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Praxeología: Definición

El desarrollo de la Praxeología es lo distingue a la Escuela Austriaca de Economía de las demás escuelas de pensamiento económico. Empezaremos, por tanto, definiendo qué es la Praxeología.

La Praxeología es la ciencia que estudia la acción humana desde el punto de vista de las implicaciones formales de la descripción del concepto de acción. Es el análisis formal de la acción humana en todos sus aspectos.

La Praxeología se basa en el axioma fundamental de que el ser humano actúa, es decir, que pretende alcanzar unos determinados fines que habrá descubierto que son importantes para él. El método praxeológico gira en torno a la deducción verbal de las implicaciones lógicas del hecho de que los seres humanos actúen, es decir, que elige una serie de medios escasos para lograr sus fines.

Dice Mises que a la Praxeología no le conciernen los objetivos últimos que la acción pueda perseguir. Pretende ser una ciencia objetiva, es decir, que sus enseñanzas resultan válidas para todo tipo de actuación, independientemente del fin al que aspire el actor. El objeto de la Praxeología es la acción humana como tal, con independencia de todas las circunstancias ambientales, accidentales e individuales de los actos concretos. Se refiere a cuanto es obligado en toda acción humana. Por lo tanto, la Praxeología no trata las elecciones concretas de la acción humana.

This postulate of Wertfreiheit can easily be satisfied in the field of the aprioristic science-logic, mathematics, and praxeology-and in the field of the experimental natural sciences. It is logically not difficult to draw a sharp line between a scientific, unbiased treatment of these disciplines and a treatment distorted by superstition, preconceived ideas, and passion.

Las enseñanzas de la Praxeología y de la economía son válidas para todo tipo de acción humana, independientemente de los motivos, causas y fines en que esta última se fundamente. La Praxeología trata de lo medios para la consecución de los fines últimos. Su objeto de estudio son los medios, no lo fines.

El Banco Central Europeo como guardián de la Constitución

En los convulsos años treinta europeos, la discusión jurídico-política entre Hans Kelsen y Carl Schmitt sustentó teóricamente muchos de los acontecimientos que se produjeron y otros, con el tiempo, se han consolidado como los tribunales constitucionales en la Europa continental. Así, la teoría de un Tribunal Constitucional como garante y guardián de la Constitución de los escritos de Kelsen se erigió como vencedora y ha quedado plasmada en muchas constituciones, desde aquella innovación de la República de Weimar hasta, por ejemplo, la Carta Magna que se dieron los españoles en 1978.

La realidad política europea pasa estos días por ese constructo supraestatal construido con burocrática parsimonia, tratado tras tratado, que hoy es la Unión Europea. En esa madeja de artículos, directivas y reglamentos se esconde el euro como una trampa que ha terminado por atrapar a los estados más derrochones e irresponsables. Como tales tratados, nunca se previó el control efectivo de su cumplimiento más allá de la buena voluntad y el compromiso de las partes. Ni siquiera el intento de imponer una Constitución europea que no era tal abandonaba la realidad de una unión de estados que ceden soberanía a instituciones oscuras con escaso control. Los ornamentos nunca faltaron en la construcción europea, pero nunca se preguntaron por la existencia de un sujeto propiamente europeo, algo como un pueblo europeo o ciudadanía a la que atribuir la soberanía y, por tanto, la toma de decisiones y el control último.

La misma pregunta que dos centroeuropeos respondieron de diferente forma podría formularse de nuevo. Décadas después de la polémica entre Kelsen y Schmitt, cabría preguntarse quién es el guardián de la Constitución de las instituciones que se levantaron bajo la coartada de una paz perpetua entre europeos que pusiera punto y final a todos los conflictos como si hubiésemos alcanzado el fin de la historia.

La crisis del euro que vivimos y la incapacidad de los estados para hacerle frente han puesto de manifiesto la falta de respuestas a esta pregunta. Tal vez no haya nada que defender pues nunca hubo una Constitución europea (no ya escrita en un solo documento sino entendida como el acervo comunitario) o, tal vez, haya llegado el momento de resolver la incógnita. De momento, la única respuesta que parecen ofrecer los mandatarios europeos es la de hacer del euro el mismísimo defensor de la Constitución.

Dejar en manos de un Banco Central el cumplimiento de los tratados, fiscalizar los presupuestos estatales e incluso dictar cambios en sus constituciones conlleva algunos peligros que difícilmente puede asimilar una visión democrática, pero son inocuos comparados al daño que puede suponer dejar en manos de unos burócratas escondidos en un despacho de Bruselas el monopolio absoluto de la moneda sin sistema de pesos y contrapesos capaz de vigilar a los vigilantes. ¿De verdad queremos que el Banco Central Europeo sea el guardián de la Constitución?

Del patrón oro al patrón euro

La Gran Depresión de los años 30 y la actual crisis financiera internacional guarda numerosas similitudes. Una de ellas, aunque con evidentes matices, es, sin duda, la existencia de un patrón monetario fijo en la zona euro, por el cual los estados miembros carecen de autonomía para poder devaluar sus divisas, eludiendo así el inevitable proceso deflacionario que conlleva el brutal proceso de desapalancamiento crediticio al que la economía está abocada.

