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El liberalismo, lo pequeño y lo grandioso

En una ocasión un amigo mío me lanzó su enésima crítica al liberalismo. De haber triunfado desde el comienzo de la humanidad, me decía, no contaríamos con muchas de las grandes obras que conocemos y admiramos. Que han sido motivo de inspiración de poetas y literatos, que están asociadas a momentos de la historia que los cronistas de nuestro pasado reproducen con fruición y asocian a palabras como grandeza, esplendor o belleza. Se erigen en símbolos del poder del hombre, de sus conquistas sobre la naturaleza. Son victorias excelsas; y son victorias del Estado.

Por supuesto, mi amigo tenía razón. Si las sociedades humanas hubieran sabido mantener su libertad desde antiguo seguramente no existirían las pirámides de Egipto, ni las de Méjico. Ni el Taj Mahal, ni palacios como el de Versalles. Los ejemplos son innumerables, pueden llenar miles de páginas, porque las han llenado, y solo ilustran esta verdad esencial sobre el liberalismo.

Claro, que si miramos de cerca cada una de esas maravillas, si no nos cegamos con el brillo de su esplendor, lo que emerge es la brutal coacción a la sociedad por parte del Estado al servicio de sus más celebrados criminales. Las pirámides de Egipto las construyeron ejércitos de esclavos, forzados a dedicar sus esfuerzos a muros proyectados para cerrar el cadáver de sus amos. Cuando la sociedad se hizo más compleja, el esclavismo directo se fue sustituyendo por el más indirecto, que no fuerza a dedicar el esfuerzo personal a los deseos del Estado, pero sí los frutos del mismo, por medio de los impuestos.

¿Qué se hubiera producido si los antiguos, y después de estos quienes les seguimos, hubieran mantenido su libertad? Una familia habría podido comer carne una segunda vez al mes, otra podría haber reparado la casa, una tercera hubiera acumulado el ahorro necesario para una tierra y unos aperos que hubieran asegurado el futuro de la siguiente generación o un carro más que habría llevado los productos del lugar a otro más lejano, donde habrían sido bien recibidos a cambio de dinero. Miles de historias pequeñas que no merecerían la mirada de los poetas, el juicio elogioso de los arbitristas o el asombro de historiadores y artistas. Simples historias personales, que cambian la vida real de las familias y contribuyen a su progreso y el de sus hijos y no a los caprichos o a las necesidades “de Estado” de los dirigentes.

 

Todo ello no quiere decir que las sociedades libres, en creciente complejidad, no hubieran dado lugar a creaciones grandiosas. Pero en lugar de estar al servicio de reyes, cortes y políticos, estarían al servicio de los ciudadanos de a pie y de quienes han creado la suficiente riqueza como para elevarse sobre las necesidades más inmediatas y comunes.

¿Cómo preservamos la biodiversidad? (I): el modelo público

Una consecuencia del bombardeo continuo de fundamentos ecologistas, ajenos en muchas ocasiones a los principios ecológicos, nos lleva a hacernos preguntas como la que ilustra este comentario para inmediatamente adoptar los sistemas propugnados por ellos mismos, siempre tan mediáticos y populares. En esencia no dejan de patrocinar una protección bajo la tutela del Estado a través de leyes, normativas y reglamentos cuyo cumplimiento depende de los presupuestos que la Administración correspondiente quiera adjudicar. Los resultados a la larga, una vez superada la euforia inicial, suelen ser bastantes insatisfactorios para todos, lejos de los resultados esperados. Aunque a efectos prácticos, los grupos ambientalistas consiguen no poca influencia y poder en las Administraciones.

Las Administraciones, o los que aspiran a ocuparlas, son muy dados a incumplir aquello que prometen en momentos como los periodos electorales en los que esas promesas son su futuro. Por ley, en España, todos los Parques Naturales, el nivel de protección más alto de un territorio por detrás de los Parques Nacionales, deben tener aprobado y en activo un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que permite a los afectados tener una ligera idea de lo qué pueden o no pueden hacer, dónde y cuándo. A fecha de hoy, un número nada desdeñable de ellos carece del PORN correspondiente. En Madrid, la cumbre de Peñalara, protegida desde hace 75 años y Parque Natural desde el año 1990, ha visto aprobado su PORN en la Resolución 17/2003 de la Comunidad de Madrid, 13 años después.

