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Sobre los efectos de los impuestos sobre los beneficios empresariales

El análisis dominante sobre los efectos económicos de los impuestos suele basarse en la premisa de que los impuestos son introducidos en un mundo en el que las oportunidades de ganancia disponibles están dadas y son conocidas por el empresario. El impacto de los impuestos se estudiaría en la medida en que estos afectarían a la preferencia relativa de las distintas alternativas de acción del empresario una vez introducido el impuesto. Así, el impuesto incentivaría al empresario a desechar un proyecto empresarial y optar por emprender otro en su lugar. O dicho con otras palabras, lo que importa sería el margen de sustitución entre una acción empresarial y otra.

Por ejemplo, la introducción de un impuesto sobre los beneficios provocaría una reducción en los beneficios y la rentabilidad de los planes empresariales. Esto incentivaría que los empresarios reelaborasen sus planes empresariales y sustituyeran aquellos que, con el impuesto, no cubrieran el coste de oportunidad por otros que, aun con el impuesto, sí lo hicieran –por obtener más beneficios o tener una tributación efectiva menor-.

Puede ser, también, que la presencia de un impuesto sobre los beneficios incentive a algunos agentes a, directamente, no realizar este tipo de planes y, en su lugar, realizar otras tareas no empresariales, labores más rutinarias, que conlleven menos innovación, especulación o previsión.

Sin embargo, otros autores han tratado de realizar un análisis desde otras perspectivas. Así, los impuestos sobre los beneficios tendrían otra serie de impactos no ya sobre la preferencia relativa de las distintas oportunidades de ganancia disponibles, sino sobre la propia percepción que los empresarios tienen de las oportunidades de negocio que les rodean. Esta es la idea desarrollada por Israel Kirzner, según la cual el empresario está en un continuo estado de alerta que le lleva a descubrir las oportunidades de negocio a explotar -que, por supuesto, no están dadas-.

De acuerdo con esta línea de investigación, los efectos de la tributación sobre los beneficios empresariales simplemente reducirían el beneficio de ese estado de alerta, pero no el nivel de ese estado de alerta. Esto se explica porque ese estado de alerta es una actividad que no conlleva ningún coste de oportunidad –es un estado mental en el que el empresario está sin elección y sin necesidad de renunciar a ninguna otra actividad valiosa-, por lo que el impuesto no induciría a su sustitución por la acción alternativa a la que se estaba renunciando. Tan solo un impuesto sobre el 100% de los beneficios empresariales haría que al empresario le fuera indiferente entre estar alerta o no y, por tanto, ejercer o no la función empresarial.

Por tanto, el empresario (desde la concepción kirzneriana) no se vería afectado por el impuesto (parcial) sobre los beneficios empresariales, y continuaría estando alerta ante posibles oportunidades de negocio aunque obtuviera menores ingresos, sin ningún tipo de incentivo a modificar su actuación por otras alternativas.

Sin embargo, es cierto que el propio Kirzner ofreció unas conclusiones algo matizadas en su trabajo dedicado expresamente a los impuestos desde una perspectiva empresarial. Parece que este autor abre la posibilidad a que el impuesto sobre beneficios empresariales (parcial, que no grave el 100% del beneficio) también podría tener sus consecuencias, aunque sea "ligeramente", en el sentido de que haga que el empresario deje inexplotadas algunas oportunidades de ganancias. Esto se explica porque el impuesto reduciría el beneficio empresarial puro, que es el incentivo para que el empresario descubra, a través de la alerta, las posibilidades de ganancia a su alrededor[1].

Por tanto, quedaría pendiente aclarar si realmente el impuesto sobre beneficio empresarial también afectaría a la propia perspicacia del empresario en el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio (ex ante) o sus efectos provendrían de gravar las acciones empresariales ya planeadas o realizadas (ex post).


[1] Pero admitir este efecto tiene poco encaje en el concepto de empresarialidad del propio Kirzner, explica Valerio Filoso, puesto que implica que el empresario puede decidir si estar o no en un estado de alerta, y que este tiene un coste de oportunidad, aunque sea mínimo.

Derecho de voto de los exiliados frente al desafío separatista

En el actual contexto de crisis económica e institucional, es esencial para el mantenimiento de una estructura institucional mínimamente democrática en todas las regiones de España que el Gobierno de España se decida a impulsar una reforma de la ley electoral que permita que todos los exiliados del País Vasco puedan ejercer su derecho de voto en su Comunidad Autónoma de origen.

1. Diáspora como efecto a largo plazo de la violencia en el País Vasco.

Cuando un Estado de Derecho falla a la hora de garantizar los derechos individuales en un territorio, las consecuencias a largo plazo de la violencia de una mafia terrorista son evidentes.

Ante la insuficiente eficacia de los sucesivos gobiernos en España para garantizar la seguridad democrática en el País Vasco, ante la perversa inacción de algunos de ellos e, incluso, ante una supuesta colaboración y negociación de altos cargos favorenciendo los objetivos de la banda terrorista ETA, aquellos que duden de los efectos de la violencia a largo plazo sólo tienen que realizarse las siguientes preguntas:

– ¿Qué sucede a largo plazo cuando se dejan ciertas instituciones (ayuntamientos, diputaciones forales, comunidad autónoma…) bajo el control de miembros de una organización violenta que, como cargos públicos, no-actúan o, incluso, alientan y refuerzan con el dinero público y con sus resoluciones administrativas las coacciones y atentados comedidos en contra de los derechos individuales de los ciudadanos de bien?

– ¿Qué ocurre cuando los poderes públicos permiten que un entorno violento atente durante décadas contra el Derecho a la propia Vida con los secuestros, los asesinatos…?

