Ir al contenido principal

Un triste papel para una triste nación

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los aspectos más desconocidos de la Segunda Guerra Mundial es el nulo –cuando no negativo– papel que Francia jugó en ella. A toro pasado, se nos antoja que Francia aguantó hasta el último suspiro el ataque nazi de la primavera de 1940, o que fue la "Resistencia" la que expulsó a los alemanes con mucha perseverancia y una estrategia guerrillera imbatible. Nada de eso.

La idea de que Francia pintó algo en la guerra del lado de los aliados es una simple fabulación que los políticos franceses –chovinistas hasta la náusea– se han encargado de perpetuar para no reconocer que su adorado país fue, al menos durante cuatro largos años, un firme aliado del eje. No tuvo voluntad de luchar contra el nazismo y, cuando se había consumado la humillación, pactó alegremente con él instaurando un infame protectorado nazi regentado por su general más prestigioso. Tan poco de fiar eran, que los ingleses hubieron de hundir parte de la flota francesa fondeada en Orán para que no cayese en manos alemanas.

Respecto a la célebre "Resistencia", fue tan minoritaria como compuesta casi en exclusiva por militantes comunistas, eso sí, sólo después de que Hitler desatara la Operación Barbarroja contra Rusia.

Esa es la verdad.

La campaña que terminó con la ocupación de Francia en mayo del 40 duró exactamente seis semanas. El ejército francés, lejos de ser como el polaco, era uno de los más grandes y mejor dotados del mundo. Hitler lo sabía. Cuando remilitarizó Renania, dio orden secreta de echarse para atrás si los franceses reaccionaban. La guerra estaba declarada desde septiembre del 39, pero los gobernantes de la III República no abrieron hostilidades en ningún punto de la línea fronteriza del Rin. Y eso a pesar de que el grueso de la Wehrmacht se encontraba ocupando Polonia.

Cuando ocurrió lo inevitable, la resistencia fue irrisoria. Los alemanes avanzaron rápidamente por Bélgica y Holanda, tras haberse encontrado el camino de las Ardenas completamente expedito para sus divisiones acorazadas. La población, en lugar de presentar batalla a los invasores, marchó precipitadamente hacia el sur en interminables caravanas que colapsaron las carreteras e hicieron aún más difícil la movilización de tropas. El desastre fue tan absoluto que Londres dio orden a sus soldados de embarcar de vuelta a casa. Francia no había querido defenderse.

Tras la derrota, se partió Francia en dos. Una parte ocupada por el ejército alemán, y otra formalmente independiente con capital en Vichy. El general Petain fue quien se hizo cargo de esta última sin poner pega alguna, más bien todo lo contrario. Aunque ahora incomode oírlo, Petain fue extremadamente popular, tanto que era aclamado cuando viajaba con su comitiva por los pueblos del mediodía. Sólo después de la derrota alemana se ajustaron cuentas con el "héroe de Verdún" y con los miembros de su Gobierno. Colaboracionistas les llamaban, cuando lo cierto es que, en eso, habían colaborado todos. Mención aparte merece el vergonzoso trato que los franceses brindaron a su comunidad judía, entregada casi intacta a los depredadores de las SS.

La llamada "Resistencia" no hizo acto de presencia hasta el verano del 41, es decir, hasta que Rusia fue atacada. Mientras Hitler y Stalin despiezaban Europa del este, Moscú indicó a los suyos en occidente que no incomodasen a Hitler, su aliado. Entre 1941 y 1944, año en que Francia fue liberada por el combinado angloamericano, la "Resistencia" se limitó a practicar un tipo de guerrilla bastante inocuo, tanto que, si Washington se hubiese desentendido de Europa continental, los alemanes quizá aún seguirían ahí.

Tras la liberación, muchos franceses se rasgaron las vestiduras como fariseos después de haber colaborado intensa y voluntariamente con el invasor nazi durante casi un lustro. Se desató una caza del colaboracionista y un astuto De Gaulle se apuntó al carro de los vencedores, como si los franceses hubiesen hecho algo, aparte de entregar el país a Hitler. Después vendría su lugar de honor entre los aliados y su inmerecido sillón en el Consejo de Seguridad de la ONU. El resto es propaganda y desfiles del 14 de julio.

Contra la armonización fiscal

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Desde hace algún tiempo, la OCDE, pretende conseguir que no haya competencia fiscal en el mundo para que así los impuestos sean aún más draconianos y no haya donde proteger el dinero de la rapacidad fiscal.

En la Unión Europea, este proyecto enerva las mentes de nuestros burócratas. De ahí que, ante la propuesta de armonización de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, encabezada por la Comisión Europea, el Instituto Juan de Mariana haya considerado oportuno sumarse a la petición del Instituto Lituano por el libre mercado junto con otras 22 Fundaciones liberales contra este proyecto intervencionista.

Para entender de lo que estamos hablando necesitamos entender someramente cómo se calcula el Impuesto sobre Sociedades. Resumiendo mucho, la base sobre la que se aplica el tipo impositivo es el beneficio de la empresa. Es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. Ahora bien, en la definición de qué gastos son deducibles contablemente y cuáles no fiscalmente, empieza el margen de actuación de un país como España. También por el lado de las deducciones en cuota o del reconocimiento fiscal de las pérdidas generadas en ejercicios precedentes, existe un amplio margen de maniobra.

Es evidente que, en la medida en que se aumentan las bonificaciones fiscales, aun sin apenas retocar el tipo impositivo, se puede reducir drásticamente la presión fiscal. Esto es, de alguna manera, lo que ha hecho España durante el gobierno del presidente Aznar y lo que ha permitido que nuestro país reduzca su brecha con el resto de Europa. Sin embargo, el ejemplo más plástico de que bajar los tipos es aún mejor medida, ha sido el de Irlanda. Como señaló José Carlos Rodríguez, en aquél país "el tipo del Impuesto de Sociedades se rebajó del 40 por ciento en 1996 al 24 por ciento en 2000" hasta "el 12,5 actual", lo cual ha hecho elevar de forma significativa su nivel de vida.

