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España, déficit constitucional de libertad de expresión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

En España se suele hacer referencia al artículo 20 de la Constitución de 1978 para dejar constancia de que la libertad de expresión está garantizada legalmente. Sin embargo, cabe plantearse si esta idea responde realmente a la realidad. Para ello, puede resultar conveniente hacer un análisis crítico de esa parte de la Carta Magna. Dada la extensión de dicho artículo nos limitaremos a las partes referidas directamente a la libertad de expresión (sin incluir las que se refieren a la libertad de cátedra o de creación artística o científica).

El punto 1. A. reconoce el derecho:

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

El 1. D se reconoce el derecho:

A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

El punto 2 dice que:

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

Los puntos finales del artículo son:

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Lo único que se puede "expresar y difundir libremente" son "pensamientos, ideas y opiniones", pero no información. De esta, se especifica que tiene que ser "veraz". La inclusión de esta palabra tiene unas consecuencias que, con una lectura restrictiva del texto constitucional, pueden ser peligrosas. Así, un juez podría considerar que no está protegido equivocarse al dar una noticia o incluso darla de forma correcta cuando se tienen unos datos que se creen completos, pero resultan parciales y que requiere una modificación posterior de la información. Un ejemplo trivial, pero evidente, sería que un locutor al gritar "gol" al transmitir un partido de fútbol y después el árbitro anulara el tanto. La información no habría resultado veraz, puesto que para ser considerada como tal se tendría que haber esperado a que se confirmara que dicho gol fuera válido.

Aunque se prohíbe la censura previa y se establece que el secuestro de publicaciones sólo puede ser acordado por un juez, no impide otro tipo de castigos a posteriori a quienes hayan dado informaciones "no veraces", lo que implica graves riesgos. Así, durante los últimos años ha habido propuestas para imponer sanciones por medio de órganos de control controlados por sindicatos, políticos y asociaciones de la prensa o, incluso, hemos visto actuaciones en este sentido por parte del Comité Audiovisual de Cataluña o el Ministerio de Industria (este último impuso, por una pieza de auto promoción de bastante mal gusto, una multa de 100.000 euros que después fue, afortunadamente, anulada por los jueces).

Añadamos a esto las limitaciones contempladas en el punto 4, como el derecho al honor, y vemos cómo la libertad de expresión en España dista de ser total. De hecho, muchos medios y profesionales han sido condenados por delitos de injurias y atentado contra el honor, incluso contra personas jurídicas. Y eso sin tener una legislación tan restrictiva como permitiría la Constitución.

A lo anterior esto se suma toda una serie de restricciones que, si bien no están contempladas en la Carta Magna, están recogidas en normas de menor rango y que constriñen el derecho tanto a emitir información como a recibirla. Especialmente sangrante es todo lo referido a los periodos electorales, con la prohibición de publicar encuestas durante los días previos a los comicios, o la obligación impuesta a las televisiones privadas para que las informaciones sobre los distintos partidos sean proporcionales a su representación en las instituciones para las que se eligen representantes.

España sufre, por mucho que desde hace décadas traten de convencernos de lo contrario, un grave déficit constitucional en la garantía de la libertad de expresión. Y nadie parece demasiado interesado en denunciarlo.

¿Y el salario mínimo, qué?

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Ya conocemos los detalles de la última reforma laboral llevada a cabo por el gobierno. Me sigue pareciendo insuficiente, y más después de la deriva comunista de sus medidas en cuanto a subidas de impuestos al trabajo, renta y vivienda.

El mercado de trabajo sigue siendo rígido. Considero, no obstante, que al menos se ha avanzado en que las empresas sean capaces de adaptar rápidamente sus estructuras productivas cuando existen cambios en la oferta y la demanda, ya que el despido objetivo permite a los empresarios despedir a trabajadores por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción.

En cualquier caso, estas medidas son totalmente insuficientes por sí solas para solucionar el problema del desempleo en España.

Una medida que se debería tomar urgentemente si no queremos llegar a los 6 o 7 millones de parados es la eliminación del salario mínimo. Y más, teniendo en cuenta que los verdaderos perjudicados son los trabajadores poco cualificados: jóvenes, inmigrantes, personas sin estudios. Precisamente las personas que en estos momentos están en paro y tienen verdaderas dificultades en encontrar uno nuevo.

Me explico. ¿Qué determina el sueldo de un trabajador? Su productividad. No hay ninguna otra razón. Si un trabajador produce 20€ a la hora, su sueldo no podrá ser superior nunca a 20€. De lo contrario, la empresa tendría que cerrar porque mantener al trabajador produce pérdidas.

¿Qué implicaciones tiene la explicación anterior? Pues simple y llanamente, que nunca se nos pagará un sueldo superior a nuestra productividad.

Y este es el motivo por el cual el salario mínimo perjudica a los trabajadores menos cualificados. ¿Por qué? Porque elimina su única arma para competir contra otros trabajadores más cualificados: ofrecer su trabajo a un precio más bajo.

