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Promesas, propiedad y contrato

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

En la tesitura de enumerar las acciones contrarias a la libertad que debiera proscribir un código legal justo citamos, además del asesinato, la violación, el secuestro, el robo, el fraude o el allanamiento, el incumplimiento de contrato. Pero en ocasiones uno tiene la impresión de que se ha desvirtuado el auténtico contenido de este último punto por influjo del actual ordenamiento jurídico y que, con acierto desigual, algunos lo esgrimen de forma mecánica ignorando la relación que guarda con la libertad.

El inicio de la fuerza contra una persona o sus bienes constituye una agresión. La fuerza sólo puede emplearse legítimamente como respuesta a una agresión. De este modo, si se arguye que es legítimo obligar al cumplimiento de los contratos o exigir restitución por infringirlos debe poder demostrarse que al violar un contrato estamos iniciando la fuerza contra una persona o sus propiedades. De lo contrario la fuerza empleada para hacerlo cumplir o para obtener una compensación sería en sí misma agresiva, pues no respondería a ninguna agresión previa. Imaginemos que un individuo firma un contrato con una empresa por el cual se compromete a trabajar para ésta durante cuatro años. Transcurrido el primer año el individuo decide abandonar la empresa y marcharse a otra, rescindiendo unilateralmente su acuerdo.¿La empresa tiene derecho a obligarle a trabajar para ella durante los tres años restantes o a exigirle una compensación económica? ¿En qué sentido puede decirse que este individuo ha cometido una agresión contra alguien? Sería circular responder que la agresión es la violación del contrato, pues precisamente la pregunta es por qué la violación del contrato en este caso supone una agresión. ¿Ha empleado la fuerza contra alguna persona?¿Está en posesión ilegítima de alguna propiedad? Imaginemos el caso de dos personas casadas que se han prometido fidelidad mutua. ¿Sería punible el adulterio? Si uno de los dos fuera a acostarse con un tercero, ¿podría impedírsele por la fuerza? ¿Podría exigírsele restitución si hubiera cometido la infidelidad?

Existen dos teorías de contrato distintas y sólo una de ellas es coherente con los principios de una sociedad libre. La legislación actual toma elementos de ambas, y ese es el motivo por el cual no todas las transgresiones de lo que hoy se considera un contrato vinculante son censurables desde un punto de vista liberal. De acuerdo con el modelo de las expectativas un contrato es una convención que sirve para garantizar que uno obtiene aquello que espera de otro por haberlo éste prometido. ¿Pero de dónde se sigue el derecho a que otros satisfagan las expectativas que nos hemos formado a partir de sus promesas? Continuamente actuamos esperando que los demás procedan también de una determinada manera, planificamos nuestras vidas a largo plazo e incurrimos en gastos esperando que las circunstancias nos sean favorables. Así mismo a veces nos abstenemos de actuar de un modo concreto por precaución frente a la incertidumbre o rechazamos los consejos de alguien en quien no confiamos. ¿Por qué entonces las expectativas que se desprenden de los contratos deben ser forzosamente satisfechas? Podría responderse que por tratarse de un contrato las expectativas generadas son más razonables y que por eso debe ser vinculante, pero, como apunta Stephan Kinsella, es el hecho de que estos contratos sean vinculantes lo que hace que la gente tenga mayores expectativas. Lo cierto es, con todo, que el afán por forjarse una buena reputación ya es normalmente un incentivo suficiente para cumplir las promesas, al margen de toda actuación judicial. Pero lo fundamental es entender que la violación de contrato, para considerarla contraria a la libertad, debe atentar contra una persona o sus bienes, no contra sus expectativas.

El segundo modelo, defendido por Evers, Rothbard o Kinsella, es el de los títulos de propiedad transferibles. Bajo este modelo los contratos no son instrumentos para satisfacer expectativas, sino para traspasar derechos de propiedad sobre bienes alienables. Se trata de una fórmula a través de la cual el propietario transfiere los títulos, en general, manifestando su voluntad al respecto. Una vez el propietario ha expresado su voluntad de que el título se transfiera el título pasa a ser, de facto, propiedad de otro. La transferencia puede ser condicional, como sería el caso de un empresario que se compromete a pagarnos un salario a condición de que realicemos una labor concreta (si el empresario, una vez realizada la tarea, se negara a pagarnos, estaría reteniendo un montante que nos pertenece). Los condicionantes pueden ser numerosos, y no siempre son explícitos. También pueden ser bilaterales para que haya garantías de que nadie va a retirarse del acuerdo sin entregar una compensación (el organizador de un concierto, por ejemplo, puede pactar con el cantante la condición de que si no se presenta deberá transferirle una compensación por todos los gastos en los que ha incurrido). Vemos, por tanto, que la violación de un contrato en el que se transfieren títulos sí constituye una agresión, pues el infractor retiene la posesión de algo cuya propiedad ya está transferida.

La distinción entre los dos modelos es fundamental. Una mala comprensión de la institución del contrato podría dar pie a que desde el liberalismo se condenaran actos legítimos como el adulterio o la deserción.

