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Constitución 1812. El bicentenario de una concepción liberal del Estado.

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Hace doscientos años que se promulgó la Constitución de 1812 (1)(2)(3) en un contexto histórico en el que la concepción de España, como un Estado democrático y de Derecho, estaba sitiada por los tropas napoleónicas, los intereses creados en torno al absolutismo y los felones afrancesados.

Hoy en día, los territorios que integran España siguen padeciendo los intentos de desvertebración de los dirigentes separatistas y la carencia de sentido de Estado de una mayoría de políticos, que piensan antes en el cálculo electoral y cortoplacista que en dotar las condiciones jurídicas de máxima protección de los derechos civiles de los españoles para que puedan interactuar en libertad.

Concepción liberal del Estado

Pero ¿qué significado tiene la concepción liberal del Estado español que estableció la Constitución de 1812? Atendiendo a lo expresado por la burguesía del siglo XIX, significa disfrutar de un régimen político en el cual los ciudadanos tengan derechos civiles por encima de cualquier casta dirigente y elijan democráticamente a sus representantes.

Sin embargo, también significa aplicar un Estado de Derecho que permita que esos ciudadanos sean iguales ante la ley, sin coacciones ni discriminaciones en función del territorio de residencia y, por tanto, sin barreras comerciales ni lingüísticas impuestas por políticos liberticidas. En definitiva, significa la protección de los derechos civiles, la interacción en un mercado libre y la defensa inteligente de los intereses de todos los españoles en el ámbito internacional.

Soberanía en la Constitución de 1812

Permítanme que en el bicentenario de La Pepa desgrane los artículos que considero esenciales para el arraigo de una concepción liberal del Estado. Aunque, en primer lugar, hay que precisar que la Constitución de 1812 no destaca precisamente por ser concisa, dado que cuenta con 384 artículos. Así, por ejemplo, el Título III abarca desde el artículo 27 al 167 para realizar una descripción pormenorizada del nombramiento de Diputados de Cortes mediante juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. Adicionalmente, el Título IV dedica desde el artículo 168 al 241 a la figura del Rey. Sin duda, con la intención de corregir el absolutismo del régimen político y con la situación de guerra, se forjó una redacción exhaustiva y más que discutible desde un punto de vista jurídico.

Sin embargo, se trata de una base jurídica revolucionaria e innovadora en muchos aspectos en el contexto de su época, porque se rompe con la concepción absolutista imperante en la Europa napoleónica y establece el origen de la soberanía en los ciudadanos de la península ibérica y de los territorios de ultramar:

Artículo 1º. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Artículo 2º. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Artículo 3º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer leyes fundamentales.

Propiedad privada y derechos civiles

Por su importancia para el arraigo de los principios del crecimiento económico, los avances legislativos más destacados de la Constitución de 1812 son el intento de limitar el poder omnímodo del Rey y los privilegios de nobleza y clero, junto con la protección expresa de la propiedad privada:

Artículo 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por las leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

Limitación del poder del Estado

 

Resulta interesante, aunque ingenuo, el intento de limitación del poder del Rey (o mutatis mutandis el Estado moderno) cuando se legisló el artículo 172 del siguiente modo:

Artículo 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

Primera. No puede el Rey impedir, bajo ningún pretexto, la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquier tentativa para estos actos, son declarados traidores y serán perseguidos como tales.

…

Octava. No puede el Rey imponer por sí, directa o indirectamente, contribuciones, ni hacer pedidos bajo cualquier nombre o para cualquier objeto que sea, sino que siempre los han de decretar las Cortes.

Novena. No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna.

Décima. No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella…

Undécima. No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna…

Mercado único

Los liberales españoles del siglo XIX asumieron parcialmente la necesidad de abolir las barreras jurídicas y comerciales y, también, consideraban criterios de unicidad de mercado cuando legislaron:

Artículo 258. El Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones por las particularidades circunstanciales podrán hacer las Cortes.

Artículo 354. No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta disposición no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinaran.

División de poderes e independencia judicial

Sin embargo, fue una lástima que aquellos liberales españoles no redactasen el texto con base en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, todavía vigente hoy en día y que sigue destacando por su brevedad y abstracción, que es lo que hace aplicables sus preceptos en todo momento y todo lugar bajo su jurisdicción.

Y, en lo tocante a la separación de poderes y a la independencia judicial, nuevamente, la Constitución de 1812 es excesivamente prolija en el número de artículos, a pesar de lo cual no logra establecer un modelo liberal de dispersión pluralista del poder.

Fracaso constituyente

La ingenuidad y la confianza en la bonhomía del rey felón Fernando VII en la monarquía y en la intervención de la iglesia católica fueron el origen del fracaso de la Constitución. Un cambio de régimen político puede requerir nueva legislación que formalice una democracia liberal pero, especialmente, necesita que los nuevos dirigentes interioricen y hagan efectivos los preceptos instaurados por la base constituyente más allá de las declaraciones formales y bien intencionadas.