Los trabajadores pueden competir por un puesto de trabajo de dos maneras: ofreciendo una productividad más alta por el mismo salario o aceptando un salario más bajo por realizar el mismo trabajo. Las leyes de salario mínimo hacen que los empresarios sólo puedan discriminar por criterios de productividad, lo cual deja automáticamente en situación de desempleo a jóvenes e inmigrantes.

¿Haría la ausencia de salarios mínimos que los salarios tendieran a cero? De ninguna manera. En el medio plazo, productividad (producto marginal) y salario tienden a igualarse. Esto es debido a que el trabajo es una mercancía y, por tanto, es escaso. Lo que hará que otros empresarios quieran optar a tener ese trabajador. Si el trabajador del ejemplo anterior cobrase 12€, otros empresarios no tardarían en ofrecerle 13, 14 o 15€ para que trabajase para ellos ya que produce mucho más de lo que cuesta. Así hasta llegar a 20€, que es su límite de productividad.

La idea de que los empresarios se unirían a modo de conspiración contra los trabajadores para pagar sueldos cada vez más bajos es ridícula y se aleja de la realidad. El salario (o contribución salarial) sólo se puede determinar por mecanismo de mercado. Ni lo pueden determinar unilateralmente los empresarios, ni lo pueden establecer coactivamente políticos y sindicatos.

Si esto no se quiere entender y se continúa manteniendo el salario mínimo en base a falsas justicias y derechos sociales, nuestro único futuro laboral será el desempleo masivo y crónico.

Amantes de la libertad

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Sin entrar a valorar la teoría randiana de que el amor es una emoción egoísta, cabría preguntarse por qué hay quienes prefieren odiar antes que amar los frutos que engendra la libertad humana.

El juego electoral conduce inevitablemente a la sentimentalización de la política y en no pocos casos nos obstinamos en racionalizar con sesudos argumentos la causa de la libertad. Las mayorías se mueven por las pasiones que desatan algunas ideas y con ellas se legislan realidades que nos afectan a diario. Mil argumentos pueden ser rebatidos por una sola emoción, empatizar con el débil puede llevar a las masas a legislar para ayudar a quienes lo necesitan sin cuantificar ni tener en cuenta las consecuencias no deseadas que eso puede llevar. No es el mercado el que produce unas externalidades insalvables sino que el propio mercado, en un movimiento perpetuo, se abre a las necesidades que en cada momento la gente demanda. Sin esperar cuatro años para votar ni maniobrar en el molde estrecho de estas o aquellas siglas políticas.

Ningún gobierno genera riqueza, los empresarios han hecho más que cualquier político por mejorar nuestras vidas al innovar y prever nuestras necesidades futuras. Más allá de la filantropía, esos beneficios sociales generados por el capitalismo que se redistribuyen entre todos son la consecuencia de la libertad. En palabras de Adam Smith, "no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas".

No es tanto el amor al prójimo como a uno mismo el que nos hace trabajar cada día con la voluntad de mejorar y competir. Nuestras pasiones nos motivan y nos hacen mejores, aquello que producimos revierte en ganancia social que otros disfrutarán sin que nosotros les tuviéramos siquiera en mente. Cuando ahorramos acumulamos capital que más tarde podremos invertir en una empresa que generará beneficios y tendrá empleados; o simplemente con nuestro consumo enriqueceremos al panadero que se levanta cada mañana para hacer el pan. No porque quiera darnos de comer como un gobierno paternalista sino para mejorar y, por poner un ejemplo, crear una cadena de panaderías que conseguirá que más gente tenga acceso a ese pan recién hecho y a un precio más barato. Es un supuesto, pero como este hay millones, desde los coches que utilizamos para desplazarnos a diario hasta los aviones que nos permiten recorrer distancias antaño inabarcables cada vez por menos dinero, pasando por los ascensores que nos permiten optimizar el suelo con viviendas más baratas. La escasez de recursos solo tiene un límite, la capacidad innovadora de los emprendedores, que no es otra que amor a sí mismos y a sus capacidades.

El liberalismo es un canto al amor, a uno mismo y a los demás. Porque todo lo que se hace mediante coacción no puede ser amor, como los impuestos no son contribuciones voluntarias sino una parte de nuestra productividad que el Estado requisa. El capitalismo no se basa en una falsa solidaridad en la que ayudamos al prójimo con el dinero ajeno para limpiar nuestra conciencia sino que consigue que, sin ser su objetivo, la vida de millones de desconocidos pueda ser mejor o sean más felices. A esto cabría añadir la dimensión solidaria del ser humano capaz de ayudar al necesitado de forma desprendida con sus propios recursos sin necesidad de que nadie le obligue a ello. Hay quienes pretenden legislar incluso sobre el amor pero mejor nos iría si actuásemos como verdaderos amantes de la libertad. Porque es buena en sí misma y porque sus consecuencias también son positivas.

Garantías procesales y Estado de Derecho

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Un Estado de Derecho, digno de tal nombre, requiere que el poder judicial funcione de modo estrictamente independiente de los políticos y, por tanto, debe operar con certidumbre sobre las garantías procesales de los acusados.