Tras el crack del 29, la mayoría de países occidentales estaban anclados a la disciplina que imponía el entonces vigente patrón oro. Sin embargo, como de costumbre, los gobiernos se resistieron entonces a poner en marcha los duros ajustes estructurales y fiscales precisos para permitir el rápido, aunque doloroso, saneamiento de las malas inversiones acometidas durante la etapa previa de expansión crediticia. Así pues, en lugar de reducir de forma drástica el gasto público, bajar impuestos y liberalizar al máximo la economía abogaron por todo lo contrario: grandes planes de estímulo público, sustancial aumento de impuestos, mayor regulación en todos los ámbitos de la economía, control de precios y de capitales, proteccionismo comercial, rescates públicos de bancos y empresas…

Una política del todo errónea que, finalmente, obtuvo como colofón el abandono definitivo del patrón oro. Así, por poner tan sólo algunos ejemplos, Reino Unido repudió dicho anclaje monetario en septiembre de 1931, al mismo tiempo que Suecia, EEUU adoptó la decisión en abril de 1933, Bélgica en marzo de 1935, Francia en septiembre del 36 e Italia en octubre de ese mismo año. A mediados de 1937, todos estos países ya habían experimentado una devaluación de al menos el 40% respecto al metal amarillo, destacando el caso de Francia que, al producirse más tarde, sufrió de golpe un desplome del 70% en su divisa poco antes de la II Guerra Mundial.

La combinación de políticas económicas erróneas y el abandono de la ortodoxia monetaria se tradujo en una histórica depresión de la economía mundial, cuya recuperación tan sólo empezó a producirse varios años después de acabar la guerra. Hoy el patrón euro es a Europa lo que el oro a Occidente en el primer tercio del siglo XX. Y, al igual que entonces, la duda radica en saber si, finalmente, el actual patrón seguirá o no vigente al término de la crisis. Por el momento, lo cierto es que la inmensa mayoría de gobiernos están cometiendo, en mayor o menor grado, los errores propios de la Gran Depresión. La austeridad pública brilla por su ausencia en la zona euro -de reducción de impuestos mejor ni hablar-, los rescates de bancos y empresas siguen su curso y la implantación de reformas estructurales se está quedando, al menos por el momento, en una mera declaración de intenciones.

No es de extrañar que en los últimos meses el gran debate gire en torno a la ruptura o no de la moneda única. Son muchos los que abogan por abandonar el anclaje a fin de retomar por completo las riendas de la política inflacionaria vía devaluación. Sin embargo, existen dos diferencias clave respecto a los años 30: el euro es una decisión política y, como tal, su supervivencia dependerá de la voluntad de los gobiernos involucrados; además, pese a que en la práctica actúa a modo de patrón oro sobre los estados asociados, sigue siendo una moneda fiduciaria, lo cual significa que su envilecimiento dependerá de lo que decida el Banco Central Europeo (y, por tanto, Alemania).

Es decir, el futuro del euro está en manos de políticos y banqueros centrales, por lo que si quieren que sobreviva -evitando la salida de alguno de los actuales socios-, muy posiblemente, abogarán por las recetas tradicionales a los que tan habituados nos tienen los gobiernos. Esto es, monetización pura y dura, tal y como está aconteciendo desde el inicio de la crisis en Estados Unidos, Reino Unido o Japón.

Lo contrario, sería una sorpresa, agradable, pero improbable. Por todo ello, mucho me temo que en esta ocasión la excepción a esta barbarie económica instigada por los estados, como pudiera ser el caso de Reino Unido a principios del siglo XIX o los países bálticos hoy, confirmará, una vez más, la regla.

Fundamentos del crecimiento y relaciones causales en Economía

Algunos departamentos de la universidad española siguen líneas de investigación que intentan identificar los fundamentos del crecimiento [1] [2]. La Revista del IEE (Instituto de Estudios Económicos) ha publicado, recientemente, con el título "Marco institucional y la estructura de incentivos" (2011), una recopilación de estudios que recogen las principales aportaciones de la Nueva Economía Institucional (NEI).

Tanto la NEI como el Análisis Económico del Derecho (AED) fueron iniciados por Ronald Coase con su estudio "The problem of Social Cost" (1960), que es el artículo económico más citado en la historia de la disciplina porque establece los fundamentos económicos de los derechos de propiedad.

Propiedad privada

Los autores de la NEI defienden la propiedad privada como la institución principal que proporciona la mayor eficiencia económica y la mejor administración de los bienes, en las sociedades en donde existe un Estado de Derecho que protege la misma. Por ello, consideran también esencial la existencia de un marco institucional adecuado que genere una estructura de incentivos que proporcione la seguridad necesaria para reducir los costes de transacción en los intercambios entre los agentes económicos en el mercado. 

El papel del Estado

Es decir, en opinión de los autores del Neoinstitucionalismo y del AED, la principal función del Estado debe ser garantizar la seguridad y un marco jurídico que reduzca los costes de transacción para que la propiedad privada pueda impulsar el crecimiento socioeconómico.

