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Mercado y Humanidades Clásicas

En una de las páginas web que suelo visitar, encontré una noticia sobre una carta enviada por el decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Lérida al Consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña, el Sr. Boi Ruiz. Éste, en un arrebato (poco usual en los políticos) de sinceridad exigía más enfermeros que licenciados en Filología Clásica, porque aquéllos vienen exigidos por el mercado y éstos, sin embargo, no podrán ser absorbidos por ese mismo mercado. La carta del Sr. Joan Busqueta, decano de la mencionada Facultad, mostró su indignación. El decano alegaba que el estudio tradicional del Griego y el Latín aporta unos valores que están en el fundamento de nuestra cultura (no sé si especificará "Occidental") y nuestro país (no creo que se refiera a España, sino a Cataluña, obviamente). En suma, quien se acerque a las Humanidades Clásicas (HHCC) "adquirirá la capacidad de romper con la tiranía del mercado y mejorar las condiciones sociales de nuestra existencia personal y colectiva". De nuevo, la tradicional cantinela que opone la mejora de las condiciones sociales de nuestra existencia personal y colectiva al mercado. Bicho tiránico, claro está.

Esta es la anécdota. Pero es una de las muchas que podría exponer. El hecho es que entre los profesionales de las HHCC el desprecio al mercado es un tinte de honor. O un tópico. En mi experiencia profesional, no recuerdo haber encontrado a ningún colega que mencione la palabra "mercado" como un factor que debe ser considerado esencial en el futuro de su profesión. El mercado es símbolo de la decadencia que nos rodea, de la pérdida de valores, del desprecio por la cultura y demás estigmas que cualquiera pueda imaginar.

Y así nos va. Aulas vacías y consideración social de ser una especie de antiguallas andantes.

La cuestión es otra, a mi parecer. Hay que buscar en el mercado lo que las viejas vías de presencia de las HHCC ya no permiten porque su tiempo ha pasado. Esas viejas vías eran exclusivamente el mundo de la docencia, fuera en el Bachillerato o en la Universidad.

A mi juicio, del mismo modo que se habla de disciplinas "aplicadas", se podría hablar de HHCC aplicadas. Hay algunos sectores en los que la presencia de los especialistas en HHCC se ha hecho un hueco diferente al tradicional y cuya presencia resulta valorada y rentable. Se trata de profesionales de la cultura. Hay clasicistas que trabajan en editoriales y fundaciones. Aunque en este aspecto, se debe constatar que el mundo de la gestión cultural en España es casi un monopolio estatal y su relevancia desde el punto de vista del mercado es escasa. En su inmensa mayoría, esas instituciones no son más que una muestra de competencia desleal. Si algún día la cultura en España fuera un asunto de la sociedad, no del estado, podríamos hablar del valor que los especialistas en HHCC poseen para rentabilizar la actividad cultural.

Lo más apasionante en esta materia surge cuando dirigimos la mirada, como siempre en nuestra época, a la luz que viene del otro lado del Atlántico. En los EEUU, hace tiempo que han sabido sacarle a las HHCC partido para el mercado. Los especialistas (majors) en HHCC tienen un campo de trabajo nuevo en ese ámbito. Y es el más prometedor. Hay libros, estudios, personas dedicadas a sacar partido de las enseñanzas eternas de los antiguos para aplicarlas a la empresa y a los negocios. Y lejos de ser un baldón para un clasicista, es una vía nueva que abre perspectivas amplias, sugerentes y esperanzadoras. En los EEUU contar con un major en HHCC es un tinte de prestigio para muchas empresas. Por supuesto, para que este contexto se dé hace falta que tanto el ejecutivo como el especialista en clásicas estén abiertos a nuevas perspectivas. Algo que en España es complicado, por hablar de algún modo.

Estas nuevas vías no anulan la antigua. Para que haya buenos aplicadores al mundo moderno del legado clásico, tiene que haber quienes los preparen. Ésta es la labor imprescindible de los Institutos y de la Universidad. Pero el número y presencia de sus profesionales debe ser acorde con las exigencias modernas. Luego, debe haber quienes estudien y sepan ofrecer a la sociedad aquellos aspectos útiles presentes en el legado clásico. Y qué mayor utilidad en la sociedad moderna que el mercado.

Lo peor es que me temo que si alguno de mis colegas lee estas líneas, pase un servidor a formar parte del clan de los apóstatas.

La insoportable levedad de Cebrián

Rememorando los tiempos en que un editorial de su querido diario marcaba un antes y un después de su publicación, Juan Luis Cebrián Echarri se puso atildadamente serio el pasado domingo para solaz de sus todavía numerosos lectores. Tras años de haber sido uno de los puntales del régimen que se derrumba "acosado por los mercados", se aprestó a servir un desayuno clásico entre los precocinados de su casa. Después de abrir boca, esa pieza tenía su continuación en un editorial el día siguiente que desempolvaba las viejas campañas del diario que se llamaba independiente de la mañana, no sin provocar una sonrisa que se tornaba carcajada entre los más avisados. Para estupor de muchos, la cabecera de la empresa de comunicación que ha obtenido más favores de los gobiernos españoles de los últimos cuarenta años –especialmente los socialistas, gracias a una alianza político mercantil muñida hace mucho tiempo- terminaba su catilinaria posmoderna reclamando al inquilino de La Moncloa que "si de verdad quiere rendir un último servicio a su país, debe hacerlo abandonando el poder cuanto antes y reconociendo la urgencia de que nuestro Gobierno recupere la credibilidad perdida".