Sin embargo, desde que el partido socialista (PSOE) logró la aprobación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sus artículos 111 a 116 aseguraron la muerte de Montesquieu mediante la selección política de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, lo que, como órgano de dirección de los jueces, deja a los jueces con cargos más importantes sujetos a los caprichos y la presión política de los poderes ejecutivo y legislativo.

Independencia Judicial

Sorprendentemente, el actual Ministro de Justicia parece dispuesto a terminar con más de 25 años de carencia de independencia judicial "real" en España, lo que constituye una de las causas principales que permiten el deterioro del marco institucional y el aumento generalizado de las prebendas políticas y de los casos de corrupción, tráfico de influencias y prevaricación.

Sería de agradecer que el Ministro no se olvide en su futura reforma de dotar de independencia judicial al Tribunal Constitucional, dado que es el órganismo judicial que más daño está haciendo a la democracia en España al validar la involución nacionalista por medio de polémicas sentencias que pueden calificarse de "políticas" por tener origen en un proceso "subjetivo" de selección y nombramiento de los miembros del TC. Y, especialmente, porque validan: desde un Estatuto de Autonomía "inconstitucional" (1) que destruye el principio de igualdad ante la ley (2) hasta la actuación como tribunal de apelación (3), corrigiendo al Tribunal Supremo (4) y admitiendo una candidatura de la coalición electoral Bildu (5); lo que posibilita el uso del sistema democrático por parte de mafias terroristas y el triunfo de la coacción y la violencia sobre los ciudadanos de bien, para guiar España hacia una segunda transición con un posible referéndum separatista.

En todo caso, desde el mundo liberal se observa con agrado que se pretenda dotar de independencia al Consejo General del Poder Judicial, de modo que sean los propios jueces los que elijan sus órganos directivos si bien, puestos a dotar de independencia al poder judicial, tal vez convendría sopesar la posibilidad de celebrar elecciones de jueces para que sean los propios ciudadanos los que elijan a los profesionales que dictarán autos y sentencias judiciales, tal y como se hace en muchos estados federales de los Estados Unidos de América.

Garantías procesales en España

Como consecuencia de que hayan proliferado jueces con "filiación" a un partido, se viene produciendo un enfrentamiento soterrado entre dos tipos de jueces y entre dos concepciones de la realidad judicial, una política y medradora, y otra profesional e independiente.

Por un lado, encontramos aquellos jueces y fiscales que creen que deben "ensuciar la toga con el polvo del camino" y que mantienen una vinculación (o "filiciación"), directa o indirecta, con determinados partidos políticos para perseguir objetivos de una determinada ideología, ya sea socialismo, ya sea nacionalismo o bien, simplemente, para medrar profesionalmente hacia los órganos superiores de la magistratura.

Y, por otro lado, encontramos los jueces y fiscales loables e íntegros que han mantenido su independencia frente a las presiones políticas a pesar de que, en cierta medida, les haya supuesto lastrar su carrera profesional frente a un CGPJ politizado desde el año 1985. Por lo general, estos profesionales independientes intentan sujetar a la Ley todas sus actuaciones judiciales y respetan escrupulosamente las garantías procesales de los acusados para que se realice una justa e imparcial administración de la justicia.

Entre las garantías procesales de un Estado de Derecho, digno de tal nombre, se encuentran el derecho a la asistencia letrada y el derecho a la privacidad en las comunicaciones entre letrado y cliente, así como el derecho a la tutela judicial que establece el artículo 53 de la Constitución Española de 1978, el derecho de acceso a una interpretación y una traducción gratuitas, el derecho a la asistencia consular, el derecho a la admisibilidad de las pruebas…

Pues bien, alcanzar una sociedad abierta y dinámica con un grado de evolución sociocultural avanzado requiere instituciones respetuosas con los derechos civiles de los ciudadanos y, por tanto, requiere que el poder judicial sea independiente de las presiones políticas y respete siempre las garantías procesales de un acusado en su búsqueda de la constatación de un hecho punible para dictar la imposición de una pena.

La sentencia nº 79/2012 de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo por la que ha sido condenado Baltasar Garzón por un delito de prevaricación ha supuesto un soplo de aire fresco en el enrarecido panorama judicial de España al consagrar el carácter "nuclear" del derecho de defensa lo que resulta esencial para proteger la libertad de los ciudadanos. Dice así:

  • Página 41-42: "… la pretensión del Estado, en cuanto a la persecución y sanción de conductas delictivas, sólo deber ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos de un Estado de Derecho. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la verdad, incluso suponiendo que se alcance, no justitica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia" […] "el derecho de defensa, como derecho reconocido a cualquier imputado, resulta esencial, nuclear, en la configuración del proceso".
  • Página 44-45: "… Es fácil entender que, si los responsables de la investigación conocen o pueden conocer el contenido de estas conversaciones, la defensa pierde la mayor parte de su posible eficacia […] Basta, pues, con la escucha, ya que desde ese momento se violenta la confidencialidad, elemento esencial de la defensa" […] "sufrirían reducciones muy sustanciales otros derechos relacionados. En primer lugar, el derecho a no declarar […] "En segundo lugar, el derecho al secreto profesional" […] "En tercer lugar, el derecho a la intimidad".
  • Página 58: "En la jurisprudencia de esta Sala no aparece un caso similar en el que, sin indicio alguno contra los letrados, se haya procedido por el juez instructor a escuchar y grabar las comunicaciones entre los mismos y sus defendidos en el centro penitenciario en el que éstos se encuentran privados de libertad".