Puede afirmarse que los derechos de propiedad y el Estado como garante de esos derechos de propiedad son puntos de coincidencia entre los autores de la NEI y del AED, como ramas que surgen de la Escuela de Chicago, con otras corrientes económicas y autores liberales que defienden ésas instituciones como, por ejemplo, el economista austriaco Friedrich A. Hayek –aunque, desde luego, también existen grandes diferencias en otras áreas económicas, que no son objeto de este artículo, como la epistemología, el ciclo económico o la política monetaria–.

Pues bien, ese sustrato común es la base económica de los fundamentos del crecimiento económico que ha permitido el mayor desarrollo económico de los países desarrollados y en vías de desarrollo frente a los países pobres.

Escuela de Salamanca

La tesis doctoral de la economista Margorice Grice-Hutchinson, The School of Salamanca (1952), que tuvo por director a Hayek, difundió y defendió en el ámbito académico internacional a los escolásticos españoles de la Escuela de Salamanca como los primeros autores que identificaron las relaciones causales responsables del crecimiento económico. Por ello, Joseph Schumpeter introdujo a los escolásticos tardíos españoles en su Historia del Análisis Económico (1954) como los autores que pueden considerarse más correctamente los "fundadores de la economía científica".

Si bien, permitan hacer un breve inciso para resaltar que la denominación Escuela de Salamanca fue iniciada el 5 de abril de 1943 por el excelente economista español José Larraz en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, con el título "El cuantitativismo monetario de Salamanca".

Relaciones causales en Economía

Hago referencia expresa a los escolásticos tardíos españoles porque sus obras en los siglos XVI y XVII lograron identificar bien las relaciones causales responsables del crecimiento económico. Y, precisamente por ello, defendieron de forma consistente la importancia institucional de la propiedad privada y de la seguridad y el marco institucional establecidos por el Estado por medio del Derecho de Gentes que inició Francisco de Vitoria (1483-1546). De hecho, hasta mediados del siglo XVIII no se observaron nuevos avances significativos en la identificación de las causas de carácter universal que son responsables del crecimiento económico.

Instituciones, ideología y desempeño económico

Sin embargo, la evolución sociocultural de los países es un proceso muy lento y, en general, las ciencias sociales no avanzan de un modo lineal, sino que avanzan y retroceden en función de la ideología imperante en cada época, como señaló de modo brillante el economista Douglas North. Y la migración de las ideas, tanto las acertadas como las erradas, se aprovecha del carácter subjetivo de la mente humana y del comportamiento sociocultural que, según Hayek, queda situado a medio camino entre lo racional y lo irracional.

De ahí que en el siglo XX se lograsen imponer ideologías "sociales" y colectivistas en muchas naciones que, posteriormente, padecieron la pobreza, el hambre, los encarcelamientos, las muertes y la destrucción, propias de los sistemas totalitarios e intervencionistas como el comunismo, el fascismo o el nacionalsocialismo.

Incluso, hoy en día, no es extraño (y penoso) escuchar cómo académicos e intelectuales defienden posicionamientos demagógicos y utópicos que no guardan relación causal alguna con el crecimiento económico. Y, por tanto, gran parte de la población cree las mentiras de los políticos intervencionistas cuando echan la culpa de las crisis económicas al capitalismo, la propiedad privada, el dinero, los banqueros, los especuladores o los mercados.

En definitiva, es factible que se produzcan nuevas involuciones institucionales porque muchas personas no logran captar y aprehender la importancia capital de la propiedad privada y el mercado pero, también, del Estado (mínimo o limitado) como garante que provee la seguridad y el marco jurídico necesarios para el comercio y que, institucionalmente, proporcionan la estructura de incentivos que permiten la empresarialidad y la creación de riqueza que genera un libre intercambio de bienes y servicios entre millones de personas.

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¿Es David Cameron tan antieuropeo?

La crisis económica que viven los países de la Unión Europea parece no tener fin. El despilfarro de los últimos años se está pagando ahora con elevadas tasas de paro, mostrando incapacidad los gobiernos por virar la situación. Ante este fenómeno, irrumpió, como en otras fases de la historia, el tándem franco-alemán. Lo hizo como casi siempre: apostando por ese ente, cada vez más lejano, que es Europa. Dicho con otras palabras: la cesión de competencias a Bruselas fue presentada ante la opinión pública como la solución a todos los problemas.

Nada nuevo, por tanto. En 2003 se creó una Constitución Europea tan artificial como remota que recibió el "No" precisamente del electorado francés (y también del holandés). Posteriormente llegó el Tratado de Lisboa, una versión light de aquélla.

