha sido elegido por nadie para llevar a cabo estas funciones. No puede tomarse la justicia por su cuenta, cual asaltador de caminos.

Y es que un robo es un robo, y no puede ser otra cosa por mucho que se intente estrangular el lenguaje.

"no es un asalto porque no iban encapuchados"

En fin, lo que hay que oír. ¿Desde cuándo hay que ir encapuchado para efectuar un robo o un asalto? ¿Acaso la sustracción de bienes sin capucha no se considera un robo? Creo que estos señores han visto muchas películas norteamericanas de terroristas y atracadores de bancos del siglo pasado.

De hecho, en la actualidad la mayoría de robos se efectúan a cara descubierta, porque los delincuentes intentan que la víctima no esté presente (o que no se dé cuenta) para evitar episodios de violencia.

Uno tiene la tentación de preguntarle a los lumbreras del SAT: ¿Los carteristas roban? ¿Los saqueadores de casas de veraneo roban?

Lo que está meridianamente claro es que estos sindicalistas llevaron un asalto en toda regla: acometieron repentinamente por sorpresa y con premeditación un supermercado con la intención de robar bienes. Y además con violencia.

"no es delito porque lo hacemos para llevar comida al pueblo".

Toma ya. Son los elegidos, poco menos. La verdad es que los elegidos cada vez tienen menos nivel intelectual… Fuera bromas, esta justificación es verdaderamente bochornosa si se asegura respetar la democracia y el Estado de Derecho.

Afortunadamente, no hay ninguna necesidad social de que estos señores roben y cometan delitos para llevar comida a nadie. No cabe esgrimir la figura del hurto famélico para vulnerar un derecho ajeno. La sociedad tiene suficientes mecanismos públicos y privados para abastecer de comida a quienes realmente lo necesitan. Mecanismos muchos más eficaces, pacíficos y de infinitamente mayor alcance que los de un bandolero cualquiera acompañado de secuaces que rozan el analfabetismo más profundo.

Sin ir más lejos, las grandes superficies como Mercadona donan una cantidad enorme de comida a los bancos de alimentos y a numerosas ONGs. Y lo hacen de forma regular y sin presumir vulgar y chabacanamente de ello. Afortunadamente el Banco de Alimentos de Andalucía rechazó el botín de estos aprendices de piratas, explicando que solamente acepta donaciones legales. Es lo correcto en un país serio, democrático y civilizado.

Y es que, desde el punto de visto utilitarista (o social si se prefiere) ninguna sociedad puede sobrevivir o prosperar si cada uno de sus integrantes puede tomarse la justicia por su cuenta.

Si la ley no rige a todos por igual, si no existe el llamado Imperio de la Ley, entonces el progreso económico y social es imposible. Esto es debido a la incertidumbre social que generaría la consecuente inseguridad jurídica. Efectivamente, si todos pudiéramos sacar las cosas de los negocios "de manera simbólica" y quedar impunes, sería difícil ver un negocio abierto.

Lo sorprendente es que a este bandolero tempranillo, (que parece que en cualquier momento vaya a arrancarse a bailar el Chiquilicuatre) se le llena la boca de democracia y justicia cada vez que la abre, pero en la práctica no las respeta en absoluto. Algo que tampoco debiera extrañarnos si somos conscientes de la ideología que profesa: el comunismo.

Dicho lo anterior, hay que dejar claro desde una perspectiva iusnaturalista, que nada puede justificar la violación/abolición/robo de la vida y las propiedades de los individuos. NADA. La propiedad privada es (o debiera ser) un derecho inalienable. Es el principal derecho humano a partir de cual pueden emanar otros. Sencillamente, o existe la propiedad privada o existe la barbarie. 

 "Mercadona también roba y tiene mucho dinero"

La vieja cantinela comunista de que quien tiene dinero es porque se lo quita al pobre. La falacia de que la economía es un juego de suma cero, es decir, la riqueza no se puede crear, está dada, y esto hace que la ganancia de un jugador sea necesariamente la pérdida de otro jugador.

Pero, queridos sindicalistas, la economía no es el póker. En una economía capitalista se aprovechan mejor los recursos para producir más y mejor. Estos incrementos de productividad constantes hacen que el pastel se va haciendo más grande. Al contrario de lo que sucede en una economía intervenida/comunista, en donde lo constante es la destrucción de riqueza, y el pastel es cada vez más pequeño.

Para sorpresa de nuestros bandoleros, hay personas y empresas que crean valor en la sociedad. Una de las que más valor y riqueza crean es precisamente Mercadona, aportando entre otras cosas, productos con una calidad-precio prácticamente insuperable (por el momento, claro está, porque el mercado es dinámico).

Nadie obliga a los consumidores a comprar en Mercadona. Si lo hacen, es porque esta empresa pone a su disposición productos y servicios que realmente satisfacen sus necesidades. Los beneficios que las empresas obtienen a final de año son proporcionales a las necesidades que consiguen cubrir en la sociedad. En el caso de Mercadona sus beneficios son merecidamente altísimos. Consiguen hacer llegar a los ciudadanos comida cada vez más barata y de más calidad. ¡Eso sí que es llevar comida al pueblo!

En este sentido, no hay nada más democrático que los beneficios de empresas como Mercadona o Zara (o Microsoft o Apple).