Investigación de la Verdad en el 11M

Sin embargo, contrasta con la calidad y la pulcritud de la Sentencia nº 76/2012, el Auto 194/12 de la Audiencia Provincial de Madrid por el que "se decreta el sobreseimiento libre de la causa por constituir la misma cosa", aunque sea susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Evidentemente, se acata dicho auto judicial pero, sin embargo, parece como si se estuviese intentando interponer una barrera de ingeniería judicial para parar de un plumazo los evidentes progresos de la investigación (a)(b)(c)(d) que ha realizado la juez Coro Cillán a la que, casualmente, le ha ocurrido de todo en los últimos meses (1)(2)(3)(4).

Desde luego, parece que una parte importante de la casta político judicial no está interesada en que se conozca la verdad sobre la destrucción de las pruebas en el atentado del 11M, sin darse cuenta que está en juego la propia credibilidad de las autoridades e instituciones judiciales y, por tanto, la propia viabilidad del Estado de Derecho en España.

La cosa juzgada es un concepto jurídico que, si se aplica inadecuadamente, podría permitir cubrir la investigación de la jueza Coro Cillan con una gruesa capa de polvo de archivo para así proteger las resoluciones adoptadas por otros órganos judiciales, aunque pudieran existir graves errores e incógnitas en la investigación y, por tanto, en el juicio del atentado del 11M. 

Muchos ciudadanos observamos con estupor y con preocupación que, en este caso, no se esté aplicado correctamente el concepto de cosa juzgada o non bis in idem que requiere que se trate de un mismo sujeto, un mismo hecho y un mismo fundamento jurídico. 

Esperemos que los jueces del Tribunal Supremo resuelvan anular el Auto 194/12 por aplicar erróneamente el principio de non bis in idem y, por tanto, se reactive la investigación de la jueza Coro Cillan, porque de ello dependerá que los ciudadanos españoles sigan confiando siquiera un poco en la justicia de este país.

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Hitler y Che Guevara, dos caras de la misma moneda

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 10 comentarios en Hitler y Che Guevara, dos caras de la misma moneda

Resulta del todo aberrante observar cómo, a día de hoy, la izquierda aún sigue aseverando las bondades del comunismo, cuyo triunfo condenó a muerte a más de cien millones de personas -sólo de forma directa-. El último ejemplo de tal barbarie propagandística tuvo lugar recientemente en Ecuador, donde la Asamblea Nacional aprobó una resolución para condenar el asesinato del terrorista Ernesto Che Guevara. Más allá de esta anécdota, lo trágico de la cuestión radica en que multitud de jóvenes, políticos e intelectuales continúan alabando las virtudes de esta ideología totalitaria y genocida al tiempo que braman con total soltura su espíritu "antifascista" cuando, en realidad, comunismo, fascismo y nazismo configuran un frente común. Son, en esencia, manifestaciones diversas del pensamiento anticapitalista más extremo.

En este sentido, uno de los aspectos más llamativos y contradictorios de estos movimientos de izquierda radica en su total ignorancia respecto al ideario nacionalsocialista, que guarda numerosas similitudes con el comunismo. Ambos aspiran a construir la sociedad desde cero -para lo cual es preciso derribar los cimientos de las instituciones existentes-; un mundo nuevo que, a modo de paraíso utópico, dará origen a un hombre renovado (raza aria vs proletariado); cuya voluntad individual carecerá ya de sentido, pues quedará diluida bajo el "bien común" que representa el espíritu del pueblo (léase Estado). Así pues, el eje vertebrador de comunistas y nazis es, ni más ni menos, que la idolatría del socialismo.

Hitler y Lenin perseguían un objetivo común: erradicar la libertad individual y el capitalismo. El primero mediante una visión nacionalista basada en la lucha de razas, y el segundo a través una perspectiva internacionalista sustentada en la lucha de clases. Luciano Pellicani, en su obra Lenin y Hitler, los dos rostros del totalitarismo, desentraña a la perfección el denominador común de ambas ideologías. Así, basta con observar los alegatos anticapitalistas de los líderes nazis para comprobar el germen puramente socialista del totalitarismo germánico.

Adolf Hitler:

La lucha más fuerte no debía hacerse contra los pueblos enemigos, sino contra el capital internacional. La lucha contra el capital financiero internacional era el punto programático más importante en la lucha de la Nación alemana para su independencia económica y su libertad […]

En la medida en que la economía se adueñó del Estado, el dinero se convirtió en el Dios que todos tenían que adorar de rodillas […] La Bolsa empezó a triunfar y se dispuso lenta pero seguramente a someter a su control la vida de la nación […] El capital debe permanecer al servicio del Estado y no tratar de convertirse en el amo de la nación.

