Ir al contenido principal

Plazos, coste y riesgo del crédito

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

El tipo de interés de un préstamo tiene tres componentes: preferencia temporal (la prima del presente respecto del futuro), estimación de riesgo de impago (prima de riesgo) y expectativas de inflación.

La preferencia temporal es relativamente estable. La inflación es un fenómeno monetario generalizado (en el sentido de que afecta a todos los que tienen dinero, derechos de cobro u obligaciones de pago); podría ser prácticamente nula si el dinero fuera una auténtica institución de mercado libre; existiendo múltiples divisas, la inflación puede ser diferente para cada una.

El riesgo depende de cada préstamo y deudor concreto (privado o público, y con sus correspondientes garantías y avales), aunque puede verse afectado por percepciones generalizadas de la salud de la economía en su conjunto que pueden cambiar rápidamente y de forma conjunta (psicología de masas, contagios de desconfianza).

Los contratos de préstamo o crédito pueden incluir restricciones que los acreedores imponen a los deudores para reducir o mitigar los riesgos: presentación de cuentas, límites a más endeudamiento, especificación de las actividades a las cuales se dedican los fondos. También se utilizan garantías reales (hipoteca sobre bien inmobiliario) o personales (posibilidad de expropiar bienes o embargar ingresos futuros) y avalistas (personas que se hacen cargo de la deuda en caso de impago).

El tipo de interés de un préstamo depende de la duración del mismo. En condiciones normales mayor plazo implica mayor tipo de interés: la curva de tipos (representación gráfica del interés en función del plazo) tiene pendiente positiva; el tipo de interés a corto plazo es menor que el tipo de interés a largo plazo. La inversión de la curva de tipos (que el tipo a corto sea mayor que el tipo a largo) suele indicar alguna anomalía o crisis económica.

La deuda es más líquida (de valor más estable y seguro) cuanto más corto sea su plazo: más extensión hacia el futuro implica más riesgo e incertidumbre (el deudor tiene más tiempo y probabilidades de tener problemas, quebrar e impagar la deuda en parte o en su totalidad).

La forma de la curva de tipos se debe a la interacción entre la oferta y la demanda de crédito para cada plazo (teniendo en cuenta también la especulación, las expectativas de evolución futura de los tipos de interés). Los deudores prefieren deber a largo plazo (en el caso del crédito para la producción, para tener más tiempo para llevar a cabo proyectos más complejos y productivos, por lo cual podrán asumir una financiación más cara) y no tener restricciones sobre qué hacer con los fondos prestados (poder asumir riesgos); los acreedores prefieren tener derechos de cobro a corto plazo (poder recuperar rápidamente su dinero si lo necesitan) y con pocos riesgos (poder exigir prudencia a sus deudores).

A la fecha de vencimiento de un préstamo el acreedor debe disponer de fondos para amortizarlo por completo, negociar una extensión del mismo con el deudor (renovar o reestructurar el crédito) o declararse en quiebra y liquidar los activos. Los fondos necesarios pueden proceder de los ingresos generados por la actividad productiva (si el proyecto ya ha alcanzado la fase de comercialización y venta), de la venta de algún bien o activo o de la obtención de un nuevo crédito con un acreedor diferente.

Un proyecto productivo que no va a generar ingresos por un tiempo puede financiarse mediante múltiples créditos sucesivos a corto plazo, o mediante un solo crédito a largo plazo. Al financiarse a largo plazo el acreedor paga más por el préstamo pero tiene una situación financiera más sólida y solvente, no necesita preocuparse constantemente por obtener ingresos o renovar créditos, no depende de otros. La financiación a corto plazo es más barata pero más arriesgada: el deudor tiene una posición financiera delicada, depende frecuentemente de encontrar nueva financiación, y esta podría desaparecer o incrementar fuertemente su precio, lo que podría arruinarlo.

Más descalce de plazos entre activos a largo y pasivos a corto, sea para una empresa o para la economía en su conjunto, implica más riesgo, más descoordinación entre los proyectos productivos y sus financiadores (los ahorradores que además son consumidores), más sensibilidad a cambios y problemas, menos resistencia, mayor probabilidad de fracasos y pérdidas. Estos riesgos no pueden desaparecer, pero pueden distribuirse u ocultarse.

Si las empresas se financiaran directamente de los ahorradores no podrían llevar muy lejos estos desajustes: la refinanciación sería cada vez más difícil y las quiebras incentivarían la prudencia de los inversores.

Un banco (o el sistema bancario en su conjunto) puede agravar el problema porque puede intentar realizar arbitraje sobre la curva de tipos y descalzar plazos mezclando sus funciones de gestión de pagos (dinero y deuda a muy corto plazo) e intermediación financiera (deuda a más largo plazo y acciones). El banco distorsiona y envilece sus complementos o sustitutos monetarios para expandir el crédito. Oculta y redistribuye riesgos, agregando los de muchos agentes y concentrándolos en sí mismo; pero es entonces el propio banco el proclive a quebrar cuando haya problemas, y además como intermediario de pagos y finanzas pondrá en peligro a todas sus múltiples contrapartes (riesgo sistémico).

El largo plazo por un plato de lentejas

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

A pesar del inevitable y reforzado interés que toma el estudio de las cuestiones coyunturales y financieras debido a la Gran Recesión, conviene no perder la perspectiva del crecimiento a largo plazo.

Al contrario de algunos, que en sus declaraciones parecen seguir la filosofía del ‘a largo plazo todos muertos’, otros economistas adquieren una posición mucho más sensata. Así por ejemplo, el prestigioso economista del MIT Daron Acemoglu afirmaba hace un par de años en EconTalk que el peligro auténtico y más importante al que se enfrentaban las economías en 2009 era el de tomar medidas que, con el objetivo de evitar caídas leves –del 1%- del PIB en un año particular, se sacrificara el crecimiento –en un 1%- de este PIB durante un periodo prolongado de tiempo; lo que en 30 años significaría tener un PIB un 35% inferior.

Para él, ése sería un precio demasiado alto para pagar a cambio de suavizar la parte recesiva del ciclo económico: tras aplicar las medidas necesarias destinadas a tratar de evitar una gran depresión –o lo que desde nuestra perspectiva podríamos denominar como ‘contracción secundaria’-, el énfasis de las políticas económicas debería centrarse acto seguido en asegurar un ambiente propicio para el crecimiento económico a largo plazo.

