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Ludwig von Mises y el Código del Buen Gobierno

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

El Código de Buen Gobierno auspiciado por la CNMV introduce la arbitrariedad gubernamental en las empresas que cotizan en Bolsa. Es posible que en muchos consejos de administración se cometan abusos contra los intereses de los accionistas, legítimos propietarios de ese tipo de sociedades; pero este Código, aunque voluntario, tiene un carácter intervencionista que puede incluso terminar neutralizando la propia función empresarial.

En el Código aparecen algunas medidas plausibles que quizá limiten la negra mano del riesgo moral, como son la divulgación de las retribuciones de los altos ejecutivos, la comunicación confidencial de irregularidades y la severidad en la responsabilidad civil de los administradores desleales. Otros aspectos son claramente inquietantes, a saber: la creación de un Foro Electrónico de Accionistas supervisado por el Estado, la recomendación de limitar la facultad de impugnar acuerdos por parte de los accionistas (art. 17 LSA), la muy delicada cuestión de la diversidad de género en los consejos y la ratificación por la Junta General –aunque no lo exija expresamente la ley– de la transformación de sociedades cotizadas en compañías "holding", probablemente con afán de entorpecer las facilidades fiscales que éstas llevan consigo.

En cualquier caso, la piedra de toque del Código es la cuestión de los denominados consejeros independientes, próxima carrera hacia el favoritismo estatal. Dice el Código que "los consejeros independientes será elegidos de entre personas de reconocido prestigio y acreditada independencia e integridad personal y profesional" y establece a continuación una serie de cautelas insuficientes que no soslayan el contenido gubernativo del proyecto. De hecho, salvo excepción, un pesado silencio, entre cómplice y resignado, domina en las sociedades del IBEX-35 acerca de este asunto. ¿Quién definirá los grados de independencia de los consejeros electos? Puesto que el Código deja a la responsabilidad de la sociedad cotizada seguir o no sus recomendaciones, pero le exige que, cuando no las cumpla, explique el motivo… ¿no pretenderán las empresas ganar la protección oficial pactando los consejeros independientes, con el fin de evitar la delación pública? ¿Será el propio Estado, junto a sus aledaños, el principal oferente en este nuevo mercado de candidatos idóneos?

Referente a la intervención administrativa en la elección del personal burocrático de las empresas privadas, Ludwig von Mises dice en Burocracy (1944) lo siguiente:

"Toda injerencia del Estado en la actividad de la empresa privada produce desastrosas consecuencias…Con la creciente intervención del Estado en los negocios se hizo necesario nombrar directivos cuya principal tarea consistía en remover las dificultades que podían poner los poderes públicos…ninguna compañía podía permitirse el lujo de tener al frente a un hombre mal visto por la administración, por los sindicatos obreros y por los grandes partidos políticos. Se consideraba a los antiguos funcionarios, directores generales y consejeros de los diversos ministerios como los más cualificados para desempeñar las funciones directivas dentro de la empresa.

Tales directivos no se cuidaban en manera alguna de la prosperidad de la compañía. Estaban habituados a la organización burocrática y modificaban en consecuencia la marcha de los negocios de la empresa.¿Para qué tomarse el trabajo de producir mejor y más barato, si se puede contar con el apoyo del Estado?”

En la citada obra, Mises explica que la diferencia esencial del Estado con respecto a las empresas es la inexistencia del cálculo económico en las actividades públicas. Por ese motivo, Mises incluso rechaza la aplicación de técnicas empresariales en la Administración, ya que no servirán para nada. Las razones del autor son clarividentes: no puede solicitarse al Estado aquello que por su naturaleza no puede dar. Los negocios vigilados por el Código se aproximarán a la motivación estatal. ¿Para qué seguir insistiendo en la perspicacia y el vigor en los negocios, si los consejeros fieles al canon pueden lograr la comprensión gubernamental, en detrimento de otras sociedades indóciles o no cotizadas? Es la hora mejor de los ventajistas. El Código del Buen Gobierno trae pocas cosas buenas. El profesor vienés lo anticipó. La empresarialidad comenzará a menguar.

La unidad de España reconsiderada

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Sala-i-Martín es reprendido con frecuencia desde círculos liberales por sostener opiniones que a mi entender no son menos nacionalistas que las de Jiménez Losantos. Es posible que “auto-determinación” no signifique para Sala-i-Martín lo mismo que para Mises: “El derecho de auto-determinación del cual hablamos no es el derecho de auto-determinación de las naciones, sino más bien el derecho de auto-determinación de los habitantes de cualquier territorio lo suficientemente grande como para formar una unidad administrativa independiente”. Pero tampoco Losantos se adhiere a esta concepción individualista al referirse a la nación española y a su indivisibilidad prescindiendo de que hay quien no se siente ni quiere formar parte de ella. Las razones que alegan unos para emanciparse de España son del mismo género que los que emplean otros para reivindicar su unidad, pues ambos apelan en mayor o menor medida al concepto de nación y los que son sus atributos: cultura, historia y tradiciones comunes. En realidad no tiene nada de reprochable sentirse parte de una comunidad por motivos culturales en tanto sepa distinguirse la sociedad del Estado y no se imponga a nadie el concepto que uno tiene de nación y lo que ello implica. Pero si bien ERC no está dispuesto a practicar este nacionalismo liberal incluyendo en su proyecto secesionista a aquellos catalanes que quieren seguir siendo españoles, no cabe ignorar que el PP también está dispuesto a incluir en su proyecto unitario a todos los que no desean seguir siendo españoles. En este sentido la indivisibilidad de España o su resquebrajamiento no tienen, per se, nada de liberal, y este matiz se echa en falta en algunos discursos.

