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Biodiversidad

La preservación de la biodiversidad es uno de los mandamientos fundamentales de la religión ecologista aunque muchas veces no tengamos muy claro en que consiste. La biodiversidad podríamos definirla como la variedad de seres vivos de diferentes especies y de la misma que forman parte de un sistema ecológico. Por extensión, la biodiversidad se refiere a la todos los seres vivos de la Tierra. Pero, ¿son muchos?

Es difícil saber a ciencia cierta cuantas especies diferentes hay en nuestro planeta. Conocidas se estiman en más de un millón y medio y no estamos hablando sólo de animales, también de vegetales y hongos, aunque podríamos extendernos a protozoos, bacterias y, porqué no, hasta virus para aumentar la lista. Sin embargo, oímos con frecuencia que en estos tiempos oscuros estamos asistiendo a la mayor extinción masiva de la historia de este pedrusco que llamamos hogar y cada año desaparecen algo así como 40.000 especies (The Sinking Ark, Norman Myers). Semejante matanza nos dejaría sin compañeros de planeta en unos 40 años así que, ¿dónde esta el truco? En que la mayoría de las especies no las conocemos.

Resulta complicado entenderlo. Estiman los expertos que en el planeta hay un número de especies comprendido entre los 2 y los 80 millones pero que sólo conocemos algo más de un millón y medio lo que permite mantener este nivel teórico de extinción. Esto nos lleva a la paradoja del árbol en el bosque: si no hay nadie ahí para oírlo cuando cae, ¿hace ruido? Debemos creer que se han extinguido especies que nunca han sido encontradas, es decir, ¿debemos creernos un dato estadístico como un hecho contrastable?

Este número de especies totales, evidentemente, no sale de la nada. Los biólogos han determinado sistemas para medir su número en un lugar dado. Por ejemplo, se puede rociar una zona boscosa con un fuerte insecticida y contar todas las especies que se caen de la copa de los árboles; también se puede hacer lo mismo en un tramo de río con una corriente eléctrica y con métodos parecidos o incluso menos cruentos según la zona de estudio. Estos estudios nos llevan a extrapolaciones que se mueven en el ámbito de la estadística, e incluso en el de la estadística seria, y que nos conducen a la extensa orquilla que he comentado antes pero que sin querer o queriendo cumple un objetivo. Si suponemos 15 millones de especies, el supuesto ritmo de desaparición nos llevaría a despoblar el planeta en unos 375 años. Ni usted ni yo estaremos ahí para atestiguarlo, pero el catastrofismo que va de la mano del ecologismo gana adeptos entre los asustados y concienciados ciudadanos. Cierto es que estos cálculos se han realizado grosso modo, pero no podemos olvidar que el ecologismo es percibido por muchos de manera my gruesa.

Evidentemente, es más fácil ver un elefante que una polilla de ahí que sean estas especies de pequeño tamaño los que con más frecuencia engrosan el número de nuevas especies. De todas formas, 80 millones o 10 o sólo 5, son sólo aproximaciones. Lo que es un hecho es que desde el año 1600 hasta nuestros días se han contabilizado 1.033 extinciones (Baille y Groombridge, 1997; Walter y Gillet, 1998; May y otros, 1995; Reid, 1992), aunque es cierto que podrían ser unos cuantos más y que aún no se ha declarado su desaparición ya que se deben cumplir unos requisitos de no avistamiento. 1.033 en 400 años no son los 16 millones que deberíamos haber perdido según Myers.

También es un hecho real que desde hace unos 200 años el número de especies desaparecidas es mucho más elevado. Cierto es que hay un mayor interés por el mundo natural y la investigación de la extinción ayuda a su datación, pero sería una irresponsabilidad por mi parte desechar a priori la mayor presión del ser humano sobre sus ecosistemas. Una cosa es que no comulgue con la religión ecologista y otra es que niegue la realidad. El cómo se aborda este conflicto es otro asunto que dará para otro comentario.

El riesgo moral de Kate Moss

El reciente despido de Kate Moss por parte de H&M, y otras firmas de moda, a causa de la foto publicada de esta modelo consumiendo cocaína en privado, pudiera contemplarse como ejemplo evidente de riesgo moral entre agente y principal, pero quizá las certezas sobre este asunto – considerando la libertad íntima de Moss por medio– no subsistan con tanta rotundidad.