¿Aceptarían nuestros sindicalistas renunciar a todas sus subvenciones y pasar a financiarse mediante las cuotas de sus afiliados y donaciones privadas? De esta manera observaríamos el apoyo REAL que tienen… Supongo que el mero hecho de plantear esta cuestión me convierte en un facha-cerdo-capitalista-explotador ante sus ojos…

"los banqueros y los políticos también roban, y más que nosotros"

Una justificación de verdaderos caraduras totalitarios. ¿Que haya delincuentes justifica que yo también robe y delinca? Desde luego, que gran profundidad de pensamiento social que nos obsequian estos sindicalistas.

Creo que no soy sospechoso de no denunciar el trato desigual y de favor que recibe la banca. En otra ocasión he defendido que los bancos no deberían ser rescatados ni recibir ninguna ayuda estatal. Pero eso no justifica que yo asalte sucursales bancarias con unos cuantos amiguetes y robe todo el dinero disponible para dárselo a los afectados por las preferentes. O que asalte el Banco Central Europeo para destruir todas las imprentas que tienen para crear nuevo dinero de curso legal.

Personalmente me indigna que en muchos lugares de África no haya suficientes escuelas para los niños por falta de medios económicos y materiales. ¿Debo entonces irrumpir en oficinas de CCOO, de UGT o del SAT y empezar a robar ordenadores, mesas y sillas para llevárselas a los niños de África para que puedan disponer de ese inmobiliario en sus colegios?

Seguro que no. Sería una burda justificación de un delito. De igual manera, saquear un supermercado para "llevarlo al pueblo" no es más que tratar de encubrir delincuencia con la demagogia más barata, analfabeta y rancia.

"es un acto de desobediencia civil"

Otra floritura lingüística para justificar el robo. Muy utilizada, por cierto. Aunque creo que no saben qué significa el término.

Desobediencia civil es el acto de no cumplir una norma (jurídica) que se tiene la obligación de cumplir. ¿A qué ley o norma se están oponiendo estos salvapatrias? A ninguna. Simplemente se están tomando la justicia por su cuenta. Y eso, desde luego no es desobediencia civil.

La realidad es que estos señores sólo defienden la desobediencia civil siempre que no sea contra leyes que ellos apoyan.

Gaspar Llamazares, que está cortado por el mismo patrón que nuestro alegre bandolero, afirmó: "yo niego que lo del SAT sea un robo, porque se ha hecho a cara descubierta. Es un acto de desobediencia civil y yo defiendo eso en un Estado democrático". Sin embargo, no opinaba lo mismo cuando afirmó que la Iglesia española se situaba "fuera de la democracia, en la desobediencia y desacato a leyes aprobadas" por no apoyar el matrimonio homosexual.

Eso, señor mío, se llama totalitarismo.

Para terminar, el verdadero problema de España no es el económico, sino el de valores. Por ejemplo, mientras haya una enorme cantidad de personas que no condene delitos como el perpetrado por los integrantes del SAT, España no tiene remedio ni futuro. Una sociedad que no defiende la propiedad privada no puede prosperar.

Y es que si se admiten estas justificaciones que hemos comentado, se puede llegar a cometer cualquier atrocidad, como han llevado a cabo los totalitarismos en el siglo XX. Tampoco es de extrañar que la ideología de Sánchez Gordillo sea una de ellas: la comunista.

Subvencionar la pobreza

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Una vez más, el Estado Benefactor ha actuado por el bien común manteniendo la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración; una vez más, el consenso político ha optado por subvencionar la inactividad en lugar de permitir que la sociedad cree riqueza.

Las consecuencias para la economía real son nefastas y el riesgo moral evidente, ¿para qué trabajar cuando se puede vivir de las subvenciones que ofrece el Estado? En España recibir 400 euros por tu trabajo es ilegal pero se convierte en un derecho si se recibe, por lo contrario, por no trabajar.

Los costes que acumula el puesto de cada trabajador desde su posible indemnización por despido hasta las ayudas sociales que reparte el Estado pasando por las cotizaciones que pagan los empresarios se descuentan del salario de cada trabajador. Los bajos sueldos y las altas tasas de desempleo que suelen atribuirse a la maldad del empresario constituyen en realidad la nefasta consecuencia que conlleva la rigidez de un sistema laboral hiperregulado. De igual modo al subvencionar a los parados se desincentiva a los trabajadores a quienes resulta más rentable no trabajar y percibir las "ayudas" provistas por el Estado antes que ponerse a trabajar.

Incrementando el número de gente que depende del Estado para vivir se ahonda también en la trampa democrática en la que los propios votantes son receptores de rentas públicas y, elección tras elección, votarán a favor del mantenimiento de todo tipo de subsidios con los que consiguen sobrevivir. La lógica errada de la planificación económica a través de subvenciones y ayudas está encaminada a subsanar la necesidad urgente de la gente que lo necesita para no dejar a nadie atrás pero lejos de conseguir ese objetivo tan sólo consigue perpetuar esas mismas situaciones de pobreza que debería erradicar.

Lejos de ayudar a los que más lo necesitan para que algún día dejen de necesitarlo se entra en una espiral en la que subvencionar la pobreza solo consigue perpetuar la miseria. Y, entre tanto, los políticos que administran el reparto de las ayudas se aseguran el amor, y lo que para ellos es más importante, el voto del pueblo al que alimentan.

