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Seguridad y social: origen y crisis

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Análisis diario.

Las bases de los sistemas de previsión social, comunes en las economías occidentales, tienen su origen en las reformas políticas instauradas a finales del siglo XIX para intentar atajar los estallidos episódicos de conflictividad obrera.

El 17 de noviembre de 1881, el canciller del Reich Otto von Bismarck, abría la sesión del Reichstag en nombre del emperador y entre otras cosas afirmaba “… En tal sentido, se presentará por el gobierno un proyecto de ley sobre aseguramiento de los trabajadores contra los accidentes de trabajo (…) y un proyecto de ley de creación de un sistema, con base paritaria, de cajas de enfermedad. También se considerará la situación de quienes pierdan la capacidad de trabajo por edad o invalidez, pues tienen frente a la comunidad una pretensión fundada de mayor asistencia pública de la que hasta ahora se les ha dado”.

En España, fue el conservador Dato quien esbozó las primeras medidas de protección social –en realidad el embrión de lo que, andando el tiempo, se convertiría en nuestra seguridad social actual–, con su declaración de 1900 en la que se obligaba a las empresas a responsabilizarse directamente de los accidentes laborales de sus empleados. Durante la II República se profundizó en la legislación social, aunque las reformas proyectadas acabarían por tener muy escasa efectividad. En esta etapa se aprueba la creación de la Caja Nacional contra el paro forzoso, el seguro obligatorio de accidentes de trabajo y una ley de bases para un seguro de enfermedades profesionales. En los primeros años del franquismo, la legislación social es deudora de las políticas implantadas en Italia por el régimen fascista. A lo largo del régimen de Franco, en desarrollo del “Fuero del Trabajo” y del documento constitucional del “Fuero de los Españoles”, se implantan el denominado “subsidio familiar” (1937), completado con el posterior “plus familiar”, el seguro obligatorio de enfermedad (1942), el subsidio obligatorio de vejez e invalidez (1947), el de viudedad (1955) y se pone en marcha el primer mutualismo laboral, que recoge las pensiones de jubilación, viudedad y orfandad.

Pero los principios inspiradores de toda esta legislación social seguían el patrón bismarkiano, que contaba con el gran factor de estabilización que suponía la existencia en el mundo de un patrón oro, que eliminaba en gran medida las tentaciones inflacionistas de los gobiernos. Aquel se basaba en la cuasi independencia de la Hacienda Pública, en la reducción de la condición de beneficiario tan sólo a los contribuyentes del sistema y la utilización de las técnicas actuariales típicas del seguro privado en las que se basa el modelo de capitalización.

Tras la II Guerra Mundial, se imponen las tesis keynesianas que modifican sustancialmente los principios rectores de la función previsora estatal, pasándose a un sistema financiado fuertemente por el Estado a través de los impuestos y basado en un régimen de reparto.

El modelo era insostenible per se a largo plazo, pero sus problemas se agravaron con la existencia de altos niveles de paro, fenómeno casi marginal hasta la crisis de los 70, que se unían a la rémora de varias décadas de inflación sostenida fruto del abandono del patrón oro, que consumieron gran parte de las reservas estatales. En España, en 1974, había según la EPA 398.000 parados (1,98%). En 1984 la cifra ascendía a 2.869.000 (21,69%), el doble de la media de los países de la entonces CEE. En este periodo, cada cotizante pasó a tener una persona beneficiaria más a su cargo.

El sistema sigue enviando señales de alarma desde hace décadas, pero a pesar de que gobiernos restrictivos del gasto público, como las dos legislaturas de Aznar, pueden aliviar la situación, se trata tan sólo de preterir la implosión inevitable del Estado del Bienestar, acuciado por el fenómeno de inversión de la pirámide poblacional. Se impone una reforma estructural de los usos de previsión social estatales y volver al modelo actuarial para el que se diseñó en su día como única forma de evitar el desastre.

El problema es que los políticos tienen una preferencia temporal inmediata, que en ningún caso suele ir más allá de los cuatro años que hay entre cada proceso electoral y muy pocos se atreven a asumir los riesgos de una medida altamente impopular entre la masa aborregada “Estado-dependiente”. Hasta que el invento no de más de sí… pero entonces, piensa el político, “que lo arregle quien esté en ese momento disfrutando del poder”.

La gran hambre irlandesa

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La Irlanda de la segunda mitad del Siglo XIX se ha puesto muchas veces como ejemplo del fracaso de un sistema social. En la conciencia social colectiva, como el fracaso del liberalismo y de la propiedad privada. Como una incómoda mancha de pobreza en medio de un brillante desarrollo social que acompañó a otras experiencias liberales, como la de los Estados Unidos o la del Reino Unido. En 1840 había 8 millones de irlandeses, y la sangría demográfica impuesta por el hambre, en la combinación de muertes por inanición y migraciones huyendo de las mismas, dejó la población irlandesa en 1900 en los 4,5 millones.

Irlanda, sí, es un claro ejemplo. Pero no del fracaso del liberalismo, sino de los perversos efectos sociales de la falta de respeto a la propiedad privada. Irlanda fue brutalmente tomada por Inglaterra, que sometió a ese país a una servidumbre extraña. Ya que impuso sucesivas expropiaciones que repartieron las tierras irlandesas entre los protestantes ingleses. Pero los nuevos terratenientes no se quedaban en Irlanda, sino que vivían en Inglaterra. No es de extrañar. El Estado subvirtió la common law. Ésta era generalmente favorable a los arrendatarios, que por el usufructo de la tierra pagaban al terrateniente una renta. La ley les protegía incluso en casos de impagos no prolongados.

