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La viabilidad de la reserva fraccionaria

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

La economía neoclásica asume en su práctica totalidad que la reserva fraccionaria (esto es, la obligación de los bancos de mantener en reservas sólo una parte o fracción de sus depósitos) es posible sin generar efectos perversos sobre el resto de la sociedad. La escuela austriaca, por otro lado, concluye en su mayoría que la reserva fraccionaria provoca el ciclo económico y las crisis bancarias.

El debate, en realidad, se encuentra mal enfocado. El problema no es tanto si los bancos deberían conservar en todo momento el 100% de sus depósitos en forma de reservas monetarias, sino si pueden o no incurrir en situaciones de iliquidez, es decir, situaciones donde el plazo de vencimiento de sus pasivos sea inferior al plazo de vencimiento de sus activos.

Con esto quiero decir que es posible que los bancos no mantengan el 100% de sus depósitos en forma de reservas monetarias pero que, aun así, sigan siendo líquidos. El sistema bancario sí debe sujetarse a una reserva del 100%, pero del 100% en forma de activos líquidos: oro y letras de cambio. Muchos austriacos se equivocan al restringir los activos líquidos al dinero; muchos neoclásicos yerran mucho más al considerar que la iliquidez bancaria es un problema que puede solventarse con buena planificación y con la intervención del Banco Central.

Por consiguiente, los bancos pueden utilizar sus reservas para participar en el mercado monetario. Como grandes depositantes de oro, pueden descontar letras de cambio (y adquirir la diferencia entre el tanto descontado y el valor nominal) o servir como cámaras de compensación de depósitos y letras.

Esto implica que en un sistema monetario libre, los bancos podrían emitir billetes respaldados parcial o totalmente por letras de cambio, sin que cupiera considerarlos una duplicación inflacionista de la "masa monetaria".

La razón es sencilla y se la conoce como la "ley del reflujo de Fullarton". Los bancos emiten billetes respaldados por oro y letras (o sólo letras) que no son más que pasivos que ellos mismos aceptan por su valor nominal, esto es, son deudas del banco para con su tenedor que permiten saldar créditos de igual importe con el banco. El reflujo se da cuando los billetes (pasivos) emitidos por el banco fluyen hacia él para pagar las letras (activos) que había descontado previamente con esos billetes.

El proceso tiene su importancia para, por ejemplo, organizar el pago de los salarios. Un fabricante entrega a su distribuidor las mercancías y éste le entrega una letra de cambio. Sin embargo, el fabricante tiene que pagar a sus trabajadores antes de que venza la letra. Para ello tiene dos opciones: o pagar a los trabajadores con cargo a sus ahorros (con lo que dispondrá de menor capital para invertir) o bien acudir a un banco a que le descuente la letra.

El banco puede entregarle oro o bien puede adquirir la letra emitiendo billetes. El fabricante tomará esos billetes y los entregará a los trabajadores quienes, a su vez, tratarán de utilizarlos para comprar las mercancías que posee el distribuidor. El distribuidor aceptará los billetes ya que le servirán para pagar la letra descontada que se encuentra entre los activos del banco. Con el vencimiento, el banco saldará la letra con sus billetes: una vez las mercancías hayan llegado al último consumidor, letra y billetes desaparecerán de la circulación.

El sector bancario ha actuado como una gran cámara de compensación, donde las deudas y los créditos de fabricantes, distribuidores y trabajadores/consumidores se han compensado entre sí. No ha habido necesidad de movilizar el oro ni de recurrir a los ahorros: las mercancías han circulado y se han intercambiado en última instancia mediante el trueque.

Si el sistema funciona correctamente, no puede haber “pánicos bancarios”. Los pánicos se generan por dos motivos: el primero es que el sistema bancario se vuelva ilíquido (o existan sospechas de que se ha vuelto ilíquido) y los depositantes se enteren de ello, con lo que acudan en masa a retirar los depósitos. El segundo es que los depositantes acudan al banco en cuantía superior a la prevista y el banco no tenga fondos para devolverles sus depósitos (con lo que se extiende la sospecha de iliquidez).

En principio, si los bancos mantienen sus reservas en oro y letras, no hay razón para que la gente sospeche que el sistema bancario se ha vuelto ilíquido. Pero si aun así lo creyera por error y acudiera en masa a retirar sus depósitos, hay que tener presentes que las letras vencerán en oro en un plazo muy breve, por lo que con una corta espera, todos los depositantes cobrarían y el pánico se disiparía.

Además si los depositantes acuden al banco en un número superior al previsto y éste no puede pagarles en oro, siempre puede pagarles en billetes. Los depositantes podrán utilizarlos para adquirir mercancías ya que los distribuidores las aceptarán para saldar sus deudas al vencimiento.

Muchos austriacos yerran al considerar que esta modalidad de la reserva bancaria es nociva: no ha habido expansión de la estructura productiva, porque no se han trasvasado fondos desde el mercado monetario al mercado de capitales; esto es, toda la inversión sigue proviniendo de ahorros reales.

Ahora bien, este sistema sí puede funcionar mal cuando el banco emita billetes no respaldados (con lo que tendrá más deudas que créditos), descuente letras de mala calidad (gente poco solvente o mercancías poco líquidas) o alguno de los actores retenga los billetes del banco en su saldo de caja (de modo que no se produce el reflujo).

Es por ello que el oro sigue siendo el baluarte último de la liquidez de todo el sistema. Al funcionar como mecanismo para saldar los saldos acreedores netos, permite poner coto a los problemas anteriores. Cuando un banco sobreemita billetes, terminará con un saldo deudor en las cámaras de compensación que tendrá que saldar con cargo a sus reservas de oro. Lo mismo sucederá cuando descuente letras de mala calidad (una letras impagada equivale a una sobreemisión de billetes). Y cuando un actor retenga los billetes, tendrá que saldar su deuda en oro con el resto de los actores.

Pero junto a esta función limitadora de la iliquidez del sistema bancario, el oro también es la unidad en la que tanto los precios de las mercancías, los salarios y, sobre todo, el valor nominal de las letras y de los billetes se expresa. El oro es lo que permite compensar los saldos y que todo el sistema funcione.

En otras palabras, resulta erróneo pensar que puede prescindirse del oro en un sistema monetario. Sin oro las letras y los billetes sólo circularán merced al curso forzoso y los resultados serán el señoriaje inflacionista y la iliquidez de los balances bancarios como precedente de la crisis económica.

¿En qué quedó aquello del agujero en la capa de ozono?

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

En esta época de fieros debates sobre el calentamiento global, sus consecuencias y el protocolo de Kyoto como posible tabla de salvación, no está de más echar la vista atrás a otro problema ecológico cuya solución necesitó de un acuerdo entre todos los países del mundo. El pasado 16 de septiembre se cumplieron 20 años del protocolo de Montreal, en el que 40 naciones acordaron una reducción en el uso de los CFC para evitar que la capa de ozono adelgazara. Se fueron sumando más países y para 2010 todos habrán dejado de producirlos y consumirlos. El temor que causó esa reacción fue que ese fenómeno permitiera la llegada a la superficie de rayos ultravioleta B (UVB), radiación absorbida por el ozono, lo que produciría un aumento en los casos de cáncer de piel, además de daños diversos a multitud de especies.