Ahora imaginemos por un momento qué pasaría si se impusiera una base imponible común en toda Europa. ¿Creen acaso que las deducciones seguirían siendo las mismas? ¿Y los porcentajes de amortización de los bienes?

Eso sí, según la batería argumentativa de los proponentes de la armonización fiscal, el objetivo no es aumentar los impuestos sino mejorar la competencia, el libre comercio, garantizar la correcta distribución de recursos y de ingresos fiscales para los Estados miembros y simplificar las obligaciones fiscales.

Desgraciadamente, la lógica contraría las buenas palabras de los eurócratas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los impuestos son fundamentales a la hora de invertir en un país o en otro. De ahí, que no se entienda muy bien cómo la propuesta estatista puede ser un acicate del libre comercio, máxime porque, como señala el LFMI, la competencia fiscal genera oportunidades de "producir productos y servicios más baratos".

Otro de los argumentos que se esgrimen, es el de que gracias a este proyecto se conseguirá reducir la carga administrativa que padecen las empresas. Sin embargo, de nuevo estamos ante un caso más de wishful thinking. Como se ha visto con el Impuesto sobre el Valor Añadido, aun siendo este un impuesto verdaderamente armonizado, coexisten tipos diferentes, distintos grados de implementación de la Sexta Directiva y, cómo no, derogaciones excepcionales según el país.

Al contrario que en el Impuesto sobre Sociedades, tiene más sentido armonizar un impuesto indirecto que grava operaciones multinacionales para así evitar la doble imposición. En cambio, en un impuesto que grava los beneficios de las empresas y no las sucesivas entregas de bienes y prestaciones de servicios en las cadenas de producción y distribución, resultaría del todo inoportuno.

Aunque podríamos extendernos para cubrir todas y cada una de las excelentes críticas con el que el LFMI desmonta uno a uno cada argumento de la Comisión, creemos que lo mejor es que se lean el manifiesto y el brillante estudio que lo acompaña. Especialmente, convendría que todo empresario al que le preocupe el futuro de su negocio lo analizara atentamente porque el progreso económico está en juego y con él, todo el esfuerzo que hasta ahora ha invertido.

Pensemos por un instante en que si no somos capaces de oponernos a una medida que se saldará con un coste fiscal mayor, entonces Europa tendrá que pensar que la prosperidad fue un sueño de una noche de verano.

Libertad de oportunidades

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Los liberales solemos afirmar que somos favorables a la igualdad de oportunidades pero no a la de resultados. En principio, contemplamos la primera como la creación de un conjunto de circunstancias homogéneas a partir de las cuales todo el mundo pueda prosperar; mientras que la segunda se correspondería con la instauración de un sistema socialista donde cada cual recibiera según sus necesidades aun cuando no hubiera aportado según sus capacidades. En realidad, la diferencia entre ambos tipos de igualdades es mucho menor de lo que parece y, por tanto, deberían merecer un rechazo similar.

Tengamos presente que la ideología del igualitarismo es una de las más perversas que han sido concebidas por el ser humano, ya que pretende reducirlo a un animal gregario cuya acción sólo es relevante y lícita en tanto sea igual a la del resto de los miembros. La finalidad y el modo de realización de la acción carecen de importancia para el igualitarismo: la bondad queda definida según su ajuste al patrón igualitario. No hay valores, ni moral, ni ética: sólo pretensión de simetría.

El liberalismo, por tanto, debería ser especialmente cuidadoso a la hora de apoyar igualitarismos con coletilla aparentemente atractiva; la igualdad de oportunidades "suena bien", pero no por ello debe ser aplaudida con efusión y utilizada como ariete contra la igualdad de resultados.

Una oportunidad es toda posibilidad de acción exitosa por parte del actor. Cuando una persona sabe cómo alcanzar un fin estamos ante una oportunidad. La oportunidad, de este modo, es una creación de la acción humana; depende de las percepciones, de los juicios y, sobre todo, de los fines del actor. A cada fin le corresponden diversas oportunidades potenciales en tanto sean creadas por el actor.

La igualdad de oportunidades yerra precisamente en este punto. No se pueden igualar las oportunidades de dos individuos porque tanto sus fines como su conocimiento acerca de cómo satisfacerlos son distintos. Igualar las oportunidades significa necesariamente igualar los fines y establecer un modo óptimo de satisfacerlos ex ante; en otras palabras, la igualdad de oportunidades requiere eliminar la libertad y establecer un sistema de planificación centralizada.

De hecho, si igualamos las oportunidades estamos indirectamente igualando los resultados. Cuando tenemos y conocemos las mismas posibilidades de acción exitosa hacia unos fines idénticos, el resultado sólo puede ser único para todos. Así mismo, en tanto los resultados fueran distintos para los diversos individuos, se generaría una distribución desigual de los medios creados "ex novo" que, en definitiva, crearía una desigualdad de oportunidades.

Tanto la igualdad de resultados como la de oportunidades, por consiguiente, requiere de una tabula rasa continuada que elimine al ser humano y su acción. El mundo debe ser planificado de acuerdo con los dictados igualitarios y no con los libres acuerdos de las partes.

Pero si rechazamos la igualdad de oportunidades, ¿qué nos queda? Pues volver a nuestros valores fundacionales: la libertad de oportunidades. Lo importante no es que todo el mundo tenga unas mismas oportunidades, sino que todo el mundo tenga la libertad de crear sus propias oportunidades; esto es, de descubrir los planes adecuados para satisfacer sus fines concretos.