La literatura económica dice que la relación de agencia se define como un contrato en el cual una persona (principal) recurre al servicio de otra (agente) para que cumpla una tarea en su nombre y provecho, lo que implica que el principal delegue en el agente parte de su actividad. Ambos, principal y agente, maximizan su utilidad individual; no obstante, para el caso que nos ocupa, no es fácil descubrir condiciones de asimetría informativa antes del contrato –pues era conocido en su profesión el agrado de Kate por las drogas– ni después del mismo, considerando tales antecedentes de nuevo expuestos por los medios de comunicación sin que las empresas contratantes pagaran cantidad alguna por investigar el oportunismo de la modelo. Es decir, ni selección adversa ni información oculta se presienten en este asunto.

Además es probable que aquí aparezcan incluso free-riders o usuarios gratuitos que se hayan beneficiado de la información que concluyó en despido. Ningún accionista, que se sepa, decidió costear una comprobación sobre Moss para después no podérsela cobrar al resto de los socios. Como la mayoría de los accionistas suelen pensar de ese modo, nadie practicó el control: los managers fueron los que ejercieron el poder real y decidieron la expulsión de Kate.

¿Luego, de quien deviene el oportunismo? ¿De la controvertida modelo o de los responsables que se atemorizaron ante la noticia y aseguraron sus puestos? ¿No será que el moral hazard debería cambiar de orientación y enfilar contra la actuación directiva? ¿No se han estado beneficiando hasta ahora estas compañías asociando la quebradiza belleza de la top-model con parte de su clientela, compuesta por jóvenes adolescentes en trance de iniciar voluntariamente ciertas experiencias iniciáticas en su vida?

Por otra parte, surge por enésima vez la falsa disyuntiva entre ocio privado y trabajo. Moss y sus excesos no fueron obstáculo para que cumpliera adecuadamente las condiciones de su contrato y no practicó en su asueto daño a terceros. No hubo posibilidad alguna para la disculpa de ella y el perdón de la empresa. Peor para todos. Es más: la táctica de la defenestración acaso anulará la estrategia de la marca. Numerosas consumidoras abandonarán tales productos, hastiadas por la sempiterna hipocresía entre vicio individual/virtud pública que se retroalimenta a sí misma y que acaba derrotando a otra mujer con éxito.

El puritanismo vacuo en los medios y la opinión pública consentidora encuentran tiempo suficiente en reprimir la libertad de hacer cada uno con su mente y su cuerpo lo que le venga en gana. Con seguridad la vida de Kate Moss no es estimulante para muchas personas, más se está emplazando con demasiada rapidez una omnipresente cámara oculta que enfocará severamente las acciones particulares de cualquiera de nosotros.

Trabajo infantil y coacción estatal

Sublevada por la noticia de que unos niños están trabajando en una fábrica de la India o de Vietnam la gente clama instintivamente por la prohibición del trabajo infantil. No agrada una concreta realidad y se apela al Estado para que la haga desaparecer por decreto. Pero siendo como es que los padres no quieren menos a sus hijos en la pobreza, no sería fútil que antes de invocar la intervención pública nos preguntáramos por qué los padres les mandan a trabajar y no a la escuela si presuntamente lo adecuado para ellos es lo segundo.

En los países subdesarrollados la alternativa al trabajo infantil es el hambre. Su prohibición priva a las familias de unos mayores ingresos en un entorno de extrema necesidad, coartando el ahorro y la acumulación de capital en esa sociedad y ralentizando así el proceso por el cual deviene innecesario que los niños laboren y provechoso el que se dediquen a formarse. Para erradicar el trabajo infantil es preciso atacar su causa, la pobreza, y la pobreza sólo cabe combatirla propiciando un mercado libre que permita la acumulación de capital y el aumento de la productividad. La jornada laboral en el siglo XIX, por ejemplo, antes de que se limitara por ley se redujo de facto como resultado de la prosperidad que desató la Revolución Industrial. El trabajo infantil, que no era por aquel entonces ni tan insalubre ni tan gravoso como la mitología se encargó de popularizar, también fue remitiendo paulatinamente conforme se expandían las estructuras productivas. Así la legislación posterior en buena medida sólo vino a refrendar algo que ya se estaba generalizando de forma espontánea en el mercado, por lo que desde el punto de vista de los prohibicionistas mismos debería considerarse superflua.