De ahí que la Constitución de 1812 estuviese vigente tan sólo desde el 19 de marzo de 1812 hasta el 4 de mayo de 1814 con el regreso a España de Fernando VII que, nuevamente, impuso el absolutismo. Posteriormente, estuvo vigente La Pepa durante el trienio liberal (1820-1822) después del levantamiento del teniente coronel Rafael de Riego y, también, lo estuvo la constitución gaditana después del pronunciamiento de los sargentos de la guardia real en La Granja de San Ildefonso durante el bienio constituyente (1836-1837) y hasta la Constitución de 1937, que instauró definitivamente un precario parlamentarismo de España.

La evolución socio cultural de un país es un proceso lento y no lineal, que avanza y retrocede en función del arraigo de la ideología y del sentido de Estado de los dirigentes en cada época. Por ello, es una desgracia que los líderes políticos en España sólo en escasas ocasiones logran mantener una visión liberal del Estado con apego "real" por los derechos individuales y el libre mercado y, por tanto, no suelen estar a la altura que requieren las circunstancias históricas.

Doscientos años después tenemos un democracia parlamentaria, formalmente instaurada por la Constitución Española de 1978, que nos permite ejercer un sufragio universal indirecto, e insuficiente, eligiendo listas cerradas cada cuatro años pero que, sin embargo, deja a los españoles en manos de la desidia de los partidos políticos; porque seguimos sin división "real" de poderes, sin independencia judicial, sin igualdad "efectiva" ante la ley de todos los españoles independientemente de donde vivan, sin unicidad de mercado y, lo peor, sin que esa concepción liberal de la sociedad haya arraigado en la casta dirigente.

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Mariano “Coolidge” Rajoy

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

En una ocasión, una mujer se dirigió al presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, y le dijo que se había apostado con su marido que ella sería capaz de arrancarle más de dos palabras. “Usted pierde”, fue lo que obtuvo por respuesta. Esta anécdota caracteriza al 30 presidente de aquel país. En primer lugar, muestra a las claras por qué le llamaban Cal “el silencioso”. En segundo lugar, muestra que su proverbial economía léxica no era por falta de ingenio.

Hay también otra anécdota que define al personaje. Ocurrió aquel 2 de agosto de 1923. Había muerto el presidente de los Estados Unidos, Warren Harding, y el telegrafista de Bridgewater, al conocer la noticia, se puso rumbo a Plymouth Notch, donde sabía que estaba el vicepresidente. Los Coolidge no tenían ni electricidad ni teléfono y Cal estaba pasando las vacaciones con su padre. Sonó la puerta y John C. Coolidge la abrió. Supo por la improvisada comitiva que su hijo ocuparía el lugar de Harding. Subió las escaleras y dijo: “Cal, eres el presidente de los Estados Unidos”. Bajaron los dos y a las 2:47 Calvin juró su cargo frente a su padre, justicia del lugar, los testigos que habían llegado con la noticia y con la biblia de su madre en la mano. Un cuarto de hora más tarde, volvía a estar en la cama.

Esta era la personalidad de Coolidge. Ahora bien, no parece demasiado alejada de la de Mariano Rajoy. Tiene ingenio, aunque lo maneja con cuentagotas. Es elocuente cuando habla, pero casi más cuando calla, y lo hace a menudo. Coolidge también, y lo hacía con dos claves. Una de ellas es que no hablaba de lo que no le concernía como presidente, con lo que demostraba su respeto por las instituciones. La otra se contiene en este consejo a su sucesor, Hervert Hoover: “si ves diez problemas en el camino, puedes estar seguro de que nueve acabarán en la cuneta antes de que te alcancen, así que sólo tendrás que lidiar con uno”. La autoridad debe intervenir sólo en última instancia; prefiere que la sociedad resuelva sus propios conflictos, y confía que, en la mayoría de los casos, será así. Decía a menudo, cuando alguien se le acercaba con la lista habitual de quejas y exigencias, “yo soy sólo el presidente”. En Mariano Rajoy no se adivina en sus silencios más que pura estrategia política, no una profunda reflexión sobre el funcionamiento de la sociedad y el papel de la política, como en el caso de Coolidge.

Hay otra diferencia entre los dos mandatarios. Coolidge heredó un impuesto sobre la renta con tasas máximas del 50 por ciento, y logró que el Congreso aprobase una reforma que lo rebajaba al 20 por ciento. “La colecta de cualquier impuesto que no sea absolutamente necesario es sólo una especie de latrocinio legalizado”, dijo en una ocasión Coolidge, para quien “Quiero que la gente de América pueda trabajar menos para el Gobierno y más para sí misma. Quiero que obtenga las recompensas derivadas de su propia industria. Este es el principal significado de la libertad”. Rajoy, desde luego, no puede verse reflejado en este aspecto de la política de Coolidge.

Pero sí en otro no poco importante. “A veces el mejor balance que uno puede presentar no es aprobar leyes, reglamentos y decretos, y no es así, en ocasiones el mejor balance puede ser derogar leyes y decretos y reglamentos”. Efectivamente, como el caso de la basura espacial, hay una basura legislativa que nunca se recoge, y cuya limpieza es esencial para la seguridad jurídica y para la calidad del Estado de Derecho. Coolidge compartía la misma idea, e incluso llegó a decir que “es más importante matar las malas leyes que aprobar las buenas”. Un buen criterio para juzgar a un político.