De nuevo, frente al histerismo socialista que utiliza la igualdad para cercenar la libertad y el progreso, debemos recordar que las oportunidades no pueden igualarse salvo a través de la más intensa represión y siempre a costa de eliminar el bienestar de los individuos.

Ni igualdad de oportunidades ni igualdad de resultados: libertad de oportunidades.

Globalización y fiscalidad

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Cuanto más plana es la tierra más se empeñan los estatistas en reducirla a poblados herméticos. El enésimo coletazo del proteccionismo, el fiscal, resurge con nuevas medidas legislativas en pro del mantenimiento de los contribuyentes dentro del corral gubernamental y las organizaciones estatalistas (OCDE, UE… etc.) comandan las últimas ofensivas para configurar estas medidas.

El surgimiento de los llamados paraísos fiscales –centros financieros internacionales offshore (CFIO), que mueven el 60% del dinero en el mundo– respondieron a la necesidad de proteger los patrimonios ante posibles expropiaciones y elevados impuestos y han entablado una fuerte competencia por atraer inversores extranjeros. Además, las empresas (e incluso los gobiernos) han aprovechado esa actividad financiera carente de cargas fiscales que los bancos allí establecidos realizan para conseguir fondos y capital a reducidos costes. De este modo, se empezó a hacer frente a la fiscalidad o, como felizmente la definiera Jean Babtiste Colbert, a "el arte consistente en desplumar a la gallina de forma que se obtenga el mayor número de plumas con el menor cacareo posible".

Ante estos cacareos cada vez más potentes, los estados han tenido que modificar sus legislaciones para hacer más difícil el aprovechamiento de estos refugios. Así, el derecho positivo interno de los países atacó la huida hacia los paraísos eliminando las deducciones, exenciones, créditos fiscales y otros beneficios a entidades que operan en estos lugares. Paralelamente, las administraciones de los Estados han venido incrementando sus relaciones estableciendo los llamados Convenios de Doble Imposición para repartirse sus soberanías fiscales e intercambiar información de cara a evitar el fraude fiscal.

Tal ha sido el rearme administrativo que, en determinados aspectos, interesa a la propia Administración que las sociedades operen en los paraísos fiscales, porque de ese modo aprovechan las clausulas anti-abuso añadidas en sus legislaciones y les hacen tributar por lo que lo habrían hecho en el infierno fiscal al que pertenezcan.

Pero para ello les es de vital importancia contar con la herramienta imprescindible para todo buen tirano que se precie (y que es clave en fiscalidad): la información. De ahí que en 2001, los antaño "paraísos fiscales" pasaron a llamarse "jurisdicciones colaboradoras o no colaboradoras" según compartían con las administraciones más agresivas información fiscal. Y es que ya sabemos que para el poder, la información entendida como espionaje es vital para su supervivencia.

Por todo ello, es de resaltar que las medidas administrativas sean la respuesta a lo que emerge (así lo ilustra el subtítulo "An Emerging Global Issue" de un importante trabajo de la OCDE contra la competencia fiscal). La actuación gubernamental siempre es respuesta, va a la zaga, va en contra, de lo que surge del actuar de aquellos que comercian y se relacionan bajo el principio de la autonomía de la voluntad, contratos y soberanía individual. E igualmente curioso que el problema surja gracias a cambios tecnológicos y comerciales como Internet y los transportes, elementos que han hecho tanto bien a la humanidad y que tanto posibilitarán en el futuro. Sin embargo, no deja de ser normal si tenemos en cuenta que los que llevan adelante estas iniciativas todavía siguen los esquemas expoliadores de mayores ingresos públicos para sufragar mayores gastos públicos negando la conducta diaria de los que en busca del bienestar material siguen emigrando o trasladando su capital a jurisdicciones de menor extorsión.

Una excusa o falacia bastante utilizada y que pretende tocar la fibra sensible de los ciudadanos es que con mayores trasferencias de información entre administraciones podría combatirse en mayor medida la lacra del terrorismo. No obstante, mucho más fácil sería detectar estas actividades en un mundo en el que no le fuera preciso a la gente decente huir y ocultarse de los gobiernos como si fueran criminales.

Y es que, realmente, para aquellos que usan este tipo de países o, en un plano más abstracto y general, aquellos que compiten fiscalmente con los mastodontes occidentales ofreciendo menor tributación, verdaderamente significa un intento de escapar a sus garras. Una escapatoria que también se analiza con estudios empíricos que intentan justificar las políticas emprendidas y alertar de los efectos negativos de la competencia en impuestos pecando todos ellos, sin embargo, de un análisis estático y de conclusiones encerradas en sus escuetas teorías alejadas de la acción humana y muy próximas a la política.

Nos encontramos, en resumen, ante una colosal batalla entre la globalización y la fiscalidad. O cómo la creciente intensidad de las relaciones pacíficas intentan defenderse de las ansias confiscatorias de los estados.

El derecho a ignorar al Estado

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

En la segunda de sus obras, Social Statics, Herbert Spencer incluyó un brillante apartado, titulado El derecho a ignorar el Estado, como el primero de su tercera parte, dedicada a los derechos políticos. Sencillo, y brillante. Su camino parte del principio, que ha asentado en páginas anteriores, de que "todas las instituciones han de subordinarse a la ley de igual libertad", lo que establece el derecho a la ilegalidad voluntaria, ya que "si todo hombre es libre tiene el derecho de ejercer su voluntad, siempre que no infrinja la igual libertad de otro hombre, entonces es libre de abandonar su conexión con el Estado, de renunciar a su protección, y rechazar el pago para su sustento".