Tampoco después de la guerra podremos renunciar a la dirección estatal de la economía, pues de otro modo todo grupo privado pensaría exclusivamente en la satisfacción de sus propias aspiraciones. Puesto que incluso en la gran masa del pueblo todo individuo obedece a objetivos egoístas, una actividad ordenada y sistemática de la economía nacional no es posible sin la dirección del Estado.

Yo no soy sólo el vencedor del marxismo sino también su realizador. O sea, de aquella parte de él que es esencial y está justificada, despojada del dogma hebraico-talmúdico. El nacionalsocialismo es lo que el marxismo habría podido ser si hubiera conseguido romper sus lazos absurdos y superficiales con un orden democrático.

Joseph Goebbels:

Nosotros somos socialistas […] somos enemigos, enemigos mortales del actual sistema económico capitalista con su explotación de quien es económicamente débil, con su injusticia en la redistribución, con su desigualdad en los sueldos […] Nosotros estamos decididos a destruir este sistema a toda costa […] El Estado burgués ha llegado a su fin. Debemos formar una nueva Alemania […] El futuro es la dictadura de la idea socialista del Estado […] Ser socialista significa someter el Yo al Tú; socialismo significa sacrificar la personalidad individual al Todo.

S.H. Sesselman (líder el partido nazi en Munich):

Nosotros somos completamente de izquierda y nuestras exigencias son más radicales que las de los bolcheviques.

Gregor Strasser (presidente del Partido nazi entre 1923 y 1925, mientras Hitler estuvo encarcelado):

Nosotros, jóvenes alemanes de la guerra, nosotros revolucionarios nacionalsocialistas, desencadenamos la lucha contra el capitalismo.

El programa político nazi incluía la "eliminación de las ganancias" y de la "esclavitud del interés", la "estatalización" de empresas estratégicas y la "expropiación" forzosa, sin indemnización, de la propiedad privada. De este modo, si bien el régimen nazi no nacionalizó todos los medios de producción, puso la economía al servicio de los intereses del Estado, bajo amenaza de duras penas y castigos (expropiación, cárcel, trabajos forzosos y condena a muerte). No en vano, tal y como razonaba la cúpula nazi, "¿qué necesidad tenemos de socializar los bancos y las fábricas? Nosotros socializamos los seres humanos".

Así, no es extrañar que el último canciller de la República de Weimar, el general Kurt von Schleicher, advirtiera que el programa nacionalsocialista "apenas era distinto del puro comunismo". De hecho, muchos de los que engrosaron las filas de las temidas SS y SA procedían de las filas comunistas, siendo su fin último el bolchevismo.

Visto lo visto, y puesto que los nazis combatieron tanto o más que los comunistas el malvado capitalismo, me pregunto por qué Ecuador no condena igualmente el asedio de las potencias aliadas al régimen de Hitler… O bien por qué los jóvenes antisistema, ya de paso, no plasman el rostro del Führer sobre camisetas rojas con una esvástica de fondo, al más puro estilo Che Guevara. ¿A qué viene esta discriminación si, al fin y al cabo, Hitler y el Che perseguían el mismo fin empleando, además, medios tan similares?

La peligrosa complicidad brasileña con la dictadura cubana

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

En efecto, la presencia de la mandataria brasileña, pese a las expectativas que en un primer momento había levantado, supuso finalmente un apoyo para el régimen de los hermanos Castro. El mayor ejemplo de esta tesis es que no se reunió con ningún representante de la oposición.

¿A qué viene jugando Brasil? La etapa final de Lula da Silva en el gobierno se caracterizó por la consolidación de una serie de relaciones contra-natura con socios nada fiables, de entre los que sobresalió Irán, a quien facilitó su penetración en el continente latinoamericano, sin olvidar el apoyo que ofreció a Manuel Zelaya, peón del Chavismo en Centroamérica. Asimismo, bajo el liderazgo en exteriores de Celso Amorim, acrecentó su presencia en el panorama internacional, asumiendo para ello algunas de las credenciales más características de los gobiernos populistas en América Latina.

El milagro económico brasileño, más coyuntural que estructural (al respecto, el endémico problema de la inseguridad ciudadana se mantiene, pese al maquillaje mediático que hace el gobierno, lo mismo que los elevados índices de pobreza y marginalidad), está siendo utilizado por sus gobernantes como un cheque en blanco de cara a asumir mayores cuotas de protagonismo en el escenario internacional. Ello se ha traducido en que en un buen número de ocasiones ha actuado como juez y parte, poniendo una vela a Dios y otra (u otras) al diablo.

El último ejemplo de esta afirmación lo hemos visto en la reciente visita de Dilma Rousseff a Cuba. Primero tuvo un guiño hacia Yoani Sánchez, pero cuando llegó a la Isla, practicó una mal entendida "Realpolitik" que fue instrumentalizada por el Castrismo. Así, bajo la premisa de que sólo se tratarían temas comerciales, primero dotó a la dictadura cubana de una fuerza económica como socio de la que carece. Segundo, y en íntima relación con la idea anterior, le otorgó una bocanada de aire fresco que, evidentemente, no desaprovechó.