La raíz, la aprobación y los resultados de esta medida presentan unos notables paralelos con el caso del calentamiento global. Una teoría presentada como un hecho cierto e indiscutible, apoyada por el consenso científico. Unos cuantos escépticos apuntando a la variabilidad natural, y no a la acción del hombre, como origen del problema. Una campaña mediática que provoca que los políticos se apunten al principio de precaución y prohíban el uso de unos compuestos químicos que no se sabe a ciencia cierta si son dañinos o no, con un impacto mayor en los países pobres, que tienen menos recursos disponibles para acceder a las alternativas, más caras.

El caso es que desde que se prohibieran los CFC, la histeria mundial pasó a centrarse en el calentamiento global y el dióxido de carbono, dejando el ozono en un segundo plano. Sin embargo, la teoría decía que parte de los compuestos químicos que ya estaban en la atmósfera tardarían entre 75 y 100 años en desaparecer, de modo que tendríamos que sufrir las consecuencias del daño que ya habíamos hecho; el protocolo de Montreal era una solución a largo plazo, porque a corto no teníamos ninguna. Sin embargo, el ozono hace mucho que dejó de desaparecer en la Antártida, que es el único lugar donde se tenía constancia que lo estuviera haciendo.

El caso es que el famoso agujero en la capa de ozono no era en realidad tal: se trataba de un adelgazamiento, no de una desaparición de este gas, y se limitaba a un periodo de tiempo corto; en el comienzo de la primavera en el hemisferio sur (septiembre-octubre), la concentración de ozono descendía para luego volver a la situación normal. Y aunque es cierto que el problema se incrementó durante los años 80 hasta el 87, también lo es que desde entonces se ha mantenido más o menos estable, pese a que la concentración de CFC en la atmósfera no empezó a disminuir hasta finales de los 90, como reconoció la Organización Meteorológica Mundial (WMO), habiendo crecido hasta entonces.

La propia Greenpeace lo reconoce implícitamente cuando, para indicar la gravedad del problema, pone cuatro imágenes de satélite correspondientes a 1980, 1983, 1986 y… ¡1998! Lo que quieren hacernos creer es que el "agujero" ha seguido aumentando, año tras año, incansablemente. Sin embargo, las cifras son claras. De 1982 a 2006 el tamaño del mismo, en millones de kilómetros cuadrados, según la NASA, ha seguido esta serie: 4, 8, 10, 14, 11, 19 (aquí se aprobó el protocolo de Montreal), 10, 18, 19, 18, 22, 23, 22, 22, 22, 21, 26, 23, 24, 25, 12, 25, 19, 24, 26. Como se ve, después de aumentar notablemente durante los años 80 parece que la cosa se ha estancado desde entonces.

Pero el problema es mayor aún. Debemos recordar que el riesgo del que se nos alertó no se refería a la disminución de ozono, sino a que eso dejaría entrar más rayos UVB, lo que afectaría a la vida marina y produciría un aumento en el número de casos de cáncer de piel. Pero la propia WMO reconoció que la variación en la llegada de esos rayos a las zonas pobladas de la tierra no presenta ninguna tendencia significativa durante todo ese periodo, y que en todo caso su posible aumento debido al ozono se perdía entre la variabilidad de fondo. Y aunque los melanomas han aumentado durante el periodo comprendido entre 1970 y 1990, es difícil separar el posible efecto de los problemas en la capa de ozono con los relacionados con el aumento en el nivel de vida, cambios en las costumbres y mejora en la detección.

En definitiva, por más que la ONU defina Montreal como "el más exitoso tratado internacional hasta la fecha" y considere que no da "un mensaje de esperanza para trabajar cooperativamente en pos de solucionar los grandes problemas medioambientales", lo cierto es que la realidad no es tan hermosa. Sin duda, tuvo éxito en aquello que materialmente buscaba lograr, es decir, acabar con los CFC. Pero que haya mejorado en algo el medio ambiente al hacerlo es dudoso. Eso no quita para que, ahora que la atención del público está en otra parte, las organizaciones internacionales y ecologistas celebren su éxito como un inmenso beneficio para la humanidad. Ya se sabe que nadie las va a pedir cuentas nunca por sus errores.

Sin embargo, también es cierto que tampoco ha afectado en exceso a la economía; en ese aspecto, no juega en la misma liga que el protocolo de Kyoto, que obliga a enormes sacrificios para unos resultados mínimos e indetectables dentro de la variabilidad natural del clima. Se esté o no a favor de estos grandes tratados, examinando los sacrificios a los que obliga con respecto a los hipotéticos beneficios que obtendrá, Montreal sale mucho mejor parado que Kyoto, de largo. Algo que debería hacernos pensar un poco.

La democracia y la lucha por la libertad

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Se ha hecho famosa la idea de Karl Popper sobre la democracia según la cual su mayor virtud es que ofrece la capacidad de cambiar de Gobierno sin violencia. Ciertamente es una idea cargada de cinismo y realismo al mismo tiempo. Quizá jamás se haya dicho nada tan cierto y favorable a la vez sobre el sistema democrático. Dice el filósofo:

La democracia no se puede caracterizar por completo como el gobierno de la democracia (), pues una mayoría podría gobernar de un modo tiránico. En una democracia los poderes de los gobernantes han de estar limitados. En una democracia, los gobernantes (esto es, el gobierno) pueden ser expulsados sin derramamiento de sangre.

No se puede decir mucho más en su favor. Pues, estrictamente hablando, y como comienza a sugerir en las primeras palabras de esta cita, hay una contradicción esencial entre el principio democrático y el principio de la libertad. Según el primero, el mayor número decide. Según el segundo, cada individuo decide sobre sí mismo y lo que le pertenece, sin ninguna intervención de un tercero que no sea asumida y aceptada. Si Pedro y Juan deciden que Ana debe dedicar la mitad de su trabajo a ellos, la situación será perfectamente democrática, pero no tiene lugar en una sociedad libre.

Si observamos el sistema democrático desde una perspectiva histórica, su explicación a la vez más sucinta y certera es la teoría de la difusión del poder de Powelson; esto es, la idea de que los diversos grupos sociales se han visto forzados, en determinadas sociedades, a llegar a acuerdos, a compromisos entre sí para alumbrar un sistema político que, si no les daba el poder absoluto, al menos les acogiera. La generalización de ese proceso ha llevado a la recuperación del ideal democrático, primero con una base social de propietarios y luego con el sufragio universal.

