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La guerra de Madrid: el eje Prado-Recoletos

El duelo está servido. El Plan Especial Prado-Recoletos es la excusa esta vez. La Comunidad ha decidido que para estudiar el impacto medioambiental (su única arma) hay que retrasar el proyecto de Gallardón al menos un año. Así que el alcalde de Madrid ha decidido arremangarse, ponerse en jarras y dejar claro de quién es la calle. De usted, de usted, mía y de aquel, es decir, de todos los madrileños y madrileñas que, por lo visto, hemos decidido al respecto.

Esto del urbanismo participativo es una gran idea. Permite acometer reformas à la Haussmann con la diferencia de que no se le puede echar la culpa a nadie: la gente se ha expresado, la voluntad popular es la ley suprema y, recordémoslo, nunca se equivoca.

Para quien no esté ducho en historia del urbanismo, hay que recordar que el barón Eugène Haussmann, prefecto del Sena de 1853 hasta su caída en 1870, alabado (ahora, claro) por ser el artífice de la reforma de la ciudad de París a mediados del XIX, fue también el que se hundió dejando un pufo presupuestario de órdago por falta de previsión financiera para su proyecto, entre otras razones.

Émile Zola le retrató muy bien en sus novelas, en concreto en Au Bonheur des Dames y en La Curée. Apoyándose en sus alianzas con promotores corruptos y con los empresarios dueños de los grandes almacenes, que recibieron entonces el impulso definitivo, Haussmann consiguió poner de acuerdo a todos los sectores de la oposición en su contra y también arruinar París. El exceso de coste no previsto entre 1864 y 1868 fue de 900 millones de francos de la época. Una barbaridad.

Convenciendo a propios y extraños con razones de diversa índole, como hacer de ella el prototipo de la ciudad imperial, Haussmann metió a su ciudad en un plan sin plan urbanístico enloquecedor. Claro, el paseante amante de la belleza en París anda por sus calles dedicando aleluyas al barón… pero quienes vivieron entonces tenían una percepción bien distinta. Y era con su dinero y no con el nuestro con lo que se jugaba, no lo olvidemos. La razón de las razones siempre ha sido el interés común… las demás van de comparsas: la higiene, la seguridad, el aspecto moderno y luminoso son las damas de la corte, pero la princesa del castillo de las razones urbanísticas es que interesa a la sociedad. Así se abrió la Avenida de la Ópera, entre otras acometidas. Pero lo cierto es que la implementación de las llamadas Tres Redes no seguían un plan preconcebido al detalle.

A quienes consideren que tal vez esto es lo que explica el fracaso financiero de Haussmann y conserva la esperanza en la reforma gallardoniana, he de recordarles que quienes decidieron imitar el cambio urbanístico à la Haussmann, pero planificado, fracasaron en su mayoría. Y ahí está el ejemplo de Ildefonso Cerdá y el ensanche de Barcelona.

La cosa ahora no ha cambiado mucho. El interés público es decidido por un comité de sabios que amoldan la ley a su criterio. Va usted por esta parte de la calle y no, pero tres metros más para allá, pisa usted suelo de interés cultural: protección al canto.

El bienestar de la sociedad, la modernización, la ciudad del futuro, la capital de capitales, las Olimpiadas que vienen… todo eso está inventado. Lo que nos vende como novedad Ruiz Gallardón ahora es la participación ciudadana. Es decir, que usted puede entrar en la página del ayuntamiento de Madrid, y comentar qué le parece:

Una vez que la autoridad ambiental emita su pronunciamiento, y de acuerdo con el mismo, el Plan Especial se someterá durante dos meses a un nuevo periodo de información pública. Durante este período, el Ayuntamiento propiciará la máxima participación ciudadana e institucional, para seguir enriqueciendo y mejorando el Plan.

Dice la presentación del Plan que ha incorporado casi todas de las más de seiscientas alegaciones presentadas por los ciudadanos en el 2005. Y esa es la participación ciudadana. Y sobre eso se apoya el alcalde cuando afirma: "Las decisiones que competencialmente son de la ciudad, sólo la ciudad tendrá que tomarlas." Y le ha faltado añadir: "Y yo soy la ciudad".

El caso es que tampoco en eso es original Gallardón. Esa manera de utilizar a la gente de escudo tampoco es nueva. Tal y como cuenta su principal detractor, el republicano Jules Ferry, cuando se emprendieron las obras de la Tercera Red, sin la aprobación del Estado, la excusa de Haussmann para saltarse la ley fue que atendía a "una especie de clamor popular" (Ferry, J. 1869, p.73). Clamor popular… eso vale más que seiscientas alegaciones.

Esperemos que el resultado sea diferente, al menos en cuanto al agujero negro de deudas que dejó el barón… También es cierto que el tema urbanístico fue lo que precipitó la caída de Haussmann. Mejor, no deseemos nada y dejemos que suceda lo que tenga que sobrevenir. Pero, por si las moscas, ¡agarre la billetera!

Nota: La información referida a Haussmann, Zola y la reforma de París pertenece al capítulo "La reforma urbanística de París y la especulación bajo el mandato de Haussmann. Una aproximación a la obra de Zola", publicado en el libro Economía y Literatura, Ecobook, 2007.

Sistema electoral con segunda vuelta

Favorecer la evolución pacífica e integradora de las principales instituciones de un país, evitando involuciones demagógicas que atenten contra los derechos individuales y la libre interacción en el mercado, implica garantizar el progreso socioeconómico a largo plazo. Pero lograr tan noble objetivo requiere alcanzar mayorías de gobierno estables que eviten el cambalache con partidos políticos minoritarios.

En España, al igual que en cualquier otro país que sufra la lacra del nacionalismo excluyente, las políticas negociadas con su entorno se traducen en deterioro constante de la unidad territorial y judicial y, en permisividad ante legislaciones y decisiones administrativas autonómicas que coaccionan la libertad de mercado y atentan contra la propiedad privada, la igualdad ante la ley, la libertad y la vida de miles de ciudadanos indefensos.

La ley electoral permite un desequilibrio parlamentario que beneficia el voto concentrado en circunscripciones provinciales e, injustamente, perjudica el voto disperso en la circunscripción nacional, en contra del artículo 1 de nuestra Constitución que instaura como "como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Así, por ejemplo, como resultado de las últimas Elecciones Generales 2008, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) con tan sólo 303.246 votos recibidos ha logrado 6 diputados con orientación política independentista y totalitaria. Por el contrario, se perjudica a los partidos nacionales, como Unión Progreso y Democracia (UPyD), que con más votos a nivel nacional, 303.535, sólo ha obtenido 1 escaño.

Haciendo cálculos con dichos resultados, algunas personas reclaman la instauración de una circunscripción autonómica, pero no se resolvería el problema de debilidad gubernamental y se permitiría mantener la "sobreponderación" del voto a partidos políticos locales.