Las Administraciones pecan en esta protección de lo mismos males que en otros ámbitos regulados. Las normativas no responden a los deseos y necesidades de la muchos implicados sino a los de unos pocos que creyéndose con la verdad, propician poco más que protestas e incluso actividades indeseables. Los presupuestos son escasos para los objetivos previsto pues los dineros son limitados por muy larga que tenga la mano papá Estado en el bolsillo del contribuyente. Muchos funcionarios, como los guardas forestales o la administración del parque, terminan desmotivados y superados por los acontecimientos. La corrupción y el amiguismo que imperan en las administraciones locales favorecen continuamente el fraude de ley hasta el punto de que se descuidan ciertas actividades esenciales, lo que propicia los desastres que vemos en los televisores. Los pelotazos urbanísticos, seamos serios, son una realidad con el Estado como principal culpable.

Los buenos motivos iniciales, que no dudo que los hubiera, terminan pervirtiéndose y, como no puede ser de otra manera, los implicados terminan pidiendo más dinero cuando lo que deben es optimizar lo que tienen, intentando añadir un poco de sentido común al problema, dándose cuenta que los recursos surgen del bolsillo de un contribuyente que poco puede hacer para luchar contra la ineficacia en la que se invierte lo que fue suyo. No pocos terrenos de titularidad pública aparecen degradados, con una presión elevada sobre las especies que allí viven. Tal es el caso de los cotos de caza públicos en cuyos terrenos los cazadores apenas si encuentran un conejo que disparar o una perdiz que levantar.

De nuevo, la propiedad se convierte en el sistema más eficiente para la preservación del medio y por tanto de la biodiversidad. Dejemos claro aquí que no hay un sistema perfecto que impida toda degradación. La naturaleza se verá presionada por la mano del hombre pero sin olvidar que, como el castor que construye presas o las termitas que levantan termiteros, nosotros formamos parte de esa biodiversidad, de la naturaleza, con nuestros vicios y virtudes. Pero también debemos dejar claro que la propia naturaleza ha desarrollado sistemas, tan viejos como las especies, que le permiten recuperarse en tiempos relativamente cortos. Estos dos aspectos son ignorados por los ecologistas que ven a ese primate que se hace llamar humano como un virus para el planeta.

Adios, sucesiones, adios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, persevera en su afán de convertir a la autonomía que dirige en lugar privilegiado para el progreso económico de sus habitantes, en comparación con los oscuros presagios que anuncian cada día otras regiones españolas. Aguirre eliminará en breve –junto con la donación– otro injusto artilugio fiscal: el impuesto de sucesiones que gravaba por doble partida la prosperidad alcanzada entre generaciones de una familia durante años.

Anteriormente, para transmitir una empresa familiar y conseguir la reducción del 95% en la base imponible del impuesto de sucesiones era imprescindible, entre otras condiciones, que los herederos mantuvieran el valor de los bienes adquiridos durante los diez años siguientes al fallecimiento del titular del negocio, salvo que fallecieran antes de ese plazo.

Es decir, que lo importante nunca fue la continuidad empresarial sino quién era heredero y qué obtenía durante una década en la partición. Al impuesto de sucesiones le daba igual la suerte del emprendedor que sucedía en la firma así como el esfuerzo futuro de éste por establecer un círculo virtuoso entre empleados, clientes y proveedores. La envidia igualitaria, respecto de la herencia, no ha entendido de compromisos sino de simples posiciones de poder.

En “La Acción Humana” Mises distingue entre el impuesto neutro que sufraga los gastos de la burocracia estatal y no interfiere en el funcionamiento del mercado, y el impuesto total que grava íntegramente todo ingreso o patrimonio y desvanece la motivación individual. Mises considera los impuestos cien por cien sobre patrimonio y sucesiones como simples levas sobre el capital, incautaciones antagónicas a la idea del impuesto neutro. Los actuales impuestos hereditarios que aún subsisten no llegan a los niveles de confiscación señalados por el gran economista austriaco, pero sí han participado de la semejanza con el impuesto total en tres prejuicios de signo socialista: no proceden del trabajo personal, responden al equívoco principio de “capacidad de pago” y reverencian el principio de “justicia social”.