Los proponentes liberales de la unidad de España arguyen generalmente que, aun cuando la secesión no es rechazable en sí misma, la unidad de España sí tiene una justificación circunstancial. La secesión puede ser una iniciativa deseable en determinados contextos, pero no en el caso español. Los valedores de la secesión en España son nacionalistas liberticidas y, prosigue el argumento, es mejor estar subordinados a un gobierno central comedido que ser independientes y sufrir el despotismo nacionalista. Pero no me parece en absoluto auto-evidente que una España rota vaya a ser más roja de lo que es ahora. Para empezar, y siguiendo con el ejemplo de Cataluña, ¿por qué un catalán tendría que preferir una España unida gobernada por ZP antes que una Cataluña independiente gobernada por Convergència i Unió?

Hay una cuestión fundamental que demasiado a menudo se pasa por alto, y es que en igualdad de circunstancias una unidad política pequeña tiende a ser más receptiva a la libertad que una unidad política extensa. En primer lugar, cuanto más pequeña es una unidad política menos atractivo les resulta el proteccionismo a sus integrantes, pues comercian básicamente con el exterior. En segundo lugar, cuanto más pequeñas son las unidades políticas, y en consecuencia más numerosas, más oportunidades hay de votar con los pies y más se favorece la competencia fiscal entre administraciones, al afanarse éstas por reducir sus impuestos para evitar la deslocalización y atraer capitales. En tercer lugar, cuanto más pequeña es una unidad política más cerca está el gobierno de los gobernados, más visible es el resultado de sus políticas y más conscientes son los ciudadanos del coste de oportunidad que acarrean. La ventaja de estas tendencias es que se producen sin necesidad de que haya que elegirlas en las urnas, pues son independientes del color político de los gobernantes. Volviendo al caso de Cataluña, aun cuando se considere que el gobierno medio de una hipotética Cataluña independiente se escoraría ligeramente más hacia el intervencionismo que el gobierno medio de una España unitaria, los beneficios de conformar una unidad política menor podrían exceder los costes de tener una élite política más socialista. Para que el saldo fuera negativo la élite política o los votantes catalanes tendrían que ser notoriamente más socialistas que la élite política o los votantes españoles, y no está claro que la diferencia sea tan abrupta. De hecho CiU ocupa en Cataluña parte del segmento del centro-derecha que en el resto de España ocupa el PP.

Por otro lado, concedamos por un instante que los votantes catalanes son notoriamente más socialistas que los votantes del resto de España. Eso podría ser en todo caso una razón para oponerse a la secesión desde el punto de vista de los catalanes, pero no desde el punto de vista del resto de los españoles, que se beneficiarían de la ausencia de esos electores catalanes que pujan por gobiernos centrales más intervencionistas.

Imaginemos ahora que España se rompe por entero y cada comunidad autónoma deviene una unidad política independiente. Habría regiones con gobiernos más socialistas que el que habría de media en una España unitaria, pero también habría gobiernos menos intervencionistas. A ese respecto unos perderían y otros ganarían, pero en conjunto todos se beneficiarían del hecho de ser unidades políticas más pequeñas.

Más allá de los ribetes liberticidas de los nacionalismos periféricos es razonable pensar que el liberalismo tendría mejores perspectivas en un mundo de miles de pequeñas unidades políticas que las que tiene en un mundo de apenas dos centenares de super-Estados camino de fundirse en conglomerados políticos aún mayores. Luego quizás sea necesario preguntarse si la causa de la unidad de España merece en realidad la dedicación y el ímpetu de tantos liberales.

Felicidad y liberalismo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Muchas de las críticas que se lanzan contra el liberalismo son debidas a las explicaciones materialistas de éste. Aunque hacer un examen económico de la economía parece lógico y evidente, para los izquierdistas y conservadores es en muchos casos aberrante. Uno de los grandes problemas que siempre ha tenido la economía, al igual que muchas otras ciencias sociales, es que siempre han salido grupos dispuestos a hacer enfoques parciales del funcionamiento de la acción humana para presentar sus modelos sociales como ciencia.

Una de los casos más conocidos fue el marxismo que, apoyándose en una amalgama de teorías filosóficas y económicas, creó un modelo social teórico basado, no en la ciencia, sino en una panacea: la felicidad de todos. De lo que los marxistas de ayer y hoy no se dan cuenta, y jamás verán, es que la felicidad es un estado personal y no comunitario. Se pueden distribuir los bienes materiales, pero no la felicidad.