Muerto el perro, muerta la rabia

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Friedrich August von Hayek situó al Liberalismo en el vértice superior de un triángulo donde en las esquinas inferiores figuraban las otras dos ideologías actuales: el Socialismo y el Conservadurismo. Para Hayek era coherente que una persona se pasara ideológicamente del Socialismo al Conservadurismo, y al revés, ya que éstos tienen muchos puntos en común, a saber, las referentes a la represión gubernamental ya sea contra la libertad social (Conservadurismo) o la libertad económica (Socialismo). Los movimientos ideológicos, en este triángulo pues, suelen ser laterales. Es difícil que un socialista o un conservador se conviertan en liberales.

Efectivamente la diferencia sustancial del Liberalismo con los sistemas mencionados es que jamás pretende recurrir al estado para castigar, prohibir o atenuar un determinado comportamiento moral (los referentes al “vicio no criminal”).

Así, el Conservadurismo y el Socialismo se basan en posiciones de fe viscerales donde un grupo intenta someter al “grupo contrario” por medio de la ley y el miedo. El gran error de los dos es creer que tanto en el plano social como económico el hecho de prohibir o restringir algo conduce a la erradicación del “problema” manteniendo además un statu quo en el resto de los acontecimientos humanos (sociales y económicos). Otro gran error es pensar que el estado al realizar un determinado acto autoritario lo crea por el bien común, cuando en realidad, lo aplica para tener más poder y/o dinero.

El dicho, elevado a ley según parece en nuestros días por conservadores y socialistas: “muerto el perro, muerta la rabia”, o según su actualización, “tolerancia cero” contra todo, no puede tener consecuencias más nefastas cuando lo llevamos a la práctica. En primer lugar, con la restricción el dirigente puede disminuir un comportamiento determinado, aunque a un precio muy alto, pero jamás eliminarlo. Lo que hará el político será modificar la estructura productiva del bien empobreciéndolo y, con él, todos los otros escenarios productivos que lo preceden, o llevándolo hacia un mercado puramente libre pero perseguido y rebajando su división del trabajo, esto es, la economía sumergida. Y es que, las restricciones llevadas al extremo, como las prohibiciones, también generarán un aumento de la inestabilidad social. Así ocurrió con la prohibición de las drogas o la famosa ley seca de los años veinte en Estados Unidos; lo único que engendraron fue crimen.

No es el producto (y servicio) considerado como vicio el que lleva al crimen, sino su prohibición. Por más que se prohíba por ley no se pueden cambiar los gustos ni tendencias de las personas. Cuando el estado aprenda esto no dirá “me he equivocado, tomad libertad”, sino que intentará lobotomizar más a las personas como ya ocurre actualmente con los programas educativos doctrinarios que aplica, publicidad partidista que paga con el dinero robado a la comunidad, o comprando con dinero ajeno más votos (votantes cautivos) con pensiones, subvenciones, ayudas…, la actual ley de dependencia es una buena muestra de lo último. Y cuando aun así no lo consiga, entonces el estado intentará prohibir a los rebeldes (ZP ya toma nota con el CAC), o directamente encerrarlos y matarlos, los enemigos de la ocupación en Irak lo están viviendo ahora mismo.

El estado omnipotente sólo lleva a la pobreza y a la represión social. Es una espiral de decadencia y odio imposible de parar. La prosperidad sólo se puede conseguir con libertad de mercado y social: que cada uno haga lo que quiera, donde quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Y el crimen? No se podrá erradicar jamás, pero sí que el libre mercado y derecho natural lo dejarán en mínimos, e incluso, lo expulsarán a esos países donde las leyes del legislador benefician la delincuencia (actualmente España). Neo–puritanismo y estado es una mala combinación porque perpetúa la esclavitud y hace al estado, la mayor organización criminal que hay, imparable. En cambio, neo–puritanismo sin estado no es más que una molestia, pero en una sociedad libre jamás nos hará esclavos. No es la condición humana el mal del mundo sino las imposiciones de los medios políticos.

En torno a los impuestos

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Los impuestos son un mal necesario e imprescindible para que el Estado pueda cumplir ciertas funciones. En eso casi todo el mundo está de acuerdo. El problema viene al fijar la cantidad de los mismos, es decir, cuánto se ha de detraer a los ciudadanos y empresas, y las funciones que éstos tienen que atender. He aquí la madre del cordero.

El paradigma keynesiano, el que dio lugar en lo político a la socialdemocracia, se inclina por impuestos altos y un gran abanico de competencias estatales. De este modo, una parte de la población trabaja, esencialmente, para satisfacer tributos, mientras otra vive de ellos por obra y gracia de las transferencias estatales. El sistema, que, aparentemente, parece equilibrado y funciona como un reloj, está sin embargo condenado al colapso. Y no es un artificio teórico, sino una doliente realidad, ocasión hemos tenido de padecerlo en nuestras carnes en los últimos 50 años.

Los impuestos altos desincentivan la producción. Cuando una empresa destina una parte siempre creciente de lo ganado al fisco, no está haciendo una labor caritativa desprendiéndose de algo que le sobra, sino descapitalizándose de un modo innecesario. Es habitual que las empresas tengan ejercicios buenos y otros malos conforme a la coyuntura del mercado y a las decisiones empresariales que sus dueños hayan tomado que, como es obvio, no tienen por que ser necesariamente sabias.

