Ir al contenido principal

La sociedad desprotegida

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Cada día más personas tienen miedo a que les asalten sus casas, golpeen y saqueen con total impunidad. La gente piensa que el Estado no le protege y que no vive segura. Ante esto, los políticos prometen destinar más recursos a la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, el problema estriba en el tipo de leyes penales que, supuestamente, castigan a los criminales.

Asumamos por un momento que el Estado comienza a destinar un 50% más de presupuesto a la policía. Se asegura de este modo que va a haber patrullas por todo el país. Supongamos también que, gracias a estas medidas, se arrestan a más delincuentes. La pregunta siguiente sería, ¿van a ir todos a la cárcel? ¿Cuánto tiempo van a estar recluidos? Aquí comienzan los problemas. Ni todos acabarán en la cárcel ni estarán el suficiente tiempo como para se desincentive la delincuencia. Si el coste de cometer un delito no es alto, este se disparará al ser más provechoso vulnerar la ley que cumplirla.

El motivo de que suceda esto es que la teoría que sustenta el actual derecho penal es la reinserción. Filosóficamente, es un despropósito porque implica que el delincuente es culpable de sus actos pero no el único. La sociedad también lo es, según el ideario progresista, dado que, al haber marginado al delincuente, éste no tenía otra salida que delinquir. En suma, la izquierda asume siempre que todos somos culpables de los males que nos aquejan. No es de extrañar que, por ejemplo, tras los atentados del 11-S y 11-M, los socialistas dijeran que había que incrementar las ayudas al tercer mundo porque el hambre era la fuente del terrorismo y Occidente era responsable de expoliar a los países más pobres. La lógica es la misma: alimentar la irresponsabilidad para socavar las instituciones tradicionales de las sociedades libres.

De hecho, al considerar que la gente no es responsable y que por eso, es obligación del Estado reinsertarlos de nuevo en la sociedad, el derecho penal prima la irresponsabilidad. Así se convierte, en vez de un mecanismo de represión, en un derecho asistencial. Al introducir fines ajenos al derecho penal en sus mismas entrañas, se produce un cortocircuito y deja de servir a los fines para los cuales fue ideado.

Ante esta situación, el economista Anthony de Jasay ha señalado que “en la mayoría de los países civilizados si un padre de familia descubre a un atracador en su casa y le dispara, va directamente a la cárcel y posiblemente deba defenderse de la demanda civil que le interponga el ladrón. En vez de disparar, lo que debe hacer primero es cerciorarse de sus intenciones, convencerlo para que desista y confiar en que todo salga bien. El atracador apuesta sobre seguro: si no es descubierto, completará la faena, y si es descubierto puede o bien desistir o bien derribar al dueño de la casa y proseguir el saqueo. En ninguno de los casos corre el riesgo de recibir un disparo. El atraco se ha vuelto mucho más seguro”.

De las palabras de Jasay se infiere que estamos ante un despropósito de tal magnitud que hace peligrar nuestro Estado de derecho. No olvidemos que la civilización no es otra cosa que la limitación de la coacción mediante la ley, de forma que cada uno pueda perseguir sus metas sin preocuparse por su integridad física. Por eso, cualquier excepción por motivos “sociales”, distorsiona la paz social.

No existen demasiadas esperanzas de que los gobiernos reaccionen enérgicamente. Máxime porque cuando lo hacen, como fue el caso del PP en lo que al cumplimiento de las penas por terrorismo se refiere, buena parte de la intelectualidad nacional-socialista calificó de fascista tal medida.

La única solución que se antoja razonable es dejar que cada ciudadano se proteja por si mismo, que disponga del derecho a portar armas ya que el Estado no ha cumplido con su principal cometido. Ya lo decía con su usual clarividencia, el presidente de este Instituto, Gabriel Calzada: “no es casualidad que Suiza y EEUU, donde el derecho a la legítima defensa es completo, tengan estados relativamente pequeños en comparación con Europa y que su progreso económico sea muy superior al nuestro. La prosperidad y la paz de las naciones se fundamentan en la seguridad de la vida y la propiedad privada”.

Consumismo navideño

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Las fiestas navideñas no son un invento de malvados capitalistas ávidos de lucro y deseos de vender sus mercancías. Muchas culturas celebran fiestas especiales cerca del solsticio de invierno (el día más corto del año): la oscuridad y el frío se combaten con vacaciones, festejos, iluminación y ornamentación hogareña y callejera, reuniones familiares, comidas abundantes y sabrosas e intercambio de regalos. En este ritual navideño no faltan a la cita las descerebradas críticas de la progresía contra el consumismo: consumimos demasiado, derrochamos de forma irreflexiva, injusta e insostenible.