Llama la atención la aparente contundencia de las exigencias si se repara en que casi todas las políticas del gobierno que han conducido indefectiblemente al actual estado de cosas han sido apoyadas de forma entusiasta por los editorialistas de los medios de comunicación del (otrora) emporio PRISA. No por casualidad, el moldeamiento de las mentes más permeables a la propaganda ha contado con su franca colaboración: la perpetuación de la mentira oficial sobre la masacre del 11M, el sometimiento implacable del poder judicial a los deseos del gobierno y la promoción de los elementos afines dentro de la judicatura, la manipulación de la historia para utilizarla como instrumento de propaganda a su servicio, la educación para la ciudadanía y la ocupación de la Universidad, la negación de la crisis o el escoramiento hacia posiciones negadoras de la realidad, el ensalzamiento de los trapicheos con los terroristas de la ETA y los tratos con los nacionalistas que subvertían el orden constitucional –por muy defectuoso que fuera-. Hasta patéticos proyectos gubernamentales como la "alianza de civilizaciones", que luego se tornó en guerra de Afganistán y loas a Obama.

Y, ahora, los artífices de la propagación de un infantilismo autocomplaciente que ha conducido a la zozobra actual se descuelgan con un reproche vanidoso, incapaces, por supuesto, de reconocer que sus errores intelectuales profundos la han hecho posible. Los que durante decenios han justificado a una bestia compuesta por miles de aparachitks y agit-props cómodamente instalados en el Estado y todos sus apéndices se descuelgan con un mohín hacia la guinda que ha colmado este infausto tinglado. Bien sea por los reveses en su cuenta de resultados particular, bien por celos o, simplemente, por la percepción de que el líder ya no sirve para detentar el poder y repartir prebendas, parece como si fueran los espectadores de un drama que se desata ahora. Como si ni hubieran contribuido decisivamente a crearlo.

Obviamente, durante estos años de inmensa frivolidad han surgido escaramuzas entre grupos de comunicación que han pugnado por los favores del Gobierno. Hace un par de años, cuando el grupo de sociedades Mediapro, de Jaume Roures Llop, lanzó su canal de gestión de pago "Gol TV" y consiguió acto seguido la gestión de los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol, en gran parte debido a unos cambios legislativos auspiciados por sus amiguetes del gobierno, el consejero delegado de PRISA clamó airado que "nos oponemos a un decreto de urgencia anticonstitucional que no tiene otro sentido que no sea ayudar a sus amigos".

Dice "Janli": "Gentes de derechas, de centro y de izquierdas, antiguos comunistas y viejos franquistas arrepentidos, católicos fervientes y ateos recalcitrantes, mujeres, hombres, profesores, jueces, militares, diputados, periodistas e intelectuales reclamaban, con la serena parsimonia de su experiencia y la firmeza de su convicción, una recuperación del consenso y el pacto como únicas vías para salir del agujero en el que parece hundirse la sociedad española".

Las llamadas al consenso no son nada nuevo en situaciones extremas. Pero, aparte de que resultarían más creíbles si partieran de alguien que hubiera huido del sectarismo, debe explicarse sobre qué fundamentos pretende articularse. En las sociedades libres y plurales lo normal consiste precisamente en el debate de las ideas contrapuestas pese al reconocimiento de una base común mínima. Causa estupefacción y fundado recelo que quienes han seguido una estrategia de aniquilación del adversario totalizadora y maniquea se invistan ahora con un manto de vaporoso "consenso". Todo el mundo debía plegarse al programa de un neosocialismo hecho de retales anticapitalistas y antiliberales. Es más, esta sumisión debía extenderse a la renuncia a creencias religiosas tradicionales en España. De ahí su furibunda guerra ideológica contra la religión católica, la única que mantiene una influencia, aunque decreciente, sobre millones de individuos.

No faltan en la amalgama de Cebrián analogías de trazo grueso con la situación de países distintos y distantes, al modo de quien recibe multitud de informaciones, pero resulta extraordinariamente torpe para interpretarlas. Tampoco vacuos lamentos sobre "la falta de liderazgo, la resistencia al cambio de quienes ocupan posiciones establecidas (¡!) y la inflexibilidad de la respuesta frente a un mundo en continua ebullición".

Recogiendo el testigo de su augur, el editorial de marras continúa: "A la fecha nos encontramos con un país amenazado de ruina (atrapado en la vorágine de los mercados financieros desatada sobre Europa), sin perspectiva, con serios problemas de cohesión social y aun territorial (¡!), en el que cunde la desilusión entre los ciudadanos sin distinción de ideologías o de clase social".

Sin embargo, las demandas son contundentes solo en apariencia. Las pintorescas inspiraciones de Cebrián basculan entre la contumaz rememoración del mayo del 68, los acampados indignados, China, las nuevas tecnologías, una reforma constitucional que instaure un Estado federal culminando y corrigiendo el proceso de las autonomías, y cuestione la provincia como distrito electoral y establezca las prioridades para las próximas generaciones de españoles (sic). Un programa que reforme el sistema financiero y la modernización de las relaciones laborales (sin explicar en qué sentido). Notable es el guiño que el mandarín que es Cebrián hace al candidato "in pectore" del PSOE. Otro que, como nos cuenta Rodríguez Braun, parece que pasaba por allí.