Es más, el Estado es inmoral, ya que "emplea la violencia para mantenerlo; y toda la violencia implica criminalidad". Una institución que, por su origen y por su conducta es tan imperfecta, no puede ser instrumento de la ley perfecta de la justicia. El Estado recurre a medios inmorales para cumplir sus fines, para ejercer el poder. Pero éste, entendido como el derecho a actuar dentro de la Ley Natural, procede de las personas, del pueblo. Spencer no discute aquí este principio, que da por sentado, pero, sigue diciendo que "lo que es cierto para la colectividad es igualmente cierto para cada cual separadamente". Lo que es falso, la falacia de la composición, solo que al revés. Spencer debería haber partido del individuo desde el comienzo, como ha hecho en razonamientos anteriores. Pero sigue: "Del mismo modo que el Gobierno puede actuar rectamente por el pueblo solo cuando le concede el poder, del mismo modo puede actuar rectamente para el individuo, solo cuando éste le concede el poder" de hacerlo.

Vuelve al análisis individual para decir que "si A, B y C debaten si emplear a un agente para que realice para ellos cierto servicio, y si los deseos de A y B coinciden en hacerlo, pero C disiente, C no puede ser hecho parte en el acuerdo a pesar de sí mismo. Y esto mismo ha de ser igualmente cierto para treinta como para tres: Y si por treinta, ¿porqué no tres cientos, o tres mil o tres millones?". Por otro lado, Spencer demuele la regla de la mayoría, que puede llegar a aprobar leyes manifiestamente contrarias a los derechos individuales, a la Ley Natural.

Parémonos por un instante. Hasta el momento, Spencer parte del principio de igual libertad para todos que, puesto que es valor negativo solo se asegurará la igualdad cuando su contrario, la coacción sea cero. Es más, el Estado solo puede mantenerse por medio de la violencia, de la coacción. Es su esencia y su historia. Y también ha asentado que el poder reside en origen en los individuos; que son los titulares de sus propios derechos, y en consecuencia a ellos pertenece la capacidad de gestionarlos.

Vayamos un poco más lejos. Uno: las "cuentas" de cada ciudadano con el Estado son puramente individuales, no dependen de terceros. Dos: en la cuenta privada con el Estado, uno solo llegará a un acuerdo si le compensa, es decir, como cualquier otro agente del mercado, de la sociedad libre. Tres: si el Estado actúa por medio de la violencia, de la coacción, será violando todo lo antedicho (el ser), pero si se mantienen los derechos de los individuos, su derecho a la igual libertad de todos (el deber ser), el Estado como tal desaparece y se diluye en una agencia más, en una empresa que solo sobrevivirá ganándose a pulso el favor de los ciudadanos, en competencia con cualquier otra. Esto último no lo dice Spencer, que en ocasiones pasa del ser al deber ser sin solución de continuidad.

Sigamos, porque lo que viene a continuación es de gran interés. Spencer considera que "la tendencia a repudiar al Gobierno se incrementará solo en la misma medida en que los Gobiernos se hacen menos necesarios". Es más, "es un error asumir que el Gobierno necesariamente durará por siempre (…) no es esencial, es incidental". Era 1851, claro. Otros tiempos. Y no contó con muchas consideraciones importantes que explican que los liberales debemos ser más bien pesimistas. Pero Spencer fijó en la última parte de este apartado de Social Statics una idea feraz.

El asfalto nos sale caro

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en El asfalto nos sale caro

Madrid es una de las regiones con la economía más dinámica y productiva de toda España. Generadora de empleo y riqueza, no es de extrañar que en las elecciones municipales y autonómicas sea la joya que desean todos los partidos, aunque sólo sea por el prestigio que supone. Sin embargo, Madrid tiene una desgracia, que tanto en la Comunidad Autónoma como en el Ayuntamiento de la capital gobierna el Partido Popular. Y esto no es una desgracia por sí mismo sino porque, a la vez, en el Gobierno de España lo hace el Partido Socialista Obrero Español, lo que genera no pocos conflictos de intereses en los que las carreteras y autovías son protagonistas indiscutibles.

A fecha de hoy existen cuatro infraestructuras donde la polémica está a la orden del día. La M-30, autovía de circunvalación de la capital cuyas obras de mejora acomete el Ayuntamiento de Madrid y que choca directamente con los intereses del Ministerio de Medio Ambiente que exige un Estudio de Impacto Medioambiental. El desdoblamiento de la M-501, también conocida como la "Carretera de los Pantanos", que conecta el este de la región con el centro y donde el mencionado Ministerio también pone sus trabas ante la posible existencia del lince ibérico. La R-1, autopista de peaje que pretende ser una alternativa a la N-1 en su entrada por el norte de Madrid. Y por último, el cierre de la M-50, otra de las carreteras de circunvalación de la capital. En estos dos casos existe un conflicto entre quién debe acometer las obras, si la Comunidad de Madrid que gestiona las carreteras que empiezan y terminan en su territorio y que pretende ejecutarlas lo más rápidamente posible o el Ministerio de Fomento que asegura que son de su competencia al ser de interés general y que no termina de darle prioridad.

Las razones de unos y otros tienen su lógica aunque no la compartamos. El argumento medioambiental es la más polémico y el favorito de los medios de comunicación. Las obras de la M-30, además de las molestias que suponen para el sufrido conductor, generan no pocos problemas de contaminación, ruidos, vertidos y todo tipo de esperpentos medioambientales. No es extraño que oposición, ecologistas, vecinos afectados y por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente hayan llevado el tema a Bruselas. El exceso presupuestario del alcalde más socialista de la derecha española no atraviesa los mejores momentos por mucho que mejore la circulación de la ciudad.

La aparición de excrementos de lince ibérico a unos centenares de metros de la M-501 generó una polémica inusitada en torno al desdoblamiento de la Carretera de los Pantanos. El excesivo número de accidentes en una carretera desbordada por el crecimiento de la Comunidad, la petición expresa de los alcaldes de la zona y de buena parte de los vecinos y las medidas medioambientales correctoras que se adoptarán en las obras no han sido suficientes para el Ministerio de Medio Ambiente que está más preocupado por la protección de una especie en peligro de extinción y una zona con un ecosistema especialmente atractivo.