Sánchez Gordillo, algo más que una anécdota

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

En efecto, el país heleno se ha convertido a largo de los últimos meses en un icono para la ultra-izquierda mundial. Manifestaciones violentas, ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad, proclamas anticapalistas… han sido la nota caracterizadora de la otrora cuna de la civilización. Desde España había muchos sectores que anhelaban mimetizarse en ciudadanos (alborotadores) griegos ya que estos luchaban contra Merkel, Estados Unidos, el capitalismo, las políticas económicas liberales…, todo ese conjunto de "causas justas" a las que el buenismo ha elevado a categoría de valores universales.

Igualmente, desde hace un tiempo, Sánchez Gordillo se había convertido en un referente para la izquierda. En pocos meses pasó de ser un gran desconocido a protagonizar noticias, reportajes… en los que se nos vendía Marinaleda como el paraíso. Así, dotado de esta bula, el alcalde pasó a la acción y dirigió el asalto a varios supermercados con la excusa de dar la comida a familias necesitadas. Una suerte de Robin Hood del siglo XXI.

Sin embargo, las cosas no son así, ni se hacen así. En España existe un Estado de Derecho, mal que les pese a quienes desearían suplirlo por formas dictatoriales encubiertas bajo etiquetas, también muy de moda en los últimos tiempos, como "democracia participativa". Esta forma de obrar añora lo que acontece en Venezuela (y Cuba, naturalmente) y rinde reverencias a personajes siniestros como el Che Guevara. De todo ello es prototipo Sánchez Gordillo.

Tras el robo y consiguientes los titulares en la prensa, han llegado las argumentaciones por parte del protagonista. Demagogia y retórica se mezclan a partes iguales en las mismas. Que si quien roba son los bancos, que si quienes saquean son los ricos…nada que no se conozca. Posteriormente ha asegurado que renunciará a ser aforado y que si entra en la cárcel "será un honor".

Como puede apreciarse, una gran labor de marketing verbal. En el siglo XXI los gestos y las imágenes lo son todo. Además, estamos en verano, se han terminado los Juegos Olímpicos y la liga de fútbol no ha empezado aún, con lo cual, siempre hay un espacio para que los personajes políticos, aunque sean cargos públicos, den la nota.

Tampoco es de extrañar quién han dado muestras de apoyo a este "saqueador justiciero", destacando Amaiaur, grupo político que, siendo suaves, no condena la violencia ni los asesinatos de ETA. Su portavoz en el Congreso, Xavier Mikel Errekondo (quien en su día no tuvo problemas para enfundarse la camiseta de la nación que tanto abomina y por tanto, disfrutar de los beneficios asociados a la internacionalidad, dejando en segundo lugar sus creencias políticas, aquellas que le dicen todas las noches que Euskal Herria es un pueblo oprimido y colonizado por los españoles), definía a través de twitter la acción del andaluz como "una acción de solidaridad contra el hambre y por la dignidad". Hombre, ya sabemos que la izquierda radical abertzale desnaturaliza con facilidad, hasta volverlos vacuos, los conceptos (especialmente, cuando habla de "paz" en Euskadi).

Obrando así, el ex balonmanista y su partido, correspondían a la solidaridad que en su día Sánchez Gordillo mostró hacia los presos etarras, algunos de los cuales ahora se han apuntado a la moda de la huelga de hambre, aunque a su manera, queriendo pasar de victimarios a víctimas, con Otegui a la cabeza. El chantaje a la democracia forma parte del ADN de ETA.

Finalmente, la labor altruista de dar de comer a los pobres y desfavorecidos la acometen a diario un buen número de organizaciones religiosas sin que por ello reciban el respeto, la solidaridad y mucho menos el protagonismo que cotidianamente logra Sánchez Gordillo. Por el contrario, aquéllas suelen obtener a cambio de su labor desinteresada los insultos y las descalificaciones de los amigos de la democracia participativa.

La decadencia de Europa

Escrito por mbisbal en . Publicado en Análisis diario.

Les misérables, así se titula un reciente análisis que publica The Economist sobre la decadencia del Viejo Continente. La razón por la que no hay crecimiento, argumentan, se debe al fracaso crónico de fomentar a emprendedores ambiciosos.

En contraste con la estadounidense, la cultura europea es poco favorable a la creación de grandes empresas y sus directivos tienen mucha aversión al riesgo. Cuando sus empresas fracasan, lo tienen muy difícil para empezar de nuevo. Una empresa fallida en Europa significa una mancha duradera, un estigma moral. En Estados Unidos hay bastante tolerancia al fracaso, mas en muchos rincones de Europa no existe una segunda oportunidad.

Algunos países europeos mantienen a emprendedores que han fracasado en el limbo durante años. El Reino Unido se descarga de la quiebra de sus deudas pasados 12 meses, más que en Estados Unidos. En Alemania, donde incluso quienes quiebran pueden afrontar una prohibición de por vida en altos cargos ejecutivos de grandes empresas, la gente tarda 6 años en conseguir un nuevo comienzo, y hasta 9 años en Francia.

Para ilustrar las diferencias con el resto del mundo, datos de 2010 muestran que los emprendedores con poca experiencia representan un 2% en Italia, poco más de un 4% en Alemania y casi un 6% en Francia de la población adulta. En Estados Unidos la cifra es del 7,6%. Otros países más emprendedores todavía son China y Brasil, con un 14% y 17%, respectivamente. También los europeos se muestran más negativos que sus semejantes norteamericanos, canadienses o brasileños cuando se les pregunta sobre su país como lugar para emprender.