Las palabras de Acemoglu resultan muy interesantes para analizarlas en estos momentos. Más de dos años después, seguimos inmersos en una situación tremendamente delicada, agravada en algunos importantes aspectos por las políticas presuntamente contracíclicas tomadas desde los gobiernos, en particular en lo que se refiere a 1) los niveles de deuda y 2) la abultada incertidumbre.

Respecto a la deuda, ante la caída de la actividad económica y el empleo, con la caída de la recaudación fiscal que ello implica (y que en el caso de España fue excepcionalmente alta), los gobiernos decidieron aplicar medidas de aumento del gasto público con el objetivo de estimular la economía. Las consecuencias directas más palpables han sido la explosión del déficit y la deuda pública, sin mejoras en el crecimiento significativas –más bien lo contrario-.

En Europa, ello ha sido uno –no el único– de los factores que han contribuido a generar la crisis de deuda soberana a la que las autoridades europeas siguen sin dar una respuesta clara y definitiva. En Estados Unidos, similarmente, ha conducido a una situación de insostenibilidad de la deuda gubernamental que debe corregirse con firmeza para alejarse del ya no tan improbable default.

Difícil panorama al que se enfrentan las principales economías desarrolladas, necesitadas todavía de un doloroso y notable proceso de desapalancamiento, para establecer los fundamentos de un crecimiento sostenido.

Este crecimiento sufre de adicionales obstáculos, como es la elevada incertidumbre institucional fruto del activismo gubernamental y/o la mala gestión política de la crisis. Pensemos en las inciertas medidas que vayan a tomarse en el futuro –subidas de impuestos, regulaciones financieras…-, o las que ya se han tomado pero cuyos resultados concretos todavía están lejos de ser claros –reforma sanitaria de Obama-. O pensemos en cómo se está llevando políticamente la crisis de deuda en Europa y la práctica imposibilidad de predecir las próximas decisiones de las autoridades.

Es esta incertidumbre la que puede explicar, entre otros factores, la anémica inversión privada neta –motor del crecimiento a largo plazo- y la escasa recuperación del empleo en los Estados Unidos, especialmente por el impacto distorsionador que la incertidumbre causa sobre los pequeños y medianos empresarios (o aquellos que piensan crear nuevas empresas) a la hora de llevar a cabo el cálculo económico.

Los factores comentados vienen a confirmar los peores augurios de Acemoglu. Peter Boettke suele decir en los últimos años que las políticas gubernamentales tomadas desde 2008 han convertido lo que podría haber sido una corrección del mercado, profunda pero corta, en una crisis prolongada a lo largo y ancho de la economía.

El sacrificar unos sólidos fundamentos para el crecimiento a largo plazo por disfrutar de un aparentemente suculento plato de lentejas en el corto plazo no suele ser una estrategia óptima. Tampoco lo ha sido esta vez.

Encadenados al Estado del Bienestar

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Hasta hace un par de años, el españolito medio soñaba con su jubilación, que el Gobierno le había dicho que tendría lugar a los 65 años, momento a partir del cual cobraría una pensión que le permitiría vivir sin trabajar hasta el fin de sus días: El justo premio a todos sus años de trabajo y cotización a las arcas del Estado.

Entonces llegó la crisis económica, y el sueño comenzó a hacerse añicos. Resulta que, a las primeras de cambio, todos esos importes cotizados no son suficientes para sostener el sistema. El feliz momento se postergó, de momento hasta los 67 años, y se descremó, endureciendo la forma de cálculo de la cuantía a recibir. E imagino que muchos españoles (y europeos), viendo el guindo desde abajo, serán conscientes de que tampoco está claro que se vayan a poder jubilar a los 67, ni a los 70, ni a los 75, si es que alguna vez pueden (entendiendo jubilarse como dejar de trabajar para recibir una pensión del Estado).

Y eso de retrasar la edad de jubilación, ¿es lo normal? ¿Es lo que debería ocurrir? Veamos qué ocurriría en un mercado no intervenido.

En este mercado, los emprendedores acometen proyectos en los que creen que van a acrecentar el valor de los recursos. Si aciertan en sus previsiones, se crea riqueza, una parte de la cual la retiene el emprendedor, y la restante se transmite a los demás individuos. Si se equivocan, destruyen riqueza, la suya propia, y son forzados a abandonar el proyecto. Por tanto, una sociedad libre tiende a generar riqueza, por la sencilla razón de que los proyectos que la crean sobreviven, y los que la destruyen, desaparecen.

Este aumento de valor se transmite hacia los recursos involucrados en el proyecto, siempre que, como ocurre en el libre mercado, no haya barreras legales de entrada. El mecanismo es muy sencillo: al observar los beneficios del emprendedor exitoso, otros emprendedores comienzan a imitarle, y hacen así que suban los precios de los recursos necesarios para acometer el proyecto.

Sea cual sea la actividad económica, hay una cosa segura: necesita el concurso del factor trabajo. Por tanto, esa creación de riqueza que ocurre en la sociedad libre supone una revalorización del factor trabajo, lo que se traduce, ceteris paribus, en una subida real de los salarios.

Desde otro punto de vista, los activos que añade el emprendedor exitoso a la estructura productiva hacen que aumente la productividad de los trabajadores. Ello, a su vez, posibilita que tienda a incrementare su sueldo.

Si se produce una subida en términos reales de los salarios, automáticamente resulta posible para los trabajadores incrementar la parte de su renta que dedican al ahorro, aunque lo que hagan o no dependerá de sus preferencias temporales. En todo caso, en general, el ahorro de los trabajadores se incrementa.

Este incremento en el ahorro es paralelo con el aumento de ahorro que también tendrán los emprendedores (por la riqueza generada con su idea), así como otros propietarios de recursos, cuya revalorización también se produce. En suma, aparece un mayor ahorro, que posibilita nuevos proyectos de inversión a los emprendedores, que tendrá de nuevo el efecto benéfico explicado más arriba.

De esta forma, en el mercado no intervenido se produce un círculo virtuoso que, desde el punto de vista del trabajador, se materializa en una capacidad creciente de ahorro.

Siendo así, es claro que los trabajadores que opten por hacerlo conseguirán acumular la cantidad que creen necesaria para sobrevivir sin trabajar, antes que si no se produjera este círculo virtuoso. Por tanto, en el mercado libre, la edad de jubilación tendería a anticiparse.