El trabajo infantil no es una invención del capitalismo o de la globalización, antes al contrario, es una realidad inherente a la pobreza que ha existido desde que el hombre es hombre y que sólo el reciente desarrollo económico motivado por el libre mercado convirtió en superable. Por eso nadie debiera sorprenderse de que perdure allí donde la industrialización se halla en un estado más bien incipiente o donde ni tan siquiera ha tenido lugar.

Con todo, las disposiciones que prohíben trabajar a los menores no son únicamente deleznables en un contexto de perentoria carestía. Constituyen un ejercicio de arbitrariedad que atenta abiertamente contra los derechos de los niños y de los padres y que no tiene cabida en una sociedad libre. ¿En razón de qué es ilícito que un niño cobre por hacer de jardinero o trabaje para su padre recolectando hortalizas cuando no es ilegal que se dedique a cuidar el jardín de su casa porque le divierte o a ganarse la paga haciendo tareas domésticas? ¿Qué tiene de malo que un niño monte junto con sus amigos una parada de limonadas? ¿Por qué es reprobable el hecho de que labore por un jornal y en cambio se tolera que sea obligado a asistir a la escuela seis horas al día? ¿No podría ser beneficioso para un chico de 13 años que no quiere ni oír hablar de estudios dejar que se emplee en un taller y adquiera experiencia laboral en lugar de encerrarle en una aula contra su voluntad? Debería ser la familia, o el propio niño alcanzada cierta edad, quien decidiera sobre tales asuntos, no el Estado.

Parece que reivindicar la prohibición del trabajo infantil apacigua las conciencias de los que, por vivir en una sociedad sumamente productiva, disponen de suficientes medios para enviar a sus hijos a la escuela. Pero eso no va ayudar ni a los niños que trabajan ni a sus familias. En todo caso lo que necesitan es salir de la pobreza, no que se les cercene sus ingresos y su capacidad de ahorro. Y sólo hay un antídoto contra la pobreza: el libre mercado. Por otro lado no incumbe al Estado sino a los menores y a sus padres decidir en qué van a emplearse. La discriminación impuesta aquí por razones de edad no está más justificada que otra suerte de mandatos coactivos.

Liquidez y teoría cuantitativa del dinero

Cuando una teoría económica se asienta sobre premisas falsas, las nefastas consecuencias que provocan no se circunscriben solamente al ámbito académico, sino que son padecidas por toda la población. La teoría cuantitativa del dinero es un ejemplo de ello auque no deje de ser un aspecto particular de las ansias de control matemático y, por ende, intervencionista de la economía.

En cuanto al aspecto puramente teórico, negar el concepto de liquidez tiene consecuencias desastrosas. Por un lado se cae en el error de creer que manejando la cantidad de dinero es suficiente para administrarle un valor. Y por otro, al no tenerse en consideración dicha categoría se olvida el hecho de que no sólo el dinero es líquido, los demás bienes también. Si bien, al igual que como con el valor, la liquidez no consiste en cantidades o medidas, sino en grados o clasificación.

La premisa de la teoría cuantitativa del dinero, al estilo de los modelos neoclásicos del equilibrio, consiste entre otras cosas en considerar que existe el dinero por un lado, y el resto de bienes por el otro, claramente diferenciados, uno con liquidez absoluta, y los demás sin ningún tipo de liquidez. Esto constituye un error que implica no poder desarrollar una teoría del dinero (monetaria) y del crédito (de los ciclos) cercanas a la realidad.

Así, con dicha teoría, una parte importantísima y clave en el patrón oro que existió hasta la Gran Guerra, las letras de cambio o real bills, nunca serían vistas con la más mínima relevancia bajo este paradigma teórico ya que para ello es necesario recurrir a la liquidez.

Este instrumento monetario surgió para facilitar el comercio entre las ciudades-estado italianas así como el incipiente comercio ultramarino de aquella época, y perduraron hasta el final de la Gran Guerra, momento en el que el estado asaltó y torpedeó toda libertad de evolución en este ámbito implantando en su lugar un viciado sucedáneo llamado patrón cambios-oro.