– ¿Que ocurre cuando durante décadas se atenta contra el Derecho a la Libertad de los ciudadanos con insultos, amenazas, palizas, dianas señalando los "objetivos" en carteles, marcas de pintura en las puertas y paredes de las casas "señaladas", bombas en los negocios y viviendas de los ciudadanos que no aceptasen la extorsión terrorista…?

– ¿Qué efectos tienen los atentados contra el Derecho a la Propiedad Privada mediante quema de negocios, destrozos de coches, quema de mobiliario urbano, destrozos en obras, daños en activos de empresas, extorsión para el pago del impuesto "revolucionario"…?

– ¿Qué determinación toman los ciudadanos de bien después de muchos años, cuando se anuló en su región el Derecho a la Igualdad ante la Ley con la discriminación en el idioma común, con la imposición de la enseñanza en vascuence, con las subvenciones encaminadas hacia las actividades del entorno ‘abertzale’ independentista…?

Pues bien, existe una respuesta objetiva a todos estos interrogantes después de décadas de presencia, coacción y actos terroristas de ETA en las aldeas, pueblos y ciudades de las provincias Vascongadas, y la proporciona el examen de los censos electorales desde el año 1978 en el País Vasco para su comparación con los censos actuales.

2. Derecho de voto de los exiliados vascos y sus familiares.

Nada menos que entre 250.000 y 300.000 personas, de una población de algo más de dos millones de personas en el año 2011, decidieron exiliarse del País Vasco y emigrar junto con sus familares (hijo, nietos…) a otras regiones para evitar un entorno social de violencia permanente hacia su vida, familas, negocios y propiedades.

Este número de exiliados es más o menos la misma cantidad de adhesiones que suele recibir el PNV (o que logró Bildu en las elecciones municipales del año 2011) para lograr sus escaños, tanto en el cámara de representación autonómica, como su sobre-representación en el Congreso de los Diputados de España. Por tanto, la diáspora vasca ha servido a los partidos separatistas para incrementar notablemente su cuota de poder en el País Vasco.

Por ello, ante la ofensiva nacionalista que afrontará España a partir del año próximo, esperemos que se haga realidad con urgencia ese proyecto de cambio en la ley electoral para que los vascos exiliados y sus descendientes puedan solicitar una certificación del Ministerio de Justicia que les habilite a votar, como si siguiesen residiendo en el País Vasco, con la prueba documental del censo electoral oficial del momento en el que tuvieron que emigrar.

3. Crisis económica y desafío separatista.

Una crisis económica profunda, que ya dura varios años en Europa, tiene como consecuencia que emerjan electoralmente las opciones políticas más radicales y perversas [1] [2], con planteamientos políticos fabricados para conseguir cuotas de poder por medio de la captación del apoyo de personas incautas, desesperadas por el desempleo, el alza de los precios y la pérdida de derechos "sociales" que, angustiadas por los problemas económicos, y de modo más sentimental que racional, validan propuestas simples y facilonas de solución "colectivista" a los problemas de una región o de una nación.

En las próximas citas electorales observaremos el ascenso de partidos políticos nacionalistas, de izquierdas y de derechas, todos ofreciendo más "nación", más gasto "público", más intervencionismo y más gestión "colectiva" de los designios del "pueblo", estigmatizando a aquellos que pidan protección de derechos individuales, contención del gasto, racionalidad en el tamaño de las administraciones públicas, y fomento de la empresarialidad y del libre mercado.

Pués bien, hace ya cuatro años que analizábamos la represión de las libertades ciudadanas y el proceso de sometimiento de toda la sociedad a los designios de una clase política en el artículo Camino de Servidumbre al Nacionalismo Totalitario, mediante la comparación de los mecanismos totalitarios del régimen nacional-socialista en la Alemania de los años 30 del siglo XX respecto del control social y el proceso de conquista de las instituciones democráticas por parte del régimen nacionalista en el País Vasco:

…la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder… no deben tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder.
Friedrich A. Hayek, Camino de Servidumbre.

Posteriormente, comentamos los excesos del gasto autonómico [3], los límites a las competencias regionales [4] que debieran haberse establecido hace años e, incluso, anticipamos la imposibilidad de cálculo económico [5] con el socialismo autonómico. Y, también, observamos el proceso de segunda transición en España hacia la cleptocracia, que establece el confederalismo autonómico [6] [7] [8] [9].

Más recientemente, constatamos lo que ya sabíamos todos los españoles informados, y que vendría como consecuencia de la acciones y omisiones de muchos políticos, que existe un proyecto de desafío separatista que es preciso contrarrestar desde los valores y la democracia y que, si se quiere parar, requerirá la aplicación del artículo 155 CE

Con los anteriores datos, hay que advertir que la iniciativa del Gobierno de España para proporcionar derecho de voto a los exiliados vascos, debería venir acompañada de una iniciativa legislativa que evitase nuevamente que las organizaciones como Bildu (o Amaiur o Herri Batasuna o cualquier otra auto-denominación que adopten), puedan presentarse a elecciones democráticas si no renuncian con palabras y con hechos al apoyo a la violencia, como estrategia para alcanzar el poder y sus objetivos políticos.

Pudiese ser interesante que ambas iniciativas legislativas fuesen aprobadas por todos los españoles en un referéndum "vinculante" porque, resulta absolutamente kafkiano y una clara indicación de la conjura de necios (sin ética ni sentido de Estado) en la que se ha transformado la casta política española, cuando los ciudadanos observamos como el propio régimen partitocrático consiente la deconstrucción institucional y territorial de España permitiendo que organizaciones violentas (ya sean nazis, facistas, comunistas o los terroristas separatistas de ETA y su entorno) puedan controlar las calles y participar y servirse de las elecciones democráticas para ocupar altos cargos e instituciones y promover sus objetivos en contra del articulado de la Constitución Española de 1978.