Durante esos años, el Partido Conservador británico se encontraba en la oposición, por lo que poco pudo hacer para influir en los desarrollos que tenían lugar en la UE. Eso sí, nunca engañó a nadie y siempre se opuso a los megalómanos planes de los Chirac, Schroeder o Giscard D´Estaign. En paralelo, el gobierno de Blair jugó al gato y al ratón: no se oponía a la Constitución Europea, pero tampoco la ratificaba. Habló de convocar un referendo, pero nunca lo hizo. Practicó una suerte de euro-escepticismo disfrazado que en casa le dio buenos resultados, pero que a nivel de sus socios comunitarios provocó críticas adversas. El resultado es que sólo en Reino Unido los liberales-demócratas eran partidarios de la Constitución Europea. Tampoco fue una postura que sorprendiera, puesto que históricamente habían sido la fuerza política más eurófila en las Islas.

Sin embargo, actualmente todo es distinto: los tories están en el gobierno, tienen como socios de coalición a los liberales y los laboristas se hallan en la oposición, buscando perfilar un mensaje y un discurso con el que volver al número 10 de Downing Street. Es ahí donde ha entrado el cálculo electoral adoptando una forma demogógica: acusan al Partido Conservador de aislar al país, sumándose a la corriente de opinión tan mayoritaria como ingenua. ¿Alguien en su sano juicio piensa que a partir de ahora el punto de vista tory va a ser ninguneado sistemáticamente? Dicho con otras palabras, existe un buen número de escenarios en los que la presencia de Reino Unido es fundamental y que trascienden al proyecto eurófilo que comparten los actuales dirigentes de Francia y Alemania.

La historia recientísima lo ha demostrado: Siria y Libia han exigido de la presencia británica y allí ha estado, aunque sin dotarse de tanto glamour como Francia. Algo parecido puede predicarse de la política hacia Irán: el principismo del Partido Conservador, esto es, la política de no cesión frente al liberticida Ahmadineyad, dio como resultado que su embajada fuera asaltada. La conclusión es clara: hay vida, es decir, retos y desafíos, más allá de la UE.

Consecuentemente, afirmar que "el desplante de Cameron ha unido al resto de Estados miembros" parece una exageración alejada de la realidad, además de que no hará cambiar de opinión al Primer Ministro. Más bien al contrario, sus declaraciones posteriores han ido en la línea de defender la posición adoptada, aunque sin llegar a los límites del sector más euroescéptico de su formación.

En definitiva, Cameron no ha engañado a nadie y, mucho menos, a sus socios en el ejecutivo. El acuerdo de gobierno una de las cláusulas más importantes que contenía era la relativa a que durante esta legislatura no sólo no se incorporarían al euro, sino que ni siquiera estaría previsto convocar un referendo al respecto. De un modo más particular, se hablaba de que cualquier nueva transferencia de competencias a Bruselas debería ser autorizada por el pueblo británico a través de una consulta. Las afirmaciones de Nick Cheng sintiéndose decepcionado están fuera de lugar.

El verdadero valor de una Constitución

El pasado día 6, se celebró el día de la Constitución; que es como se ha llamado al festivo en el que se le rinde homenaje. Como todos los años, políticos y medios de comunicación nos han recordado lo mucho que le debemos a esas 200 páginas y a sus ilustres redactores. Entre las muchas cosas adeudadas, resaltan nuestra libertad o libertades.

La realidad, como suele pasar en estos casos, es que se atribuye a un objeto inanimado unos logros que no le corresponden. La Constitución Española de 1978 es, como el resto de Constituciones de los países desarrollados, un montón de normas redactadas por los grupos de presión imperantes en la época y que, por tanto, permite cierto equilibrio social al estar todos los grupos con poder que forman la sociedad satisfechos con el acuerdo.

Aunque a alguno le suene mal esta definición, que sea así no tiene por qué ser malo de por sí. Compartimos país con mucha gente, y algunas de estas personas tienen unas ideas que entran en confrontación con las nuestras y con las de otros. Estas personas se agrupan por intereses y cada grupo quiere imponerse sobre los demás. Por eso es bastante beneficioso que los grupos se junten, pacten unas normas comunes y les digan a sus miembros que las voten y obedezcan.

Y es que al ser humano le gusta lo predecible, así que tener confianza en que la mayoría de los poderes sociales con capacidad para hacerse con el poder respalda las normas imperantes siempre es bueno, sobre todo, si quieres hacer planes a largo plazo.

Pero una cosa es esto y otra que se nos venda que la Constitución garantiza la libertad de los ciudadanos. Primero, que la mayoría de los poderes sociales esté de acuerdo sobre unas normas no quiere decir, ni por asomo, que esas normas garanticen la libertad. Y segundo, que hasta hoy esos mismos grupos hayan aceptado esas normas no quiere decir que, ante un cambio en el equilibrio de poder, otros no vayan a romper el acuerdo y saltarse (o reinterpretar) el tocho de 200 páginas mañana mismo.

Algunos ejemplos de lo primero: la Constitución no les ha valido de nada a los dueños de un bar que querían decidir si sus clientes podían fumar en su propiedad. Tampoco ayuda a un trabajador que quiera trabajar por debajo del salario mínimo y fuera del convenio. Ni a un empresario que quiera contratar a trabajadores durante una huelga para seguir dando servicio. Ni a una persona que quiera cultivar marihuana. Ni a otra que quiera vender sus órganos. Ni… en fin, puedo rellenar las 200 páginas que ocupa la Constitución con los actos que una persona no puede hacer, pese a no hacer daño a nadie, al estar prohibidos por ser contrarios a la moral o intereses de los poderes sociales actuales.