La relación entre la escasez y el valor de los bienes económicos

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en La relación entre la escasez y el valor de los bienes económicos

Hemos señalado anteriormente que un bien es escaso cuando no podemos disponer de una cantidad necesaria de aquello que consideramos útil. Se trata de un bien que es importante para nosotros. Por tanto, los bienes son escasos en relación con nuestras necesidades. Existe una desproporción entre lo que podemos disponer y nuestras necesidades. El valor de un bien surge de tomar conciencia de la significación que tendría para nuestra vida y bienestar el poder disponer de una determinada cantidad de ese bien. La escasez es el origen del valor.

Sin el ser humano no tiene sentido hablar de medios escasos. Podemos decir que los recursos son escasos no desde que el mundo es mundo como se suele decir, sino desde que el hombre es hombre. Es éste el que determina el valor de los distintos bienes. El valor de un bien (utilidad) es la apreciación subjetiva más o menos intensa que el actor da al medio que piensa que servirá para satisfacer un fin. Conforme el fin tenga más importancia, el valor del medio será más alto.

En este sentido, la importancia de un determinado bien no depende de su supuesto valor intrínseco. Sino que depende, en última instancia, de nuestras necesidades, que son culturales y subjetivas. El valor no es algo intrínseco, no está en las cosas. Es la propia conducta humana, exclusivamente, la que crea el valor. Como señaló Mises, "somos nosotros quienes lo llevamos dentro; depende, en cada caso, de cómo reaccione el sujeto ante específicas circunstancias externas." Lo único objetivo es que las cosas están ahí y en unas cantidades concretas, pero su valor está determinado por los juicios que los hombres se hacen sobre lo que esos bienes mejorarían su vida y su bienestar.

Un mismo vaso de agua, por ejemplo, no tendrá siempre el mismo valor aun siendo intrínsecamente el mismo vaso de agua. Su valor será diferente en un restaurante que en medio del desierto. En el primer caso su valor será bajo mientras que en el segundo escenario será infinitamente alto. La objetivación de los bienes no sólo no sabe explicar esta diferencia de valor, sino que además ha creado una enorme confusión en torno a los fundamentos de la ciencia económica.

Otro ejemplo curioso es el petróleo. El petróleo siempre ha tenido las mismas características y siempre ha estado ahí. Sin embargo, en el siglo XIX se le denominaba "la maldición de Texas" porque cuando subía a la superficie, se inundaban los campos de un líquido viscoso negro maloliente que hacía que el ganado no pudiese pastar. También el hierro, el cobre, el carbón, el uranio y muchos otros recursos naturales han estado presentes y han formado parte del planeta desde su inicio, y sin embargo sólo se les ha dado valor desde el momento en que el ser humano ha empezado a utilizarlos y a servirse de ellos.

El lugar que un bien ocupa en nuestra escala de valores tampoco depende de su cantidad concreta o rareza objetiva. Hay muchas cosas en la naturaleza que están en cantidades pequeñas pero que no les damos ningún valor ni las tenemos en cuenta al actuar. El ejemplo que puso Robbins fue el de los huevos podridos, que son raros pero no se pueden considerar escasos porque no tienen ningún valor (positivo) para el ser humano. La cantidad objetiva sólo será relevante en cuanto a la escasez cuando el bien en cuestión sea (culturalmente) demandado.

¿Votar a los 16?

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Son varios los partidos políticos que prometen en sus propuestas electorales adelantar el derecho a voto de los 18 a los 16 años. Esta reivindicación de la izquierda propone igualar la edad en la que el Estado permite empezar a trabajar con la elección de sus representantes políticos.

La realidad es que en los últimos años ha aumentado el número de jóvenes españoles que prolongan sus estudios hasta la etapa universitaria. No solo en cuanto a grados sino también en postgrados. En lugar de contribuir con sus impuestos, son muchos los que continúan recibiendo una enseñanza subvencionada que sale muy cara a las arcas públicas. Tampoco es de extrañar en un sistema educativo cuya baja calidad ha equiparado el nivel de formación universitaria al antiguo bachillerato siendo necesario buscar en otro tipo de cursos complementarios la formación que el mercado demanda y la Universidad no ofrece en sus licenciaturas. Otro factor que explica el incremento de la población unviersitaria en los últimos años es que profundizar o reciclar estudios puede ser una opción atractiva cuando la tasa de paro juvenil ya supera el 40 por ciento.

En este contexto argumentar que si se puede trabajar se debe poder votar es algo falaz porque la posibilidad de trabajar no implica que se esté trabajando. De hecho en ningún caso plantean la posibilidad de volver a un sufragio restringido a propietarios o contribuyentes. Las razones que subyacen a estas propuestas son ideológicas y tienen que ver con la concepción del bien moral colectivista que establece que el hombre solo alcanza su plenitud en el marco de su participación política como buen ciudadano.

Se han dado pequeños pasos en esta dirección como es el caso de centros educativos de titularidad pública en los que los alumnos participan en su gestión. Se trata de la misma trampa democrática en los que el voto de los receptores netos de renta tiene el mismo valor de aquellos a los que saquen a impuestos para recibirlas. Un principio que se podría justificar bajo el lema “ningún impuesto sin representación” queda algo pervertido por la mentalidad buenista. No se pretende volver a un sistema en el que el derecho a voto se otorgue en base al pago de impuestos sino en un intento de aumentar la base electoral de una sociedad ya infantilizada por las subvenciones repartidas por el Estado. Mientras que en las Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho a decidir el futuro de la empresa según su número de participaciones, en democracia el derecho a voto no se otorga en función a las contribuciones de los ciudadanos a la Hacienda Pública.