Por otro lado, otros ciudadanos piden el aumento del número de diputados, aunque sólo se incrementaría el número de políticos privilegiados por los impuestos sin que se facilitara la formación estable del Gobierno de España sin distorsión de su acción política por minorías, puesto que la desproporcionalidad del sistema electoral seguiría existiendo.

Sin embargo, con la doble vuelta electoral se puede asegurar la formación del Gobierno de España por el partido que reciba más apoyos sin quedar rehén de minorías. No hay que olvidar que éstas ostentan un incomprensible trato de favor que sobrepondera sus votos hasta seis veces más.

Supongamos una primera vuelta con circunscripción provincial para elegir 100 diputados, entonces los partidos minoritarios seguirían alcanzando representación en el Congreso de los Diputados para encauzar las peticiones de sus votantes de una forma no proporcional a los votos recibidos, como sucede hasta ahora.

Adicionalmente, imaginemos una segunda vuelta con circunscripción nacional para elegir 250 diputados entre aquellos partidos que hayan alcanzado un porcentaje de votos suficiente en la primera vuelta, entonces los ciudadanos podrían elegir qué partido debe formar un Gobierno nacional estable sin el concurso de minorías que distorsionen las políticas presupuestarias, legislativas y administrativas hacia su región.

No obstante, debemos reconocer que para aplicar correctamente el artículo 1, no habría que permitir la sobreponderación de ningún voto y sería ajustado a la Constitución tratar por igual el voto emitido por cada ciudadano. Con ello, se tratarían con justicia los votos recibidos por los partidos nacionales como PSOE, PP, IU o UPyD, dado que se valoraría "con igualdad ante la ley" el voto de cada ciudadano, con independencia de donde se emita, sin absurdos favoritismos hacia el voto local concentrado en ciertas regiones.

La gobernabilidad de España sería mucho más fácil y se evitaría la actual permisividad con las políticas nacionalistas en regiones como Cataluña, País Vasco o Galicia.

Con una Constitución sin fisuras normativas y sin una ley electoral que distorsione el espíritu de la norma legal básica se debería facilitar la formación de un Gobierno nacional estable, que impulse políticas orientadas hacia la libertad y el desarrollo socio económico en todas las regiones de España, sin distorsionar sus decisiones por peticiones segregacionistas claramente minoritarias.

Por ello, es imprescindible plantear cuanto antes en el Parlamento la reforma del artículo 68 para emplear una segunda vuelta electoral con circunscripción electoral nacional, de forma que cada legislatura se elijan los diputados con garantías de estabilidad en la formación del Gobierno de España.

Como punto de partida a debatir, sugiero la siguiente propuesta de cambio del artículo 68:

Artículo 68 CE (propuesta)

1. El Congreso se compone de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley electoral.

2. La ley electoral establecerá como requisitos fundamentales: la obligatoriedad de democracia interna previa para la elección de los candidatos en todos los partidos políticos que reciban fondos públicos y, la obligatoriedad de presentar listas abiertas y celebrar doble vuelta electoral para la elección de los Diputados, en las condiciones expresadas en el anterior apartado.

3. En la primera vuelta electoral, la circunscripción electoral es la provincia y se elegirán 100 Diputados. En la segunda vuelta electoral, la circunscripción electoral es el distrito único nacional y se elegirán 250 Diputados. La ley permitirá participar en la segunda vuelta sólo a aquellos partidos que hayan recibido un mínimo del 5% de los votos del censo electoral nacional durante la primera.

4. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en función del porcentaje de votos obtenido por cada partido en la circunscripción, de modo que el voto de cada ciudadano valga igual en todo el territorio nacional, sin distinción alguna entre provincias.

5. Ante atentado terrorista o coacción exterior que altere el normal discurrir del proceso electoral, éste deberá ser interrumpido y pospuesto por un mes, aunque nunca más de dos veces consecutivas.

6. El Congreso es elegido cada cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

7. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio libre y secreto a todos los españoles, en igualdad de condiciones tanto dentro como fuera del territorio nacional. En caso contrario, bastará una sentencia judicial del Tribunal Supremo sobre irregularidades en las últimas elecciones para forzar la Disolución de la Cámara y la repetición del proceso electoral.

8. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.  

Si se observa en detalle nuestro régimen de libertades, por mucho que exista jurisprudencia de un Tribunal Constitucional con absoluta falta de independencia respecto de los políticos que eligen sus miembros, la actual ley electoral incumple el artículo 6 de la Constitución que explicita para los partidos políticos que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".

Por otro lado, la mayor o menor validez del voto según donde se emita y las listas cerradas al Congreso de los Diputados, no permiten cumplir completamente la premisa de "sufragio universal, libre, igual, directo y secreto" que establece el actual artículo 68.

Por ello, en la anterior propuesta también se incluye la obligatoriedad de democracia interna para la selección de los candidatos de los partidos políticos que reciban fondos públicos, la igualdad ante la ley de todos los votos emitidos y, las listas abiertas para que los elegidos tengan cierta independencia respecto del órgano directivo de su formación, aunque este tema se abordará con más detalle en otro comentario.

También hemos redactado un nuevo apartado cinco, dado que al analizar el discurrir de las dos últimas elecciones generales en España, se comprende la necesidad de establecer algún tipo de norma que evite el concurso de acciones terroristas o de magnicidios que desvirtúen la orientación del voto de los ciudadanos.

En cualquier caso, si estos requisitos no quedan correctamente "definidos" en la Constitución, la posterior ley electoral puede distorsionar gravemente el espíritu de la ley básica, dinamitando la formación de Gobiernos estables que permitan la búsqueda del interés general de todos los españoles.

Con base en Gobiernos débiles y en Tribunales controlados políticamente, se está legislando de forma inconstitucional y se aplican políticas de hechos consumados nada legales, por lo que algunos territorios de España están logrando desligarse poco a poco de la Constitución Española de 1978 sin ajustar sus políticas a la "obligatoriedad de la ley".

De no producirse cambios, seguiremos con la paulatina "de-construcción" de España y de las libertades de los ciudadanos no nacionalistas, debido a la enorme dificultad para formar mayorías sin pactos o sin coaliciones con minorías independentistas.

Ayuda al subdesarrollo

Uno de los principales dogmas del pensamiento intervencionista es el de la ayuda al desarrollo. Lejos del mundo liberal, es difícil encontrar a quien mantenga una actitud como mínimo crítica hacia este tipo de políticas que predican organizaciones tanto privadas como públicas. Incluso la mayoría de las quejas se dirigen a la mejora del sistema y no a un cambio radical. La ayuda al desarrollo es una mezcla de buenismo, simplismo, una visión económica de suma cero e ingeniería social que lleva años demostrando, no sólo su ineficacia, sino en algunos casos su carácter dañino.