Si el emprendedor ha de entregar al Estado un alto porcentaje de los beneficios obtenidos en los años buenos, tendrá que afrontar los malos con una merma considerable de capital. Esto disuade de iniciar nuevas inversiones o, sencillamente, las hace imposibles. Como resultado final, las empresas se esclerotizan y sucumben o, las más avisadas, buscan refugio en otros mercados con una fiscalidad más benigna o en los célebres “paraísos fiscales”, que son en realidad lugares donde el Estado incordia lo mínimo. El hecho es que la riqueza que podría haberse creado sale por la ventana. Es el coste oportunidad de los voraces aparatos fiscales a los que son tan dados los socialistas. Es algo que no se ve, de ahí que sea difícil cuantificar.

Si no existe capital para impulsar la inversión privada, la única que merece tal nombre –la pública es, por lo general, simple dilapidación-, la actividad económica se resiente con su corolario de desempleo, dependencia de los subsidios y un nuevo giro de tuerca en la presión fiscal. Un círculo vicioso que conduce irremisiblemente a la miseria.

En los individuos el efecto de los impuestos es aún más explícito. Si la renta personal se grava de un modo confiscatorio, los mejores, los más productivos se largan y el resto busca la manera de pagar lo menos posible o de no pagar, esto es, de defraudar a Hacienda. La consecuencia más habitual es que, a pesar de que las retenciones suban, los ingresos estatales van a menos, la famosa curva de Laffer, de la que muchos políticos parecen no haberse enterado. Y es que, aunque nos hayamos acostumbrado a ello, es difícil de entender la razón por la cual hemos de trabajar 5, 6 ó 7 meses para el Estado.

Si, en lugar de insistir en mantener los impuestos por las nubes y rebañar hasta el último céntimo de los ciudadanos, el Estado fuese más razonable, la actividad económica se dispararía. Tan reactiva es la sociedad que, cuando un Gobierno decide rebajar ligeramente los impuestos, los efectos beneficiosos se dejan ver en muy poco tiempo. Eso, claro, sería pedir demasiado a los que siguen pensando que, Hacienda, somos todos.

Mejor que la democracia

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Tal vez la democracia no sea un sistema perfecto, pero es lo mejor que se ha inventado hasta el momento en lo que se refiere a decisiones sociales, dicen. Prácticamente nadie lo pone en duda. O todos tenemos voz y voto en lo que nos concierne o alguien decide por nosotros, o sea, o democracia o dictadura. Es más, los puntos débiles del sistema parecen razonablemente asegurados una vez que se establece el sufragio universal y se salvaguardan los derechos de las minorías.

Sin embargo, hay áreas de nuestra vida que consideramos demasiado “íntimas” para dejarlas al arbitrio democrático por mucho que afecten directamente a los demás. La sexualidad, la amistad, la familia, la donación de órganos, etc.

De hecho, las decisiones que usted tome sobre esos temas íntimos afectarán por activa o por pasiva a innumerables personas. Y, a su vez, usted mismo debe su propia existencia a las decisiones que otros (entre ellos todos y cada uno de sus antepasados) tomaron sobre estos temas.

Se haría difícil encontrar asuntos más críticos para la supervivencia y prosperidad de una sociedad que esas decisiones íntimas de cada uno de sus ciudadanos. Precisamente porque lo valoramos tanto, no podemos aceptar que un tercero o un millón de terceros tenga derecho de veto sobre estas decisiones nuestras. Una sociedad que intente regular por vía democrática la amistad, la sexualidad o la familia se verá abocada a un infierno social.

Seguramente, usted lleva años practicando este método antidemocrático en lo que atañe a los asuntos que más le conciernen. Muy probablemente, usted podría satisfacer las necesidades de terceros en esas áreas pero ni se le había ocurrido ponerse a disposición de la decisión mayoritaria de aquellos. Prefiere reservarse el derecho a tomar esas decisiones. Y las toma considerando que es lo que le ofrecen y ofrece un valor a cambio de recibir otro valor. Pero imagine que, protegidos por el anonimato de una votación democrática, sus conciudadanos pudiesen elegir por usted. Imagine cómo sería su vida. Imagine cuánto tendría que dar. Imagine a cuánto tendría que renunciar.

Y ahora, plantéese lo contrario. ¿Por qué acepta la decisión democrática en los otros asuntos? Acepta, por ejemplo, que la hacienda pública le cobre más de un tercio de su riqueza. Acepta, igualmente, un sinfín de regulaciones.

Es interesante, exactamente las mismas personas, cuando nos relacionamos con ellas aceptando el principio democrático, nos quitan un tercio de nuestra riqueza y nos lo regulan casi todo, en cambio, cuando usamos el otro método algunas nos dejan en paz y otras colaboran con nosotros, pero no nos imponen nada.