Puestos a trazar comparaciones, se me ocurre que las lágrimas de cocodrilo vertidas por el diario global en español (sic) y su consejero delegado tienen muy poco que ver con la novela de Milan Kundera La insoportable levedad del ser. Más bien, se deben a la insoportable frivolidad de su ser y la vieja máxima de El Gatopardo: cambiar todo para que no cambie nada. Con Rubalcaba.

Es la insuficiencia de impuestos, estúpidos liberales

Una vez más, el gobierno español ha mostrado una notable pluralidad de opiniones respecto a las políticas económicas más deseables. La pluralidad está muy bien en muchos ámbitos, pero no es del todo recomendable cuando se refiere a las declaraciones de los policy-makers, quienes implementan las políticas. Principalmente porque de esta manera se genera inseguridad, falta de credibilidad e incertidumbre.

Esto viene al caso de la reciente controversia por las dispares declaraciones de miembros del gobierno sobre la subida de impuestos a los ejecutivos de la banca. Aprovechando que se sacaba el tema de los impuestos, José Blanco defendió la necesidad de incrementar los impuestos como forma de mantener un nivel adecuado de infraestructuras y de prestaciones sociales, repitiendo las declaraciones que ya hiciera el pasado año. "Nuestro país tiene que plantearse si con nuestros recursos y con la menor carga impositiva de la UE se pueden mantener las carreteras, los trenes y el Estado del bienestar", dijo en esta ocasión.

Cándido Méndez se apuntó al carro de la fantástica idea de subir los impuestos, asegurando que éstos "son un elemento fundamental para que funcione nuestro país". Afirmó además que hay que resolver la diferencia de 7-8 puntos que existe entre la presión fiscal entre España y sus socios de la UE.

Elena Salgado, sin embargo, negó que el gobierno vaya a subir los impuestos "en el corto plazo". Otra cosa distinta es que así vaya a ser. Tras decir el pasado año en febrero que los salarios de los funcionarios no se iban a tocar, uno tiene razones para la desconfianza.

Pero lo relevante para esta columna no es el batiburrillo de opiniones ni la confianza en sus promesas. Lo que quiero destacar es que tanto Blanco como Méndez han vuelto a sacar a la palestra el argumento de los bajos impuestos en España, haciendo uso de la presión fiscal. El problema para ellos (y otros muchos) es la insuficiencia de ingresos públicos, y no una estructura de gastos excesiva que solo podía sostenerse en periodo de burbuja económica.

Este argumento no es en absoluto nuevo en la historia económica española. Un argumento muy similar fue esgrimido por el economista español Antonio Flores de Lemus en su dictamen de 1929 sobre la conveniencia de implementar el patrón oro en España. En él, este autor recomendó olvidarse del rígido patrón metálico al considerar que la peseta no sería sostenible debido a que existían problemas estructurales, de entre los cuales destacaba, en última instancia, la insuficiencia endémica de los ingresos fiscales.

Ignoro cuánto hay de cierto en el juicio de Flores de Lemus acerca de las circunstancias de la época. Pero sí percibo una importante asimetría entre la gestión financiera que se considera deseable del Estado y la de los agentes privados. Pensemos en una familia de bajos ingresos que se dedica a llevar un ritmo de gastos por encima de lo que pueden financiar sus ingresos, viviendo por encima de sus posibilidades. A esta familia seguramente le recomendaríamos que restringiera sus gastos para ajustarlos a sus posibilidades. Sin embargo, con los Estados parece razonarse de la manera contraria: en lugar de restringir sus gastos, se les pide que aumenten sus ingresos para que puedan continuar con sus actividades de la misma manera que antes.

Volviendo a la actualidad, el problema con la tesis de Blanco y Méndez de que los impuestos son bajos en España es mucho más amplio que el que acabo de señalar. Precisamente a contrarrestar esta idea dedicamos el estudio comparado de fiscalidad del Instituto Juan de Mariana, titulado La falacia de los impuestos bajos en España. A través de distintos argumentos, como el análisis desagregado de las principales figuras impositivas o el uso de indicadores alternativos, tratamos de mostrar cómo el fijar la atención exclusivamente en la presión fiscal es errado. En esencia, señalábamos cómo este último indicador genera confusión al mezclar recaudación fiscal baja real (debida al elevado paro y la escasa productividad) con una inexistente baja imposición.

Tal y como concluía el informe, es conveniente repetir que nuestro país no necesita más impuestos, sino mayor empleo, productividad y dinamismo empresarial. Para ello, es prioritario llevar a cabo una serie de reformas estructurales como las siguientes: una reforma que realmente liberalice y flexibilice el mercado laboral y ayude a crear empleo productivo; reducir la pesada carga administrativa y burocrática que soportan empresarios y emprendedores en sus actividades generadoras de riqueza y empleo; y recortar drásticamente el gasto del sector público –que también debería ajustar sus cuentas a las circunstancias actuales– mediante el recorte ambicioso de programas de gasto y subvenciones o la racionalización del conjunto de las Administraciones Públicas con el objetivo de que el abultado déficit público no obstaculice la recuperación, y se devuelva la confianza a los inversores en la "marca España".