Europa está llena de pequeños negocios. El problema real está en su falta de capacidad para producir suficientes empresas innovadoras que crezcan con rapidez y se hagan grandes. Por ejemplo, un estudio de 1990 explicaba que el 19% de las PYMES americanas crecían muy rápidamente, mientras que la media de seis países europeos era del 4%.

Así, mientras en Silicon Valley nacen multitud de empresas exitosas, como Amazon, Ebay o Google, aquí éstas se encuentran en menor medida. España, donde alrededor del 80% de trabajadores los emplean las PYMES, es un buen ejemplo del caso europeo.

Empero, esto no siempre ha sido así. Durante la Revolución Industrial, existían numerosas empresas de gran tamaño por todo el continente. En realidad, la mayoría de las grandes empresas europeas nacieron en el siglo pasado. Después de las guerras, Europa nunca recuperó su fecundidad y la devastación hizo que los ciudadanos fueran más adversos al riesgo que en el pasado. El proteccionismo reemplazó a unos mercados que antiguamente estuvieron fuertemente relacionados.

Según un análisis de las 500 empresas más grandes del mundo, en Europa solamente se creó una docena de 1950 a 2007, cuando Estados Unidos, en el mismo periodo, fue la cuna de 52 nuevas compañías. De las europeas, además, diez de las doce vieron la luz entre 1950 y 1975. La mayoría de las grandes empresas en Europa son anteriores, y en algunos casos mucho, a 1950.

Los start-ups dependen mucho de los inversores nacionales, y la situación de crisis no es favorable en este aspecto. Los inversores ven el capital riesgo europeo como un mal activo y el crédito es mucho menos abundante que en Norteamérica. Por eso, gran parte de las inversiones de las empresas europeas proviene de los gobiernos.

Las asfixiantes regulaciones laborales en muchos de estos países, a la par con unos mercados cada vez menos libres y más hostiles a la competencia, son responsables directos de este fenómeno, que no son más que un impedimento a la creación de empleo, desarrollo y crecimiento económico.

Mientras los gobernantes conviertan la creación de empresas en algo infernal y la mentalidad no cambie, el problema no se solucionará. Reducir costes de personal rápido y de forma barata es más difícil en muchos países de Europa que en cualquier otro lugar del mundo.

Todas estas dificultades frenan la actividad económica y provocan que el capital huya de estos lugares. Las inversiones y los emprendedores se marchan a regiones que son favorables al comercio. Hay que reconocer que algunos gobiernos en Europa han hecho tímidos pasos en la buena dirección, pero no son suficientes.

Es improbable que se dé un auténtico cambio de mentalidad en el corto plazo, principalmente por la deriva intervencionista que se está viviendo actualmente, con la situación financiera como excusa para menoscabar aún más la libertad de empresa. Sin embargo, se podría promover un proceso de liberalización si los gobiernos hicieran las reformas laborales que deben. La verdad es que las oportunidades existen. Por ejemplo, en Europa, los sueldos de los ingenieros de software son un 70% menor que en California. Hay que sobrepasar esta escasez de ideas y reactivar una actitud proemprendedora.

La doble moral de los gobiernos, de castigar duramente a quien emprende mientras van anunciando cambios para "ayudar" a los empresarios, debe terminar. Señores gobernantes, si de verdad quieren acabar con esta crisis y ayudar al emprendedor, ¡simplemente dejen de poner trabas!

Libertad, propiedad y vínculos sociales

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Más sociedad puede implicar menos necesidad de Estado, sin duda. Pero no necesariamente cualquier tipo de institución social no estatal supone que la libertad esté garantizada. La libertad está estrechamente vinculada a la voluntariedad y el centro decisorio de esta es el individuo. Praxeológicamente es este quien define fines y selecciona medios, y moralmente solo existe una sociedad libre no solo cuando el Estado es mínimo o inexistente, sino cuando las instituciones no estatales de carácter coercitivo, o este aspecto de ellas, son débiles.

En la evolución social existen instituciones tradicionales que han jugado un papel muy importante en cuanto que aportaron mecanismos "entre el instinto y la razón" de elevada eficacia para el desarrollo. Y no cabe duda de que muchas de esas instituciones han estado en relación de relativa complementariedad con la que se puede considerar más importante en el proceso de civilización: la propiedad privada. Pero que determinadas instituciones que se hayan mostrado eficaces en ciertas etapas no las consagra como eternas ni como las mejoras defensoras de la libertad.

Las familias en sentido amplio han jugado y siguen jugando un papel muy importante en este sentido. Han sido estructuradoras de las propiedades y en muchos casos se vinculaban a ellas más que a los individuos concretos que las componían. La vida del individuo en estas instituciones familiares fuertes estaba bajo una protección y unas posibilidades de desarrollo que no eran posibles fuera de ellas.

No obstante, la fortaleza de esta institución estaba vinculada también al escaso desarrollo de esa otra, la de la propiedad privada, cuyas potestades estaban restringidas precisamente por la gerencia familiar de la misma. Es así que con el desarrollo de la propiedad privada y su mayor vinculación al individuo, la libertad se presenta con otras opciones. La cooperación voluntaria, de esta manera, se desvincula del concepto fuerte de familia y se facilitan asociaciones voluntarias de individuos que estructuran una sociedad no estatal más libre. Los individuos, sin dejar de hacer girar su vida alrededor de comunidades afectivas familiares, dejan de sentir a estas como coerciones a su vida y desarrollan sus proyectos vitales asociándose con individuos que comparten sus propios y mucho más variados fines.

