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Correa aprieta la mordaza

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El populista Rafael Correa sigue tratando de apretar las ataduras con las que impedir que los medios de comunicación puedan criticarle o apoyar a sus rivales políticos. Es más, la nueva mordaza que quiere imponer –que se sumaría a las ya existentes– buscaría incluso castigar que se publiquen informaciones que le perjudiquen. El presidente de Ecuador quiere prohibir cualquier:

"… promoción directa o indirecta ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política".

El hecho de que quiera proscribir cualquier artículo de opinión, o intervención radiofónica o televisiva, apoyando y pidiendo el voto para un candidato (o, por el contrario, solicitando que no se apoye con el sufragio a uno u otro aspirante) ya es una restricción autoritaria de suma gravedad. Pero en este caso, Correa va incluso más allá con la referencia a los "reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje".

Con estas ocho palabras quedan proscritas todas las noticias que le perjudiquen. Cualquier juez deseoso de complacer al mandatario ecuatoriano –y ya han sido varios los que han demostrado entrar en esa categoría– podría decir que una información de ese tipo "tiende a incidir en contra" del mandatario o alguno de sus aliados. Eso se aplicaría, por ejemplo, a cualquier publicación sobre abusos de poder evidentes y a sentencias en los tribunales contra Correa o algún miembro de su Gobierno. Lo mismo podría ocurrir, por seguir con ejemplos, con publicaciones referidas a unas malas cifras económicas o problemas en la política exterior de Ecuador.

Llevada a su lógica más absoluta, la reforma que quiere imponer Correa llega a proscribir informar sobre la campaña electoral en curso. Cualquier información que se dé, aunque sea una simple enumeración de lemas electorales, puede "incidir a favor o en contra" de quienes son objeto de la cobertura informativa.

Pero no sólo se cercenaría la libertad tanto para informar de datos objetivos como para tomar partido por un candidato u otro. Se prohibiría incluso defender ideas políticas que no favorecen o perjudican a un determinado candidato o partido. Al ampliar las prohibiciones a todos aquellos contenidos que podrían afectar a cualquier "tesis política", la legislación impediría, por ejemplo, entrevistar a alguien que defendiera el abstencionismo.

Correa avanza, cada vez menos lento y al mismo tiempo más firme, en su estrategia destinada a destruir de forma definitiva la libertad de expresión en Ecuador. Muchos tiranos comenzaron de forma similar en sus países.

Rajoy opta por la vía comunista

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Ahora ya podemos afirmar con rotundidad que todo el Parlamento español es de izquierdas. Ya conocíamos la inclinación colectivista de la totalidad de los partidos políticos, pero con las últimas medidas tomadas por el gobierno del Partido Popular, ahora sabemos a ciencia cierta que ese colectivismo es de izquierdas.

Incluso los que no nos esperábamos nada realmente bueno de Rajoy nos hemos quedado sorprendidos: su medida para reducir el déficit es subir de forma histórica los impuestos al trabajo, al ahorro y a la vivienda. ¡Toma ya! Ha dejado sin discurso y sin palabras a Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida (Partido Comunista), que viene reclamando desde hace meses que la solución para salir de la crisis es subir los impuestos (en su programa electoral indicaba fijar el IRPF al 50% para el último tramo, Rajoy ha ido más allá colocándolo en el 52%).

Con lo cual el gobierno ya nos está diciendo que la austeridad va a ser privada. El esfuerzo lo van a realizar trabajadores, ahorradores, inversores y autónomos. Es decir, las clases medias que ya están completamente ahogadas y endeudadas.

Pero yendo a la cuestión principal: ¿es efectivo subir los impuestos al trabajo y al ahorro para solucionar el déficit del Estado? Rotundamente no. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y mucho menos en plena crisis bancaria y económica.

Me explico. Primeramente, subir los impuestos no significa recaudar más. Qué duda cabe que los Estados desearían aumentar ilimitadamente los impuestos pero se encuentran que, llegados a un determinado punto, no pueden recaudar más por mucho que sigan aumentando los impuestos. Esta es la intuición que plasmó Arthur Laffer (economista de la oferta) en la curva que lleva su nombre. A partir de un cierto nivel de impuestos, el Estado va a ingresar menos. Este descenso en la tributación se puede deber a diversas causas: destrucción de la producción, porque los proyectos dejan de ser rentables y se abandonan (o ni se empiezan); sustitución de trabajo por ocio; o porque propician el fraude y la evasión fiscal. Conclusión: pensar que aumentando los impuestos se van a incrementar los ingresos del Estado es tan estúpido como asegurar que al elevar los precios en un negocio se van a subir las ventas.

Otro motivo para oponerse a la subida de impuestos es que no sólo no reducirá significativamente el déficit, sino que impedirá la salida de la crisis. ¿Por qué? Porque dilapida la renta de los ciudadanos (supondrá unos 679 euros más de media por persona) y empresas, con lo que evita que salden sus deudas y que puedan reestructurarse financieramente. Despilfarra los recursos necesarios para que la crisis se vaya superando progresivamente. El gobierno debería favorecer el ahorro privado, pero no para consumirlo él, sino para que pueda ser puesto a disposición de los intermediarios financieros y, de esta manera, favorecer la inversión.

Esto roza la obviedad, y posiblemente el gobierno sea consciente de ello. Pero admitirlo conllevaría tomar medidas que no serían de su agrado ni de su conveniencia: medidas de austeridad pública reduciendo el gasto público y eliminando privilegios. Implantar y vivir en la fantasía comunista es más cómodo para todos.