Sobre lo segundo, sólo voy a poner un ejemplo: ¿está más seguro sobre la fidelidad de su pareja una persona que tenga un certificado de matrimonio firmado junto a ella que otra que no posea dicho certificado? Evidentemente no. Ese tipo de cosas dependen de la voluntad de la otra parte en cumplir su compromiso y la amenaza de consecuencias (como romper la relación) si se incumple con lo acordado.

Por lo tanto, habrá que alegrarse, aunque sea tímidamente, porque en nuestro país exista una Constitución que dé cierta estabilidad a la sociedad y nos permita desarrollar nuestros planes con alguna certidumbre sobre lo que podemos o no hacer y lo que pueden o no hacernos. Pero del mismo modo tengamos claro que el actual texto constitucional no protege la libertad del ciudadano y, aunque lo hiciera, si no existe voluntad en buena parte de nuestros conciudadanos de defenderla, tampoco nos iba a valer para nada.

El fracaso de la arrogancia intelectual

La última ciencia omnisciente en caer es la económica. La infalibilidad de las ciencias físico- naturales y su aparente resistencia a la incertidumbre o a otras contingencias desapareció con la trinidad de la metodología Popper, Lakatos y Khun. Las ciencias sociales del mainstream, no obstante, hicieron oídos sordos a las inconsistencias del método científico y continuaron con su doble pretensión de dotarla de una expresión lógico-matemática y de la arrogancia predictiva.

Mucho antes del actual momento económico, las ciencias sociales, pretendidamente exactas, habían demostrado su incapacidad para cumplir sus propias expectativas. Pero ya en la actual Gran Depresión, la distancia entre la pretendida ciencia y la realidad se hizo mucho más patente. Ni las matemáticas pueden ser una salida científica a las ciencias sociales ni la estadística ser más que un registro del pasado incapaz de anticipar sucesos. Echando mano de una analogía matemática, sin ánimo de exactitud numérica, podemos decir que la capacidad predictiva de una teoría es inversamente proporcional a la soberbia intelectual que haya en ella. Por el contrario, la aceptación de unos pocos principios básicos no pretenciosos acerca de la acción humana permite establecer algunas previsiones de tendencias, siempre modestamente formuladas. Por lo general, este modo de prever es más certero que la arrogancia de la predicción.

Esto es lo que diferencia a la corriente principal de la economía del modelo austriaco. Este se basa en cierto número de teoremas sobre la acción humana, sistematizados en su casi totalidad por L. V. Mises, que parten de un sencillo axioma más lleno de sentido común y de lógica práctica que cualquiera de las formulaciones de la ciencia económica del mainstream:  el hombre actúa intencionalmente para pasar de una situación incómoda a otra relativamente más cómoda según su percepción. Para ello utiliza medios que son escasos y ha de ejercer permanentemente un acto de valoración en el que tales medios son sopesados en función de los fines que el individuo persigue.

La elección de fines, dice el paradigma austriaco, es siempre subjetiva, y esa subjetividad conlleva dos rasgos: es limitada y maneja siempre información limitada y sesgada, por un lado; hay siempre una incertidumbre/ignorancia inevitable. La ignorancia persistente y la subjetividad tienen como cara alterna que la información y el conocimiento no se hallan ni se hallarán jamás concentrados de manera completa ni en políticos, ni en expertos, ni en visionarios. Tan solo un sistema social abierto donde los individuos sean libres para captar los conocimientos que deseen y para gestionarlos cooperativa y creativamente puede obrar el milagro de dar prosperidad a cada vez más gente.

Para que tal cosa ocurra, en un mundo de siete millones de habitantes, es preciso que la función empresarial, es decir la acción humana especializada en buscar el beneficio subjetivo (tan empresaria es una acción solidaria o de beneficencia como la compraventa de un inmueble o la adquisición de un ordenador personal para preparar unas clases) coordinando recursos, sea libre. La soberbia de pensar que esa coordinación social puede hacerse desde instancias coactivas solo puede aumentar el riesgo de consolidar el error. No es que la empresarialidad, que actúa en la institución del mercado, no cometa errores, sino que la libre acción de individuos y firmas, que al aportar conocimientos y descubrimientos variados, los elimina con rapidez.

Lo dicho anteriormente nos lleva a vincular expresamente dos errores: la arrogancia fatal y la coacción. La posibilidad de obligar a otros individuos para llevar a cabo los propios planes constituye un incentivo determinante para la arrogancia. Y es que, al igual que la inflación crediticia induce a concebir irreales planes de negocio, el recurso a la coacción institucional aporta medios fáciles a políticos y funcionarios que les llevan directamente al error y a la persistencia del mismo.

Republicanismo, ciudadanos y armas

Hay una tradición del pensamiento político que es la que genuinamente se puede llamar republicana. Nace con la recuperación del clasicismo durante el Renacimiento. No parte, por tanto, desde cero. Sus referentes más claros son Aristóteles, Polibio y Cicerón.