Pero el mandato británico logró desnaturalizar la ley e imponer una legislación de una abyecta injusticia. Se ha llegado a decir que los irlandeses católicos solo eran reconocidos legalmente para la represión y la penalización. Desde finales del XVIII y durante la primera mitad del XIX, se prohibió a los católicos comprar propiedades de los protestantes. Y el chivato que diera noticia de un contrato así se quedaba automáticamente con la propiedad. La herencia se repartía entre los hijos por igual, a no ser que uno de ellos se declarara protestante, en cuyo caso pasaba a su propiedad. Dice un historiador que “la tierra pasó casi universalmente a manos de los protestantes”.

Había un claro y en muchas ocasiones violento enfrentamiento entre los terratenientes ingleses, que habían recibido la propiedad por la conquista y los contactos políticos, y los arrendatarios. “La antipatía entre (éstos) y el terrateniente impedía cualquier acuerdo basado en la mutua buena fe”, dice un historiador del período. Es más, había una auténtica guerrilla campesina. En estas condiciones, tampoco la propiedad de los terratenientes era segura. No miraban hacia el futuro, sino más bien a la mayor explotación a corto plazo de sus tierras. Estrangularon al campesinado irlandés, sin realizar las inversiones que hubieran elevado la productividad de la tierra y hubieran permitido mayores rentas de arrendatarios y terratenientes. En 1839 Malthus observó que el problema irlandés provenía de falta de capital. Pero no llegó a observar que éste provenía de una situación insegura de la propiedad en dicho país.

El historiador Joel Mokyr, nos dice Tom Bethell en The Noblest Triumph, buscó sin éxito la respuesta a “¿Por qué se moría Irlanda de hambre?”, lo que sería la traducción de su libro sobre el asunto, pese a que reformuló la pregunta correctamente a “¿porqué era pobre Irlanda?”. Y eso que observó que Irlanda estaba caracterizada por continuos enfrentamientos y “derechos de propiedad pobremente definidos”. Una comisión de 1844, inmediatamente anterior a las grandes hambrunas, halló que “la incertidumbre el arrendamiento es vista como un agravio opresivo en todas las clases de arrendatarios”.

Con la institución de la propiedad violada, desvirtuada y subvertida, no solo no se invertía en la mejora, no se dedicaba capital a la tierra. Todos los observadores se sorprendían por la desidia y la holgazanería, que muchos achacaban a la raza irlandesa. Nassau Senior, uno de los grandes economistas del momento, observó que los irlandeses “trabajan duro en Gran Bretaña y en los Estados Unidos de América”, pero que en su propio país “eran indolentes”. Además se contaba con el contraejemplo del Ulster, donde siempre se respetó más la propiedad, se llegaba a acuerdos voluntarios con los terratenientes sin mayor problema, y si un arrendatario vendía su contrato, recibía una compensación por las mejoras que hubiera hecho en la parcela. En el Ulster nunca se llegó a los problemas que aquejaron al resto de Irlanda. El irlandés es un caso claro de cómo la violación de la propiedad lleva a los enfrentamientos y a la pobreza.

¿Es necesaria la biodiversidad?

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La biodiversidad es para los ecologistas una realidad casi santa que bajo ninguna circunstancia debemos sacrificar. Cualquier situación que pueda dañarla o alterarla debería cesar sin tener en cuenta los efectos que tendría sobre nosotros, individual o colectivamente. Sin embargo, la biodiversidad es una consecuencia de la Evolución y como muchos otros aspectos de la historia de nuestro planeta, ha variado a lo largo del tiempo, soportando cataclismos externos e internos y recuperándose, tomando nuevos caminos por los que transcurrir. Sin la caída de un meteorito hace unos 66 millones de años, unos pequeños animalillos insectívoros, que vivían a la sombra de los gigantescos dinosaurios, no hubieran tomado el relevo hasta imponerse al resto, evolucionando hacia el Homo sapiens, uno de cuyos especimenes esta escribiendo esto ahora.

Así que el sentido del título de este comentario no es por tanto la necesidad del concepto de biodiversidad, ya que esta pluralidad de organismos está más que asegurada por el devenir natural de la Tierra, sino del concepto que los conservacionistas manejan, un concepto estático y sujeto a dogmatismo.

Una de las cosas que más llama la atención es que la humana no es precisamente una de las especies que los ecologistas manejen a la hora de hablar la biodiversidad o, si lo hacen, se mantiene subordinada a otras, vegetales o animales. Si, por ejemplo, la madrileña carretera M-501 tiene un elevado número de accidentes mortales y su ampliación es la solución más demandada por vecinos y conductores, los grupos ecologistas aseguran que dicha obra afectaría a biodiversidad de la zona, por lo que paralizan los planes y proyectos con alegaciones, denuncias y todo tipo de argucias legales e ilegales, mientras que los cadáveres van acumulándose y el desarrollo de la zona deteriorándose.

El interés de los ecologistas, paradójicamente, se centra en el mantenimiento de especies sensibles a la opinión pública y hasta cierto punto lejanas. Los esfuerzos para salvar el lince ibérico, el lobo o el tigre no tienen su contrapartida para las cucarachas, las moscas o el virus de la viruela. Sin embargo, todas ellas han configurado el entorno del que disfrutamos y tan necesarias han sido unas como las otras. Sin ese u otros virus, el humano no hubiera desarrollado ese arsenal interno que es el sistema inmunológico y no seríamos lo que somos. Sin embargo, y con toda la lógica del mundo, el ecologista no aboga por la “suelta” de las cepas que aún se conservan. Esa incoherencia es otro de los rasgos fundamentales de este concepto.