Eso que algunos han llamado Estado ultraliberal o anarcocapitalismo o, incluso, pizzacracia es, de hecho, de lo menos utópico que uno pueda imaginarse. Se trata, simplemente, de comprender el criterio que usamos para las cosas más importantes y aplicarlo a las no tan importantes, como el dinero, por ejemplo.

En definitiva, si un código moral o sistema político no es suficientemente bueno para metérselo dentro de la ropa interior, ¿porqué dejar que penetre en el bolsillo, en el cerebro o en el corazón? ¿Va a dejar que hagan con los frutos de su trabajo lo que no permite que hagan con su cuerpo? ¿Acaso su propiedad es menos suya que su cuerpo? Usted ya conoce y practica algo que es mucho mejor que la democracia, ¡encuéntrele nuevas aplicaciones!

En rebajas… aumentan los precios

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

En plena cuesta de enero, los comercios compiten entre si por atraer a los consumidores con precios más bajos y productos muy rebajados, lo que confirma que los empresarios, buscando su beneficio, promueven el interés común. Aunque mucha gente lo desconoce, hasta los periodos de rebajas están regulados por el Estado. A pesar de ello, los precios disminuyen y no crecen como parece que va a suceder en muchos de los sectores donde el Gobierno decide lo que pagarán los ciudadanos por los servicios que reciben.

Y es que si algo debe de estar claro a estas alturas es que cuando el poder político trata de jugar a alumno aventajado al fijar los precios a que se ofertan bienes o servicios, tiene tan poco talento que yerra siempre.

Tomemos como ejemplo las empresas eléctricas. No sólo tienen que dedicar ingentes recursos a comprar derechos de emisión de CO2 para cumplir con el nefasto Protocolo de Kyoto sino que además, cuando sus clientes les pagan, deben poner a disposición de un pool, de la CNE, todo lo que han obtenido para que este organismo lo reparta entre las empresas que han intervenido con criterios ajenos al del mercado. Por si no fuera poca la intervención que padecen, los precios a tarifa también los establece el ministro del ramo.

¿Cómo es posible que estas empresas no puedan fijar los precios según la ley de la oferta y la demanda? ¿Por qué se necesita que el Estado intervenga en este sector? La razón es previsible para los que promueven la razón de establo, como llamó a la razón de Estado el gran Baltasar Gracián: por nuestro bien.

Como accionistas de esas empresas, perdemos. Como consumidores, padecemos más apagones y probablemente escasez de suministro o de potencia ya que las compañías se ven obligadas a diversificar para obtener beneficios al estar atadas de pies y manos en el mercado en el que participan. Desde el apagón de California de hace unos años al más reciente acaecido en Canarias, las pruebas de que algo falla con el intervencionismo estatal se hacen cada vez más evidentes.

Aun así, hay a quien le parece que el Estado hace demasiado poco. Este es el caso de Greenpeace que, como se imaginarán, odia todo lo que signifique libre mercado y, por eso pide que, en lugar de que el agua se privatice y se pague por ella como si de cualquier bien se tratara, se prohíban los campos de golf y el agua sea más cara. Es decir, que sea tan cara que mantener la casa limpia, la ropa impecable y asegurarse el aseo diario, nos obligue a tener que hacer más sacrificios para llegar a fin de mes.

Quizá el agua sea demasiado barata pero no lo podemos saber muy bien ya que donde no hay un mercado, no hay precios. Esta es la cruda realidad. No sabemos si algo es caro o barato cuando el Estado se ocupa de que no haya empresarios que compitan entre si. Por eso, no podemos alegrarnos de las rebajas al hablar del agua. Como tampoco, podemos quedarnos encantados de que en este nuevo año, vaya a reducirse la intromisión del Estado en nuestras vidas. Tendremos que dejar de fumar y hasta de beber por lo que anticipa la ministra con ínfulas de Führer y andarnos con ojito ante los nuevos aires policíacos con que va a operar Hacienda a partir de ahora.

Leyendo V de Vendetta, el cómic en que se basa la película homónima y que trata de la degradación que padece el género humano bajo un Estado fascista, me percato de que cada día se hace más cierto aquél lema francés: dejar hacer, dejar pasar, el mundo funciona sólo. De lo contrario, la evolución será, como los impuestos, regresivos porque matarán el espíritu creador del ser humano.

Evolución y liberalismo

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

A menudo se critica al liberalismo que se basa en una versión cruel del evolucionismo según la cual los débiles deben desaparecer en beneficio de los fuertes. Esta opinión es un tópico irreflexivo que muestra un profundo desconocimiento de lo que es la evolución (biológica y cultural) y lo que es la libertad. Cualquier filosofía ética y política que pretenda ser científica debe corresponderse con la realidad, y la naturaleza biológica y humana es evolutiva. El liberalismo no se basa de forma arbitraria y caprichosa en el evolucionismo, sino que lo acepta como un fundamento dado irrenunciable: las variantes reproductivas mejor adaptadas (más eficientes en el automantenimiento y propagación de sus características) van a ser exitosas, abundantes y predominantes; los peor adaptados tienden a desaparecer.