News of the World y periodistas españoles que piden mordaza

Basta con un caso aislado de abusos en una determinada área (o con varios, pero protagonizados siempre por la misma persona o empresa) para que surjan voces reclamando la intervención del Estado sobre la totalidad del sector privado en cuestión. Y da igual donde ocurra. Los hechos ilícitos, o incluso simplemente inmorales, ocurridos más allá de unas fronteras sirven para que haya quien reclame la intervención estatal como si el asunto no hubiera ocurrido en el extranjero. La excusa es que lo que pasa fuera puede llegar a tener lugar dentro, o que está ocurriendo pero los ciudadanos no lo ven. Este tipo de actitudes son muy valiosas para los políticos, que pueden agarrarse a ellas diciendo que son iniciativas provenientes de la sociedad civil, para tomar iniciativas que recorten la libertad.

Esto último es lo que puede ocurrir con la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Agarrándose al escándalo de las escuchas ilegales realizadas por The News of The World, han exigido que se creen en España "órganos de corregulación" destinados a establecer el "control democrático de los medios de comunicación". Por mucho que lo intenten disfrazar con bonitas palabras, lo que pretenden es imponer un modelo de mordaza bolivariana que termine con cualquier atisbo de independencia de los medios de comunicación.

Por si quedan dudas, a los miembros de estos órganos los nombrarían: organizaciones de periodistas (asociaciones, colegios y sindicatos; todos ellos politizados), organizaciones de empresas de medios (como si alguien creyese en la independencia de cualquier sindicato de empresarios español), asociaciones de usuarios (aplíquese lo que se ha dicho de los anteriores), universidades (¿existe algo con mayor control político en España?) y dos "técnicos" nombrados directamente por el Gobierno, uno representando al Ministerio del Interior y otro a la Judicatura. Eso sí, desde la FeSP tienen a bien informarnos de que estos dos últimos no tendrán carácter político. ¿Inocencia o caradura?

Esta misma pregunta es lo que hay que plantearse ante la afirmación del secretario general de la FeSP de que la politización de estos "órganos de autocontrol" se evitaría "por la idoneidad de las personas y la decencia de las organizadores. No hay otra forma de garantizarla". Olvida que hay una mucho más simple que confiar en lo que no merece confianza: la no existencia de dichas instituciones de control de la prensa.

Lejos de defender la independencia de los medios de comunicación, los sindicatos de periodistas quieren someterles a un constante control político. Como no pueden exigirlo de forma tan descarada, hablan de ética y de "control democrático de los medios". No debemos olvidar que este último argumento es el usado por gobiernos como los de Hugo Chávez, Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner para cerrar emisoras de radio y televisión (o, en algunos casos, al menos intentarlo) y tratar de acallar a los periódicos críticos con ellos.

Quien debe controlar los medios no son otros que sus dueños, que son quienes poseen el derecho de propiedad sobre ellos. El derecho a la información de resto de los ciudadanos no incluye controlar a quienes la proporciona, y menos aún que otros lo hagan en su nombre, pues al final de esta manera se coarta la libertad de expresión de los periodistas y la propiedad de los empresarios.

Otra cosa es que, como ha ocurrido con The News of the World, se violen leyes y derechos de terceros que nada tienen que ver con la libertad de expresión. Ahí deben actuar los tribunales de justicia, pero sólo por los delitos cometidos, no para someter a los medios a un control político.

¿Cuántos impuestos pago?

Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez y a la que no todos han encontrado respuesta. La mayoría son asalariados a los que su nómina no deja ver la realidad. Y no se la deja ver por algo muy sencillo: al Estado no le interesa.

Para una persona corriente, la nómina es aquello que le ingresan en el banco el día 30 de cada mes. Puede ver, si se molesta en mirar, que unos porcentajes le son deducidos del sueldo en concepto de IRPF y seguridad social, pero respira aliviado al ver que, aunque le quitan un pico, no supera el 25-30% del sueldo.

Pero la realidad es muy distinta. El Estado, muy preocupado por nuestra comodidad, nos ha privado de la obligación de calcular cuánto le pagamos y de realizar la transferencia a sus arcas. Gracias a su generosidad, es la empresa la que debe realizar estas gestiones e ir quitándonos de nuestro sueldo el porcentaje oportuno que él establece. Por supuesto esta deducción se realiza en cada paga para que el dinero nunca llegue a nuestras manos y no se nos ocurra pensar que ha sido alguna vez nuestro.

Además ha establecido la curiosa norma de que sea la empresa la que pague una cuota a la seguridad social en nuestro nombre(aparte de la pagada por el empleado). Afirman que es un pago que realiza la empresa por el hecho de contratar a un trabajador; algo curioso si tenemos en cuenta que su montante se fija en el 32% del sueldo bruto que cobre el asalariado hasta un tope de 11-12 mil euros. Digo que es curioso porque, teniendo en cuenta que ese dinero se va a dedicar a pagar la pensión de cada asalariado (en realidad se dedica a pagar la de los jubilados presentes), tendría que ser éste, y no la empresa, quien hiciera las aportaciones como en cualquier otro tipo de plan de pensiones.

¿Por qué ha escogido el Estado este método? Es muy sencillo, si la mayor parte de los 12 millones de asalariados del sector privado viera que de cada nómina se les extrae el 50% del sueldo en vez del 25%, seguramente el sacrosanto Estado de Bienestar iba a hacer aguas. Los socialistas afirman que esto no es así, que lo hacen para obligar a las malvadas empresas a pagar unas cuotas que el trabajador no podría asumir, ya que si no las pagaran la empresas los trabajadores tendrían que asumir la cuota de su actual sueldo y el empresario se embolsaría la cuota que actualmente paga a la S.S. aumentando su insaciable codicia.

