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Llamando al Estado…

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Las crisis son los mejores momentos en la vida de un Estado porque es el momento idóneo para engordar un poco más y no preocuparse por la figura. Cuando algo falla, todos miran al cielo, como buscando la señal con la que en Gotham se llamaba a Batman para que salvara a la ciudad de los malvados delincuentes que la atemorizaban. Pero, en lugar de un superhéroe, lo que la gente quiere es al Estado, ese ser salvífico que ofrece una solución para todos los problemas que nos aquejan.

El último caso, lo veremos en los próximos días cuando la noticia de que los espectadores "abandonan los cines" consiga levantar de su sillón al ministro de Cultura para comunicarnos la importancia de subvencionar al cine o, mejor dicho, a los productores del séptimo arte y los pancarteros. Según explica Cinco Días, "sea por la piratería o por la calidad de las películas, lo cierto es que los espectadores españoles cada vez van menos al cine. Hasta el pasado 23 de septiembre, el número de asistentes a las salas españolas se redujo un 18,2%, y se situó en 74,33 millones, según los datos de los que dispone el Ministerio de Cultura."

¿Qué se puede hacer? Esa será la cuestión que muchos se planteen. La opción más tajante sería nacionalizar la industria del cine, poner al presidente del Gobierno de director, como en la película Tierra de sangre, y esperar a que dirigiera películas tan emotivas como Bambi. Para conseguir que la gente fuera al cine, bastaría con obligarles o condicionar las ayudas que perciben a la asistencia al cine. Al fin y al cabo, si de lo que se trata es de ser buenos ciudadanos, ¡qué mejor ciudadano que quien se interesa por la cultura!

La siguiente opción sería gravar con cánones el ADSL de 3 megas porque, al fin y al cabo, o la causa de la crisis es la calidad y esto no es cierto porque las películas españolas son sublimes sí o sí, o la culpa, como siempre, la tienen esos internautas siempre dispuestos a descargar ilegalmente películas (aunque casi nunca sean españolas). Y esta idea tiene sus partidarios porque el Estado intervendría en el mercado pero no cambiaría radicalmente el sector. Mediante la redistribución, inyectaría fondos a un sector tan poco favorecido como el del cine, a pesar de que actualmente se cobra un impuesto revolucionario a las cadenas de TV quienes deben dedicar un 5% de sus ingresos a invertir en películas españolas o europeas.

Y la tercera y última opción, sin perjuicio de lo que su imaginación les sugiera como una alternativa más brillante, sería no preocuparse por lo que la gente decida porque eso demuestra que las personas hacen con su dinero lo que les place y no procede a ningún Gobierno tratar de cambiar lo que cada cual hace con el fruto de su trabajo. Pero esta medida, ciertamente, supondría un revulsivo frente a lo políticamente correcto.

Todo es consumo, de tiempo, de recursos, de neuronas. El tiempo que destinamos a ir al cine podemos dedicarlo a leer, o el de leer a dar un paseo, o el de dar un paseo a estudiar y así sucesivamente. Si el Estado patrocina con nuestro dinero una actividad como el cine, lo que hace es premiar a unos señores que hacen con su tiempo lo que más desean, pero sin cambiar un ápice lo que el resto hacemos con nuestros escasos minutos libres. Por mucho que aumenten las subvenciones al cine, saqueen a las televisiones o graven con cánones los CDs, los escáneres o los MP3, las horas seguirán siendo nuestras… y las decisiones que tomemos también. Luego ¿para qué pedirle al Estado que acuda en socorro de una industria? Haga lo que haga, el poder no podrá cambiar los gustos del consumidor.

Una vez más, el Estado viene a ser una excusa para que unos vivan a costa de los demás y se inventen una excusa aparentemente plausible para convencernos al resto de sus buenas intenciones.

Ciudadanos sí, gorrones no

Escrito por Alfredo Coll en . Publicado en Análisis diario.

Por primera vez en la historia de España, los liberales deberíamos asumir que aquellos que se benefician del mantenimiento de los servicios públicos tendrían que pagar por ellos si los quieren mantener. Existe una clase entera de personas en nuestro país, una subclase, a la que necesitamos reintegrar a los rangos de ciudadanos responsables y no permanecer en la dependencia a coste de los demás contribuyentes.

En España necesitamos un nuevo sistema de financiación local para controlar el gasto público, que cada vez se dispara más a números inaceptables por gobiernos demasiado intervencionistas y socialistas. Por eso mi propuesta sería la eliminación del IBI (un impuesto de contribución) para sustituirlo por un impuesto fijo e igual (tasa por habitante adulto) para todos los residentes adultos de cada localidad. El concepto fundamental detrás de esta propuesta es la transparencia: se trata de que todos tenemos algo que perder con un ayuntamiento que gasta lo que no puede ni debe. Ha llegado el momento de reformar la normativa de las haciendas locales.

Dentro de este sistema, las empresas, que son las que generan el empleo, también pagarían una cantidad fija y mínima, una tarifa especial para aquellas empresas que generen empleo, ya sean multinacionales o PYMES. Con este sistema aumentaría la transparencia y las responsabilidades políticas de aquellos ayuntamientos que gasten en servicios innecesarios. Los impuestos contra la propiedad para financiar los gobiernos locales tienen siglos de historia. Tenían sentido, quizás, cuando los servicios locales estaban destinados para el beneficio de la propiedad: calles, agua, tuberías, gas, etc. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, las autoridades locales también ofrecen servicios públicos como educación, bibliotecas y otros servicios sociales a nivel personal: asesoramiento gratuito a insolventes o inmigrantes, cursos de formación, etc.

Tampoco podemos olvidar que ahora hay más gente que nunca y, al mismo tiempo, más votantes. Antiguamente la mayoría de países occidentales daban el derecho al voto sólo a propietarios mientras que ahora las elecciones locales son casi idénticas a unas generales. En España tenemos millones de ciudadanos que no pagan impuestos o pagan muchísimo menos que otros. Y es que es más fácil cobrarle a la empresa o al propietario honrado que a un okupa que malvive usando todos los servicios que pueda. Sería interesante ver cuánto dinero nos gastamos los ciudadanos contribuyentes cada vez que la Policía Municipal tiene que intervenir para desalojar a todos estos gorrones de profesión.

El sistema actual (el IBI) favorece el oscurantismo político porque realmente no se sabe en qué gastan los ayuntamientos. Un Estado democrático y liberal tiene el deber de iniciar devoluciones de poder a los ayuntamientos y que sean los ciudadanos los que puedan elegir cuánto dinero pueden gastar sus representantes en cada localidad.