En su particular concepto de la biodiversidad, los ecologistas nos presentan a las especies conviviendo en un delicado equilibrio ecológico que, sin la acción del hombre, perduraría por los siglos de los siglos, con cambios progresivos, lentos y seguros que permitirían la adaptación de las especies; de nuevo, esto es una falacia. Además del comentado meteorito cretácico, los mamíferos placentarios terminaron por destruir a los marsupiales hasta el punto de que hoy sólo sobreviven en una isla-continente como Australia y sus archipiélagos o en las zonas boscosas de América. Unas especies terminan con otras de forma natural; forma parte del proceso. De la misma manera, la humana es la primera que ha desarrollado inteligencia capaz de manipular el entorno a niveles no vistos hasta ahora y eso alterará al conjunto como lo hicieron otras, porque somos una más. Algunas se adaptarán, desde los gorriones a las cucarachas han prosperado en torno a nuestras actividades configurando otros ecosistemas, otras han huido buscando mejores lugares. Las circunstancias dirán cuáles se adaptarán y cuáles no pero una cosa parece clara, la misma inteligencia que lo cambia todo es capaz de parar cuando su propia existencia se pone en peligro.

El concepto de biodiversidad ecologista permanece, por tanto, ajeno al ser humano, a todas sus virtudes, defectos y capacidades, es incoherente y está sujeto a dogmatismo porque no tiene ninguna base científica. Con todo ello, ¿es necesaria esta biodiversidad? Yo creo que no.

El informe Tamames sobre libertad comercial

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

El recién publicado Informe sobre libertad comercial en España (Ediciones 2010), dirigido por el profesor Ramón Tamames, es un relevante análisis que vuelve a cuestionar, al igual que similares estudios anteriores, la radical limitación de horarios regulada desde 2004 que beneficia descaradamente a los supermercados y perjudica con rotundidad a la inmensa mayoría de los consumidores en nuestro país.

Desde Émile Zola hasta las últimas recomendaciones del Banco de España, pasando por Hayek, el ejemplo irlandés o los consejos de la Unión Europea, son numerosas y clarificadoras las opiniones (y las cifras) que desvelan, gracias a este trabajo, la sinrazón de las medidas que hoy mutilan la libertad de vender y comprar. El Informe Tamames, a partir de ese perfil estructuralista propio de su autor, ofrece múltiples argumentos que deben ser tenidos en cuenta acerca de esta cuestión. Para el comentario pueden destacarse tres aspectos: el itinerario político que acabó en la restrictiva Ley 1/2004, la pertinaz mentalidad antiliberal en ciertas regiones y el ahorro que se les escapa de las manos a los clientes por culpa del cerrojazo comercial.

La nueva normativa, que entró en vigor en Enero de 2005, es el involuntario y desafortunado desenlace de una estrategia liberalizadora ya derribada. El pasado gobierno popular liberó el comercio, es verdad, a partir de un Decreto-Ley de 2000, pero pospuso al presente año la plena libertad, con la intención de lograr máximos consensos con las autonomías. No fue posible. Los acontecimientos conocidos por todos anularon el escenario de doce años de segura gobernación de la derecha. Y es que la libertad no debe ofrecerse a cuentagotas; esperar doce meses en política es una eternidad. Fue un grave error que los intervencionistas aprovecharon. La Historia siempre ha sido para los audaces y termina despreciando a los acomplejados. La ley socialista de 2004 minimiza a 8 festivos y 70 horas semanales las posibilidades de apertura. 7.000 trabajadores que se han quedado sin empleo por esa arbitrariedad lo recuerdan.

Es significativa la encuesta de la OCU en 2004, recogida en el Informe, en la que el 65 por 100 de los encuestados prefieren la amplitud en los horarios comerciales para ellos mismos. No obstante, llama la atención que –a las preguntas de si se considera importante la libertad de horarios en general, para la propia familia y para otros consumidores– en Asturias, Cataluña, Navarra y País Vasco las opiniones negativas llegan a alcanzar el 40 por ciento. Aparece en el Noreste un auténtico “cinturón del no” indolente al progreso comercial y que probablemente explica muchas cosas de la actualidad española. Por no hablar de la segunda licencia autonómica, abusivo doble peaje para la creación de establecimientos. Sobre superficies de 2500 m2, Asturias, por ejemplo, recauda un tipo impositivo medio de 17 euros por m2, mientras que Cataluña cobra 0,01 euros. No aparece incluso la posibilidad de encontrar un federalismo razonable para la prosperidad; los subasteros gubernamentales parecen acordar entre sí, de modo más o menos involuntario, los precios de salida en los negocios.

No es la protección de privilegios particulares sino el amparo de la moralidad económica para la mayoría social. El Informe echa cuentas en las economías de alcance (la posibilidad de ahorro significativo de tiempo en el punto de venta) y calcula en 408 los euros atesorados por cada familia si se lograse la emancipación de las tiendas, cifra nada trivial, próxima al 1 por 100 del PIB y al 5 por 100 del gasto total de la población en compras en el comercio. Los responsables de Comercio, dondequiera que ejerzan, no reparan esos absurdos legales que tiranizan la vida cotidiana. Algunos, si fueran auténticos servidores, ayudarían a muchos a mitigar la complejidad urbana con bien poco, más hoy no les place ni parece posible.

Los argumentos, decía Tomás de Aquino, son válidos “no a causa de la autoridad de aquellos que lo dicen, sino a causa de lo dicho”. El Informe Tamames es útil porque todo refuerzo es bueno para evidenciar, en este invierno de ideas que se avecina, una situación claramente insoportable.

La naturaleza del hombre y del Estado

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La naturaleza del hombre y del Estado

Algunos liberales minarquistas blanden la naturaleza del hombre como razón apodíctica contra la viabilidad de una sociedad sin Estado. Arguyen que el anarco-capitalismo a lo sumo sólo sería factible si todos los hombres fueran “buenos” o “pacíficos” por naturaleza, pero puesto que no lo son el Estado es necesario para controlarlos y contener así sus querencias agresivas. Los anarquistas de mercado son de este modo acusados de obviar la importancia de la naturaleza humana o furtivamente equiparados con los comunistas que ansían forjar un hombre nuevo que sea compatible con su particular idea del paraíso en la tierra.