Hay gente que piensa que con sólo tener la voluntad de ayudar es suficiente para que el mundo mejore. Existen otros que completan esta actitud con un objetivo utópico al que todos tenemos que contribuir para que lleguemos a su particular Nirvana. Se presenta a la guerra o a las desigualdades económicas como responsables de la situación mundial, no como síntomas, y se aboga por una mayor justicia social, como si este etéreo concepto fuera suficiente para que todos entendamos qué está pasando. Sobre este panorama, y con un eficiente ejercicio de propaganda dirigido al centro emocional de los ciudadanos, organizaciones como las ONG’s y ciertas instituciones públicas de carácter nacional e internacional consiguen nuestro dinero que entregamos voluntaria e involuntariamente.

El primer objetivo de estas organizaciones es perpetuarse. No sé de ninguna, y si las ha habido desde luego son muy pocas, que una vez conseguido su propósito, se hayan disuelto con la sensación del deber cumplido. No es extraño pues que sus grandes objetivos sean imprecisos, como la mejora de las condiciones de vida de todo un pueblo, o de imposible cumplimiento incluso a muy largo plazo, como la de terminar con el hambre en el mundo. Siempre habrá enfermedades que erradicar o un mejor nivel de vida al que optar. Las necesidades de educación o de infraestructuras siempre serán excusas perfectas para justificar sus demandas.

Es tal la necesidad de recursos que la alianza entre las ONG’s y el Estado es casi natural. Como la caridad voluntaria es insuficiente para conseguir los dineros necesarios, las ONG’s reniegan de su propia esencia y piden o exigen ayudas a los gobiernos que tan eficientemente se apropian del dinero de sus ciudadanos. El 0,7% del PIB es un objetivo sabroso al que se pretende optar, pero una vez conseguido, incrementarlo será de nuevo un deber al que sólo un egoísta insensible se podrá oponer.

Sin embargo, las situaciones a las que hacen frente estas organizaciones tan desinteresadas son mucho más complejas de lo que nos venden. Es evidente que la enfermedad y el hambre son dos de los peores males a los que se puede enfrentar cualquier ser humano, sobre todo si a su alrededor no hay ninguna posibilidad de que pueda aliviarse, pero también es evidente que las causas son muchas y complejas.

Si el hambre es provocado por una guerra, como ocurre en Somalia, entonces hasta que esta no cese, o mejor dicho, hasta que el ardor guerrero de las partes en conflicto no termine, no se darán las condiciones esenciales para que se pueda producir un desarrollo económico en condiciones. Cuando son gobiernos corruptos y totalitarios como el de Zimbabue los que generan las hambrunas y los desplazamientos, nada podrá mejorar hasta que estos desaparezcan. Cuando son las barreras arancelarias de los países desarrollados los que ponen problemas a la exportación de los bienes que las empresas de los países del tercer mundo producen, sólo su desaparición será necesaria para que se den ciertas condiciones para que la situación se invierta. Claro que tanto la guerra, como el Gobierno corrupto, como los aranceles tendrán sus razones y estas las suyas e incluso la desaparición de todo lo anterior no es condición suficiente para que nada mejore. La realidad se vuelve muy compleja y presentar la ayuda al desarrollo como la única manera de solucionar "todos" los conflictos es una simpleza.

Existe otro simplismo quizá más dañino, el de considerar que de una acción subjetivamente positiva surge otra objetivamente positiva. Una acción tiene sólo consecuencias y estas no son ni buenas ni malas por la naturaleza de la primera. No es extraño que en los campos de refugiados (sobre todo en los que se perpetúan durante mucho tiempo y se consiguen condiciones de vida mejores que las originales de los desplazados a través de las ayudas públicas y privadas internacionales) surjan grupos violentos y terroristas que pretendan "castigar" las afrentas recibidas y que, si se dan las condiciones necesarias, puedan llevar a cabo su venganza. Tal fue la situación de los campos de refugiados hutus en la República Democrática del Congo que luego provocaron un genocidio en la nación tutsi. Un acueducto puede aportar agua a una aldea, pero también a un señor de la guerra. Una escuela puede formar niños, pero también adoctrinar a futuros terroristas. Ayudar a una persona, a un grupo o a una sociedad puede acallar nuestra conciencia, pero no es en sí ni bueno ni malo, pues desconocemos cuáles serán las consecuencias en el futuro. Si no podemos determinar con seguridad los resultados de nuestras acciones, será infinitamente más complicado hacerlo cuando confluyen infinidad de organismos, personas, situaciones y circunstancias.

Con este panorama, cabe preguntarse si es necesaria la caridad o la filantropía para solucionar ciertos problemas en el mundo. La cuestión no es tanto si éste es el método adecuado, sino en no convertirlo en el único para presuntamente alcanzar la utopía de un mundo feliz y armonioso. Primero porque este estado es a todas luces imposible, ajeno a la naturaleza humana cuyos objetivos los marcará cada uno en función de sus anhelos y circunstancias. Segundo, porque desconocemos el alcance de nuestras acciones y no podemos plantear políticas globales esperando con ello alcanzar ese ansiado paraíso; en el fondo, no deja de ser un sistema de ingeniería social. Tercero, porque no podemos ni debemos plantear el desarrollo económico como un juego de suma cero –yo gano porque ellos pierden y debemos, por tanto, dar parte de lo que disfrutamos para que mejoren–. La riqueza se crea y las guerras, los gobiernos corruptos o los aranceles son barreras que lo impiden.

No podemos saber si en un país es más necesaria una escuela o una carretera, un crédito para fertilizante o para un hotel de lujo. La libertad económica permitirá que con el tiempo todo llegue, que llegue en función de las necesidades de los individuos en cada momento. La filantropía y la solidaridad pueden desde luego ayudar (o no), pero no deben ser la base de una posible solución, si es que la hay. Si así lo hacemos sólo estaremos favoreciendo el subdesarrollo como en el que lleva inmerso el África subsahariana desde hace décadas y donde las ayudas pecuniarias llevan decenas de años alimentando pozos sin fondo.

Vida, acción, evolución y cognición

Los seres vivos son agentes autónomos autopoyéticos: mediante su actividad dinámica autocontrolada se mantienen, se regeneran a sí mismos y se reproducen utilizando materiales y energía de su entorno, el cual incluye materia inorgánica y otros seres vivos. La reproducción no es perfecta, de modo que los organismos de una misma especie no son idénticos, y sus diferencias pueden ser relevantes respecto a su capacidad de supervivencia y reproducción.

La vida evoluciona. La evolución es un proceso histórico, gradual y adaptativo de cambio entre generaciones de seres vivos que compiten por recursos escasos. Mediante el mecanismo de la selección natural las variantes más exitosas en un entorno tienden a desplazar a las relativamente menos aptas en las funciones básicas de supervivencia: aprovechar oportunidades (encontrar alimento, conseguir pareja reproductora) y evitar riesgos (depredadores, enfermedades, daños ambientales).