Compárese con lo que ha ocurrido en la actualidad. Esas maravillosas pensiones que el Estado pretende garantizarnos ya solo las podremos cobrar a partir de los 67 años. Por tanto, en lugar de anticiparse el momento en que el trabajador puede liberarse de sus "cadenas", se retrasa. Simplemente por el análisis teórico expuesto, deberíamos ser conscientes de en qué tipo de manos hemos depositado nuestro futuro. ¿Es acaso posible que el Estado del Bienestar nos trate peor que el mercado libre?

La respuesta es simple: ese Estado depende de los ingresos de los trabajadores para su supervivencia. Y, como a todo el mundo en sus transacciones comerciales, le interesa obtener lo máximo a cambio de lo mínimo: que los trabajadores paguen el máximo (trabajen cuanto más tiempo generando materia sujeta a impuestos y cotizaciones) y cobren el mínimo (disfruten el menor tiempo posible de su retiro, y con la pensión más reducida posible).

En este contexto sí podemos entender el término "cadenas" asociado al trabajo: nos obligan a trabajar y cotizar con el caramelo de la exigua jubilación. En cambio, en el mercado libre, el trabajo no supone ninguna cadena, pues cada individuo puede anticipar tanto como quiera (y pueda) su jubilación.

¿Será la crisis actual el fin de nuestro encadenamiento al Estado del Bienestar?

Ceguera y subvenciones, males del cine español

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La ministra española de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha dado otra de sus habituales muestras de generosidad con el dinero de los ciudadanos hacia el cine, sector profesional del que proviene y al que seguramente vuelva cuando salga del Gobierno. En plena crisis y cuando resulta urgente rebajar el gasto público, acaba de aprobar otros seis millones de euros en subvenciones hacia sus pasados y previsibles futuros compañeros. Y mientras el Ejecutivo sigue malgastando el dinero de los ciudadanos en favorecer a una industria supuestamente cultural (que, además, por lo general vive de espaldas a los gustos de los espectadores), desde sus filas suenan voces culpando a todos menos a ellos mismos de que no se vean apenas películas españolas.

Pero tal generosidad no es suficiente para muchos de quienes viven de ese cine español que no tiene la aceptación del público. El actor Alberto San Juan es una buena muestra de ello, así como de la incapacidad generalizada en dicho sector para reconocer que no hacen productos de calidad o que se ajusten a los gustos de los espectadores a los que dicen dirigirse. Ha sentenciado que la "mala imagen" de las películas españolas y quienes las hacen radica en el "ataque incomprensible" de los medios de comunicación.

Por supuesto, estos ataques provienen de los medios de "extrema derecha", que son "numerosísimos". No se ha vuelto loco con esto último, en su ceguera ideológica (es compañero del más conocido admirador español de Pol Pot, Willy Toledo), todo lo que no se sitúe a la zurda del ala más izquierdista del PSOE es fascista o similar. También se ataca al cine español, según este señor, desde medios "supuestamente progresistas". Dicho de otro modo, quien ose criticar la calidad del cine desde la izquierda tan sólo "supuestamente" se sitúa en esas posturas ideológicas. Sectarismo en estado puro.

¿Y cuáles son las soluciones de Alberto San Juan para el cine español? No pasan por imitar a Santiago Segura y hacer películas rentables gracias a responder a los gustos de muchas personas. En absoluto. Para este actor, hay que dar "más apoyo" desde el Estado y los medios de comunicación. Sobre lo primero, está claro a qué se refiere: más subvenciones para poder seguir haciendo productos que no interesan a nadie. Sobre lo segundo, da que pensar. Si se refiere a dinero, las televisiones ya están obligadas por ley a financiar cine español. Si no se trata de eso, tan sólo puede referirse a recortar la libertad de los medios para obligarles a hablar bien de las películas que ellos hacen. Estaría bien que aclarara a qué se refiere.

La abundancia de personas como este actor y las subvenciones como las concedidas por González-Sinde son el principal problema del cine español. Mientras las películas no necesiten del público para ser rentables, quienes se dedican a ellas podrán seguir negándose a ver la realidad y continuarán haciendo productos que no responden a lo que quiere el público. Esa es la verdad, y no unos supuestos ataques que no son más que críticas a la mala calidad generalizada y a la actitud prepotente de muchos actores, guionistas y directores.

Los enemigos de los ciudadanos ingleses: Saqueadores, Gobierno y Policía

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

"La defensa propia es un derecho natural que ningún gobierno puede privar a las personas, ya que ningún gobierno puede proteger al individuo en momentos de necesidad"

 William Blackstone

Jurista inglés del S. XVIII

Un estudio del Gobierno británico realizado en los periodos 1890-92 reveló que en la isla solo hubo tres asesinatos con arma de fuego (uno al año). En aquel momento el país tenía unos 30 millones de habitantes. En 1904 solo hubo cuatro robos a mano armada en Londres[1]. La capital inglesa era la ciudad más segura del mundo. En aquella época, Reino Unido disfrutaba de una libertad de armas bastante grande. Más de cien años después, la población ha aumentado a unos 60 millones de habitantes y las sucesivas restricciones a la defensa individual han provocado que el año pasado el país haya tenido más de 640 asesinatos, casi 9.500 intentos de homicidio, más de 14.000 violaciones[2] y casi 3 millones de atentados contra la propiedad. De hecho, desde la última gran prohibición a las armas (1997), que impide totalmente acceso a ellas para defenderse, el crimen se multiplicó por 10 hasta doce años después. Bajo el titular: A pesar de la prohibición a las armas de fugo, el crimen se dispara, la BBC se sorprendía. No entendía cómo dos años después de la prohibición total, el crimen armado había aumentado un 40%. (Aquí la evolución del los asesinatos en Reino Unido y Gales desde la prohibición).

La violación de los derechos civiles por parte del Gobierno británico hacia su población no solo ha significado que el país haya pasado de ser uno de los más seguros de Europa a la capital del crimen europeo, sino que tal desorden gubernamental sale carísimo al ciudadano. En los temas de: control de armas, lucha contra las bandas y ‘prevención del crimen’, el Gobierno británico piensa gastarse en los próximos dos años más de 18 millones de libras (20,5 millones de euros). ¿Y para qué? Su política de Estado Policial y del Bienestar solo ha minado la libertad individual e intimidad del hombre libre convirtiendo el país en el que más cámaras de vigilancia tiene del mundo. Sí, más que China. Cámaras que, según el propio Scotland Yard, no ofrecen ninguna seguridad. El Gobierno, con el tema de la seguridad, como en tantos otros temas, no hace sino quemar el dinero sin ofrecer soluciones reales.