Lo cierto es, no obstante, que los anarco-capitalistas no pasan por alto la naturaleza humana ni apuestan en absoluto por reformarla. Tales críticas, que atacan un mero hombre de paja, provienen de un conocimiento superficial de las tesis sostenidas por aquellos unido, en ocasiones, al afán por desacreditar una postura que se rechaza sin ulterior análisis, casi instintivamente, como si la cuestión fuera auto-evidente.

Como dijera Hayek en relación con el liberalismo clásico, se trata de “un sistema social que no depende para su funcionamiento de que encontremos hombres buenos que lo dirijan, o de que todos los hombres devengan más buenos de lo que son ahora, sino que toma al hombre en su variedad y complejidad dada”. El anarco-capitalismo, como el minarquismo en los ámbitos en los que demanda la no-intervención del Estado, no se adhiere a ninguna concepción específica de la naturaleza del hombre, sino que la asume como algo dado, sea cual sea ésta. Proclama que la libertad plena, una sociedad de relaciones voluntarias-contractuales, la ausencia de agresión institucionalizada, es deseable sea la naturaleza humana vil, benigna o cualquier combinación de ambas.

El motivo por el cual los detractores tildan de ingenua esta postura es porque de algún modo presumen que una sociedad sin Estado es una sociedad indefensa frente a las tendencias criminosas de numerosos individuos. Pero el anarco-capitalismo propugna una sociedad sin Estado, no una sociedad sin ley y orden. No propone que la ley, los tribunales, los jueces, la policía, las prisiones, el ejército… desaparezcan, sino que sean privatizados, que los servicios de justicia y gendarmería sean comprados y vendidos libremente en el mercado, de modo que cada cual pague por aquello que quiere y la protección de las personas y sus propiedades deje de responder a intereses políticos y pase a ajustarse a los deseos de los consumidores. El por qué el hecho de que haya gente con inclinaciones agresivas exige que haya una sola “agencia de protección” con jurisdicción sobre un territorio en lugar de múltiples agencias compitiendo entre ellas en ese mismo territorio es algo que los críticos deberían explicar, porque en absoluto resulta auto-evidente.

Los delincuentes son (ineficientemente) reprimidos por el Estado pero, ¿ quién reprime al Estado, el más sistemático de los agresores? Lo que erróneamente achacan al anarco-capitalismo es, pues, lo que sucede con el Estado: nadie aplaca sus tendencias agresivas. En un escenario anarco-capitalista, sin embargo, las empresas de protección/justicia no sólo perseguirían a los (auténticos) delincuentes de forma más eficiente, sino que además se chequearían mutuamente. Si una agencia ofreciera un mal servicio o se volviera despótica de la noche a la mañana los clientes acudirían a la competencia y aquélla se quedaría sin fondos. Pero no podemos cambiar de “proveedor” si el Estado sube los impuestos o dispensa un mal servicio.

El argumento de la naturaleza humana puede parcialmente extrapolarse a otro nivel: si el Estado es necesario porque hay elementos sociales agresivos, ¿es necesario un gobierno mundial por el hecho de que hay Estados nacionales abiertamente tiránicos? Hoy al menos los Estados se “chequean entre ellos” en cierta medida (la gente aún puede elegir con los pies emigrando) ¿Pero quién chequearía al gobierno mundial? Y si es mejor tener muchos Estados que uno solo, ¿por qué no es mejor que haya múltiples agencias de protección en un territorio en lugar de una?

Por otro lado, el Estado lo conforman hombres, ¿por qué iban a ser los gobernantes menos malvados que los gobernados? ¿Por qué el supuesto de que el hombre es malvado por naturaleza es una razón para centralizar el poder en lugar de dispersarlo? Los individuos no pueden escapar al Estado, pero sí pueden escapar a la empresa de seguridad que se torna agresiva acudiendo a la competencia. La idea, no obstante, de que una empresa de seguridad se vuelva agresiva se les antoja a algunos demasiado insoportable, y en respuesta abogan por una institución que ya es agresiva per se, el Estado. La naturaleza humana, dicen, llevaría a que varios grupos (individuos, mafias, agencias…) agredieran a los individuos pacíficos, así que para protegernos de estos grupos debemos apelar a un “grupo” que ya agrede a los individuos pacíficos sistemáticamente. Extraña lógica.

El Estado, como canal socialmente legitimado para ejercer la coerción, sirve, además, de parapeto a aquellos que por naturaleza buscan imponer sus valores a toda la sociedad. No es casualidad tampoco que tiendan a ser los individuos más innobles los que alcanzan posiciones de autoridad. La política atrae a los ávidos de poder y la competencia electoral, contrariamente a la del mercado, premia a los demagogos y a los que seducen con engaños a la ciudadanía. En un escenario anarco-capitalista nadie podría ampararse en el Estado para camuflar sus inclinaciones dominadoras, de modo que se desincentivaría la agresión sistematizada. Nadie agrediría a terceros y osaría decir que lo ha hecho por el bien común o para proteger de otras agresiones a las víctimas.

Como señala el anarco-capitalista David Friedman, “una utopía que sólo fuera viable en una sociedad de santos es una visión peligrosa; no hay suficientes santos”. En este sentido el anarco-capitalismo no requiere más santos que el Estado mínimo, acaso menos. Sea cual sea la naturaleza del hombre, ésta no constituye una objeción a un sistema de ley policéntrica. Un libre mercado de servicio de protección, y no un monopolio de la fuerza agresivo en sí mismo, debe ser la respuesta a las querencias violentas de un segmento de la población.

Ideas sobre la prostitución

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Ideas sobre la prostitución

– ¿Se acostaría usted conmigo por un millón de euros?

– Ay, caballero, qué cosas tiene usted.

– ¿Y por diez euros?