El comportamiento de un ser vivo está determinado por su estructura e interacciones. Los seres vivos son sistemas cibernéticos: controlan y coordinan su conducta mediante mecanismos de obtención y procesamiento de información acerca de sí mismos y de su entorno. Cada organismo vivo exitoso incorpora conocimiento e implica algún tipo de cognición. Los seres vivos más sofisticados disponen de subsistemas u órganos especializados para estas tareas, los sistemas sensorial y nervioso.

La información incorporada en el aparato cognitivo de un ser vivo puede proceder de su programa genético innato y del aprendizaje durante su historia vital particular. Algunos seres vivos tienen programas de acción instintivos, rígidos, apenas modificables; otros tienen sistemas cognitivos más plásticos, modificables según el entorno y las vivencias individuales, de modo que es posible seleccionar (promocionar o reprimir) conductas entre un repertorio inicial; algunos seres vivos son capaces de innovar, de generar de forma creativa nuevas estructuras de acciones y probarlas en el mundo. Los seres vivos dotados de curiosidad se interesan por el aprendizaje, les motiva la adquisición de conocimiento, lo adquieren en el presente de modo que tal vez ya disponen de él cuando lo necesitan con urgencia en el futuro.

Con un sistema cognitivo potente que disponga de una buena representación del mundo es posible construir simulaciones mentales de la realidad, que permiten ensayar de forma virtual las posibles consecuencias de diversos cursos de acción alternativos (generar reacciones y predecir sus resultados antes de probarlas con riesgo real), y también construir planes de acción que conduzcan a objetivos dados (partir de un estado final deseado y computar cómo llegar a él desde la situación inicial actual). La cognición es especialmente adaptativa por la capacidad de predicción que permite prepararse para el futuro.

Si un animal tiene un repertorio extenso de conductas posibles, es necesario que disponga de un sistema selector de las mismas (no se puede intentar hacer todo a la vez), un aparato emocional o voluntad generadora de preferencias o prioridades que indique qué acciones son más adecuadas para la supervivencia, qué objetivos son más valiosos.

La acción de los seres vivos no es en general aleatoria (sin ningún tipo de control cognitivo y sin relación con la realidad), sino que consta de reacciones y en algunos casos de acciones intencionales. Las reacciones son procedimientos automáticos ejecutados ante estímulos específicos, externos o internos; los hábitos son reacciones provocadas por algún fenómeno periódico. La acción intencional es la realización de un plan consciente de utilización de medios y ejecución de acciones parciales más simples cuya combinación estructurada conduce a la obtención de un fin u objetivo deseado. La capacidad de acción intencional requiere un sistema cognitivo complejo que incorpore grandes cantidades de conocimiento general e información particular acerca del mundo. Los organismos capaces de acción intencional tienen una fuerte ventaja adaptativa: se adelantan en el tiempo, planifican, han preparado la acción y previsto de forma estratégica diferentes contingencias, no sólo improvisan sobre la marcha o reaccionan ante lo inmediato. Una acción intencional también puede considerarse como una reacción muy compleja, indirecta y diferida: las circunstancias ambientales e internas provocan la fijación de un objetivo que activa los mecanismos planificadores de la cognición.

Ciertos animales son capaces de imitar conductas ajenas, de modo que en lugar de probar y descubrir por sí mismos (con los riesgos asociados a proceder a ciegas en ámbitos novedosos) pueden copiar lo exitoso en un contexto social. El fenómeno de copia de conductas da origen a nuevos replicantes, los memes, que coevolucionan con los genes, de forma complementaria o competitiva.

Shostakovich sobrevive a todos sus críticos

Dmitri Shostakovich era un hombre meticuloso, reservado y muy tímido. Fumador empedernido y gran aficionado al teatro, a la literatura, al fútbol y al vodka. Las grandes reuniones le incomodaban sobremanera. Sólo disfrutaba de la compañía de unos pocos amigos. Comenzó de niño a tocar el piano guiado por su madre. Se convirtió pronto en un pianista excepcional.

Apenas contaba con once años cuando vio venir la revolución bolchevique, por lo que se le podía considerar un genuino músico del proletariado moderno. A diferencia de Stranvisnki, Rachmaninov o Prokofiev, no había conocido apenas la época de los Romanov ni había residido en el extranjero, con lo que habría evitado la ocasión de "contaminarse" de la decadencia burguesa occidental. Se convirtió en el representante de la música soviética.

Shostakovich cometió empero muchos "pecados". Fue blanco de continuos reproches por parte de quienes se han considerado autoridades en materia musical: dentro de la URSS fue duramente criticado en numerosas ocasiones por componer música formalista y escapista que no se ajustaba a los cánones del realismo socialista. Con todo y con ello, compuso sinfonías en honor a la Revolución de Octubre y al Primero de Mayo, fue "acogido" por el PCUS y finalmente se le nombró delegado del Soviet supremo.

En el resto de Occidente, por su parte, fue relegado por no seguir la corriente de la música atonal o dodecafónica que se impuso –casi sectariamente– en la música clásica occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Por si fuera poco, la firme aceptación de su música por parte del mercado en estos últimos años le ha convertido en un músico menor para aquellos puristas que raramente consideran bueno lo que acaba siendo popular. Ya se sabe que es sospechoso tener cierto gancho comercial en algo tan serio como la música clásica.

Por todo ello, ha sido siempre un personaje incómodo e inclasificable para casi todo el mundo. Hoy, sin embargo, empieza ya a reconocerse inevitablemente como uno de los grandes músicos del siglo XX. Shostakovich pervive, indestructible, a sus críticos.

Su vida estuvo trágicamente marcada por el control burocrático del arte por parte del partido comunista de la URSS. Dmitri apoyó en sus años de juventud la Revolución de 1917 pero no tardaría en comprobar en sus propias carnes que el sistema soviético de control y planificación centralizada era una maquinaria de hacer picadillo a los seres humanos y a sus ideas. Sobrevivió al mismo, que no fue poco. Pero es que, además, fue un paciente muñidor de partituras contemporáneas esenciales como su quinteto con piano, el trío nº 2, su ciclo sinfónico, los 24 preludios y fugas para piano solo y sus quince cuartetos.

Sus obras nos hablan de un espíritu que logró expresar su propia voz pese a las muchas restricciones a que se vio sometido por parte de aquellos que se prevalieron cobardemente del poder coactivo estatal para organizar la sociedad. Sus imponentes quince sinfonías representaron su faceta pública; su música de cámara, desgarradora, su vida más íntima.

Si me hubiesen dicho hace unos años que, con el correr del tiempo, uno de mis músicos predilectos del siglo XX sería un símbolo del régimen soviético habría pensado que era una broma. La realidad humana es siempre mucho más compleja de lo que creemos, por mucho que nuestros amigos colectivistas se empeñen en ocultarlo.