El ciudadano tiende a tomar partido en virtud de sus simpatías políticas, como si de un equipo de fútbol estuviésemos hablando, sin entrar en el meollo del asunto, que toda esta polémica no nos sale barata. No me estoy refiriendo a los lógicos y seguramente disparatados presupuestos de todas estas obras más o menos faraónicas, más o menos necesarias; me estoy refiriendo a que el simple enfrentamiento entre administraciones gobernadas por diferentes partidos o el mismo pero con diferentes intereses, conlleva un gasto que sale del mismo sitio, del bolsillo del contribuyente. El trabajo de funcionarios, de peritos, de técnicos, las horas de trabajo, hasta el material de oficina usado para parar la iniciativa de una de las partes tiene su simétrico en la otra y ambas incrementan el coste de algo que ni siquiera sabemos si se va a construir. Todo ello, sin tener en cuenta lo que podríamos denominar como daños colaterales estatales.

La eficiencia no es precisamente una de las virtudes de las Administraciones Públicas, tienden a duplicarse, a triplicarse, a pisarse competencias y a luchar entre sí por el "bien" del administrado y con todo, son incapaces de ponerse de acuerdo en cuáles son sus competencias. Si ya tenemos bastante con aguantar una Administración, tres es un exceso inaceptable. Las luchas por el poder les salen gratis pues se hacen con dinero público, dinero que obtienen a golpe de decreto o de normativa fiscal. Eso sí, todo muy democrático que para eso hemos votado.

Liderazgo y toma de decisiones en Juan de Mariana (y 2)

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

El arte de dirigir en De rege et regis institutione es un modelo de recomendaciones perspicaces en torno a la selección de personal, la división del trabajo, la delegación, la creatividad y la naturaleza de la función directiva. Gobernar un equipo parece en múltiples ocasiones una tarea casi titánica, pero los consejos de Mariana quedan cerca de nuestro alcance.

El autor de la Escuela de Salamanca solicita máxima atención en la búsqueda de candidatos idóneos a un puesto de mando. No es cuestión baladí el reclutamiento de personas. Todo influye: rasgos físicos, biografía y proyección de valores íntimos hacia el futuro. Juan de Mariana adelanta lo que más tarde serán las comisiones seleccionadoras para cargos públicos al modo angloamericano:

Es preciso examinar la vida y costumbres de los que van propuestos como empleados antes que se les admita para compañía y servicio del príncipe… Está envuelto el carácter de cada cual debajo de muchos pliegues y como encubierto por un velo; la frente, los ojos, el semblante y más que todas las palabras se prestan mucho a la ficción y la mentira… Los que deben estar en compañía del príncipe son los que pueden llegar a ser esclarecidos capitanes e incorruptibles magistrados…

Yo no confiaría ningún cargo de gobierno a nadie que no fuese antes proclamado al pueblo, para que cada cual tuviese derecho de revelar sus faltas, como hacía en Roma Alejandro Severo.

La experiencia que la edad confiere es útil para los empleos graves; en otros puestos, ser neófito no es motivo de desdoro. Dicen algunos que son ineptos para los negocios hombres que, como los monjes, salen de improviso de las tinieblas a la luz del día –asegura- ¿Hay acaso algo en lo humano que esté completamente exento de vicio? No es partidario en sentido maximalista ni de la tecnocracia ni del amateurismo. Aparte de las cualidades intrínsecas de la división del trabajo, Mariana defiende un argumento sutil a favor de la misma: el reparto de tareas limita la disidencia; la acumulación es el anticipo de la rebelión:

Pues distribuyéndolos entre muchos, son también muchos los que aman al príncipe, obligados por los beneficios recibidos, y siendo muchos los que entiendan en las cosas públicas, ha de ser menor el deseo de innovarlo y reformarlo todo.

Somos lo que hacemos, no lo que dicen (o decimos) que somos o hacemos. Importa finalmente la obra bien hecha. Lo demás, moral aparte, son añadidos de breve virtud. El Padre Mariana ofrece en todas las ocasiones una magna lección de praxeología:

¿Nos metemos acaso en si son o no buenos ciudadanos los que nos calzan, los que nos construyen la casa donde vivimos, los que nos forjan las armas o los instrumentos de labranza? ¿No nos basta acaso saber que entienden bien de su oficio?

Resalta el jesuita cuestiones de mucho juicio acerca de la delegación. Delegar no es abdicar. Se delega el quehacer pero nunca la responsabilidad. Ante la delegación, que fomenta el desarrollo individual, los colaboradores honrados y atentos merecen una oportunidad. Quien delega tiene la obligación de enseñar al que ignora. El ejemplo episcopal es de inexcusable cumplimiento; el manager debe ser un experto al que los suyos puedan acudir:

La silla del obispo no lleva el nombre del trono ni de tribunal, sino de cátedra, y esto es, a no dudarlo, para que se acuerde de que su más principal deber es la enseñanza, y no ostentar el aparato del príncipe ni hacer las veces de juez, debiendo estar siempre convencido de que sería más útil para la república y aún para sí mismo que si algo hubiese de delegar a varones prudentes, fuesen todas las funciones anejas al cargo, menos las de enseñar e instruir a su rebaño…

La libertad de opinión propicia la creatividad, recurso imprescindible para el progreso en las organizaciones. Pocos han explicado como Mariana el verdadero significado profundo de la técnica de la tormenta de ideas o brainstorming:

¿No puede además el príncipe elegir sus consultores?…si se me da a elegir, prefiero un príncipe torpe que oiga, a otro agudo y perspicaz que no admita mas que sus propias convicciones…

Si cuando pide el príncipe consejo, olvidándose alguno de su posición y de la majestad que ante sí tiene, manifestase con demasiada libertad su parecer, creo que debe el príncipe dispensárselo, pues nadie debe ser castigado por su libertad en hablar, por más que haya emitido una opinión necia y ridícula. ¿Cómo no ha de faltar quien trate de persuadir si hay en querer persuadir peligro?