No tiene sentido que un propietario que viva solo en Boadilla tenga que pagar el mismo IBI que una familia numerosa en Carabanchel, aunque los metros cuadrados de su vivienda sean idénticos. Lo importante es que esa familia de Carabanchel seguramente generará muchísima más basura que el señor de Boadilla. Por ejemplo: una familia numerosa y de origen inmigrante seguramente alquila su piso y por supuesto, no paga IBI. Sin embargo, sí utilizan muchos servicios sociales: sanidad, educación pública, el transporte, guarderías, asesoramiento, cursos de formación o quizás las cárceles, etc. A los jubilados se les hace descuentos para los servicios públicos en muchas ocasiones y no veo por qué no podemos hacer aumentos a viviendas donde vivan muchas personas que consuman más servicios. El sistema de financiación local actual es absurdo porque se trata de castigar al propietario y no a quien consume lo público y al gorrón.

Es curioso ver que los socialistas de convicción siempre se están quejando del consumismo, cuando son ellos los que precisamente consumen más que nadie, especialmente si lo pueden hacer con el dinero de los demás. Algunos podrán decir que las facturas para algunas familias podrían ser demasiado altas y que esto es inaceptable. Yo comparto la frustración que sienten los críticos, pero hay que ser contundentes: el problema no es cómo se financia el gobierno local, sino la cantidad que se está gastando. Cualquier persona sabe perfectamente que si algo cuesta 300 euros no se puede pagar con 150.

Nuestra lucha contra el socialismo nunca ha sido únicamente sobre filosofía económica sino sobre los valores que rigen nuestra vida. El socialismo es un credo estatal que no cuenta con las personas. Al contrario, solo las ve como material que hay que amoldar. Los liberales pensamos diferente, creemos en los individuos, en los millones de ciudadanos que pagan con lo que realmente ganan, y no con lo que otros ganan.

Birmania sigue en línea

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Birmania está lejos, pero no es pequeño ni está poco poblado. Con una extensión mucho mayor a la de España y 50 millones largos de habitantes, este país asiático, enclavado estratégicamente entre Tailandia y el Indostán, entre China y el golfo de Bengala, es uno de los lugares más pobres y más esclavizados del planeta. Y lo peor de todo es que, a diferencia de Cuba o Corea del Norte, casi nadie en Occidente lo sabe.

Una década después de obtener la independencia del Reino Unido sufrió el primero de una cadena de golpes de estado que ha condenado a tres generaciones de birmanos a vivir siempre bajo dictaduras férreas y extremadamente violentas. En los últimos cuarenta años, la antigua colonia británica donde tuvo lugar la célebre historia del puente sobre el río Kwai no ha conocido año tranquilo. La pesadilla comenzó con el golpe del general Ne Win, forjador de uno de los regímenes políticos más tenebrosos e implacables de Asia durante un cuarto de siglo.

Alineado sin fisuras con las tesis socialistas, el infame gobierno de Ne Win inauguró la llamada "vía birmana al socialismo". Ésta consistió, esencialmente, en cerrar el país a cal y canto. Se restringió hasta extremos absurdos la salida del país y la entrada de extranjeros. Dentro de las fronteras se abatió sobre Birmania un manto de silencio bajo el que se cometieron todo tipo de atrocidades que, por la naturaleza misma del régimen, eran desconocidas en el resto del mundo.

En 1988, coincidiendo con el apogeo de la Perestroika, se produjo un levantamiento en Rangún en el que los estudiantes pedían el fin de un régimen odioso. El movimiento sucumbió ante los militares, que llenaron la capital de cadáveres. Una vez más, los asuntos de la lejana y aislada Birmania pasaron desapercibidos más allá de sus fronteras. El levantamiento popular del 88, conocido como 8888 por haber estallado el 8 de agosto de aquel año sirvió como excusa a otro espadón, el general Saw Maung, para hacerse con el poder en nombre de un consejo nacional que, al menos nominalmente, aspiraba a restaurar la ley y el orden.

Se convocaron elecciones en 1990 pero los resultados no fueron del agrado del Consejo y el Maung las ignoró olímpicamente, abriendo un nuevo periodo dictatorial. Se cambió el nombre al país y sus líderes perseveraron en todos los defectos de la era Ne Win añadiéndole el de la corrupción y el mangoneo. Y así hasta la fecha, hasta que en agosto de 2007 se inició una nueva revuelta en Rangún, tan virulenta como la del 88. Sin embargo, esta vez algo ha cambiado. La URSS no existe y la velocidad y eficiencia con la que se transmite la información se ha multiplicado varias veces a lo largo de los últimos 20 años. El Gobierno lo sabe, de ahí una de sus primeras medidas fuese impedir, mediante la desconexión de la red birmana, el acceso a Internet.

A día de hoy el país está sumido en el caos y se desconoce la magnitud de las masacres perpetradas por el ejército contra la población civil y los monjes budistas que se sumaron en los primeros días a la rebelión. Occidente, por primera vez, se ha hecho eco masivo de la tragedia birmana. Lo que los grandes medios han preferido dejar de lado ha salido a la superficie a través de la red de redes. Los birmanos tienen, por fin, alguien que les escuche. Mal que les pese a los que malgobiernan la maltratada nación asiática, la línea con Birmania sigue abierta.

El valor liberal de la monarquía

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Tanto Mises como Hayek, principales exponentes de la Escuela Austriaca de Economía, sentían debilidad por la democracia o gobierno representativo, rechazando por ello el Principado como forma de gobierno, en tanto concebían que el tránsito de la monarquía al sistema democrático moderno constituía un progreso. Pese a ello, para ambos autores el término democracia no significaba el Gobierno de la mayoría, sino autodeterminación, autonomía y autogobierno en sentido literal. Es decir, un Gobierno realmente democrático es aquél cuya organización le reconoce a cada uno de sus miembros el fundamental derecho a la autodeterminación, secesión y adscripción voluntaria.

Sin embargo, el resultado de ello ha sido justo el contrario del pretendido, pues no parece que Estado alguno haya conocido desde entonces un gobierno democrático tal y como lo entendían Mises o Hayek, ya que todas las democracias modernas se han configurado como organizaciones de adscripción forzosa y coactiva.