En este punto cobran especial relevancia las desafortunadas palabras de Antonio Patriota. El Ministro de Exteriores, tan estoico tiempo atrás hacia Ahmadineyad, cayó en la más barata de las demagogias cuando aludió a Guantánamo como ejemplo de vulneración de derechos humanos, eludiendo de ese modo efectuar condena alguna al comunismo cubano. Más que de independencia de juicio fue de cobardía de lo que hizo gala Patriota.

Mientras tanto, en la Isla-cárcel se siguen produciendo detenciones arbitrarias, juicios sin las mínimas garantías para los procesados y, lo que es peor, el régimen deja morir a los presos políticos. El último de ellos fue Wilman Villar, pocos días antes de que llegara Dilma Rousseff. Salvo contadas excepciones (como las del gobierno español a través de Soraya Sáenz de Santamaría), la tónica general fue la ausencia de reproches. Al respecto, el sentir generalizado es percibir a Raúl Castro como un reformista ¿? y apostar por la tan manida frase de que el cambio en Cuba tiene que hacerse poco a poco y desde dentro. La combinación de ambas apuestas simplemente alimenta el victimismo castrista, que podría recibir un buen empujón si se produjera una victoria republicana en Estados Unidos, no perdamos de vista este último detalle.

Y si Rousseff obró así, ¿qué podríamos esperar de la última reunión del ALBA? Obviamente, más radicalización, si cabe, en forma de amenazas. Así, los Morales, Chávez, Ortega y Correa (especialmente este último) apuestan por boicotear al próxima cumbre de la OEA si Cuba no es invitada.

En Caracas pudimos ver la enésima manifestación de izquierdismo rancio y trasnochado por parte de dirigentes que siguen la estela del comunismo cubano y para los que esa dictadura de 50 años es el modelo. El referente ideológico subvencionado (Raúl Castro) les dio las gracias. Se invierten las tornas y si en los 80 era Cuba quien patrocinaba "la Revolución" en América Latina y África, ahora es ella la que recibe la pensión no tanto por jubilación, porque sigue viva y coleante, sino por los servicios prestados.

Externalidades negativas (o no)

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

La fábrica que vierte sus desechos al río, o el almuédano y el sacerdote que invaden con sus llamadas a los no creyentes, son, entre otros muchos ejemplos, casos de externalidades que resultan negativas para cualquiera o son percibidos como tales por determinadas personas.

Partimos, como siempre, de que tanto los fines de la acción humana como los medios para alcanzarlos son considerados desde el punto de vista del individuo, es decir, invariablemente desde su subjetividad. Partiendo de ahí, cualquier externalidad producida desde las propiedades y desde la libertad de su titular ha de tratarse observando cómo afecta a la propiedad de quienes han de sufrirla.

Por lo general las externalidades suelen recaer sobre los bienes comunales. Cuando no es así, la definición de las responsabilidades resulta fácil de establecer a la luz de la legislación vigente en materia de derechos de propiedad. Pero ¿qué ocurre cuando estamos ante el primer caso? Sucede, sencillamente, que el problema es irresoluble.

En la gestión del río contaminado por la empresa, dado que las aguas son "de todos", solamente queda que el estado, esto es, los gestores del mismo, utilicen su poder coactivo para imponer a la empresa unas reglas de juego. Dado que es así, ¿cuáles han de ser estas? Lo que ocurre en este caso es que el estado forma sus decisiones a la luz de un ente metafísico denominado "interés general" que solo los políticos definen en cada momento al albur de los grupos de presión que, invariablemente, influyen en él.

La empresa contaminadora hará sus vertidos o los evitará según las decisiones subjetivas de los responsables políticos. El interés de estos en una u otra decisión depende de cada momento, y cada uno de estos instantes cae bajo la misma categoría de "interés común". Si el capital acumulado para evitarlo y/o la capacidad coactiva del gobierno son bajos, la empresa contaminará; si no es así y, además, hay grupos de presión en sentido contrario, se sancionará o se cerrará.

Los casos de los jefes religiosos llenando las calles y las casas particulares con sus altavoces o campanas también son externalidades. Estas pueden ser positivas para sus fieles o para quienes los toleran, y negativas para quienes no. La audición de sus emisiones por las calles tiene que ver con que se trata de bienes comunes, y solo el juego de presiones sobre el poder resuelve provisionalmente el tema. Escuchar, por el contrario, los altavoces o las campanadas en las propiedades privadas de quienes no quieran someterse a eso es un caso de externalidad negativa como la de la propiedad privada ensuciada por el vecino, sea desde su domicilio o desde su fábrica.

Podría decirse que la tecnología no alcanza para, en el caso de los religiosos que quieren hacerse notar, internalizar los efectos de sus llamadas, pero no es cierto. Existen modos disponibles de hacerlo y no se hace. No se hace porque aún existe una insuficiente definición de los derechos de propiedad. No se considera que los bienes comunes nunca son tales en tanto haya un individuo dentro de sus propiedades que rechace consumirlos. En ese caso, la correcta consideración de dichos derechos obliga a quien externaliza a adoptar tecnologías acordes.

Y si no las hubiera disponibles, da igual: la presión por proteger los derechos de la propiedad legítima incentiva la creatividad empresarial para producir las tecnologías adecuadas. Si no, véase el caso del alambre de espino en el oeste americano en la época de su conquista.