Las sociedades más libres, por tanto, no son solo las que tienen menos Estado, sino las que han llegado a un grado de evolución social en el que determinadas instituciones tradicionales, o más bien, en el que el componente coercitivo de las mismas tiene menos peso.

Cuando, por lo tanto, se habla de la catástrofe que supone la crisis de la familia tradicional o del debilitamiento de ciertas obligaciones sociales religiosas tenemos que mantener la perspectiva de que tales instituciones también han de evolucionar a la par de la complejidad de la propiedad privada y de la liberación del individuo como eje decisorio moral de su destino.

La reforma del sistema autonómico

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

Una de las pruebas más gráficas de que el Estado de las Autonomías es un marco de incentivos perversos es lo que vino a denominarse "el teorema Zapatero". Este término, patentado por Artur Mas en unas declaraciones en verano de 2009, se refiere a la promesa que Zapatero iba haciendo a todos los presidentes regionales en las negociaciones del nuevo sistema de financiación autonómica. El famoso teorema rezaba así: "Todas las comunidades autónomas recibirán más financiación que la media". Mas tiró de ironía y afirmó que, de lograrlo, "Zapatero habría conseguido una innovadora contribución a las matemáticas". Esta imposibilidad estadística es un buen reflejo del pensamiento burbuja al calor del que el sistema autonómico ha nacido y se ha expandido sin control. Este modelo de Estado que tanto bienestar ha proporcionado a nuestros políticos ha terminado por abocar a la quiebra al propio Estado español, sometiendo a los ciudadanos a un más que probable rescate total.

El sistema autonómico se ha comportado como lo hacen las células cancerígenas en el cuerpo humano. Tiende a reproducirse sin control hasta llegar a bloquear el funcionamiento de la propia economía, pues opera con un sistema de incentivos perversos debido a los desequilibrios estructurales con los que fue diseñado. Llegados a este punto, es muy probable que sólo queden dos alternativas. La primera es acometer una profunda reforma autonómica, una cirugía que ataque sin miramientos tanto a las consecuencias como a las propias causas del desequilibro. La otra opción es que nos intervengan, y que desde fuera nos apliquen la operación con motosierra. Ya se sabe que cuando te reforman desde fuera no buscan que la economía crezca saludable a largo plazo, sino hacer un arreglo basto a corto plazo para cobrar las deudas. Aunque sea terrible, a veces esto es mejor que la política suicida de nuestros gobernantes. Pero lo deseable sería una reforma seria de nuestro Estado autonómico.

Dicha reforma autonómica constaría de dos bloques fundamentales. El primero es la eliminación de todos los tejidos tumorales que se han ido formando estos últimos años. Es el ajuste para devolver el Estado, al menos, a un tamaño sostenible. Hay que recortar todo gasto estatal innecesario para liberar los recursos que necesita la economía española para volver a funcionar. Las cifras de despilfarro que exponía recientemente Roberto Centeno en El Confidencial eran apabullantes: "Duplicidades entre administraciones, 34.000 millones; 4.500 empresas públicas innecesarias en un 90%, creadas para ocultar déficit y colocar a familiares y amigos –en total 450.000 enchufados-, 30.000 millones; 17 miniestados con la estructura total de un Estado, parlamentos, defensores del pueblo, servicio meteorológico, universidades a porrillo, canales de televisión para cantar sus glorias, 30.000 coches oficiales y alrededor de un millón y medio más de empleados públicos nombrados a dedo totalmente innecesarios. Más de 20.000 asesores, inútiles en un 90%, con un sueldo medio de 50.000 euros. Suman y el total de despilfarro asciende a 120.000 millones de euros anuales". Y esto sólo para ir empezando, sin entrar a reformar o eliminar otras cosas que no nos podemos permitir o que están gestionadas de forma ineficiente. El político profesional se resiste de forma natural a esta liposucción. Siempre dice que ya no se puede recortar más, que ha llegado al límite. Pero el ciudadano ante eso debe contestar lo que suele decir Daniel Lacalle: "Que me dejen los presupuestos y un lápiz rojo, y reducimos el déficit a cero en una semana".

El otro bloque de esta reforma del modelo de Estado sería atacar las causas del desequilibrio. La fundamental es la falta de corresponsabilidad fiscal. Tal y como funciona actualmente el sistema, las autonomías no son más que sumideros de gasto público. No es que los políticos autonómicos sean de nacimiento más despilfarradores de lo normal. Es que el sistema de incentivos es perverso. Al estar la responsabilidad de recaudar desconectada del placer de gastar, el incentivo para el político autonómico es el de gastar al máximo, endeudarse, y dedicarse a pedir dinero al Gobierno central, que es quien recauda el grueso del presupuesto. Esto es terrible, porque lo normal sería que si un político quiere aumentar el gasto público (es decir, su poder), al menos tiene que soportar el coste electoral de subir los impuestos. Pero este freno no existe en la actualidad, provocando una expansión descontrolada del gasto autonómico. El presidente autonómico, para el que el gasto es gratuito en términos electorales, se lanza a gastar hasta instalarse en un despilfarro permanente del que incluso hoy, con el Estado en quiebra técnica, no quiere apearse.