De esta manera Rajoy ha empezado a culminar el sueño comunista… y nuestra peor pesadilla. Sólo le queda la puntilla final: una mala reforma laboral.

Leviatán: de bestia a parásito

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Como un ente con vida propia, el Estado también es capaz de adaptarse a las circunstancias. Para ajustarse a la realidad y pagar las deudas contraídas por exceso de gasto, cabían dos opciones: adelgazar el propio Estado o aumentar el expolio de los contribuyentes que lo sustentan. A estas alturas ha quedado probado que los políticos profesionales y la mayoría de las "fuerzas vivas" del país han optado por la segunda opción.

Una opción nefasta que nos arrastra a un empobrecimiento generalizado sin salida, ya que no estamos dispuestos a admitir que el actual sistema de privilegios organizados desde el Estado está basado en un principio de planificación centralizada que no puede dar buenos resultados. La distribución de la riqueza no es más que una forma de apaciguar las conciencias con el dinero de los demás mientras que su efecto real solo comporta quitar recursos a los individuos y repartirlos en base a estadísticas que nunca solucionarán los problemas concretos y únicos a los que debemos enfrentarnos a diario. Las subvenciones y regulaciones generan verdaderas externalidades negativas que son abordadas con nuevas subvenciones y más regulaciones en una maraña sin fin que entorpece la libre elección de cada uno.

No vivimos en una era de capitalismo o neoliberalismo sino todo lo contrario, no hay en Europa en general y en España en particular, ninguna actividad económica, y por tanto humana, que no dependa directa o indirectamente de las concesiones del poder político. La planificación se hace notar en las leyes que regulan desde los asuntos de alcoba hasta la moneda. Y, en ningún caso, tiene éxito pese a que en sus campañas publicitarias nos hagan creer que es posible terminar con los accidentes, como es el caso de un reciente spot de la Dirección General de Tráfico que aspira a conseguir que no haya ningún muerto en las carreteras. Semejante negación de la realidad no puede más que crear frustraciones pues aunque se consiguieran disminuir los accidentes nunca se conseguirá terminar con las desgracias fortuitas o negligencias que nos rodean.

El gran éxito de la democracia consiste en convertirnos en necesitados de esa supuesta distribución de la riqueza, calmados por la seguridad que supone socializar las pérdidas de cada uno en el conjunto de la sociedad. Todos y cada uno somos los principales interesados en apuntalar el sistema para que el status quo se mantenga y no peligre nuestro modo de vida. Parece una contradicción, pero el socialismo genera sociedades muy conservadoras.

Todo parásito está interesado en la supervivencia del propio huésped porque es la suya propia; no obstante, el cuerpo parasitado se debilita y, en no pocos casos, fallece. Algo similar ocurre con todos los organismos públicos que parasitan a los contribuyentes. Mientras se puede obtener una abultada recaudación de impuestos en tiempos de bonanza y se contraen deudas que pagarán nuestros hijos todo el mundo parece entusiasmado. No obstante, la capacidad emprendedora de la sociedad se desgasta y los burócratas de turno constatan "problemas estructurales de productividad". Ya es demasiado tarde, un cuerpo social debilitado que es el huésped de todas las subvenciones y ayudas que reparte el Estado será incapaz de sustentar semejante pirámide de privilegios enmascarados por el lenguaje políticamente correcto como "ayudas".

El Estado se autorregula, pero no siempre elige la mejor opción. El gran leviatán que imaginábamos como bestia gigante se asemeja más a un pequeño pero incómodo parásito. El huésped respira fatigado y no le queda energía que este parásito estatal pueda seguir aprovechando. Solo nos queda vigilar nuestros bolsillos y ahorros porque el parásito hurgará hasta sacarnos hasta el último céntimo.

Intervencionismo contra la función empresarial y el crecimiento en Economía

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Si se respetan las relaciones causales responsables del crecimiento en Economía, las instituciones de un país deben guardar el máximo respeto por la propiedad privada y por el cumplimiento de los contratos y, por tanto, las autoridades necesariamente deben actuar dotando las mejores condiciones posibles para que se ejerza sin trabas la función empresarial -lo que en inglés se denomina entrepreneurship o, si se prefiere, el espíritu emprendedor de los ciudadanos- como la actividad “impulsora de la creatividad y de la coordinación que surgen espontáneamente en el mercado“.

Pero alcanzar una sociedad abierta y dinámica con un grado de evolución sociocultural avanzado como el descrito en el anterior párrafo significa que las clases dirigentes deben asumir la importancia de respetar las leyes económicas “naturales” que obtienen sus máximo esplendor cuando las autoridades garantizan el cumplimiento de la Ley pero, además, interfieren lo mínimo posible en el mercado, permitiendo que se extienda entre la población tanto la cultura del esfuerzo, el mérito y la capacidad profesionales como la asunción del riesgo asociado a la obtención de beneficios empresariales.

Sólo entonces se consiguen las mejores condiciones económicas para el desarrollo de la eficiencia dinámica en Economía con el inicio de nuevos negocios y el incremento del comercio con la interacción, libre y pacífica, de millones de ciudadanos que son los responsables directos de la creación de riqueza en las naciones.

