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Corporativistas frente al mercado

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Es opinión común que los profesionales llamados liberales engloban a la amplia red de particulares que ofrecen con riesgo bienes y servicios al mercado a cambio de una remuneración, prefiriendo en su inmensa mayoría que el Estado no se entrometa demasiado en sus asuntos sin esperar de éste ninguna clase de favor. Pero abogados, notarios y contables en España, de entre el conjunto de tales profesiones, siguen perseverando en la opacidad y el privilegio para sus actividades.

Desde comienzos de Septiembre, la Comisión Europea señala a nuestro país como uno de los miembros de la UE que menos ha avanzado en la supresión de obstáculos que favorezcan la competencia en beneficio de los consumidores. Hay que señalar la importancia de los profesionales: generan el 8% del Producto Interior Bruto de la Unión y el 6,4% del empleo.

Las objeciones que plantean los corporativistas españoles son triviales, por no decir paupérrimas. Señalan que aunque desean participar en la mejora de la competitividad española, entienden que deben buscarse otras soluciones más “creativas” además de que ellos trabajan sobre conceptos sensibles difícilmente entendibles por las leyes del mercado.

Para el caso de abogados y expertos contables parece que hay un mayor avance en la aceptación de reglas que multitud de profesionales por cuenta ajena interiorizan cada día de su devenir laboral. Los abogados se muestran diligentes hacia Bruselas y los contables aceptan la liberalización a cambio de asegurar ciertos estándares de calidad.

No obstante, llama la atención el rechazo frontal de unos notarios que pretenden “excluir las actividades notariales públicas del conjunto de las actividades económicas, y por tanto de la noción misma de empresa”. Esta opinión (aunque sea aguantada por el Tribunal de Justicia Europeo y la propia Comisión) es difícilmente razonable cuando cualquier notario anuncia sus valiosísimos servicios a través de un gran rótulo a pie de calle, contrata y despide técnicos cuando le conviene y admite que cualquier ciudadano acuda al notario que le apetezca, aunque no sea él mismo. Una cosa es la imprescindible función del fedatario público, con sus cautelas y excepciones, al servicio de la seguridad jurídica de todos (el sistema continental sigue siendo superior al anglosajón) y otra cosa es que una notaría no contenga elementos propios de empresa afecta a aspectos relevantes de la economía de mercado.

Los consumidores pueden comprender un monopolio pero no la exclusividad monopolística de todas sus funciones. Dice Mises en “La Acción Humana” acerca de la armonía y conflicto de intereses: “Es cierto que el precio del monopolio, no el monopolio por sí, hace contradictorio el interés del consumidor y el del monopolista. El factor monopolizado deja de aprovecharse tal y como los consumidores quisieran. El interés del monopolista prevalece sobre el de éstos; en este campo se desvanece la democracia del mercado. Ante la aparición del precio del monopolio desaparece la armonía de intereses y se contraponen los de los distintos miembros del mercado”.

Algunos de los denominados liberales en su oficio recuerdan por su actitud el lema que pregonan los sustentadores de la dictadura china: un país, dos sistemas. La nación está en su bolsillo y exprimen todas las posibilidades privadas y públicas.

Libertad y sufragio

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

En estos tiempos de delirio democratista a menudo se confunde la libertad con unos comicios y, como dijera Ortega y Gasset, queriendo lo uno gritamos lo otro. Si no queremos vaciar de significado la palabra libertad es preciso diferenciar nítidamente ambos conceptos. El liberalismo nos remite a los derechos individuales, y en este sentido alude a cuán limitado debe ser el poder para que no interfiera en la vida de las personas; la democracia, por otro lado, nos remite simplemente a la organización del poder, no a su tamaño, y en este caso se cimentará en torno a la noción del gobierno de la mayoría. La democracia no es entonces un concepto subsumido en el liberalismo ni el liberalismo uno contenido en el de democracia. Engaña a la gente el hecho de que el liberalismo verse sobre la libertad de elección y la democracia sobre la libertad de elegir gobernante. La primera hace referencia al derecho que uno tiene sobre sus bienes y su persona. Al elegir gobernante, por el contrario, uno ya no se ocupa sólo de lo que le pertenece, pues el regente manda sobre todos. Decidir con respecto a nuestra vida y nuestra propiedad es una cosa; votar para decidir sobre la de los demás, aun cuando a todos se conceda ese privilegio, es otra muy distinta.