No es lo que ganas, es lo que produces

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Con el desmesurado aumento del IRPF realizado por el gobierno de Mariano Rajoy, se ha avivado el debate sobre este impuesto. Es muy típico escuchar un razonamiento que en un primer momento convence a bastantes personas; consiste en esgrimir que cuanto más porcentaje de tus ingresos te quite Hacienda, más contento deberías estar porque significa que aun así ganas mucho.

A saber, si a mí Hacienda me quita el 50% de 100.000 euros, significará que ingreso 50.000, y por tanto que tengo unos ingresos muy superiores a una persona a la que sólo le quiten el 20% del 20.000, y por tanto se quede 16.000 €.

Lo que se intenta con semejante lógica es equiparar el sueldo a algo que se encuentra uno por fortuna (como al que le toca la lotería) y por tanto sólo un codicioso o un amargado se enfurecería por perder un pico de su buena fortuna siempre que le quede suficiente de ésta como para superar a otros más desdichados (lo que es curioso porque precisamente los premios de la Lotería Estatal están libres de impuestos…).

Pero hete aquí que el salario no es el premio de ninguna lotería, ni un fajo de billetes que te encuentras por la calle. A las personas, con las excepciones que se quieran, se les paga por su capacidad de producir. Si una persona es capaz de producir 100 unidades de un producto al día, su empleador le pagará en relación a esa productividad, y por tanto si el Estado le quita la mitad de su sueldo, en realidad le está quitando la mitad de lo que produce o, lo que es lo mismo, le está esclavizando durante la mitad de su jornada laboral.

Lo que hace el Estado al fin y al cabo es esclavizar en mayor proporción a aquellas personas que más productivas son. En otras palabras: está penalizando la productividad.

A los que utilizan el argumento de marras no les entra en la cabeza algo tan sencillo como esto. Ellos piensan que la persona que gana un buen sueldo no se lo merece. En realidad es algo que les llueve del cielo por suerte o por enchufe y es necesario que el Estado haga de Robin Hood y robe a los "afortunados" para dárselo a los "desdichados".

El resultado es una migración en masa del personal cualificado del país, que no está dispuesto a ser esclavizado de forma brutal cuando en otros países pueden disfrutar de más libertad. Lo mismo que pasa con los empresarios (actualmente llamados emprendedores), a los que casualmente también se les recuerda su fortuna cuando se les arrebata buena parte de sus beneficios vía sociedades y rendimiento de capital, porque al parecer lo que les queda es demasiado para las mentes socialistas que plagan este país.

En definitiva, la próxima vez que alguien le sorprenda con la ocurrencia de que es bueno pagar muchos impuestos, pregúntele qué tiene de bueno estar esclavizado en mayor porcentaje que otra persona. No lo entenderá, pero al menos le borrará la risita condescendiente con la que suelen realizar dichas afirmaciones.

Sun Panels

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

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Los pasajeros votan, las mercancías no

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Con el uso generalizado del moderno contenedor multimodal se fraguó una silenciosa pero fundamental revolución comercial en nuestro planeta a finales los años 60 del siglo pasado. Fue estratégico a partir de entonces invertir en toda la compleja cadena logística que mueve de forma eficaz y eficiente los ladrillos de la globalización por todo el mundo.

Desde hace demasiadas décadas uno de los retos más importantes que la política de transportes española ha tenido sobre la mesa ha sido el fomento del ferrocarril para el transporte de mercancías. Haber tomado en serio ese desafío hubiese resuelto en gran medida el problema endémico de ineficiencia de nuestro transporte patrio y hubiese contribuido a la productividad de nuestra economía. El ferrocarril de mercancías es el medio de transporte más eficiente en términos coste-beneficio, el que menos contamina y el que menores externalidades negativas genera. Evita la congestión en las carreteras y tiene una valiosa repercusión sobre la productividad y la actividad exportadora de un país.

Con la llegada de la democracia, nuestros sucesivos gobiernos se han desentendido del transporte de mercancías por ferrocarril sin ningún rubor. En el último decenio se han malgastado especialmente los recursos en otras inversiones poco eficientes (algunos aeropuertos) o en irresponsables despilfarros (llevar el AVE a todas las provincias). Los decisores políticos de este área, sin criterio económico alguno, no han sabido o querido ver dónde estaban las verdaderas prioridades: ahondar en la liberalización del transporte ferroviario iniciado tímidamente con la Ley del Sector Ferroviario de 2003 que puso fin al monopolio franquista, mejorar las infraestructuras del ferrocarril de mercancías, darle buen acceso a nuestros puertos, promover centros logísticos y conseguir una mayor integración en el ancho de vías con la red europea. Ni siquiera se ha invertido en trenes mixtos de pasajeros-mercancías o en verdaderos centros de cambio modal eficientes.