El peligro de confundir ciencia con esperanza y fe es que si nos lo llegamos a creer padeceremos la peor de las injusticias. Sin darnos cuenta iremos trabajando para algo etéreo como el bien común, el igualitarismo… sin llegar jamás a la meta. Conseguir los fines de los ideales holistas no es imposible por la naturaleza del hombre sino porque vivimos en un mundo material que no tiene la misma estructura que la mente de un idealista. El socialismo precisamente no se basa en la realidad, sino en la esperanza y en unas ideas totalmente ajenas a la acción humana. El socialismo es igual que la religión, un dogma de fe.

Toda ideología basada contra el individualismo (ecologismo, fundamentalismo religioso, estatismo…) se cimienta en destruir al hombre para crear otro de nuevo y “mejor”, pero ese es un gran error, porque aún de conseguirlo no habremos cambiado nada, la ciencia económica nos seguirá diciendo que los bienes son escasos y que su mejor asignación es mediante la división del trabajo, los medios de producción privados y la libertad individual. Cualquier sistema que intente distorsionar este funcionamiento sólo tenderá a crear injusticias de unos a expensas de otros y sistemas basados en la fe de las elites capaces de usar su elevada visión y demagogia para beneficiarse a ellos mismos.

El liberalismo y la economía política (término mucho más acertado que economía a secas) son el estudio de la asignación de recursos materiales ya sean bienes, servicios o dinero; no trata de maximizar el amor, la caridad, igualitarismo… porque éstos son valores morales de cada uno que nadie tiene derecho a imponer a los demás. La conclusión del liberalismo es que el hombre ha de ser lo más libre posible para poder desarrollar su independencia, y a la vez, la prosperidad de cada hombre dará como resultado la prosperidad del resto con los que coopera. Prosperidad potencial no significa felicidad, se puede ser potencialmente muy próspero y ser un auténtico desgraciado. Son conceptos que están en planos diferentes.

El liberalismo no promete felicidad ni panaceas, sólo los niños creen que las cosas son regaladas, no cuestan esfuerzo conseguirlas, o que la imposición es el mejor camino a una sociedad mejor. Si creamos una comunidad basada en ideas de niños nunca maduraremos social ni económicamente, sólo habremos creado una gran farsa.

Equidad planificada

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

El principal recelo ante la libertad económica suele basarse en el desamparo de los menos favorecidos. Suele pensarse que si uno tiene libertad para no dar limosna, entonces habrá muchos que no alcanzarán por sí mismos un nivel de bienestar aceptable. De ahí, concluyen que una mínima (o no tan mínima) redistribución es inevitable para que la sociedad sea justa. Este razonamiento plantea diversos problemas:

Derechos que precisan víctimas. Como dice de Frédéric Bastiat en La Ley, "mire a ver si la ley beneficia a un ciudadano a costas de otro, haciendo lo que el mismo ciudadano no puede hacer sin cometer un crimen". Esto es crucial. Si yo reclamo mi derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, usted para respetarlos simplemente habrá de abstenerse de matarme, esclavizarme o robarme; no tiene porque dedicarme un solo segundo de su tiempo. Pero si reclamo mi derecho a la igualdad económica, como tenga usted más riqueza que yo, tendrá que renunciar a ella por la fuerza. Usted ya no es el propietario de los frutos de su trabajo sino sólo de los que sobren después de la repartición.

La hipoteca sobre la virtud. Cuanto más capaz sea usted de crear riqueza, tanto más tendrá que dar. Cuanto más incapaz, más recibirá. ¿Trabajará usted al máximo rendimiento? ¿Podrá alguien honestamente sorprenderse de que una sociedad que grava la riqueza y subvenciona la pobreza acabe sin la primera y se hunda en la segunda? A esto, los economistas suelen llamarlo el riesgo moral: el peligro cierto de que dando ayudas por situaciones lamentables, se acaba estimulándolas. Después vendrán los defensores de esa política acusándonos de sabotear su santurrona sociedad progresista.

La sociedad dividida. Es precisamente cuando una sociedad adopta este principio redistributivo que aparece en un seno una nueva división. Lejos de volverse más igualitaria, esa sociedad queda fracturada. No ya entre los receptores netos y los contribuyentes netos de fondos. La división crucial es otra: la de los que deciden quién da qué a quién y los que sólo pueden acatar la decisión arbitraria. Porque, si lo que queremos realmente es igualdad, ¿no deberíamos ser iguales en lo más importante? Y en este caso, lo importante es la decisión de quién da qué a quién. Ah, pero esa decisión no puede distribuirse igualitariamente, en último término una voluntad ha de prevalecer. Y, curiosamente, no es la voluntad del que ha sabido crear esa riqueza.

Burocracia y corrupción. A medida que esta división va estableciéndose, emerge una clase social compuesta por los gestores de este sistema redistributivo. Una clase que no crea nada, simplemente redistribuye. Decía Perry Mason que al investigar un crimen hay que tener tres elementos: motivo, oportunidad y coartada; casi se diría que estaba pensando en este caso.