Poco a poco el ideal democrático ha ido ganando terreno y el de la libertad se ha visto más y más comprometido. Ya no somos una comunidad de hombres libres, sino una sociedad que elije a unos representantes que dictan normas para todos. El liberalismo ha intentado refrenar el poder mediante constituciones, pero como reconoce Friedrich Hayek ese camino ha resultado en fracaso. El poder siempre avanza y sólo necesita revestirse de democracia para hacerlo. De hecho, una de las consecuencias más negativas de la democracia es que otorga un halo de legitimidad a un proceso, el político, que es esencialmente injusto.

Básicamente hay dos formas de producción, la económica y la política. La primera es la que tiene como base la propiedad y el libre intercambio y la segunda la extracción coactiva por parte del Estado. La democracia fomenta esta última, ya que el discurso político se desplaza hacia la cesión de renta o riqueza a grupos lo suficientemente mayoritarios, organizados o poderosos como para sacar partido del proceso. Cada avance en ese sentido, además, acrecienta el poder de quienes están en el Gobierno.

Frente a todo ello no es que la sociedad esté totalmente inerme. Es cierto que hay enormes dificultades para ejercer un control efectivo del poder. En términos estrictamente democráticos, sólo cabe votar cada cuatro años. Pero como lo que se elige es a representantes o partidos políticos, sólo se pueden "comprar" paquetes enteros, sin poder rechazar una parte de los programas. Y eso una vez cada cuatro años, no a cada momento, como en el mercado.

Pero eso no quiere decir que no quepa hacer nada. Por supuesto que se puede favorecer un cambio político que lleve a una reforma constitucional más liberal. Los propios cauces abiertos por lo que reste de Estado de Derecho son perfectamente válidos. Pero hay que ir más allá, aunque en este aspecto sólo quepa confiar (¿quién se lo reprochará a los liberales?) en el esfuerzo individual y en el de los grupos creados por la sociedad civil.

Es necesario tomarse las libertades por la propia mano, estén reconocidas por la legislación o no. Cada cual debe juzgar hasta dónde se puede llegar, pero el derecho a la objeción de conciencia, a la revuelta civil, a ignorar el Estado nos pertenece a todos. Y el uso, la costumbre, sigue siendo una fuente importante de presión política. No la desaprovechemos.

El capitalismo es cosa de pobres

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Todos los años por estas fechas, cuando comienza el curso académico, se repite la misma escena. Un profesor pregunta a sus alumnos: "¿Cuál es el problema básico que estudia la economía?". Alguno de ellos, en representación del resto responde: "La escasez". Claro, si todo fuera abundante no habría pobreza, penuria, hambre… los economistas no tendríamos trabajo. Y, así, tontamente, el mal está hecho.

En realidad, el problema económico básico, si se pueden simplificar tanto las cosas, no es la escasez, sino qué haces con ella. El matiz es revelador.

Cuando se dice que la economía es la ciencia del fracaso porque no ha sido capaz de acabar con la pobreza se distorsiona el enfoque. Si no estuviéramos tan acostumbrados a hablar en estos términos y le echáramos imaginación podríamos pensar que se trata de una pelea de superhéroes. La Economía con sus superpoderes no ha sido capaz de acabar con la Pobreza, malvada supervillana que azota a medio mundo. Lo cierto es que la pobreza es una ficción. Lo que existe en la realidad son pobres, es decir, personas que no tienen recursos para sobrevivir. Cuando los economistas nos preguntamos qué hacer para acabar con la pobreza obviamos que quienes tienen que hacer algo son los pobres y que se trata de que puedan efectivamente emprender acciones que les saquen de esa situación. Y para eso, si hay algo que los economistas podemos hacer, es dejar que se hagan responsables de su futuro, es decir, darles la libertad de elegir cómo quieren salir.

Los especialistas que estudian la pobreza desde sus despachos me dirán que hablar de libertad de elegir refiriéndome a los pobres es cuando menos obsceno. Pero, muy al contrario, ese es precisamente el problema. Generaciones de miseria condicionan la manera de afrontar la vida; el papel del ahorro cuando la muerte está a la que salta no tiene mucho sentido. No es que los pobres no sean capaces de ahorrar. Lo son, pero solamente cuando son capaces de vislumbrar el día de mañana. Y tal vez ese es el ámbito de la ayuda: las expectativas de beneficio se crean en el mercado sobre la base de la propiedad privada. Abrámosles las puertas.

Una vez que hay posibilidad de futuro, se trata de que decidan en qué emplean su tiempo-dinero-energía, libres de deberes para con un general corrupto, un monopolio que disfruta de la alianza con los políticos y destruye la competencia o para con determinadas instituciones de los países pudientes que, con el pretexto de la solidaridad, aumentan la carga de las familias a quienes se supone que van dirigidas sus acciones caritativas. La ayuda crea deuda. Eso no lo dicen los burócratas cuando presentan sus informes sobre los remedios para la pobreza. Ni qué parte del presupuesto se queda por el camino o si es un pago para que alguna empresa de nuestro país consiga una contrata o venda armas medio obsoletas y afiance al general corrupto en el poder. Eso es lo que impide que afloren empresarios oriundos y que el capitalismo, por fin, triunfe en los países pobres. Y cuando hablo de capitalismo, no hablo de un superhéroe, hablo de gente que quiere lucrarse, gente que quiere ganar dinero con su negocio y que para ello arriesga, compite y trabaja. Así de simple.

William Nassau Senior decía que el Estado, en la medida que evita que los menos previsores sufran las consecuencias y los más trabajadores y capaces disfruten de su recompensa, fomenta la holgazanería y agrava la pobreza.

Yo añadiría que, en nuestros días, la principal fuente de corrupción son aquellos gobiernos que, no contentos con robar a los pobres propios, roban también a los ajenos. El sistema político en el que vivimos fomenta que las personas que hay detrás de la institución del "Gobierno" tengan incentivos para obtener beneficios mintiendo y engañando. Como dice la canción: no es ningún trofeo noble. Y, sin embargo, el coste de oportunidad de persistir en este comportamiento disminuye a medida que aumenta el número de personas involucradas. Además, los ciudadanos no vamos a protestar cuando en la etiqueta del "pastel" pone "ayuda al desarrollo". El círculo se cierra.

Mientras unos no tengan posibilidad de ser capitalistas (es decir, personas libres con ánimo de lucro) y los otros sigan teniendo incentivos para frenarles el camino, seguirán muriendo personas de hambre. Sencillo, ¿no? Henry Hazlitt lo deja aún más claro en su libro The Conquest of Poverty. En él repasa los falsos remedios que se predican desde los despachos como pócimas milagrosas: las leyes de pobres, la promesa de un puesto de trabajo, la contraproducente lucha de los sindicatos, y así hasta llegar al Estado del bienestar. Hazlitt apunta dos falacias que aún hoy siguen vigentes en el estudio de la pobreza. La primera, que no se ayuda realmente si el remedio es a corto plazo o apunta a un grupo seleccionado de personas. Las consecuencias a largo plazo o para el resto de los desfavorecidos suele ser la opuesta a la prevista. La segunda: no hay tal cosa como una cantidad fija de riqueza para repartir entre todos, que es producida por una cantidad fija de capital y una cantidad fija de trabajo. La economía es dinámica. No se trata, por tanto, de producir hasta que haya suficiente para todos. Se trata de dejar que cada cual produzca para sí. De permitir que el ánimo de lucro arraigue entre los pobres y les lleve a salir por sí mismos de la pobreza. Se trata de propiedad privada y libre mercado.