– Pero, ¿por quién me ha tomado? ¿Qué se cree usted que soy?

– Está claro que una prostituta; ahora estamos discutiendo el precio.

Algunas feministas colectivistas quieren abolir la prostitución. No se atreven a aclarar si quieren prohibirla (prohibición es prácticamente sinónimo de abolición) o simplemente que, sin coacción legal y de algún modo que no explican, deje de existir el intercambio de sexo por dinero. Parece que la prostitución es contraria a la dignidad humana, que denigra al trabajador sexual (generalmente mujer) y lo convierte en una persona de clase inferior. Afirman que pretenden ayudar a las prostitutas diciéndoles que son ciudadanos de segunda. No aclaran si también habría que abolir la pornografía, donde además de sexo y dinero el asunto se exhibe públicamente por más dinero. Insisten en que la prostitución no puede considerarse una profesión porque no es un oficio cualquiera; es la comercialización y compraventa de un cuerpo humano para algo íntimo y personal como el sexo. Ignoran que la prostitución no es la venta ni el alquiler de un bien sino la prestación de un servicio. Abominan del lucro, del beneficio y del empresario, les repugna que alguien pueda ganar dinero ejerciendo de intermediario o protector entre prostitutas y clientes. Repiten de forma monótona y machacona sus tópicos y son incapaces de aprender. Algunas han dedicado toda su vida a una causa y sería horrible descubrir que ha sido en vano, que no ha tenido sentido porque estaban fatalmente equivocadas.

Algunos conservadores quieren prohibir la prostitución porque según ellos es inmoral. No aclaran si defienden que la moral es obvia, objetiva y universal (y cuáles son todos sus contenidos o preceptos y cómo es posible conocerlos) o si es posible que existan distintas morales en diversos grupos humanos. Parecen asumir que si algo es inmoral es legítimo prohibirlo, es decir, utilizar la coacción sistemática del estado para castigar a quienes cometan actos inmorales. Inquieren a quienes quieren mantener legal (o mejor alegal, apartada de la regulación estatal) la prostitución si les gustaría que su mujer, su madre o sus hijas (o maridos, padres, o hijos) se dedicaran a ello, como si el hecho de que no te guste algo implique automáticamente que debas intentar conseguir su prohibición. No está claro cómo puede ser inmoral algo que hace tanta gente desde hace tanto tiempo sin agredir a nadie y produciendo beneficios (monetarios y psíquicos) para todas las partes directamente involucradas. Tal vez el moralista es incapaz de entender que lo que a él le parece repugnante en grado sumo a otro puede resultarle interesante o un mal menor que merece la pena a cambio de algo mejor. El hombre de bien quizás no tiene en cuenta que si no hubiera prostitutas el deseo sexual de muchos hombres podría dirigirse hacia su madre, su mujer, sus hijas u otras potenciales víctimas de seducción o violación.

La prostitución es frecuentemente una forma de esclavitud y explotación asociada al crimen organizado y a la inmigración ilegal, pero no siempre. Hay prostitutas (pobres o ricas) que ejercen su trabajo libre y voluntariamente. Las que son pobres y no tienen muchas alternativas son tan libres como las menos pobres si nadie las obliga por la fuerza a ejercer. Los prohibicionistas confunden y mezclan todas las situaciones (por interés o incapacidad intelectual), no analizan las diferencias relevantes, y en vez de luchar contra la violencia de las mafias pretenden agredir o acosar a los clientes porque, aparentemente, son quienes fomentan la prostitución: hay prostitución porque ellos pagan (admirable tautología para la cual sólo hay que conocer la definición del fenómeno analizado). Efectivamente, el que haya más clientes dispuestos (demanda) incentiva que haya más prostitutas (oferta). Si se quiere ayudar a las prostitutas libres conviene incrementar la demanda para que puedan subir el precio. Si se quiere eliminar la prostitución que se ejerce con violencia no parece muy acertado utilizar más violencia institucional para prohibir la prostitución voluntaria que se ejerce sin violencia. Si se quiere ayudar a las prostitutas forzadas conviene atrapar a sus agresores y obligarles a que las compensen por los daños causados.

En lugar de luchar contra la pobreza causada por el colectivismo (muchas prostitutas, libres o esclavas, proceden de países socialistas) parece que es mejor eliminar los síntomas y las vías de escape. Los colectivistas hablan en nombre de personas a quienes no representan y se refieren a clases, no a individuos. Les preocupa la dignidad de la mujer como colectivo, no el bienestar de cada mujer particular. Asumen que la prohibición ayudaría a la prostituta, no imaginan que podría dañarla marginándola aún más y quitándole una fuente de ingresos más necesarios cuanto más pobre sea y más cargas familiares tenga. Cuando quieren subvencionar a las mujeres para que abandonen la prostitución suele ser con el dinero de los demás.

Algunas prostitutas y quienes las defienden pretenden que puedan pagar impuestos, sindicarse e inscribirse en la seguridad social: ingenuamente desconocen la auténtica naturaleza del estado o piensan que van a obtener más que lo que tengan que aportar. Algunas prostitutas querrían poder organizarse de forma cooperativa sin intermediarios, pero parece que en este negocio es imprescindible alguien con habilidad y contactos para pagar los sobornos adecuados a policías, jueces y políticos corruptos (y eso que la prostitución no es ilegal).