El factor que olvidan quienes hacen este tipo de proposiciones es el de la responsabilidad. El individuo diluido en el colectivo que depende de las ayudas estatales para vivir es irresponsable como un niño que depende de sus padres. Mientras que la infantilización de la sociedad aumenta se pretende que los más jóvenes actúen responsablemente. No se trata de un problema de madurez biológica -que a cada uno llega de forma individual independientemente de la edad- sino de la responsabilidad que conlleva que el voto de uno pueda condicionar la vida de los otros.

Margaret Thatcher debería ser el espejo para Mariano Rajoy

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

La situación actual de España y la de Reino Unido en 1979 guardan muchas semejanzas en el terreno político, económico y moral. Thatcher heredó un país en bancarrota en los tres ámbitos, lo mismo que Mariano Rajoy. A aquélla en ninguno de ellos le tembló el pulso a la hora de tomar medidas, radicales algunas, pero en cualquier caso, necesarias.

Como en Reino Unido, Rajoy recibe una España menguada, adormilada y aborregada, producto de una cultura política anterior (2004-2011) basada en sólo en derechos, nunca en obligaciones y responsabilidades. La "juventud" que se manifestó en Valencia es el mejor ejemplo de esta tesis: menosprecia la autoridad y busca que el mantenimiento de su cultura hedonista sea un deber para la clase política.

Como le ocurre a Mariano Rajoy, Thatcher tuvo que hacer frente más que con su rival político, el Partido Laborista, con organizaciones que habían colaborado en el hundimiento británico de los años setenta como los sindicatos, acostumbrados a vivir de la subvención y que habían creado una cultura parasitaria.

En España actualmente sucede algo parecido. Nos encontramos con un PSOE que navega sin rumbo y que practica un lenguaje y modos característicos de la ultra-izquierda, no de la socialdemocracia europea con la que tanto le ha gustado compararse, pero de la que está a años luz, puesto que el elemento principal de su programa es jalear las algaradas sindicales o defender al 15M.

Michael Foot, en este punto, era más coherente, en lo que a sus principios (mayoritariamente filocomunistas) se refiere, que el socialismo español. Él siempre los había defendido, si bien eran compartidos por una minoría dentro de su partido, como bien ilustró la legislatura 1979-1983 y el desarrollo histórico posterior del laborismo.

Así las cosas, Margaret Thatcher se encontró con una oposición en el parlamento débil y dividida, por lo cual, durante la primera legislatura, su gran rival no fue la bancada laborista, sino el sindicalismo acostumbrado a marcar la agenda del gobierno y la dirección del país. Ella demostró que las Unions no eran imbatibles, sino todo lo contrario. Poco a poco les fue restando los privilegios que habían adquirido y de los que disfrutaba sólo la elite dirigente, la cual estaba absolutamente desconectada de la clase obrera.

El resultado trascendió lo cuantitativo (triunfo por mayoría absoluta en 1983) y fueron muchos los votantes naturales del laborismo que le dieron su confianza (el fenómeno conocido como Essex Man). La razón de que así fuera es que demandaban un gobierno que asumiera el liderazgo de la nación, que tomara decisiones y que no se dejara amedrentar por intereses corporativos. La recompensa se hizo evidente: tres mandatos consecutivos y la mejora del bienestar de sus compatriotas.

En España puede producirse algo similar. El 20 de noviembre Rajoy recibió una mayoría absoluta como sinónimo de que es percibido como el "cirujano" reparador de todos nuestros problemas, empezando por los económicos pero sin olvidar los de carácter ético y moral. Mientras tanto, los sindicatos se arrogan una representación no se sabe muy bien de qué ni de quién, pues no dejan de ser los peones de un socialismo de cuello blanco que, a falta de programa, opta por salir a la calle. ¿No es eso crispar y desestabilizar?

Continuando con las organizaciones sindicales, más que un mensaje, lo que tienen es un conjunto de cánticos, unos coristas de sobra conocidos por todos (el auto-denominado "mundo de la cultura" que de pobre tiene poco) y sobre todo, una táctica basada en el chantaje y la amenaza, como pudo comprobarse el pasado domingo 11 de marzo con "la manifestación" convocada por CCOO y UGT. Ausencia de discurso constructivo y superávit de demagogia es la receta que ofrecieron Toxo y Cándido a los escasos asistentes.

En definitiva, si Rajoy copia el modus operandi que caracterizó la trayectoria en política de Thatcher, esto es, la combinación de sentido común y determinación, guiará a España a la Champions League de las naciones.

Libertad y sexualidad

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

La cuestión de las libertades civiles solo puede ser resuelta satisfactoriamente partiendo del axioma central libertario de la autoposesión. Todo individuo, dice este, es propietario de su cuerpo y únicamente le está vedado el ejercicio de la violencia o de la amenaza de su uso. El entramado de relaciones libres, base de la sociedad de cooperación voluntaria, es posible en este contexto y se bloquea en cualquier modo coactivo de vínculos.