El agujero negro. Obsérvese, por lo tanto, que sobre la capacidad de crear riqueza aparecen ahora dos cargas: la transferencia a los beneficiarios del esquema redistributivo y los gastos de gestión de este esquema. Por lo comentado en el apartado sobre el riesgo moral debería ser evidente que la primera carga tiene una tendencia natural muy clara a aumentar. Este motivo ya de por sí, incrementa a su vez la segunda carga. Pero es que esta segunda carga, la burocracia, tiene como bien explica la Escuela de la Elección Pública, una tendencia propia a buscar fondos, es decir, a aumentar sus gastos para crecer. De ahí, que cuando se pone en marcha un programa de redistribución la tendencia es siempre a que aumente el gasto por encima de su capacidad de financiación. Es decir, es un sistema inestable y autodestructivo.

Cierto profesor de economía explica que tenía la costumbre de preguntar a sus alumnos, a principio de curso, sus preferencias sobre una sociedad con o sin redistribución. Al comprobar, año tras año, que sus alumnos se decantaban arrolladoramente por la primera, les proponía que a final de año sumar todas las notas y dividirlas entre el número de alumnos para alcanzar así un grupo verdaderamente igualitario: todos obtendrían la nota media del grupo. Año tras año, los igualitarios alumnos, bueno, preferían hacer una excepción a sus nobles principios socialistas; que están muy bien para cargárselos a los demás pero para sí mismos preferían una sociedad individualista. Ya lo decía el sabio Hillel: no desees para los demás lo que te resulta odioso para ti. O dicho de otro modo, si crees tan poco en este principio que no lo aplicas por propia iniciativa a tu vida, ¿cómo vas a imponérselo a los demás?

Lo más plus: un IVA reducido

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

La reciente reducción del tipo de IVA aplicable al “suministro y recepción de servicios de radiodifusión y televisión digital” del 16 al 7% en la Ley de Presupuestos ha pasado un tanto desapercibida. Máxime, cuando el PSOE había prometido no utilizar esta Ley para introducir reformas fiscales y, sin embargo, ha acabado por incumplir su promesa. Probablemente la urgencia de pagar los favores prestados ha pesado más que la palabra dada.

Conforme a esta reforma de la Ley de IVA la reducción impositiva no afectará a la “explotación de infraestructuras de transmisión y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas necesarias a tal fin”. Dicho en román paladino, el tipo aplicable a los equipos para la recepción de la televisión digital terrestre seguirá siendo del 16% mientras que a las cuotas de Digital Plus se les adicionará un impuesto de sólo el 7%. Sin duda, el mayor beneficiario será Sogecable, si bien el negocio televisivo de Telefónica recibirá cierto impulso.

Bajar los tipos de IVA no es algo que esté permitido a la ligera. De hecho, conforme a la normativa comunitaria, se precisan los bienes y servicios a los que los Estados miembros de la Unión Europea pueden aplicar los tipos reducidos. Entre estos, se halla la “recepción de servicios de radiodifusión y televisión”. Por tanto, el regalo al Sr. Polanco si es legal. Ahora bien, ¿resultaba necesario?

Como el concepto es claramente indeterminado y difuso, incidiremos en la reducción de la recaudación que implicará. El IVA que ingrese Hacienda con ocasión de los servicios sujetos a partir de 1 de Enero de 2006 al 7% será inferior. Al ser un impuesto indirecto, el IVA recae sobre el consumidor final. Por ello, no incide sobre los empresarios ya que estos repercuten IVA sobre sus ventas y deducen el impuesto sobre sus compras. Es decir, que pagan por la diferencia entre el IVA soportado y el repercutido.

Como consecuencia de la minoración del tipo impositivo, Sogecable ingresará menos IVA al Erario Público. Suponiendo que Digital Plus tenga una facturación notable, la recaudación se reducirá considerablemente. Esto es, con ocasión de la reforma de IVA, el Estado, verdadero garante del bien común, como les gusta decir a los socialistas de todos los partidos, verá mermados sus recursos, aunque sea ligeramente y tendrá que incrementarlos de alguna otra forma.

Si existen muchas formas de redistribuir la riqueza, esta medida que comentamos es una de las más partidistas. Como suele suceder con el reparto del dinero, el que mejor se organiza o más patalea es el que recibe más réditos. Está claro que Sogecable se ha ganado, gracias a su buen hacer periodístico y radiofónico, un lugar destacado entre los grupos de presión afectos al nuevo régimen. Por eso, le han regalado un tipo del 7% y han legalizado por la puerta grande su adquisición de Antena 3 radio.

Esta bajada del IVA a Digital Plus, recuerda al fallido intento de la Ministra de Incultura, de reducir los tipos aplicables a los libros y a la música. En aquella ocasión, no fue posible retribuir al mundo de la cultura como se merecían porque no se puede bajar el IVA unilateralmente al ser éste un impuesto armonizado. Además, los libros ya disfrutan actualmente de un tipo excepcional del 4% por lo que las palabras de la Calvo fueron un brindis al sol. Para corregir semejante error, los Presupuestos del Estado premiaron a los intelectuales del régimen como se merecían, con mucho dinero. Este el tipo de solidaridad de verdad de la que nos suele hablar la izquierda. En ambos casos, parece patente que el objetivo de modificar el IVA ha sido remunerar a quienes más han hecho porque ZP llegara a Moncloa.