Algunos confiesan su propia culpa, mostrándose como peleles sin criterio incapaces de controlar su comportamiento frente a la masa social y a la inercia de la costumbre. Otros critican a los demás de forma colectiva pero no tienen el valor de personalizar: si lo hicieran tal vez les responderían que se ocuparan de sus propios asuntos y no hicieran el memo juzgando conductas ajenas cuyos detalles desconocen por completo. Estos ataques que pretenden pasar como análisis objetivos no son más que declaraciones personales de preferencias subjetivas acerca de conductas ajenas. El socialista predecía el empobrecimiento progresivo de los trabajadores, y ahora fracasado, enrabietado, intolerante y tal vez envidioso critica que consumen demasiado.

El consumo es justo cuando se trata de algo que uno ha producido para sí mismo o intercambiado con otros de forma libre y voluntaria (comercio justo) sin robar ni estafar a nadie. La riqueza de algunos seres humanos no se obtiene necesariamente a costa de la pobreza de otros. Toda la redistribución estatal (y consumo asociado) de riqueza es injusta, se quita a unos (víctimas) para dar a otros (parásitos), y además es inútil para solucionar la pobreza. Igualdad material y justicia no son sinónimos. El ser humano siempre aspira a consumir más y mejor: se puede ayudar a los pobres dándoles oportunidades para trabajar y producir bienes para intercambiar con otros.

Algunos recomiendan austeridad, disfrutar de los pequeños detalles, de lo intangible: esto es muy legítimo si no se impone a los demás ni se les engatusa con argumentos equivocados. El asceta se conforma con poco, pero no suele esforzarse en producir nada de valor para los demás; puede tener mucha fortaleza mental, pero su capacidad de actuación física en el mundo es muy limitada. Ciertos creyentes lamentan el materialismo y la pérdida del sentido espiritual tradicional de las fiestas navideñas: la celebración religiosa del nacimiento de su divinidad (quien curiosamente no nació en estas fechas). Olvidan convenientemente que las fiestas invernales existían desde mucho antes de su usurpación por el cristianismo.

El consumo en una economía libre es sostenible. Cada participante en una economía de mercado es un productor especializado y un consumidor generalista: produce para los demás intentando averiguar qué les interesa y qué están dispuestos a pagar por ello. Los precios, junto a beneficios y pérdidas, son señales informativas acerca de las preferencias y las capacidades de los individuos que permiten dar a los medios escasos sus usos más valiosos. Los recursos naturales (renovables o no) defendidos por derechos de propiedad privada no se agotan.

No se consume para poder mantener una estructura productiva sino todo lo contrario: se desarrolla capital a partir del ahorro para poder producir y consumir más y mejor en el futuro. Los estados fomentan el consumo insostenible (no respaldado por producción realmente deseada por los consumidores) al evitar la liquidación de proyectos empresariales fracasados mediante la manipulación del crédito y el envilecimiento de la moneda: consumamos como si el mañana no existiera, ya que endeudarse es fácil y el dinero cada día tiene menos valor.

La inmensa mayoría de los productos disponibles en el mercado a mí no me interesan. Si no se trata de un error empresarial, seguramente les interesan a otros. Si ese otro no es quién para criticar mis compras, ¿quién soy yo para reprocharle por las suyas?

Las empresas de la guerra

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

La guerra de Irak, desde el punto de vista económico, podría pasar a la historia por un hecho muy peculiar, y es que muchos de los soldados no trabajan directamente para el estado, sino para empresas privadas. Empresas como CACI International, Global Risk International, Control Risks Group, Blackwater… ofrecen todo tipo de servicios en defensa con un amplio abanico de posibilidades. Según un estudio del George Washington University, en Irak hay más de 30 compañías militares de seguridad que operan sirviendo los intereses del gobierno y la gente.