En los últimos años se observa una renovada batería de argumentos conservadores acerca de la práctica de la homosexualidad y de su asunción por parte de cada vez más amplios sectores como una opción legítima. Esta carga conservadora acude a la divulgación de estudios y observaciones en las que la homosexualidad se presenta como una práctica fruto del aprendizaje y en ningún caso como una variante biológica con fundamentos genéticos. Dado, no obstante, que muchas propensiones y rasgos precursores de la homosexualidad surgen en individuos de corta edad, se intentan recluir las consignas bajo el estigma de la enfermedad. Por si eso no cubriera el espectro de posibilidades, es decir, si ni la conducta aprendida ni la enfermedad cubrieran todo el espectro de casos de homosexualidad, los defensores de la postura contraria a esta apelan a la inconveniencia social. Esta parte argumental acudea la institución familiar como eje de la civilización y vincula estadísticamente a las familias con la prosperidad. Sería así que las sociedades con una estructura familiar sólida gozarían de mayor desarrollo.

En el lado opuesto, algunos defensores de la homosexualidad como opción personal se entregan tambiéna la búsqueda de una evidencia científica que apoye la postura genetista. Salvo en estos argumentarios la homosexualidad como opción personal es lo que prima entre sus defensores.

Una de las ventajas de la postura libertaria arriba mencionada consiste en que es, por un lado, más consciente de la provisionalidadde todo estudio científico acerca de fenómenos infinitamente complejos como son los biológicos y los sociales; por el otro, presenta la evidencia histórica de que solamente la sociedad abierta puede albergar a cada vez más número de seres humanos, ofrecerles un marco de relaciones donde la mayoría encuentre prosperidad y en el que las diversas opciones vitales, consustanciales al aumento de población y a la creciente complejidad social, tengan cabida.

Los apoyos científicos en contra de los homosexuales y de la homosexualidad son ejercicios de puro constructivismo social, mera coacción para ordenar la conducta de unos individuos según las preferenciasde otros. Ni existe ni existirá posibilidad alguna de condenar médica ni socialmente la homosexualidad sobre bases científicas y todo intento de hacerlo se precipita en la más pura manipulación.

La supervivencia de una especie tan compleja como la humana en continuo crecimiento depende tanto de asegurar la reproducción como la convivencia y la libre determinación de lazos sociales. Es lo único que se puede asegurar al respecto. Es por eso que se precisa apoyar desde el axioma libertario toda práctica sexual entre individuos que consienten.

¿Por qué ha quebrado Grecia?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La tragedia griega no es nueva sino que ha sido algo constante a lo largo del siglo XX. No en vano, ha quebrado en diversas ocasiones en las últimas décadas, como resultado de sus grandes déficits públicos, déficits por cuenta corriente y altas tasas de inflación. Nada de esto cambió tras su entrada en la Unión Monetaria.

Así, tal y como explica Philipp Bagus en La tragedia del euro, cuando Grecia entró en la moneda única tres factores se combinaron para seguir manteniendo sus crónicos déficits fiscales y comerciales. En primer lugar, entró con un tipo de cambio muy alto, provocando que muchos de sus trabajadores no resultasen competitivos en comparación con los países del norte, altamente capitalizados. Para afrontar este problema, en lugar de flexibilizar al máximo su economía, permitiendo la reducción de salarios para aumentar la productividad -devaluación interna-, sus políticos aumentaron aún más el gasto público, acrecentando el tamaño del Estado vía prestaciones de todo tipo, generosas pensiones y prejubilaciones y engordando aún más el cuerpo de funcionarios.

En segundo lugar, como miembro de la zona euro, el Gobierno heleno disfrutó de tipos de interés artificialmente bajos, ya que contaba con la garantía implícita del rescate en por parte del BCE y el resto de estados miembros -Alemania inclusive-. La rentabilidad de la deuda griega cayó en picado gracias a la menor percepción de riesgo que conllevaba pertenecer a la Eurozona. Es decir, el coste marginal de los déficits crecientes se redujo, facilitando un mayor endeudamiento público y privado en los mercados, como si se tratase de un país sólido y solvente.

Por último, Grecia pudo externalizar parcialmente sobre los demás miembros de la zona euro las consecuencias de su irresponsable política fiscal y económica gracias al BCE. Los bonos griegos eran aceptados como colateral por el banco central en sus operaciones de préstamos bancarios. Al contar con una prima marginal con respecto al bono alemán, los bancos europeos acudían gustosos a las subastas de deuda helena para, luego, descontar estos títulos en la ventanilla del BCE a un interés más bajo, y viceversa, beneficiándose así del arbitraje de tipos, en lo que se conoce como carry trade. Así es como Grecia pudo monetizar parcialmente sus déficits. El chorro de financiación destinada a Grecia se traducía, en un primer momento, en subida de precios a nivel nacional que, posteriormente, se trasladaba al resto de la Unión Monetaria. El BCE creaba más euros aceptando como colateral los bonos griegos, el Estado heleno empleaba este dinero para aumentar el gasto público y su artificial nivel de vida, y cuando los precios subían en Grecia el dinero huía hacia otros países de la zona euro, haciendo que las inflación subiera más rápido que sus rentas. Dicho de otro modo, todos los europeos han costeado de una u otra forma los excesos griegos mediante un impuesto invisible llamado inflación.