Esto es profundamente absurdo. Si los trabajadores tuvieran que pagar 500 euros más al mes al Estado, es totalmente evidente que pediría ese dinero a la empresa para seguir trabajando en ella. Un trabajador, y cualquiera, calcula siempre su sueldo después de impuestos, no antes. Pero es más, los sueldos en España, por desgracia, están vinculados a los convenios colectivos. ¿De verdad los sindicatos son tan estúpidos como para no incluir en el sueldo de los trabajadores el dinero que éstos van a tener que pagar a la S.S.? ¿Y las malvadas empresas van a oponerse a pagar un dinero al trabajador que ya están pagando a la S.S. y, por tanto, forma parte del coste que ese trabajador tiene?

No, la única función de la cuota del empresario a la S.S. es ocultarle al asalariado que le están quitando la mitad del sueldo en cada nómina. Que la mitad de los 20 días que trabaja al mes, de las 20 mañanas que se levanta a las 6 de la mañana, de los mil problemas que ha tenido que solucionar, en definitiva, de las infinitas penurias que van aparejadas a un trabajo, han sido para que el Estado se embolsara el fruto de su esfuerzo. Ni más ni menos que la mitad: semiesclavitud, nunca mejor dicho. Durante la mitad de nuestra jornada, durante la mitad del año o durante la mitad de nuestra vida trabajamos para otros, no para nosotros mismos. Ese es el secreto que guarda el Estado con una operación tan simple como trasladar una cuota al empresario (minoría mal vista) en vez de dejárselo al verdadero generador de la riqueza con la que se paga (inmensa mayoría que decide las elecciones).

Además, hay un efecto colateral que casi nadie sabe, excepto los economistas con aspiraciones a Ministro; en tiempos de crisis, como los que vivimos, a los políticos se les llena la boca diciendo que no van a tocar los derechos de los trabajadores. Pero, mira por dónde, los trabajadores desconocen que la empresa está pagando por ellos una suma bastante importante a al S.S., y por tanto, como cualquier derecho desconocido por su beneficiario, es pisoteado sin contemplaciones bajando esa cuota para liberar al empresario de esa carga, pero sin que en el convenio laboral (esa maravilla que salva al pobre trabajador de la opresión) se traslade esa cantidad al sueldo del empleado.

Se podría pensar que esto sólo afectaría a los actuales jubilados, que son los que perciben el dinero que se recauda de las cuotas, pero no. Los jubilados siguen cobrando su pensión, puede que congelada, y el dinero no recaudado con la bajada de las cuotas sale del aumento de un otro impuesto que con toda seguridad será pagado en su 90% por los asalariados.

Pero el Estado no se conforma con esto, todavía queda el segundo pago más importante que hace el trabajador: el IRPF. Este no lo puede ocultar y se le descuenta al trabajador de su sueldo bruto, pero se hace de la manera más astuta para, en primer lugar, disimular el montante total del pago y, por otro, hacer que sea prácticamente imposible que pueda evadir ni un céntimo.

¿Cómo lo hace? De nuevo, pasándole la pelota a la empresa, que está obligada a gestionar el pago del impuesto sin que el trabajador pueda intervenir. Además este pago se realiza en cómodos plazos, como en la teletienda, y de forma inmediata. Así el asalariado nunca llega a ver el dinero y muchas veces no es consciente del monto total que el Estado le está deduciendo de sus ingresos.

¿Cuál tendría que ser el método? Pues el mismo que se sigue con los autónomos: pagar por trimestres o por ejercicio fiscal. De esta forma el trabajador desembolsaría las cantidades de golpe, conociendo cuánto paga exactamente y con la posibilidad de pedir desgravarse el IVA de la gasolina, comida, etc., de los impuesto que paga como hacen el resto de sociedades.

Muchas personas pensarán que exagero y que las ventajas de conocer cuántos impuestos pagan los asalariados no compensan las desventajas de las comodidades a las que tendrían que renunciar. A todas esas personas les sugiero que entren en la web www.cuantosimpuestospago.com y pongan la cantidad bruta de su sueldo. Luego que piensen en pagar al Estado en cada declaración de la renta 10 mil (en caso de ser mileurista), 15 mil (en caso de tener un sueldo medio) o incluso 21 mil (en caso de tener un sueldo de clase media-alta) euros de golpe.

¿Sorprendido, eh? Ahora sabe cuántos impuestos paga, cuándo y por qué. Solo queda por saber qué va a hacer al respecto.

Basura legislativa

El ordenamiento jurídico lo constituyen un conjunto bastante heterogéneo de normas, aunque sujetas todas a una jerarquía normativa. Las que tienen mayor protección suelen ser las normas constitucionales que protegen los derechos fundamentales (o al menos lo que se reconoce como tal) y las que definen la estructura del Estado. También hay un conjunto de normas que son las que identificamos, en un primer momento, con lo que constituye el derecho: las que regulan la relación de las personas entre sí (civil, penal, mercantil…). Pero hay, al menos, otro conjunto de normas que, de un modo poco científico, podemos llamar “políticas”. Y que son leyes (u otro tipo de normas) que se crean con algún objetivo político determinado. Por lo general, para conformar algún tipo de sociedad, cambiar usos, valores y costumbres, redistribuir renta o riqueza, proveer de bienes y servicios para determinados grupos sociales, y demás.