En su afán por asociar el liberalismo a la democracia algunos cuestionan las credenciales liberales de aquellos anti-estatistas que se declaran anti-demócratas, quizás obviando que bajo este prisma excomulgan incluso a John Locke. ¿No eran liberales Constant, von Humboldt o Lord Acton? Al fin y al cabo fue el propio Thomas Jefferson quien dijo que “la democracia no es más que el gobierno de las masas, donde un 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%”.

Aunque el liberalismo y la democracia tienen procedencias muy distintas, en los dos últimos siglos generalmente se las ha considerado complementarias, hasta el punto de argüir que acaso el liberalismo no podría desenvolverse en su plenitud en un marco político no democrático. Para Ludwig von Mises, por ejemplo, la democracia era el sistema idóneo para facilitar el cambio pacífico de gobierno de acuerdo con los deseos de la mayoría del pueblo. Sin embargo, otros autores han rechazado la democracia por entender que es consustancial al intervencionismo, abogando en su lugar por un Estado de tipo monárquico, democrático-restrictivo o por la ausencia de toda autoridad central.

Lo cierto es que el siglo XX, el siglo de la democracia, ha sido también el siglo de la decadencia del liberalismo clásico y el auge del Estado del Bienestar. La edad dorada del liberalismo clásico tuvo lugar el siglo anterior, en un contexto dominado en occidente por las monarquías constitucionales y las democracias restrictivas. En el Reino Unido de 1815, en plena Revolución Industrial, sólo un 4% de la población, propietarios burgueses mayores de 20 años, tenía derecho a voto. En 1867 todavía sólo podían votar dos millones de ciudadanos. En Italia el sufragio censatario no se introdujo hasta 1861, y en Austria hasta 1873. En Estados Unidos el sufragio universal no se implantó hasta 1920. En la actualidad no hay ningún ejemplo puro de Estado mínimo no-democrático, pero tampoco hay ninguna democracia que no sea intervencionista o abiertamente liberticida. Hong Kong es quizás lo más cercano al laissez-faire que podemos encontrar hoy, con un gasto público del 22%, impuestos bajos y un mercado bastante desregulado, y de democrático tuvo muy poco durante su status colonial y ahora como parte de China. Bahrein es una monarquía constitucional y eso no impide que sea marcadamente menos intervencionista que la democrática Francia: no hay impuesto de sociedades ni impuesto sobre la renta, el gasto público es del 35%, la libertad de prensa es notable, el acceso a Internet no se censura, se reconoce el Islam como religión oficial pero hay libertad de culto, hay libertad de asociación y de reunión y libertad para crear sindicatos.

La libertad es libertad venga o no acompañada de sufragio. Lo que hace liberal a un Estado mínimo no es que sea democrático, sino que sea mínimo. La cuestión es determinar qué tipo de sistema político es el que favorece un mayor grado de libertad.

El timo colosal de la Seguridad Social

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los mejores modos de hacerse muchos enemigos en muy poco tiempo es defender en público la supresión de la seguridad social mediante la privatización de los dos servicios esenciales que presta: la atención médica y las pensiones de jubilación. No es extraño. Con el cuento de la Seguridad Social los políticos han hecho su mejor negocio en varios siglos. El sistema ofrece al Estado una terna de poderes difícilmente igualable. Mantener un seguro social implica, por un lado, una fiscalidad altísima que, además, tiene patente para crecer eternamente porque con la salud –nos dicen- no se juega. Semejante atraco tiene como consecuencia principal la creación y enaltecimiento de un elefantiásico aparato burocrático cuyo objetivo será aumentar en número y perpetuarse casi sin límite. Expoliado el ciudadano de una buena parte de su renta y establecido con firmeza el leviatán funcionarial el político recoge entonces el fruto final de todo el invento; una poderosísima herramienta de control social, una inmensa red de clientela que, como un pulpo, asfixia a toda la sociedad y una magnífica coartada para seguir haciendo propaganda sin rubor de las bondades del Estado.