La buena música nos forma y moldea culturalmente al hacerla nuestra, no sin cierto esfuerzo. Nos humaniza y puede hacernos mejores. Considero enriquecedor escuchar música de calidad (la que sea). La de Shostakovich lo es.

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El parto de los Montes y las varas

No hace mucho tiempo tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, estimando un recurso de apelación contra un auto de un juzgado de instrucción de Leganés que sobreseía provisionalmente el asunto, dictaron un resolución mediante la cual confirmaban el archivo del procedimiento penal que se tramitaba contra los médicos del Hospital General de Leganés Miguel Ángel López Varas, Luis Montes Mieza y otros que no recurrieron, siempre que no surjan otros indicios contra ellos. Sin embargo, de forma un tanto sorprendente, y con el apoyo del fiscal, la sala elimina la mención a la mala praxis médica, que el instructor daba por sentada a la luz del dictamen pericial emitido por tres especialistas designados por el colegio de médicos. No creo que sea suficiente para evitar que algunos familiares de los fallecidos en extrañas circunstancias en ese hospital reclamen a los responsables por la vía civil, la cual no exige una prueba tan concluyente para destruir la presunción de inocencia.

Este caso reúne tantas notas de manipulación por parte de un grupo ansioso de poder que resulta paradigmático y explica como pocos los derroteros de la siniestra polarización y sectarización que deliberadamente ha introducido una casta política implacable y falta de escrúpulos. Veamos por qué.

Acostumbrado como estoy al rechazo de toda racionalidad en los debates públicos, llama la atención, sin embargo, la grosera alteración de los términos en los que el caso de las sedaciones terminales en la unidad de urgencias del hospital de Leganés se ha planteado. Partamos de que, para emitir una opinión, tendrían que aclararse los hechos concretos acaecidos, para, en segundo lugar, analizar si, acotados los elementos fácticos, éstos pueden calificarse como ilícitos desde una doble perspectiva jurídica, en sus vertientes penal y civil. Un caso de este tipo merece, por último, que la reflexión se extienda a abordar sus aspectos éticos.

Conviene aclarar que un sobreseimiento provisional, en contra de lo que las terminales propagandísticas del nuevo régimen propagaron, no equivale a la libre absolución de los encausados. De hecho, el juez instructor especificó que tomaba esa decisión porque no había quedado justificada debidamente la perpetración de los delitos que motivaron la práctica de las diligencias penales, es decir, inducción/ayuda al suicidio, homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

Les guste o no a los apologistas del doctor Montes y compañía, para que la eutanasia pueda considerarse todavía como tal, y no como un burdo asesinato, debe contar con el consentimiento libre del paciente, y, aun así, el vigente derecho penal español tipifica esa conducta como delito de ayuda al suicidio.

Me gustaría resaltar uno de los elementos que expresa el juez instructor para justificar su decisión de detener sus investigaciones. Debe tenerse en cuenta que los jueces de instrucción juzgan provisionalmente conductas al tiempo que investigan los hechos que justifican la apertura de diligencias penales. En este caso el juez sopesa el citado dictamen médico sobre cuarenta sedaciones terminales practicadas bajo la responsabilidad de uno u otro de los médicos reseñados, quiénes trabajaban en esa unidad de urgencias del Hospital General de Leganés Severo Ochoa (a su vez gestionado por el servicio madrileño de salud del gobierno regional) y las declaraciones que estos individuos le prestaron como imputados. Con una mejorable redacción, el juez Rosel plasma en las páginas quinta y sexta de su auto lo siguiente:

La autopsia habría permitido conocer si la muerte devino por la enfermedad que ya padecía el sujeto o bien por la sedación terminal administrada. Pero, como informaron los peritos, ya no era posible lograr los resultados con exhumaciones y esa línea de trabajo quedaba descartada, debiendo oírse, a continuación, las explicaciones de los médicos, que merecían de la ocasión para describir sus actos.

En ellas hay discursos muy llamativos. Se ha llegado a decir, incluso, que la sedación terminal no causa la muerte. Así. Ahora bien, hay muchas remisiones a criterios fundados en la literatura científica y a la actuación siguiendo criterios o recomendaciones generalmente aceptadas por la sociedad médica y no puede irse más allá. No puede predicarse que los médicos, conscientes, sedaran al paciente para causarle una muerte inmediata. Tampoco que, negligentemente, prescribieran tales fármacos, sin conocer sus consecuencias letales. No. Nada de esto puede aseverarse y presumirlo, como parece, no basta a los fines del reproche penal. De sus manifestaciones se desprende que los médicos creían, en todo caso, obrar lícitamente y actuar dentro de cánones prefijados por la ciencia. Entendían que sus pacientes morirían en un muy corto espacio de tiempo y que debían mitigar sus dolores. Ante ello, decidieron sedar y se obtuvo lo pretendido, que no era otra cosa que la esperada muerte, pero indolora.

Ante todo esto, uno no puede más que acordarse de aquella novela-profecía Un mundo feliz de Aldoux Huxley (o Brave New World). El mundo utópico donde se acaba con el sufrimiento y el dolor, a costa de la introducción de un régimen totalitario que somete a sus felices esclavos a una programación vital. De los rituales sacrificios que se hacía de los ancianos (antes de que llegaran a mostrar arrugas). De conceptos tan siniestros y tan popularizados hoy por la ideología de la posmodernidad como "ingeniería emocional". No en balde las consignas de aquel régimen eran "comunidad, identidad y estabilidad". Dejo apuntado un campo de investigación interdisciplinar para semiólogos, comunicólogos, politólogos y juristas, sin descartar a los psicólogos y psiquiatras: ¿por qué uno de esos médicos se convirtió en uno de los símbolos de la plataforma PAZ de apoyo a un candidato, que a su vez le prometió "protección"? "No consentiré que nadie persiga a profesionales dignos por intentar ayudar a morir dignamente", dijo el orate… Pues así estamos.

El Tíbet no es Hong Kong

Las últimas revueltas en Lhasa, protagonizadas por miembros de la organización independentista Tibetan Youth Congress, y la subsiguiente represión de las autoridades chinas han suscitado un gran número de comentarios en Occidente. Dejando al margen a los partidarios del comunismo chino y a los que acusan al Dalai Lama de ser un agente de la CIA (es cierto que en el pasado aceptó fondos tanto de Washington como de Taiwán), llaman la atención los que proponen una solución mediante la aplicación del modelo "dos sistemas, un país", es decir, el sistema vigente en lugares como Hong Kong y Macao.

Hace unos días, Luis Racionero expresaba en El Imparcial su confianza en que Pekín consintiera que el Dalai Lama, quien hace más de dos décadas renunció a la independencia de su país, gobernase un Tíbet autónomo "hasta que la maduración de la democracia en China permitiera llegar a acuerdos beneficios para ambos países sin necesidad de que el gigante aplaste al pequeño". El escritor deseaba que el Tíbet se desarrollase como lo ha hecho Andorra y que sus habitantes alcanzasen la prosperidad económica.