Aristóteles no tenía una idea de la división del trabajo como nosotros la conocemos, pero reconocía que las acciones individuales se complementan con otras, y que tiene que ser así para que podamos cumplir la mayoría de nuestros fines. Por otro lado, también reconocía que la mayoría de nuestras acciones tiende al bien. De ese modo, el mantenimiento de la sociedad (él hablaba, lógicamente, de la polis), era un bien. De esta idea, el republicanismo clásico heredó otras dos. Por un lado es más importante el mantenimiento de la sociedad que los intereses del individuo. Por otro, es deber del ciudadano defender la sociedad en la que vive.

Polibio explicaba la historia como una sucesión cíclica de corrupciones de tres sistemas políticos. La monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Los pensadores republicanos mantuvieron el concepto de corrupción de las instituciones, y se esforzaron por detenerla. Maquiavelo, de quien se dice que es uno de los primeros autores de este republicanismo clásico, describió en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio la ventaja de que hubiera contrapesos en la estructura del poder.

En Inglaterra, donde también se desarrolló el pensamiento republicano, se llegó a la misma idea. Poco antes del estallido de la Guerra Civil, en concreto el 21 de junio de 1642, la Corona rechazaba 19 proposiciones de reforma exigidas por el Parlamento. El texto explicaba que Inglaterra había alcanzado la forma más perfecta de gobierno, porque había combinado la democracia con la Cámara de los Comunes, la aristocracia con la Cámara de los Lores, y la monarquía, con la propia Corona. El texto se llamó más tarde La Constitución del Rey.

Aunque en términos idealizados, describía una república en la que cada poder contaba con fuentes propias e independientes, y operaba en combinación con los demás. James Harrington, uno de los máximos exponentes del republicanismo clásico, le daba una interpretación histórica a este proceso. Antes, Inglaterra había vivido un gobierno gótico, en el que el Rey y los nobles luchaban permanentemente para obtener o mantener el poder. Pero a partir de Enrique VIII los reyes ingleses intentan pactar con el común (básicamente con las ciudades) para compartir el poder y refrenar el poder que tienen los nobles.

En esta concepción, el poder está enraizado con una base social, y es muy importante la salud de esa sociedad. Tanto Harrington como Maquiavelo, en quien se basa, como Aristóteles, fuente de estos dos, reconocen la importancia de que los ciudadanos sean independientes. Un siervo, que depende de otra persona, no puede ejercer la virtud con libertad. De ahí viene, por ejemplo, la idea de una democracia censitaria: el voto no se podía conceder a quien dependiese de un tercero, sino a quien tuviese la propiedad suficiente como para mantenerse por sí mismo. Pero hay más. El concepto aristotélico del ciudadano como un hombre independiente se expresa en la institución de una milicia ciudadana. Esa milicia está compuesta por ciudadanos libres, independientes, pero unidos por la pertenencia a una sociedad de la que dependen. Y dado que sólo los ciudadanos tienen el pleno compromiso con la república, eso hace que la milicia sea superior que cualquier otro tipo de fuerza militar.

Leonardo Bruni, autor de comienzos del siglo XV, describió el gran cambio político que sufrió su querida Florencia. Su república se corrompió porque decayó la posesión de armas en manos de los ciudadanos. El Estado contrató a un grupo de mercenarios, lo que llamaríamos un Ejército profesionalizado y en Inglaterra se llamó standing army. Ese cambio hizo que los ciudadanos fueran menos independientes, y el Estado más poderoso. Y se acabó, así, con el ideal griego de la isonomía, o igual derecho para todos. A partir de ahí el control de la política había pasado de ser del conjunto de la sociedad a ser asunto de unos pocos privilegiados. Como dice el autor J.G.A Pocock, Bruni “piensa en las armas como la última ratio con la que los ciudadanos exponen su vida en defensa del Estado” (…) “Es la posesión de armas lo que hace a un hombre todo un ciudadano”.

Nicolás Maquiavelo explica en profundidad cómo un pueblo armado tiene virtú, mientras que otro que no lo está queda al albur de la fortuna. Un pueblo con armas puede repeler fácilmente al enemigo exterior. Pero también a los interiores: Explica que los príncipes degeneran en tiranos, y que los ciudadanos armados pueden resistir ante el atropello de sus derechos. Donato Gianotti, partiendo de Aristóteles, explicó que “es natural a los hombres defenderse a sí mismos y es natural a ellos buscar el bien común en la ciudadanía. Restituirle en su poder de hacer lo primero contribuye a restituir su poder de hacer esto último (…) Esta es la razón por la que el servicio a la milicia es una forma de transformar a las personas en ciudadanos”.

Ya hemos explicado que Harrington relacionaba la república con la prevalencia de la milicia ciudadana (una institución que estaba ya presente en Inglaterra), en contraste con las sociedades feudales, en las que el Rey tenía que depender de los ejércitos de la nobleza. Estas ideas fueron recogidas por autores que, como John Locke o Argernon Sidney, fueron muy influyentes en los Padres Fundadores de los Estados Unidos. Aunque la tradición inglesa del ciudadano armado es muy antigua, y se remonta como poco a las leyes de Cnut (1020-1023) y continúa reflejándose en autores como William Blackstone, cuyos comentarios eran “la biblia” del pensamiento legal en las colonias.