La lectura del ensayo ¿Poder o ley económica?, publicado en 1914 por el economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk y editado en castellano en 2009 por Unión Editorial, resulta gratificante porque, aunque no lo manifieste expresamente, sus ideas enlazan con el “iusnaturalismo” que defendían los autores de la Escuela de Salamanca, tanto en su defensa de los individuos y de un orden “natural” como en su oposición al intervencionismo porque merma el crecimiento económico del conjunto de la sociedad:

…así como las leyes de los fenómenos puramente naturales se aplican según un orden inmutable e independiente de la voluntad y de los acuerdos de los hombres, así también en la vida económica existen unas leyes contra las cuales la voluntad humana, aunque sea la del Estado con todo su poder, resulta impotente, y que ni siquiera las intervenciones artificiales de las fuerzas sociales pueden desviar la corriente de los fenómenos económicos de un comportamiento impuesto imperativamente por el poder de las leyes económicas. Una de estas leyes, entre otras muchas, es la referente a la regulación de los precios por la oferta y la demanda, cuyo eficaz funcionamiento se ha podido observar innumerables veces, por ejemplo, sobre los intentos realizados por el gobierno, con su poder coactivo, para reducir con su intervención “innatural” el precio del pan en tiempos de carestía, o bien para atribuir a una mala moneda el poder adquisitivo de otra buena.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], p. 51).

Sin embargo, aquellos intelectuales, académicos y ciudadanos que captan la importancia de las leyes económicas “naturales”, de aplicación universal y en cualquier época, que subyacen en los fundamentos del crecimiento económico, se mantienen en un estado de frustración permanente y de preocupación constante, al observar cómo muchos dirigentes siguen descuidando la estructura de incentivos que permite la empresarialidad.

Ya sea por defender una ideología “colectivista“ (y equivocada) en su identificación de las causas del crecimiento, ya sea por recibir erróneos consejos económicos o bien por primar un cálculo demoscópico para obtener réditos electorales, los políticos adoptan medidas “antieconómicas” que impiden el proceso “natural” de las relaciones económicas responsables del crecimiento de una sociedad abierta con la imposición gubernamental de intervenciones como, por ejemplo, los salarios mínimos, la negociación “colectiva”, los monopolios de grupos de presión, los precios fijos, las subvenciones, el gasto social o, también, el incremento de los impuestos.

Aumentos salariales “artificiales”

Böhm-Bamerk analizó en su ensayo cómo los aumentos salariales conseguidos “artificialmente“ por encima del incremento de productividad de cada empresa, mediante imposición de los sindicatos a cambio de la “paz social“, no pueden ser permanentes porque afectan seriamente a la empresarialidad:

… para evitar pérdidas netas insostenibles a largo plazo, los empresarios se ven en la necesidad de cubrir el aumento salarial con un aumento de la productividad marginal del trabajo. Y para conseguirlo…, la única solución es la prolongación de las vías indirectas de producción; solución que, sin embargo, sólo puede adoptarse si al mismo tiempo se procede, en igualdad de condiciones, a la reducción de plantilla.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], pp. 125-126).

Aumentos de impuestos “artificiales”

Sin embargo, un razonamiento similar también se puede aplicar cuando el aumento de la recaudación tributaria de un Estado no se produce de un modo “natural” como consecuencia de una mayor actividad económica que incrementase los beneficios de los empresarios, sino que se obtiene de un modo también “artifical” por un aumento gubernamental del impuesto de sociedades o bien, como ha ocurrido recientemente en España, por el incremento unilateral de los impuestos sobre las rentas de trabajo y las rentas de capital.

En el primer caso, se disminuyen los beneficios de las personas jurídicas y, por tanto, a medio y largo plazo se minora la empresarialidad al disminuir la rentabilidad de los negocios y, por tanto, la capacidad de nueva inversiones de los empresarios y, en aquellas empresas con tamaño y flexibilidad suficientes, fuerzan las reducciones en el coste fijo de su masa salarial, con reducciones de nóminas o bien mediante despidos de trabajadores, para que el negocio retome la senda de la rentabilidad.

En el segundo caso, se merman las nóminas y las rentas de capital de las inversiones y, por ello, se resta capacidad de ahorro y, a posteriori, capacidad de consumo e inversión a los ciudadanos con lo que, igualmente, se deteriora la función empresarial de una economía de mercado.

En ambos casos, los aumentos de impuestos “directos” deterioran la función empresarial de una economía de mercado y lastran el crecimiento económico de los países. Se quita dinero en efectivo del sector privado para trasladarlo a las administraciones públicas, evitando el necesario ajuste de las partidas de gasto público. Por un lado, restan competitividad al sector privado. Y, por otro lado, posponen la reducción de las ineficiencias públicas y, por tanto, evitan el imprescindible ajuste de un Estado hipertrofiado que es el principal problema de las economías de Europa.

Disminuye la posibilidad de eficiencia dinámica en la Economía, porque se elimina del mercado privado una cantidad ingente de dinero que, antes, podían ahorrar los agentes económicos para decidir dónde consumir, dónde invertir, dónde crear valor añadido o dónde emprender un nuevo proyecto empresarial. Por tanto, es una ley “natural” y universalmente aplicable, en todo momento y lugar, que las subidas de impuestos (más allá de garantizar los fundamentos del crecimiento económico y, especialmente, si son tributos “directos“) deterioran la función empresarial y lastran siempre el crecimiento económico de los países.