El capitalismo y la responsabilidad evitan accidentes de tráfico

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Es sorprendente la cantidad de veces que causas aparentemente nobles son excusas socialmente aceptadas para reducir nuestra libertad. La situación se vuelve más hiriente si a la vez que nos la arrebatan observamos como la responsabilidad que ésta conlleva también se pierde. Las causas nobles que el Estado convierte en políticas suelen derivar en individuos irresponsables y caprichosos. ¿Y qué causa hay más noble que la de reducir el número de muertos que todos los días se producen en las carreteras? La Dirección General de Tráfico (DGT) y las administraciones públicas llevan décadas inmersos en esta cruzada tan particular.

Hace algo más de un año, las autoridades españolas decidieron introducir en España el permiso de conducir por puntos con la esperanza de que este tipo de penalización supusiera una mayor concienciación de los peligros de la carretera y el ciudadano levantara un poco el pie del acelerador. Según los datos de agosto de 2007, y en comparación con los de 2006, la situación no puede ser más desalentadora: este año han muerto en las carreteras españolas un total de 229 personas, nueve más que en 2006. El aparente éxito de los primeros meses, todo un fenómeno mediático que abría los telediarios, se ha truncado en uno de los meses de mayor tránsito de vehículos. Nueve muertos más o menos no es un resultado estadísticamente relevante, lo importante es que la ineficacia de todas estas medidas que restringen la libertad de los conductores va acompañada de medidas punitivas y multas que se mantienen o se incrementan pese a la ineficacia de la política.

No menos preocupante es la actitud de los responsables de estos organismos públicos cuando intentan explicar los resultados. El director general de la DGT, Pere Navarro, explicó que la siniestralidad que han registrado las motos –en julio y agosto se ha incrementado en un 53% respecto a 2006– se debió al incremento exponencial de este tipo de vehículos, asegurando que "probablemente, sea un problema de país rico". Ahora resulta que el capitalismo es culpable directo de los muertos en carretera, lo cual no debería de sorprendernos por la tendencia a achacar todos los males del mundo a un materialismo indecente que idealiza el consumo y la posesión de ciertos bienes.

Este tipo de actitud no es nueva. La DGT lleva muchos años culpando del número de muertos al volante al uso incorrecto de los cinturones de seguridad, a la ingestión de alcohol o el uso de drogas o a la excesiva velocidad, lo cual no tiene porque ser falso – seguramente es así–, pero guarda silencio cuando lo denunciable son los errores de diseño de carreteras y autopistas que son propuestas y mantenidas por las administraciones públicas. Así, los puntos negros, es decir, aquellas carreteras en las que el número de muertos es más elevado que en el resto, no suelen ser tratados en las ruedas de prensa que el señor Navarro realiza con tanto aparato mediático alrededor: la mala señalización, la insuficiente iluminación o un diseño ineficiente nunca forman parte de las causas. La culpa no es de la política, es de la realidad que cabezona se niega a plegarse a tanta inteligencia en forma de normas.

Es posible que pensemos que medidas como la de un seguro para el coche que cubra tantos los daños que podamos realizar, como los que podamos recibir, es una medida razonable. También es inteligente llevar una serie de mecanismos que impidan o minimicen los daños personales en caso de accidente. No menos necesario es adecuar la velocidad del vehículo a las características del trazado, a la del propio automóvil o incluso a la habilidad del conductor. Pero que algo sea adecuado, inteligente o razonable no tiene porque ser convertido en norma o ley y mucho menos que su incumplimiento se convierta en un una excusa para confiscar parte de nuestros bienes. Por otra parte, sí es inteligente que el conductor pague o compense los daños que sobre las propiedades o las vidas de otros origine su imprudencia. Tenemos que fomentar la responsabilidad sobre nuestros actos, no satisfacer una norma que en algunos casos es simplemente estúpida o ineficaz.

El seguro obligatorio es un ejemplo de medida innecesaria. Los más baratos pueden generar una falsa sensación de seguridad y sólo sirven para cumplir una obligación administrativa. De hecho, la obligación de tener un seguro es una coacción estatal. Existen mil maneras de que la conducción sea más segura, desde un cierto gasto asumido por el conductor en la contratación del seguro, pasando por la inclusión de cláusulas que penalicen a éste si se ha cometido algún tipo de irregularidad (como conducir bebido o drogado o saltarse ciertos límites de velocidad), para terminar con medidas de cooperación entre amigos y familiares que permitan disfrutar y desplazarse sin peligro. Todo ello invita a la prudencia sin necesidad de obligar a nadie.

La asunción de las responsabilidades sería otro sistema de prevenir excesos. Que el conductor corra el riesgo de terminar con los huesos en la cárcel por la muerte de una persona o por la destrucción de la propiedad es una invitación a la prudencia. No podemos permitir que casos como el de Juan Manuel Fernández Montoya, más conocido como Farruquito, condenado a dos penas de ocho meses de prisión por delitos de imprudencia y omisión de socorro en el juicio por el atropello mortal de un peatón, inviten a pensar que en España la imprudencia se paga con una pena mínima.

Por último debemos pensar en dos cosas más. La primera es que los fabricantes de coches son conscientes de los peligros que la conducción supone y que los conductores son personas con vicios y virtudes, que en muchos casos llevan acompañantes que corren los mismos riesgos. Los coches son equipados con un creciente número de dispositivos que incrementan la seguridad del vehículo, de sus ocupantes e incluso de los peatones y otros vehículos con los que puedan colisionar. Estos dispositivos dejan, con el tiempo, de ser extras y terminan viniendo de fábrica en todos los modelos nuevos, todo ello sin un incremento excesivo del coste final del automóvil. Esto es posible porque el capitalismo y los empresarios trabajan para ello, porque la gente lo demanda. Lo segundo es que pese a todo lo anterior, el peligro de accidente siempre existe y todo el que sale a la carretera puede sufrir uno. Debemos vivir con él y acostumbrarnos. El riesgo cero no existe y por muchas leyes que creen, por muchas multas que nos pongan por no llevar cinturón o por ir a más velocidad de la permitida, podemos perder la vida. Nuestra responsabilidad, fruto de nuestra libertad, y el trabajo de miles de empresarios y asalariados que buscan soluciones, son los que reducen el número de muertos.