El problema que me planteo es el siguiente: la posibilidad, más que probable, de que las normas de carácter político, las que se plantean ese conjunto de objetivos definibles, fracasen en sus objetivos o tengan consecuencias sociales no previstas y muy perjudiciales. Algunas de esas normas consisten en un conjunto de prohibiciones u obligaciones. Por ejemplo, la prohibición de fumar en determinados espacios o la obligación de cumplir con determinada regulación de calidad o ecológica. Los costes de tales políticas los absorben sobre todo los ciudadanos sobre los que recae la norma, aunque habitualmente tendrán que estar acompañadas por alguna infraestructura de control y sanción. Otras normas asegurarán el derecho a obtener determinados bienes a un precio por debajo del mercado o transferencias de renta o la obtención de determinados ingresos fiscales, si se trata de una tasa o un impuesto.

Todas llevan aparejados su conjunto de críticas liberales de las que no me voy a ocupar ahora. Pero si se planteaban unos objetivos definidos, debería poder estudiarse 1) Si se han cumplido esos objetivos, 2) si además se han producido otros efectos indeseables y 3) si existe una alternativa mejor. El objetivo sería identificar y eliminar toda la basura legislativa que se acumula, que ni se revisa ni, sobre todo, se elimina. Decía Calvil Coolidge que “es más importante matar las malas leyes que aprobar las buenas”.

¿Cómo acabar con la basura legislativa? Lo mejor sería que cada nueva ley tuviera que aprobarse con 1) Una relación de todos los objetivos que se desean cumplir con ella. 2) Una relación, asimismo, de todos los efectos negativos que pueda acarrear. 3) Una definición de los criterios que deben utilizarse para valorar los efectos, en uno y otro sentido, que tenga la ley. En ambos apartados podrían venir reflejadas las opiniones de grupos de la oposición. Y, sobre todo, 4) Un período no superior a 10 años en el que la nueva ley queda automáticamente derogada si no se renueva con el refrendo del Parlamento. La derogación de la ley debe llevar aparejado la disolución del aparato administrativo aparejado a la norma, aunque eso también exigiría una reforma de la función pública. También sería positivo que el Jefe del Estado tuviese el derecho de vetar o expulsar de la legislación leyes que se considerasen en conjunto negativas. Otra vía necesaria para acabar con la basura legislativa sería la cuestión popular: Un voto en referéndum para derogar, al margen del Parlamento y del Jefe del Estado, las malas leyes.

Cuando se proponen nuevas leyes, se revisten de fabulosas predicciones sobre todos los parabienes que van a traer. Los políticos tienen que justificar el cambio y acallar las quejas por los costes que pueda llevar aparejado. Un cambio de este estilo haría algo más racional el debate político y la aprobación de nuevas leyes y, sobre todo, expulsaría del ordenamiento jurídico normas que hacen más mal que bien.

Competitividad como única opción de desarrollo para España

La crisis económica de España no se arreglará con más Estado ni con más intervención en los mercados ni con más subvenciones que distorsionen la competencia y, por supuesto, tampoco con más impuestos directos sobre la banca, los empresarios o los trabajadores.

Por el contrario, más que nunca, se necesita sumar el empuje y la inversión de las clases medidas y emprendedoras, lo que se logrará sólo en un mercado sin barreras normativas y con claras ventajas competitivas. Por ello, a continuación, permitan que resalte cuatro pilares que son determinantes para cimentar una ganancia sustancial de productividad.

El primer pilar que debe recuperar la competitividad de la economía española es la racionalización de los costes salariales. Dado que la política monetaria ahora es competencia del Banco Central Europeo y no se puede devaluar una moneda fiduciaria nacional, los españoles sólo podemos reducir el coste salarial unitario para hacer competitivos nuestros productos y servicios.

La recuperación económica de España requiere ser competitivos frente a nuestros socios europeos. Por ello, es inaceptable que el coste laboral unitario haya aumentado un 30% respeto a Alemania en los últimos 10 años, según refleja el último informe de coyuntura publicado recientemente por IESE.

Evidentemente, la competitividad laboral es mejor lograrla con una reducción importante de las cotizaciones a la Seguridad Social, en vez de con despidos o reducciones de nóminas, que resultan tremendamente perjudiciales, porque afectan al poder adquisitivo de las familias y, por tanto, a la demanda de bienes y servicios. Aunque, desde luego, una rebaja de las cotizaciones sociales debe venir acompañada de un aumento de impuestos indirectos, como el IVA, para cuadrar los ingresos fiscales.

En todo caso, como segunda derivada, ayudaría mucho a la economía española que la negociación de convenios fuese realizada empresa por empresa, que los sindicatos se financiasen con aportaciones de afiliados y simpatizantes, y que los aumentos salariales quedasen ligados por ley al incremento de productividad para competir en el mercado laboral europeo del mismo modo que lo hacen los trabajadores y sindicatos de Alemania.

El segundo pilar que aportaría ventajas a España es la desregulación del sector energía mediante la competencia entre un número mayor de empresas y tecnologías, sin que los ciudadanos tengan que subvencionar ni el carbón ni la energía nuclear ni las energías renovables con más de 6.000 millones de Euros –más de un billón de las antiguas pesetas– cada año, lo que genera incrementos crecientes en los precios de electricidad, gas natural, Diesel y gasolina.