Las real bills se usaban para facilitar el comercio de bienes absolutamente imprescindibles como la comida, la ropa o el combustible. Su uso, mediante el endoso, hacía posible que las monedas de oro no tuvieran que pasar por las manos de todos los participantes del proceso de producción de este tipo de bienes, solamente del minorista al primer fabricante. Y esto era así precisamente porque los bienes que respaldaban a este tipo de letras eran de tan urgente necesidad y tan clara colocación, que era seguro que una vez llevados al mercado serían rápidamente vendidos. Era el propio cliente en realidad quien con sus monedas de oro respaldaba de facto estas letras reales. De ahí que las letras que eran aceptadas (cumpliendo una serie de requisitos) y que circulaban, hicieran la misma función que el propio oro (dentro de unos límites), porque tener una real bill significaba la posibilidad en extremo cierta de poseer oro una vez venciera su plazo (que entonces no debía superar los tres meses). Es decir, eran el segundo bien en liquidez en el mercado.

Con esta institución que sólo habría podido nacer en un ámbito de comercio libre se aliviaba la siempre imperiosa necesidad de oro, beneficiándose de ello el comercio y la población. No en vano, gracias a este tipo de letras el grado de comercio internacional antes de que las extinguieran no ha podido ser comparable al del insano crédito estatal (dinero actual) hasta fechas recientes y casi un siglo después de un tremendo avance en la comunicaciones.

Por ello se entiende que el patrón monetario libre, con el oro y las letras de cambio, haya sido ignorado e incluso despreciado por todos aquellos que sólo confían en enfoques prestados de la Mecánica que excluyen a todas luces la conducta y la acción humana como la Teoría Cuantitativa del dinero.

La cantidad no es lo importante

Los teóricos cuantitativistas sostienen sin ruborizarse que el valor del dinero depende únicamente de su cantidad y de una mística velocidad de circulación. La calidad de ese dinero es indiferente; poco importa si en una misma sociedad circulan cinco mil monedas de oro o cinco billetes de papel inconvertible. Su valor será idéntico.

Para estos economistas, el dinero surge como una especie de acuerdo social consciente, generalmente sancionado por el gobierno. No es necesario, por tanto, que el dinero tenga algún valor anterior, basta con que la gente sepa que todo el mundo lo aceptará. Sin embargo, este argumento tiene un grave error. ¿Por qué alguien va a aceptar como contrapartida de unas mercancías valiosas un bien que no vale nada? Desde luego los cuantitativistas responderán que el valor del dinero procede de la certeza de que si yo lo acepto otro lo aceptará más tarde, pero, ¿cómo puedo tener esa certeza? ¿Quién finalmente va a estar dispuesto a quedarse con un bien desprovisto totalmente de valor? Al final, los cuantitativistas caen en un círculo vicioso: el dinero circulará porque circulará (o, en el peor de los casos, porque el Estado pondrá “todos los medios a su alcance” para que circule por la fuerza).

En realidad, todo dinero para que empiece a circular debe tener un valor como mercancía. En este sentido, el papel moneda no es más que una promesa de pago, en cuanto a tal no tiene ningún valor, lo mantiene mientras continúe ligado a la auténtica mercancía.

Si los empresarios consideran que existe una perfecta convertibilidad entre el papel y su respaldo dinerario, entonces el papel será aceptado como si se entregara la mercancía, sin ningún tipo de descuento. Pero una vez se pierda la confianza en esa convertibilidad, el mercado aplicará un descuento y los precios subirán: el dinero pierde calidad en tanto se desvincula de la mercancía realmente líquida.

Esto nos permite adelantar una consecuencia importante. A diferencia de las afirmaciones cuantitativistas, no todo aumento en la cantidad de dinero supone inflación. Recordemos que el dinero es un bien económico más y que, por tanto, su incremento nos enriquece. Una sociedad que disponga de más oro es una sociedad más rica; de la misma manera que lo es una sociedad con más televisores o más frigoríficos.

Ahora bien, esto no significa que una sociedad con más promesas de pago no respaldadas (con más dinero fiduciario) sea una sociedad más rica. Como ya hemos dicho, si los empresarios intuyen que la vinculación entre el billete y la mercancía que lo respalda se ha debilitado (es decir, que cada billete representa una cantidad menor de mercancías) le aplicarán un descuento. Es decir, cuando el Banco Central incrementa la cantidad de dinero fiduciario aumenta el número de promesas impagadas, de fraudes circulantes.

Pero, en todo caso, quede claro que la cantidad de dinero (de auténtico dinero) no es importante en tanto su calidad no se vea afectada; es más, en ocasiones será necesario incrementar la cantidad de medios en circulación (por ejemplo a través de las letras de cambio) para mantener la calidad del dinero.