Las estrategias evolutivas son complejas y deben tener en cuenta las posibles acciones de los demás. El juego de la supervivencia admite muchas estrategias exitosas, y por eso hay tantas especies y nichos biológicos. La competencia es a menudo brutal: muchos organismos viven a expensas de otros (parasitismo, depredación, esclavitud). Pero la lucha a muerte de todos contra todos no sólo no es la única opción posible sino que es una alternativa pésima. La vida es competitiva (ser competente, capaz) pero también esencialmente cooperativa y simbiótica a todos los niveles: cromosomas como alianzas de genes; colonias de bacterias; células eucariotas como confederaciones bacterianas; organismos pluricelulares como asociaciones de células; grupos animales para unificar esfuerzos en la protección y la caza; sociedades humanas con especialización, división del trabajo, intercambio e instituciones evolutivas como el lenguaje, la propiedad y el dinero.

Por su fuerza o su astucia para muchos seres humanos resulta posible vivir a costa de los demás, y lo hacen. En las sociedades no libres los parásitos (gobernantes, burócratas, subsidiados) explotan mediante la violencia (directa o indirecta) y el expolio fiscal a las personas pacíficas, honestas y productivas, con excusas diversas como la superioridad de alguna casta, el mandato divino, el bienestar general o la defensa de los más débiles.

La libertad es la característica de una sociedad que respeta el derecho de propiedad (la legitimidad de la posesión o control sobre los recursos), la única norma ética universal, simétrica y funcional posible. En una sociedad libre ningún individuo vive a costa de otros sin su consentimiento, todas las relaciones deben ser voluntarias y mutuamente beneficiosas, no se obtienen ganancias de forma coactiva a costa de pérdidas ajenas (robos, estafas). La riqueza legítima se obtiene sirviendo a los demás, ofreciéndoles bienes y servicios valiosos en un mercado libre. La competencia puede ser muy dura (tanto entre productores vendedores como entre consumidores compradores) pero la agresión violenta queda excluida. Triunfan profesionalmente quienes mejor sirven a los demás (y sus formas de hacerlo), y adquieren más poder para seguir haciéndolo si así lo desean. Los que fracasan admiten sus pérdidas e intentan mejorar o se dedican a otra cosa. La riqueza es generada constantemente, no hay tartas fijas o botines que repartir equitativamente. Los ricos no viven a costa de los pobres, y aunque no tienen ninguna obligación de ayudarles lo hacen al ofrecerles la posibilidad de comerciar y al producir excedentes de riqueza que permitan la caridad.

La sociedad libre evoluciona renunciando a la agresión, y progresa de forma espectacular porque el comercio es mucho más eficiente que la esclavitud parasitaria. Pero los necios colectivistas siguen con el tópico del capitalismo salvaje y la ley de la jungla; y proponiendo más política, más intervencionismo, más regulación contraria a derecho, más estatismo coactivo: ahí sólo hay ángeles desinteresados velando por el interés ajeno.

La falsa neutralidad de los impuestos al consumo

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

The very idea of a neutral tax is as unrealizable as that of neutral money.
La Acción Humana. Ludwig von Mises

Existe la opinión bastante extendida según la cual los impuestos al consumo serían neutros porque sería el propio consumidor quien soporta la carga del impuesto. La producción no se vería condicionada por el gravamen si las empresas pueden trasladar o repercutir el coste fiscal a los consumidores. La economía, en su conjunto, no se vería modificada por una imposición de este calibre. Un ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido que padecemos los europeos. Sin embargo, la idea de que una intervención gubernamental resulte ser neutral supone otorgarle al Órgano de Planificación una naturaleza etérea e inhumana un tanto alejada de la realidad; algo, desgraciadamente, no muy alejado de algunas teorías económicas.

Toda acción persigue un fin y para ello emplea unos medios. Y siempre puede resultar exitosa, o por el contrario, fracasar. Del mismo modo, los economistas yerran y han errado en sus continuos intentos por formular teorías que puedan ser explicativas de la realidad. Como todo hijo de vecino, el error está inexorablemente presente en la acción o en la profesión de cada uno. No obstante, los economistas académicos están en una posición diferente ya que el fruto de su trabajo e investigación tiene una repercusión planetaria. Rothbard afirmó que una parte importante del sustento del Estado eran las ideologías afines a él. Como la mayor fuerza la tenía el pueblo, el Estado necesitaba de un séquito de intelectuales que realizaran la labor de persuasión a las masas para justificar su existencia.

Entre los economistas, se hizo popular la idea de que los costes determinaban parte sustancial de los precios. La famosa tijera marshalliana en la que por una parte se encontraba los costes de la oferta, y por otra las preferencias de la demanda, fue la explicación sobre la determinación de los precios que aun hoy se estudia en las universidades. Tal teoría no resultaría de mayor importancia de la que realmente tiene si no fuera por sus repercusiones políticas. Como dijo Jean Baptiste Say “si estos principios se limitaran solamente a los libros, uno podría absorber el problema”, pero estas teorías “han sido puestas en práctica por los agentes de la autoridad pública que se aprovechan de este error y este absurdo a punta de bayoneta”.