Como no despierten rápido nuestras autoridades, nuestro precario Estado de Derecho se irá por el sumidero de la historia, si no logra contrarrestarse a tiempo el desafío nacionalista que padecen los ciudadanos españoles.

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Opacidad real, política y sindical en la transparencia española

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que aprobó el 18 de mayo de 2012 el Consejo de Ministros español, es sin duda un buen paso. Sin embargo, se queda muy corto y sus lagunas contradicen el objetivo general de que los poderes puedan estar sometidos al control ciudadano. Llama la atención que queden fuera de su ámbito de actuación la Casa Real, los sindicatos y los partidos políticos. Desde el Ejecutivo se justifica la "excepción monárquica" con el argumento de que la norma se aplica tan sólo a las administraciones públicas, y que la institución en cuestión no lo es. Sin embargo, tampoco lo son los colegios profesionales (por mucho que estos estén regulados por ley) y sí les afecta la norma (aunque no era así en el anteproyecto original).

Además, para justificar que no se incluya a la Casa Real se da la mala excusa de que en otros países tampoco se hace –ya se sabe, una mala práctica por parte de los políticos y autoridades de un país sirve para que sus pares de otro se justifiquen a sí mismos–. En concreto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría pone el ejemplo de Reino Unido. Olvida la número dos del Ejecutivo español que la monarquía británica, a pesar de estar exenta de la norma general de su país, es el "trono" más transparente de Europa. Y lo es hasta el punto de que resulta público el número preciso de edredones que se cambian en un año o cuántas llamadas telefónicas se han hecho y cuántas se han recibido. De hecho, Su Graciosa Majestad ha hecho públicas sus cuentas de forma precisa y voluntaria desde 2001 y, desde 2010, puede ser auditada por el organismo nacional de cuentas.

En cuanto a los partidos y sindicatos, ni tan siquiera se argumenta por qué quedan fuera del relativo control ciudadano que implicará la nueva ley. Se les deja fuera, y ya está. Y si alguien pregunta, lo más seguro es que se recurra a eso de que no forman parte de la "administración pública". Incluso obviando que, como ya se indicó, algunas instituciones que tampoco lo son sí están sujetas a la norma, la excusa sigue siendo insuficiente.

La principal fuente de ingresos de los partidos y sindicatos es el dinero de los ciudadanos que les entrega el poder político. En general su financiación es muy opaca, pero no tanto como para no saber que se mantienen sobre todo con fondos públicos. En esto se incluyen tanto partidas directamente destinadas a financiarles como una ingente cantidad de subvenciones de todas las administraciones con una gran variedad de excusas, que van desde actividades culturales hasta proyectos de cooperación internacional. En definitiva, es imposible cuantificar cuántos millones de euros de los ciudadanos se reparten entre unos y otros sin un control efectivo. Eso sin hablar de todo el dinero obtenido de unas cajas controladas por políticos y sindicalistas, así como por algunos bancos que han llegado a dar dinero a fondo perdido a cambio de favores desde el poder.

Lo único que podemos tener claro es que hasta el Consejo de Europa ha alertado sobre la opacidad de las cuentas de los partidos políticos españoles. Las grandes formaciones políticas y sindicales no están dispuestas a financiarse de forma privada, que es como debería ser, y respondiendo ante aquellos afiliados que les deberían mantener con sus cuotas. Dado que esto no va a cambiar, al menos deberían estar sometidas al escrutinio público de los ciudadanos, a los que se les impone la dura carga de ser los ‘paganini’. Y eso debería incluir saber cuánto cobra cada uno de sus altos cargos.

Cuando se apruebe de forma definitiva la nueva norma, en las webs de las distintas instituciones podremos saber cuánto cobra cada uno de sus responsables de mayor nivel. Así, se nos contará cuánto cobra cada ministro y cada secretario de Estado, o cada consejero o alcalde. Sin embargo, seguirá siendo un misterio cuánto nos cuestan en realidad (sueldos, complementos y privilegios varios) Toxo y Méndez como dirigentes máximos de los sindicatos o Rajoy, Rubalcaba, Cayo Lara o Mas como líderes de sus respectivos partidos. Muy transparente no parece.

Austeridad, es decir, crecimiento

Tenemos que elegir, nos dicen. O crecimiento, o austeridad. La austeridad es necesaria, porque el gasto corre a una velocidad que los pobres ingresos del Estado, ¡pobres, ellos!, no pueden alcanzar. La deuda crece y los inversores, ¡ricos, ellos!, caen en la desconfianza. Pero a base de detraer demanda, en una ciega y suicida carrera por convencer al mercado, a Merkel y al Fondo Monetario Internacional, socavamos nuestro propio hoyo de decrecimiento y nos alejamos de nuestro objetivo. ¿Cómo ser austeros y no serlo a un tiempo? ¿Nos enconamos con la pala de los recortes en la tierra hasta cavar nuestra propia tumba? ¿Salimos, a tumba abierta, a base de gastar el dinero que no tenemos?