Socialismo de Estado

Aunque existen bastantes más casos de intervención política en Economía, para no extenderme, permítanme que resalte el valor actual de Böhm-Bawerk, aprovechando las palabras del profesor Lorenzo Infantino en el prefacio del libro, para describir el intervencionismo:

Los marxistas querían sustituir las leyes de la economía por la primacía de la política, que se pretendía lograr mediante el plan único de producción y distribución. Los representantes de la escuela histórica [alemana] tenían igualmente como objetivo la primacía de la política. Pero, en lugar de recurrir a la planificación, pensaban implantar un sistema de intervencionismo generalizado, es decir, una especie de “socialismo de Estado”.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], p. 37)

Ese razonamiento sigue siendo válido hoy, en Europa y en España, un siglo después, al igual que son válidas las leyes económicas “naturales” que permiten afirmar que encarar una crisis de deuda con expectativas “reales” de éxito requiere la realización de un ajuste fiscal serio pero, también, la introducción de reformas que permitan recuperar la competitividad frente a las economías emergentes.

Ajuste fiscal, competitividad y función empresarial

Ambas tareas sólo son posibles de acometer de forma conjunta y de modo que se favorezca la función empresarial: 1) si el ajuste fiscal se realiza sin aumento de impuestos “directos” que lastren el crecimiento al deteriorar la competitividad y la empresarialidad, 2) si también se encaran los problemas a medio y largo plazo derivados de la insostenibilidad del enorme “gasto social” de Europa y, especialmente en España, 3) si además se acometen reducciones drásticas en las partidas presupuestarias que racionalicen el gasto en el Estado central y, especialmente, en las autonomías y los entes locales.

Por el bien de todos los españoles, esperemos que la necesaria reforma laboral logre evitar la coacción de los sindicatos y que, después de las elecciones andaluzas del 25 de marzo 2012, la política no interfiera más en la economía y nos encontremos con un ajuste fiscal serio de 40.000 millones de Euros en el año 2012 y otros 40.000 millones en el 2013, realizado exclusivamente con reducciones de gasto público.   

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La monarquía española es barata y rentable

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

A finales de 2011 saltó la típica polémica made in Spain al calor del escándalo Urdangarín. La Casa Real, en un ejercicio de transparencia al que no le obliga la ley, hizo público, por primera vez desde 1979, el desglose de su presupuesto de gastos, desvelando así la gran incógnita del salario del Rey. La monarquía española percibió 8,4 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en 2011; de esta cuantía el Rey ingresó 292.752 euros brutos, de los que 140.519 corresponden a su sueldo y 152.233 a gastos de representación.  

¿Mucho o poco? Empezando por el sueldo, una vez aplicada la correspondiente retención del IRPF (49%), su Majestad no alcanza los 6.000 euros netos al mes. No es gran cosa si se compara con el sueldo medio de un alto ejecutivo o de un profesional de alta cualificación. De hecho, está en sintonía con el salario bruto de otros altos cargos de la Administración Pública: Defensor del Pueblo (115.376 euros), presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (130.152), del Constitucional (129.271), del Tribunal de Cuentas (112.578)…

Además, ciertos políticos, como el presidente de la Generalidad de Cataluña, disfrutan, incluso, de una retribución superior (144.030 euros). Siendo puntillosos, una vez sumadas las dietas y prebendas varias que pueden llegar a percibir políticos de nivel inferior, como diputados o alcaldes, el sueldo del Rey se queda más bien corto. Y es que los diputados rasos del Congreso, por ejemplo, cobran de media más de 6.400 euros limpios al mes, ya que a su salario base de 3.126 euros brutos es preciso sumar numerosas dietas y complementos, al tiempo que tributan como mileuristas.

Pero la cuestión clave no es si el Rey cobra más o menos que los altos cargos políticos y administrativos sino la rentabilidad de su tarea. Dicho de otro modo, ¿vale su trabajo los 140.519 euros que sufragan los contribuyentes españoles? El Rey es el Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, el máximo representante público de España y, como tal, puesto que carece de funciones ejecutivas y legislativas, su principal labor se ciñe al de la alta diplomacia, tanto a nivel nacional como internacional.

Su rango en el sector privado equivaldría al de un relaciones públicas de primer nivel mundial, encargado de gestionar, en un sentido amplio, la imagen corporativa e institucional de grandes multinacionales. Las firmas de este tipo mueven carteras de varios cientos de millones de euros y sus altos ejecutivos están mucho mejor pagados que el monarca. En realidad, la Casa Real vale lo que vale su agenda de contactos y su capacidad de influencia para mediar entre los distintos agentes a los que representa de forma más directa y frecuente -gobierno y grandes empresas españolas-. El Rey, en la práctica, se dedica a abrir puertas para la marca España -con una facturación anual de casi un billón de euros- en el exterior.

De ahí que su presupuesto público sea, simplemente, irrisorio en comparación con la rentabilidad implícita que genera. Resulta difícil medir con detalle el valor añadido que aporta la intermediación del Rey a las empresas nacionales, sobre todo, a la hora de facilitar nuevas oportunidades de negocio en el ámbito de otros estados, pero basta con preguntar a los altos ejecutivos del Ibex 35 para percatarse de su satisfacción.