Los grupos hostiles a la propiedad privada critican a estas empresas culpándolas incluso de la guerra en si misma. El fanatismo nubla la razón de estos grupos y no se dan cuenta de que quien ha provocado la guerra de Irak, como cualquier otra, no son las personas individuales, ni las empresas, sino el estado. Sólo el estado tiene la legitimidad de atacar, asesinar y esclavizar a países y naciones enteras. Es más, una de las peculiaridades de estas empresas privadas de seguridad es su amplia oferta: algunas tratan el sector minorista, otras trabajan para grupos de ciudadanos, para ONGs dándoles escolta para llegar ahí donde es más peligroso, e incluso, para defender a los soldados del estado que se ven indefensos ante los mandatos y leyes internacionales de los políticos que los han enviado a ese infierno.

Algunos economistas, por otra parte, han aprovechado esta fuerte aparición de empresas de seguridad privadas para decir que el sector privado es capaz de cubrirlo todo, incluso la guerra. La aparición de empresas militares privadas, o de seguridad a gran escala, no demuestra que las guerras puedan ser privadas, sino que el orden espontáneo del mercado existe y funciona. Demuestran que cuando hay un déficit en la demanda, automáticamente surge una oferta para cubrir ese vacío en el mercado de forma eficiente. Efectivamente, el outsourcing o subcontratación de empresas privadas de seguridad ha sido la respuesta a la ineficiente y costosa forma de hacer la guerra cuando era el propio estado quien se ocupaba de ella.

Vemos que el mercado responde a las necesidades de demanda real, y también, vemos que la guerra sólo puede tener una forma de financiación, ha de tener un coordinador central que acapare el interés y dinero que la haga posible, porque aún usando medios privados el fenómeno de la agresión unilateral y masiva es enormemente caro moviéndose el resultado, además, en un mar de incertidumbre altamente volátil y hostil donde los beneficios no son propiamente económicos —supuesto contrario a la filosofía del libre mercado— sino políticos. En otras palabras, sólo un órgano ajeno al sistema de  financiación del libre mercado puede ser el único capaz de fraguar las guerras masivas. Un órgano que siempre pueda retroalimentarse y tener sufrientes fondos como para continuar con ellas salgan bien o mal. Esta indiferencia total hacia los resultados monetarios es una contradicción directa a la estructura de la economía libre y privada.

Las herramientas usadas por la organización política “supra económica” que comienza y desarrolla el planificador son: los impuestos, deuda ilegítima —en cuanto no endeuda su activo, sino el futuro activo de terceros— y la inflación crediticia; o lo que es lo mismo: su financiación es la extorsión, el robo, y el fraude.

En un estado puro de laissez-faire (literal o virtual inexistencia de medios políticos) la guerra masiva sería una tarea imposible de asumir.

En conclusión, las empresas de la guerra, que bien analizadas son compañías de seguridad–agresión con una alta división del trabajo que responden a una demanda agregada real, sólo son el resultado de una evidencia: que el mercado es dinámico, vivo y se transforma continuamente a través del orden espontáneo. No han nacido para hacer el mal, sino porque el estado omnipotente ha canalizado su gasto en ellas.

Las guerras, así pues, son el resultado único de los políticos y del estado. Si no queremos guerras no hemos de desmontar el libre mercado, sino al estado.

El argumento moral del Estado

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

A quién no se le ha caído el alma a los pies cuando algún programa de noticias nos ha mostrado a desnutridos niños africanos repletos de moscas y sostenidos por sus madres, no menos desnutridas, en interminables campamentos entre miseria y desesperación. Quizá el abuso de este tipo de imagen nos ha insensibilizado ante tan dantesco paisaje pero con frecuencia las ONG’s nos recuerdan que el Primer Mundo es muy afortunado y el Tercer Mundo está sumergido hasta el cuello en la miseria. Este y otros paisajes no menos horrendos son razones más que suficientes para que las armas del Estado se pongan en marcha.

Las mencionadas ONG’s, cuyas principales fuentes de recursos son en no pocos casos los presupuestos de los Gobiernos, y los organismos gubernamentales que controlan el flujo de dinero público nunca han dudado en tergiversar la realidad para conducir al contribuyente o en su caso al donante, a una encrucijada moral: si él pasa hambre es porque yo tengo demasiado y por tanto soy el culpable. Debo dar algo de lo que poseo si quiero redimirme y estas organizaciones me ofrecen la oportunidad.

La causalidad razonada nunca ha sido el punto fuerte de estas campañas. Por lo general, la causa de la situación se ofrece antes de mostrar el síntoma, en este caso el hambre. La pobreza se plantea como una cuestión de reparto de riqueza, como si hubiera una mano sobrenatural que arbitrariamente la adjudicara entre los habitantes del planeta. Nunca se plantea como un problema de creación de riqueza, nunca se plantea como la eliminación de una serie de cortapisas que los empresarios encuentran, desde la corrupción más insoportable hasta la ausencia de un mercado donde poder vender sus productos.