Así pues, a diferencia de lo que afirman los cuantitativistas, los precios serán más elevados allí donde haya una pequeña cantidad de dinero no respaldada que donde haya un gran cantidad pero respaldada. Y es que, desgraciadamente, algunos todavía no han insertado el análisis subjetivista de la economía en la teoría monetaria.

¿Cuánto estás dispuesto a dar a cambio de algo que no vale nada? Nada; por muchos monarcas que tenga impresos.

Bajos costes, altas tasas

La consigna es de una claridad meridiana: si un tren se accidenta en Inglaterra es por culpa de la privatización de los servicios ferroviarios; en cambio, si el tren se accidenta en Francia, en Alemania o en España, se debe a una mala jugada del destino que se solucionará con mas inversiones públicas. Así, cuando una unidad 125 de la Alta Velocidad británica se estrelló a la entrada de una estación londinense en 1997 causando 6 víctimas mortales todos se echaron la mano a la cabeza acusando a Margaret Thatcher de ser la responsable del desastre. Un año después, el tren de alta velocidad alemán, conocido como ICE, descarriló en un pueblo de la Baja Sajonia y se llevó por delante, además de un puente, la vida de 103 personas. Entonces no pasó nada. Nadie culpó a la Deutsche Bahn, empresa que gestiona los ferrocarriles alemanes, de la tragedia y, naturalmente, nadie puso en duda la titularidad pública de la misma. Todo lo más que hicieron los poderosos sindicatos de la elefantiásica DB fue pedir más dinero al contribuyente para garantizar la seguridad de las líneas, especialmente de las de alta velocidad, agujero negro por donde se van cantidades ingentes de dinero público.

Son los dos raseros con los que se mide un accidente y, a pesar de chocar la comparación, se siguen aplicando sin rubor. Este verano hemos asistido a tres accidentes aéreos de las llamadas líneas de bajo coste. A cada uno le ha sucedido idéntica letanía: los vuelos baratos son inseguros, los propietarios de estas empresas son unos avariciosos que juegan con la vida de sus clientes y, el corolario final e inevitable, si no se interviene ya mismo y se les prohíbe volar en los próximos años habremos de lamentarnos de más y más víctimas. ¿Qué hay de cierto en ello? Nada, absolutamente nada. Las líneas aéreas de bajo coste tienen los mismos accidentes que las demás, es decir, pocos, casi ninguno si tenemos en cuenta la cantidad de operaciones diarias en todos lo aeropuertos del mundo. De hecho, las principales low cost europeas, aerolíneas como Easy Jet, Ryanair o German Wings, jamás han sufrido un accidente aéreo y eso que, para ser rentables, han de tener sus aparatos continuamente volando. Eso, claro, no se dice, y se oculta también que los aviones más siniestrados suelen ser los transportes militares, de gestión o contratación pública.

El hecho es que, gracias a estas aerolíneas, campeonas de la eficiencia que contienen sus costes operativos hasta el extremo, millones de personas alrededor del globo pueden hacer ahora algo que antes les era, simplemente, imposible: volar. En Europa, en concreto, las compañías de vuelos baratos se han reproducido como hongos. Las contenidas dimensiones del continente y la política de cielos abiertos auspiciada desde Bruselas ha posibilitado que Madrid y Colonia se encuentren a sólo 19 euros de distancia o que viajar de Londres a Roma sea más económico que tomar un taxi en la ciudad de Támesis. Ser eficientes y, como consecuencia, llevarse a los clientes de calle les ha puesto en contra a muchas de las antiguas compañías europeas de bandera. Las Air France, Alitalia o Iberia no escatiman diatribas e insidias contra sus competidoras, simplemente porque lo hacen mejor que ellas. Luego, sin que se note demasiado, se encargan de imitarlas con desigual fortuna.

Los enamorados del Estado máximo y de los monopolios públicos se han aprovechado de la corriente y afilan sus dientes contra el emprendedor que procura, por encima de todo, hacerse rico sirviendo a sus clientes. Lo primero que sale de su boca es la vieja cantinela ecologista que culpa del calentamiento global al aumento del tráfico aéreo. Eso, lógicamente, no llega al corazón de los viajeros por lo que afinan sus argumentos recurriendo al bolsillo. Dicen que los precios no son tan bajos, que se trata de ofertas que sólo son válidas para un par de asientos. Cierto, los precios de salida son los que son, demasiado bajos, pero no lo es menos que si ahora hay dos plazas a 20 euros antes no había ninguna. Eso prefieren omitirlo. El otro caballo de batalla es la seguridad. Piden más inspectores, más funcionarios y más tasas para mantener a raya a esos “piratas” aéreos. Con tanto lloriqueo y una sostenida campaña en Bruselas a favor de sus intereses lo están consiguiendo. No es extraño ver en el desglose de un billete que las tasas son mayores que el precio del vuelo. La próxima vez que tome un avión fíjese bien dónde va su dinero, se sorprenderá al constatar que una buena parte va a parar a ociosos organismos oficiales. ¿Quién es el avaricioso?