Es, por tanto, una buena noticia el final del impuesto de sucesiones para beneficiarios que, sin distinción, hereden una humilde cuenta corriente, un inmueble mediano o un establecimiento fabuloso. Cinco millones de personas que conviven en ese acelerado aunque secretamente admirado espacio de oportunidades que se llama Madrid despedirán con mucho gusto esa clase de arbitrario impuesto total.

La ilusión del Dios burocrático

El Estado no está gobernado por ángeles sino por hombres espoleados por los mismos incentivos que el resto de los mortales. A las supuestas insuficiencias del mercado no cabe oponer, pues, un modelo idealizado de Estado que sólo responde a nuestros deseos y nada tiene que ver con la realidad. Es preciso atender a la estructura de incentivos que actúa sobre legisladores, burócratas y votantes para saber cómo procede el Estado en el mundo real y por qué carece de sentido pensar que pueda hacerlo de otro modo.

A menudo se habla de “bienes públicos” para referirse a uno de los presuntos fallos del mercado. Un bien público sería aquél que por el hecho de generar externalidades positivas (tener efectos beneficiosos sobre terceros sin que éstos paguen un precio) tiende a subproducirse en el mercado y debe ser proveído por el Estado en la cantidad “óptima”. Más allá de las inconsistencias de este concepto, advertimos que la gestión estatal sería un caso paradigmático de bien público: las leyes que salvaguardan el orden de mercado y generan grandes externalidades positivas a la población en general son subproducidas frente aquéllas que favorecen a los grupos de interés y perjudican al resto de la sociedad, porque en el primer caso tiene lugar un efecto “free-riding” (“ya se implicarán los demás”) mientras que en el segundo los “lobbys” presionan activamente porque retienen para sí los frutos de esas medidas.

Siguiendo a la escuela de la Elección Pública, el ciudadano se abstiene de informarse y participar en el proceso político pugnando por medidas que benefician a todos porque éstas no le afectan de un modo particular y su capacidad de influir en la gestión estatal es muy pequeña. Cuando compramos un televisor nuestra elección es decisiva: si no nos pronunciamos no tenemos televisor y si no nos informamos podemos comprar uno que no nos satisfaga. Pero en el contexto de la gestión pública la repercusión de un voto bien informado es casi nula, motivo por el cual muchos individuos ni se informan ni votan. Por otro lado, tampoco se votan políticas concretas, sino políticas en bloque de los distintos partidos. Los grupos de presión, en cambio, sí tienen capacidad de influir en la gestión pública, y las medidas que demandan no favorecen a todos sino a ellos exclusivamente, a expensas de los demás. De este modo el Estado sirve sistemáticamente a los grupos de presión en detrimento del resto de la ciudadanía.

Otro rasgo característico del Estado democrático es su visión cortoplacista. Las generaciones futuras no votan y en todo caso las funestas consecuencias (y quizás también las culpas) de las políticas intervencionistas, que a veces a corto plazo parecen positivas, recaerán sobre los gobiernos venideros.

Los burócratas tampoco tienen incentivos para economizar, antes al contrario. Una reducción del presupuesto público beneficia a la sociedad, pero no a los funcionarios, que se ven privados de poder, protagonismo social, posibilidades de escalar administrativamente, remuneraciones… El sentido de la responsabilidad se diluye en un contexto en el que los burócratas no registran pérdidas cuando yerran en su gestión ni obtienen recompensa cuando aciertan. De hecho en numerosos ámbitos acertar significa devenir prescindible. Si resolver un problema conlleva un recorte de presupuesto o la cesación de un cargo o de un departamento, la tendencia será más bien no resolverlo o incluso crear de nuevos. La existencia de problemas es la coartada de los burócratas, luego tienen incentivos para generarlos subrepticiamente.

Un Estado que promueva el interés de toda la sociedad y no el interés de algunos grupos y el suyo propio es un Estado que no se corresponde con la realidad. Que haya quien pretenda comparar el funcionamiento real del proceso de mercado con esta ilusión es un ejemplo más de los artificios a que se recurre para justificar el estatismo.