Algunos datos para ratificar lo expuesto:

1. El peso del Estado sobre el PIB se disparó hasta el 52% en 2009, superior a la media del resto de países periféricos. El crecimiento desmesurado de las transferencias sociales (del 8% del PIB en 1970 al 21% en 2009) y del empleo público (del 8% del PIB en 1976 al 12,7% en 2009) explican esta evolución. En el ámbito de las transferencias destaca el gasto de las pensiones públicas, que se tragaban casi el 12% del PIB en 2007 y que supondrán casi el 20% de la riqueza nacional en 2035 de mantenerse el actual sistema frente al 1,7% previsto para la UE-27.

2. Y todo ello creció sin necesidad de más ingresos fiscales, cuya media es muy inferior al de la UE-15. Mucho gasto y pocos ingresos causaron un déficit público estructural, incluso en pleno boom crediticio de los últimos años, a excepción del breve paréntesis de mitad de los años 90 y principios de 2000, como consecuencia de tener que ajustar las cuentas para poder entrar en el euro. La deuda pública crece sin parar desde los años 70: del 20% del PIB en 1975 al 100% en 1994, 140% en 2010…

3. La clave de la pérdida de competitividad griega reside en el drástico aumento del endeudamiento externo, sin que éste fuera compensado por un crecimiento del ahorro nacional. El conjunto de la economía griega gasta mucho más de lo que produce, teniendo que cubrir la diferencia a base de crédito exterior (deuda). Esta variable se mide a través de la balanza por cuenta corriente. Ésta empezó a deteriorarse en 1981, se agravó a mitad de los años 90 y el déficit exterior, finalmente, se disparó en los ejercicios siguientes con tasas anuales superiores al 12% del PIB. Sólo desde 2004 el déficit por cuenta corriente añadió casi 50 puntos porcentuales a la deuda exterior neta, hasta alcanzar el 100% del PIB en 2010.

Los bajos tipos de interés a los que se pudo financiar Grecia tras su entrada en el euro dispararon el endeudamiento exterior del país, sin necesidad de grandes esfuerzos. El problema aquí es que, al tiempo que la deuda crecía, el ahorro se desplomaba: desde el 20% del PIB en los años 70 hasta el -12% en 2009. Grecia y Portugal son los únicos países que han registrado tasas negativas de ahorro en la zona euro. Comparado con cualquier otro país de la Europa de los 15, Grecia ha experimentado el mayor declive del ahorro nacional en las últimas décadas.

¿Conclusión? El sobredimensionado sector público que creció al calor de la burbuja crediticia de la última década, sumado a una economía muy poco competitiva y aún menos ahorradora, conforman las claves de la particular tragedia griega.

El que quiera dinero, que se lo pida a sus dueños

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Ser liberal conlleva una maldición: todo aquel que quiere dinero del Estado para fines loables termina odiándote por estar en contra de que se lo concedan. En esta época donde el Estado no puede despilfarrar tanto como quisiera (hablar de austeridad cuando nos están endeudando a un ritmo de 90 mil millones por año es ridículo) el problema se agudiza ya que tenemos que tratar con defensores de todo tipo de proyectos que van a beneficiar a la humanidad y que se han quedado sin financiación. A saber, investigación de enfermedades raras, I+D, astrofísica, ayuda al tercer mundo, etc.

Los hay hasta que ven inconcebible que se pueda mantener nuestra postura. Por ejemplo, ante la posibilidad de que se cortase totalmente la financiación del Gran Telescopio de Canarias (CTC), una investigadora del mismo se preguntaba qué tipo de mentalidad se podía esconder detrás de estas decisiones.

Humildemente voy a intentar explicar a esta señora por qué algunos nos atrevemos a sostener semejante postura y podrá ver, espero, que no se esconde ningún odio hacia la humanidad en ella.

El dinero del Estado sale de los impuestos de los ciudadanos. Ese dinero no se da voluntariamente sino que se obtiene bajo coacción. Dicho más claramente, si no pagas el dinero que el Estado ha considerado que debes pagar, se te incauta por la fuerza y si te resistes a dicha incautación, vas derecho a la cárcel.

Algo que se obtiene de ese modo no se puede utilizar a la ligera en el primer proyecto que parezca bueno para la humanidad. La humanidad tiene muchos fines, tantos como personas habitan en este mundo, y no se pueden escoger los mejores por mayoría sin dejar fuera muchas cosas importantes que otros desean. Por lo tanto, todo dinero expropiado a la fuerza debería ser utilizado en servicios que la persona vaya a disfrutar y así al menos el uso de la fuerza estaría justificado en algún grado.

Un telescopio o la ayuda al tercer mundo o incluso la investigación de una determinada enfermedad no son servicios que la mayoría de nosotros vayamos a utilizar ni a sacar ningún beneficio directo de él. Por lo tanto, se está pidiendo que nos quiten por la fuerza parte de nuestros recursos para beneficiar a otras personas.

O dicho más claro: se le está quitando dinero a un padre de familia que se levanta a las 6 de la mañana todos los días para ir a un trabajo que detesta para que un grupo de científicos pueda dedicarse a lo que más le gusta. Se les está quitando recursos a los padres de una niña con una enfermedad que no está siendo investigada para investigar enfermedades que nunca van a padecer. Se le está quitando recursos a una persona que está a punto de ser parado de larga duración para hacer cursos de formación en Mozambique.