Democracia, impuestos y socialismo

En su obra The political order of a free people (1976), Hayek advirtió de que “la democracia actual es la causa fundamental de la progresiva y acelerada hipertrofia del sector público”. En el caso español, el paso de la dictadura de Franco a la democracia supuso que en sólo seis años el gasto público se cuadruplicara en términos nominales. La reforma del IRPF de Fernández Ordóñez y la creación de las autonomías, máximas conquistas democráticas en el orden económico y político, provocaron un incremento de fondos en manos del Estado sin parangón en la historia del país.

En la actualidad el gasto público total español ronda en torno al 40% del Producto Interior Bruto y eso después de que los gobiernos de Aznar redujeran su peso relativo, que durante el felipismo sobrepasó ampliamente el 50%. En otras palabras, el Estado se incauta actualmente de casi la mitad de la riqueza nacional para realizar sus funciones, que en un régimen de partidos giran necesariamente en torno a la satisfacción de los deseos de sus clientelas políticas pues, en democracia, no interesa tanto el bien común como el ganar las elecciones.

La situación se agrava cuando los gobiernos están sostenidos por una mayoría minoritaria, como ocurre actualmente en el caso de España, pues entonces la necesidad de compensar los apoyos parlamentarios de las minorías se traduce en un incremento de las transferencias de fondos con destino a sus respectivas clientelas. El caso del PSOE y ERC, por evidente, nos exime de insistir en este extremo.

La experiencia, el sentido común y los economistas solventes nos dicen que el desarrollo económico de un país se produce a través de una elevada inversión privada, bajos impuestos y equilibrio presupuestario. La voracidad fiscal de PSOE, consecuente con su condición socialista, continúa reduciendo el peso del sector privado, amenaza con una subida de impuestos que ya empieza a tomar carta de naturaleza en los presupuestos del año próximo y no contribuye al sano equilibrio presupuestario que hasta los responsables comunitarios han dejado de exigir con carácter imperativo.

A comienzos del Siglo XIX el gasto público estaba en torno al 8%. Hoy en día, los países democráticos conviven con una incautación estatal de riqueza de casi la mitad del producto nacional. Sin embargo, el desempleo está en los niveles más altos de la Historia, la deuda pública se sitúa en niveles astronómicos y la seguridad social está de hecho en bancarrota. La solución a estos problemas que propugna el régimen de partidos es mayor intervención estatal, con lo que se entra en un círculo vicioso de final necesariamente desastroso. El doctor democracia ha agotado su farmacopea. Es hora de la cirugía.

El silencio de los consumidores

El culebrón económico del verano ha sido el bloqueo de los textiles chinos, almacenados en los puertos europeos sin poder llegar a su destino. Ropa que llenaría las tiendas del ramo de productos más baratos que los actuales, para gozo y disfrute de los consumidores de nuestro continente. Sin embargo, en las noticias que veíamos en la televisión contemplábamos las protestas de los productores locales de textil por la competencia china, pero jamás las protestas de los consumidores y sus asociaciones porque se les prohibiera consumir. Y es que jamás se ha visto ninguna protesta de las organizaciones de consumidores por los aranceles y las cuotas a los productos extranjeros, cuando son una de las principales causas de precios elevados de mucho de lo que consumimos.

Si vemos las notas de prensa de la OCU, la más conocida asociación de consumidores, veremos que durante el verano se ha mostrado tremendamente preocupada porque las compañías de móviles cobren por segundos en lugar de por fracción de minuto, y hasta por el elevado precio de las palomitas en los cines. Pero con respecto a las decisiones políticas que elevan artificialmente el precio de la ropa que llevamos no encontramos más que el silencio absoluto.