Dividendos en Alaska

Hace treinta años, la explotación pública de los yacimientos petrolíferos de la Bahía de Prudhoe empezó a reportar enormes ingresos al Estado de Alaska. Automáticamente, el gasto público en ese remoto Estado se disparó. A principios de los ochenta, el Estado de Alaska gastaba por cada uno de sus ciudadanos el triple de lo que gastaba el gobierno federal por cada americano. Ante el desenfreno de legisladores, burócratas, compinches y grupos de presión, el gobernador, Jay Hammond, se empeñó en acabar con esta espiral del gasto.

Hammond temía que los ciudadanos del Estado conocido como La Última Frontera abandonaran su espíritu decidido y aventurero y se adormecieran bajo la protección de un inmenso Papá Estado. Sería terrible, pensaba, lo que les sucedería a multitud de ciudadanos dependientes del Estado el día que éste se quedara sin la gallina de los huevos de petróleo.

Así que a finales de los setenta surgió la idea de que parte de los ingresos que el Estado obtenía de los yacimientos petrolíferos fuesen entregados en forma de dividendos a cada ciudadano de Alaska. En vez de dejarlos en manos de los burócratas para derrocharlos día a día, mejor invertirlos en un fondo permanente para que cada ciudadano pudiese administrar su parte correspondiente según su propio criterio. O sea, una especie de impuesto al Estado: si recauda tanto, no por su eficiencia, sino porque se ha reservado la propiedad de tierras ricas en petróleo pero después no sabe gestionar estos ingresos, mejor que pague algo a los ciudadanos. De paso, argumentaba Hammond, los ciudadanos se sentirían más comprometidos con la gestión del petróleo a la vez que serían más reacios a subidas de impuestos.

En 1976, los votantes de Alaska apoyaron 2 a 1 la creación del Alaska Permanent Fund. En verano de 2005, este fondo rondaba ya los treinta mil millones de dólares. Obtuvo apoyos desde el principio entre los más izquierdistas porque aseguraba una distribución igualitaria de los beneficios. Igualmente agradó a muchos ecologistas pues su enfoque a largo plazo impedía el derroche de los recursos naturales. Otros observaron que el fondo se asemejaba al ideal izquierdista de una renta básica universal con la mejora de que no lo costeaba ningún ciudadano con sus impuestos. Además, puesto que sigue tratándose de un lugar remoto y por lo tanto, poco visitado, Hammond se aseguró de que los dividendos que cada ciudadano recibía fuesen aumentando a medida que uno acumulaba años de residencia en Alaska. A día de hoy, casi todos los ciudadanos de la fría región norteamericana reciben un dividendo anual de mil dólares. O más, si llevan más de un año como residentes. Y, encima, no tienen impuesto estatal sobre la renta.

El caso opuesto sería el de Nigeria. El Banco mundial estima que, con el boom del petróleo, su hacienda ingresó unos trescientos mil millones de dólares que después derrochó con creces. El resultado total fue nefasto para los nigerianos. Con este contraste en mente, ya ha habido quien ha propuesto la implantación de un fondo permanente en Irak.

Sin embargo, con todo ello el dinero que se ha conseguido apartar de las manos de los burócratas apenas representa un 5% del gasto público. Insignificante en comparación con lo que siguen manoseando, pero sería difícil encontrar regiones en todo el globo que pudiesen presumir de un porcentaje mayor. Pero es un primer paso. Una forma más contundente y seria de poner los beneficios del petróleo en manos de los ciudadanos habría sido la privatización de las tierras públicas en las que se halla el petróleo. Privatizando y desregulando el sector se habría incentivado la competencia todavía más. Y ese 5% habría crecido quién sabe cuanto.

El camino queda abierto a nuevas ideas para recuperar esa inmensa riqueza que día a día malgastan los burócratas y sus compinches.

La propiedad del agua

El agua es esencial para los seres humanos (bebida, limpieza, agricultura, usos industriales). Aunque el agua salada es abundante en mares y océanos, el agua dulce potable es un bien escaso sujeto a leyes económicas inexorables. Los problemas causados por las sequías se ven agravados por la falta de derechos de propiedad privada sobre el agua y la coacción del intervencionismo político.