Y hacer esto con un presupuesto de 8,4 millones tiene su mérito. No en vano, y siguiendo con el análisis comparativo, esta cuantía apenas equivale al 0,0049% del presupuesto del Gobierno central y al 0,0017% de todo el gasto público anual. Por si fuera poco, el coste de la monarquía española es muy inferior al de otras jefaturas de estado: la República Francia cuesta 112,5 millones al año, el 0,029% del presupuesto estatal (seis veces más que la Casa Real); la monarquía de Reino Unido, 48,6 millones de euros; la de Holanda, 39,6 millones; Noruega, 28 millones; Bélgica, 13,7 millones; Dinamarca, 12,6 millones; Suecia, 12,2 millones; Luxemburgo, 8,7 millones…

España es la segunda monarquía más barata de Europa y, además, resulta muy rentable para el contribuyente, sobre todo si se compara con el habitual latrocinio de los políticos españoles. En este sentido, cabe recordar que la ex ministra de Exteriores Trinidad Jiménez, cuya función representativa puede considerarse homóloga a la del Rey, sólo que a nivel de Gobierno, se gastó 63,5 millones en un sólo día a base de subvenciones que es preferible no calificar, como la "mejora de la producción agrícola mediante la resolución de conflictos con los hipopótamos en Guinea-Bissau". Y a ésta, que se sepa, nadie le exige cuentas.

Corea del Norte: cuando la seguridad no está al servicio de la libertad

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Una de las características que mejor define al gobierno de Corea del Norte es su opacidad y hermetismo. Poco se sabe de lo que acontece en Pyongyang, más allá de las periódicas agresiones que efectúa sobre su vecino del Sur o de las hambrunas que sufre la mayoría de su población, consecuencia de practicar un comunismo a ultranza. El aperturismo no está ni se le espera en el modus operandi de sus autoridades, que prefieren culpar bien a las inclemencias meteorológicas, bien a Occidente, de su precaria situación económica.

La industria militar es y será la principal en el país. Lejos de fomentar con ella la seguridad de su población, la empleará para chantajear a la comunidad internacional y para armar a otros "Estados fallidos", nunca para proteger a sus ciudadanos, sin olvidar que los beneficios económicos irán destinados a las arcas de la casta dirigente.

Con motivo del fallecimiento y entierro de "querido líder", hemos presenciado cómo las manifestaciones de "dolor" del pueblo las ha instrumentalizado el gobierno. Imágenes similares se produjeron cuando otros históricos tiranos fallecieron. La propaganda oficial norcoreana ha aprovechado el sepelio para exaltar una simbiosis (más supuesta que real) entre Kim Jong Il y los suyos. Sin embargo, a decir verdad, este régimen liberticida no goza de simpatías similares de las que sí disfruta el régimen cubano. En efecto, al contrario de lo que sucede con la Isla, en el caso de Corea del Norte no se habla con tanta intensidad de Estados Unidos como el responsable de sus males. Sin embargo, a nivel de peligrosidad Corea del Norte supera con creces a Cuba. Su poderío militar, con un ejército integrado por más de un millón de efectivos, no es un fenómeno imaginario sino un hecho real y constatable, un arma con la que amenaza en primer término a las democracias consolidadas de la región (Corea del Sur, Australia y Japón).

De igual modo, tampoco es sorprendente que otra dictadura como la china sea su gran (y casi único) valedor. Pekín es su principal socio comercial y cuando de sancionar se trata, siempre se ha mostrado tan crítico como contrario. Esta suerte special relationship pone también de manifiesto que China no es un socio fiable, especialmente desde el punto de vista de la seguridad, para la comunidad internacional. No obstante, al contrario que en China, donde sí conocemos a los principales exponentes de la disidencia (Liu Xiaobo), en Corea del Norte aquélla es una gran desconocida.

Continuando con la muerte, entierro y aclamación de Kim Jong Il, no menos significativa ha sido la reacción de aquellos países que siguen la senda ideológica del Castrismo. Chávez u Ortega sintieron de manera nada fingida el fallecimiento, aunque la contundencia de sus pésames quedó lejos de las condolencias que mostraron semanas atrás hacia Gadaffi. Por el contrario, la reacción de Estados Unidos, conocida la noticia de la muerte, fue que seguirían comprometidos con la libertad y seguridad de Corea del Sur. Ambos ejércitos harán ejercicios militares conjuntos en las próximas fechas, repitiendo la experiencia de finales de 2010.

Con todo ello, el hermetismo de Corea del Norte es su principal baza para que las cosas sigan exactamente igual. Estamos ante una dictadura hereditaria y del sucesor poco se conoce. Eso sí, como sucediera con otros regímenes comunistas del siglo XX, la maquinaria propagandística ha procedido a inflar el currículum de Kim Jong Un, cuyo alias será a partir de ahora "respetado guía", no escatimándose adjetivos para definirlo, aunque comparándolo siempre con la figura paterna. Al respecto, sin ningún tipo de rubor o de complejo, se ha dicho de él que había heredado "la inteligencia, capacidad de mando y sentido moral de su progenitor". Finalmente, otro dato que sirve para ejemplificar el continuismo, es que la cúpula militar mantendrá una función tutora sobre el recién designado sucesor.

Y las cigarras les subieron los impuestos a las hormigas

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Anda mucha gente sorprendida por la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de subir los impuestos de una manera brutal. Al parecer, el PP defendía que unos impuestos altos eran incompatibles con la recuperación y en su campaña electoral había manifestado su disposición a no subirlos, e incluso a bajarlos.

Por eso, dicen muchos, es inexplicable que en tan poco tiempo hayan cambiando radicalmente de posición acometiendo la que es una de las mayores subidas de impuestos de los últimos tiempos.

La verdad es que no tiene nada de raro. Y no porque, como dicen sus defensores, el déficit dejado por el anterior gobierno fuera superior al comprometido (eso era algo que todo el mundo sabía desde hacía meses), sino porque la función del gobierno es siempre la de apoyar los intereses de los grupos organizados.