La solución para al menos frenar este desequilibrio es una de dos: o se centralizan tanto ingresos como gastos (es decir, se eliminan las autonomías); o se descentralizan ambos, yendo a un sistema federal. Esta reforma consistiría en que todo gasto que hagan los gobiernos regionales deba ser recaudado por ellos mismos, soportando el coste electoral de subir el gasto. La virtud de la segunda opción, además de servir como freno al despilfarro descontrolado, sería que las autonomías tendrían que competir entre sí, tratando de que los impuestos sean bajos y la gestión eficiente, para atraer unas empresas, capital y trabajadores que cada vez tienen mayor movilidad.

Esta reforma autonómica, además, debería incorporar un importante cambio de tipo político. Es necesario que las competencias de cada nivel del Estado esté claro y fijado a nivel constitucional. Hasta ahora, el sistema ha favorecido que los políticos mercadeen con las competencias. Los partidos mayoritarios se han dedicado a sostener sus legislaturas a base de comprar los votos de los nacionalistas prometiendo transferencias de competencias, generando la proliferación de duplicidades y la sangría en las cuentas públicas. Es necesario blindar en la Constitución las competencias que tendrán los municipios, las autonomías y la administración central, asegurando que no haya ni una duplicidad.

En conclusión, urge una reforma total del sistema autonómico. En primer lugar hay que eliminar de raíz todo el despilfarro que nos cuesta más de 120.000 millones al año, y racionalizar el resto del gasto público para liberar los recursos atrapados que necesita la economía española para volver a funcionar. Y en segundo lugar hay que ir a un sistema de corresponsabilidad fiscal con competencias blindadas a nivel constitucional, en el que cada administración debe financiar su propio gasto público y sufrir las consecuencias electorales de una mala gestión financiera. Esta reforma es una condición necesaria, que no suficiente, para que la economía española salga del agujero en el que se encuentra. Si no emprendemos esta cirugía nosotros, lo harán, sin contemplaciones, desde fuera cuando nos intervengan.

Turgot, sobre la tolerancia religiosa

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El 15 de junio de 1775, en Reims, Luis XVI celebraba su coronación. No era dueño del todo de las palabras que formarían parte de su juramento, un conjunto de promesas hechas ante Dios, ante la Iglesia y ante sus súbditos. Formaban parte de una acuñación tradicional que, simplemente, había heredado. Pero cuando llegó a la mención de su compromiso de “exterminar” a “los herejes condenados por la Iglesia”, su voz se apagó y lo que dijera quedó sólo para sus oídos.

Había seguido el consejo de Anne Robert Jacques Turgot. Este autor se había destacado desde hacía dos décadas por su encendida pero razonada defensa de la “tolerancia cívica”. Su primera obra publicada es un folleto, Le conciliateur, escrito en 1754. Aborda un conflicto del momento de los obispos franceses con los protestantes y con los jansenistas. También con el Parlamento de París, que pese a su nombre era entonces más un juzgado que lo que hoy entendemos por Parlamento.

En ese pasquín imagina cuál sería el mensaje del Rey, que entonces era Luis XV, hacia cada uno de los grupos en contienda. De todos ellos reconoce su competencia o su situación a los ojos de un rey católico. A los protestantes les miraría con aflicción por su desvío de la verdadera fe, a los jansenistas diría que le gustaría ver una Iglesia sin divisiones, se referiría a los obispos que respeta y asume sus juicios y espera del Parlamento que sepa armonizar su autoridad con la del Rey.

Pero a todos ellos expone cuáles son los lindes de su competencia. Lo que está asentando Turgot, que no es sino el reconocimiento de una realidad, es el principio de que hay varias jurisdicciones, cada una de ellas sobre ámbitos distintos. A los protestantes les dice: “someteos a las leyes (…), y recibiréis de mí la misma protección de que disfrutan el resto de los súbditos”. “Todo lo que me concierne”, dice a los jansenistas, “es ver que disfrutáis de vuestra vida con tranquilidad como ciudadanos. Es sólo a este respecto que me intereso por vosotros. No temáis ni el exilio ni el castigo ni la prisión”.

En una segunda carta, escrita en 1764, parte de las palabras y los hechos de Cristo para recalcar la idea de que hay dos ámbitos distintos, uno espiritual y eterno, otro terrenal y pasajero. Por ejemplo, dice que Jesús “no instruye a sus discípulos que imploren la asistencia de los reyes para perseguir a los no creyentes, a emplear la autoridad humana para hacer conversos”. Y cita sus palabras: “Mi reino no es de este mundo”. Los primeros Padres de la Iglesia, por su parte, “no pedían a los príncipes paganos que hicieran del evangelio la ley del imperio. Sólo pedían libertad para profesar su religión”. Da un paso más en la historia para decir que “cuando los príncipes se hicieron cristianos, los obispos, para inmiscuirse en los asuntos de Estado, pidieron que sus decisiones formaran parte de las leyes del reino. Los príncipes, bien por celo, bien por propio interés, accedieron a ello, imaginando que con ello adquirirían mayor autoridad sobre los súbditos. Este paso fue perjudicial para ambas partes”.