Este es el dilema que se nos pone ante nosotros. Es incontrovertible que la primera respuesta a la crisis, allá por el 2008, fue el recurso al gasto público. Eran los días en que un grupo de políticos iba a “reinventar el capitalismo”. El FMI, bajo la dirección de un socialista francés a punto de ir al calabozo, animó a todos los Estados a gastar dinero. Luego fue el capitalismo el que les reinventó a ellos, y les puso los límites de esa carrera de gasto. Entonces, bajo la batuta de Alemania, con Francia como comparsa, entramos por el aro de los ajustes y los recortes. El resultado es que, así como en 2009 habíamos comenzado a recuperar cierto crecimiento, en 2011 entramos de nuevo en la recesión.

Lo explica con claridad un artículo de Marcus Miller y Robert Skidelsky, publicado en el Financial Times: “Los efectos económicos de esta política se hacen más claros cada día: A diferencia de los Estados Unidos, a diferencia de los BRICs (Brasil, Rusia, India y China), Europa ha dejado esencialmente de crecer. Y hay poca esperanza de que vuelva a crecer en un futuro cercano. Ni, evidentemente, sus problemas se han arreglado. Dado que el colateral de la deuda soberana es la capacidad de pago de sus ciudadanos, la recesión y el desempleo minan su capacidad de servir la deuda”. ¿Y Grecia? Es un caso extremo de lo que explican.

Por tanto: “Europa tiene alguno de los mejores (y mejor pagados) expertos financieros del mundo. Dejemos que sus talentos ayuden a que los gobiernos se zafen de sus grilletes de papel e ingenien vías para reducir la deuda sin austeridad”. Y aquí viene lo bueno: “Si tiene que ser por medio del gasto, financiado fuera de balance por medio de pasivos garantizados o por mayores impuestos, sea. Si tiene que ser por medio de restructuraciones sustanciales de las deudas soberanas por una permuta financiera con deuda indexada o bonos de crecimiento, o con períodos de gracia hasta que vuelva el crecimiento, sea. Si tiene que ser desplazando parte del peso de la deuda en las generaciones más viejas, que poseen esa deuda, también se puede afrontar esta cuestión política”. Lo que sea, vaya.

Pero antes de decantarnos por nuevas y fabulosas medidas de gasto, ingeniadas por la ingeniería financiera que antes criticábamos, debemos examinar si, efectivamente, la vía de la austeridad ha fracasado.

Veronique de Rugy, en un artículo reciente publicado en el Mercatus Center, ha hecho un sencillo ejercicio: poner en un gráfico la evolución del gasto público de Francia, Italia, España, Grecia e Irlanda. Todos crecen desde 2002. Pero es que todos crecen desde 2008, menos Grecia e Irlanda, que apenas bajan. ¿De qué ajuste hablamos? Por un lado, del recorte del gasto discrecional, que apenas compensa el aumento de gasto comprometido. Curiosamente, el primero tiene más relación con el crecimiento que el segundo, pues éste son sobre todo transferencias, que van directamente al consumo. Y por otro, del aumento de los impuestos.

Hay otra vía. Es la de la verdadera austeridad, que se centra en el recorte en el gasto, aunque también, pero en menor medida, en la subida de los impuestos. Como dice Veronique de Rugy en un artículo para el Washington Examiner, y recoge un informe del FMI, es el caso de Letonia, Lituania y Estonia. Por lo que se refiere a Letonia, el país llegó a alcanzar un déficit del 23 por ciento del PIB, con una inflación del 18 por ciento. De 2008 a 2010, el PIB cayó un 25 por ciento, y el paro superó el 20 por ciento. El país mantuvo los servicios públicos, pero recortó el gasto y los salarios públicos. Incrementó el IVA del 18 al 21 por ciento en 2009, pero mantuvo el resto de impuestos. En enero de 2009 ya estaba en superávit y en septiembre de 2010, con su moneda anclada al euro, sus exportaciones habían alcanzado los niveles previos a la crisis. En Lituania, el ajuste recayó aún más en el gasto.

Muy notable es el caso de Suecia. Anders Borg, el ministro de Economía al que le tocó gestionar la crisis en aquél país, no siguió el consejo del FMI, ni el ejemplo de Gordon Brown, ni la pretensión de Sarkozy de hacer un capitalismo menos capitalista. No. Su camino pasó por recortar los beneficios sociales y por recortar, también, los impuestos, como los impuestos sobre la propiedad. “A todo el mundo le decían: ‘¡Estímulo!, ¡Estímulo!, ¡Estímulo!’. Era sorprendente que Europa, que había experimentado en los años 70’ y 80’ el paro estructural, creyese que un keynesianismo de corto plazo iba a solucionar el problema”. No le faltan ejemplos de esa cortedad de miras: “Mire a España, Portugal o el Reino Unido, cuyos gobiernos apoyaron grandes estímulos fiscales. Bien, podemos ver cuán poco estímulo llegó a la economía, pero ha ido a parar a la deuda”.

Letonia, cuyo PIB cayó un 17,95 por ciento en 2009, perdió un 0,34 por ciento en 2010 y creció un 14,4 por ciento el pasado año. Lituania decreció un 14,4 por ciento en 2009 y creció al año siguiente un 3,1 por ciento. Ya el año pasado creció un 8,0 por ciento. Y Estonia, que se contrajo un 14,2 por ciento hace 3 años, en 2010 ya crecía un 2,3 por ciento y en 2011, un 7,6 por ciento. En 2009 cayó el PIB en Suecia un 1,4 por ciento, y al año siguiente, un 5,8. Ya el pasado año crecía al 5,2 por ciento.

¿No es eso austeridad? ¿No es eso crecimiento?

¿Por qué se indignan los indignados?