El sexo es esencial en los seres humanos, organismos vivos preocupados por reproducirse y transmitir sus genes de forma eficiente para ser competitivos en la historia evolutiva. El hombre y la mujer son biológicamente y sexualmente diferentes, no sólo en su anatomía y fisiología sino también en su psicología. Sus estrategias de apareamiento son diferentes: el hombre produce fácilmente gran cantidad de espermatozoides y no se queda embarazado, por lo cual es más proactivo y menos selectivo. La mujer sólo produce un óvulo en cada ciclo menstrual y si es fecundado se queda embarazada nueve meses y luego suele querer cuidar de sus hijos, lo que supone un alto coste que explica que sea mucho más selectiva y exigente para el sexo (aunque obviamente los anticonceptivos hayan cambiado la situación, las emociones básicas permanecen porque evolucionaron en un entorno muy distinto del actual). El hombre suele tener el poder físico y económico. El hombre es, en general, físicamente más fuerte que la mujer (resultado de largos periodos evolutivos de lucha entre los machos por las hembras), y a menudo es quien trabaja para otros y quien tiene el dinero (resultado de la división del trabajo según roles sexuales). Pero respecto al sexo es la mujer quien tiene el poder, ya que conoce el deseo del hombre y puede ocultar el suyo (los seres humanos no tienen periodos anuales de celo como otros animales, y las hembras humanas no muestran abiertamente su periodo fértil). La mujer suele pedir algo a cambio de sexo (regalos, compromiso afectivo o legal, dinero), y el hombre tiende a estar dispuesto a ofrecer algo por el sexo. Después del sexo es la prostituta la que se queda con el dinero, mientras que el hombre tuvo un placer psíquico efímero.

Pero los razonamientos biológicos de la psicología evolucionista acerca de la naturaleza humana y los económicos de la praxeología les parecen espantosos e inválidos a los progresistas que creen que todo es cultura y todo puede cambiarse con el adoctrinamiento adecuado; y los ignorantes no pueden o no quieren entenderlos.

La prostituta novata le cuenta a la veterana:

– Ese hombre era tan guapo que me habría acostado con él gratis.

– Cariño, no te ha dado dinero para que te acostaras con él, sino para que luego te marcharas.

Independencia, ¿para o contra el individuo?

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Hace casi dos siglos y medio, los representantes de trece colonias británicas decidieron arriesgar sus “vidas, fortunas y sagrado honor” para conseguir la secesión del Imperio.

Llama hoy la atención releer sus escritos sobre el asunto; no reclamaban para sí los poderes detentados por los ministros de Su Graciosa Majestad. Su disidencia iba más allá; sostenían que esos ministros estaban usando poderes que ningún mortal debería poseer. Es más, sostenían, correctamente, que estas extralimitaciones atentaban contra la legislación británica. Cantaban “no hay rebeldes aquí sino traidores en casa”.

Desde sus orígenes, y siempre al amparo de la legislación británica, en las colonias se habían establecido asambleas locales con una activa participación local. Esto había permitido una sana competencia fiscal entre las regiones y un igualmente sano respeto mutuo entre las diversas comunidades religiosas. Así, cada inmigrante que llegaba a Norteamérica se encontraba con una multitud de pequeños poblados con diferentes credos y diferentes sistemas fiscales entre los que elegir.

Los intentos británicos por cambiar esta situación y establecer unos tributos sobre los que los americanos no tenían derecho a opinar fueron recibidos con profundo desagrado. No en vano, buena parte de los emigrados habían abandonado la metrópoli precisamente para alejarse de la tutela odiosa del Estado. La causa independentista era tan clamorosa que incluso iglesias tan comprometidamente pacifistas como los mormones y los cuáqueros, se unieron a las filas del Tío Sam.

Cuando finalmente lograron la secesión, las trece colonias se constituyeron en Estados y estos, a su vez, se unieron en torno a los llamados Artículos de la Confederación, que pronto fueron sustituidos por una Constitución.

Pero ésta tuvo notables detractores que no cesaron hasta conseguir que se incluyeran diez enmiendas, la célebre Carta de Derechos, para proteger los derechos individuales. Resulta especialmente llamativa la última, “los derechos no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por esta a los Estados, quedan reservados para los Estados, respectivamente, o para las personas.”

Si bien es evidente que esta enmienda no se ha seguido a rajatabla, ciertamente evidencia una tendencia a respetar la autonomía de cada individuo frente a los poderes públicos. Es más, Thomas Jefferson, el tercer hombre en ocupar la presidencia tras adoptarse la Constitución, se fijó como objetivo presidencial reducir el peso del sector público; eso en una época en que la presión fiscal y las regulaciones eran casi anárquicas comparadas con las actuales. No es de extrañar que haga doscientos años que los Estados Unidos son la Tierra Prometida por excelencia de todos aquellos que anhelan emigrar a una nación con más oportunidades. No es de extrañar que la suya, en consecuencia, haya sido, en palabras de Reagan, “una historia de esperanzas cumplidas y sueños convertidos en realidad”.

Pero de ahí no se desprende, lamentablemente, que todos los procesos independentistas hayan dado frutos tan benignos como el Sueño Americano. Prueba de ello fue el decepcionante proceso de descolonización que se llevó a cabo durante la Guerra Fría. Educados en las bienpensantes universidades occidentales, algunos funcionarios de otros continentes se encontraron, de pronto, al mando de países recién independizados. No dudaron en aplicar las consabidas políticas de ingeniería social. El Estado tenía que gestionar la minería, la agricultura, los transportes, la industria, la cultura… Se empeñaron en gravar la creación de riqueza, cuando no de impedirla abiertamente, al tiempo que subvencionaban la pobreza. En pocas décadas, lo único que le quedaba por gestionar era la pobreza más desesperante.

Hoy en día, sigue habiendo procesos independentistas. Y algunos, en vez de aprovechar la oportunidad para aliviar el peso burocrático que quiebra la espalda de los ciudadanos, dejan llevarse por la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek y pretenden diseñar en vano civilizaciones a su imagen y semejanza.

Los españoles no denunciamos la desobediencia fiscal

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

El Instituto de Estudios Fiscales publicó su último Barómetro Fiscal donde afirmaba que el 93% de los españoles no estamos dispuestos a denunciar el “fraude” fiscal ni siquiera con incentivos.