Sigue insistiendo en la llamada “separación de Iglesia y Estado”, que no es sino un reconocimiento de que no hay una única jurisdicción enorme, la del Estado, sino que hay al menos dos, cada una con su propio ámbito. “Debemos volver a los orígenes de las cosas”, dice Turgot. “Veremos a la religión, como debe ser, separada del gobierno; la Iglesia ocupada de la salvación de las almas; el imperio ocupado con el bienestar de la gente; la una y el otro teniendo sus propias leyes distintas, como lo son las cosas del cielo de las de la tierra”.

¿Por qué hay que volver a los orígenes? ¿Por qué esa confusión de jurisdicciones es perjudicial para ambas? Porque reconoce que hay una división natural en la sociedad por lo que se refiere a las creencias religiosas. Y añade: “Rezo al cielo para que se restituya la paz en la Iglesia. Pero sería un mal para mí si esas divisiones se arrastrasen al Estado”. En un texto escrito para Luis XVI sobre la tolerancia, que comienza haciendo referencia al consejo que le dio de no pronunciar parte del juramento en su coronación, hace referencia a este hecho natural que es la diversidad de creencias. “No todo el mundo concuerda en reconocer la revelación divina, y aquéllos que la reconocen no están de acuerdo en la interpretación de sus revelaciones particulares. Es bien conocido que hay sobre la faz de la tierra una multiplicidad de religiones, los devotos de las cuales creen que aquélla que profesan es la única que es obra de la Divinidad, y la única agradable a Él”.

De modo que hay una distinción de jurisdicciones y una diversidad natural de creencias. Pero Turgot tiene aún un nuevo argumento para pedir que prevalezca la tolerancia. Y son los efectos que tiene la persecución sobre el propio individuo. Si por un lado esa persecución “arrastra”, como él dice, las divisiones naturales de la sociedad al Estado y genera conflictos, por el otro sólo crea tormento en los perseguidos, sin tener el efecto deseado.

“Los hombres, para sus opiniones, sólo desean libertad. Si se les priva de ella, estás poniendo un arma en la mano”, dice en su carta de 1764. “Dales libertad, y estarán tranquilos, como los luteranos en Estrasburgo. De modo que es la misma unidad en la religión que queremos imponer y no la diferencia de opiniones que toleramos la que produce problemas y guerras civiles”.

Y sobre los efectos en la conciencia individual, insiste Turgot con gran ahínco en su carta a Luis XVI: “Si hay una religión verdadera, si Dios pide cuentas a cada hombre de lo que ha creído y practicado, si una pena eterna será el pago por rechazar la verdadera religión, ¿cómo podemos pensar que cualquier poder sobre la tierra puede tener el derecho de obligar a un hombre a seguir otra religión distinta de la que él cree verdadera en su alma y su conciencia?”. Esa conciencia, ese espacio íntimo que guarda una relación directa con la Divinidad (no es en vano que la palabra religión venga de re-ligare), está más allá del poder terrenal. Y lo más que puede conseguir, aunque no siempre, es que adapte su comportamiento a los deseos del Estado, pero no puede asegurar que acabe siendo un verdadero creyente. La España moderna es clara ilustración de ello.

Terminaremos sin fines, y sin libertad

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Estar en contra de pagar impuestos cuando el receptor de los mismos es un político sinvergüenza, un actor que nos cae mal, o un sindicalista que no ha trabajado en su vida, es algo bastante natural. Es un sentimiento que fluye espontáneamente en casi todo ser humano que no pertenezca a la casta privilegiada que nos gobierna.

El problema es cuando esos impuestos van a parar a fines que son aceptados mayoritariamente. Por ejemplo, a los deportistas que se esfuerzan durante años para competir en unos Juegos Olímpicos. O para un ingenio humano que recorre cientos de miles de kilómetros para posarse con éxito en otro planeta.

Para alguien que no haya meditado mucho sobre el asunto, la comparación entre ambos fines les parecerá una salvajada. ¿Cómo se puede comparar que un político se enriquezca con que un deportista pueda realizar su sueño después de años de esfuerzo? ¿De verdad se puede criticar que todos pongamos nuestro granito de arena para que el ser humano avance en su conocimiento, como si de subvencionar a una panda de vagos se tratase?

La realidad es que moralmente no hay diferencia entre que nuestros impuestos vayan a algo que la mayoría cree bueno o que terminen despilfarrados en cosas a las que nadie quería destinar un céntimo. Y no la hay porque en ambos casos se está quitando dinero por la fuerza a personas que no tendrían que tener ninguna obligación de financiar esas actividades.

Es curioso que cuando expones esto, mucha gente te llama egoísta, avaro o codicioso. Si esa misma gente dedicara unos minutos de su tiempo a reflexionar sobre el asunto se darían cuenta de que obligar a otros a financiar un fin que persigues sí tiene bastante de egoísta.

Sobre todo cuando ese fin es apoyado por la mayoría. La cual no debería tener ningún problema en financiar cualquier fin sin tener que recurrir a quitarle el dinero a nadie.

Es algo lógico. Si que docenas de deportistas triunfen en los JJOO es algo tan importante para millones de españoles, tal número de personas no debería tener ningún problema en financiar el entrenamiento de deportistas por medio de contribuciones voluntarias.