Los altercados de la semana pasada ya fueron la locura total del Estado Policial británico y las consecuencias del Estado del Bienestar. Habían prohibido, ley tras ley, que los ciudadanos se defendieran de las agresiones. Salió la policía y el Gobierno en los medios diciendo a la población que no se defendiera, que permaneciera en sus casas viendo cómo los delincuentes destrozaban sus negocios o maltrataban a sus vecinos, hijos, familiares y amigos. Quien se defienda en la isla es tratado por el Estado como un enemigo público, algo que no les ocurre a los delincuentes. El enemigo del Pueblo no solo son los rentistas estatales y saqueadores, sino el Gobierno y la propia policía que detiene y acosa a padres de familia por defender a sus vecinos y comercios.

El propio Cameron ha admitido que su actuación policial ha sido ‘mala’. ¿Solo mala? Los policías miraban lo que ocurría, pero no hacían nada. La estupidez policial no tiene perdón. Hace unos años, por ejemplo, exculparon a un violador de niñas porque la ‘policía había perdido su expediente’. Nadie respondió de ese grave error. Es más, la ‘eficiente’ policía británica solo realiza un 5% de arrestos de todos los casos que investiga. La policía es fuerte con el débil —el ciudadano— y débil con el fuerte, el delincuente que ataca la propiedad y vida ajena. ¡Y luego el Gobierno dice que ‘dejen a la policía hacer su trabajo’! ¿Cuál, poner multas al ciudadano honrado?

La historia nos lo ha enseñado una y mil veces. Lo hemos lamentado ahora con los incidentes de Reino Unido que han costado varias vidas y pérdidas materiales por valor de 224,5 millones de euros. Solo el ciudadano, por sí mismo, con patrullas ciudadanas o empresas privadas de seguridad contratadas, puede combatir el crimen con las herramientas que considere. Si el Gobierno prohíbe las armas, solo los delincuentes tendrán acceso a ellas. Reino Unido se ha convertido en un gun free zone, y por lo tanto en una fiesta continua para los delincuentes y rentistas estatales. Afortunadamente, no todos los ingleses han acatado como borregos las amenazas del Gobierno y se lanzaron a defender sus vidas y propiedades tal y como informa The Guardian. De no haber sido así, de no haberse tomado los ciudadanos ‘la justicia por su mano’, como diría algún propagandista antiderechos humanos, el desastre habría sido peor.


[1] El año anterior (1903), había entrado en vigor la primera ley contra las armas cortas (aquellas con cañón inferior a 23 cm.). No fue por temas de criminalidad, sino por razones moralistas. La excusa fue que los niños podían matarse con las armas. Esta ley trajo más daño que bien y a partir de aquí se empezarían a desatar una sucesiva cadena de regulaciones contra las armas, que a cada cual, conllevarían más robos, crímenes y muertos.

[2] La violencia sexual es uno de los casos más dramáticos de la isla. En 2010, según el Home Office, hubo 2.200 violaciones a menores de 13 años. Casi 2.900 violaciones a chicas de entre 14 y 16 años; y más de 9.500 violaciones a mayores de 17 años. En solo dos años las violaciones a mujeres han aumentado un 20%. Han negado a las mujeres el derecho a defenderse prohibiendo las armas.

La reducción del gasto público, única vía para evitar la recesión económica

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

La evolución de la economía de España dependerá de que un próximo Gobierno logre implementar satisfactoriamente una drástica reducción del gasto público como condición previa para lograr una salida de la recesión económica.

De otro modo, el lastre del gasto "social" de las administraciones públicas hará que el hundimiento de la economía española sea aún más profundo. Es decir, en caso contrario, la recuperación será una travesía larga y aún más penosa durante el transcurso de la presente década.

Ya se comentaron algunos ajustes microeconómicos imprescindibles para introducir competitividad en la economía española y también la importancia de introducir límites constitucionales al déficit presupuestario, los tributos y el endeudamiento. A continuación, por su importancia a corto plazo, nos centraremos en analizar la urgente necesidad de reducir el gasto público.

1. Gasto público en España

El gasto público total del año 2011 esta presupuestado en 362.459,62 millones €. Si se analiza su composición en el cuaderno blanco de los Presupuestos Generales del Estado 2011, comprobamos la magnitud del cáncer presupuestario en la economía española, ya que se consumen los recursos de los pagadores de impuestos con una triple metástasis: el gasto social, el gasto de las administraciones territoriales y el gasto en endeudamiento soberano.

Un ajuste presupuestario serio debería provenir principalmente del gasto social, dado que asciende a 183.230,91 millones € lo que significa un 50’55% del presupuesto público de la Administración General del Estado (AGE).

Es preciso señalar que, como el gasto social ya consume un 50,55% y el endeudamiento otro 20,47%, tan sólo queda un 28’98% del gasto público que corresponde a los servicios públicos de la AGE (17,17%) y a las transferencias a las administraciones territoriales (8,47%) y a la Unión Europea (3,34%).

2. Gasto en endeudamiento de los PGE 2011

El gasto público total del año 2011 está presupuestado en 362.459,62 millones € con un 20,47% comprometido en el pago de la deuda soberana (74.196,53 millones €). Esto implica que al pago del endeudamiento del Estado se dedican uno de cada cinco euros presupuestados, lo que es ya de por sí una cifra que manifiesta la mala gestión realizada en los últimas dos legislaturas. Y el endeudamiento deja tan sólo un 79’53% para poder hacer recortes.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2011 fueron realizados con una previsión de crecimiento del 1,3% PIB y una disminución del desempleo del 0,3%. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Hacienda tuvo en cuenta un tipo de interés del alrededor 4% en los bonos de deuda soberana de España de septiembre de 2010 y una prima de riesgo de 200 puntos básicos respecto del tipo de interés en Alemania.

Sin embargo, tal y como señaló el Instituto de Estudios Económicos, las previsiones económicas realizadas por el Gobierno fueron erróneas. Por el lado de los ingresos públicos, el crecimiento del PIB estará entre el 0,4% y el 0,8% en lugar de en el 1,3% empleado para calcular los PGE 2011, por lo que los ingresos serán menores de lo inicialmente previsto.