Pero no sólo debemos buscar este argumento moral en las favelas brasileñas o en las sabanas africanas, con frecuencia se usa en nuestras acomodadas sociedades. Recientemente se ha celebrado el Día Internacional contra la Violencia de Género, rimbombante nombre con el que se nos refiere la despreciable violencia que se dirige en el ámbito doméstico y social contra la mujer por su condición femenina. Es tal la intensidad con la que los estamentos estatales hacen campaña que cualquier crítica a su forma o su fondo se convierten casi en un apoyo al machista maltratador. Así, son moralmente aceptables las leyes que promulgan la discriminación positiva de la mujer pero son inmorales las medidas que condenan con dureza al delincuente, porque de nuevo la moral oficial establece que el preso debe ser reinsertado en la sociedad aunque no esté claro su arrepentimiento y no que pague por su crimen. La consecuencia de esta moral oficial es que con más frecuencia de lo deseable, la mujer maltratada debe buscar hogares e instituciones donde pueda recluirse mientras que el “compañero sentimental” campa a sus anchas.

¡Cómo no vamos a ayudar a esos grupos, a esos políticos que abogan por un medio ambiente limpio de todo contaminante! ¡Cómo no vamos a permitir que se promulguen leyes que pongan impedimentos a esas empresas que en el súmmum de su egoísmo están maltratando la Naturaleza! Es inmoral defenderlas, como lo es justificar a tal o cual gobierno que aparentemente no se preocupa por disminuir las emisiones de CO2 y permanece “rehén” del poderío industrial.

Y así podríamos seguir con el comercio, del que sólo es válido y aceptable el calificado como justo y que aún no he llegado a comprender en su totalidad puesto que nos guste o no, sigue teniendo los demoníacos intermediarios.

La visión moral de cualquier problema es en el mejor de los casos, engañosa. En primer lugar, tiende a alejarnos de las causas eliminando la razón y la lógica en el estudio. En muchos casos, va acompañada de alguna ideología que suele ya tener establecido lo que es bueno o lo que es malo por lo que muchas veces sólo busca pruebas que confirmen sus dogmas, despreciando lo que los contradice. Existe la posibilidad de que lo que moralmente nos repugna, no sea así para otros. Gente conservadora puede ver en la homosexualidad un problema que para otros, ni se plantee. Aún así, en tanto estos planteamientos son personales e intransferibles, el daño de haberlo, es mínimo. Lo peor se plantea cuando desde la política, desde el Estado en último término, se establece una ética oficial. Es en ese momento cuando nuestra libertad está seriamente en peligro.

Sociedades: el impuesto que no cesa

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La rebaja en el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades anunciada por el presidente del gobierno español fue posteriormente atenuada por su viceministro de Hacienda; más siendo noticia importante, no es esencial. Lo significativo es que la economía ya no será obstáculo para pagar los experimentos sociales que se aproximan.

El profesor Carlos Rodríguez Braun, en su conferencia Los nuevos totalitarismos para el Instituto Juan de Mariana, señalaba la nueva legitimidad que actualmente la izquierda procura ganar, defendiendo, entre otras legitimaciones, el prohibicionismo (véase consumo público de tabaco) frente al acuerdo privado sobre usos cotidianos.

Efectivamente, al socialismo le aburren cada vez más las regulaciones de empleo en la fábrica de turno y hoy se mueve mucho mejor patrocinando la intervención en las costumbres para atraer a la mayoría sociológica estatista. Para sufragar esas intromisiones y otras (la desintegración autonómica) se necesitará durante mucho tiempo que alguien siga encendiendo la luz de su negocio cada madrugada y generando ingresos para el fisco; verbigracia, los empresarios españoles, a los que les acaban de decir que les rebajarán del impuesto de sociedades cinco puntos en cinco años o así.