¡Que delicia leer a nuestro gran autor con ese estilo suyo tan visual, tan cinematográfico por momentos! Parece que estamos viendo in situ los pasos del príncipe inteligente que evita el tramposo dominio, tan omnipresente, de la presunta excelencia profesional que sirve de coartada para ejercitar la perversión en el trato a los demás. Del rey y de la institución real desenmascara a los culpables:

Las palabras "aborrézcanme, pero teman" son solo propias de un tirano. Raras veces puede un príncipe sobrellevar el odio de su pueblo; preséntese siempre humilde, así en el traje como en el continente, haga bien a todos, y si no a muchos, de a cuantos pidan, o cuando menos no les quite la esperanza de alcanzarlo; manifieste su buen deseo en concedérselo, haláguele con palabras blandas, procure que nadie se aparte de su vista triste y abatido, recuerde siempre que se hace pesadísimo ver unida a la supremacía del poder la dureza en el trato y la aspereza en las palabras.

Juan de Mariana conocía sobradamente las razones del alma humana. Quizá sus previsibles labores de confesor le ayudaron en gran medida a descubrirlas. Aquí aparece un gran retablo de la gloria y el error entre los hombres. El líder more aristotélico templa, compadece y vigila. No se vislumbran soluciones al contado ni sofistería banal sino manantiales de sabiduría para las horas de la vida.

Fronteras abiertas

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

En una sociedad no intervenida los bienes, el capital y las personas gozarían de una irrestricta libertad de movimientos fundada en la voluntariedad y el respeto a la propiedad. No habría fronteras más allá de los límites que los individuos quisieran establecer en sus dominios particulares. La inmigración no sería subsidiada ni penalizada, cada cual podría desplazarse a escala internacional del mismo modo que nos desplazamos hoy a escala nacional. Ningún Estado se arrogaría la potestad de emplear la fuerza contra individuos cuyo único delito ha sido cruzar una línea imaginaria trazada en un mapa en un intento de buscar una vida mejor.

Algunos autores liberales, no obstante, sostienen que en tanto exista el Estado del Bienestar debe abogarse por una política migratoria severamente restrictiva. Hoppe, por ejemplo, señala que el Estado debe actuar como un "gatekeeper" o vigilante que impida la entrada en el territorio a aquellos inmigrantes que no han sido expresamente invitados. La población prefiere residir en entornos culturalmente homogéneos, prosigue el argumento, y en un contexto en el que el Estado ha usurpado el poder decisorio a los individuos con respecto al acceso al territorio, abrir las fronteras equivale a permitir la invasión foránea y la integración forzosa. Hoppe ha llegado a defender en este sentido una política migratoria notoriamente más restrictiva que la que hoy se practica en Estados Unidos o Suiza. Una postura tal, sin embargo, implica que el Estado puede usar la fuerza contra individuos que no han agredido a nadie, individuos que han penetrado en una región sin atacar ninguna propiedad privada. ¿Cabe suscribir una conclusión de este tipo desde postulados liberales? En realidad, como apunta Reisman, todo lo que se requiere para que la presencia de un inmigrante sea legítima es que posea una propiedad en el territorio o que un nativo esté dispuesto a tenerlo como empleado, cliente o inquilino. El Estado no tiene aquí ninguna función a desempeñar, puesto que el inmigrante está siendo en efecto "invitado".

Kinsella ha expuesto el argumento de Hoppe de un modo más sofisticado, pero tampoco convence. Dice Kinsella que la propiedad pública (puertos, estaciones, aeropuertos, carreteras) pertenece en justicia a los contribuyentes en general, por lo que en tanto sea pública el Estado debe proceder como si fuera un administrador de la propiedad de los contribuyentes, fijando normas de uso de acuerdo con las preferencias de estos. Como la mayoría de los contribuyentes se oponen a la inmigración irrestricta, Kinsella sostiene que el Estado puede limitar el acceso de inmigrantes a las propiedades públicas, restringiendo así de facto la inmigración en el territorio. Pero hay varios problemas con esta tesis. Para empezar, la propiedad pública no pertenece a todos los contribuyentes sino sólo a los que han sido expropiados y a los contribuyentes netos (los que reciben del Estado menos de lo que aportan), luego en todo caso son sus preferencias las que deberían tenerse en cuenta. Por otro lado, ¿legitima una estimación de las preferencias de estos propietarios el uso de la fuerza? En segundo lugar, el uso que pudieran darle los contribuyentes como votantes no tiene por qué asemejarse al que le darían como propietarios de hecho. El propio Hoppe ha señalado que si los puertos, las estaciones, los aeropuertos y las carreteras fueran privados permitirían el acceso a cualquiera que pagara el precio, puesto que su negocio es precisamente el tráfico interregional, no la exclusión de inmigrantes. En tercer lugar, ¿por qué unas mismas normas uniformes para todas las propiedades públicas si sus propietarios tienen preferencias dispares con respecto a la inmigración? ¿Por qué no considerar qué parte de los recursos del país son propiedad de los contribuyentes pro-inmigración y que otra parte son propiedad de los contribuyentes anti-inmigración, y aplicar reglas de acceso distintas que permitan, de facto, la inmigración en el país? En cualquier caso, la tesis de Kinsella sólo autorizaría a restringir el acceso de inmigrantes a la propiedad pública, pero no el arresto y la deportación de inmigrantes que de algún modo han entrado en el territorio y se encuentran en propiedades que no son públicas sin agredir a nadie.