Es más, pues tal y como hemos demostrado anteriormente, la aplicación de la teoría democrática ha supuesto en realidad un vertiginoso desarrollo y crecimiento del poder estatal, cuyos principales problemas en la actualidad derivan de una palpable restricción en el ejercicio de la libertad individual, una vulneración progresiva e institucionalizada de los derechos de propiedad, una plausible crisis de gobernabilidad y, finalmente, la imposibilidad de controlar y limitar de forma efectiva el poder político, puesto que es el propio Estado quien ejerce el monopolio jurisdiccional, de modo que cualquier limitación de la acción del gobierno dependerá inevitablemente de sus agentes en última instancia.

Si partimos de la hipótesis fehaciente de que el anarcocapitalismo es una utopía y, por tanto, es inevitable la existencia de un Estado, entendido éste como una entidad que ejerce el monopolio territorial coactivo de las decisiones (jurisdicción) y la imposición fiscal, resulta económica y éticamente ventajoso elegir a la monarquía en lugar de la democracia, en contra de los postulados clásicos liberales favorables a aceptar una participación, aunque sea limitada, del pueblo en el ámbito del poder político. La monarquía se instituye como la forma política más adecuada y conveniente para limitar y controlar el poder político, ajustándose por ello de un modo más acertado a la consecución de los objetivos y fines planteados desde la teoría liberal. Y ello, en base a diferentes motivos, tal y como expone magistralmente la teoría hoppesiana.

El problema de la preferencia temporal

Siguiendo la teoría austriaca de la acción humana (también conocida como praxeología), este fundamental y básico concepto significa que cuando un actor ejecuta una acción pretende invariablemente pasar de una situación poco ventajosa a otra más favorable, demostrando así una mayor preferencia por una mayor cantidad de bienes, pero si a ello se le añade la variable tiempo, de ello resulta una preferencia universal por los bienes presentes sobre los futuros.

La formulación de este fundamental axioma es, precisamente, el que permite explicar de modo riguroso y correcto la utilidad y función del ahorro así como la determinación del tipo de interés en el ámbito económico. Además, siguiendo esta misma exposición lógica, es el ahorro el que permite la acumulación de capital, sustentándose así sobre esta base teórica todo el edificio y estructura del sistema económico capitalista.

De ello se deriva, a su vez, la siguiente ley o axioma apriorístico consistente en que a menor preferencia temporal, mayor ahorro, resultando de ello la siguiente evolución lógica y fácilmente comprensible: a mayor ahorro, mayor acumulación de capital y, como consecuencia directa de ello, se produce una mayor expansión de la estructura productiva, con lo que aumenta también la productividad marginal de todo el proceso productivo y económico, resultando finalmente un incremento sustancial del empleo, con el consiguiente aumento de los salarios y nivel de vida en el ámbito social.

Monarquía

En este sentido, la monarquía consiste en un sistema político basado en la propiedad privada del aparato coactivo gubernamental. Por ello, manifiesta también una preferencia temporal más baja, ya que las expropiaciones y el monopolio del poder son privados, de titularidad personal. Así, el gobierno de propiedad privada tiene una serie de incentivos para el gobernante en cuanto al modo en que debe dirigir sus asuntos, ya que en función de su propio interés, innato y natural, tratará de maximizar su riqueza total. Además, la propiedad privada posibilita el cálculo económico y estimula la previsión a largo plazo.

Ello se traduce por tanto, en una moderación en cuanto a la explotación de su monopolio gubernativo. La razón es clara: el rey, en su intención de aumentar su riqueza y mantener el valor de sus propiedades personales, dispone de importantes incentivos para autolimitarse en su política fiscal, ya que una fiscalidad más baja y moderada permite, sin duda, una mayor productividad por parte de la población a la que ésta se aplica, incentivándose con ello el desarrollo de una economía más próspera y expansiva. Lo cual, a su vez, tendría como efecto lógico el aumento de la propia riqueza y prosperidad del monarca.

Además, a ello debe unirse el hecho de que tanto el monopolio jurídico (tribunales) como la seguridad y el orden (policía), siguiendo esta misma dinámica, harán respetar con mayor énfasis si cabe el principio de la propiedad privada, disminuyendo con ello los crímenes y aumentando así la seguridad en términos generales. Y es que, a menos crímenes (expropiación a los contribuyentes por parte de otros particulares) mayor margen de expropiación y monopolio impositivo para el monarca, quien no tiene ningún interés en la existencia de ningún tipo de competencia a este respecto. De ahí, el término monopolio fiscal.

A ello, se le debe añadir, además, el hecho de que un monarca no querrá depender exclusivamente de los ingresos fiscales, por lo que se encontrará incentivado para llevar a cabo actividades productivas que le reporten beneficios y ganancias a nivel personal, sin depender por tanto de la fiscalidad tributaria. Es más, al contar con actividades productivas paralelas, se reducirá sustancialmente la necesidad de imponer o subir impuestos, cuyo efecto inmediato sobre la población será sin duda un menor cuestionamiento de su legitimidad, fortaleciéndose con ello la propia institución monárquica.

Por otro lado, al ser el gobierno de titularidad privada, tal propiedad pertenece al patrimonio familiar única y exclusivamente. Tan sólo el rey y su familia, fundamentalmente, participarán de la renta fiscal y del goce de una existencia parasitaria. Ello, estimula sin duda una conciencia de clase en los gobernados, debido a la restricción en la participación del gobierno y el privilegiado estatuto de la familia real. De este modo, se incentiva y promueve, por parte de los gobernados, una oposición y resistencia a cualquier tipo de expansión fiscal o extralimitación gubernamental. Es decir, al existir una clara distinción entre minoría gobernante y mayoría gobernada, se refuerza de un modo intenso y profundo la solidaridad entre los gobernados, pues éstos se reconocen mutuamente como víctimas de las violaciones gubernativas sobre sus particulares derechos de propiedad. Con lo que una especial expansión, extralimitación o exceso en el ejercicio del poder por parte del monarca, pone en serio peligro la delicada legitimidad del gobernante.

Democracia

El mando democrático es, sin embargo, un aparato gubernamental de propiedad pública, ya que se encuentra administrada por magistrados elegidos periódicamente que ni poseen ni son percibidos como poseedores del gobierno, sino que son vistos como fideicomisarios. Sin embargo, en la práctica, tales representantes actúan mediante el ejercicio del mando personal y propiedad privada del gobierno, aunque sólo temporalmente. Por ello, tienden a cometer más excesos en su ejercicio del poder político.

Y ello se debe, fundamentalmente, a que el gobernante democrático no puede enajenar los recursos del Estado ni transferir tales posesiones a su patrimonio particular. La consecuencia que deriva de ello consiste en que sus esfuerzos y atención no se dedican a un intento por maximizar la riqueza total del gobierno, es decir, su capital, sino tan sólo el ingreso corriente del mismo, con lo cual carece de incentivos para disminuir los impuestos. Más bien sucede todo lo contrario, puesto que tenderá a elevarlos, sin que exista además un riesgo real para su patrimonio personal. De este modo, la moderación en democracia tan sólo tiene desventajas, en contra de lo que le ocurría al monarca.