Y, por el lado del gasto público, los PGE 2011 plantearon un recorte del 12% (11.000 millones €) respecto de las cuentas del 2010, pero no mencionaban que parte de ellos consistían en los recortes ya efectuados por 7.900 millones € durante la crisis de deuda del año 2010. Por tanto, el ahorro "real" es de 3.100 millones € en los PGE 2011 respecto del año anterior. Por otro lado, si el desempleo parece que aumentará en un 0,5 % en lugar de la previsión gubernamental de descender un 0,3%, significaría un coste adicional en torno a los 1.500 millones de €.

El escenario económico y financiero está empeorado sustancialmente ya que, a fecha del 4 de agosto de 2011, el tipo de interés de bonos españoles era del 6,2% y la prima de riesgo llegó a rebasar en algunos momentos los 400 puntos básicos, lo que significa un sobrecoste de gasto de "endeudamiento" en torno a los 25.000 millones € y, por tanto, un 6,89% adicional en el gasto público, que podría llegar a ser efectivo si en algún momento el Banco Central Europeo dejase de comprar la deuda soberana española.

3. Gasto de las administraciones territoriales 

Algunos entendemos que el gasto en administraciones territoriales es susceptible de ser recortado, dado que hace tiempo que urge implementar planes de austeridad autonómicos y municipales, lo que se justifica si tenemos en cuenta los numerosos casos de corrupción y de clientelismo político y sus 2,7 millones de empleados públicos.

Probablemente, se requiera una reducción del número de municipios, la eliminación de las diputaciones provinciales, la fijación de sanciones por rebasar límites de déficit y endeudamiento, y un severo plan de austeridad que incluyese un recorte de los empleados y presupuestos públicos de las administraciones territoriales para evitar las duplicidades con la administración central y la ociosidad en los más de 2’7 millones de empleados públicos.

Por el contrario, un recorte presupuestario adicional en la AGE es posible pero su alcance sería siempre limitado, teniendo en cuenta que ya se redujeron 7.900 millones € el año 2010 y que se recortan otros 3.100 en el año 2011, aparte de haber asumido en exclusiva los recortes efectuados por el actual Gobierno. Por proporcionar algunas cifras interesantes, de los cerca de 675.000 trabajadores que había en la AGE en el año 1978, ahora apenas cuenta con 592.000 personas, muchas de ellas atendiendo servicios públicos básicos (Seguridad Interior, Justicia, Defensa y Política Exterior), que son aquellos que garantizan la seguridad (interior, jurídica y exterior) de los ciudadanos para poder actuar en libertad y que suponen 19.731,10 millones €. Es decir, sólo 5’44% del presupuesto público.

 4. Recorte del gasto social en los PGE 2012

Si queremos evitar que el tridente que erosiona el gasto público paralice la economía española durante la presente década con el gasto social, el gasto en administraciones territoriales y el gasto en endeudamiento, será preciso que el Gobierno realice un nuevo Plan de Austeridad equivalente al recorte de 79.000 millones € en Italia.

Teniendo en cuenta que las elecciones en España serán en los próximos meses, un nuevo Gobierno no tendrá tiempo de aprobar nuevos presupuestos por lo que habrá que prorrogar los PGE 2011 para usarlos en el año 2012 lo que supondrá un grave problema, dado que no contemplan el sobrecoste de los intereses de la deuda soberana de España, ni los incumplimientos del Gobierno del ínclito Sr. Rodríguez Zapatero, ni la deuda oculta en ayuntamientos, autonomías o empresas públicas.

Sin embargo, es esencial que se cumplan los presupuestos y que no sigan creciendo los intereses de la deuda para evitar que la crisis se agudice con la posibilidad de que España deba ser rescatada por el Banco Central Europeo y/o por el Fondo Monetario Internacional, con las graves consecuencias que tendría para nuestra economía durante la presente década.

En cualquier caso, la clave está en realizar una reducción importante del gasto social, porque es la mejor opción que existe para realizar un ajuste presupuestario "estructural" y con la profundidad suficiente como para corregir las cuentas públicas de España también a medio y largo plazo, dado el alcance que supone actuar sobre un 50,55% del gasto público.

Permítanme esbozar tres ideas al respecto. Podría ser aconsejable reducir el gasto en Seguridad Social (34%) con la introducción del copago sanitario, tal y como acaba de realizar Italia con el abono de 10 € por cada consulta al especialista y 25 € por cada atención en servicio de urgencias que no sea de imperiosa necesidad. También se puede modificar el cálculo de pensiones públicas para extenderlo a toda la vida laboral y promover un sistema de capitalización privada de pensiones. Y, finalmente, se puede iniciar el tránsito hacia un sistema de prestaciones privadas por desempleo.

LEER MÁS

El Banco de Inglaterra y la Revolución Gloriosa

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Tras la Revolución Gloriosa, el Gobierno debía someterse al Parlamento, todo un logro para la historia de la democracia. La guerra que había desembocado en la Revolución había mermado los fondos de la Corona inglesa. A la ascensión de William y Mary siguieron varias guerras que esquilmaron aún más las arcas del Reino, hasta prácticamente vaciarlos a los cinco años de su llegada al Trono. Pero entonces se produjo otra revolución, la financiera, que le dio un vuelco a ambas situaciones.

Un escocés de nombre William Paterson llegó ante la Corona con un plan debajo del brazo: un conjunto de personas, cercanas al poder, constituirán una corporación que le realizarían un préstamo al gobierno que, en lugar de amortizarse en un plazo definido, proveería de un interés perpetuo. Esta institución tendría la facultad de comprar deuda del Gobierno, emitir billetes, comprar y vender oro y descontar pagarés. El capital original de esta institución fue de 1.200.000 libras, de las cuales 10.000 las puso William III y la misma cantidad la reina Mary II. Se constituyó en 1694 y su nombre es el Banco de Inglaterra.

El Gobierno creó dos compañías monopolísticas cuya carta se concedió a cambio de que adquiriesen títulos de deuda del Banco de Inglaterra. A la Compañía de las Indias Orientales, creada en 1709 a partir de otras empresas, se le concedió el monopolio del comercio con Asia a cambio de la compra de grandes cantidades de obligaciones del Banco de Inglaterra, llamadas “anualidades”. La Compañía de los Mares del Sur recibió el monopolio del comercio de bienes y esclavos con África a cambio de comprar 9 millones de libras en anualidades. El Banco de Inglaterra, con esos fondos, pudo financiar cantidades crecientes de deuda pública. En 1719 alcanzó los 50 millones de libras. Pronto empezó a causar cierto temor por su tamaño. Gran parte de la deuda cambió su carácter perpetuo por préstamos a largo plazo y se habilitó en 1716 un fondo de amortización a partir de la retirada de ciertos impuestos fijos. Walpole, que lideró el gobierno de 1721 a 1742, amplió este fondo de amortización para restablecer el crédito de la deuda pública. Pronto comenzaron a venderse los títulos en la Bolsa de Londres, lo que les otorgó gran liquidez.