Quizá tiene cierta razón el viceministro cuando afirma que las empresas demasiado pendientes de las decisiones gubernamentales no deberían beneficiarse de la reducción del impuesto, ya que tales firmas no cejan en su empeño de hacer pasillo. Sin embargo, esa declaración no deja de ser un dardo envenenado que demuestra el riesgo moral de muchos empresarios. Habría que advertirles duramente a éstos: “¡No es sólo la economía, sino también la honradez lo que importa, estúpidos!” Y al propietario más abnegado: “¿De qué sirve que compriman el impuesto de sociedades punto arriba o abajo, cuando, por otro parte, no desmontarán la inflexibilidad laboral, rechazarán tus productos por su origen y tus vecinos sólo te seguirán apreciando por tu forzada labor recaudadora?”

Habría, además, que recordarles a ambas clases de emprendedores, que el impuesto de sociedades español es uno de los más elevados de Europa, desmotiva la inversión, deja a la intemperie a los modestos capitalistas si no pueden vincularse al mecenazgo y no permite amortizar el suelo –si lo declaran no urbanizable- donde se hace el negocio. El de sociedades es un impuesto muy contable, muy complejo; para saber Sociedades hay saber Contabilidad a base de bien. Cada párrafo de su extensa ley (144 artículos) tiene demasiada enjundia. Por múltiples razones debería dejar de ser el impuesto por excelencia de la empresa.

La actitud de algunos respecto de esta promesa impositiva es similar a la del animoso mastín al que le echan un hueso jugoso de roer, mientras le derriban la caseta donde vive. Demasiado voluntarismo y escasa profundidad para una noticia que ha tenido seguramente la intención de aliviar el eco mediático de la corrupción y el conflicto entre regiones. El problema del impuesto de sociedades no son los tipos sino su existencia como impuesto de la renta bis para las compañías.

La China (ex)comunista

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

A propósito de la visita oficial a España del presidente chino Hu Jintao algunos comentaristas han querido destacar la naturaleza totalitaria del régimen asiático, al que tildan de comunista (aquí y aquí). Pero la China de Hu, aun cuando siga enarbolando la misma bandera roja, es muy distinta a la China de Mao, y una valoración política de la China actual sería incompleta sin la debida referencia a la revolución capitalista que está acaeciendo en el país.

Es cierto que el régimen asiático sigue siendo en varios aspectos, sobre todo en materia de derechos civiles, francamente totalitario: miles de presos políticos, libertad de expresión restringida, adoctrinamiento socialista en las escuelas, control de la población con la política de un solo hijo por familia, persecución religiosa, expropiaciones masivas, ausencia de garantías procesales adecuadas, ejecuciones por delitos de corrupción o tráfico de drogas… Unas 150.000 empresas públicas emplean todavía a un ejército de más de 50 millones de funcionarios y algunos sectores económicos están aún severamente intervenidos. Pero, con todo, China ya no es por más tiempo un país comunista.

Con una tercera parte del sector público de Suecia o Francia, un mercado laboral notablemente desregulado y una iniciativa privada en auge, China ha experimentando en los últimos 25 años un histórico crecimiento de un 9% anual. 400 millones de personas se han elevado por encima del umbral de la pobreza que establece el Banco Mundial, cayendo de más del 50% a menos del 10% la población que vive con menos de un dólar al día. El Estado chino, que ayer mataba de hambre a su pueblo por decenas de millones, permite hoy que la mayoría de los precios se fijen en el mercado y que la gente pueda, simplemente, prosperar. La esperanza de vida es de 71 años, la tasa de mortalidad infantil ha descendido del 85 al 30 por 1000, el ingreso per cápita tanto de las familias urbanas como de las rurales se ha multiplicado por 15, China es ahora la quinta economía del mundo (la segunda en términos de PPP) y el skyline de Shanghai ya parece el de Hong Kong. Las enmiendas constitucionales que enfatizan la protección de la propiedad privada y la centralidad del sector privado reflejan la voluntad de ajustar el marco legal a una realidad económica que poco tiene que ver con la China maoísta del Gran Salto Adelante.

En ocasiones se pone el acento en la carencia de “libertades políticas”, obviando que la libertad no viene dada por el grado de participación democrática sino por la medida en que cada ciudadano puede perseguir sus fines sin interferencias. Y actualmente en China la mayoría de gente puede perseguir sus fines incluso con menos interferencias estatales que en algunas democracias occidentales. Los españoles trabajamos para el Estado el doble que los chinos y numerosos sectores están allí marcadamente más liberalizados que aquí. Si la China de Hu Jintao es comunista, ¿qué es la España de Zapatero?