Desaparece también el argumento moderador en relación a la conciencia de clase de los gobernados, pues, en democracia cualquiera puede convertirse, en teoría, en miembro de la clase gobernante, desapareciendo así la insuperable separación entre gobernantes y gobernados. Lo particularmente grave de la conciencia democrática es que se encuentra además fundamentada en el "mito" y la falacia relativa a la creencia de que en democracia nadie tiene que obedecer al otro (autogobierno), ya que todo el mundo se manda a sí mismo. Este delirio ha constituido la creencia de que el paso de la monarquía a la democracia es un progreso, merecedor por tanto de apoyo popular. Sin embargo, tal creencia es la que precisamente consigue debilitar enormemente la resistencia frente al poder del gobierno pues, si bien con la monarquía el pueblo percibe de forma clara y evidente el mal y la opresión gubernamental a través de la expropiación forzosa que lleva a cabo el gobernante, tal expropiación e impuestos no son percibidos de igual forma al ocultarse bajo el velo de la soberanía popular, la elección del gobernante, y el principio de mayoría. El resultado de la práctica democrática no deja duda en este particular ámbito. Tan sólo es necesario remitirse a los datos y a las cifras: los impuestos, el déficit, y el ámbito competencial del Estado han aumentado enormemente bajo la ingenua falacia que ofrece el particular sistema democrático contemporáneo.

Así pues, tendencia a aumentar los impuestos y, por lo tanto, enorme crecimiento del aparato estatal (burocracias y funcionarios) para llevarlo acabo, tendencia al endeudamiento y al déficit (el rey tenía que responder con su patrimonio por todas las deudas contraídas), ya que son deudas públicas, no privadas. La solución al déficit acumulado por todo gobierno democrático es, por tanto, siempre la misma: mayor imposición fiscal o inflación monetaria… No existe otra alternativa.

Por otro lado, y de modo correlativo, ante la perspectiva de mayores cargas fiscales aumenta inevitablemente la preferencia temporal de los gobernados (consumo inmediato, inversiones a corto plazo en lugar de ahorro e inversión a largo plazo) con sus efectos negativos ya descritos.

En cuanto a la ley y orden, mientras que el rey preferirá aplicar el derecho de la propiedad privada preexistente, ya que no crea nuevo derecho y se limita a ocupar una posición privilegiada dentro de un ordenamiento civil vigente al que él también se debe someter; en democracia, sin embargo, lo que abunda es el derecho público como legislación superior, creándose así un derecho positivo (redistribución) a través de su función legislativa, vulnerando y debilitando con ello el derecho privado (derecho negativo, en cuanto a limitación del poder y defensa de derechos individuales fundamentales).

Tal dinámica conlleva al paulatino establecimiento de un Estado de Bienestar cuyas graves consecuencias económicas no son tenidas en cuenta por el gobernante, pues le es totalmente indiferente. Se acrecienta de forma continuada la preferencia temporal de los gobernados y, como consecuencia, se agrava la reducción de la productividad futura.

Por último, recordar someramente los efectos perniciosos de la redistribución: en primer lugar, acrecienta enormemente el grado de incertidumbre jurídica, lo cual aumenta la preferencia temporal; por otro, tan sólo beneficia a los receptores, los que no han producido ni más ni mejores servicios, mientras que empobrece al resto, a los más productivos, a través de la expropiación de bienes. Así pues, al premiar a las personas menos productivas e imprevisoras, lo que se logra precisamente es incentivar ese tipo de comportamientos, ya que ello desincentiva enormemente el esfuerzo por la mejora personal. Se empeora, pues, el problema que se pretende resolver con tales medidas políticas.

Platón, admirador de Esparta

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El historiador Herodoto dejó escrito que "la carestía ha reinado siempre en la Hélade". Cubierta de montes en sus cuatro quintas partes, Grecia no era una región fértil como pudiera ser Egipto o Mesopotamia. Desde sus inicios, por tanto, los griegos vivían todos en un nivel de frugalidad tal que bien podríamos decir que subsistían en la pobreza según nuestros actuales estándares de vida. Hubo, qué duda cabe, unos pocos ricos entre los helenos, pero incluso estos últimos, de haber visto cómo se las gastaban los romanos en sus fiestas privadas tan sólo unos siglos más tarde, hubiesen creído que soñaban.

Los espartanos fueron, con mucho, los menos abiertos al mundo de entre todos los helenos: prohibieron el comercio con el exterior y promovieron la propiedad de carácter comunal y, por lo tanto, una vida de privaciones. Tenían en alta estima la dura vida castrense y rechazaban toda manifestación del lujo. Llegaron incluso a prohibir la tenencia de monedas de plata u oro, a excepción de unas monedas locales de hierro sin curso legal fuera de sus fronteras de Laconia. Si los espartanos se imponían a sí mismos esas normas, ni que decir tiene cómo era el trato que dispensaban hacia sus esclavos (ilotas). Los jóvenes espartanos, cada cierto tiempo, se dedicaban a la caza y muerte de aquellos ilotas que se habían significado durante la temporada anterior como gente conflictiva; eran las tradicionales cripteia espartanas que servían para purgar a los "indeseables" y, mediante el terror organizado, conjurar el peligro de revueltas internas.

Dejando fuera el caso extremo de los espartanos, en general, los helenos fueron pequeños terratenientes que respetaron la propiedad privada, pero miraban con recelo la actividad comercial de sus metecos (o extranjeros) y el trabajo manual de sus esclavos (Sócrates los calificó de trabajos vulgares e insanos e incluso el gran Aristóteles no pudo sustraerse a este lamentable prejuicio).

Sólo a partir de los siglos VI y V a. C. fue cuando el nivel general de carestía heleno empezó a cambiar paulatinamente con el comercio exterior, la apertura de las poleis al mar, la extensión del uso de la moneda –iniciado por los lidios– y la expansión de sus colonias a lo largo del mar Mediterráneo en aquellos emplazamientos donde no se hubiesen asentado sus rivales fenicios. Toda esta apertura fue observada por Platón con verdadera aversión al estar convencido de que el cambio y las novedades eran perjudiciales para la polis pues se apartaban de su visión de ciudad ideal (autárquica, tradicional y alejada del mar).