Pero, ¿siempre ha sido así? ¿Cuándo se inventó el Seguro Social y por qué? ¿Se moría la gente abandonada por la calle antes de que a esa lumbrera se le encendiese la bombilla? ¿Se suicidaban los trabajadores mayores de 60 años ante la insoportable perspectiva de su retiro? No. La Seguridad Social es un invento maligno pero relativamente reciente. Antes de que los políticos consiguiesen imponerlo por la fuerza existían mutuas de trabajadores del mismo oficio que ponían en común un fondo para asegurarse la asistencia sanitaria en caso de accidente y algo de dinero para la jubilación. De hecho, y aunque suene irónico, se trata del mismo modelo que siguen ahora los funcionarios públicos, verdadera casta laboral que vive al margen del propio paraíso que ellos gestionan. Lógico, el que mejor puede cuidar de la propia salud es uno mismo destinando una cantidad mensual y gestionando los riesgos de la mejor manera que puede aunque, como es obvio, no sea siempre la más adecuada. El Seguro Social, por el contrario, rompe con el sentido común y obliga a una parte de la población a pagar la asistencia a la otra. Es como si usted, que acaba de comprarse un coche gracias a una combinación de esfuerzo y ahorro, tuviese que aportar un dinero todos los meses para que un individuo que no conoce y que no conocerá en su vida pueda adquirir un automóvil. Muchos dirán que no es lo mismo un coche que la salud. Quizá no lo sea para ellos, pero en la escala de prioridades de muchos un automóvil deportivo tiene mucho más valor que tener a su disposición un podólogo gratis toda la vida. Es una cuestión de preferencias y, en eso, cada uno tiene las suyas.

Pero el sistema no termina su ración de injusticia en la asistencia sanitaria, eso sería pecado venial. Para garantizarse la clientela de por vida los padres del Seguro Social se apoderaron de las pensiones, es decir, los ahorros capitalizados de toda una vida para hacer frente a la vejez. Las pensiones públicas fulminan el concepto mismo de ahorro pues el pagador no ahorra un solo euro, se limita a satisfacer una cantidad para cubrir la pensión de los que hoy están jubilados. Esto, en los seguros privados, tiene un nombre; se llama estafa y los responsables van directos a la cárcel. El Estado, en cambio, lo puede hacer y hasta permitirse recordarnos de tanto en tanto que la pensión no la tenemos garantizada porque no hay caja sino una cañería por donde fluye mensualmente lo que unos pagan y otros reciben. Siendo injusto, cuando la pirámide demográfica es una pirámide propiamente dicha el sistema, mal que bien, funciona. El problema surge cuando la pirámide se invierte o se torna una columna en la que hay tantos habitantes de 30 años como de 60. En esas estamos en casi todos los países de Europa. Pronto tocaremos a un jubilado por trabajador. Entonces, ambos extremos de la cañería vivirán en perenne estado de cabreo. Los unos porque pagan mucho y no le ven mucho sentido a financiar la jubilación a alguien que no sea su padre o su tío. Los otros porque cobran poco, poquísimo, mucho menos de lo que pusieron cuando se encontraban activos. El único que habrá ganado con la transacción será el Estado que tendrá a los dos cogidos por el cuello, sin posibilidad de escapar y sometidos a mil y una amenazas.

¿Cómo puede, entonces, mantener su lozanía un sistema tan injusto, un tinglado que cambia euros por céntimos y que casi nadie se atreve a poner en solfa? En parte por la clientela que crea a su alrededor. A muchos les reconforta saber que reciben mucho más de lo que aportan y para una buena parte de jubilados la pensión es un regalo porque no ahorraron nada cuando estaban trabajando. Al resto, a los que sospechan del timo, se les bombardea con cantidades ingentes de propaganda en la que la palabra solidaridad hace su agosto. Desconfíe, la solidaridad o es voluntaria o no es. El Seguro Social es de suscripción obligatoria luego de solidario tiene poco, de robo, sin embargo, mucho. Si está trabajando no pase por el aro y niéguese a que obliguen a pagar la Sanidad a otros. Si está jubilado reclame su dinero, es lo menos que puede hacer tras toda una vida de sacrificio.