Y es que, si por un lado tenemos en cuenta que un impuesto como el IVA puede suponer un coste de un 16% es difícil explicarse meramente con el sentido común cómo no podría tener efectos sobre la economía y ser neutral.

Un impuesto de tal calibre sí tiene efectos perversos ya que es un impacto que soportan las empresas. En contra de la teoría de la tijera marshalliana, los precios están determinados por los gustos y preferencia de los consumidores. Ante un incremento de un 16% de los precios de los artículos de consumo, estos modificarán su conducta si ven que ahora se les aumenta el coste de sus adquisiciones. Tal modificación puede ser variada. Por un lado puede que la distribución que anteriormente hacían entre consumo y ahorro se modifique, bien en detrimento del primero o, más probablemente, del segundo. Con lo cual, toda la estructura productiva de la economía, se vería gravemente modificada por tal imposición gubernamental. Pero esto sería una de las consecuencias solo si se tuviera en cuenta que ese traslado del impuesto desde las empresas al consumidor por la que tanto abogan los defensores de la idea de neutralidad en impuestos como el del IVA, se diera efectivamente en la realidad.

No obstante, es muy probable que no sea así, puesto que normalmente las empresas ya ofrecen a los precios con los que se obtiene el ingreso neto máximo. Con lo que ante un aumento de los costes debido al dicktaat gubernamental no podrían aumentar los precios a los consumidores. El efecto final no resultaría ser un impuesto al consumo, sino a la producción, puesto que son las empresas quienes absorberían esta enésima carga estatal. Y, al ser un impuesto a la producción, todos los sujetos implicados en ella se verían salpicados por esta idea económica utilizada por los políticos. Con lo que, una vez más, el impuesto al consumo en realidad sería un impuesto indirecto a la renta de los factores productivos de la economía.

Esto último, sumado con la distorsión sobre la preferencia temporal de los individuos que ya mencionamos, no sólo no resultaría neutral, sino que sería y es tremendamente dañino, si lo que queremos es mayor bienestar y prosperidad y mayor respeto a la propiedad y a la libertad.

La tesis de Powelson sobre la difusión del poder

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

¿Porqué se ha desarrollado Europa y China no? ¿Qué proceso ha llevado a que ciertas áreas del mundo adopten unas instituciones que favorecen el desarrollo de una sociedad compleja, mientras que otras parecen condenadas a estar sojuzgadas por tiranos? John P. Powelson se ha planteado este problema y ha dado con una explicación feraz: el proceso de difusión del poder. A él dedica su obra Centuries of Economic Endeavor.

Powelson trata el poder, “la capacidad de influir o dirigir el comportamiento de otros”, como un bien económico, ya que los hombres lo buscan como “bien de capital (capaz de proporcionar otros productos a su poseedor) o de consumo (disfrutado por sí mismo)”. Con este elemento de análisis se plantea el problema del desarrollo económico duradero y de las instituciones que lo sustentan. El crecimiento tiene menos que ver con las medidas económicas que con el desarrollo de instituciones fruto del comportamiento pautado. El núcleo de cómo surgen estas instituciones lo ve en “el mecanismo por el que quienes tienen el poder ora lo intercambian por otros bienes ora se lo quitan otros”.

Todos buscan el monopolio y el privilegio. Pero si no son estables o mantenerlos es demasiado costoso, se puede elegir un sistema más amplio y justo como second best, con oportunidades para todos o para un número mayor de personas. En el monopolio o el privilegio hay conflicto entre grupos de intereses. Desde este punto de partida, sigue Powelson:

La norma general es: en un vacío institucional, el conflicto se resuelve con un relativo compromiso de poder entre grupos de interés e individuos. Si esto se repite muchas veces, la forma de resolución se convierte en una institución, que tiende a conformar el comportamiento futuro. No obstante, si el poder relativo cambia, también lo hace la institución. De este modo, si el proceso de difusión del poder opera de forma fructífera, las instituciones económicas se negocian por muchos grupos de interés, cuyo poder se hace más difuso con el tiempo.

El desarrollo económico duradero requiere instituciones (formas de comportamiento) establecidas en negociaciones a largo plazo entre muchos grupos de interés, ninguno de los cuales es lo suficientemente poderoso como para dominar sobre los demás por completo.

Podemos llevar este esquema, de forma muy concisa, al caso de Europa. Partimos de la Edad Media, cuando el poder era plural y estaba diseminado geográfica e institucionalmente. De ahí el feudalismo: la palabra feudo significa pacto. El feudalismo comprometía obligaciones mutuas sancionadas por la costumbre. En este contexto se dieron varias instituciones (la Iglesia, las ciudades) que resultaron en un pluralismo institucional que lo era también como fuentes de Derecho. Era un pluralismo político que tenía también su reflejo en un pluralismo económico e ideológico (cortes, monasterios, universidades…).