Hay quienes arguyen que abrir las fronteras mientras existan leyes anti-discriminatorias y masivas prestaciones sociales equivale a impulsar la integración forzosa y a desangrar a los contribuyentes, pero eso no es una razón para limitar la inmigración, sino para suprimir las prestaciones sociales y las leyes anti-discriminatorias. Una opción, defendida por autores como Huerta de Soto, es reivindicar la apertura de fronteras y al mismo tiempo la abolición de las prestaciones sociales para los inmigrantes, de un lado, y la denegación del "derecho a voto" hasta al cabo de unos años, de otro. De este modo la inmigración no se estaría incentivando artificialmente ni supondría un coste para los contribuyentes, y los recién llegados no serían utilizados con fines electorales ni podrían promover políticas de redistribución de la renta. ¿Es injusto este trato desigual? Sin duda lo ideal sería que las prestaciones sociales se abolieran para todos y que las decisiones las tomaran las personas y no los parlamentos, pero es más justa y deseable esta propuesta parcial que las barreras migratorias que tenemos hoy en día.

Sea como fuere no hay visos de que vaya a implementarse una política de este tipo. En Estados Unidos el senado se plantea reforzar la seguridad fronteriza, deportar a una parte de los inmigrantes ilegales y penalizar a aquellos que les asistan. Cientos de miles de inmigrantes han salido a la calle para reivindicar su permanencia en el país y un estatus legal. Muchos estadounidenses se quejan de que los inmigrantes dañan la economía porque reducen los sueldos de los nacionales, pero lo cierto es que los inmigrantes contribuyen a una mayor división del trabajo y eso repercute también en beneficio de los propios nacionales. Como indica Boudreaux, más individuos significa más creatividad, más capacidad para resolver problemas, más conocimiento, y a la postre, más prosperidad para toda la sociedad. Por otro lado, aunque la inmigración rebaje los sueldos de algunos nacionales por efecto de la competencia, ¿por qué tendría que privilegiarse a esos nacionales frente a los inmigrantes de países menos desarrollados?

Aparte de que eliminar el proteccionismo beneficiaría a los países pobres y eso desincentivaría la inmigración, un último punto a tener en cuenta es que restringir la libertad de movimientos supone dificultar el voto con los pies que hace que los países compitan entre sí para atraer inversiones y trabajadores, reduciendo así sus niveles de intervención. En la medida en que se apliquen políticas restrictivas menos individuos podrán emigrar de Estados relativamente más opresivos a Estados relativamente menos opresivos, y menos competencia entre estos Estados se experimentará.

Un individuo tiene derecho a decidir quién puede vivir, trabajar o comprar en su propiedad, pero no tiene derecho alguno a decidir quién puede vivir, trabajar o comprar en su país. Las barreras migratorias coartan la interacción voluntaria entre personas. Debe reclamarse su supresión junto con la de las prestaciones sociales y la denegación temporal del voto político, y en todo caso demandar que el Estado no inicie la fuerza contra los inmigrantes que han conseguido sortear sus alambres de espino e intentan prosperar entre nosotros.

La fuente de los Principios

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Mucho se ha escrito acerca de la importancia de los Principios de Economía Política de Carl Menger. Sin embargo, la mayor parte de los estudiosos colocan esta gran obra en un equivocado lugar de la historia del pensamiento económico. Las dos afirmaciones más repetidas consisten en que el fundador de la Escuela Austriaca de Economía provocó una verdadera revolución y que sus orígenes remotos habría que buscarlos en el mundo anglosajón. Sin embargo, es difícil determinar cuál de estos dos asertos encaja peor con la realidad histórica.

El coste entendido como coste de oportunidad, la relación entre precios y costes, la determinación del precio de los factores de producción, el subjetivismo, la definición de bienes económicos y la relación entre la unidades incrementales y la ley que explica el valor son algunas de las aportaciones originales que Menger habría hecho a la ciencia económica. Pero lo cierto es que no fue así. La adecuada definición del coste económico y su relación con los precios fueron desarrolladas varias décadas antes por Hermann, Ray, Roscher y Schultz. Hermann, por ejemplo, llegó a afirmar que “de la demanda y de lo que los demandantes están dispuestos a ofrecer por un bien vemos que cantidad de bienes están dispuestos a renunciar a cambio del deseado y esto determina cual puede ser el nivel superior del coste de la producción menos remunerada”. Tampoco el subjetivismo fue una aportación original de Menger. Autores como Hufeland lo desarrollaron y lo aplican a la economía desde comienzos del siglo XIX. Hildebrand hizo lo propio con la idea de marginalidad y, todos los autores citados, casi sin excepción, explicaron de manera previa y muy similar a Menger las características que tiene un bien económico.

No cabe duda de que Menger tomó prestada la mayoría de los conceptos que le caracterizan según la visión actual de la historia de las doctrinas económicas e incluso según los economistas y pensadores contemporáneos de la Escuela Austríaca. Su obra, sin embargo, no supuso una revolución radical como suele pensarse sino un paso más en una tradición en la que Menger se había empapado durante años. Sus aportaciones más importantes a esta línea de pensamiento son su inconfundible individualismo metodológico, por un lado, y por el otro su tratamiento de la interacción de los mercados analizando más de un precio simultáneamente en una estructura de producción intertemporal ligada a la clasificación vertical de órdenes de producción. A estas dos contribuciones habría quizá que añadir la integración de la idea subjetiva de tiempo y la de incertidumbre en el cuerpo teórico de la economía. Sin embargo, el subjetivismo económico era algo totalmente arraigado y desarrollado cuando Menger escribe sus Principios. La verdadera revolución de la época, como ha explicado Streissler, llegó de la mano de Schmoller.