Por su parte, Sir Malcolm Rifkind, secretario de Asuntos Exteriores británico entre 1995 y 1997, defendía en el diario The Timesuna solución optimista y "disponible" basada en el capitalismo y en la relativa libertad de que disfrutan en Hong Kong y Macao, un arreglo que según él China estaría encantada de ofrecer a los taiwaneses. Al igual que Racionero, el político británico considera que la concesión de autonomía y la creación de un Gobierno presidido por el Dalai Lama no serían demasiado difíciles de aceptar para China, cuya política de emigración masiva a la región ha sido un fracaso. Por desgracia, el autor olvida hechos tales como las matanzas, la destrucción del patrimonio artístico y cultural del Tíbet y la pena de muerte por hablar la lengua tibetana o poseer imágenes del Dalai Lama. El artículo termina con una apelación al diálogo a cambio de que el Dalai Lama renuncie a la independencia de su país y a la violencia, como si no lo hubiera hecho antes (ha llegado a amenazar con su dimisión si el Tibetan Youth Congress no cambiaba su táctica) y deseando que "una oferta seria de reforma política y cultural" conlleve "una oportunidad única para que la nueva China sea bienvenida y ocupe el lugar que le corresponde en el panteón de las naciones".

Unos análisis hechos desde la buena fe y el sincero respeto por el pueblo tibetano, aunque también desde la más profunda ignorancia de la labor realizada por el Dalai Lama, algo que China conoce bien y que teme más que un año sin monzones.

En primer lugar, una de las tareas más importantes llevadas a cabo por el Gobierno tibetano en el exilio ha sido la paulatina democratizaciónde sus prácticas y estructura. Así, en 1963 la administración de Dharamsalapromulgó una Constitución que entre otras cosas prevé la destitución del propio Dalai Lama, quien siempre se ha mostrado contrario a la conversión de su país en un parque temático para el disfrute de las minorías contraculturales de Occidente. Además de esto, en los años 60 se creó una Asamblea Nacional Tibetana cuyos miembros son elegidos en la actualidad por sufragio universal de todos los exiliados, cuya tasa de alfabetización es superior al 80%. Este parlamento elige a su vez a un Gobierno y posee iniciativa legislativa. En 1992, el Dalai Lama renunció a jugar un papel político en el futuro Gobierno del Tíbet y en 2000 propuso cambios en la Constitución para que el primer ministro fuera elegido directamente por el pueblo.

En 1973, el Dalai Lama realizó su primera visita a Occidente y en 1987 afirmó en el Congreso de los Estados Unidos que el pueblo tibetano "debe ejercer sus libertades democráticas básicas". En efecto, una de las constantes de su discurso es su convicción de que gracias al exilio muchos tibetanos han conocido la democracia y los derechos individuales ("Vivir fuera del Tíbet me ha proporcionado una perspectiva inestimable, la de saber que nuestro sistema político anterior estaba anticuado y mal equipado para afrontar los desafíos del mundo contemporáneo") y que el acerbo político y cultural occidental, incluida la economía de mercada, contiene una serie de valores que trascienden las diferencias culturales:

Algunos líderes asiáticos afirman que la democracia y las libertades a ella asociadas son productos exclusivos de la civilización occidental. Arguyen que los valores asiáticos son, si no diametralmente opuestos a la democracia, sí al menos significativamente diferentes (…) El reconocimiento y respecto de los derechos humanos básicos, la libertad de expresión, la igualdad de todos los seres humanos y el Estado de Derecho no son simples aspiraciones, sino las condiciones necesarias de una sociedad civilizada.

Pensar que China vaya a admitir con facilidad que un hombre que expresa su admiración por intelectuales como Karl Popper, Amartya Sen y el mismísimo Robert Nozick, aplaudió la caída de la Unión Soviética y agradeció el papel jugado por Estados Unidos y Europa en su fin y afirma que "cuanto más aprendan los tibetanos sobre su potencial individual y su capacidad para jugar un papel en su propio gobierno, tanto más fuerte devendrá nuestra sociedad" ocupe la jefatura de un gobierno tibetano autónomo pertenece al mundo de los sueños. Nadie planta una bomba de relojería en su propia casa. Sólo los incautos pueden llegar a creer que Pekín esté dispuesto a destituir al heredero alternativo del Dalai Lama (el Partido Comunista creó una organización budista propia, igual que hay que hay una jerarquía católica china) y a restituir al Dalai Lama para permitirle difundir su mensaje por toda China. Es por esto que las negociaciones, si las hay, serán largas y difíciles, justo lo contrario de lo que creen los ingenuos, y que el retorno de Tenzin Gyatso y su libertad de expresión y movimiento deben ser condiciones sine qua non de cualquier acuerdo aceptable para los gobiernos occidentales, más allá de la apertura de un centro comercial y de un par de fábricas.

No es la acumulación de capital y el consumo masivo lo que preocupa a los comunistas chinos, sino la afirmación de la autonomía individual frente a un Estado omnipotente. Eso es lo que representan el Dalai Lama y los suyos. Las llaves de China no se hallan en Hong Kong, sino en Dharamsala.

España sufre el inicio de la gran resaca económica

Los excesos se pagan. La gran borrachera de crecimiento económico que ha vivido España a lo largo de la última década culminó a principios del pasado año. Desde entonces, la economía nacional empieza a percibir los efectos que, sin remedio, acaban provocando las burbujas. La explosión del actual boom inmobiliario amenaza con originar una resaca de dimensiones mayores que la vivida en la primera mitad de los años 90.

A lo largo de los últimos años, el PIB nacional ha registrado aumentos superiores al 3% cuando el resto de la UE apenas rozaba el 1,5%. En principio, se trata de un dato positivo, siempre y cuando no profundicemos en el análisis de las fuentes reales que han abastecido durante este periodo a la riqueza nacional: una política monetaria laxa y arbitraria por parte del Banco Central Europeo (BCE), basada en tipos de interés en mínimos históricos, que, como consecuencia, ha facilitado el surgimiento de un nuevo pelotazo inmobiliario en el que el ladrillo se ha llegado a cotizar a precio de oro.

Pero el tiempo de diversión ha llegado a su fin. La teoría austriaca de los ciclos y la expansión del crédito constituyen leyes económicas inviolables que, tarde o temprano, terminan mostrando la cruda y triste realidad del intervencionismo monetario sobre el que se sustenta la estructura económica internacional. Durante la última década, casi la mitad del crecimiento económico español responde al auge del ladrillo. El peso de la construcción en el cómputo total del PIB ha llegado a representar cotas próximas al 20%, al igual que en el ámbito laboral del país.