Los campesinos, la clase más extensa pero más débil, se fueron rebelando, mostrando su poder, y aliando con grupos distintos en su búsqueda por un reconocimiento institucional mayor o simplemente por mejores términos de acuerdo con otros grupos. Los reyes y las ciudades se apoyaron mutuamente para restar poder e influencia de los nobles. Dice Powelson: “Por estos variados caminos, se operó una igualación de los grupos medios así como de los campesinos, no siempre exitosa y en ocasiones resultante en una concentración de poder. Pero en su mayor parte los grupos más débiles crecieron en poder relativo sobre los más poderosos, de modo que se promovió un proceso de difusión del poder”. A ello hay que añadir que “a medida que la agricultura privada, las ciudades y los mercados favorecían la producción y el comercio, el poder devino todavía más difuso e institucionalizado”.

En las ciudades se desarrollaron otros grupos sociales (comerciantes, artesanos) y otras formas de organización económica (la orientación de la producción de los campos al mercado, las empresas), reflejo y motor de una sociedad más compleja y con el poder aún más disperso. En la mutua lucha por alcanzar el monopolio y el privilegio, o por pactar instituciones que le reconozcan a uno, aquellas normas más amplias y generales son las que permiten un compromiso (y por tanto un apoyo) más amplio, aunque se a costa de las mayores pretensiones de cada grupo social. Todo ello se vio favorecido porque ese tipo de instituciones más abstractas y generales favorecen el desarrollo económico y social, como explica Hayek.

Esta es una exposición breve de la tesis de Powelson. Aunque merezca retoques en algún punto, creo que está muy bien encaminada.

“Delta” y las deficiencias eléctricas en las Islas Canarias

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

2005 será recordado en las Islas Canarias como el año en que la tormenta tropical Delta puso patas arriba las infraestructuras del archipiélago y generó una minicrisis política en torno su mercado energético. El sistema eléctrico español es básicamente un oligopolio donde las empresas de distribución se reparten zonas en régimen casi monopolístico de forma que la posibilidad de que un cliente pueda cambiar de distribuidor es escasa e incluso dificultosa. La intervención estatal, tanto de las administraciones locales, como de las autonómicas o de la estatal, no ha desaparecido bajo ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, limitándose en el mejor de los casos a “privatizar” las empresas pero manteniendo una fuerte regulación sobre aspectos tan fundamentales como son los precios, la aprobación de nuevas centrales, el incentivo a determinadas energías frente a otras o el permiso para construir nuevas líneas de transporte, tanto de alto como de medio y bajo voltaje, por poner algunos ejemplos.

Este último asunto es importante para entender lo ocurrido en Tenerife y en otras Islas tras el paso de Delta. En las Islas Canarias impera Unelco, marca que adopta Endesa en la isla y que se corresponde a la empresa que dio servicio a Canarias antes que fuera adquirida por el gigante eléctrico. Recientemente, también se ha introducido en el mercado canario Red Eléctrica Española (REE) tras la venta de la red de alta tensión de Endesa, si bien no comercializa electricidad, sólo se limita al transporte.

Uno de los problemas más duros a los que se ha enfrentado Unelco y ahora REE en las Canarias es al proyecto y construcción de nuevas líneas de distribución eléctrica ya que las necesidades eléctricas han experimentado un constante y fuerte crecimiento en las últimas décadas. El turismo, industria cada vez más importante para las Islas, así como el lógico incremento de la demanda energética de sus habitantes, han disparado el consumo hasta niveles que suelen batir el récord todos los años. Este crecimiento tendría que haber venido acompañado de una mejora y una ampliación de las redes de distribución, pero esto no ha sido así.

Es difícil echar la culpa a un sólo elemento, pero quiero pararme en una combinación especialmente peligrosa que con frecuencia choca con cualquier actividad empresarial que considere perjudicial. Los grupos ecologistas, desde sus posiciones fundamentalistas en lo referente a la generación y distribución de energía, han mantenido una presión constante sobre los ayuntamientos para que se evitara la construcción de estas líneas de distribución. Sus razones, reales o ficticias, son ya conocidas por todos, desde la destrucción del ecosistema, pasando por la contaminación paisajística hasta la salud de las personas. Este fundamentalismo ha sido aprovechado por algunos alcaldes para hacerse un ejercicio de márketing político y salir reforzados. Tal es el caso del ex alcalde de Vilaflor, cuya posición política en contra de la línea, dio nombre al espíritu de Vilaflor y que tanto revuelo causó hace unos años e incluso ahora con el puerto de Granadilla. Los movimientos populares, las manifestaciones contra los trazados se hicieron frecuentes y claro, nuestros políticos, en los que cae la última decisión, se asustaron.

El resultado es que la Línea Sur de Tenerife, a pesar de las necesidades de los tinerfeños, sigue sin construirse. Pero las consecuencias han sido mayores. Unelco, y ahora REE, han frenado la ampliación temerosos de las posibles dificultades que se puedan presentar, destinando el dinero a reforzar o arreglar líneas que en algunos casos están sobresaturadas o son antiguas. Y en esto llega Delta.