Pero si las empresas necesitan costes salariales y energéticos competitivos en un mercado global para generar empleo y riqueza en un país, también es importante que se doten de empleados, productos y procesos innovadores. 

Por ello, el tercer pilar de la competitividad es la calidad en formación y en investigación, desarrollo e innovación. Es una desgracia que España no cuente con universidades clasificadas entre las cien primeras del mundo por carecer de incentivos que premien el mérito y la capacidad de profesores y estudiantes. Por ello, es necesario incentivar una mayor presencia del sector privado en las universidades con el patrocinio empresarial de cátedras y la desgravación fiscal de becas, contratos y líneas de investigación. Igualmente, se deben impulsar la empresarialidad y el I+D+i con semilleros de empresas tecnológicas integrados dentro del propio campus, desburocratizando la creación de empresas y fomentando la excelencia entre centros académicos para obtener fondos.

Finalmente, el cuarto pilar de la competencia es la inversión inteligente en infraestructuras. En un entorno de crisis, tiene mucho que decir la financiación privada de inversiones públicas mediante “asociaciones público privadas” ya que posibilitan la ejecución de proyectos de infraestructuras que soportan el desarrollo económico con una amortización y un retorno de inversión adecuados.

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Contra el cheque escolar

El actual sistema escolar del estado del bienestar se financia quitándoles recursos a unos para dárselos a otros, de manera que todos tengan igual acceso. Algunos proponen reformar este sistema estableciendo un cheque con el que la administración pública entregaría a cada familia o alumno los recursos recaudados, de modo que el usuario pudiese elegir a quien confía su escolarización.

Una de las propuestas más conocidas del cheque escolar fue la presentada en un panfleto titulado "El papel del gobierno en la educación", en el que Milton Friedman justificó la intervención estatal (como ha hecho tantas veces).

Pero ¿qué tiene la escolarización que la hace tan especial, tan importante, que pueda justificarse la coacción sobre algunos individuos para obligarles a financiar la escolarización de los hijos de otros?

Aparentemente, el cheque escolar daría una mayor libertad, pero sólo a corto plazo. En realidad, sigue siendo un sistema de redistribución de la riqueza: quitar a unos para dárselo a otros, pasando por las manos del gobierno. Y la administración pública, ya se sabe, siempre que parte y reparte, se queda la mejor parte. Pero ¿qué podría esperar la administración pública a cambio de financiar la escolarización de los niños? Control, por supuesto. Control sobre los centros y sobre el currículum; sobre los padres y sobre los niños. Y, por tanto, sobre la familia. ¿Es ésa una medida auténticamente liberal o sólo es una ilusión? ¿Elegir entre lo malo y lo menos malo es libertad? ¿Dónde quedan lo bueno y lo deseable?

Lo que no nos cuentan los promotores del sistema del cheque escolar es cuál sería su aplicación práctica. ¿Quién los financiaría? Probablemente sólo unos cuantos, en función de su riqueza, aunque no tuvieran hijos, o aunque eligieran escuelas privadas, o aunque no los tuvieran escolarizados. ¿Y quién los recibiría? ¿Habría cheques para todos los niños? ¿También para los homeschoolers? ¿O sólo los recibiría un grupito selecto en función de su situación familiar y económica? ¿Se atendería a méritos académicos? ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Podría un beneficiario del cheque acudir a cualquier escuela de su elección, o podrían los centros escolares decidir si se unen o no a este programa de financiación?

Cuanto más importante es un valor, más crucial es que podamos desarrollarlo en libertad. Que la escolarización sea importante no implica que necesitemos recurrir a la coacción sino todo lo contrario. Si el razonamiento "es tan importante que requiere coacción" tuviese sentido, entonces lo aplicaríamos con éxito a la alimentación, la felicidad, el amor, etc.

El sistema del cheque escolar sería, en el mejor de los casos, un parche chapucero, un mal sistema para intentar arreglar un sistema aún peor, el escolar, que resulta ser un fracaso estrepitoso (si aceptamos la dudosa premisa de que su objetivo es educar y formar). Y, sin embargo, el problema de la educación no es un problema económico sino estructural, es decir, de principios, valores y de cómo aplicarlos. Hay que devolverle el control a los padres; y esa devolución no pasa por cambiar de un sistema de financiación pésimo a uno sencillamente malo. Aunque lo diga Milton Friedman (cuyo hijo David, por cierto, educó a sus hijos Becca y Bill en casa).

Los recursos son escasos

La mayoría de los errores en los campos de la economía y la política provienen de no entender el problema fundamental de la economía y de la existencia humana: la escasez.

Es habitual ver a la clase política, a los medios de comunicación e incluso catedráticos de economía, apoyar mensajes y teorías intervencionistas que prometen eliminar la escasez de algún recurso de forma mágica o en base a buenas intenciones. Son comunes los eslóganes del tipo "haremos que todo el mundo tenga una vivienda" o "sanidad gratis para todos".

Sin embargo, las continuas regulaciones e intervenciones en los mercados y las inseguridades jurídicas que desembocan en pobreza y crisis económicas son fruto de no entender qué es la escasez y de qué manera debemos luchar contra ella.