Persona, cosa, libertad y religión

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Un error común y grave, especialmente frecuente en los creyentes religiosos más fervientes e irreflexivos, es la separación infranqueable entre personas y cosas (o dualismo de espíritu y materia o alma y cuerpo), entre el alguien y el algo. Casi todo lo que hay en el universo es materia y energía inerte (no viva); parte de esa materia tiene una organización autopoyética peculiar (de autocreación, mantenimiento y reproducción), es materia viva; parte de esa materia viva orgánica son animales que tienen mecanismos cibernéticos de control, sistemas nerviosos avanzados, cognición, emociones; los seres humanos son animales que se distinguen por su capacidad de actuar intencionalmente, y su capacidad intelectual les permite representar de forma abstracta la realidad, agrupar conceptualmente diversas entidades y etiquetar estos conjuntos mediante términos lingüísticos comunicables. Mediante módulos mentales innatos cada individuo humano representa a sus semejantes como personas, agentes intencionales proactivos con preferencias y capacidades particulares.

El dualismo animista es natural a la psicología intuitiva; es una primera aproximación útil porque refleja la distinción entre objetos inanimados y objetos vivos autónomos. Pero su esencialismo (por un lado las personas y por otro las cosas cada una con esencias diferentes) es completamente falso: las personas son cosas con una organización y actividad particulares (muy especiales), pero nada más; no hay ningún verbo o alma inmortal que se encarne en el hombre y lo trascienda, ni ninguna divinidad creadora origen de todo. Las personas (los seres humanos) son un subconjunto de las cosas, no se trata de conjuntos disjuntos.

Como el ser humano es hipersocial ha desarrollado evolutivamente sentimientos morales, leyes positivas y teorías jurídicas y éticas para regular su conducta. En estos ámbitos también se distingue entre personas (sujetos éticos con derechos y deberes) y cosas (objetos de propiedad). Pero si la argumentación ética quiere ser correcta no puede ignorar la realidad material de los seres humanos, no puede obviar que también son cosas, se alimentan de cosas, se construyen procesando cosas y convirtiéndolas en partes de sí mismos y también desechando otras cosas como residuos. Y como las personas (sujetos éticos) también son cosas (objetos de propiedad) tiene sentido hablar de autoposesión (y como la propiedad o legitimidad de la posesión es intercambiable, también de compraventa de partes o de todo uno mismo y de contratos de sumisión parcial o total). El cuerpo (y el cerebro es parte del cuerpo) es cosa: tiene partes, algunas se renuevan, se regeneran, otras no; algunas pueden perderse o darse a otro (una pierna, un brazo, un ojo, un riñón, sangre).

Al ser la ética de la libertad una teoría correcta, sus críticos deben cometer algún error para atacarla (normalmente son muchos los errores y no uno solo). Así se recurre al vaporoso e indefinido concepto de dignidad para rechazar todo lo que a uno no le gusta; se ataca al capitalismo diciendo que es voraz, que no se respeta la persona, que sólo importan las cosas, que se confunden personas y cosas de forma perversa; que absolutamente todo está manchado por el veneno del mercantilismo, que vivimos tiempos de barbarie.

Respecto a la compraventa de órganos, se afirma con absurda arbitrariedad que sólo pueden cederse gratuitamente, en aras del fin supremo de la solidaridad: no se alquilan, no se venden, no son negociables. Quien lo afirma ignora completamente no sólo los fundamentos del razonamiento ético sino también las consecuencias socioeconómicas de dicha prohibición. Respecto a la prostitución, se confunde con un alquiler del cuerpo cuando es en realidad la prestación de un servicio; el crítico se escandaliza de que el cuerpo se cosifique (el cuerpo no se hace cosa sino que es cosa) y de que se instrumentalice (el cuerpo es un instrumento, una máquina de supervivencia con órganos sensores, coordinadores y actuadores).

Los embriones son un caso problemático porque son una transición: el ser humano no aparece de repente sino que se construye gradualmente. Pero el creyente se obstina en que la única norma correcta es tratar al embrión igual que a una persona adulta (tal vez porque ya tiene alma desde la concepción); y además se asegura que sin duda así mejorará la sociedad en su conjunto aunque se ralentice la investigación científica (esto es arrogancia constructivista, pretender que se sabe todo y se calculan todos los costes y beneficios).

La supina ignorancia del crítico sobre economía le hace afirmar que utilizar a las personas es hacerlas capital humano, un objeto deleznable al servicio de intereses particulares y superfluos. Se caricaturiza a la empresa que sólo quiere cumplir unos resultados monetarios, a la que da la misma importancia a un despido que a una adquisición de bienes, a la que trata al trabajador como a un robot sin corazón, o a la que habla de recursos humanos y no de dirección de personas.

El crítico culmina sus disparates afirmando que se cosifica al ser humano cuando se construye una sociedad como si Dios no existiera: es decir, basándose en la realidad, mejor construir sobre imaginaciones ficticias. Parece que si se edifica un orbe ateo, el hombre deja de tener conciencia de su condición de criatura y administrador de su entorno, considerándose el único señor de su circunstancia. El hombre no es criatura y ninguna divinidad le ha dado su entorno para que lo administre; y es libre el que es dueño de sí mismo. El crítico no puede entender que el hombre sea dueño de sí mismo, que la relación entre el alguien y el algo es en este caso reflexiva, de una entidad consigo misma, porque el ser humano es alguien y algo.

Construir una sociedad de personas con derechos que no sean objeto de explotación no requiere de ninguna divinidad, y de hecho las divinidades también se usan a menudo para oprimir a los crédulos (y a los no creyentes, ateos, herejes o creyentes en otros dioses). Quitar de en medio a dios puede ser un gesto de madurez humana y autosuficiencia y no implica querer ocupar su trono; para ser personas no hace falta ningún dios, y con dioses o sin ellos siempre será posible que los poderosos exploten o manipulen a los débiles. El ser humano puede trascender a través de sus descendientes (genes) y transmitiendo sus ideas (memes): lo que nunca trascenderá es su inexistente alma sobrenatural.

Lo que pasan por alto las teorías del crecimiento

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

Las teorías modernas del desarrollo y del crecimiento no son exactamente lo mismo. Se considera que las primeras son aplicables a las economías de mercado avanzadas, mientras que las segundas enfatizan el papel de los factores no-económicos y los "fallos del mercado" en los países menos avanzados. Ahora bien, muchos de los presupuestos de la teoría del desarrollo tienden a converger con las nuevas teorías del crecimiento, especialmente con los teóricos endogenistas. Precisamente, con el auge de estas nuevas teorías endogenistas del crecimiento han perdiendo fuelle paulatinamente las del desarrollo.

Los presupuestos en que se asienta la teoría del desarrollo son tres: competencia imperfecta, exceso de fuerza de trabajo y rendimientos crecientes, compartiendo con los endogenistas tanto la inferencia de que los rendimientos son crecientes como la existencia de externalidades tecnológicas fruto del "aprendizaje haciendo".

Peter Bauer comienza su libro Crítica de la teoría del desarrollo fijando la obra embrionaria de esta teoría en el "círculo vicioso de la pobreza", postulado por el profesor Ragnar Nurske. Esta tesis, la del círculo vicioso de la pobreza, pasa por ser una de las más destacadas dentro de la teoría del desarrollo.