Por el contrario, desde el año 2000, al calor de los fondos europeos y de la borrachera del crédito barato, se ha llevado a cabo una descabellada planificación y la mayor orgía de inversiones públicas en tren de alta velocidad por toda nuestra extensa geografía (según ADIF, más de 45.000 millones de euros se invirtieron por Fomento en este concepto desde el cambio de siglo). Sin embargo, el resultado real de esta mega inversión pública es bien magro: la cuota modal de ferrocarril en pasajeros ha crecido del 5,7% (2000) al 5,8% (2010) mientras que la esencial cuota de ferrocarril en mercancías ha disminuido miserablemente del 7,4% (2000) al 4,1% (2010); siendo por lo demás los que más hemos caído en Europa (la cuota media es del 12%). España es líder mundial en kilómetros de vía de alta velocidad (AV) por habitante, pero estamos a la cola en crecimiento de la productividad. Es lo que sucede cuando se invierte con criterios netamente políticos y cuando la economía no importa. El acceso de nuestras mercancías a los mercados internacionales es hoy día menos competitivo que hace una década.

El problema no es sólo el enorme esfuerzo inversor realizado sino su alto coste de oportunidad, su mantenimiento operativo (100.000 euros de media por kilómetro y año y 200.000 euros si es túnel) y su amortización. Es un lastre difícil de llevar en esta época de supuestos recortes de gasto público. Actualmente hay 2.665 km de AV construidos y casi 2.000 más proyectados (cifra escalofriante). Asimismo la apuesta española por el AVE ha supuesto una distorsión en el mercado al sustituir corredores aéreos y de autobuses eficientes y competitivos, que se autofinanciaban sin necesidad de dinero público, por corredores ferroviarios muy deficitarios financiados por el contribuyente. Un desastre, se mire por donde se mire.

Por si esto fuera poco, las experiencias en Francia y en Japón demuestran que la oferta de AV no promueve el desarrollo de las regiones conectadas -excepto los nodos centrales- ni tiene repercusión sobre la productividad industrial del país. Además son sólo rentables en realidad si el volumen de pasajeros anuales por kilómetro es denso tal y como ocurre en los trayectos de Tokio-Osaka (230.000), de París-Lyon (casi 60.000) o de Colonia-Frankfurt (51.000); cosa que no sucede ni de lejos en ninguno de nuestros trayectos (máximo record alcanzado por el momento: 14.000 pasajeros anuales por kmt. en el AVE de Madrid-Sevilla).

Sólo después de la crisis y su subsiguiente sequía y encarecimiento crediticios, el ex ministro de Fomento, José Blanco, cayó en la cuenta de que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y de que hubiese sido preferible invertir más en trenes de mercancías. A buenas horas mangas verdes: la obra pública ha vivido su gran fiesta y no supimos aprovecharla. Se ha invertido excesivamente en infraestructuras inadecuadas en detrimento de otras más urgentes y necesarias. Lo malo de este derroche suntuoso de recursos al querer hacernos campeones de AV es que todos sus responsables políticos nos han endeudado excesivamente yéndose luego de rositas (tal y como sucede, por ejemplo, con las primas-subvenciones aseguradas a las plantas termosolares durante 25 años).

En su descargo hay que decir que esta euforia de inversiones en AV y su ruinoso mantenimiento ha contado con el consenso de todos los partidos políticos, la aprobación de los medios de comunicación tanto nacionales como locales y el sorprendente respaldo agradecido de la mayoría de la población, pese a que buena parte de ella no podrá utilizar de forma asidua su servicio por ser caro. Todos aplauden acríticamente mientras ignoran que más del 80% de los buques portacontenedores procedentes de Oriente pasan diariamente por delante de nuestras costas cruzando el estrecho de Gibraltar para acabar atracando en el eje portuario Rotterdam-Rin. Si lo hiciesen en nuestros puertos (que sería lo lógico) se ahorrarían tres o cuatro días de navegación por el Atlántico -sobre todo ahora que los tradicionales puertos centroeuropeos empiezan a dar muestra de congestión- y la mercancía llegaría uno o dos días antes a su destino final. Pero no lo hacen y los buques mercantes pasan de largo por falta de previsión de nuestros torpes políticos.

En Hispania seguimos padeciendo una infraestructura ferroviaria de mercancías obsoleta e insuficiente, trenes lentos además de cortos, mala gestión, muy poca competencia de operadores (Renfe Operadora, "TECO", es dominante) e ineficientes centros logísticos. Esto explica que se observe por nuestras calzadas un permanente desfile de camiones de un atomizado sector de transporte por carretera. En lo referente a los contenedores, el camión tiene una pega: sólo puede cargar uno sólo por trayecto. De ahí que tenga más sentido su intervención en los tramos finales (últimas millas) de la cadena de transporte, dejando las rutas transoceánicas al buque y las continentales o de larga distancia preferentemente al tren. En EE UU, India, China y Australia lo tienen tan claro que han fomentado incluso la carga de contendores en doble altura sobre los raíles, a diferencia de lo permitido por las precavidas autoridades europeas, por cierto.

Nuestros gestores públicos han malgastado en AVEs mucho dinero del contribuyente -pasado y venidero- como si fuéramos una nación muy rica y muy densamente poblada, en detrimento del estratégico tren de mercancías. Una muestra más de prodigalidad e inepcia de nuestra reciente época dorada.