En este desarrollo de la Hélade, fue la polis de Atenas la que estuvo a la cabeza. Fue alcanzando prestigio y riqueza a medida que aumentaban sus intercambios comerciales, ganaba peso su puerto del Pireo y crecía su población (propia y venida de fuera). El esfuerzo acumulado de generaciones anteriores tuvo en Pericles su coronación. Fue entonces y en aquella polis cuando el comercio y el arte griego alcanzaron sus más altas cimas.

No obstante, tanto Atenas como las demás poleis helenas seguían basando su productividad en la institución de la esclavitud y tenían políticamente marginados, como dictaban los tiempos, a las mujeres y a los extranjeros (metecos). Se calcula que la Atenas de Pericles contaba tan sólo con unos 40.000 ciudadanos con derechos plenos en una población total de unas 300.000 almas. Fue también entonces cuando aparecieron los sofistas defendiendo cosas extraordinarias para la época, tales como la individualidad de cada uno frente a la polis, el afán de lucro y el comercio (tanto con extranjeros como con las propias ideas). Denunciaron la inconsistencia de todas las convenciones (incluida la esclavitud), negando toda posición dogmática y tomando la razón humana como medida de todas las cosas. Expresaron, en suma, un molesto relativismo. Aquello supuso intelectualmente un terremoto para la tradicional polis griega.

Frente a todos estos aires aperturistas surgió una rápida reacción de mano de los socráticos (especialmente de Platón), que supuso una clara defensa de las inveteradas tradiciones de las poleis griegas y una vuelta a las posiciones aristocráticas de las mismas. Al verse amenazados por los planteamientos innovadores de los sofistas y las influencias diversas que supuso la apertura de los mercados al exterior, los socráticos creyeron que lo saludable sería restablecer el equilibrio de la vida nacional de la polis entendida como una comunidad tradicional y cerrada.

Platón odiaba profundamente la democracia ateniense de su época y rindió admiración por su vecina Esparta. También pudo finalmente contemplar en vida cómo Atenas fue derrotada por los espartanos tras los diversos enfrentamientos de la llamada guerra del Peloponeso. Atenas ya no recuperaría jamás su pasado esplendor (ni siquiera el belicoso Alejandro Magno pudo llevarla, ni de lejos, al nivel que llegó con Pericles a mediados del siglo V a. C.).

Esparta, por su parte, no fue nunca una urbe importante tal y como lo fueron Atenas, Corinto o Siracusa. La población propiamente espartana no llegó nunca a superar las 11.000 personas (sin contar a sus sufridos ilotas). Se sabe, además, que se practicaba el infanticidio eugenésico al despeñar por el monte Taigeto a los recién nacidos con alguna tara física y que se despojaba a los niños de sus familias al cumplir los siete años de edad para que el Estado-ciudad se encargara de su educación en campamentos militares. Los espartanos daban por hecho que los hombres pertenecían más a la polis que a su familia. A los veinte años el ciudadano espartano comenzaba su vida propiamente militar que no abandonaba hasta cumplir los sesenta años (eso sí que era una mili). El aristocrático Platón veía con buenos ojos todas estas prácticas espartanas y las quiso mejorar teóricamente.

Numerosos pensadores a lo largo de la historia han rendido admiración por Esparta (Descartes, Rousseau, Hobbes, Helvetius, etc.), pero fue el fundador de la Academia el pensador que más idealizó la disciplina y las instituciones espartanas. Así lo plasmó en sus obras de teoría política salidas de su intelecto (fundamentalmente La República y sus dos últimas obras de senectud, El Político y Las Leyes). La función pedagógica de los reyes-filósofos y, más tarde, la función reguladora de las leyes conformarían los medios teóricos defendidos por Platón para alcanzar sus imaginarios diseños sociales.

Estos pensadores, de haber nacido en Esparta, no hubiesen podido nunca desarrollar su labor teórica. Lo mismo sucede hoy con ciertos intelectuales contemporáneos y sus idealizados regímenes de coacción y austeridad impuesta. Nil novi sub sole.

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Liberal-laboralismo

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Las expectativas electorales de los dos grandes partidos de España permanecen en alza. Empate técnico entre ambos, cantan las sibilas. Puede ganar, según dicen, cualquiera de las dos primeras marcas. Ahora mismo, ante la desaceleración, el Gobierno socialista ofrece a la opinión pública las presuntas buenas cifras de la macroeconomía e inicia una escalada de promesas, mientras que la oposición de derechas aún no se atreve a predecir el castañazo. En cualquier caso, si se analizan aspectos relativos al factor trabajo, en este país comienzan a enraizarse problemas. Las jubilaciones exprés, el enigma laboral de los inmigrantes y la inadecuación de gente preparada, ante la previsible escasez que viene, son algunos de ellos.

A partir de los cincuenta años de edad comienza la estampida de profesionales que se jubilan. Ellos fueron en España la primera generación universitaria plena, coparon los mejores puestos en una sociedad en auge, allá por los 70, pasaron apuros, pero el lazo generacional que les unía a los dirigentes de turno logró salvarles definitivamente del naufragio. Los convenios blindados de la reconversión hicieron el resto. Son muchos, en plenitud física y mental, pero su esfuerzo y compromiso desaparecerán; cobrarán según casos varias pagas y tienen un cuarto de siglo por delante para paladear su ocio, bajo el patrocinio de los que se quedan. Nadie dice nada sobre esta nueva situación, apenas hay debate al respecto.

Los constructores y promotores inmobiliarios descuentan ya el efecto de la crisis, y en un aparte, confiesan su interés por la obra pública; prefieren antes pujar por una piscina municipal que arriesgar su dinero en suelo libre. La industria auxiliar de la construcción revela en voz baja la falta de pedidos. El elefante blanco del ladrillo pierde el equilibrio, bambolea. ¿Qué ocurrirá con la mano de obra intensiva, las decenas de miles de inmigrantes que hicieron posible el milagro? Así en la edificación, como en otros sectores productivos. Estas personas y sus familias –varios millones– son un misterio dentro de un arcano bajo las llaves de un secreto: ¿se colocarán para siempre la camiseta de la libertad de Occidente, al estilo del Mayflower y sus pioneros, o por el contrario, se apuntarán, ante la adversidad, a cierto tipo de totalitarismo? Pocos proponen algo. Los think-tank liberal-conservadores, si es que existe algo así en España, andan papando moscas; no saben, no contestan. Ni están ni se les espera.