Una vez más, la diferencia entre los que están a favor de que el Estado les financie sus buenas obras y los que estamos en contra no es lo buenas o malas personas que somos, sino la convicción de que nadie puede decidir por los demás cuáles son los fines a los que deben dedicar sus recursos. En fin, es la incómoda convicción de que los fines no justifican los medios.

Y alguno preguntará: ¿entonces qué?, ¿dejamos estos estupendos proyectos sin realizar por el egoísmo de la gente? La respuesta es fácil para alguien que no odia la condición humana: pedid el dinero si de verdad creéis que el proyecto vale la pena. Las personas somos racionales en nuestra mayoría y ante una buena idea la gente suele responder bien.

En todo caso, la decisión le corresponde a cada ser humano, no a mayorías votadas cada cuatro años. Lo contrario es condenar la libertad y, sin ella, ningún otro proyecto vale la pena.

El pensamiento circular del Estado español

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Hace unos días leía en un blog que el pensamiento humano funciona igual que lo hacemos los propios seres humanos cuando nos encontramos perdidos y sin mapa. Durante horas caminamos en línea recta pero sorprendentemente acabamos avanzando en círculo e invariablemente nos encontramos en el punto de partida. De la misma forma, cuando nos enfrentamos a un problema sin puntos de referencia, pensamos linealmente y no avanzamos, nos emperramos en la misma estructura de pensamiento circular una y otra vez.

¿Qué hacer? El autor del blog, Fernando Botella, aconseja “no dejes que nadie haga tu mapa por ti, desconfía de los sentidos, aunque creas que vas en línea recta puede no ser así”.

También algunas organizaciones repiten una y otra vez la misma pauta y acaban donde empezaron. Véase la política económica española. 

Repasando los escritos de los arbitristas castellanos el XVI y XVII, nos encontramos a auténticos mercantilistas echándole en cara a la Corona no invertir el Tesoro americano que llegaba a España en actividades productivas: agricultura, ganadería e, incluso, algunos avanzados como el “grupo de Toledo” con Sancho de Moncada o Jerónimo de Ceballos proponían la inversión en industria. La queja estaba más que justificada, la Corona destinaba el oro y la plata que llegaban del Nuevo Mundo a pagar deudas de guerra y a comprar bienes de lujo en Inglaterra y Flandes, de manera que no repercutían en la mejora de la situación económica en España y generó una inflación que, además, trasladamos a esos países a los que comprábamos y al resto de Europa.

Pero Sancho de Moncada y los arbitristas españoles también defendían medidas para evitar la falta de metal amonedable, evitar la preponderancia de los extranjeros en el comercio español y defendieron el proteccionismo. Justo las medidas de política económica mercantilistas que tanto daño hicieron a las naciones de la época. La pérdida de valor de la moneda causada por la abundancia de metal era lo que generaba la inflación reinante y, por tanto, la pérdida de poder adquisitivo, ya que no se invertía en una mayor actividad económica. El control estatal del comercio, la concesión de privilegios, fueron medidas que causaron severos daños a los países que pusieron en marcha estas políticas. Puede parecer que proteger las exportaciones nacionales frente a los productos extranjeros es hasta “patriota” pero la lógica económica, que no siempre es obvia, nos muestra que es el libre comercio lo que genera crecimiento económico, como argumentaron desde Hume y Adam Smith hasta los economistas más prestigiosos de nuestros días.

Aunque hay enormes diferencias entre la Corona de los siglos XVI y XVII y el Estado español actual, sí podemos hacer un esfuerzo y analizar la pauta de comportamiento de ambos. Y, efectivamente, el doble rasero se repite.

En la presente recesión nos encontramos con un Estado profundamente endeudado, que reclama liquidez endeudándose más aún, exactamente igual que la Corona de entonces mantenía el Imperio a golpe de deuda. En la España del siglo XXI vemos que muchos economistas reclaman inversión pública en el sistema productivo, que ha quedado maltrecho tras el “pinchazo” de la burbuja inmobiliaria, una inversión que supondría un privilegio para el sector o los sectores que se pretenden primar. Y a la vez, se demanda que el Estado siga regando de dinero a los bancos, a las empresas, al sistema.

Básicamente es el mismo esquema del siglo XVI-XVII: privilegios e intervención. Se ha demonizado al empresario que busca el lucro, excepto si es una gran empresa afín al poder. Se penaliza el ahorro y se prima el endeudamiento de las instituciones financieras jugando con los tipos de interés del BCE y los tipos impuestos por los bancos. Se reclama que no se recorten gastos, sin caer en la cuenta de que esos bienes y servicios podrían proveerlos de manera más eficiente de otra manera. Y se reclama, a la vez, que no se suban los impuestos, lógicamente, porque repercute en el poder adquisitivo de la población.

Somos un pueblo mercantilista, que tiene un gobierno mercantilista, sea de un partido, sea de otro partido. Tal vez sea la hora de retomar las lecturas de los economistas liberales que desmontaron las políticas mercantilistas y cuyas teorías económicas permitieron la recuperación de Europa.