Después de lo dicho, uno sólo puede pensar en que hay grupos que tienen el enchufe hasta en el nombre. Para ellos, las reglas se adecuan según sus necesidades. Con el IVA ha sido así.

Ley de dependencia del estado

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La ley de dependencia del estado merece ese nombre. No porque sea un ley de ámbito estatal referida a las personas dependientes, sino porque es una ley que consagra y sistematiza la dependencia del estado. El aparato estatal, formado por políticos, funcionarios y subvencionados, sobrevive a costa de expoliar sistemáticamente a los ciudadanos productivos. Una estrategia estatal de supervivencia implica generar múltiples intereses que favorezcan su existencia: las muchas personas que reciben del estado más que lo que contribuyen (que a menudo es nada) tienden a preferir que el sistema gubernamental se mantenga o se expanda. Jubilados con pensiones públicas, sindicalistas, funcionarios o empleados públicos (profesionales de la educación, de la sanidad, de diversos servicios colectivos), receptores de subsidios varios: a todos les interesa de forma egoísta que las cosas sigan como están, y si es posible que se colectivice todo aun más. Los pobres envidian a los ricos y votan felices y convencidos para que se les confisque su riqueza y se reparta el botín: todo en nombre de un tan presunto como inexistente contrato social.

Como lo normal es que los seres humanos no se dejen robar pasivamente, los intelectuales cortesanos están permanentemente a la busca de excusas para intentar justificar la coacción institucional: el estado sólo quiere hacer el bien, ayudar a los necesitados, perseguir a los insolidarios que no aceptan cargar con su parte de responsabilidad colectiva. ¿Cómo negar ayuda a los más necesitados, a quienes por enfermedad, accidente o envejecimiento no pueden ya valerse por sí mismos y necesitan ayuda ajena? Los políticos sabios y bondadosos van a crear un sistema nacional de dependencia que creará muchos puestos de trabajo y estimulará la economía, compensará a los familiares que se ocupan de sus seres queridos más débiles, y resolverá todos los problemas imaginables.

Tras esta imagen de bondad se esconde la pulsión del poder, el deseo del dominio o control sobre otras personas, todo intencionalmente confundido mediante múltiples falacias comúnmente aceptadas. Si los más necesitados tienen algún derecho especial frente a otras personas, estos derechos no pueden ser derechos humanos, es decir derechos que se tienen por ser humano y sólo por ser humano (y no por estar enfermo o ser pobre). La necesidad no genera ningún derecho especial, y los que los políticos afirman reconocer se obtienen de forma ilegítima a costa de violar el derecho natural básico de propiedad. La justicia no tiene nada que ver con la redistribución de riqueza.

Los más ancianos podrían haber ahorrado para su vejez, o confiar en la ayuda de sus hijos (si no los tienen sus ahorros serán mayores). Los accidentados y enfermos podrían haber suscrito algún tipo de seguro que les garantizara una ayuda en caso de fatalidad. Pedir ayuda es muy diferente de exigirla. Confiar en los sentimientos de afecto y solidaridad de los otros es muy diferente de reclamar por la fuerza derechos inexistentes frente a completos extraños. El estado destruye los lazos espontáneos de la familia y la sociedad y pretende sustituirlos por trámites burocráticos impersonales. Crea empleos ineficientes a costa de destruir los auténticamente productivos. Y afirma estar resolviendo los problemas que previamente ha causado y sistemáticamente agrava.

¿A usted le preocupan los dependientes necesitados? ¿A qué espera para demostrarlo ayudándoles? Lo que hagan los otros es cosa de ellos, ¿o es que es usted de esos resentidos que no hacen nada más que quejarse de lo poco solidarios que son los demás? ¿Pretende usted convencerles u obligarles a ayudar? Si usted cree que es una persona pacífica y tolerante, ¿por qué se acerca a mí armado para que participe en un sistema de solidaridad que yo sé que no es adecuado? Claro que usted no viene directamente, prefiere reclamar a sus representantes políticos para que me envíen a sus fuerzas de inseguridad. Que mira por dónde también son dependientes del estado.

Capitalismo bélico

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Si los Estados Unidos no hubiesen dispuesto a tiempo de la bomba atómica, ¿habrían ganado la guerra? Indudablemente. Les hubiese llevado algo más de tiempo y miles de vidas, pero la victoria era incuestionable. En 1945 la superioridad de los norteamericanos era absoluta en todos los terrenos; en el militar, en el tecnológico y en el económico. Lo primero parece obvio, lo segundo no tanto.

En torno a la guerra mundial existe un mito muy arraigado y que se perpetúa con cada historiador que acomete el estudio de la contienda: el del triunfo de la industria socializada de la guerra. Stalin, años después de acabada la guerra, aseguró ufano que los nazis habían perdido porque Hitler no entendió que las guerras modernas se ganaban en las fábricas de armamento.

En parte tenía razón, y en parte no. La industria bélica nazi no estuvo a pleno rendimiento hasta 1943, año en que la suerte cambió para los alemanes. De hecho, en enero de ese año la derrota del VI Ejército en Stalingrado sentenció el curso de la guerra. Demasiados soldados, demasiada dependencia en la guerra relámpago y ninguna preparación para sostener las líneas. Esa fue la causa del derrumbe del frente oriental.