El círculo vicioso de la pobreza (…) puede resumirse en la vulgar frase: "un país es pobre porque es pobre". Quizá las más importantes relaciones circulares de esta clase son las que afligen a la acumulación de capital en los países atrasados. La oferta de capital se halla regida por la capacidad y disposición de ahorrar; la demanda de capital depende de los incentivos para invertir. Existe una relación circular en ambos lados del problema de la formación e capital en las zonas del mundo dominadas por la pobreza.

Del lado de la oferta, hay una escasa capacidad de ahorro, debido al bajo nivel de la renta real. La baja renta real es el reflejo de la baja productividad, que a su vez se debe en gran parte a la falta de capital. La falta de capital es una consecuencia de la escasa capacidad de ahorro, y de esta forma se completa el círculo.

Del lado de la demanda, puede que la propensión a invertir sea baja debido al escaso poder de compra de la gente, debido a su baja renta real, que a su vez proviene de una baja productividad. El bajo nivel de productividad, sin embrago, es una consecuencia de la escasa cantidad de capital utilizada en la producción, que a su vez puede ser causada, o por lo menos en parte, por la escasa propensión a invertir.

Ragnar Nurske, Problems of capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford, 1953, pp. 4 ss.

Nurske concluía cuáles eran las consecuencias lógicas de este círculo vicioso: la "ampliación de la brecha", de tal forma que "se sigue de la tesis que estas diferencias de renta per capita tienen que aumentar, porque mientras los países desarrollados progresan los países subdesarrollados están estancados o incluso retroceden".

Bauer se mostraba muy crítico con esta teoría, pues de ser cierta, "innumerables individuos, grupos y comunidades no podrían haber pasado de la pobreza a ser ricos. (…) Pero la tesis también se refuta por la existencia de países desarrollados que empezaron siendo pobres, con rentas per capita bajas y bajos niveles de acumulación de capital, esto es, con las características que ahora definen a los países subdesarrollados".

Por su parte las teorías modernas del crecimiento surgen a partir del modelo de Harrod (1939) y Domar (1946) que suele enseñarse en la actualidad como un caso particular del de Solow, con el que se inauguró la teoría del crecimiento neoclásico. Para Solow, la inversión era, en el mejor de los casos, una "condición necesaria pero no suficiente" en el crecimiento económico, dado que la mayor contribución al crecimiento no son los factores de producción (que identificaba como capital y trabajo) sino el elemento de innovación tecnológica. Nunca antes de los trabajos empíricos de Solow se había medido la contribución de los factores de producción al producto total; con la particular conclusión, además, de que el elemento que en mayor medida hacía crecer la relación cantidad de producto obtenido por unidad de trabajo (Y/L) era precisamente el factor tecnológico. De ahí que en sus últimos trabajos, Solow resalte la importancia para el crecimiento económico de actividades como la investigación, la educación o la salud pública. Además de considerar el factor tecnológico como exógeno, admite la ley de rendimientos marginales decrecientes. De ahí que las tasas de crecimiento económico elevadas de manera permanente no se conseguirán si no es con innovaciones tecnológicas continuas, pues los rendimientos marginales del capital tienden a ser decrecientes.

El modelo de Solow siguió predominando hasta el surgimiento de la teoría endogenista, "nueva teoría del crecimiento" o "nuevo paradigma". Se considera como precursores de este nuevo enfoque a Paul M. Romer y a Robert E. Lucas. En la actualidad, esta representa la corriente principal en las teorías de crecimiento económico a largo plazo. Sostienen, como indica el propio nombre de la escuela, que el crecimiento es un resultado endógeno del sistema económico y no al revés.

Para endogenistas como Romer, es vital en el crecimiento a largo plazo la acumulación de conocimientos. El conocimiento, cuando se internaliza en el proceso productivo (como insumo), tiene productividad marginal creciente y efectos positivos externos (externalidades positivas). Por el contrario, la "producción" de conocimientos tiene rendimientos decrecientes. Romer se basará en Smith y su fábrica de alfileres (con la que se ejemplificaban la especialización y división del trabajo) para ilustrar las posiciones de los rendimientos crecientes, echando así abajo uno de los supuestos de Solow. Otras diferencias con este modelo son que no hay competencia perfecta sino monopolística, se supone libre comercio internacional y una participación activa del gobierno para garantizar el crecimiento.

El modelo alternativo al de Solow, propuesto entre otros por Romer, destaca que las tasas de rendimiento no decrecen, sino que aumentan. Además, el antiguo modelo de Solow presuponía que las tasas salariales y la relación capital-trabajo tendían a converger entre los países. Para los endogenistas, la productividad del trabajo (Y/L) crece sin límites, a una tasa creciente en el tiempo. No se produce, por ello mismo, necesariamente convergencia entre países, siendo así que el crecimiento puede perfectamente ser elevado de forma consistente en los países más ricos, y bajo o nulo en países menos desarrollados.

Romer publica un segundo estudio en 1990 que complementa al primero, en el que introduce el factor del capital humano (H) a los inputs del modelo de Solow (A, K, L). De ello colige que sus implicaciones en la convergencia pueden esquematizarse del siguiente modo: los países o economías con un stock de capital humano más grande "experimentarán un crecimiento más rápido". Así pues, las economías con mayor capital humano son más susceptibles de producir crecimientos más elevados que aquellas que simplemente tienen más población. La población no es la clave.

Este argumento se basa en tres premisas: el cambio tecnológico es la base del crecimiento económico; el cambio tecnológico proporciona un incentivo para una continua acumulación de capital, y la suma de ambos muestra el incremento de producción por hora trabajada. Dado que el cambio tecnológico genera incentivos en la acumulación de capital y las personas actúan en respuesta a estos incentivos, el modelo es endógeno y no exógeno.

Interesantes como son todos estos estudios llama la atención el defectuoso instrumental que utilizan todos estos nuevos modelos del crecimiento que hemos presentado, especialmente en lo que se refiere a los conceptos de capital humano y "capital". Lo primero que hay que subrayar es que el trabajo se hace productivo liberando la capacidad empresarial. Es por ello que "capital humano" y educación formal no pueden ser dos conceptos ni remotamente equivalentes. Una educación formal demasiado extendida en el tiempo o alejada de la situación económica en la que se encuentra la población y la propia economía constituye un despilfarro de recursos, más aún en aquellas situaciones en que esta "educación formal" no pueda ser empleada con provecho a través de la actividad empresarial. Cuando además la fijación de contenidos y la administración de la educación formal se realiza en gran parte de forma monopolística por los poderes públicos, la divergencia entre ambos conceptos es si cabe aún mayor.