China es un país con luces y sombras. Hacer una valoración política en base únicamente a las sombras es enjuiciar la realidad a medias. Porque si bien es muy cierto que las democracias occidentales podrían servir de ejemplo a China en varios aspectos, no es menos cierto que en otros las democracias occidentales harían bien en aprender del país asiático.

¡Los impuestos son impuestos!

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los argumentos que se emplean para tratar de justificar los impuestos es el llamado contrato social. Los ciudadanos pagamos impuestos voluntariamente porque se ha establecido un contrato por el que, a cambio, el estado nos presta unos servicios. Con esta idea se intenta enjuagar la carencia de raíz que acompaña a esta agresión otorgándole un aire de voluntariedad y libre asociación. Pero, ¿cuándo se ha firmado tal contrato? ¿Lo hice yo?

Evidentemente no existe tal contrato. Más bien al contrario, ante lo que verdaderamente nos encontramos es ante una concepción holista del mundo dominado por el constructivismo cartesiano ejemplificado en la expresión del destacado teorizante de la Revolución francesa, el abate Sieyès, que exhortaba a la Asamblea revolucionaria a “actuar como hombres justos saliendo del estado de naturaleza y reuniéndose con el propósito de firmar un contrato social”.

¿Estaba yo allí?, se preguntarán algunos. ¿Tuve la oportunidad de firmar tal contrato, apartándome y superando los primitivos y atávicos sentimientos del estado de naturaleza?

Dejando aparte que la propia asamblea se proponía usar una institución, el contrato, nacida y perfeccionada precisamente en el seno de ese estado de naturaleza al que pretendían superar, la invocación del abate es la clara muestra de la voluntad de unos pocos para obligar a los demás a cumplir su patrón. El sometimiento.

Algunos podrían preguntarse: pero usted tiene la oportunidad de votar si quiere más o menos impuestos, es decir, existe voluntariedad refrendada por los votos. Pero aun así, resulta ofensivo tal argumentación pues no es más que la conocida pregunta del salteador de caminos: ¿la bolsa o la vida? ¿Realmente hay elección? ¿Existe elección a negarse a tomar tal elección? Puedo elegir el daño del delincuente, pero, lo que verdaderamente importa: ¿puedo elegir no ser atracado? Es ahí donde se encuentra la auténtica voluntariedad, y es esa voluntariedad la que jamás encontraremos en el contrato social, esto es, los impuestos y el estado.

Y cuando no se permite la opción de elegir, de ejercitar nuestra libertad, a uno se le convierte en esclavo. Con todas sus letras. Y sin embargo, aun así la mayoría objetará la radicalidad de la afirmación. ¿Cómo vamos a ser esclavos? Tenemos nuestro coche, nuestra casa, salimos a comprar, nos reunimos con nuestros allegados… Pero nos roban todos los años cierta cantidad de dinero, del fruto de nuestro trabajo, bajo amenaza de uso de la fuerza (y en algunos casos, cuando uno ha incumplido, lo prometido es deuda y se usa la fuerza y se enjaula al infractor).

Lejos, pues, de ser un contrato libremente articulado y perfeccionado, el estado impone un sistema de expropiación de la riqueza que las más grandes mafias de la historia de la humanidad habrían envidiado. Y ante un ladrón, nadie vería con malos ojos intentar engañarle y ocultarle nuestras riquezas y posesiones. Sería una actitud justa y moralmente lícita tratar de impedir que un criminal se apropiara de nuestra propiedad, conseguida pacíficamente y sin causar daño a terceros. De ahí que sea moralmente lícito no pagar impuestos ¡precisamente porque son impuestos!.

Ahora bien, no sería aconsejable esta opción y sí, más bien, la prudencia y el pragmatismo pues, como dijo Murray Rothbard: “los individuos deben tratar con el Estado como con un enemigo que es, por el momento, más poderoso”.

Malas porque sí

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Los socialistas han encontrado en las grandes empresas uno de los filones más rentables y facilones en sus ataques contra el capitalismo. Los empresarios de las grandes compañías se encuentran atados de pies y manos ante la inquisitorial inspección del izquierdismo internacional. Ninguna decisión que tome una gran empresa está bien vista, sea la que sea.

Tomemos el sencillo ejemplo de los precios. Todo empresario debe decidir en cada momento si sube, baja o mantiene los precios. Sin embargo, por extrañas tirrias antiliberales, cuando estas decisiones tiene que tomarlas una gran empresa siempre nos encontramos con conspiraciones monopolísticas.