Mientras 13 millones de personas estaban destinadas a las Fuerzas Armadas (el mayor ejército en combate de la Historia) las fábricas no alcanzaban los mínimos de producción necesarios para sostener el esfuerzo bélico. Los planes trazados en Berlín por Goering no dieron nunca los resultados apetecidos. Al otro lado, en la Unión Soviética, sucedió algo parecido pero aliviado por la acuciante necesidad de la autodefensa.

En el apogeo de la campaña del este, las fábricas rusas llegaron a producir 14.000 tanques al año, pero necesitaban del aporte continuo de tecnología y componentes fabricados en el Reino Unido y EEUU. Sin ellos, la URSS nunca hubiera podido repeler la ofensiva nazi del modo que lo hizo.

La clave de la victoria aliada estuvo en el dinamismo de la industria bélica norteamericana, gestionada bajo principios capitalistas. En 1943, la producción de armamento equivalía a la de Alemania, Italia y Japón juntas, al año siguiente la doblaba. Las contratas privadas del Ejército trabajaban sin descanso produciendo más armas, a menor coste y mucho más rápido que sus oponentes. Se llegaron a armar fragatas completas en sólo 27 días, cuando lo normal eran 196. La Fuerza Aérea pudo contar con muchos más aviones de lo que nunca hubiese soñado. Durante los años centrales de la guerra, las fábricas aeronáuticas entregaban al Estado 133 aviones al día, y los astilleros un barco cada 10 horas. Lo que llegó a faltar en muchos casos fue personal entrenado para pilotar las aeronaves y tripulaciones para los buques de la Armada. Justo al contrario de lo que sucedía a orillas del Volga, donde el comunismo bélico no era capaz ni de suministrar un fusil a cada combatiente. Lo suplieron con heroísmo sí, y con mucha e innecesaria sangre.

Durante todo este tiempo, los salarios reales de la industria bélica aumentaron y las condiciones laborales de sus trabajadores eran las mismas que las del resto de sus compatriotas. Nada que ver con los destajos estajonovistas de la industria soviética. Hasta en eso el capitalismo se demostró superior.

Esta, y no la bomba atómica como se ha repetido hasta la saciedad en los últimos 60 años, fue la verdadera ventaja de los Estados Unidos en la guerra. Cuatro décadas después, en plena guerra fría, el capitalismo bélico volvió a imponerse cuando los jerarcas soviéticos reconocieron que no podían seguir el ritmo que les marcaban los americanos. Y no porque fuesen tontos sino porque habían elegido el sistema erróneo para competir con su adversario. Sería el principio del fin para la tiranía soviética. Sin disparar un solo tiro.

Ideas básicas sobre la libertad de armas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Las armas no son más que un medio, un instrumento en manos del hombre. Como cualquier otra herramienta, no tiene la capacidad de imponerse al hombre, que es quien la ha creado y quien la utiliza. Las armas por sí solas son completamente inútiles e inocuas. Solo cobran vida cuando están bajo el control de las personas. En consecuencia, lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno se acerca al problema de las armas es que lo que estudia es el comportamiento humano.

Y al respecto hay que resaltar dos ideas antes que ninguna otra. La primera, que las armas, como cualquier otro instrumento, se pueden utilizar para el bien y para el mal. En ello no se distinguen de cualquier otro medio. Y la segunda es que, por lo general, las personas buscan fines legítimos y positivos para sus vidas, que son compatibles con los de otros ciudadanos. Son menos los usos negativos o perniciosos que hacemos de las cosas, y no tenemos más que fijarnos en nuestra vida cotidiana para darnos cuenta. Un cálculo conservador del uso defensivo de las armas en los Estados Unidos reveló que su número ronda los dos millones y medio, mientras que los usos criminales rondan el medio millón.

El uso de armas por los ciudadanos disuade a los criminales, que de hecho temen más a una víctima potencial armada que a la policía. Hay criminales que desisten de llevar a cabo ciertos delitos, otros que incluso abandonan la actividad delictuosa. Los que siguen actuando contra la vida y el patrimonio de los demás intentan evitar el contacto con las víctimas. Quienes asaltan las casas para robarlas invierten más tiempo y esfuerzo en estudiar el comportamiento de los moradores para no encontrarse con ellos. Aumenta el robo de coches, porque en principio no se encontrará al hacerlo con el dueño.

Luego está la cuestión del fracaso de las intervenciones públicas, probado una y otra vez en distintos ámbitos, y que se ha puesto de manifiesto de nuevo en el control de armas. Los datos lo muestran claramente, pero aquí nos quedaremos con la razón de porqué es así. Cuando se prohíbe el uso privado de armas, ¿quién hará caso de la ley? Los ciudadanos que por lo general cumplen las leyes, aunque como ésta sean manifiestamente injustas. Y los usos que harán estos ciudadanos será, aparte del decorativo y recreativo, el de defenderse frente a los peligros de la naturaleza y a los criminales. ¿Y qué harán estos? Ya se comportan fuera de la ley, por lo que seguir armándose ilegalmente no les supone ningún problema. Es más, incluso cuando el uso privado de armas es legal, los criminales acuden al mercado negro para conseguir armas. Los costes de más que pueda suponerles una medida de control de armas no son nada con los beneficios asociados a la tenencia de las mismas, cuando de hecho son una herramienta necesaria para su actividad criminal.