El precio de la vivienda ha alcanzado incrementos interanuales de dos dígitos, superiores al 15% en algunos ejercicios. La revalorización artificial de los pisos, próxima al 40% de su valor real, según advertía hasta hace poco el propio Banco de España, ha provocado una tentación irresistible para el ciudadano medio que, atraído por la facilidad de crédito y el irrisorio precio del dinero, se ha lanzado sin miramientos a la adquisición de inmuebles, con el consiguiente sobreendeudamiento hipotecario.

El sector inmobiliario no ha sido menos. Bajo la errónea creencia de que la juerga no tendría fin, numerosas empresas dedicadas a la promoción y construcción residencial acometieron operaciones de alto riesgo sin evaluar sus previsibles consecuencias, auspiciadas por el paraguas del crédito fácil.

Hoy, el valor de sus activos (suelo y viviendas) se deprecia por momentos. Dicha estrategia ya se está traduciendo en quiebras e inviabilidad de su modelo de negocio a corto y medio plazo. Así pues, la resaca ha comenzado, y sus efectos se extenderán a toda la economía nacional. El desempleo aumenta, la afiliación a la Seguridad Social desciende a mínimos no registrados desde hace años, el ritmo de morosidad crece, al igual que la inflación, la confianza de los consumidores y empresarios está por los suelos, y el PIB ha iniciado su particular caída libre.

Llegados a este punto, tan sólo advertir que la crisis de la vivienda (y, por ende, subprime) que vive Estados Unidos constituye un reflejo anticipado de lo que podría avecinarse aquí en un futuro inmediato. Si bien es necesario recordar que el peso del sector inmobiliario en el conjunto de la economía estadounidense es casi tres veces inferior al que representa en España.

Ante este panorama, el Gobierno no ha tardado en anunciar medidas para rescatar al que, hasta ahora, se había erigido en el principal motor económico del país. Sin embargo, siento anunciar a los futuros responsables de los ministerios afectados (Vivienda, Economía, Trabajo y Fomento) que en nada lograrán atenuar tales efectos. En todo caso, y como viene siendo habitual, tan sólo contribuirán a empeorar, en gran medida, la ya de por sí delicada situación. Y es que, España, hoy por hoy, carece de la competitividad necesaria para sustituir con éxito el combustible gruístico.

Se abre un periodo de incertidumbre financiera, nerviosismo bursátil y, aún más grave, dificultades para un gran número de familias, ya que se verán ahogadas por la carga de sus respectivas deudas. Un nuevo periodo económico en el que será más imprescindible que nunca redoblar los esfuerzos por tratar de explicar correctamente las causas reales que han originado esta situación, así como las medidas correctas a aplicar para poder atisbar cuanto antes la luz al final del túnel.

Muchos, sobre todo los responsables políticos, no dudarán en culpar al mercado y, por tanto, a los ciudadanos y empresarios, de la resaca que, en realidad, ha generado la intervención pública a través de sus deplorables mecanismos: política monetaria de los bancos centrales, gestión pública del suelo, viviendas de protección oficial, alta presión fiscal, rigidez laboral, barreras administrativas para la creación de empresas, regulación medioambiental y elevado gasto público.

Por el contrario, serán pocos los que, sin embargo, acierten en proponer las soluciones adecuadas: patrón oro, total liberalización del suelo, reducción de impuestos, flexibilidad laboral, libertad de empresa y de horarios comerciales, inversión privada en investigación y desarrollo, privatización de la educación, la sanidad y el sistema de pensiones, contención y estabilidad presupuestaria… En definitiva, más libertad económica.

La Gran Depresión: lecciones de la historia

El estudio de la Gran Depresión es uno de esos casos que resaltan la importancia del conocimiento de la historia para evitar, o al menos alertar sobre errores futuros. Pero tal y como nos enseñó Ludwig von Mises, el estudio de la historia debe ir acompañado de la teoría, en este caso, económica.

Desgraciadamente, y a pesar de varios monográficos sobre el tema (de Rothbard, Robbins), todavía hoy se considera a la Gran Depresión americana como un "fracaso del mercado" o una consecuencia inevitable del capitalismo de corte laissez-faire. Todavía sigue constituyendo una excusa histórica para aumentar la intervención económica y aumentar el poder del Estado, siendo una de las bases del actual Estado del Bienestar.

Muy al contrario de la "versión oficial", pensadores austriacos (para ver un resumen de las principales explicaciones de la depresión, aquí) han ofrecido una interpretación muy diferente de lo ocurrido, desplazando el presunto "fracaso del mercado" al fracaso de la intervención económica en varias de sus formas. Uno de ellos, el recientemente fallecido Hans Sennholz, dividió la crisis en cuatro fases que reproduzco a continuación, añadiendo los errores cometidos entre paréntesis en cada una de ellas:

  1. Ciclo Económico, 1921-1929 (manipulación monetaria y malas deudas): la recién creada Reserva Federal (Fed) expandió la oferta monetaria brutalmente durante la década de los años 20, creándose malas deudas que no eran sostenibles en el tiempo. Así se originó un auge económico, sustentado en las arenas movedizas de la política monetaria expansiva, lo cual generó la conocida burbuja de los activos financieros que pinchó en 1929. Fue en ese año cuando se paralizó la expansión crediticia y las consecuencias de las medidas suicidas de la Fed salieron a la luz, a pesar de que los austriacos Mises y Hayek ya alertaron de los peligros que se avecinaban. En octubre de 1929 tuvo lugar el célebre crash bursátil, alentado, según algunas fuentes, por fuertes rumores acerca de la aplicación de una ley fuertemente proteccionista, la Ley Arancelaria Smoot-Hawley, aprobada finalmente en 1930.
  2. Desintegración económica, 1929-1933 (proteccionismo exacerbado, subidas de impuestos, etc.): en estos cuatro años, las políticas del republicano (supuestamente partidario del laissez-faire, según se dice) Herbert Hoover no hicieron más que agravar la crisis, disparándose el desempleo del 8% de la población activa en 1930 al 15% en 1931. Las medidas que aplicó consistieron básicamente en acabar con el libre comercio internacional a través de leyes arancelarias (como la ya comentada) y restricciones varias e incrementar la presión fiscal del 16% al 29% del producto privado neto, según estimaciones de Rothbard.
  3. New Deal de Roosevelt, 1933-1937 (planificación económica, aumento gasto público y más impuestos): el plan salvador de la aguda crisis de la economía americana llegó con Roosevelt, que empeoró las cosas todavía más merced a sus ansias planificadoras: controles de precios, salarios mínimos, altas regulaciones sobre horas y condiciones de trabajo, reducción de la oferta agrícola (destruyéndose cosechas y ganado para mantener los precios de los agricultores), aumento de varios impuestos y expansión notable del gasto público, en forma de grandes obras públicas. El desempleo alcanzó su máximo en el 25%, pero afortunadamente dos de las medidas estrella del New Deal, a saber, la Ley de Recuperación Nacional, NRA (en la industria) y la Ley de Asistencia a la Agricultura, AAA, fueron consideradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo, entre 1935 y 1936, por lo que la tasa de desempleo descendió hasta el 14% en 1936.
  4. Ley Wagner, 1937-1941 (no aprender de los errores): esta nueva ley supuso un nuevo revés para la recuperación económica, imponiendo nuevos controles e impuestos, mayores salarios mínimos y reforzando el poder de los sindicatos, quienes no dudaron en usarlo mediante amenazas, boicots, y huelgas. Así, el desempleo volvió a repuntar, hasta el 20% en 1940.