Si una gran empresa sube el precio, estamos ante un evidente ejemplo de abuso de su posición de monopolio, con la clara pretensión de explotar a los desamparados consumidores. En este caso, resulta conveniente que el gobierno establezca precios máximos para evitar los daños sobre los ciudadanos.

Si, por el contrario, decide reducir el precio, sus intenciones pasan indudablemente por establecer precios predatorios que eliminen la competencia para, de esta manera, conseguir una posición plenamente monopolística. En estos casos, habrá que subvencionar a las restantes empresas para que puedan, a su vez, reducir sus precios o directamente sancionar a la empresa que los ha bajado en primer lugar por “competencia desleal”.

¿Y si decide mantener los precios sin cambio alguno? No cabe duda de que asistimos a un acuerdo oligopolístico secreto entre las grandes empresas del sector que tiene como objetivo evitar reducciones de precios que beneficien a los consumidores. El Tribunal de Defensa de la Competencia tiene que investigar si existe esta alianza colusoria y, en su caso, multar severamente a las empresas que restringen la competencia.

Como vemos, sea cual sea la decisión que adopte una gran empresa estará sometida a duras críticas por parte de la izquierda y a una continua inspección por parte del poder político. El Estado siempre encontrará una excusa para intervenir y regular el mercado; tiene miedo de una libertad empresarial que enseñe a los consumidores la posibilidad de desvincularse de las relaciones impuestas y obligatorias, de la servidumbre estatal.

El ejemplo de las grandes empresas ilustra perfectamente la ruina moral y científica de la mayoría de voceros anticapitalistas, cuya batería argumentativa pasa por criticar cualquier decisión que no pase por el Estado. No en vano, lo que molesta al socialismo no son las decisiones concretas, sino la libertad de elegir. Se debe criticar cualquier resultado de la acción libre, porque hay que demostrar que la acción libre es intrínsecamente malvada.

Claro que la izquierda, más bien, debería preguntarse si sus subproductos ideológicos, fruto de sus elecciones libres, no son, en realidad, la parte forzosamente malvada y corrupta de las sociedades capitalistas.

Un estatuto liberticida

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Nos recordaba el profesor Jesús Huerta de Soto, hace unos días, que la librecambista Castilla se vio obligada a aceptar las medidas proteccionistas aprobadas merced a la presión de la burguesía catalana, que no quería competir con los de fuera. La historia parece repetirse con el estatuto aprobado en el parlamento catalán. Tanto lo del proteccionismo como lo de, por sorprendente que parezca, emplear Madrid para imponerlo a toda España.

El intervencionismo del estatuto se puede mostrar sin más que citar algunos fragmentos en los que se llega al extremo de decir que “corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de tiempo libre” (134.4), reconoce el “derecho a gozar de los recursos naturales y del paisaje en condiciones de igualdad” (27) mientras, al mismo tiempo, “los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda” (47), ardua tarea si alguien quiere disfrutar del paisaje que tenía antes de la construcción de más viviendas. Entre muchos otros ejemplos. Es difícil encontrar un artículo que no sea liberticida.

Sin embargo, como de todos es sabido, el exceso de presencia del estado provoca una clara y evidente pérdida de competitividad. La solución consiste en garantizarse que el resto de España tendrá que padecer una presencia similar. Por eso, el artículo 182 del estatuto otorga a la Generalidad la potestad de designar representantes en todos los organismos reguladores de algo cuyas decisiones pueda afectar al peinado de cualquier catalán del reino, es decir, todos. Banco de España, Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (claro), Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera.

La jugada es, por tanto, la misma que antaño. Se utiliza ese malvado centralismo que tanto critican para evitar que el resto de España pueda optar por reducir los impuestos o liberalizar mercados mientras se emplean las nuevas competencias para reducir aún más los pocos resquicios de libertad que hay en Cataluña. La única ventaja es que, en un mundo cada vez más globalizado, resulta más difícil que nunca esconderse debajo de un ala tan pequeña como es España y seguir prosperando. Francia también lo está intentando, cobijándose bajo una Unión Europea que quiere convertir en una réplica de su fracasado modelo político, intentando así alargar su agonía. Es una prioridad para mantener nuestra prosperidad que fracasen ambos en su intento.