Se ha llegado al final de un modelo. El actual sistema o modelo de sociedad, el llamado Estado de Bienestar, está llegando a su fin tal y como lo conocemos. La presunción de este sistema es la de proporcionar a toda la población subvenciones de salud, educación, prestaciones de desempleo, pensiones, alimentación, etc., a lo largo de toda su vida. Pues bien, esta pretensión se ha demostrado totalmente inviable.

Esto es así porque es un sistema basado en la deuda y no en la riqueza creada. Es el sistema de la ilusión de riqueza. Pero al final, un sistema que gasta el doble de lo que ingresa colapsa irremediablemente.

Existe una ley económica irrefutable que muchos han descubierto en esta crisis: si gastas más de lo que tienes sistemáticamente estás inherentemente quebrado y suspenderás pagos. Y esta ley se aplica tanto a particulares como a los Estados. Es pura lógica, este modelo de sistema es insostenible y ahora se ha llegado a un límite físico.

Y esto lo han visto hasta los indignados. Han visto que a nivel estatal hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como se suele decir de los particulares. Han visto que ningún sistema puede sostener (en el sentido amplio de la palabra) a población que no sea activa, que no trabaje, que no aporte nada a la sociedad. Han visto que el intento de prometer el paraíso en la Tierra era una falacia. Han visto que el Jardín del Edén, en la que todo es abundante y nada escaso, no existe. Ni existirá nunca. Nada está dado en el mundo real.

La situación que viene, al menos a medio plazo, es una en la que no existe la manutención estatal. Ya no se va a poder vivir a costa de "Papá Estado". Habrá que salir a la calle todos los días, pero no para reclamar más subvenciones del Estado ni cantar canciones de Mayo del 68, sino para buscar trabajo desesperadamente.

Algo que mucha gente no está acostumbrada a hacer. Quizás el parasitismo sea científica y evolutivamente normal: el ser humano tiende a adaptarse a situaciones que son más fáciles y que le conllevan menos esfuerzo para alcanzar los mismos objetivos. Es la famosa Ley del Mínimo Esfuerzo. Pero las cosas han cambiado: no somos ricos ni lo hemos sido. Toca moverse, sufrir y sudar mucho. Todo ello sin seguridades de ningún tipo. Sólo las que buenamente te puedas asegurar tú mismo. La verdad es que esto no es nuevo, siempre ha sido así. Los últimos tiempos eran simplemente una ilusión. Una borrachera, ni más ni menos. Y ahora toca lidiar con la cirrosis.

Por eso los indignados son un colectivo tan variopinto. Esta formado por todos aquellos que no aceptan esta situación de cambio de modelo. Y lamentablemente, en España, son muchos.

Indignarse de año en año

Como si de una ceremonia laica se tratara, los indignados han vuelto a tomar las plazas para conmemorar su aniversario. El supuesto movimiento autodenominado apartidista, transversal y popular es, un año después, un acto casi folclórico que no consigue reunir a más gente de la que llena un domingo cualquiera un estadio de fútbol.

Sus ideas son poco novedosas y, más que revolucionarias, se antojan reaccionarias al rescatar del pasado propuestas que solo los partidos de la izquierda montaraz asumen en sus programas. De la renta básica pagada por los contribuyentes a la nacionalización de las cajas de ahorro que ya eran públicas pasando por la concepción totalitaria de la democracia asamblearia. Sus cánticos "contra los políticos" se han reinterpretado este año contra el partido de gobierno que ya no es de izquierdas. Muchos de los primeros indignados se encuentran desengañados y si todavía quedan gentes bientencionadas que les otorgan crédito solo puede atribuirse a una extrema candidez.

Ni los recortes superficiales en el árbol del bienestar han conseguido reforzar este movimiento y en las convocatorias que celebraban el aniversario del 15-M la asistencia se ha resentido. Salvo en Madrid y en Barcelona las acampadas en el resto de capitales de provincia apenas lograban reunir a 100 indignados dispuestos a dormir al raso. Una cifra insuficiente si se asume que es un movimiento popular de abajo-arriba que pretende, según ellos, refundar un sistema político deslegitimado que ya no representa a los 40 millones largos de españoles.

Descubierta la inmensa farsa de estos indignados que quieren apuntalar el Estado para que todo siga igual, solo queda la magnificación romántica de los medios de comunicación. Hace un año vivieron la revolución anticapitalista durmiendo en tiendas quechua instaladas en las plazas privatizando el espacio público y nada parece que vaya a despertarlos de su sueño.

Entre tanto, los políticos se frotan las manos y parchean el barco en el que vamos todos; se va hundiendo poco a poco pero ellos serán los últimos en ahogarse. Comparten con los indignados el sueño irreal de que el estado de bienestar es viable sin plantearse la alternativa de una sociedad de propietarios responsables. Difieren en su extremismo socialista; se parecen en que todos disparan con pólvora ajena, un dinero que se han ganado los contribuyentes con su trabajo y que el Estado les quita.

El crecimiento económico de América Latina y Asia Pacífico: más cautelas que razones para el optimismo

Europa y la Unión Europea sufren. Paro, decrecimiento económico y ausencia de un modelo claro que seguir y sobre el que haya consenso son algunas de las características que sobresalen en los últimos años. La "Vieja Europa" se debate, en ocasiones contra sí misma, para mantenerse como un espacio competitivo y atractivo.

Mientras tanto, América Latina crece (si bien de forma desigual) y China se transforma en socio comercial prioritario de occidente. Ambas regiones hablan de que este es "su siglo", aunque tal afirmación se hace desde una órbita estrictamente comercial y que no difiere substancialmente de los objetivos perseguidos por organizaciones históricas que unen ambas orillas del Pacífico como la APEC.