Pero, ¿quiénes eran estos autores que precedieron a Menger en muchas de sus supuestas aportaciones? Actualmente se les conoce como a los miembros de la Gebrauchtwertschule. Y lo curioso es que Menger reconoce una y otra vez su enorme deuda con todos ellos. En el comienzo de los Principios, dedicados por cierto a Roscher, declara que “la reforma aquí intentada de los principios supremos de nuestra ciencia se fundamenta en un trabajo previo, llevado a cabo casi sin excepción gracias a la laboriosidad de investigadores alemanes.” Así pues está claro que los autores de esta escuela alemana son el precedente más directo de la Escuela Austriaca de Economía.

Si esto es así, ¿cómo es posible que Mises situara los orígenes de la Escuela en el mundo anglosajón? Este es uno de los errores más misterios e intrigantes que surgen de los escritos de Mises y de Schumpeter. Los cierto es que tanto uno como otro sabían (a través de Menger, Böhm-Bawerk y Wieser) de la importancia decisiva de la Gebrauchtwertschule en los Principios de Economía Política pero ambos decidieron ocultarla e incluso negarla. Sin embargo Mises ignoró a los autores alemanes y puso a los Smith y compañía en el lugar de predecesores de Menger. Y no cabe siquiera especular que Mises pensara que a su vez, esta escuela alemana estuvo influida de tal forma por la escuela escocesa que se pueda decir que la anglosajona es el origen de la austríaca y que no merecía la pena mencionar a los alemanes. De hecho, si por algo se caracterizaron estos autores alemanes fue por su fiero rechazo a la teoría anglosajona del valor y de ahí su nombre de Escuela del Valor de Uso. Por su parte Schumpeter llegó a afirmar que este grupo de autores alemanes no tienen otro valor que el de haber repetido lo que decía Adam Smith. De nuevo, nada más alejado de la realidad. Por poner un ejemplo, Oberndorfer concluyó una de las más demoledoras críticas a la teoría del valor en La Riqueza de las Naciones con estas palabras: “Y puesto que en sí mismo el trabajo no tiene valor, tampoco puede tener en sí mismo precio y, por lo tanto, tampoco puede ser medida de precios.”

Al otro lado de la interpretación histórica se sitúan los propios autores alemanes que recibieron la obra de Menger como un gran paso delante de su trabajo. Wilhem Roscher, el miembro más destacado de la Gebrauchtwertschule cuando se publican los Principios de Economía Política, considera a Menger como el gran continuador de la escuela alemana del valor de uso. Refiriéndose a “aquellos economistas que continúan en el camino de Hermann”, Roscher destaca al “austríaco C. Menger y su análisis conceptual altamente abstracto, siempre original y a menudo bastante fructífero, fundamentado habitualmente en un conocimiento exhaustivo de la historia del pensamiento”. Como ejemplo demostrativo de estas cualidades Roscher señala que Menger “examina primero la formación de los precios en el caso de un intercambio aislado, luego en el caso del intercambio monopolístico y tan sólo finalmente en el caso de la influencia de la competencia por ambos lados”.

No cabe duda de que los autores de la Gebrauchtwertschule, una escuela de pensamiento económico unida a través de su crítica a la concepción smithiana del valor, fueron la fuente inmediata de donde bebió Carl Menger para sus Principios. Donde sí surgen infinidad de interrogantes es en el motivo por el que Mises y Schumpeter decidieron desviar la atención sobre este hecho y trataron de colocar a la Escuela Austriaca en un lugar que no le corresponde.

La corrupción es la norma

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

Los escándalos de corrupción, que a menudo salpican las primeras páginas de los periódicos, tienen la virtud de hacer cada vez más difícil a los políticos y a sus medios de comunicación afines sostener la ficción de que se trata de asuntos excepcionales dentro de unas coordenadas de comportamiento generalmente correctas. Sin embargo, cuando el sistema se sostiene en cimientos ya podridos, lo raro no es que alguien maneje sus engranajes en beneficio propio, sino que haya alguien con capacidad decisoria que no lo haga.

El sistema de pensiones de la seguridad social es un fraude por sí mismo, más allá de que la implicación de alguna representante del petardeo televisivo en un caso puntual le otorgue a éste una relevancia especial. El método de reparto en el que se basa el procedimiento de asignación de pensiones, como es bien sabido, no difiere gran cosa de la conocida estafa piramidal, en virtud de la cual muchos pagan a unos pocos con la esperanza de llegar un día a la cúspide de la figura y empezar a recibir ingresos, aunque lo más normal es que a mitad del proceso todo el montaje se vaya abajo y la mayoría no se convierta nunca en perceptora neta. De hecho, la seguridad social pública ya hubiera implosionado en los estados del bienestar si no fuera por las ingentes inyecciones económicas de los distintos gobiernos.

El penúltimo escándalo, al que nos referíamos, tiene que ver con la supuesta concesión de pensiones de invalidez fraudulentas, algo que sólo puede ocurrir bajo el actual método de reparto, pues si se implantara el sistema de capitalización, de forma que cada individuo se hiciera responsable a través de depósitos mensuales de su pensión futura, nadie podría “robar” a otro su capital mediante partes de baja ficticios como ocurre actualmente.

La prohibición de construir viviendas u otros edificios sin la oportuna licencia expedida por el órgano político correspondiente, es también otro ejemplo de corrupción sí mismo. La maldad intrínseca de este sistema consiste en que no existe seguridad jurídica sobre qué o qué no se puede hacer en un determinado terreno hasta que un político municipal da su visto bueno. Los que piensan de buena fe que es la mejor manera de garantizar un crecimiento urbanístico adecuado, no deben luego escandalizarse de que ocurran escándalos como el de Marbella, pues todo el hormigón construido ha contado con todos los premisos urbanísticos, tanto municipales como de la Junta de Andalucía.

La mejor forma de luchar contra la corrupción no es crear “observatorios” ni fiscalías ad hoc, sino quitar a los políticos la capacidad decisoria sobre asuntos en los que se generan ingentes cantidades de dinero que pertenecen a todos los que pagamos impuestos.