Al final todo se reduce a la parte que nunca nos explicaron de niños al contarnos el cuento de la cigarra y la hormiga. La cigarra no pasa hambre en invierno por no ser tan previsora, ni ahorradora, como la hormiga. Pasa hambre porque la hormiga fue capaz de defender sus provisiones de comida de la hambrienta y cabreada cigarra. Porque cuando descubres tarde que has metido la pata hasta el fondo no miras con respeto a tu vecino más precavido y aceptas lo dispar de vuestro futuro. Le miras con envidia y maquinas un plan para robarle lo que tiene. Y mira por dónde hace muchos años que las cigarras se dieron cuenta de que la mejor forma de acceder a los almacenes de los hormigueros era constituyendo una cosa llamada Estado.

Hasta 2008 fueron multitud los que pensaron que íbamos a vivir un verano perpetuo. Que ya no era necesario ahorrar y que ciertos sectores crecerían de manera infinita. A las hormigas de esos tiempos se las consideraba unas trastornadas, seres que se habían quedado en una época pasada y a las que había que ignorar o ridiculizar. Luego llegó la quiebra de una de las cigarras más gordas y los sudores fríos empezaron a correr por las espaldas de todos. ¿Y por qué de todos? Pues porque las hormigas, o bien tenían sus ahorros bajo el control de alguna cigarra (que por supuesto se lo había prestado a su vez a otra), o porque su producción futura podía ser fácilmente retenida por un Estado inflado a base del humo vendido por cigarras durante años.

Y es que si de verdad el Estado fuera ese árbitro imparcial que muchos creen que es, se debería haber limitado a ejecutar las quiebras de aquellas cigarras que no hubieran podido sobrevivir a la nueva situación y protegería los bienes de las hormigas de quienes quisieran arrebatárselos. La realidad, una vez más, demuestra que los gobiernos siempre defienden sus propios intereses, y estos están con los grupos organizados de cualquier sociedad.

Pero en vez de ver los hechos y analizarlos fríamente, la gente vuelve a creer en fantasías como que se puede escoger a un gobierno que vaya contra los intereses de quienes le sustentan o incluso que en el fondo el expolio a las hormigas es por su bien ya que la alternativa sería mucho peor.

Esperemos al menos que esta nueva tomadura de pelo de la casta política haga que un 1% de la población sea más consciente de que da igual lo mucho que se esfuerce o lo previsor que sea con sus finanzas ya que, mientras exista un Estado que maneje a su antojo nuestra propiedad presente y futura, su destino no lo decidirá él sino otros.

Versos sueltos

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

El informe Rasmussen sobre tendencias electorales en la precampaña presidencial de los EEUU sitúa al candidato Ron Paul como posible segundo clasificado en las primarias republicanas que se celebrarán próximamente en New Hampshire. Tanto este estado como Paul son atípicos, pero es generalmente en la existencia de excepcionalidades notables donde el carácter de una nación se revela digno de esperanza.

New Hampshire es un estado de profunda cultura liberal. Los impuestos estatales y locales son allí, a los ojos de un europeo, inexistentes. Cae sobre sus habitantes, sí, el oneroso peso de la tributación federal, pero la opinión pública sigue manteniendo a unos políticos proclives a las libertades personales y económicas en mucha mayor medida que en la mayoría de estados norteamericanos. El apoyo social de esta dinámica libertaria se halla en las bases estatales del partido republicano, muy alejadas de los intervencionismos a los que les acostumbraron los neoconservadores o los propios conservadores de pata negra que anidan en el GOP. Igualmente están del todo vacunados del socialismo de viejo cuño y del nuevo de Obama.

No es de extrañar, por tanto, que Ron Paul obtenga sus mejores resultados en un estado donde muchos de sus cargos públicos son miembros o simpatizantes del Free State Project, un movimiento orientado a fomentar la reducción del gobierno a los mínimos imprescindibles para la protección de la vida, la libertad y la propiedad.

Ron Paul es, como New Hampshire, un verso suelto. Es enemigo declarado de los impuestos a los que considera una vía a la ruina económica y moral, que descapitalizan a la sociedad y la enferman de parasitismo y de tantas banderías colectivas que solo ensalzan el sacrificio de los más en beneficio de los menos. También se declara partidario consistente de la disciplina monetaria que ofrece el patrón oro, y resulta por eso y por otras propuestas libertarias la bestia negra tanto de los políticos del establishment como de las grandes corporaciones que viven de él.

Ni Ron Paul saldrá elegido candidato ni New Hampshire pasará de ser un canto de cisne a la sensatez, la racionalidad y la decencia. Aun así, hay que decir que si una nación como la norteamericana entre sus contradictorios frutos es capaz de producir esta consistente y real propuesta de libertad, ofrece aún motivos de optimismo al resto del mundo. Aunque entre las deudas históricas de esa sociedad haya aberraciones cometidas, por desgracia, en nombre de la libertad, con que existan Ron Paul, New Hampshire y ciudadanos libres que los impulsen, la esperanza no ha muerto.

Al otro lado del Atlántico, ¿qué podemos enseñar? En España, casi nada. Lo más similar, mutatis mutandi, y mucho hay que mudar para atisbarlo, es lo que la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre representan: un modelo económico algo más liberal que el del resto de la nación, una resistencia a la crisis mayor, consecuencia de ese conato de libertad económica, y una posición resuelta y, ciertamente meritoria, de la la Presidenta, a favor de la bajada de impuestos, cuando los de su partido los suben en toda España.