Los colectivistas de todos los partidos repiten una y otra vez las mismas necedades presuntamente indudables: que el agua es un bien público indispensable y que por lo tanto la disponibilidad de agua es un derecho humano fundamental, de modo que el agua es de todos y para todos; sólo se puede debatir cómo se gestiona como recurso compartido, patrimonio común de todos los ciudadanos.

Algunos pretenden ingenuamente que el problema del agua es simplemente técnico, que basta con encargar a los expertos una solución eficiente y definitiva, un plan hidrológico nacional con la combinación racional y estratégica de elementos como tecnología, embalses, trasvases, desaladoras, depuradoras… Otros mencionan la necesidad de consenso entre todos los afectados. Se recurre a menudo a los principios de justicia y de solidaridad interterritorial para legitimar trasvasar el agua que aparentemente sobra en unas regiones a otras presuntamente necesitadas.

El problema del agua es ético y económico. El consenso universal sobre el uso de los bienes escasos es imposible: las distintas personas tienen preferencias que suelen ser mutuamente incompatibles; el derecho de propiedad sirve para evitar o minimizar los conflictos sociales. Como no existe el derecho de propiedad privada sobre el agua, abundan los conflictos (enfrentamientos entre individuos, colectivos y regiones) y todos los planes estatales de ingeniería social están condenados al fracaso porque no es posible realizar cálculos económicos sin precios de intercambio que muestren las preferencias y las capacidades de las personas. Estos precios sirven además como incentivos para economizar los recursos, produciéndolos y distribuyéndolos donde son más valorados y ahorrando cuando se considere oportuno, y no por penosas campañas de concienciación pública que son parches a corto plazo que evitan conocer la auténtica naturaleza del problema. Cada persona tiene derecho a toda el agua que quiera y pueda pagar (o conseguir por sí mismo).

Cuando alguien dice que el agua es de todos en realidad está reclamando su parte, que le quiten a otro para dárselo a él. Los bienes económicos son distribuidos en un mercado libre si los compradores pagan por ellos; en el caso del agua muchos se hacen las víctimas, pretenden que se la den gratis o a precios fuertemente subvencionados, acusan a los demás de insolidarios y luego se sorprenden de que el agua escasee o de que otros no estén de acuerdo con sus reclamaciones. Los que quieren recibir agua afirman que la sequía afecta por igual a todos los miembros de la comunidad como ente cohesionado, pretenden que los demás sufran por un problema que en realidad sólo tienen ellos. Algunos representantes de los agricultores incluso afirman con total desvergüenza que tienen derecho a agua a precios competitivos porque si no su actividad sería económicamente inviable: los demás sectores económicos pueden fracasar, a ellos se les debe garantizar la supervivencia a costa del resto porque han hecho muchos avances tecnológicos y contribuyen a la riqueza del país.

El abastecimiento de agua seguirá siendo un grave problema mientras se pretenda garantizar su suministro con ese arcaico y violento sistema tribal que es la política, y se resolverá fácilmente cuando se apliquen normas éticas de derecho de propiedad y se recurra al mercado libre y a la perspicacia empresarial: así se descubrirá qué es más eficiente, si esperar a que llueva, o reducir el consumo, o trasvasar, o reciclar y reutilizar aguas residuales, o desalar agua del mar o alguna otra idea que aún no se le ha ocurrido a nadie.

¿Libertad o corrupción?

Definitivamente la corrupción tiene mala prensa. Cuando se descubre a un político, un sindicalista o un empresario corrupto todos pedimos lo mismo: ¡dimisión! Pero la corrupción es un síntoma que muestra que algo funciona mal.

Cuando cayó el comunismo mucha gente lo atribuyó a la corrupción: el “poder” había corrompido a los camaradas. Lo mismo apuntó recientemente Ernesto Cardenal (revolucionario nicaragüense seguidor de la teología de la liberación y ministro de cultura sandinista a principios de los ochenta): “perdimos la revolución por culpa de burócratas corruptos”. El mismo camino está siguiendo Lula da Silva, presidente de Brasil, que tiene el dudoso honor de dirigir uno de los gobiernos más corruptos de la historia de ese país. Incluso en China, donde la corrupción se castiga con la pena de muerte, tienen fuertes casos de corrupción.