El primer problema apuntado aquí, el de la pobreza de los fondos públicos, quedó ampliamente resuelto. ¿Qué pasó con el otro, con el triunfo del Parlamento tras la Revolución Gloriosa? Echemos antes la vista atrás para recordar cuál era el papel del Parlamento inglés. El Rey, aunque muy poderoso, tenía cierto carácter de primus inter pares. No sólo había pretendientes al trono sin poder alegar derecho de sucesión, sino que hubo varios cambios de dinastía, como es bien sabido. Sus fuentes de ingresos procedían sobre todo de sus rentas como terrateniente y su riqueza se ampliaba o dividía con las conquistas y alianzas matrimoniales. Contaba, además, con el apoyo militar con la nobleza, o con la parte de ésta con la que había logrado una alianza.

Tenía también otra fuente de ingresos. La proveían los Comunes, que se reunían para fijar las contribuciones a las necesidades del reino. Se consideraba que los impuestos eran dádivas (gifts) que se entregaban a cambio de que la Corte los destinase a ciertos usos consensuados. El Gobierno no se podía distinguir de la persona del Rey y de su Corte, con un personal bastante escaso. Su capacidad de financiación, más allá de sus propias rentas, era muy limitada e inflexible. Lo que podía sacarle a los Comunes era del orden de magnitud de varios cientos de miles de libras. Los Comunes eran una institución distinta de la Corona, y no podía disponer de ella a su voluntad.

De hecho, en eso se basaba la idea de separación de poderes o, más propiamente, de gobierno mixto de Inglaterra. Desde el siglo XVII se acuñó la idea de que aquel país había resuelto el problema clásico del gobierno expresado por Polibio de que éste siempre tendía a la corrupción: desde la monarquía a la tiranía, de la aristocracia a la oligarquía y de la democracia a la demagogia y la anarquía. Y ello gracias a que había conservado un equilibrio entre los tres principios, una monarquía que conservaba todas sus virtudes, pero que estaba fiscalizada por la democracia (los Comunes), moderados a su vez por el buen sentido de la aristocracia (la Cámara de los Lores).

La revolución financiera cambió todo eso. “A partir de entonces”, escribe Forrest McDonald en Novus Ordo Seclorum, “los tres estados del país se encarnaron en un sólo Estado, cuyos recursos y cuyo crédito comprendía todo el reino”. Y, dotado de nuevos medios económicos, el Gobierno adquirió un poder antes desconocido. Es más, esa fuente de financiación no dependía del Parlamento, por lo que podía tomar medidas al margen y en contra de sus indicaciones. La administración creció a un ritmo inaudito. Pronto surgió una corriente de opinión contraria a la revolución financiera y a sus implicaciones políticas. Esta “corriente de la oposición”, que tanto influiría en los Padres Fundadores de los Estados Unidos, veía en estos cambios una corrupción del sistema de gobierno inglés. Bolinbroke, el tory líder de la oposición a Walpole, acuñó el término “Robinocracia”, que hacía referencia a que el primer ministro seguía ejerciendo el poder en un entorno institucional aparentemente constitucional, pero corrompido por la influencia del Ejecutivo sobre el Parlamento: “El Ejecutivo posee medios para distraer al Parlamento de sus funciones propias; seduce a sus miembros ofreciéndoles puestos y pensiones (…) persuadiéndoles de que adopten medidas (Ejército permanente, deuda nacional, impuestos sobre el consumo) por las que las actividades de la administración crecen más allá de lo que pueda controlar el Parlamento”. Sí. El Gobierno podía comprar a los miembros del Parlamento con prebendas y condicionar el sentido de su voto. ¿A quién representaban ahora?

En las Cartas de Cato, John Trenchard y Thomas Gordon dejaron claro que el poder Ejecutivo era la mayor amenaza para la libertad porque podía corromper al resto de poderes, y lo había logrado gracias a su nueva capacidad financiera. Bolinbroke consideraba que, dado que el sistema financiero afectaba directamente a los hábitos de la gente, suponía una amenaza superior a todas las demás. Y veía en los créditos a largo plazo que obtenía el Gobierno una forma de beneficiar al partido de la Corte, a los adinerados que se adhieren al poder político, hipotecando a la gente (el partido del campo), que acabará pagando tales deudas con sus impuestos.

El primer banco central de la historia ayudó a corromper el gobierno mixto inglés que, lejos de acercarse a cualquier ideal de perfección, había evolucionado hacia un sistema bastante razonable, enraizado en la estructura social del país, y que dificultaba el crecimiento del poder central. Valga como ejemplo que tradicionalmente se había confiado la defensa del país a las milicias, a la propia gente armada y organizada localmente, y que se había identificado a los ejércitos permanentes (standing army) con la tiranía. Gracias al Banco de Inglaterra y a los monopolios comerciales, gracias a la corrupción del Parlamento que denunciaron desde la corriente de la oposición, William III pudo tener su ejército permanente.

Los mercados malvados antipatriotas… ¡somos nosotros!

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Una de las cabezas de turco de esta crisis son, sin duda, "los mercados". A diario podemos leer y escuchar que los mercados nos están suicidando (sic) porque dictan órdenes (desde el capitalismo más salvaje) que a los gobernantes no les queda más remedio que obedecer. En realidad, todo nace del hecho que hay estados (como España e Italia actualmente) que no consiguen refinanciarse con facilidad. Los mercados, se nos dice, especulan siniestramente porque no compran deuda soberana española masivamente y la encarecen.

Bueno, veamos. Lo primero a señalar es que los mercados no pueden dirigir nada ni a nadie. El mercado es un proceso de tipo espontáneo constituido por numerosas interacciones humanas (a veces millones) que actúan persiguiendo sus fines individuales. En este proceso se crea, descubre y transmite información. Esta información relevante es de tipo práctica, dispersa y tácita no articulable. De esta manera se ajustan y coordinan de forma competitiva los planes contradictorios de los individuos y se hace posible la vida en común. No tiene sentido, por tanto, hablar de ningún órgano de planificación central del mercado. Es un proceso no intencionado y espontáneo.