Lo curioso es la terminología que usa el gobierno para señalar a sus enemigos tratarlos de criminales cuando la realidad es la inversa. Imagínese que un mafioso le dice: o me pagas el 60% de tus rentas mensuales, o te privo de tu libertad o vida. Imagínese ahora que ante este acto de extorsión usted miente al mafioso o lo esquiva con artimañas para no pagarle el impuesto exigido. ¿Tendría sentido que el criminal en cuestión le denunciara por “fraude” o pretendiese que un amigo de usted le denunciase? ¡En todo caso tendría que ser al revés! Alguien que impune y unilateralmente mediante el uso de la fuerza quiere privarle de su libertad, vida o propiedad no puede ser una víctima porque si no estaríamos legalizando la esclavitud.

Ahora analicemos el auténtico crimen organizo y masivo. Imaginemos que en lugar de un mafioso le vienen un grupo de funcionarios del gobierno (políticos por ejemplo) y le dicen que usted ha firmado, sin saberlo ni hacerlo, una especie de contrato social imponiéndole el mismo tipo de expropiación (60% de sus rentas[1]) y método (violencia unilateral) que el mafioso anterior. ¿Qué es lo tenemos? El estado del bienestar, la Europa social, el igualitarismo, la solidaridad a punta de pistola…

El estado le expropia su trabajo y dinero de forma unilateral, violenta y sin contraprestaciones —la contraprestación no está en la definición de impuesto, sino que es un concepto a posteriori. Expresado de otra forma, el estado le extrae su dinero que es el resultado de su esfuerzo, su trabajo o de su suerte para quedárselo (aquí realmente lo único que importa es que el dinero que usted tiene no es el resultado de la agresión).

El método de la extorsión para conseguir el lucro sólo lo usan los criminales, pero un criminal le roba a escondidas y, en la mayoría de veces, una sola vez porque el riesgo es demasiado alto. Un criminal tampoco le dirá que usted es un incívico o un egoísta por no dejarse robar, sólo el estado ha sabido legalizar el robo masivo y convertirlo en un precepto moral que todos hemos de obedecer.

Si usted sigue pensando que los impuestos no son un robo, le reto a que piense un solo impuesto al que contribuya voluntariamente sin que el estado tome represalias contra usted cuando no lo paga. Los partidarios de este tipo de esclavitud, los liberticidas, le dirán que es para un bien mayor, a saber, una pensión que le dejará en el umbral de la pobreza, escuelas públicas que son centros de lavado de cerebro estatal y donde los niños cada día salen menos preparados, leyes que favorecen a violadores, ladrones, monopolios privados y públicos (seguridad, electricidad, telefonía, banca…), continuo desempleo, listas interminables en los hospitales públicos, corrupción pública…

La diversidad de productos y servicios de los que disfrutamos no son el resultado del esfuerzo, trabajo ni capital acumulado del estado, sino que son el resultado del esfuerzo, trabajo y capital acumulado de empresas y personas individuales. Lo único que hace el estado es tomar por la fuerza parte de esos recursos e intentar hacer vanos trucos de magia para repartirlos entre los grupos de presión y votantes cautivos quedándose, de paso, una generosa parte para él con las consecuencias antes enumeradas entre muchas otras.

Así pues, y volviendo a la noticia que abría este artículo, es lógico que los españoles no denunciemos a aquellas personas que evitan los impuestos, porque no pagar impuestos no es un fraude, sino la legítima defensa a un robo.


[1] Recuerdo, hace años, un artículo a toda página en el diario La Vanguardia donde calculaba que los tributos, impuestos… (todo son lo mismo) que paga un asalariado medio al estado estaban cerca del 70%. Según un artículo más reciente de Xavier Sala-i-Martí, en La Vanguardia, serían dos terceras partes, aunque el porcentaje de expropiación no nos interesa aquí.

Alquileres sin fianza: compasión inmoral

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

A cualquier persona le produce lástima que alguien esté en paro o que carezca de recursos suficientes para permitirse lo que la Constitución denomina con un toque claramente socialista como “vivienda digna”. Pero cuando es la política la que interviene para solventar problemas como el de la vivienda, como de costumbre, yerra. Un buen ejemplo de esto ha sido el incremento del precio de este tipo de bienes desde que Zapatero llegó al poder. Como las regulaciones del suelo dan autoridad a las autonomías y ayuntamientos para que califiquen el destino de los mismos e incluso les permiten imponer un impuesto a la construcción, adicional al que satisfacen los constructores por los ingresos que obtienen, los precios se incrementan. Si a esto le sumamos que hay límites al número de pisos que pueden construirse, es probable que hallemos la razón por la que comprar una vivienda es un lujo. La culpa no la tiene el mercado sino la política.

La última propuesta en materia de vivienda busca, como se imaginan, ayudar a los desfavorecidos. Pretende exonerar del pago de fianzas en los arrendamientos de pisos a parados y pensionistas, entre otros. Curiosamente, no ha procedido del grupo parlamentario socialista ni del Gobierno, sino de CIU. Lo que plantea el partido nacionalista es que a aquellos que se han dedicado a ahorrar y han invertido en pisos que ponen en alquiler, les quiten la garantía que tienen para cobrar la cuota de arrendamiento.

Este plan sólo puede ser calificado de fascista porque considera que la propiedad privada sólo puede servir a la sociedad y que es el poder político quien debe decidir el mejor uso que debe darse a la misma. Así pues, los propietarios de viviendas vendrán obligados a aceptar que no les paguen o que si hay retrasos no puedan ejecutar la fianza establecida.

Por un lado, los contratos de alquiler no deberían siquiera tener unos mínimos establecidos por ley ya que son acuerdos entre personas responsables y libres y, donde hay voluntariedad, el Estado sobra. Por otro, no podemos olvidar que si se impone esta medida, los propietarios, con lógica, se negarán a alquilar las viviendas a parados, pensionistas y otros colectivos a los que va dirigida la medida.