En ningún caso queremos teorizar en las siguientes líneas sobre conceptos tan vacuos y retóricos como "nuevo orden mundial". El objetivo es más modesto: nos proponemos romper una lanza a favor de Europa, describiendo algunos hándicaps que sus rivales/socios presentan actualmente y que hace que ese crecimiento económico cuantitativo haya que ponerlo en cuarenta, especialmente si miramos a medio y largo plazo.

Con respecto a América Latina, la dualidad democracia liberal vs regímenes populistas se mantiene, pese a que éstos últimos no han crecido en cuanto a número de gobiernos (Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Cuba, a los que bien podría sumarse Argentina). En todos ellos, sus gobernantes atraviesan por problemas con aumento de los descontentos sociales puesto que, si por algo se caracteriza el populismo, es por generar elevadas expectativas de cambio en la sociedad que luego es incapaz de cumplir, debido la aplicación de recetas económicas fallidas (expropiaciones, monopolio del Estado) combinadas con amenazas a la oposición (dentro de la cual no se sólo se integran partidos políticos sino también organizaciones y movimientos que representan a la sociedad civil).

Venezuela es el gran ejemplo. Mecenas de todos esos regímenes liberticidas, al más puro estilo del comunismo soviético, la nebulosa se ha instalado alrededor de la salud de su presidente. Más rumores que hechos tangibles. El próximo 7 de octubre celebrará elecciones y la presencia o no de Chávez en las mismas condicionará el resultado final.

Esto demuestra el carácter personalista y caudillista que la política tiene en América Latina que más que ligada a un proyecto lo está a un nombre propio. Se trata de una afirmación plenamente fundamentada: los sondeos le son favorables al opositor Capriles Radonsky siempre y cuando su rival no sea el actual Presidente.

Por su parte, las democracias consolidadas en la región acometen retos, buscando la resolución de los mismos siguiendo los mecanismos del Estado de Derecho. Colombia y Perú afrontan la lucha contra el terrorismo de las FARC y de Sendero Luminoso respectivamente, cuya presencia es una amenaza para la estabilidad interna. Chile vive momentos de agitación con la comunidad estudiantil desafiando a Sebastián Piñera desde postulados de (ultra)izquierda que en última instancia buscan más desestabilizar que generar políticas productivas.

Estas democracias consolidadas han aumentado la intensidad de sus relaciones comerciales con los países de Asia y Asia Pacífico. Va a ser complicado, por no decir imposible, que Colombia, Brasil o Chile hagan objeciones a la forma bajo la que China o Birmania "gestionan" los derechos humanos. Tampoco es probable que enfaticen en exceso el rol que Corea del Norte juega en la región, más allá de declaraciones estrictamente genéricas.

En definitiva, se constata que Asia y particularmente Asia Pacífico, se están convirtiendo en el centro de gravedad de la economía lo que parece dejar en un segundo plano que realidad social y política de esos países presenta visibles anomalías estructurales, sin olvidar la pervivencia de conflictos históricos (India vs Pakistán) o que muchos de los países de la región están llevando a cabo agresivas políticas de rearme caracterizadas por su opacidad.

La condena del liberalismo

A pesar de la oportunidad intelectual y práctica que ofrece la Gran Recesión en que aún vivimos (y ya nos acercamos al quinto año) para desmontar empírica y teóricamente los fallos y responsabilidades del Estado, el debate entre liberalismo y socialismo sigue falseado. Eso sí, mucho menos que hace veinte años, ya que en los últimos diez los medios intelectuales y periodísticos liberales en España se han consolidado con un excelente aparato de producción científica y comunicativa que cuenta con un público estable vinculado a esas convicciones. No obstante, la afirmación inicial sigue siendo válida: en el centro del debate nacional e internacional acerca de cómo salir de la crisis los partidarios del libre mercado están a la defensiva, y solamente el argumento del fatalismo mantiene en pie algunas de las recetas anti-crisis con acordes liberales.

El debate, hay que repetirlo, está amañado. Como un partido de cualquier deporte donde un equipo parte en desventaja frente a otro porque este es, a la vez, árbitro y rival, el socialismo, ideología en el más perturbador sentido de la palabra, pretende dos monopolios, y sigue siendo el eje que juzga. Asegura poseer en exclusiva la capacidad de adjudicar maldad y bondad morales, asigna al mercado aquella, mientras que al Estado, a lo público, solo por él preservado, le otorga la segunda. Ya hemos tenido que pasar estas últimas tres décadas por la redención del comunismo, merced no ya a su insalvable resultado real (hambrunas y guerras), sino a su intención, que fue la de construir un mundo perfecto, sin desigualdades y sin necesidades. Querer una sociedad mejor lo justificaba todo; fiat perfectio, pereat mundus. El socialismo democrático ha heredado el beneficio de los buenos deseos, que el comunismo ya disfrutó, y se arroga también en exclusiva la receta para mejorar a la humanidad, a pesar de que hasta la variante más emblemática de entre las de su clase, la socialdemocracia sueca, se vio objetada por sus resultados y necesitada de reformas de mercado.

¿Qué ocurre para que, cuando se debaten las medidas de recorte de gasto público, estas se vean como algo odioso, solo parcialmente soportable, y medicina de una enfermedad producida por el mercado libre? El socialismo, influyente en todos los partidos del arco parlamentario y fuera de él, sigue la estela del "argumento salvador". Se trata de una ideología, es decir, una teorización basada en abstracciones incontrastables, un dogma simplista e invariable a salvo de cualquier refutación empírica. De tal modo, una crisis causada en última instancia desde un monopolio estatal, el de emisión de moneda y de fijación de los tipos de interés crediticio, se presenta como resultado del mercado libre, es decir, de ese mismo que no estuvo sustancialmente presente en su génesis.