Muy bien. Y cuando se habla de esos mercados especuladores, malvados y despiadados que no compran deuda soberana española (o italiana), ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quiénes son realmente? Para responder a esta pregunta deberemos mirarnos al espejo, ya que sencillamente, "los mercados"… somos todos nosotros.

Me explico. La mayoría de nosotros llevamos nuestros ahorros al banco y contratamos depósitos o suscribimos un fondo (como mínimo para que la inflación no los pulverice en poco tiempo). ¿Qué esperamos del banco? Corríjanme si me equivoco, pero lo que solemos esperar es que nos consigan la máxima rentabilidad posible. Es decir, que inviertan en aquellos valores que son seguros, fiables y con mucho futuro. ¿No es así?

¿Qué pasaría si usted se acercase al banco para ver qué tal va su fondo, y le dijesen que la rentabilidad de sus ahorros ha sido nula o incluso negativa (ha perdido parte de sus ahorros) porque fueron patriotas e invirtieron su dinero en deuda española o italiana? Lo que ocurriría previsiblemente es que usted cogería un enfado monumental, se sentiría estafado, llegaría incluso a insultar a su asesor bancario y quitaría inmediatamente todo su dinero de ese banco… ¡para meterlo en otro que sí le consiga una buena rentabilidad a sus ahorros! ¿Está de acuerdo conmigo, no? Perfecto, es usted lo que suelen llamar un especulador malvado antipatriota que participa en la tiranía despiadada de los mercados.

Pese al tono de humor que he empleado, la explicación dista mucho de ser una broma. Es la realidad. Los ahorradores e inversores no se fían del futuro de España, y por lo tanto, no van a invertir en ella pudiendo invertir en otros valores más seguros y previsiblemente más prósperos. A nadie le gusta perder dinero miserablemente o correr riesgos innecesarios. ¿Parece lógico no?

¿Y por qué los inversores no se fían de España? Muy sencillo: porque España está muy endeudada (más del 60% del PIB), con un importante déficit (entre el 9 y el 10% del PIB) y, lo que es más preocupante: sin haber cambios estructurales significativos que reduzcan este déficit y reviertan la situación. ¿El futuro no es muy alentador, verdad?

En cualquier caso, pese a la explicación que yo le he dado, usted puede dejar de participar en esta lógica de los mercados si considera que es perversa e inmoral. Sólo tiene que sacar todo su dinero del banco e invertirlo directamente en letras, bonos y obligaciones del Estado Español. Así de sencillo. ¿Se atreve?

El secreto de Coca-Cola, Google e Inditex

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

La propiedad es fruto de la escasez pero, por suerte, el innato ingenio humano es ilimitado. De ahí, precisamente, que la propiedad intelectual carezca de sentido y, por tanto, la explotación monopolística de un producto u obra por la vía de la patente y el copyright, previa autorización estatal, sea ilegítima desde el punto de vista liberal. Dicha argumentación teórica, espléndidamente desarrollada por Albert Esplugas (ver, por ejemplo, aquí, aquí o aquí), se puede constatar en la práctica observando el desarrollo de grandes éxitos empresariales.

Coca-Cola, que acaba de cumplir 125 años de historia, es una marca registrada (su seña de identidad), pero su fórmula original, el secreto mejor guardado de la compañía, no está patentada, es decir, permanece en la más estricta confidencialidad. Y es que la existencia de patente obliga a la publicación, y consiguiente acceso público, del invento en cuestión, tal y como explica el propio Marcos de Quinto, presidente de Coca-Cola en España y Portugal. La fórmula de la conocida bebida sigue siendo un enigma a día de hoy, pese a las numerosas especulaciones existentes. Aunque es posible conocer su composición, la receta –mezcla exacta, presión a la que se cocina, tiempo de cocción en los distintos procesos– sigue guardada con el máximo celo por la empresa.

John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, creó la fórmula del jarabe en mayo de 1886. En su año de lanzamiento apenas se vendían nueve Coca-Colas al día. En 2010 se consumieron 19.400 bebidas cada segundo. La empresa ostenta desde hace tiempo la marca comercial más famosa del mundo, con un negocio superior a los 100.000 millones de dólares al año y con el ambicioso objetivo de duplicar su tamaño para 2020, lo cual implicará vender más de 3.000 millones de unidades cada día.

La moraleja que entraña la historia de la Coca-Cola es que "si quieres explotar una idea (en este caso una fórmula) no es preciso patentarla". De hecho, desde su creación la bebida ha sido imitada en numerosas ocasiones por la competencia hasta el punto de que diferenciar una marca de otra con los ojos vendados resultaría muy difícil para muchos. Y es que, tal y como aclara De Quinto, el largo éxito de esta empresa no radica en la bebida en sí sino en una laboriosa labor de marketing y publicidad para actualizar y renovar constantemente la marca y los valores a ella asociados: felicidad y juventud… "La chispa de la vida".

Además, copiar la fórmula exacta en ningún caso garantizaría el éxito comercial de la bebida por parte de otros. En su libro Por Dios, la patria y Coca-Cola, Mark Pendergrast preguntaba a un directivo de la empresa qué pasaría si la fórmula saliera a la luz y fuera explotada bajo el nombre Yum-Yum.

Su respuesta: "Muy bien. ¿Y después qué? ¿Qué ganarían? ¿Cómo harían la distribución? ¿Y la publicidad? ¿Se da cuenta de adónde quiero llegar? Hemos dedicado más de 100 años y cantidades incalculables de dinero a consolidar el patrimonio de esta marca. Sin nuestra producción masiva y nuestro increíble dominio del mercado cualquiera que intentase copiar nuestra marca no llegaría a ninguna parte y debería cobrar la bebida demasiado cara. ¿Por qué la gente compraría Yum-Yum, que en realidad es igual que Coca-Cola, pero cuesta más, cuando puede comprar la auténtica Coca-Cola en cualquier parte del mundo?".

La clave es que la compañía estadounidense no vende un simple refresco sino Coca-Cola, una marca con más de un siglo de historia, un auténtico símbolo para varias generaciones. Cosa distinta es que alguien venda el producto haciéndose pasar por Coca-Cola para tratar de engañar al consumidor, lo cual sí supone un atentado directo al derecho de propiedad al suplantar una identidad ajena y, por tanto, cometer un fraude.