Welcome to fabulous Eurovegas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La mayoría de noticias o comentarios que he podido leer o escuchar acerca del futuro macrocomplejo de ocio y turismo de negocios proyectado sobre unas 200 hectáreas, y que han dado en llamar Eurovegas, están trufados de prejuicios hacia dicha inversión.

Las cifras que envuelven el futuro Eurovegas son sin duda intimidantes: 16.900 millones de euros de inversión, 12 hoteles de unas 40 alturas y 36.000 habitaciones en total, seis casinos con más de mil mesas de juego, 15.000 máquinas recreativas, decenas de restaurantes, centenares de tiendas, un centro de convenciones de 15.000 butacas, tres campos de golf, nueve teatros y un estadio deportivo para 17.000 espectadores. Promete ser también base permanente del Cirque du Soleil en Europa. Como consecuencia de ello, se prevé crear un par de centenares de miles de contratos nuevos de trabajo en una década.

El propietario principal del grupo Las Vegas Sands, Sheldon Adelson, que acometerá dicha inversión posee hace años explotaciones de este tipo en las Vegas, Macao y Singapur. Pretende hacer de Eurovegas la coronación de su trayectoria empresarial. Sólo le queda decantarse antes de este verano por la ciudad de Barcelona (en la zona de Viladecans, cerca del mar) o por la de Madrid (en la zona de Vallecas o bien en Alcorcón) para radicar su macro complejo. Eso ya es en sí una excelente noticia.

Es cansino leer u oír las consabidas críticas a dicha iniciativa: que si fomentará la ludopatía, el vicio, la prostitución, el tabaquismo, el delito, las mafias. Que no será una inversión productiva en I+D, se aplicarán leyes laborales a la americana, pide descaradas ventajas fiscales, no tendrá suficientes externalidades positivas, habrá una transferencias de rentas o trato de favor por parte de los poderes públicos. El magnate norteamericano es además de origen judío, financia el partido republicano y, lo peor, apoya a organizaciones pro Estado de Israel. Pocas veces la colección de enquistadas fobias patrias de moralistas, puristas, conservadores, progresistas, izquierdistas, ecologistas, judeófobos, sindicalistas, anticapitalistas y anti-lucro se han reunido tan cabalmente frente a un único proyecto.

Va a ser la inversión privada más importante hasta la fecha realizada en Europa y, por ello, será necesariamente rompedora en muchos aspectos. Echo en falta un análisis más sosegado y menos suspicaz sobre este asunto. Sólo los recientes comentarios de Carmelo Jordá en LD y Gonzalo Bernardos en Expansión parecen romper sin complejos la monótona salmodia de críticas previsibles e indignadas con las que nos desayunamos habitualmente.

De todas las numerosas exigencias del magnate Adelson, las dignas de reproche son en realidad las referentes a la petición de exclusividad (10 años), las tendentes a cercenar la competencia, así como su pretensión de instar a la administración a expropiar terreno privado y a crear una Comisión regional del juego a imagen y semejanza de la existente en Nevada (eso me suena a que quiere prevalerse de ella en perjuicio de otros agentes futuros que puedan aparecer). El resto, si se circunscriben sólo a dicho espacio físico ¿por qué no?

Pero lo más interesante de todo esto es que empieza a reconocerse y a aceptarse por parte de las tres administraciones involucradas algo que va mucho más allá de una mera zona franca. Estaríamos hablando de crear en España una especie de isla o excepción legal dentro de un recinto determinado en materia no sólo fiscal sino laboral, sanitaria, urbanística, procesal y regulatoria cuando se traspase sus lindes. Éste tendría sus propias normas sin desvincularse por completo –como es lógico y natural- del entorno jurídico e institucional nacionales donde radicase dicha inversión (independientemente de cuál será la ciudad agraciada para acogerla). Muchas otras normas jurídicas y de convivencia comunes seguirían plenamente en vigor dentro de dicho espacio de ocio y de negocios.

Sería una especie de zona jurídica singular dentro de un territorio soberano y uniformador como es el Estado por definición. En cierta forma ya se aceptó a menor escala dicha anomalía cuando se erigió Eurodisney en París o Port Aventura en Tarragona. Ahora se trataría de profundizar aún más en dicha dirección y esperar a que se replique el ejemplo en otras partes del mundo con otro tipo de actividades e inversiones.

Sin darme cuenta, regresan a mi memoria las cartas pueblas para la repoblación de ciertas zonas deshabitadas de la Península, también intento visualizar las pequeñas y dinámicas ciudades medievales con sus propios estatutos o fueros de derechos y privilegios que se desligaron del entorno feudal que las circundaba y que les permitieron crecer y prosperar. Dando un salto, me viene el recuerdo del más del millar de zonas económicas especiales ya existentes repartidas por el globo para atraer inversión extranjera, también la imagen del recinto de Walt Disney en las afueras de Orlando o la interesante charla TED del economista Paul Romer y su conjunto de normas diferenciadas del país de acogida para cambiar sus normas viejas sólo en un determinado enclave de libre acceso y salida. También medito sobre las ciudades charter presentes y futuras y la irrefrenable capacidad de acción e innovación del ser humano cuando existen los incentivos adecuados.

Como ven, mi imaginación echa a volar antes de que cualquier espécimen de neo-inquisidor comunitario pretenda sujetarla.