¿Por qué, entonces, hay tanta gente a favor de que se financien vía impuestos? Por lo mismo de siempre: la gente quiere demasiadas cosas y cree que los impuestos son la vía mágica de alcanzarlas. No tengo duda de que mucha gente contribuye voluntariamente, y contribuirá aún más con impuestos más bajos, a que muchos atletas puedan competir al máximo nivel, o que la ciencia avance, o a otros muchos buenos fines que la humanidad se ha fijado. El problema es que esta vida, con unos recursos limitados para todos, exige tener unas prioridades. Y cada uno, con sus actos, elige cuáles son las suyas.

Y aquí es donde entra la tolerancia. Esa capacidad humana tan de moda pero que en realidad es casi desconocida para el común de los mortales. Porque sí, puede molestar que mucha gente decida no dar dinero para la investigación científica, mientras se gastan ese dinero en cosas más banales. Pero mucho más importante que llegar a Marte o ganar medallas de oro es que la humanidad empiece a respetar a sus semejantes, aunque les moleste las decisiones que toman sobre gastar su dinero.

Y lo es porque los mismos argumentos que sirven para legitimar mandar una nave a Marte con el dinero de todos son los que se usan para imponernos una sanidad universal en quiebra. O la misma autoridad que crea subvencionar a deportistas de élite hace que tengamos que pagar unas pensiones que nunca vamos a cobrar.

Porque, como pasa siempre en la historia de la humanidad, cuando la mayoría cree que el fin justifica los medios, los que ponen los medios terminan esclavizando a quienes les dieron el poder. Y llegados a ese punto, las mayorías se quedan sin sus preciados fines, y terminan compartiendo destino con las minorías a las que dejaron sin libertad.

La degradación institucional y la crisis

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La sociedad es un sistema complejo. Es una institución espontánea generada porque somos seres sociales y nos sale más rentable como especie vivir en comunidad. La vida en sociedad durante tantos miles de años ha dado lugar al surgimiento espontáneo de instituciones humanas. Tanto Carl Menger como Hayek como muchos otros autores han estudiado este carácter espontáneo de las mismas. Otros autores se han dedicado a analizar las instituciones desde otros puntos de vista. Incluso, en el siglo XX, ha aparecido la llamada Escuela Institucionalista, la corriente neoinstitucionalista, y se ha reconocido su labor, de alguna manera, con la concesión del Nobel de Economía hace unos años a Williamson y Ostrom.

Precisamente, Elinor Ostrom, recientemente fallecida, estudió cómo los procesos biológicos tan complejos necesitan de un grado tan alto de diversidad en el manejo de los problemas que surgen como elevado sea el nivel de complejidad del sistema. Es lo que el biólogo W. Ross Ashby describió en Desing for a Brain: The Origin of Adaptative Behaviour (1960), en el que postulaba la "ley de la variedad requerida", que explica que cualquier sistema regulatorio requiere una variedad de acciones a realizar tan grande como variedad de acciones exista en el sistema a regular.

Si la sociedad es un sistema natural complejo, esa máxima también es aplicable, y se podría interpretar que la variedad en las soluciones posibles permite alcanzar el mejor resultado posible. Sin embargo, este es un tema complicado. La razón está en que, una vez que se establecen con firmeza las instituciones sociales, y una vez que son ocupadas por rent seekers, no hay nada que hacer. Se trata de buscadores de rentas que consiguen un puesto privilegiado desde el cual, independientemente de su desempeño en tanto que servidores públicos, conseguir rentas sea pecuniarias, sea como privilegios, favores, o puestos de trabajo para sus familiares y amigos. La "okupación" de las instituciones por este tipo de personajes trae consigo el enquistamiento y esclerotización de dichas instituciones. Así, es imposible que se dé la "ley de la variedad requerida" de Ashby, simplemente porque la evolución necesaria de estas instituciones, la necesaria variedad institucional que permitiría una resolución más eficiente de los problemas y crisis sociales se ve frenada por las acciones de estos buscadores de rentas.

Al statu quo no le conviene que las cosas cambien, incluso para bien.

En medio de la crisis que estamos padeciendo, vemos cómo el sistema de instituciones que constituyen las administraciones del Estado español, en concreto las comunidades autónomas, está hipertrofiado, genera mucho gasto, es ineficiente y nos cuesta mucho dinero a todos. Lo mismo sucede con las televisiones públicas, con las universidades, los aeropuertos…

Pero a pesar de lo evidente de esta sobredimensión, el gobierno recurre al despido, a pequeños recortes, a medidas taimadas e insuficientes.

¿Qué sería lo suyo? Cerrar las instituciones obsoletas y permitir la competencia institucional. Y si hay servicios que la población decide que deben ser de cobertura universal, el Estado se puede ocupar subsidiariamente de esa oferta de la que nadie se haga cargo… mientras nadie se haga cargo.

Es decir, si surgen oferentes de servicios privados dispuesto a proporcionar cobertura de servicios allá donde otros no llegan, el Estado no debería ser un obstáculo.

Todo esto suena muy bien en teoría. Pero requiere para que funcione de una regulación de la función pública y de las instituciones públicas de manera que no puedan ser "okupadas" para beneficio de esos buscadores de rentas de todos los partidos, que piden cada vez más, que no permiten alternativas institucionales porque no pasan el filtro de la comparación, y que son protegidos por el entramado político a costa del sufrido pagador de impuestos.

Como esa regulación (o revolución institucional) debería provenir de dentro del sistema, es poco lo que podemos esperar. Al menos, nos queda el consuelo de la consciencia, de saber que nos están defraudando y que hay más alternativas. Y votar en consecuencia. O no votar.