¿La corrupción es una enfermedad del socialismo pues? No del todo. La corrupción es un síntoma que nos indica que en ese lugar concreto donde se produce hay una fuerte represión de la libertad. La corrupción nos muestra un exceso de leyes inútiles que enrarecen el buen funcionamiento de los asuntos económicos. La corrupción no se arregla, pues, con más leyes, pues eso sería incentivarla: la corrupción sólo se puede eliminar con más libertad, y eso significa en el mundo de la economía menos poder político y más libertad para el actor económico individual.

En una sociedad altamente regulada, si no hubiese corrupción, las cosas simplemente no funcionarían. Todas las tareas y procesos se perderían en trámites, aumentarían su coste y se crearía un sistema donde una gran parte del beneficio se lo llevaría el auténtico inútil de la sociedad, el legislador y el funcionario.

¿Eso significa que hemos de permitir la corrupción pues? Evidentemente que no, porque ésta es un coste también —aunque menor que las leyes excesivas e inútiles. La solución radica en simplificar las cosas y tener las leyes básicas que permiten la justicia. Y es que incluso las leyes, bajo un sistema de derecho natural ni siquiera hace falta que sean impuestas por ningún estado. Pueden surgir espontáneamente de la sociedad; y de hecho así funcionó en muchos países de Europa (el “boicot empresarial” es el ejemplo más citado). Actualmente también lo podemos ver con el resurgimiento del derecho arbitral y no sólo en el mundo empresarial, sino también particular. Como dijo el economista austriaco Friedrich von Hayek, no hace falta que las leyes estén escritas siquiera, la mínima condición necesaria para que funcionen es que sean aceptadas por la comunidad; y es que si las leyes suponen una amenaza para el bienestar del hombre, como ocurre hoy día, el sistema entero degenera convirtiéndose en un caos. Imponer leyes vanas, triviales o excesivamente duras sólo crea la reacción contraria a la finalidad deseada.

En el campo de la economía, ¿qué podemos hacer para eliminar el sobrecoste de la corrupción? La respuesta es bastante evidente. Quitar regulaciones a las empresas y eliminar todas las organizaciones regidas por los medios políticos que, casualmente, son las más corruptas: sindicatos, patronal, órganos reguladores que sólo actúan en propio beneficio como la CNMV, Dirección General de Seguros, Banco Central…

¿De verdad cree que estos grupos sirven para algo? No se pregunte qué están haciendo por usted, pregúntese qué le están haciendo y cuanto perjudican su bienestar. Probablemente, por la única razón que conozca a esas organizaciones sea, precisamente, por sus escándalos de corrupción y continuas irregularidades.

El Estado es mi pastor

Cuando decía Zapatero que bajar impuestos era de izquierdas, hubo hasta quien se lo creyó. El tiempo suele dar la razón a los escépticos que no creen en conversiones paulinas. Al fin y al cabo, la izquierda tiene como fin redistribuir la renta porque considera que el capitalismo es injusto y hace que unos sean más ricos y otros más pobres. Por eso, los impuestos son el medio para el objetivo que se proponen.

Así pues, que vayan a incrementar los tipos de los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco en un 10% y un 5,% respectivamente debería ser motivo de regocijo para los votantes de todos los partidos que aprecian muy mucho que el Estado esquilme a los ciudadanos para promover el bien común. También deberían estar contentos los inquisidores que pretenden obligarnos por la fuerza a ser más sanos y menos dependientes de vicios burgueses como el alcohol y el tabaco.

Con la subida de impuestos, el Gobierno estará tranquilo. Cada cerveza será más cara. Cada cigarro, un objeto de lujo. Entretanto, la gente dejará de enviciarse y se dedicará a trabajar más y a salir menos. Si todos somos más productivos y más sanos, el gasto sanitario se reducirá notablemente y claro está, habrá posibilidades de acabar con el déficit de las comunidades autónomas.

Por todo ello, tenemos que agradecer al Gobierno que se preocupe tanto por nuestro interior y por aligerar nuestros bolsillos. Al fin y al cabo, la virtud es sólo del Estado, los vicios de los ciudadanos. Sin la preocupación constante de la izquierda por utilizar al Estado para hacernos mejores personas, seríamos unos individualistas desenfrenados y nos perjudicaríamos a nosotros mismos…¿o no? Oremos juntos: “El Gobierno es nuestro pastor. Nada nos falta”. Amén.