Por lo que se refiere a la utilización del término capital, los modelos antedichos tienen un marcado concepto orgánico del capital (bienes producidos que sirven para producir). Pero en la economía real, capital es, como señaló Carl Menger, el valor monetario de los factores puestos en una empresa a producir para obtener ganancia. Para que exista capital se necesita, pues, la existencia de empresas y toda la serie de instituciones que configuran un sistema de mercado (precios libres, propiedad privada de los factores, mercados de capitales…) Los bienes de equipo no producen riqueza por sí mismos. Tienen que estar integrados en proyectos empresariales y ser económica y eficientemente utilizados para producir riqueza. Es por ello que los factores que se incorporan como activos en las empresas no tienen que ser necesariamente "bienes producidos": capital pueden ser unos trabajadores investigando, un recurso natural cuya utilidad económica no había sido descubierta hasta entonces o, también, unos bienes de equipo dentro de uno o varios proyectos empresariales que lo demandan. Es en este contexto cuando se aprecia mejor el trabajo de Hernando de Soto o Peter Bauer y su constatación del gran volumen de "capital en potencia" que existe en las zonas subdesarrolladas y que sencillamente no es puesto en producción por el deficiente entorno institucional existente, situación de la cual tienen culpa tanto los gobernantes como los teóricos del desarrollo que tan alegremente abrazan la planificación socialista.

Pisos para todos

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Al grito de "pisos gratis", la Junta de Andalucía ofrece llevar a la práctica el derecho a la vivienda ya presente en la Constitución Española. Específicamente, el anteproyecto andaluz pretende garantizar que las familias no dediquen más que un tercio del salario a la compra de una casa (o un cuarto, en el caso de alquiler de la misma).

Según publica Libertad Digital, "los andaluces que podrían beneficiarse de este derecho son todos aquellos cuyas rentas mensuales no superen los 3.100 Euros". El Gobierno de Zapatero parece estar de acuerdo con esta medida, hasta el punto de que la ministra de Vivienda, Carme Chacón ha animado a otras Comunidades a que sigan el ejemplo de Andalucía, autonomía ejemplar, sin duda.

La medida aplicaría a más de 46.500 andaluces y generaría un efecto llamada, lo que inevitablemente supondría que el Señor Chaves tendría que subir los impuestos autonómicos o reclamar más dinero al Estado.

Probablemente lo que acabe sucediendo es que Chaves se vea obligado a limitar la aplicación de la medida, mientras que el precio de la vivienda, en lugar de bajar, seguirá subiendo, ya que los vendedores contarán con que, gracias a la ayuda de la Junta, los potenciales compradores pueden pagar más por los pisos. Así que los andaluces no se podrán relajar sino que tendrán que seguir trabajando más y más para pagarse el piso.

En lugar de prometer aligerarnos la carga que soportamos como ciudadanos, lo que los Gobiernos autonómicos podrían hacer es liberalizar el suelo inmediatamente, dejar de limitar alturas, como ha propuesto Esperanza y, cómo no, revisar el tipo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para reducir el coste que tienen que soportar las constructoras. De esta forma, se reducirían notablemente los costes de la vivienda, lo que se trasladaría a los precios. Evidentemente, mientras los Ayuntamientos sean los que decidan si se puede o no construir estaremos ante un problema irresoluble.

Al margen del efecto económico perverso y el deseo de captar votos de los socialistas, la cuestión tiene una enorme importancia en el plano moral. Con este tipo de promesas, se incentiva que la gente actúe de forma menos responsable porque el Estado siempre estará cuidando de nosotros. Si bien es cierto que comprar un piso es casi un lujo, esto no es óbice para decir que el Estado tiene necesariamente que inmiscuirse en los asuntos de cada uno. Está claro que si recibo un subsidio mi situación mejorará pero a costa de otros, aunque esos otros no percibirán un coste directo ya que los costes del Estado se reparten entre todos. Pero a la larga, el intervencionismo se paga porque a más Estado, menos individualismo y a menos individualismo, menos creatividad y prosperidad para todos, es decir, que acabamos dependiendo más del Gobierno de turno y menos de nuestro esfuerzo y de la solidaridad natural de nuestros familiares y amigos y de la sociedad, en general. Al fin y al cabo, ¿si el Estado se ocupa de todo, para qué necesitamos hacer un esfuerzo o pedir a nuestros semejantes que nos ayuden?

Cualquier "derecho a", como el que ha planteado Chaves en materia de vivienda, derecho que, como hemos dicho, reconoce nuestra Constitución socialista de 1978, supone en último término que se legitime el latrocinio fiscal, porque para dar a unos hay que quitar a otros y la mejor forma de redistribuir la renta son los impuestos. Por cada euro que el Estado le prometa, antes ha tenido que quitar varios a todos los ciudadanos, incluyéndole a usted. La diferencia es el coste (enorme) en que tiene que incurrir para procurarle ese euro.

Mientras tengamos una Carta Magna que reconozca estos derechos, no hay que ser muy listo para llegar a la conclusión de que la propiedad y la libertad de actuar estarán en peligro, porque actuar tendrá costes y, para mantener la propiedad, habrá que ceder una parte de la misma como peaje. Como siempre, habrá muchos que estén dispuestos a que otros tengan que renunciar a sus derechos para procurarse bienestar material, aunque no se percaten de que apostar por el intervencionismo es pedir a gritos, no un piso, sino un futuro más negro para todos.

Capitalistas a la cárcel

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

Como todo el mundo sabe, Estados Unidos es uno de los pocos países occidentales donde los gestores y dueños de grandes empresas dan con sus huesos en la cárcel por distintos motivos. Desde Jeff Skilling, antiguo presidente del Consejo de Administración de ENRON, condenado a 24 años de prisión y pendiente de una apelación que podría reducir su sentencia, hasta la celebérrima Martha Stewart, condenada por cuatro delitos, son muchos los capitalistas norteamericanos o residentes en los EE.UU. objeto de investigaciones por parte de fiscales de distrito u organismos del Gobierno Federal.

El caso más reciente de gran empresario condenado a prisión es el de Conrad Black, el que fuera propietario entre otros del diario británico The Daily Telegraph y del Chicago Sun-Times. Encausado por diversos delitos que sumaban 100 años de cárcel, el magnate canadiense fue condenado el pasado mes de julio por cuatro de los 13 delitos que se le imputaban. En total, 35 años de cárcel y más de un millón de dólares de multa si la sentencia, que se espera sea publicada en noviembre, aplica las penas máximas.

En un artículo publicado en la revista Tatler el pasado mes de abril, Black denunciaba la existencia de una "nueva clase de abogados y expertos legales beligerantes" dotados del "poder de destruir". La posibilidad de encausar a empresas enteras y la figura del plea bargain, es decir, la reducción de la condena propia a cambio de acusar a otros, ha convertido las investigaciones sobre fraude empresarial en auténticas cazas de brujas, a menudo infundadas, y que no sólo desperdician dinero del contribuyente, sino que causan la pérdida de miles de puestos de trabajo y miles de millones en acciones sin que al final se haya probado más que una pequeña infracción fiscal que se podría haber resuelto con una multa.