Las notas de prensa de la CECU hacen notar sus vacaciones de verano, puesto que parece que en agosto los consumidores no existan, además de la ausencia de menciones. Eso sí, como sucede con la FACUA, mucha preocupación por los transgénicos, pese a que no se tengan noticias de que hayan provocado nunca problema de salud alguno. Esta asociación parece ocuparse mucho más de los graves riesgos de… ¡Gmail! Tampoco CEACCU, ASGECO, HISPACOOP, UNAE o FUCI parecen preocupadas en lo más mínimo.

Y es que las organizaciones españolas se inquietan mucho por lo que puedan hacer las empresas y muy poco por lo que puedan hacer los gobiernos. Pertenecen a la escuela de Ralph Nader, el político americano de extrema izquierda que inició su carrera escribiendo el libro “Unsafe at any speed”, en el que un coche llamado Corvair provocaba sus ataques por su gran inseguridad. Nader logró que se prohibiera el coche, pese a que investigaciones posteriores del gobierno no mostraron que fuese un automóvil especialmente peligroso en comparación con sus coetáneos. Ese libro y la campaña que le siguió le convirtieron, sin embargo, en el más famoso “defensor de los consumidores”. Sin embargo, cuando publicó el libro las víctimas por accidente de coche estaban cayendo dramáticamente, sin que Nader ni las regulaciones posteriores inspiradas por él y los suyos marcaran demasiada diferencia.

La defensa de los consumidores, desde entonces, consiste en reducir las opciones de los mismos a las que ellos consideren apropiadas. El propio Nader llegó a escribir que “el consumidor debe ser protegido a veces de su propia indiscreción y vanidad”. Las organizaciones españolas parecen seguir ese modelo, y como para prohibir opciones a los usuarios necesitan del gobierno y la Unión Europea, no parece que las acciones de éstos en contra de los consumidores vayan a ser nunca blanco de sus ataques.

La pobreza

Todos los problemas sociales proceden de la escasez. Y el principal problema de una sociedad es la atención a aquella parte que sufre la escasez de forma más acuciante.

La sociedad está cimentada sobre la producción y la oferta. La riqueza de una familia viene de lo que pueda producir, bien para consumo propio bien para intercambiarlo en el mercado. El progreso económico, el social en consecuencia, proviene de la acumulación de capital que haga el empeño económico más productivo. Puesto que la producción (es decir, el proceso de acercar los bienes al consumidor) no es un fenómeno autónomo, sino que depende del correcto esfuerzo de cada uno, ésta dependerá precisamente de esos dos aspectos. De la corrección del esfuerzo, que esté efectivamente dirigido hacia las necesidades humanas del momento y lugar, y del esfuerzo. En ambos aspectos prima un hecho último, básico, que reside en la voluntad aunque no dependa de ella de forma automática.

La pobreza es la misma condición del hombre. Nuestra existencia primaria es miserable y frágil, y solo la producción y acumulación de los medios adecuados la ha elevado sobre la mera y brutal supervivencia.

A pesar de los seculares avances en este camino, incluso las sociedades más progresivas han contado con enormes bolsas de población elevándose ligeramente sobre la terrible marca de la inanición y la carencia de lo más básico. Por otro lado, está impresa a fuego sobre el alma humana la compasión; el deseo de aliviar las penurias del próximo. La caridad, en consecuencia, ha acompañado siempre a la historia del hombre, como lo han hecho la pobreza y el deseo de aliviar la propia y la ajena. El ejemplo más antiguo que yo pueda conocer es el del pueblo judío, que contaba con una red de atención a los más desfavorecidos.

En estos varios miles de años de historia de la compasión y la caridad hay un principio que se extrae con total claridad. El camino para aliviar la pobreza es la producción y la acumulación de capital. Y puesto que ambas dependen no de los bienes materiales sino de la actitud de cada uno, la caridad ha tendido siempre a reformar las personas más que a la atención de las necesidades por la mera cesión de bienes o rentas. Las organizaciones caritativas del XIX, por coger el ejemplo más perfecto, no solían dar dinero sino bienes poco líquidos pero que sirvieran a las necesidades reales de los pobres. Y en cualquier caso se tendía a que la caridad estuviera condicionada a un trabajo (cortar leña, por ejemplo), aunque no fuera suficiente para cubrir el pago de lo recibido. Se insistía también en la necesidad de llevar una vida ordenada, y alejarse de los compañeros habituales de la pobreza: la drogadicción, el alcohol, una vida desordenada y alejada de la familia.