Ha tenido que venir Espido Freire, la escritora que relataba melocotones helados, para contarnos en forma ecuánime qué les ocurre a los compatriotas que llevan menos de 1.000 euros al mes a casa: su pusilanimidad, su desunión, la tenaza del resto de generaciones, su desenganche del mercado. Un millón de asalariados en ese plan. Nadie les moviliza, nadie les anima, no se les convence. Se mira para otro lado. Si además un prestigioso informe (Dinámicas de aprendizaje organizativo en empresas de alta tecnología. Un estudio comparado entre España y Estados Unidos. Fundación Rafael del Pino y Marcial Pons, Madrid, 2007) señala que la innovación en las empresas punteras españolas se debate casi en exclusiva en el compadreo de la hora del café, lejos de cualquier sistematización o rigor al uso, el panorama futuro hacia la competitividad, la I+D+i o el legítimo afán de superación, es para echarse a reír, por no llorar.

No obstante, en Europa ocurren cosas. En Francia, Nicolas pisa fuerte el acelerador del cambio social. El hiperactivo presidente mandará a freír gárgaras el régimen de las 35 horas, penalizará fiscalmente a los prejubilados y premiará a los que sigan en el despacho más allá de los 65 años. Se va a castigar al parado profesional; no consentirá que 500.000 funcionarios lleven sobre su espalda a 1,1 millones de retirados de la administración pública. De lo contrario, Francia se hunde. La jugada es buena, se trata de una negociación en plazo: si los sindicatos abandonan, se deslegitiman; si permanecen, aceptan el marco establecido por el presidente. Es posible que resbale, que el fruto de su ambición sea menor de lo previsto, pero al menos Sarko se moja, prepara y ejecuta decisiones. Un tipo que sobrevivió a una conspiración urdida por sus propios compañeros de partido, vilipendiado por la izquierda y con todas las fuerzas en contra, merece un respeto.

Quizá la estrategia del jefe de Estado francés recuerda al torcedor real de Baltasar Gracián. El torcedor es una palanca que derriba voluntades en contra, un artificio para una solución que cuenta al inicio con el rechazo de contrarios. Fue lo que inspiró a Torcuato en la Transición española. En Sarkozy, el torcedor real claramente es Dominique Strauss-Khan y el resto aceptable del trust de cerebros socialdemócratas. Para el caso que nos ocupa, el torcedor real habrá de ser un paradigma igualitario, que acerque a indiferentes o contrarios al enfoque liberal, para con posterioridad, aceptar unos y otros propuestas de una agenda no intervencionista: desregulación, rechazo universal a privilegios laborales y elogio al mérito. Por contra, en la situación que vivimos, con un desempate poco claro, lo que nos rodea es pólvora mojada, fuegos fatuos para la academia, carreras de sacos en la universidad, poca vida.

¿Por qué no hay mujeres liberales?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en ¿Por qué no hay mujeres liberales?

Mi novia dice que es porque no me tienen a mí como pareja (lo que me lleva a pensar que la poligamia favorecería la causa del liberalismo femenino), pero debe haber otra razón si tiene que haber esperanza. Podría pensarse que en realidad no es un fenómeno circunscrito al liberalismo. En las cenas liberales siempre nos preguntamos por la ausencia de chicas, pero quizás en las cenas progres sucede lo mismo. A lo mejor las mujeres simplemente están menos interesadas en filosofía política y su reducida presencia es un reflejo de ese desinterés.

Pero las estadísticas parecen confirmar nuestra experiencia anecdótica: las mujeres tienden a ser más intervencionistas que los hombres. Burgoon y Hiscox revelan que las mujeres son más hostiles al libre comercio internacional. Otros autores han mostrado que las mujeres sostienen opiniones más estatistas que los hombres en general, no solo en el ámbito del comercio internacional (véase Caplan o Inglehart y Norris). ¿Por qué motivo? Al menos cuatro razones parecen plausibles:

  1. Las mujeres han desarrollado una mayor sensibilidad hacia el desamparo y la dependencia. Se preocupan por el bienestar de sus hijos más que sus padres, los tutelan con más continuidad y la idea de la familia ocupa un espacio más central en su filosofía de vida. Esta visión maternal de las cosas es tan dominante que desborda el ámbito de la familia. Alguien debe velar por los necesitados, alguien debe tutelar a los desorientados. Las mujeres proyectan en el Estado sus "tendencias protectoras". Otra cara de la misma moneda es que las mujeres son más emocionales, y el socialismo tiene más de emocional que de racional.

  2. Las mujeres cultivan una imagen de "persona que se preocupa por los demás". Los hombres no cultivan esta imagen altruista con el mismo ímpetu (el hecho de que las mujeres cultiven más esta imagen podría estar relacionado con el párrafo anterior). Puesto que no es evidente para el profano que el mercado o la sociedad civil favorecen a los necesitados, mientras que el Estado "garantiza" y "otorga derechos sociales" a todos, quienes cultivan esa imagen se decantan por el Estado. El socialismo vende una imagen de persona compasiva, el liberalismo no. ¿Cuántas veces nos han tachado de insensibles por decir que el mercado puede y debe hacerse cargo de esto y aquello? ¿Cuántas veces nos han llamado insolidarios por defender que la caridad debe ser solo privada?

  3. Las mujeres a lo largo de los siglos han sido objeto de discriminación, y los grupos que han sido o que son discriminados (homosexuales, inmigrantes, minorías étnicas etc.) tienden a agruparse bajo la bandera progresista, porque encarna mejor el espíritu del cambio, de la revolución, de la reivindicación, de la igualdad. El feminismo ha sido un movimiento bastante izquierdista, quizás porque se asociaba el establishment opresor con el conservadurismo, la derecha, el capital; y el liberalismo no gana adeptas porque se percibe derechista y conservador.

  4. Las mujeres están menos interesadas en economía y saben menos economía. Bryan Caplan, siguiendo a Burgoon y Hiscox, muestra que un mayor nivel educativo se correlaciona con unos conocimientos económicos más sólidos. Los hombres con un nivel educativo más alto piensan más como economistas que los hombres con un nivel educativo más bajo, y lo mismo sucede con respecto a las mujeres. Pero el diferencial aparece si comparamos mujeres y hombres de un mismo nivel educativo, y la brecha es creciente conforme el nivel educativo aumenta. Esta brecha no puede ser función de las licenciaturas que estudian hombres y mujeres porque las diferencias no son estadísticamente relevantes y la brecha empieza a formarse antes de entrar a la universidad.