Aprovechando que este estatuto está provocando tanta tensión sobre la constitución, el PP haría bien en plantear una reforma distinta: la eliminación de estatutos en todas las comunidades y su sustitución por un sistema en que las competencias fueran cedidas a todas las comunidades, sin excepción, recogiendo el gobierno central sus impuestos y las regiones los suyos. Lo malo no es que el régimen foral permita al gobierno vasco reducir su impuesto de sociedades para atraer inversiones espantadas por el terrorismo y la coacción institucional, sino que La Rioja no pueda hacer lo mismo, favoreciéndonos a todos de esa competencia entre gobiernos.

Pero eso jamás lo querrán los nacionalsocialistas que gobiernan en lugares como Cataluña o el País Vasco, pues lo que desean es tener más poder que sus vecinos e intentar imponerles sus opciones políticas y económicas. Porque, mal que le pese a don Jesús, eso del nacionalismo liberal no se lleva.

El ecologismo como religión

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Decía Chesterton que, desgraciadamente, cuando la gente deja de creer en Dios cree en cualquier cosa. Andaba cargado de razón. Y el siglo XX se ha encargado de demostrárnoslo. Se escapa del alcance y la extensión de este comentario las razones por las cuales los seres humanos somos, amén de racionales, seres religiosos. El hecho es que las creencias religiosas forman parte de naturaleza humana y, por tanto, labor del humanista es hacerlo constar y procurar comprenderlo.

No es ningún secreto que el socialismo, en sus dos variedades comunista y fascista, constituyó la gran fe laica del siglo XX. Los socialistas trocaron la creencia en un mas allá paradisíaco por la de un más acá de justicia y abundancia. Hasta en el amor por los iconos –la hoz y el martillo, la esvástica, las banderas rojas, las masa enardecidas– era calcado al que los fieles tienen por los símbolos propios de la religión tales como los crucifijos, la imaginería o los ritos. El problema es que el socialismo, que traficaba con una mercancía que tenía que devengarse en este mundo, no respondió a las expectativas creadas. Su paraíso en la tierra resultó ser un tanto criminal, miserable y calamitoso por lo que, con los años, los devotos de Marx y sus epígonos fueron perdiendo la fe y engrosando las filas de los izquierdistas escépticos, que son, a día de hoy, los más numerosos.

La dialéctica marxista, sin embargo, ha servido para reelaborar discursos paralelos no menos efectivos que el original. El que más éxito ha cosechado ha sido el ecologismo. Posee todo lo que una buena religión precisa tener para cautivar a las almas cándidas necesitadas de respuestas. Parte de un paraíso original en el que el hombre vivía en armonía con la naturaleza, un verdadero jardín del Edén del que fuimos expulsados cuando empezamos a dominarla, es decir, cuando inventamos la agricultura. Fue nuestra manzana. Desde entonces no hemos hecho más que reincidir en el pecado, extendiendo el dominio humano por todo el globo, industrializando nuestra producción, contaminando el aire y el agua.

Siguiendo el guión del evangelio ecologista, en estos momentos nos encontramos a las puertas del Apocalipsis, que se reviste de calentamiento global, de glaciación o de lo que venga al caso. Como en toda religión que se precie, la posibilidad de salvación existe. Está al alcance de la mano si abrazamos el credo único y nos aplicamos a él con la fe del carbonero, sin cuestionar el dogma. El que lo pone en duda es declarado hereje y puesto en la pira de los “enemigos de la naturaleza”, divinidad, por otro lado, de esta religión de nuestros días. Lo que esperan sus sumos sacerdotes es que, sin desviarnos demasiado del dogma único, sigamos pecando para que su presencia esté más que justificada. Pecadillos veniales como no reciclar el papel, o como coger el coche en lugar de la bicicleta, son suficientes para hacernos sentir la culpabilidad del día a día.

La realidad, los hechos contantes y sonantes, no importan. En ninguna religión lo hacen. Da igual que el dogma sea puesto en tela de juicio, es artículo de fe en el que, o se cree ciegamente o no se cree. En cuanto a las previsiones apocalípticas, no es inconveniente alguno que no se cumplan. Se actualizan y asunto zanjado. Hay que creer en ellas, eso es lo único importante.

Visto de esta manera, tomando al ecologismo como lo que es, y no como lo que asegura ser, es lógico que, de un tiempo a esta parte, el común de la gente crea sin sombra de duda que la Tierra está enferma por culpa nuestra, y que el fin de los tiempos está a la vuelta de la esquina. Pregunte, pregunte a su alrededor y verá.