El resultado es que los ciudadanos, que harán usos defensivos de las armas, quedan indefensos frente a los criminales. El crimen aumenta. Pero, ¿y los accidentes? ¿No será que éstos también crecen y que el número de ellos compensa sobradamente lo que ganan los ciudadanos en libertad y seguridad? En absoluto. El avance de la tecnología hace que el uso de las armas sea cada vez más seguro. Y hay un elemento que no se debe dejar de lado. El uso, la experimentación en libertad hace que se adquiera y transmita el conocimiento necesario para aprender a utilizar bien los instrumentos, también las armas. Éstas serán más peligrosas cuando estén prohibidas que cuando se pueda aprender su uso y manejo desde la juventud, en un entorno en el que los usos sociales y el conocimiento compartido, adquiridos en libertad. Valga como ilustración que en Estados Unidos, en 1988, el número de muertes causadas por accidentes fue de 200; 22 en estados con leyes que permiten llevar armas ocultas y 178 en el resto.

Estado y competencia fiscal

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

El mercado es un orden espontáneo, es decir, no deliberado o creado por nadie en concreto, sino por todos los seres humanos que conformamos la sociedad y aquellos que lo han hecho en su día. El derecho surge de esa libertad de relacionarse del individuo y ha venido descubriéndose evolutivamente. Frente a esta visión nos encontramos con lo que Hayek denominara legislación, es decir, el derecho positivo o conjunto de normas aprobadas por los que nos gobiernan. Un fruto vil de dicha legislación es nuestro sistema tributario. Y es el más importante desde varios puntos de vista.

Desde el estatal, ya que algo artificial e involuntario debe subsistir de algún modo. Mientras que en el mercado libre lo haría por sus propios méritos, el estado debe obligar a que se le transfiera propiedad involuntariamente para continuar existiendo (impuestos e inflación). Su naturaleza no es de mercado (no es voluntaria, no es una empresa) y para existir, debe imponerse por la fuerza: si fuera voluntario dejaría de ser estado y se convertiría en una empresa productora de bienes y servicios sujeta a la presión competitiva por mejorar constantemente su oferta al son de los consumidores.

Pero el sistema tributario también es importante desde el punto de vista de los ciudadanos. Y en concreto, para aquellos que nos proveen de bienes y servicios que queremos tener: las empresas. Para estas es de vital importancia la tributación porque ahorrar costes supone sobrevivir y lograr mantenerse en el servicio al consumidor frente a sus rivales. Y es que,  las empresas que tengan que soportar los impuestos verán aumentados sus costes y tenderán, bien a reducir su producción o bien a huir, la famosa deslocalización. La intensidad del segundo caso dependerá de la estructura productiva de la economía, es decir, de la incidencia del impuesto sobre el empleo de capital fijo (bienes menos líquidos), difíciles de liberar y por tanto más costosa su movilidad; o por el contrario, sobre el capital circulante (más líquidos) más rápidos de convertir en dinero y, por tanto, más fácil liquidar y trasladarse. Y sobre todo, esto también explicaría como el estado prefiere gravar las rentas del trabajo que las del capital, dado que los primeros encuentran más incomodidades a la emigración que las propias empresas (suponiendo solo aquellas que tienen capacidad para su traslado, no las más pequeñas que directamente cierran).

Así, en un mundo en donde el comercio es cada vez más imparable, las empresas deben aprovechar cuantas oportunidades tengan para reducir costes y vender a precios más bajos y productos de mayor calidad. Es por ello que se ven impelidas a abandonar sus sedes y trasladarse hacia aquellos lugares más pacíficos con los derechos de propiedad. La deslocalización es un producto más de las incomodidades que las legislaciones provocan y no son más que un alivio forzado para los consumidores. De ahí que la idea de una competencia en impuestos resulte positiva, como un parche a medio camino entre el estado y la libertad.

La competencia en impuestos parcelaría los territorios burocráticos modificando a la baja la fiscalidad ya que las administraciones rebajarían sus gravámenes como modo de atraer empresas, albergar el nacimiento de nuevas  y permitir mayor prosperidad a sus súbditos. Sería un continuum de rebajas de uno y otro lado, más sensible al grado de paciencia de los contribuyentes que el que ahora padecemos. En este punto no cabría argumentación en contra del estilo oligopolístico o colusivo. Siempre habría disparidad de opiniones y objetivos de atraer inversiones de otra zona burocrática por parte de alguna de ellas.

Además, se facilitaría el surgimiento de nuevas voces administrativas que clamarían por disponer de capacidad normativa en materia fiscal en vista de los beneficios políticos que al final se evidenciarían si con menor tributación se permite mayor empleo y prosperidad. Y así, se sentarían las bases para un proceso de secesión del individuo, la sociedad, del estado,  ya que mayores cotas de libertad serían alcanzadas y sería más fácil ver las consecuencias de la planificación acelerando así el desprendimiento del estado.