A pesar de los méritos, Aguirre y su Comunidad están muy lejos de Ron Paul y New Hampshire. A pesar de los deméritos de esa distancia, Esperanza y Madrid son nuestros versos sueltos.

La propiedad privada (también) es del Estado

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La tierra, para el que la trabaja. Esa vieja máxima ha encabezado la lucha de muchas generaciones de colectivistas no solamente de izquierdas. Es una de las falacias más atractivas del catálogo de mentiras socialistas. A partir de ella se cuestionan el derecho de herencia y el derecho a que cada cual haga con sus terrenos lo que le venga en gana: esa idea de que si no ocupas tu piso o no laboras tu tierra el Estado debe expropiarte y redistribuir tus propiedades a quienes lo vayan a explotar más productivamente.

Es casi cómico comprobar cómo los mismos que defienden esa máxima, y aquellos que no saben cómo rebatirla porque en el fondo sus instintos colectivistas superan su racionalidad individualista (es decir, muchos de los que se hacen llamar liberales), no se apresuran a defender también que el dinero que uno gana con el sudor de su frente es suyo. Para empezar está el tema de los impuestos. Concedamos, dado que vivimos en la sociedad que vivimos, que hay unos servicios prestados por el Estado que han de ser financiados por quienes los disfrutamos. No voy a entrar esta vez si el Estado es quien puede ofrecerlos de la forma más eficiente para la población. El caso es que muchos gobiernos son gastadores compulsivos porque saben que, gracias al monopolio de la fuerza y a la confianza de muchos ciudadanos bienintencionados, todos sus desmanes serán sufragados por el sudor de la frente de los ciudadanos de hoy o de mañana.

Sin embargo, una de las medidas emprendidas por el recién nombrado gabinete de Rajoy ha puesto de manifiesto hasta qué punto la sociedad está convencida de que lo nuestro no es nuestro. Se trata de la limitación de realizar transacciones en efectivo cuando se trata de cantidades superiores a mil euros. La excusa: la lucha contra el fraude. Hay muchas razones por las que se puede considerar que esa medida es perjudicial. Algunas de ellas las ha expuesto Jesús Encinar, C.E.O. de idealista.com en su blog. También hay que considerar el escepticismo de la Unión Europea respecto a las medidas encaminadas a luchar contra el fraude aduciendo que no se puede determinar con precisión el aumento de la recaudación debido a estas políticas.

Lo que hay detrás de esta medida es un ataque en toda regla a la propiedad privada en varios ámbitos: usted no puede hacer con su dinero lo que quiera, usted no puede admitir deudas en efectivo en su negocio porque el Estado así lo ha decidido. No se trata de prohibir cobrar en drogas u otras mercancías ilegales, se trata de prohibir cobrar en dinero.

El dinero que usted gana, no es suyo, no puede utilizarlo como quiera. El dinero no es de quien lo trabaja. El motivo es que hay gente que lo usa en un circuito no controlado por el Estado, en actividades no registradas y fiscalizadas por el estado. Para quienes pagamos por las rentas de nuestro trabajo y de nuestra actividad económica es un fraude: ellos también disfrutan de los servicios provistos por el Estado. Nos descargan sobre nuestros hombros más peso del que deberíamos soportar.

Pero ¿qué puede llevara una persona a defraudar? Se me ocurren varias razones. Primero, saber que puede, es decir, una fisura en la vigilancia y monitorización de la tributación. Segundo, una tributación excesiva. Tercero, el paro prolongado. El gobierno de Rajoy se esmera en solucionar la primera a costa de lesionar el derecho de propiedad de los ciudadanos y de perjudicar a los pequeños empresarios en lugar de plantearse si no será mejor favorecer la creación de empleo, que precisamente se consigue apoyando a los pequeños y medianos empresarios, y evitar que los impuestos sean tan altos que se vuelvan contra el sistema, bien mediante el fraude, bien mediante el traslado de los ahorros a países en los que la fiscalidad sea menor. Pero estamos en un país en el que el empresario es prácticamente el demonio y en el que tratar de mantener el valor de lo que es de uno, sea porque lo ha heredado, sea porque lo ha ganado, es un acto insolidario.

Sigo pensando que la solidaridad mayor la expresó Adam Smith al titular su obra económica principal como Investigación sobre las causas que determinan la riqueza de las naciones. La idea del filósofo escocés era que para sacar a los países pobres de su situación era necesario aprender cómo se genera la riqueza en los países más aventajados. Hoy en día se pretende igualar a los que tienen más y los que tienen menos a la baja, empobreciendo a todos. Esa solución tiene truco: siempre hay alguien que se beneficia de esa supuesta y falaz "solidaridad", tal y como el refranero nos enseña: el que parte y reparte se lleva la mejor parte.

Defensa matizada de las demandas colectivas

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Las demandas de reparación de daños causados a una pluralidad de consumidores y usuarios de bienes o servicios son conocidas por el nombre de demandas colectivas (class actions, en los EEUU). En Norteamérica, tierra de Common Law, fue donde surgieron durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX las primeras soluciones jurisprudenciales innovadoras que acogieron por economía procesal su tutela colectiva.