Pero el argumento podría haber sido revertido en la fase de la depresión en la que de unas hipotecas-basura hemos pasado a una deuda soberana-basura; pero no. Si bien la primera de las expresiones fue repetida sin cesar, la segunda apenas ha sido acuñada, a pesar de nombrar un problema de repercusiones más difíciles de solucionar que los fenómenos de la crisis en su primera fase (2007-2009). El mal llamado "paréntesis del libre mercado", que Rodrigo Rato y otros supuestos defensores del mismo proclamaron, abocó en una solución más destructiva que el problema que pretendió resolver.

Con todo, los memes socialistas, repetidos hasta la saciedad, siguen siendo dominantes. A la urgente necesidad de que se apliquen reformas de adelgazamiento del Estado, se responde con el sempiterno: "el mercado no arregla todos los problemas". Pero, ¿acaso los soluciona el socialismo? No, pero sí lo pretende, y si no ha alcanzado su objetivo, es debido al egoísmo pernicioso de "los mercados". ¿Declara el liberalismo que el libre mercado supera todas las carencias sociales? Nunca lo ha hecho, pero sí ha aportado soluciones concretas para ello en un árido escenario donde fenómenos, causas y consecuencias se mantienen al margen del debate, y únicamente las pretensiones gobiernan los discursos.

Esos mercados de los que todos formamos parte y de cuyo funcionamiento nos beneficiamos, esos fondos constituidos por pensionistas y pequeños ahorradores, que se defienden de las malas inversiones en deuda pública española, italiana, griega o portuguesa, necesitan de una defensa ética, porque tan solo es moral lo que produce la prosperidad que desean las personas.

De buenas intenciones está empedrado el camino a la pobreza y a la servidumbre. La bondad y la maldad tienen un único juez y este no es el deseo, sino el resultado.

La competencia por el control de la acción en los seres vivos

Un ser vivo es un agente autónomo autopoyético: trabaja construyéndose a sí mismo e intentando alcanzar sus objetivos deseados, controla su conducta para su propio beneficio, y sus valoraciones tienden a reflejar lo adecuado para su supervivencia; un agente heterónomo no controla su conducta sino que actúa controlado por otro agente al cual sirve (por ejemplo, una máquina artificial, o un organismo esclavizado).

La capacidad de control y acción de un organismo siempre es limitada y falible. Los agentes autónomos evolutivamente más exitosos son los que consiguen más poder, más capacidad de decisión y acción y menos restricciones: tienen más medios a su disposición (energía, materiales, conocimiento, derechos) y sufren menos limitaciones o cargas (obstáculos físicos, prohibiciones, deberes).

El sistema de control de un organismo (su aparato cognitivo, sistema nervioso o cibernético) controla directamente la conducta del propio individuo del cual forma parte. Pero el funcionamiento de este sistema depende de las interacciones del sujeto con su entorno, que puede incluir otros organismos que influyen sobre él, participando así en la determinación de la conducta; y el mismo individuo puede intentar a su vez controlar a otros organismos.

La capacidad de acción de un organismo (y sus resultados) puede ser utilizada por otro. Un ser vivo puede aprovecharse de otro destruyéndolo y comiéndoselo (o utilizando algunas partes como ropas, adornos o herramientas). Es posible aprovecharse de otro ser vivo sin destruirlo, tomando algo de él: alimento (leche materna, secreciones de algunos insectos como la miel de las abejas), protección, calor. Y también es posible usar a otro organismo como agente, controlarlo, influir sobre su conducta, capturar parcialmente su sistema de control. Un virus, por ejemplo, captura los mecanismos de control de una célula (a la cual termina matando) para que sus ribosomas produzcan copias del propio virus.

Todo organismo es un agente que puede ser utilizado como medio o instrumento por otros agentes: su capacidad de actuar puede ponerse al servicio de los fines o intereses de otros individuos (que pueden ser compatibles o incompatibles con los propios). Esta instrumentalización o servidumbre puede ser voluntaria (libre) o involuntaria (esclavitud), simétrica (cooperación) o asimétrica (parasitismo), consciente o inconsciente.

Una forma directa y simple de control es la fuerza física bruta que permite al fuerte (amo) someter al débil que no puede defenderse (esclavo). Pero también existen mecanismos psicológicos (cognitivos y emocionales) de manipulación: persuasión, seducción, chantaje, amenazas.

La competencia entre organismos por el poder de controlar la acción da origen a una carrera de armamentos evolutiva en la cual se desarrollan de forma progresiva aptitudes para controlar y para evitar ser controlado. Los agentes más exitosos son aquellos que pueden influir sobre los demás para que actúen en su beneficio, al tiempo que se defienden de los intentos de manipulación en su contra. Los individuos pueden tener muy diferentes capacidades en este ámbito: desde los incautos ingenuos hasta los más hábiles seductores. Las técnicas de manipulación se vuelven gradualmente más indirectas, sofisticadas y sutiles para evitar el posible rechazo de los intentos directos y obvios.

Un manipulador exitoso debe conseguir que el agente manipulado se deje controlar: esto puede suceder porque no es capaz de evitarlo (no puede resistirse a la influencia ajena o ni siquiera se da cuenta de ella) o porque no quiere hacerlo. Ciertas técnicas de manipulación se basan en el engaño y la ocultación, dependen de que el sujeto no se dé cuenta de que está siendo controlado por otro. La manipulación puede implicar alterar las valoraciones ajenas, de modo que a un agente no le importa ser manipulado o incluso lo prefiere (seducción sexual, publicidad, lavado de cerebro de una secta).