Finalmente, Estados Unidos entró en guerra en plena crisis, convirtiéndose en una economía dirigida hasta su final, tras el cual el país pudo salir definitivamente de la tan prolongada depresión (véanse los artículos de Robert Higgs criticando la idea de que fue la guerra la que salvó al país norteamericano: 1, 2).

En la actualidad vivimos en una coyuntura muy delicada, que podría guardar algún paralelismo con los acontecimientos arriba descritos. En efecto, la existencia de unos tipos de interés artificialmente bajos años atrás produjo la creación de nuevo crédito que afluyó a inversiones (especialmente al mercado inmobiliario y de valores) que no se hubieran realizado de no haberse actuado de forma irresponsable desde las autoridades monetarias. Es decir, estas nuevas inversiones eran insostenibles en el tiempo, ya que el proceso de expansión monetaria debe acabar tarde o temprano. Y cuanto más se retrase el final, peor será la subsiguiente crisis, periodo inevitable, en el cual aquellas malas inversiones realizadas se muestran no rentables, y deben liquidarse. Este proceso de ajuste, que repito, es inevitable, debería facilitarse, y no tratar de retrasarlo con mayores intervenciones en el funcionamiento del libre mercado.

Se podrían extraer varias lecciones de la Gran Depresión. En primer lugar, Mises y Hayek demostraron contar con una teoría económica con un poder predictivo mucho mayor que el de otros economistas más prestigiosos que ellos, como Keynes o Fisher. Esto fue debido en parte porque estos últimos centraban su atención de análisis en el índice de precios, es decir, un agregado macroeconómico, mientras que los primeros examinaban las variaciones de los precios relativos de los distintos bienes (siguiendo la taxonomía mengeriana de bienes más alejados o cercanos al consumo). De hecho, durante la década de los 20 el índice general de precios apenas se modificó, con lo que para Keynes y Fisher todo estaba en orden, tanto que este último predijo unas semanas antes del crash bursátil que la bolsa seguiría subiendo. Por tanto, esto nos podría dar la idea de la insuficiencia teórica de las enseñanzas surgidas a partir de estos economistas, y de la gran capacidad predictiva de la economía austriaca, que podría revelar la mayor corrección del aparato teórico desarrollado por los austriacos.

Por último, en nuestra situación actual es muy necesario recordar por qué se produjo la Gran Depresión, pero sobre todo, dado que la crisis parece inevitable, por qué se alargó durante tantos años. Se debería aprender de los errores cometidos a partir del crash bursátil para evitar que se empeore la situación todavía más. No es ésta una época propicia para experimentos planificadores ni medidas demagógicas como las que llevaron a cabo Hoover y Roosevelt. Sin embargo, me temo que mucho tendrían que cambiar las cosas para que se aplique la sensatez y prudencia en las políticas económicas. Pero, por favor, ¡aprendan de una vez de sus errores!

El mito de la seguridad laboral

Cada vez que a alguien se le ocurre siquiera mencionar la necesidad de flexibilizar el mercado laboral español, le caen palos de todos lados, a izquierda y derecha. Y eso que el empleo tiene en nuestro país unos costes altísimos comparados no sólo con los de los celebérrimos "países de nuestro entorno" sino también con cualquier otro del mundo, como puso de manifiesto el informe Doing Business 2008 del Banco Mundial, que nos colocaba en ese apartado en el puesto 154 de un total de 178 países estudiados.

Lo que se suele defender como principal ventaja de la regulación española del mercado laboral es que proporciona una gran estabilidad al trabajador. Al saber que es difícil y caro despedirle, puede contar con sensación de seguridad en su puesto laboral que además crece de año en año, según aumenta la indemnización que habría que pagarle. Esto, naturalmente, es cierto. La cuestión es que no es lo único que sucede cuando los poderes públicos aumentan el coste del despido (entre otras trabas a la contratación libre) y muchas veces no somos capaces de conectar esas otras consecuencias con su causa correcta.

Así, un informe de la OCDE (pag. 92) explica que en los países en los que la regulación laboral es más estricta, los trabajadores tienen más miedo a perder sus empleos, incluso aquellos que disfrutan de un contrato indefinido con todos los parabienes y protecciones que el Estado ha decidido otorgarles. Los trabajadores españoles son los que tienen más temor a ser despedidos. Y no sólo los temporales sino también quienes tienen un contrato indefinido.

La razón es obvia para quien quiera verla, y es que a la hora de evaluar si te preocupa perder tu trabajo el factor más importante son las probabilidades de encontrar otro con relativa facilidad tras el despido. Y cuando los costes de contratar son más altos de lo necesario debido a la regulación del mercado laboral, es mucho más difícil emplearse de nuevo. Así, la anhelada seguridad y estabilidad del trabajador español se torna dependencia absoluta del empresario o jefe que tenga en su puesto actual.

No sé si habrán vivido ustedes en sus carnes las consecuencias de esa subordinación o conocen a quienes la padecen; yo sí conozco casos, incluso en un gremio como el informático en el que, la verdad, no hay tanta escasez de oportunidades como en la mayoría. Las horas extra impagadas, el mobbing y otros abusos son mucho más fáciles cuando el mercado laboral dificulta al trabajador encontrar otro empleo, atándolo al que tiene a pesar de los pesares.

Una de las leyes económicas de sentido común que debería saber todo ciudadano que aspire al voto informado es que las barreras de salida suponen siempre barreras de entrada. Si un Gobierno pone trabas a que una empresa deslocalice sus fábricas, otras compañías se lo pensarán muy mucho antes de establecerse en sus dominios. Si el despido sale caro, los empresarios preferirán exprimir a sus empleados actuales mediante horas extra cuando las cosas van bien para no enfrentarse a los costes de despedir a quienes pudiera contratar cuando van mal dadas.

Sin embargo, los autodenominados "agentes sociales" seguirán defendiendo un sistema que ni siquiera consigue el objetivo que se marca explícitamente. Allá ellos. El problema es que tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha han sacralizado el "diálogo social" hasta tal punto que hacer una reforma sin contar con estos sindicatos sin representación parece una herejía. Sería ya hora de dejar atrás ese lastre.