Los cortes de luz provocados por la tormenta tropical se extendieron durante varios días, más incluso de los que se podía considerar prudente, dadas las anormales circunstancias. Esta combinación letal que es la regulación estatal, la presión del lobby medioambiental, la demagogia de algunos políticos oportunistas y la presión social en forma de manifestaciones en las que pocos de los manifestados tenían conocimientos profundos del problema, evitó que se construyeran nuevas líneas de distribución, evitó que se crearan circuitos redundantes, preparados para este tipo de emergencias y favoreció, se favorece aún, que empresas como Unelco o incluso REE, gasten muchos de sus ingresos en actividades que poco o nada tienen que ver con dar un servicio de calidad al cliente. No pretendo, ni mucho menos, quitar responsabilidad a la empresa de esta tardanza en dar servicio a los canarios afectados, pero sí llamar la atención de que no es la única causa, que todas las administraciones y los propios vecinos y abonados son, en último lugar, responsables del altercado; que los grupos medioambientales no han sabido ser pragmáticos y han hecho prevalecer su visión utópica y que la muchedumbre, cuando actúa como masa, no siempre acierta al ceder su voluntad y su capacidad de razonar, su deber de razonar, a terceras personas.

Juan de Mariana para ejecutivos

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

El Discurso de las cosas de la compañía de Juan de Mariana, publicado tras su fallecimiento en 1623, debería convertirse en manual urgente de sabiduría para ejecutivos y propietarios de negocios. En este interesante y poco conocido libro, el padre Mariana  denunciaba la decadencia de la orden religiosa a la que pertenecía, la enérgica Compañía de Jesús en el Siglo de Oro, y proponía soluciones asentadas en un conocimiento profundo y sincero de la acción humana. Los ejemplos del Discurso son los problemas frecuentes en las organizaciones contemporáneas.

El Padre Mariana anticipa humildemente, en el comienzo de la obra, su desconocimiento de la realidad sobrevenida; una realidad ajena al paradigma, presuntamente infalible, de la planificación:

Cosa averiguada es que los hombres no conocemos las cosas por sí mismas de ordinario, antes por los efectos que de ellas proceden; gobernámonos por los sentidos, y por lo que ellos es manifiesto pasamos al conocimiento de las causas.

El autor achacaba el origen de las dolencias entre los jesuitas a la fatal complacencia de sus administradores, siempre solícitos a premiar el conformismo y penalizar la opinión leal pero critica:

El general está lejos, el provincial o rector no se atreven a disgustar la gente por medio de alborotos y disgustos, con que todo se relaja sin remedio y el que mejor gobierna es el que mejor sabe condescender con la gente, con que todo se va a despeñar.

…Mírese si por ventura es falta de justicia por no repartirse los cargos a los mejores, sino a los más confidentes, aunque tengan mil alifafes o muy pocas partes o ningunas.

Hay dos capítulos del Discurso, el VII y el VIII, en los que magistralmente Mariana se muestra como adelantado de la externalización. Consideraba que despreciar la subcontratación de recursos puede ser el camino hacia la corrupción. Los párrafos que siguen, escritos en ese delicioso español de la época, no tienen desperdicio:

La tercera causa (del desorden) es los muchos oficios de que los superiores cargan; quieren tener carpinteros, albañiles, sastres, zapateros, lavanderos, panaderos; otros añaden granjerías de ganados, labor, sementeras, so color que por este camino se ahorra mucho. Como sale del montón el sustento y el vestido, no se echa tanto de ver como el dinero que saca cada día o cada semana para la paga de los oficiales de afuera. Más yo he tocado con las manos que, bien mirado todo, sale más barato lo que se puede hacer por oficios seglares.

…Un prior de Santo Domingo me aseguró que en tiempo que su convento criaban ganado les salía la carne al doble que en el rastro.

…Las cuentas no se toman bien ni hay claridad en todo que sería razón; y aunque se tomen con cuidado, si el rector o procurador andan de mala, pueden echar de clavo grandes cantidades.

El padre Mariana era contrario a la envidia igualitaria, carcoma visible en las corporaciones, ya que “el aceite no puede estar por debajo del agua” y ofrece una admirable definición de la igualdad:

Es verdad que conviene haya igualdad en la comunidad, pero no aritmética, sino geométrica; que no sería buen orden calzar a todos con una misma horma, sino que el calzado ha de ser conforme al pie, que esta es la verdadera igualdad.

Mariana rechazaba, por su efecto perverso, las “sindicaciones” o informes secretos sobre faltas en los integrantes de la orden de San Ignacio. Denunció la multiplicidad de leyes especulativas, la escasez de premios para los virtuosos así como la proximidad de la Compañía respecto del poderoso de turno, origen de malentendidos de toda clase. Desconfiaba del poder centralizado (“la Monarquía” lo llamaba él) más también de la dirección en forma asamblearia puesto que “en las comunidades los imperfectos son más en número”. Prefería el consejo de los expertos sin afectación, espejo para todos los demás (“los padres antiguos y graves y honrallos”).

Siempre pendientes del enésimo estratega oriental y resulta que tenemos en casa el luminoso testimonio de Juan de Mariana en torno a las corporaciones. Una lección de honestidad personal; un manifiesto de sereno desvelo por las cosas que verdaderamente importan. Merece la pena leerlo y tenerlo en cuenta. Volver a nuestros clásicos liberales es aire fresco que nos permite mejor vivir para después rechazar de modo adecuado la montaña de necedades que pretenden vendernos cada día.