La propiedad privada no es un capricho sino una necesidad. Es el resultado del trabajo y esfuerzo de la gente, es el medio de subsistencia más efectivo en un mundo regido por la escasez y, conviene repetirlo, es un derecho natural. Al igual que decimos que somos dueños de nuestro cuerpo, también lo somos de aquello que creamos. Si el resultado de nuestro trabajo, el salario, nos pertenece, aquello a lo que destinemos nuestro dinero también.

Cuando se nos obliga a actuar con nuestra propiedad de una forma determinada, como el caso que comentamos, se nos está arrebatando nuestra libertad de elegir, de utilizar el fruto de nuestro trabajo como deseamos. Es tanto como quitarle un poco de comida a alguien que está comiendo en un restaurante y ante la sorpresa del comensal, justificarse diciendo “es que lo necesito más que tú”.

La necesidad no puede ser nunca un argumento a favor del expolio total o parcial. La magnífica idea de CIU es una expropiación en toda regla. Implica eliminar las condiciones contractuales típicas del contrato de arrendamiento y obligar a los propietarios de los pisos en alquiler a asumir más riesgos.

En la medida en que tal propuesta se implemente, los resultados serán nefastos. Los propietarios evitarán alquilar sus viviendas a gente que no trabaje o que carezca de ahorros suficientes para permitírselo e incrementarán los precios de los alquileres para hacer frente al riesgo de impago.

Como es habitual, las medidas políticas no sólo no solucionan las cosas sino que las empeoran aún más. Los precios suben y el número de arrendamientos disponibles se reduce. La escasez, para ser el resultado de las políticas “sociales”. Así que cuando esta propuesta salga adelante, sólo podremos recordar aquella frase de George Bernard Shaw, “un gobierno que roba a Pedro para pagar a Paúl, siempre puede contar con el apoyo de Paúl”. Y así será, los parados, pensionistas y demás grupos beneficiados, darán botes de alegría. Pero los propietarios, esos malditos capitalistas como parece que piensan muchos, serán los olvidados y esquilmados por la política.

La dictadura del mercado

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La dictadura del mercado

De toda la mercancía caducada que venden los grupos antiglobalización, el artículo que mejor salida está teniendo entre la gente normal es el de la “dictadura del mercado”. La cosa viene a ser más o menos así: la globalización ha traído un nuevo tipo de relaciones económicas de las que se están beneficiando las grandes empresas de ámbito multinacional. Esto ha ocasionado que la riqueza se esté distribuyendo peor que nunca y que los políticos democráticamente elegidos por la ciudadanía estén plegados a los intereses de esas corporaciones transnacionales. Corporaciones que sólo quieren ganar más y más dinero a costa de la explotación sin tasa del tercer mundo, del medioambiente y de las depauperadas clases medias de las naciones desarrolladas. El resultado final es que hoy, en el mundo, mandan unas pocas familias que ponen y quitan gobiernos a su antojo. Punto. Los axiomas de la izquierda son así de sencillos.

No voy a entrar en obviedades como explicar que, en un entorno libre de concesiones estatales, si una empresa es grande se debe a que ha servido bien a sus clientes. Eso está al alcance de cualquiera que tenga más de dos dedos de frente. Si Coca Cola se vende por doquier y en cantidades asombrosas es porque esta bebida tiene el sabor y el precio adecuado como para que mucha gente esté dispuesta a pagar por ella. Parece mentira, pero estas cosas hay que recordarlas. A nadie le han encarcelado por no querer beber Coca Cola. No se puede decir lo mismo de quienes han decidido no pagar la Seguridad Social.

En una economía globalizada como la que está empezando a nacer a gran escala el proceso es el mismo. Los ofertantes más dinámicos y que mejor satisfacen las necesidades de sus clientes triunfan, los que no son ni lo uno, ni hacen lo otro, fracasan sin remedio. Cuando las leyes lo permiten y hay capital, las empresas más exitosas salen de sus países de origen para expandir sus actividades. Esto no perjudica a nadie, muy al contrario, beneficia a todas las partes. A los dueños de la empresa porque verán revalorizado el capital invertido y aumentarán sus dividendos. A los nuevos clientes porque dispondrán de un bien o un servicio del que antes no disfrutaban o lo hacían en régimen de monopolio. Y, por último, a la sociedad en su conjunto, porque el comercio es una poderosa fuente de riqueza, y, claro, la riqueza, antes de distribuirla, hay que crearla. En este extremo nadie se ha mostrado más eficiente que el emprendedor persiguiendo sus propios fines.

La dictadura del mercado no es tal a la vista de los hechos. A nadie le ponen una pistola en la sien por consumir tal o cual marca. Los empresarios, además, carecen de poder legislativo, más bien lo padecen cuando a algún político le da, en aras de un supuesto bien común, por meter la nariz donde nadie le ha llamado. Decir que existe una dictadura del mercado o que nos encaminamos hacia ella es una majadería propia de analfabetos en materia económica o de comunistas, que, bien mirado, viene a ser la misma cosa.

Lo más curioso de todo esto es que, lejos de ser una dictadura de facto o de servir de sustento a las ya existentes, la libertad de mercado es un vigoroso acicate para la libertad política. De hecho siempre van de la mano. Cuando un país sumido en una dictadura abraza las bondades del libre cambio y el respeto por los contratos y la propiedad, no tarda en producirse el milagro de la democracia representativa y los derechos civiles. España es un buen ejemplo. El franquismo firmó su sentencia de muerte cuando, en 1959, la economía española se abrió tímidamente al mercado mundial. Remitiéndose a la experiencia, el mercado no engendra dictadura alguna, la conjura para siempre. Esto es así aunque muchos se hayan empeñado en lo contrario.