Con respecto a la escasez podríamos decir, como diría Goethe, que todos la viven pero nadie la entiende. Y es que si hay algo cierto, además de la muerte y los impuestos, es que vivimos en un mundo de recursos escasos. Estamos rodeados de escasez de bienes, tiempo y energía. Este problema se ha presentado en todas las etapas de la humanidad sin excepción.

¿Qué significa que un bien sea escaso? Que no podemos disponer de una cantidad ilimitada de aquello que consideramos útil.

Ciertamente, no estaría mal vivir en el Jardín de Edén. Colocados allí como Adán y Eva, contemplando el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Recién creados por Dios, que nos entregaría todo aquello que necesitásemos para tener gozo, placer y armonía. De este modo no nos faltaría de nada. Todos los bienes serían superabundantes. Serían bienes libres, porque están disponibles en tal abundancia que no es preciso administrarlos.

Pero hasta que el tiempo se haya cumplido y estemos en el Reino de Dios, la realidad es bastante diferente. Nos encontramos con bienes escasos, llamados también bienes económicos.

Aparte de nuestra experiencia diaria, la lógica de la acción nos lleva a deducir que los medios han de ser forzosamente escasos, puesto que si no lo fueran, no serían tenidos en cuenta a la hora de actuar. Es decir, allí donde no hay escasez no hay acción humana. Toda acción humana presupone la escasez.

Decía Mises que la acción tiende al estado de reposo pero que nunca lo alcanza. En este estado se habría suprimido todo malestar, lo cual significaría la supresión de toda actividad. Los intercambios entre personas se detendrían porque nadie creería posible mejorar su situación mediante otra actuación. Se trataría de una situación en la que los medios no serían escasos, por lo que estarían plenas todas nuestras necesidades y no necesitaríamos llevar a cabo ulteriores acciones.

Sin embargo, los medios son, por definición, insuficientes para la satisfacción de todas nuestras necesidades. A este tipo de bienes que el actor cree subjetivamente que son necesarios para alcanzar algún fin los hemos denominado anteriormente bienes económicos. Constituyen el fundamento de la acción y únicamente de ellos se ocupa la economía.

Volver a la realidad

El juego electoral consiste en una apuesta entre los dos partidos socialistas mayoritarios (de izquierda y derecha), que pugnan por ofrecer el caramelo más apetecible para los votantes que, una vez cada cuatro años, se olvidan de que el resto de los días son ellos mismos los contribuyentes que pagarán las promesas envenenadas.

Todavía no sabemos a ciencia cierta si a la vuelta de las vacaciones nos encontraremos un adelanto electoral o tendremos que esperar hasta el otoño del año que viene, pero las principales cartas de los candidatos ya se encuentran sobre la mesa. Se produzcan cuando se produzcan los comicios, necesitaremos un baño de realidad para depurar los excesos y pinchar las burbujas que con el entusiasmo de nuestros votos hemos contribuido a hinchar.

Hasta ahora los políticos se habían peleado por ver quién llevaba en sus programas la mejor oferta. Desde la ampliación de las subvenciones a los parados de larga duración, pasando por las ayudas por hijo nacido hasta los descuentos de Hacienda por compra de vivienda. Un mercadillo de privilegios que el ciudadano percibía como "gratuito" sin pensar que la renta que se le sustraía para pagarlos no habría sido mejor administrada desde su propio bolsillo según sus necesidades.

Como vemos en Grecia y de forma preventiva en España con el movimiento 15M, a nadie le gusta renunciar a los privilegios adquiridos, pero si queremos que el actual sistema continúe siendo viable, tendremos que ajustarnos el cinturón. La duda, entonces, es si los políticos, que dependen de los votos, aceptarán esta realidad y dejarán de prometer lo imposible.

Los pasos que sigamos a partir de ahora marcarán nuestro futuro, o el Estado se retira y devuelve la responsabilidad a los individuos, o se enquista parasitando a los contribuyentes e impidiendo que generemos riqueza. El discurso de la proclamación de Rubalcaba como candidato del PSOE apunta a que apostará por continuar la senda populista. El hasta ahora vicepresidente del actual gobierno y miembro de los gobiernos socialistas de Felipe González ahondó en los tics izquierdistas prometiendo la creación de empleo desde el sector público, el mantenimiento de una educación que prepara buenos funcionarios, nuevos impuestos a los bancos y la fobia a los ricos como culpables de la pobreza. No piensan que para poder expoliar a los ricos existe una condición necesaria, que haya ricos. Y la riqueza, no la crean los gobiernos sino los emprendedores que arriesgan e innovan con la esperanza de obtener beneficios que también recaen sobre toda la sociedad. En dejar hacer a los empresarios, eliminando trabas y complicados trámites que impiden la creación de empresas, se encuentra la receta mágica que Rubalcaba promete tener pero hasta ahora no ha aplicado ni piensa llevar a su programa.

No se trata de que los hijos vivirán peor que los padres, los hijos deben asumir que hasta ahora han vivido por encima de sus posibilidades, como nuevos ricos que nunca fueron. En lugar de generar riqueza, han vivido de las rentas producidas por quienes les antecedieron. Volver a la realidad será muy duro para todos aquellos que hasta la fecha creían que su sola existencia conllevaba que todas sus necesidades y muchas comodidades estaban aseguradas por un Estado benefactor de fondos ilimitados. Las burbujas se han pinchado, el dinero de nuestros padres se ha terminado y hay que ponerse a trabajar. Y si no lo hacemos, la realidad terminará por arrollarnos.