Hasta el nacimiento de estas acciones, no existían remedios procesales adecuados para que una empresa respondiera de los litigios de masa y su indemnización, para poner fin a sus malas prácticas hacia su clientela o para cambiar los clausulados generales y abusivos de sus contratos. Sin ellas, muchos afectados no litigaban por no merecerles la pena afrontar los gastos de un procedimiento judicial. El surgimiento de las class actions supuso poner al alcance de mayorías desorganizadas una herramienta muy eficaz de defensa de sus intereses frente a las minorías organizadas y poderosas.

A pesar de que en muchas ocasiones las demandas colectivas en los EEUU no llegan finalmente a juicio porque lo normal es alcanzar un pacto extrajudicial (y millonario) entre las partes una vez conseguida su declaración por parte del juez, su influencia sobre la empresa demandada es fulminante y su efecto sobre el resto del sector es francamente disuasorio. Este sistema de reclamaciones deriva en una mayor prudencia por parte de las empresas, sabedoras de las indemnizaciones a las que deberían hacer frente si producen daños o perjuicios extensos sobre sus clientes.

Frente al descrédito de las regulaciones gubernamentales y sus indeseables consecuencias, el ejercicio de las acciones colectivas es un medio eficaz para que la sociedad civil ejerza una función de supervisión sobre los agentes del mercado. Tienen un efecto preventivo y actúan como mecanismo regulador ex post de abajo a arriba.

Pese a la mala prensa que existe contra el abogado que se enriquece con las acciones colectivas, lo que en el fondo hace al perseguir su propio interés es servir al interés público. Lo que no consiguen la administración ni las agencias reguladoras (proteger los derechos de las víctimas) lo logra la sociedad civil mediante la actividad coordinada de profesionales del derecho, asociaciones de consumidores y grupos de afectados. Por el contrario, las agencias reguladoras nacionales ejercen un control sobre el mercado de arriba a abajo con innumerables intrusiones en la actuación de las empresas que, además de distorsionarla, poco hacen realmente a favor de los intereses reales de los consumidores y usuarios. Eso sin contar con que dichas agencias gubernamentales acaban siendo cooptadas por las empresas a las que regulan, cosa que es más difícil que suceda si el control procede de los consumidores y sus diversas asociaciones.

En los dos últimos decenios está recogiéndose este tipo de acciones en muchas legislaciones de países de la OCDE. En España hubo que esperar a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 para que nacieran procesalmente en toda su extensión las demandas colectivas. Aunque nos hemos subido tarde al carro de esta institución, está dando sus frutos. A modo de ejemplo, recordemos las demandas interpuestas por la OCU contra el cierre de las academias de inglés Opening tras el cobro fraudulento de la matrícula anual o contra Endesa y REE por el apagón de Barcelona de julio 2007, la demanda de ADICAE contra varias entidades bancarias por la venta engañosa de swaps a sus clientes como si fueran coberturas de tipos de interés hipotecarios o la reciente demanda presentada por el bufete de abogados de Cremades contra los controladores y Aena por el cierre abusivo (a parte de delictivo) del espacio aéreo.

No obstante, es innegable que ha habido un uso agresivo y excesivo de este tipo de demandas, especialmente en los EEUU. Ha sido casi siempre cuando el legislador ha dado previamente armas inadecuadas a los supuestos agraviados que les han permitido reclamar por daños difusos o intereses que no pertenecen a nadie en particular gracias a una legislación excesivamente garantista o a la existencia del antinatural y estático Derecho de la competencia. Que se lo pregunten si no a las tabaqueras americanas que pagaron la indemnización más elevada por demanda colectiva en la historia jurídica de los EEUU, a numerosos cárteles que han tenido que desembolsar pagos millonarios por el triple del supuesto daño ocasionado o a Wal Mart, que recientemente se ha librado in extremis de indemnizar a 1,6 millones de ex empleadas por discriminación sexual al no ser convenientemente promocionadas gracias a que el Supremo norteamericano desestimó al final la demanda interpuesta por la "demandante líder".

En resumidas cuentas, las demandas colectivas no son más que un potente megáfono procesal que amplificaría tanto las fortalezas como los errores del derecho sustantivo subyacente. Si éste está basado en principios jurídicos sólidos y claros, aquéllas incrementarán su efectividad; si, por el contrario, el moderno legislador se empeña en seguir extendiendo los límites de la responsabilidad empresarial más allá de lo razonable, multiplicarán sus secuelas nocivas.

Desde hace algún tiempo la Comisión Europea está cocinando un proyecto de directiva de resarcimiento de daños con el fin de armonizar los recursos colectivos en todos los países miembros de la Unión. Va en la dirección equivocada. Parece ser que dicha norma comunitaria se va a centrar en demandas colectivas por presuntos perjuicios al cuerpo social ocasionados fundamentalmente por daños al medio ambiente, por conductas desleales y, sobre todo, por prácticas monopolistas (con la intención de que haya una aplicación privada del Derecho de la competencia).

Cuando se apruebe, me temo que con su futura trasposición a los ordenamientos jurídicos europeos tendremos el peor de los escenarios posibles: por un lado una ya existente sobrerregulación invasiva y, por otro, un futuro aumento de la litigiosidad por demandas colectivas contra empresas, no por daños masivos, ciertos y comprobables ocasionados a un gran número de víctimas, sino por supuestos daños o intereses imprecisos alentados por las preferencias teóricas del legislador (i.e. la competencia perfecta, el precio justo, el principio de precaución exacerbado o la preservación inmaculada de la naturaleza). Podemos pasar entonces de lo socialmente productivo a lo económicamente destructivo.