El veredicto de lo real

Los socialistas suelen, por regla general y cuando se ven derrotados en el campo de las ideas, apelar al dictamen de la realidad. Así, para acallar las críticas que caen a cientos sobre el comunismo cubano recuerdan los logros de la revolución. Logros que enfatizan repitiendo las palabras sanidad y educación con la solemnidad de un iluminado que ha visto realizada su profecía. El latiguillo de los logros de la revolución cubana es análogo al cuento del pleno empleo del que se valían los defensores de la Unión Soviética. -“No podrán salir del país, no, pero allí no existe el paro mientras que aquí, ya ves tú, las oficinas de empleo no dan abasto” aseguraban convencidos de haber dado con la cuadratura del círculo.

Lo cierto es que, efectivamente, en la Unión Soviética y sus satélites no existía el paro pero, por alguna extraña razón, los habitantes de aquel paraíso morían (literalmente) por salir de él e integrarse prestos a la cola de nuestras abarrotadas oficinas del INEM. Algo parecido sucede con la sanidad y la educación cubana. Es tan buena la primera que los pocos cubanos que pueden permitírselo se tratan las enfermedades graves en el extranjero. En cuanto a la segunda, considerar un logro dedicar más de diez años al adoctrinamiento ideológico intensivo, al trabajo voluntario y a los desfiles infantiles es una muestra más de la fe del carbonero que mueve a la progresía de todo el mundo.

El hecho innegable, y en esto hay que darles la razón, es que la realidad es mucho más convincente que mil eslóganes, mucho más persuasiva que la más elegante teoría. Los liberales, sin embargo, no terminamos por darnos por aludidos en este particular. Sobrados como andamos de ejemplos donde el capitalismo ha mejorado las condiciones de vida del ser humano y le ha abierto las puertas de la democracia, nos empeñamos en seguir hilvanando primero nuestro breviario de ideas para, y cuando creemos haber convencido al interlocutor, pasar a verificarlo sobre el tapete de lo real. Craso error. Del mismo modo que el socialismo se desgañita invocando los prodigios que su programa obra en el mundo real, los liberales debemos insistir en qué es lo que pasa cuando se limita el poder del gobierno y triunfa el imperio de la ley y la libertad de mercado. Nuestra mejor arma es la realidad y la historia comparada.

No hay mejor modo de enseñar las bondades del libre mercado que enfrentar los dos modelos y su desarrollo en el mundo real. Más que tratar de demostrar al profano que el control de precios es un disparate deberíamos ponerle encima de la mesa el mapa de Alemania. Las dos Alemanias, la Federal y la soviética, fueron durante cuatro décadas un inmejorable tubo de ensayo donde ambos sistemas se mostraron tal cual eran. Puerta con puerta, familia con familia, si una terminó por comerse a la otra es porque ésta era ya un cadáver putrefacto víctima del colectivismo y de la abyecta tiranía que inevitablemente engendra. Pero hay más. Las dos Coreas son un ejemplo aún vivo y en perfecto estado de conservación de cómo las recetas liberales juegan a favor de la especie mientras que las socialistas lo hacen en contra. Y sin llegar a analogías tan cercanas como las anteriormente expuestas, el mundo moderno nos ofrece un catálogo completo de cuáles son las consecuencias que padecen los países que ignoran el mercado y la libertad y abrazan el socialismo y la esclavitud. China frente a Taiwán, Tailandia frente a Birmania, los tigres de oriente frente al África negra, Canadá frente a Argentina son sólo algunos de los binomios que pueden salir de paseo cada vez que alguien hable de la nacionalización de la banca, las trabas al libre comercio o la expropiación sistemática de los capitales y haciendas de los ciudadanos corrientes.

 

Escalando la comparación y con vista a llevarnos al desconfiado a nuestro terreno bien podrían ponerse cara a cara los países intervencionistas y los inclinados a dejar a la gente a ir a lo suyo. Si en el primer caso sobran los ejemplos el segundo no le va a la zaga. ¿Por qué es más rico y libre el Reino Unido que Francia, Chile que Uruguay, Baviera que Renania del Norte, Valencia que Andalucía? Alguien dijo que el liberalismo no era más que el sentido común llevado a la política. Apliquémoslo pues al debate. Falta hace.