Pero aun sin llegar a ser tan optimistas, se combatiría el hambre gubernamental que viene de Bruselas y que no suena a otra cosa que a armonización fiscal –al alza, siempre al alza–; ejemplo de ello es la armonización fiscal del IVA. Con lo que con lugares como nuestros Territorios Forales vascos y Navarra como ejemplos, se iniciaría un camino en el que se atomizaría el sistema fiscal. Las empresas emigrarían allí donde mejor pueden servir a los consumidores. Y tendríamos como resultado, una constante armonización a la baja del sistema fiscal.

La regulación de la telefonía móvil: los precios

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

De todos aquellos parámetros económicos que el Estado puede regular, los precios son quizá los más populares. A la mayoría de las víctimas del Estado del Bienestar, y desde luego a sus partidarios, les gusta pensar que les defienden de los efectos diabólicos del mercado marcando un precio idóneo para esos servicios esenciales que por el arte de la dialéctica progresista se convierten en derechos inalienables. Sin embargo, la coherencia no es necesariamente una virtud en la forma de actuar de nuestros gobernantes y así coexisten los precios máximos, como los de la luz o el gas, con los precios mínimos para colectivos “desfavorecidos” como los agricultores que ven como a través de estos precios y de los subsidios agrarios, algunos de sus productos son incluso “competitivos”. Es posible que la alimentación no sea un derecho inalienable. Otra forma de controlar los precios son las simples presiones sobre las empresas, sobre todo si su existencia depende de una concesión estatal.

Las empresas de telefonía móvil se encuentran situadas entre el primer y el tercer caso. Así, los precios que las operadoras ponen a sus abonados no responden a un precio máximo pero los precios de interconexión entre redes, es decir los precios que se pagan las operadoras entre sí por interconectar sus redes para que dos abonados de diferentes empresas puedan hablar, sí tienen una regulación específica. A principios del otoño de 2005, la CMT rebajo los precios a las tres operadoras españolas con la intención de que este descenso en el precio fuera repercutido en el usuario final. Tal rebaja desde luego no llegó al usuario ya que una parte nada desdeñable de los ingresos de estas empresas venían precisamente de este servicio.

Otro de los sistemas que no gustan a los burócratas ministeriales es la existencia de determinadas tarifas, o mejor dicho de modos de tarificación. Así, a principios de verano Telefónica Móviles decidió tarifar en tramos de medio minuto en vez de por segundos, sistema que ya usaban sus competidores. El revuelo que se generó fue tal que las operadoras tuvieron que dar marcha atrás. FACUA, OCU y otras organizaciones de consumidores denunciaron el redondeo, las Comunidades Autónomas denunciaron el redondeo y el Gobierno terminó por legislar para impedir el redondeo. La libertad quedó en entredicho y lo más curioso de todo este asunto es que las nuevas tarifas que se crearon fueron menos demandadas frente a las existentes por tramos de 30 segundos, según denunciaba el diario económico Expansión en un editorial del 23 de diciembre. Es paradójico que el Estado impida usar este tipo de tarificación cuando él mismo suele usarlo en el transporte público, por poner un ejemplo que afecta a todos. Los precios de los viajes en autobús o en metro no son proporcionales al número de kilómetros recorridos sino que tienen un precio fijo independientemente de si te bajas en la primera o en la última parada.

Por otra parte, el supuesto abuso de las operadoras sobre los ciudadanos no es un asunto menor. A principios de diciembre de 2005 el gobierno francés impuso una multa a las operadoras francesas por pactar precios. El Consejo de la Competencia francés elevó a 534 millones de euros la cuantía de la sanción, lo que la convirtió en la mayor impuesta en Europa. En nuestro país de momento no se ha dado una multa tan elevada pero no nos sorprendería ya que las medidas intervencionistas de nuestro vecino galo suelen ser un espejo en el que se suelen mirar nuestros no menos intervencionistas gobernantes socialistas.

A mediados de este mes de enero de 2006, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) acusó a las operadoras de móvil de no repercutir en los precios el ahorro de costes y es que según el organismo regulador se ha detectado que la rebaja de precios no llega a la mitad del ahorro en costes y que no se ha trasladado a los clientes la productividad lograda por el crecimiento del tráfico. Esta rocambolesca excusa, que pocos ciudadanos sabrán entender es la justificación de otra medida no menos intervencionista. La supuesta ausencia de competencia se verá solucionada una vez más por la sabiduría estatal que, para atajar la situación, aprueba los llamados Operadores Móviles Virtuales (OMV), operadoras que sin antenas emisoras alquilan las infraestructuras necesarias a las que la tienen y se dedican a competir con aquellas que les alquilan los medios. La gracia está en que es bastante posible que las operadoras tradicionales se vean obligadas por ley a alquilar sus antenas. Vuelve a ser paradójico que en un pseudomercado que existe por concesión estatal, el propio Estado hable de ausencia de competencia.

Y con esto llegamos a un tercer punto no menos controvertido y que no es otro que el de las antenas, base y alma de la telefonía móvil. Pero éste es tema para un tercer y último comentario.