Un ser vivo puede aprovecharse de lo que hace otro, de los resultados de su acción, de forma natural y espontánea, sin necesidad de comunicación, pero estas interacciones tienen un rango limitado. La disponibilidad de un lenguaje facilita enormemente la coordinación entre agentes, que pueden expresar de algún modo sus intereses, deseos u órdenes. El lenguaje puede utilizarse para describir el mundo y transmitir información, pero es fundamentalmente una herramienta de interacción y manipulación: permite dar órdenes, expresar deseos, persuadir, seducir, argumentar, explicitar normas y las consecuencias de su incumplimiento.

Necesitamos generar riqueza, no trabajo

Uno de los principales problemas que tenemos actualmente como sociedad es que nos gobierna gente cuyo principal talento es su capacidad para contentar a la mayoría. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que sus políticas favorezcan a dicha mayoría, sino que por medio de la demagogia, las falacias y la propaganda son capaces de hacer pensar a millones de personas con intereses contrapuestos que son los beneficiarios de la acción gubernamental.

Esto provoca que las ideas que predominan en la sociedad no sean las que se han demostrado útiles a sus ciudadanos, sino las que permiten a los políticos llegar al poder.

Un ejemplo de idea absurda es el mantra sobre la imperiosa necesidad de generar empleo. Se confunde el deseo de una buena parte de la población de percibir una retribución de forma estable y periódica, asegurándoles una vida confortable, con el fin último de la economía nacional. La propaganda ha calado tan hondo que incluso muchos empresarios se vanaglorian de que uno de sus objetivos principales es crear puestos de trabajo.

Por supuesto esta peculiar forma de pensar solo se aplica a la política; si cualquier persona ve a su vecino cavando un hoyo en mitad de su jardín, volviéndolo a tapar a continuación, simplemente por tener trabajo, inmediatamente pensará que está trastornado. Por desgracia el porcentaje de personas que llegaría a esa conclusión bajaría considerablemente al enterarse de que el ayuntamiento le paga por realizar dicha función generando así un puesto de trabajo.

Para conseguir que el porcentaje de entusiastas de este tipo de políticas sea aún mayor, se suele recurrir a adornar los empleos con cierto valor social. Alguien se puede oponer a pagar un sueldo por cavar hoyos para llenarnos, pero es mucho más difícil hacerlo cuando se tienen aceras nuevas o se crean sectores que supuestamente traen innovación.

El problema es que en tiempos de crisis, como el actual, no hay dinero público para pagar trabajos en los que no se cree riqueza de forma objetiva; o se emplea el tiempo en algo por el que otra persona esté dispuesta a renunciar a parte de su riqueza a cambio o no habrá forma de encontrar un empleo.

A causa de esto, los políticos optan por otra vía para no renunciar a intervenir en el proceso: incentivar la contratación, ya sea eliminando barreras puestas por ellos mismos en forma de regulaciones, reduciendo impuestos al trabajo como cotizaciones sociales o concediendo desgravaciones fiscales a las empresas que creen puestos de trabajo.

A simple vista, unas medidas que reducen impuestos y eliminan regulaciones no parecen malas. Pero si se analiza con detenimiento la realidad es otra.

La reducción de regulación para disminuir la sobreprotección de los trabajadores por parte del Estado no tiene efectos beneficiosos a no ser que una mayoría social entienda que esa sobreprotección es injusta y perjudicial. Injusta para los empresarios y trabajadores que quieran pactar sus condiciones fuera del control estatal (y sus satélites sindicales), y perjudicial para la economía en cuanto no permite la flexibilidad necesaria para tener una economía dinámica y competitiva.

Al no producirse este entendimiento, las reformas laborales no son más que un intento del gobierno de turno por evitar que la vaca se muera de hambre dejándola salir a pastar cinco minutos al día. Es mejor que nada, pero la vaca se acabará muriendo.

Lo mismo pasa con la reducción de impuestos al trabajo, o cotizaciones a la seguridad social por parte del empresario. El sistema de seguridad social es un timo piramidal. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Por lo tanto, liberar a los empresarios de pagar parte de ese timo sin reconocer que el sistema es inviable y permitir que los actuales cotizantes busquen una alternativa sensata (capitalización), es condenarnos a pagar vía IVA, o cualquier otro impuesto, las actuales pensiones y las futuras. Una vez más se intenta mantener el sistema operativo hasta que escampe, y no darle una solución real.

Por último, conceder desgravaciones fiscales a una empresa por el hecho de crear un empleo es absurdo e injusto. Absurdo porque crear un puesto de trabajo simplemente por crearlo sólo beneficia a la persona contratada. Injusto porque la economía no mejora por el hecho de que una empresa cree un puesto de trabajo, la economía mejora si un empresario es capaz de construir un modelo de negocio por el cual genere más riqueza de la que consume. O dicho de otra manera: una empresa que es capaz de ganar 10 millones de euros con 10 trabajadores es mucho más beneficiosa para la economía que otra que gane lo mismo con 10.000 trabajadores. ¿Por qué hay que premiar a la segunda y no a la primera con una desgravación fiscal?

La triste respuesta es la antítesis al título de este comentario: el Estado no quiere generar riqueza, quiere generar empleo. Y lo quiere porque su poder se basa en que millones de personas crean que su subsistencia depende de la benevolencia y capacidad de gobernar del Estado, en vez de creer en su propia capacidad de generar riqueza para vivir sin depender de nadie. De ser libres.