Los Padres Fundadores fueron muy explícitos al respecto. Patrick Henry, durante los debates en la Convención de Virginia, en 1788, dijo: “El gran objetivo es que todo ciudadano esté armado. Que todo el que pueda, posea un arma”. Thomas Jefferson, un año antes, había escrito: “¿Y qué país puede preservar sus libertades si no se le advierte a sus dirigentes de cuando en cuando que el pueblo mantiene el espíritu de resistencia?”. En la Constitución de Virgina redactada por él, escribió: “A ningún ciudadano se le privará del derecho de utilizar armas con sus propias manos”.

Con estas ideas, la tradición republicana, la tradición de la milicia inglesa, el contexto de un pueblo que se revuelve contra la metrópoli, se redactó la Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que recoge el derecho de los ciudadanos a llevar armas: “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho de la gente de poseer y llevar armas”.

Vivir dentro de nuestras posibilidades

Seguimos a la espera de las noticias que Mariano Rajoy tiene que darnos. Seguimos a la espera de saber qué medidas nos traerán los Reyes Magos para este 2012. Y mientras tanto, con una prima de riesgo más relajada de momento, la población española, la de base, aún se pregunta "qué es lo que ha pasado".

Esta semana publica Truman Factor una estupenda entrevista con el Nobel de economía Vernon Smith. En ella, el economista explica su visión sobre la crisis europea, y acaba con una reflexión:

"La lección a largo plazo podría ser que aquellas viejas virtudes como el trabajo, el ahorro y el vivir dentro de nuestras posibilidades son más valiosas que el oro y los diamantes, y sobre todo dignas de encomio pues nacieron de la experiencia humana".

Una sabia conclusión. Pero, puestos a darle una vuelta de tuerca más, no tan sencilla como podría pensarse a primera vista, la razón es que en la España en que vivimos es difícil saber cuáles son nuestras posibilidades, los límites dentro de los cuales deberíamos vivir.

Seguramente por deformación profesional, creo que lo que sucede en la calle, las decisiones políticas, la forma de vida de la gente descansa en una concepción particular del ser humano y de su relación con su entorno. Y en este país, desde hace demasiado tiempo lo que prima es eso que Ayn Rand, la controvertida y criticadísima filósofa libertaria, llamaba la moral del esclavo de la tribu.

Una cosa es que por naturaleza el ser humano sea social, que necesitemos del grupo para sobrevivir, y otra que acabemos siendo secuestrados moralmente por el pensamiento colectivista. Claro que llevamos impresa en nuestra naturaleza la tendencia al intercambio, la reciprocidad: de hecho, ha sido una de las llaves de nuestra supervivencia. Claro que hemos aprendido a defender al débil y ayudar al que no tiene sin que nadie nos obligue. Pero en lo que hemos acabado es en dejarnos imponer una moral que premia al que no se esfuerza, al que no ahorra, al que no vive dentro de sus posibilidades.

Y no solamente eso. Nuestros gobiernos se han comportado siguiendo ese mismo criterio. Así que gobernados y gobernantes se han dedicado a gastar lo que no tienen y a vivir por encima de sus posibilidades. Pero ¿cómo se sabe cuáles son tus posibilidades más allá de lo que dicta el equilibrio presupuestario?

La clave está en la competencia. Ese concepto que Adam Smith consideraba como sana rivalidad, y no necesariamente como codazo en los riñones del adversario. El ser medido en un entorno competitivo con tus pares te lleva a darte cuenta cuál es tu nivel respecto a los demás. Y a partir de ahí, puedes mejorar, corregir, cambiar tu estrategia… perfeccionarte. Pero ¿qué sucede cuando no hay competencia? Pues sucede lo que estamos viviendo. La competencia se ha demonizado, resulta que es cruel porque pone a cada cual en su sitio, porque deja en la estacada al que no está al nivel requerido. Y en realidad, solamente la competencia nos da información relevante de qué quieren los que demandan y qué tienen que ofrecer los oferentes. Y sobre todo, nos dice cuál es el precio que hay que pagar. No solamente en el mercado de bienes, o de factores, o de dinero… en la vida cotidiana. Si tú no sabes el esfuerzo que debes aplicar para conseguir tus metas, si no sabes si ese objetivo está realmente a tu alcance o debes reconsiderar tus planes, si crees que todo es gratis y fácil, y alguien "mágico" va a venir a dártelo con el dinero de otros, entonces estás perdido, y la sociedad en la que vives también lo está.

Y ese ha sido nuestro "modus vivendi" durante muchos años.

Pero ahí no acaba el drama. Hay dos aspectos muy preocupantes que no hay que olvidar.

El primero es que ese es el ejemplo que hemos dejado en herencia a las generaciones más jóvenes, justo a aquellos ciudadanos que van a tener que pagar nuestros desmanes.