La riqueza

Hay ideas que resisten el paso del tiempo y del discurso humano sin encontrar el único destino que les aguardaría en una sociedad que busca el progreso y la verdad: el olvido. Una de las más pertinaces es la idea de que la sociedad es, en moderna expresión, un juego de suma cero. Es decir, que la riqueza es fija y que lo que se pueda ganar, por un lado, se tendrá que perder por el otro. Hay una primera versión de esta idea más inmediata y sencilla, que predice que si unos se hacen más ricos tendrá que ser “a costa” o en perjuicio de otros. Si tiramos de la manta hacia un lado, el otro quedará descubierto. Otra versión más compleja considera que si nos enriquecemos ahora tendrá que ser a costa de nuestro futuro.

En cierto sentido, es una idea muy chocante. Porque incluso cualquier bachiller español, y estamos tirando por lo más bajo, sabe que en los últimos siglos ha aumentado el número de personas en el mundo y las sociedades se han hecho más prósperas. Si indaga en la historia familiar podrá tener incluso información de primera mano. ¿Cómo es posible, entonces, que sobreviva dicha concepción?

Quizás lo que uno tiene en mente cuando piensa que la riqueza está, o incluso es fija, es que la identifica con lo material. Puesto que la cantidad de materia, y en consecuencia de bienes materiales, seguiría el razonamiento, no puede crecer más allá de un límite, la riqueza tiene que encontrarse con él, si no es que lo ha hecho ya. Por otro lado, penosamente acostumbrados a la escasez como estamos, nos repugna la idea de que la podamos vencer potencialmente sin límite. Y por último, considero que debe de haber algún elemento atávico en ciertas concepciones básicas sobre lo que es la sociedad, que habría quedado impreso en nuestro instinto a base de forjarlo durante milenios en sociedades tribales.

La idea de una riqueza fija es un error. Lo que llamamos riqueza es el valor de los medios con que nos servimos para satisfacer nuestras necesidades. Acerquémonos un poco más a lo concreto. El valor de un bien económico, por ejemplo, un trozo de terreno, depende del valor de lo que podamos producir con él. Pero con una parcela de tierra se pueden hacer infinidad de cosas distintas y qué hagamos de ella depende de la decisión que tome el dueño. Por ejemplo, puede cambiar de cultivo a otro que ha percibido que podría recibir mucha demanda ahora insatisfecha. O puede destinarlo a usos no agrícolas como un campo de golf, un centro de recreo, un edificio. El valor varía, porque su función en la satisfacción de nuestros deseos, la posición en el proceso productivo que lleva al consumo, también cambia.

En última instancia, tanto el valor de nuestras necesidades como el uso que podamos hacer de nuestros recursos para satisfacerlas, dependen de las ideas y el conocimiento. Partimos de múltiples necesidades insatisfechas, y buscamos los medios más adecuados y potentes para cumplirlas. En esa búsqueda está nuestro intento de que el uso de los recursos con que contamos nos acerquen en lo posible a la plena satisfacción de nuestros deseos; y como ese uso depende del conocimiento que tengamos de las relaciones causa-efecto entre los recursos y nuestras necesidades, la ampliación del conocimiento permite acrecentar la riqueza. Y puesto que el conocimiento y las ideas no tienen límite potencial, siempre podremos incrementar nuestra riqueza sin más que hacer mayor nuestro saber práctico (aunque tenga un trasfondo científico) que nos acerque a un uso más remunerador de los recursos. Tanto individualmente, como en relación con otros recursos, y con las instituciones sociales.

Es decir. Siempre hay un mejor uso de los recursos, porque siempre hay necesidades por cumplir. Puesto que este mejor uso depende en parte nuestro conocimiento y este es en potencia ilimitado, siempre hay oportunidades para acrecentar la satisfacción de nuestras necesidades. La riqueza, aunque tenga en parte una naturaleza material, no tiene un carácter material como siempre se ha dicho. El carácter básico de la riqueza es profundamente humano y deriva de nuestras ideas tanto sobre nuestras necesidades como de la forma de satisfacerlas.

La eterna condena de la escasez es, curiosamente, una razón para la esperanza. Porque el que siempre tengamos fines por cumplir quiere decir que siempre hay hueco para el progreso.