El caso de Google es igualmente paradigmático. El buscador se ha convertido en apenas una década en una de las empresas tecnológicas más rentables del mundo. Y todo parte de un algoritmo creado por Sergei Brin y Lawrence Page en la Universidad de Stanford en 1998. Esta mágica fórmula matemática para ordenar las búsquedas de internet constituye, igualmente, su secreto mejor guardado.

La historia de este algoritmo comienza con el Page Rank, un motor que ordenaba las búsquedas en función del número y la importancia de los links que apuntan a una determinada página web. Su revolución, y su ventaja competitiva respecto a los buscadores más empleados por entonces, radicó en emplear la inteligencia colectiva de la red (los usuarios de internet) para determinar qué sitios son más relevantes.

Sin embargo, la novedad aquí radica en que el algoritmo en cuestión sí está patentado, por lo que los ingredientes básicos de la fórmula –los 200 factores que Google evalúa en una web para posicionarla en su buscador– son conocidos. Pero el Page Rank es sólo la punta del iceberg, la idea original que dio nacimiento a la empresa. Su éxito radica en su innovación. Google modifica constantemente su algoritmo. Tal y como señala uno de sus directivos, "las personas se fijan en el Page Rank porque es reconocible, pero hay muchas otras cosas que han mejorado su relevancia". Muchas de estas "otra cosas", conocidas como "señales", permanecen en secreto. Desde su fundación, Google no ha dejado de crecer a base de innovar sus productos y crear otros nuevos para satisfacer mejor a sus clientes.

Así pues, la moraleja de Google sería algo así como "renovarse o morir". Y, efectivamente, su obra está inacabada por definición, ya que se encuentra en incesante construcción y mejora.

Por último, se podría citar un caso opuesto. Amancio Ortega comenzó a trabajar muy joven como empleado en dos pequeñas tiendas de ropa en La Coruña. En 1972 fundó su propia empresa, dedicada a la fabricación de batas, y en 1975 abrió la primera tienda de Zara en la misma ciudad gallega. Algunos consideran que la clave de su éxito radicó en copiar los diseños de las grandes marcas que desfilaban en París.

Es decir, una apropiación intelectual que, sin duda, de poco o nada le hubiera servido al maestro de Arteixo (la sede de Inditex en La Coruña) sin su incansable capacidad de trabajo y brillante creatividad para diseñar y poner en marcha un espectacular modelo de negocio que hoy en día es estudiado con detalle en las universidades más prestigiosas del mundo –modelo que, por cierto, ahora es copiado por muchas otras empresas–.

En este caso, el secreto de Inditex va mucho más allá de la fabricación de ropa ajustada a unos u otros estándares de moda. La reducción de los costes de producción, la logística, la distribución, el estudio detallado del mercado en el que opera cada una de sus tiendas –distribuidas por medio mundo–, la cuidadosa selección de locales o su enorme flexibilidad para adaptarse al entorno en cada momento y lugar son algunos de los factores que han interactuado para dar como resultado prendas cuya calidad y precio son altamente demandadas por cientos de millones de personas en decenas de países. ¿Moraleja? "El éxito deriva del modelo de negocio, no tanto del producto". Ortega es hoy uno de los hombres más ricos del mundo y su gran obra, Inditex, un imperio textil admirado a nivel internacional.

Coca-Cola, Google e Inditex han conquistado el mercado por méritos propios, alzándose como líderes mundiales en sus respectivos sectores sin necesidad de ostentar una patente de corso expedida por un gobierno para explotar monopolísticamente sus productos durante un tiempo determinado por ley. Las ideas son libres y su propiedad intrínseca.

¿Hay que hacer sacrificios para salir de la crisis?

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Desde el 7 de mayo de 2010, donde ZP y los suyos aprendieron que el Estado, como cualquier otro organismo, no puede pedir prestado más dinero del que puede devolver, se nos está bombardeando con una idea bastante peculiar: tenemos que hacer sacrificios.

¿Y en qué consisten esos sacrificios? De momento se ha bajado ligeramente el sueldo a los funcionarios, se han congelado las pensiones, se nos ha subido el IVA, el IRPF y los impuestos sobre rendimientos del capital, y por último se han suprimido ciertas subvenciones concretas (cheque bebe y paga a parados de larga duración). Pero es un simple anticipo, ya que, dada la cuantía de la deuda, todo parece indicar que en los próximos meses el dinero que el Estado recaudará tendrá que ser mayor (subiendo aún más los impuestos) y los servicios y subvenciones se reducirán.

¿Pero se pueden considerar sacrificios todas estas medidas? Evidentemente no. Uno puede comer un día en un restaurante de lujo, pero si al pagar la factura se da cuenta de que está fuera de su alcance, renunciar a volver a comer allí no se puede considerar un sacrificio, sino simple sentido común. Como tampoco se puede considerar un sacrificio tener que poner la parte del alquiler de tu compañero de piso para evitar que os desahucien a los dos; a eso se le llama comerse un marrón.

Por lo tanto para salir de la crisis no hay que hacer sacrificios. Hay que renunciar a todo aquello que no podamos permitirnos y hay que apechugar con la desgracia de compartir país con unos irresponsables que nos han colocado entre la espada y la pared. Pero claro, una cosa es apechugar y otra muy distinta ser el primo que siempre termina pagando las copas. El Estado recauda alrededor de 300 mil millones de euros al año, de los cuales 20 mil millones se destinan a pagar los gastos esenciales (ejército, policía, justicia y exterior) y otros 30 mil millones van a parar a nuestros acreedores. Por lo tanto quedan 250 mil millones que nos gastamos en distintas cosas que, por mucho que le cueste asumir a buena parte de la población, en buena medida no nos podemos permitir.

Siguiendo con el ejemplo del compañero de piso caradura, se puede pagar su parte de alquiler un mes, pero a cambio de que renuncie a la tele por cable que solo ve él, al aire acondicionado que tiene en la habitación y cuando deje de irse de cañas con el dinero para la comida.

Aquí aplica el famoso refrán de que mejor una vez colorado que cien amarillo. A los socialistas de todos los partidos no les va a gustar escuchar que se ha acabado la fiesta, pero en nuestra mano está dejarles claro que el que paga decide aunque haya que aguantar su pataleta en forma de movimientos del 15M, huelgas y demás desmanes.

No hay que hacer sacrificios, hay que enfrentarse a la realidad, por muy desagradable que sea.