    La hipótesis de Caplan es otra: los hombres están más interesados en economía, lo cual les lleva a estudiar más economía por año de escuela/universidad (aprovechando más oportunidades escolares o extra-escolares para profundizar en la materia).Ello explica el diferencial para un mismo nivel educativo así como el diferencial creciente conforme pasan los años en la escuela y la universidad (porque el stock de conocimientos se va acumulando). Además interviene un multiplicador social. Las personas que saben de una materia aumentan las posibilidades de aprendizaje de las personas de su red social. Puesto que los hombres están más interesados en economía y se relacionan básicamente con otros hombres, sus posibilidades de aprendizaje se multiplican y el diferencial con respecto a las mujeres se acentúa (¿no sucede esto en Red Liberal?).

La tesis de Caplan es la más simple pero también la más persuasiva. Plantea, sin embargo, un interrogante adicional: ¿por qué están los hombres más interesados en la economía? Caplan propone dos razones, que pueden ser complementarias. Una bebe de las dos primeras que hemos anotado: las mujeres son más emocionales (el test Myers-Briggs revela un 60% de raciocinio vs. un 40% de emoción en los hombres, y 30/70% en el caso de las mujeres) y se preocupan más por las necesidades ajenas (dato corroborado por el Five Factor Model). La segunda razón es sociológica: los patrones históricos de socialización han llevado a las mujeres a interesarse más por cuestiones personales y a los hombres por temas distantes y abstractos. Ya que la economía es una ciencia muy racional y abstracta, y a primera vista parece insensible a las necesidades ajenas, despierta menos interés en las mujeres.

¿Misterio resuelto? Ahora la siguiente pregunta es: ¿qué hay que hacer para que haya más mujeres liberales?

Ciencia sin cerebro

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

Ya en el año 2003 un estudio, pagado generosamente por el republicano gobierno federal de los Estados Unidos, aseguraba, entre otras cosas, que los progresistas parecen tolerar mejor los cambios que los conservadores. Va en el nombre. La cerrilidad de la derecha frente a la flexibilidad de la izquierda, la laxitud de la progresía elevada a virtud por la gracia de la justicia social y la discriminación positiva, ahora, sancionada científicamente.

Los autores bucearon, previa selección, en cincuenta años de estudios sobre la psicología del conservadurismo, para concluir que la resistencia al cambio y la tolerancia a la desigualdad están en el meollo de la personalidad conservadora. Personalidad que se complementa con una desmedida aversión a la ambigüedad y a la incertidumbre, lo que conduce, sin descartar otras patologías, a un maniqueísmo indisimulado, que encontraría su mejor ejemplo, cómo no, en un Bush empeñado en bombardear Irak. Era el año 2003.

Por si la intención del estudio no quedaba suficientemente clara, sirva esta perla como traca final:

Hitler, Mussolini y el ex presidente Ronald Reagan eran individuos, pero todos eran conservadores de derechas porque predicaban el retorno a un pasado idealizado y de alguna forma aprobaban la desigualdad.

Una basura intelectual con la que perfectamente podríamos concluir que el presidente del Gobierno español es un criptofacha por, todo en uno, su desmedido interés por la memoria histórico-selectiva. Al fin y al cabo si se puede comparar el racismo genocida de Hitler con la idea de la desigualdad que pudiera albergar Reagan, todo es posible. Fascismo y liberalismo de la mano, fundidos por el determinismo que, según convenga, tanto repele a la progresía dentro y fuera de la academia. Nada nuevo: es sabido que la superioridad moral de la izquierda es una de sus características universales y casi siempre pasa por ver a todos los demás como borregos mal intencionados. Hay que emborronar el espectro político para que fuera de su círculo solo haya espacio para la intolerancia, para el involucionismo.

Ahora, un nuevo estudio, pretende ahondar en estas ideas, esta vez con instrumentos más precisos que permitirían asentar sus conclusiones sobre bases más sólidas, neuronales. Veremos. Concretamente se trata de establecer un correlación entre la ideología del participante y el óptimo funcionamiento de su cortex cingulado anterior (CCA). Es esta, el CCA, una región del cerebro entre cuyas tareas podría encontrarse la supervisión de los conflictos (SdC) en el procesamiento de la "información" acarreada por estímulos novedosos, tales como los que plantean los investigadores. La misión del CCA sería poco menos que la de mantener a raya tales conflictos de manera que su impacto en el rendimiento del cerebro, de su respuesta en términos adaptativos, sea el menor posible. Y en eso se basa el estudio dirigido por el Dr. Amodio, de la universidad de Nueva York: si el conejillo de indias es poco ducho frente a los retos planteados en la laboratorio, es que su CCA funciona peor, una merma neurológica que es posible "medir" interpretando las señales eléctricas del cerebro. Tal merma se traduciría, más allá del cráneo, dando la razón a estudios previos, en esto:

Los conservadores muestran estilos cognitivos más estructurados y persistentes, mientras que los progresistas son más receptivos a la complejidad "informacional", la ambigüedad y la novedad.

¿Mas listos? Tal vez, según Amodio, la SdC es un mecanismo que sirve para detectar cuándo la tendencia habitual en la respuesta a un estímulo no es apropiada para  la situación actual. Más aún:

Esta parte del cerebro se ha relacionado en muchos investigaciones pasadas con el proceso de detección de conflictos entre un comportamiento y una señal que indica que algo va mal con tal comportamiento y que es necesario que lo cambies.

Lo que es mucho decir, habida cuenta de que el SdC es, hipotéticamente, un mecanismo de detección y no de decisión. La relación entre este nuevo estudio y el anterior mencionado es evidente y no sólo porque se complementen sino porque al menos unos de sus autores se repite (el Dr. Jost). En fin, Frank J. Sulloway, un investigador de la universidad de Berkeley (cuna de la Nueva Izquierda americana) que participó con Jost en la patraña de 2003, ha afirmado:

[El resultado] provee un demostración elegante de que las diferencias individuales en una dimension conservadora-progresista están fuertemente relacionadas con la actividad cerebral

David Horowitz, lider de la Nueva Izquierda en los sesenta y reconocido icono intelectual del conservadurismo americano desde los 90, en una conferencia en la Heritage Fundation, que llevaba por título ¿Somos conservadores?, se preguntaba si era imaginable siquiera que en un foro paralelo surgiera la pregunta: ¿Somos progresistas? Tal vez Amodio, Jost, Sulloway y compañía podrían considerar, para futuros estudios, ejemplos como el de Horowitz, con un cortex cingulado anterior poco dado a la complacencia.

Decía Hume, en su investigación sobre el conocimiento humano, que una opinión que conduce al absurdo es falsa, pero que no podemos asegurar que una opinión sea falsa porque de ella se deriven consecuencias no deseadas, peligrosas. Por lo tanto, decía:

Debe prescindirse totalmente de tales tópicos por no servir de nada al descubrimiento de la verdad, sino sólo para hacer odiosa la persona del antagonista.