Además de esto, Black señala que algunas partes de la conocida como Patriot Act, la legislación antiterrorista promulgada en 2001 y renovada en marzo de 2006, han sido usadas para confiscar su propiedad y eliminar algunos de sus derechos, como el de la acusación previa. El resultado de estas prácticas es la búsqueda por parte de algunas empresas "de medios de capitalización distintos a la bolsa o la huida a Londres". Un hecho del que poco antes de ser nombrado primer ministro se jactaba el entonces ministro de Finanzas británico, Gordon Brown, y ante el que el alcalde de Nueva York, el republicano Michael Bloomberg, mostraba su alarma hace unos meses.

Sin embargo, no parece que el asalto empresarial vaya a terminar en los EE.UU. Es más, a tenor del discurso de algunos candidatos presidenciales del Partido Demócrata, los empresarios parecen haberse convertido en el nuevo chivo expiatorio de todos los problemas económicos de ese país. Por otra parte, la elección de Andrew M. Cuomo, conocido por haber denunciado a más de 2.000 empresas por discriminación racial mientras ocupaba el puesto de secretario de Vivienda en el Gobierno de Bill Clinton, como fiscal general de Nueva York en noviembre de 2006 no augura nada bueno.

Por desgracia para los norteamericanos, su país se parece cada vez más a lo que Zygmunt Bauman denominara el "Estado jardín", una visión política que concibe la sociedad como un mero objeto de diseño, cultivo, y por supuesto erradicación de malas hierbas. En la situación actual, todo aquel que haya amasado una fortuna, o que como Conrad Black se atreva además a defender desde sus medios de comunicación conceptos como el Estado limitado o la economía de mercado, será objeto preferente de fumigación preventiva. Un triste sino para esa nación que en otros tiempos inspiró a tantos amantes de la libertad.

Capitalismo para todos

Escrito por Alfredo Coll en . Publicado en Análisis diario.

Muchos se preguntan en qué se distinguen los capitalistas modernos en España de las líneas generales del Partido Popular: somos un grupo de personas que sabemos lo que queremos y cómo buscarlo. Hace un tiempo, el Partido Socialista, siempre tan ilustrado, dijo que con ellos en el poder, las personas tienen prioridad. ¿Prioridad? Este ha sido uno de los gobiernos más liberticidas de la historia de España. En realidad, lo que quieren decir es que para ellos el Estado va primero, y eso siempre significa que nosotros, las personas, somos los de última prioridad y categoría. ¿En qué se caracteriza el PSOE y en menor medida el PP? Ambos creen en una vivienda municipal, apoyan vestigios de una industria nacionalizada, una policía politizada (caso Bono, por ejemplo), el poder judicial radicalizado, y la educación, en manos de tiranos ideológicos (educación contra la ciudadanía). Pero lo más grave de todo esto es que para ellos lo verdaderamente importante es tener a los ciudadanos neutralizados. Es decir, indefensos, anestesiados y sin recursos para defenderse. Y no hablo solamente de cargarse nuestro derecho legítimo a defendernos con armas sino de todo lo que implica el crecimiento de los tentáculos estatales.

¿Qué nos distingue, pues? Muchos nos acusan de sólo pensar en el dinero y en la eficiencia. Yo soy el primero en reconocer que la moralidad no es ni nunca debe ser monopolizada por un partido único. De hecho, eso es cosa de socialistas de todos los partidos. Pero lo que nos distingue muchas veces es la fundamentación de nuestras convicciones. ¿Por qué los capitalistas estamos radicalmente en contra de la inflación? ¿Solo porque suben los precios? No: porque destruye el valor de nuestros ahorros, y porque destroza puestos de trabajo y eso conlleva la aniquilación de las esperanzas de muchas personas. ¿Por qué debemos limitar el poder de los sindicatos en España? ¿Solo por aumentar y mejorar la productividad? No: porque los trabajadores deben tener opciones, si ellos quieren deben tener el derecho de no sufrir acoso sindical y elegir el futuro que quieran, tal y como queremos miles y miles de personas en este país sin el temor a que una banda de sindicatos totalitarios sacudan nuestras vidas. ¿Por qué defendemos los colegios y universidades privadas? ¿Ppara defender los privilegios elitistas? No: porque creemos en las personas y en la libertad de elegir el centro que ellos quieren para sus hijos. Lo que nos distingue es que queremos ampliar las oportunidades económicas para todos los ciudadanos y así incrementar la riqueza nacional. Si no somos libres para elegir, no somos ciudadanos libres y mucho menos la prioridad.

La vida en España es muy difícil para las personas en cuyos talentos depende el futuro de la nación: los emprendedores, los científicos, los ingenieros, los diseñadores, los inversores y los empresarios. Ellos son los únicos que tienen la capacidad para crear más empleos en el futuro.  El Partido Socialista no da prioridad a las personas…todo lo contrario, nos desemplea y nos tritura a base de impuestos. El PP y el PSOE insisten en que los problemas se resuelven con la intervención estatal. Pero los gobiernos no deben existir para dirigir los negocios. Todos sabemos cómo ha fracasado la intervención del Estado en cuestiones económicas y lo peor de todo es que no son ellos los que pagan estos errores: somos nosotros, los ciudadanos, los que pagamos la factura de esos fracasos mediante impuestos. Quizás para pagar sí que tenemos prioridad absoluta. Si hay algo grande por lo que se caracteriza el siglo XX es que muchísima más gente ha tenido acceso al voto. Ahora nuestra labor consiste, el gran reto para la España del siglo XXI es y será que mas personas tengan acceso directo a la propiedad, que sean dueños libres de su propio destino. Los intervencionistas, al no tener argumentos válidos contra nosotros, recurren a la táctica del insulto y de la acusación particular. Nos acusan de desinteresarnos por “el pueblo.” Sin embargo, son ellos los que frecuentemente apoyan las huelgas en el servicio sanitario cuando nuestras soluciones serían el remedio para las listas de espera; son ellos los que casi siempre apoyan las huelgas de profesores que indudablemente interrumpen la educación de los jóvenes; son ellos los que continuamente atacan la labor de la policía cuando lucha contra delincuentes violentos y violadores de la propiedad privada; y son ellos los que muestran un profundo rechazo para que sean los padres los que elijan la educación de sus hijos. Esos personajes, con un historial tan delictivo, no deben dar lecciones de empatía con el pueblo. Sin el Estado de Derecho, no puede haber libertad.

Ningún partido político habla de lo que verdaderamente interesa: queremos una España con más propietarios y empresarios jóvenes, con la dignidad e independencia que eso conlleva. Necesitamos propagar el espíritu de los emprendedores para paliar los efectos del paro. España y sobre todo los partidos políticos, necesitan librarse de esa actitud de “los nuestros y los suyos.” Pero lo primordial es tener un país que sea respetado por el mundo, que valore los grandes beneficios de una sociedad libre y que los defienda. Ese día llegará cuando los grandes vestigios que quedan del socialismo estatal en España desaparezcan para siempre.