El segundo es que la cosa no parece haber cambiado. Cuando se habla de recortes hay mucha gente dispuesta a tirarse a la calle para protestar porque no pueden seguir viviendo de los demás. Y enarbolan la bandera de los más desfavorecidos para defender subvenciones a la "cultura" o a lo que sea.

Ha llegado el momento de meditar seriamente las palabras de Vernon Smith y de recuperar el sano espíritu de rivalidad que infunde la competencia.

Consumimos mucho y consumimos mal

En plena crisis económica, los ingenieros sociales no pierden oportunidad de hacernos un poco mejores. Mejores, claro está, según sus criterios. Parece que, en todo el proceso productivo que va desde que el producto sale de la tierra y llega al consumidor, se pierde mucha comida, muchísima comida, tanta que los caros funcionarios que llevan a buen término los lentos procesos burocráticos de la Unión Europea, entre ágape y ágape, se han dado cuenta.

La Comisión de Agricultura ha aprobado un informe que exige medidas urgentes para reducir a la mitad los residuos de alimentos en 2025. Según las conclusiones del mismo, en los hogares y los supermercados de la Unión Europea se pierde o desperdicia el 50% de los alimentos. Vamos, que si no he entendido mal, consumimos mucho y consumimos mal. Suerte que están aquí estos señores comisarios para informarnos de nuestros desmanes, estos señores que en casi todos los países de la Unión se han dedicado a gastar lo que no tenían y han disparado tanto la deuda soberana que ni los mercados más arriesgados quieren financiarles sus excesos a un precio aceptable. Pero aquí están dando lecciones de moralidad.

Parece que no se han dado cuenta, o si lo han hecho, desde luego no lo han considerado, de que si yo o cualquier persona tira la mitad de lo que compra para comer, como mucho se está haciendo daño a sí misma, pues podría invertir ese dinero en algo más productivo. Sin embargo, ni esta afirmación es necesariamente verdad, ni las consecuencias de nuestros actos son necesariamente buenas o malas. Si yo gasto más de lo necesario en comida o cualquier otra cosa, estoy alimentando indirectamente una cadena que mantiene innumerables empresas y puestos de trabajo. Lo mismo se puede decir de empresas como los supermercados, se dañarían a sí mismas, pues no creo que les haga mucha gracia que la mitad de lo que compran no puedan venderlo, ya que repercute en sus cuentas y en su propia supervivencia.

Más absurdas parecen aún las medidas propuestas, pero es que los burócratas sólo piensan como burócratas o, como dijo un político estadounidense: "la única cosa que nos salva de la burocracia es su incompetencia". Vamos, que son absurdas pero responden a su lógica intervencionista. Parece que la solución mágica que han ideado, aunque con un ligero punto de autocrítica, es que el etiquetado y el envasado son deficientes. Y eso, pese a cumplir la estricta reglamentación europea sobre etiquetado. Pero la solución no está en dar más libertad en este sentido y que las empresas busquen soluciones a este problema, si es que, claro está, nos encontramos ante un problema. No, la solución ha sido reforzar sus políticas que, todo sea dicho, son las que han llevado a la situación actual. Por lo visto, las nuevas etiquetas tendrían que llevar, además de la fecha de caducidad o de "consumir preferentemente antes de", otra fecha, la de "vender antes de", y como debemos de ser tontos por definición, el informe aclara además que los estados deberían asegurarse de que entendemos qué diferencias hay entre unas fechas y otras. Además, debería ampliarse la gama de envasados para favorecer estas políticas tan inteligentes.

De nuevo, los burócratas viven en su Babia particular. El problema de la excesiva y cambiante reglamentación, que no sólo hay que pensar en la europea, sino en las nacionales y regionales, encarece el proceso productivo y, por tanto, los precios de los productos. Además, hace que las empresas destinen buena parte de sus capitales e inversiones a satisfacer las necesidades de los burócratas y no las de sus clientes, que se ven así doblemente perjudicados.

Como no podía ser de otra manera, toda política social tiene que tener su justificación moral. En la UE, hay ni más ni menos que 79 millones de ciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza y, de ellos, 16 millones de personas dependen de las instituciones de beneficencia para alimentarse, por lo que estas medidas estarían encaminadas también a que se mejore el acceso a los alimentos para estos necesitados ciudadanos. Entramos en una trampa malvada del intervencionismo socialista: que las consecuencias de nuestros excesos conllevan las carencias de otros, que la economía es un juego de suma cero. ¡¿Cómo no vamos a ocuparnos de los pobres?! Pero yo me pregunto: el hecho de que yo desperdicie la comida o una empresa se equivoque al calcular lo que puede vender, ¿llegaría al pobre que vive de la beneficencia? ¿Acaso mi dinero no quedaría en mi cartera para satisfacer otro menester, o lo que no venda la empresa no quedaría como exceso de oferta en el campo o en el almacén del intermediario? ¿No hay otra manera de solucionar su problema o aliviar su sufrimiento que el que proponen los burócratas? En definitiva, consumimos mucho, consumimos mal y somos unos insolidarios. Menos mal que estos funcionarios derrochadores nos guían por el camino correcto.