No estoy seguro de cuán peligrosas pueden ser las conclusiones del estudio del Dr. Amodio y compañía, pero que su planteamiento responde a prejuicios ideológicos está fuera de toda duda lo que, a mi juicio, sí la convierte en absurda desde un punto de vista científico, por más que se apoye en un ingenioso experimento.

Sectores estratégicos

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Resulta bastante común, a la hora de leer determinados medios de comunicación, encontrarse con referencias a los llamados sectores estratégicos. Normalmente esta expresión suele ser empleada por ciertos periodistas, políticos o empresarios, que piden un tratamiento especial para el grupo de empresas que pertenecerían a dicho sector.

Estas referencias a los sectores estratégicos suelen ser de índole muy diversa, casi tanto como el número de sectores que parecen merecer esta consideración. No obstante, todas las referencias a ellos suelen tener un elemento común: la consideración del mismo como algo único, especial y diferenciado al resto, que requiere la aplicación de reglas específicas, que, casi siempre, incluyen la exclusión de las normas generales del libre mercado. Casi siempre los motivos que se barajan para pedir este trato especial se suelen escudar en que, de esta manera, se está defendiendo al consumidor, ya que ese tratamiento especial permite dedicarle más atención y cuidado.

La realidad, sin embargo, nos indica que la suspensión de las reglas del libre mercado no hace sino perjudicar al consumidor. Sectores tan diversos como la telefonía, el transporte aéreo, la banca y los hidrocarburos han merecido en algún momento la clasificación de sectores estratégicos, concediéndoseles ciertos privilegios legales, tales como el monopolio, la fijación de precios o la restricción de la competencia. Al haber sido alguno de los preceptos legales que impusieron estas situaciones derogados, se puede realizar una comparación entre el servicio prestado al consumidor cuando las empresas pertenecían a un sector estratégico regulado, y cuando se aplicaron las reglas más básicas del libre mercado.

Si nos fijamos en la telefonía, por ejemplo, no hace mucho que una empresa tenía el monopolio de este sector en nuestro país, precisamente bajo la excusa de ser éste un sector estratégico. En aquella época, conseguir simplemente una línea nueva se convertía en toda una epopeya homérica, ya que era un proceso que podía demorarse varios meses. Hoy en día casi nos provoca una sonrisa evocar dichos tiempos, dada la insistencia con la que, casi a diario, se reciben diversas ofertas por parte de distintos proveedores de servicios telefónicos, que se suelen materializar casi en el acto. También palidece cualquier comparación al examinar las tarifas que ofrecen en la actualidad la mayoría de los operadores (que aunque no totalmente liberalizadas, sí tienen una mayor flexibilidad legal, permitiendo, por ejemplo la aplicación de las llamadas tarifas planas y la inclusión de servicios adicionales), con las tarifas reguladas existentes antaño.

Este mismo tipo de comparaciones se puede realizar con cualquiera de los antiguos sectores estratégicos y el resultado es el mismo, la mejora en la prestación de servicios, que se ha producido cuando se ha eliminado cualquier trato legal diferenciado de las reglas de libre mercado. El consumidor ve mejorada su situación cuando se elimina cualquier privilegio concedido a las empresas consideradas como pertenecientes al sector estratégico.

El resultado no debe sorprender si se analiza la premisa básica del libre mercado, que radica precisamente en el concepto de libertad. Y es que el consumidor tiene la última palabra ante cualquier trato, ya que es libre de aceptar o no los bienes y servicios ofertados por las distintas empresas. Esta circunstancia es conocida por las compañías, que han de competir por obtener la aprobación del consumidor, pues en caso contrario otra empresa se les puede adelantar. Esta situación no se produce en los llamados sectores estratégicos regulados, al estar limitada la competencia, bien por la poca variabilidad que existe en la prestación de servicios, bien por la nula lucha que se produce para tratar de satisfacer al consumidor.

Por tanto, si se desea dar el mejor servicio posible a los consumidores en cualquiera de los sectores que se deseen considerar como estratégicos, deben aplicarse las reglas del libre mercado y permitir la competencia entre las empresas integrantes. Esto provocará que continuamente se busque la mejor forma de satisfacer al cliente, al no tener limitada de ninguna forma su libre elección, por lo que existirá una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios ofertados a los clientes, a un mejor precio.

El Gobierno contra la propiedad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

En España la propiedad privada fuera de los núcleos urbanos está desprotegida ante la intromisión de los funcionarios del Estado. Los guardas forestales, que tienen carácter de "agentes de la autoridad" y la consideración de "Policía Administrativa Especial", pueden penetrar e investigar en cualquier monte o terreno forestal sin previa autorización de los propietarios de la misma y sin necesidad de autorización judicial.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido poner fin a esta flagante violación del derecho de propiedad en la Ley de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, que también contiene puntos de un intervencionismo brutal como la prohibición de construir edificios de más de cuatro alturas. Esta norma obliga a los guardas forestales a disponer de autorización judicial para poder penetrar en terrenos privados. Ante esto, la reacción de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona ha sido desmesurada. Por una parte ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad. Por otra ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tanto en el Congreso de los Diputados como en declaraciones a los medios.

Narbona ha acusado a Aguirre de "romper España, al establecer una menor garantía de los derechos de los ciudadanos de Madrid con respecto al resto de las comunidades autónomas". Más equivocada no puede estar. Con la nueva norma jurídica, los habitantes de la Comunidad de Madrid disfrutarán precisamente de una mayor garantía de sus derechos como ciudadanos. Desde ahora, los propietarios de terrenos no urbanos en la región tendrán más protegida su propiedad privada ante los posibles abusos de los agentes de la autoridad. Esto es especialmente positivo cuando el Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un proyecto de Ley de Patrimonio, Medioambiente y Biodiversidad que da a las autoridades un poder casi ilimitado para poder expropiar hasta el 25 por ciento del territorio español.

Por supuesto, dado lo poco o nada amantes de las libertades individuales que son la mayor parte de las organizaciones ecologistas y los guardas forestales (que, como tantos otros funcionarios, protestan ante cualquier reducción de su poder ante los ciudadanos) se han puesto de lado del Gobierno. Al final, la batalla terminará en el Tribunal Constitucional. Si los magistrados deciden dar la razón al Gobierno se habrá dado un terrible paso hacia una mayor colectivización del país. Sería una terrible noticia para quienes aman la libertad.