La moral personal, el trabajo y el ahorro, la familia, la pertenencia a una comunidad de personas en una sociedad estructurada por usos comunes… Todo ello constituye el camino por el que han salido de la pobreza millones de personas, muchas de las cuales han sido literalmente salvadas por las organizaciones de caridad. No por la atención básica e inmediata en los momentos de mayor dificultad, sino porque les han reinsertado en una vida sustentada, como decía antes, en la producción y la oferta.

Esta idea básica ha sido muy mal comprendida por muchos, que han adoptado la posición contraria: de incidir en la oferta han pasado a hacerlo sobre las necesidades. Puesto que éstas son potencialmente insaciables, todo el entramado creado sobre ese principio (el Estado de Bienestar), tiene en su razón de ser el motivo de su ruina. Solo el haberse desarrollado sobre una sociedad libre y productiva le ha permitido sostenerse. Pero a costa, eso sí, de mantener en la pobreza a millones de personas.

Educación de masas en España

Uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar es la Educación Pública. Es difícil encontrar un político que se oponga a su liderazgo frente al de la Educación Privada. Es un suicidio político despotricar contra este sistema y ya sólo criticar su ineficacia conlleva no pocos disgustos, electoralmente hablando. El deseo, hasta cierto punto lógico, de que toda la población tenga una educación básica y que esta base sea lo más profunda posible es fuente de problemas ya no sólo por su financiación y por sus contenidos sino por su universalidad ya que hacer obligatoria la educación no es sólo sino echar más leña al fuego. Pero la educación de masas, lo mismo que las televisiones públicas, es una de las herramientas más importantes para mantener una sociedad civil encarrilada.

Sin embargo y pesar de la supuesta trascendencia, asistimos desde 1985, año en que se promulgó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación y que derogaba la Ley General de Educación de 1970, a una ristra de leyes y normativas que pretenden mejorar o resolver los conflictos que la anterior habría generado. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (L.O.C.E.) fue el último intento, este del PP, de ‘mejorar’ el sistema pero la victoria electoral del PSOE en 2004 llevó al gobierno socialista a su derogación, al menos en algunos aspectos.

Este caos legislatorio debería transmitir al ciudadano la sensación de que la educación pública es un tema estrictamente político donde poco importan los contenidos y su eficiencia pero el problema siempre se traslada mediáticamente al aspecto presupuestario. Los mismos interesados, que somos todos en algún momento de nuestras vidas, ni nos molestamos en leer críticamente las leyes que van a servir para educar a nuestros hijos y los problemas de la educación se terminan convirtiendo en la manida falta de dinero y nunca en la idoneidad del sistema. Lo más curioso es que siempre suben las prestaciones, aumentan las becas, se contratan más profesores y personal docente o se amplían el número de puestos funcionarios y aulas pero nunca es suficiente.

La situación supone a los educadores que no sepan muy bien qué es lo que van a tener que enseñar cada nuevo curso, que algunos contenidos con lecturas políticas se adecuen a las características cada región o incluso cada sistema político, lo que suele conllevar carencias conceptuales además de buscar y mantener cierto perfil político en el personal docente. El concepto de igualdad, en el sentido de que nadie destaque demasiado por encima de los más torpes, ralentiza a los grupos, favorece al más torpe y castiga al más brillante. La ausencia de competitividad, la seguridad de que pasado cierto tiempo el alumno va a pasar de nivel independientemente de su rendimiento, favorece la vagancia. El esfuerzo y la superación personal quedan como reliquias del pasado. El Estado proveerá ya sea material escolar, libros de texto o ideas agradables. Un número nada desdeñable de padres abandonan voluntariamente la educación de sus hijos en este sistema sin tener muy claras las consecuencias quizá acostumbrados a la idea de que las responsabilidades, también las suyas, se diluyen entre todos.

El dominio del Estado en la educación es ante todo un peligro para la capacidad crítica de los individuos, para la pluralidad de las ideas y una garantía de que el pensamiento único y lo políticamente correcto reine durante al menos unas décadas. El enfrentamiento actual entre el Estado dirigido por el PSOE y la Iglesia Católica en torno a la asignatura de religión es el ejemplo de que el sentir mayoritario no tiene porque ser la brújula por la que se guía el poder político. En el socialismo, el de derechas y el de izquierdas, las ideas siempre han estado por encima de las necesidades y los deseos de las gentes. La educación de masas en España es una realidad más que evidente.