Medios económicos vs. políticos

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Medios económicos vs. políticos

Existen dos formas de enriquecerse y de vivir en sociedad. Podemos resumirlas en la terminología que usó el filósofo alemán (no era liberal) Franz Oppenheimer: medios económicos y medios políticos. Oppenheimer definió los medios económicos como “el intercambio del trabajo de una persona por el trabajo de otra”. Los medios económicos son voluntarios, pacíficos y nos enriquecen a todos. Permite intercambiar todo tipo de capital (físico y humano), fomenta la creatividad, y nos da opciones. Los medios políticos, por contra, son, siguiendo a Oppenheimer, “la indebida apropiación del trabajo de los demás”. Los medios políticos son el uso de la fuerza, el robo y el saqueo. Uno se enriquece a expensas de la libertad y propiedad del otro. Si robamos la legítima propiedad de alguien, le estamos haciendo trabajar gratuitamente para nosotros contra su voluntad, lo estamos esclavizando.

Los medios económicos son la forma en la que trabaja el libre mercado y el capitalismo. Los medios políticos son la forma en la que obra el estado, sindicatos, grupos de presión, etc. Es decir, los de esas organizaciones criminales que nunca podrían sobrevivir, por su propia naturaleza, en un entorno de libertad pura. Recurramos a dos ejemplos históricos para ver las consecuencias de cada uno.

Costa Mediterránea de Cataluña, hace 2.500 años. Ampurias (Emporion, que en griego significa comercio), era un territorio donde vivían pueblos indígenas con una cultura y una economía muy poco desarrolladas. En el S. VI a.C. entraron comerciantes, principalmente griegos, donde de forma descentralizada y sin un plan previo empezaron a negociar entre ellos y los nativos. Ampurias se volvió en poco tiempo la capital del comercio desplazando a Masalia (actual Marsella). Ampurias se convierte en el principal centro de distribución de cerámica ática, surge la acuñación de moneda, se tratan las materias primas como el oro, plata, cobre, estaño, se desarrolla el comercio de joyas, tejidos… El auge económico hizo expandir por toda la costa levantina y sureste peninsular su cultura. La globalización, en su forma más rudimentaria y gracias al libre mercado, empezó a dar sus frutos. Más riquezas, mayor bienestar, expansión de la cultura, de la medicina… Todo sin subvenciones, sin seguridad social, sin estado del bienestar, sin lobbies ni prácticas proteccionistas. ¿Y qué terminó con la prosperidad? El estado, o mejor dicho, su hijo natural: la guerra. Empieza la II Guerra Púnica.

Sudamérica, S. XVI. Los españoles conquistan parte del continente a base de matanzas, acatamiento obligatorio y robos. No hay comercio ni desarrollo, sólo reina el saqueo la desolación y las enfermedades. Pueblos enteros mueren. Los “conquistadores”, en nombre de Dios, de la corona (estado), del “bien común”, convierten lo que podía haber sido un paraíso de prosperidad, comercio y riqueza en un infierno. Una minoría vive a expensas de una mayoría (sólo en Tenochtitlan calculan que había más de cien mil indígenas).

Éstos, son dos casos extremos de lo que significa la prosperidad de la libertad económica contra la desolación del poder hegemónico hoy representada por el estado y sus amigos. El estado, no sólo no nos puede garantizar nuestra seguridad, defensa de nuestra propiedad privada ni bienestar, sino que es la mayor amenaza para las tres. No necesitamos un país, ni un estado, ni un líder para vivir mejor.

 

Quien nos intenta sacar nuestra propiedad, por cualquier motivo que apele a los sentimientos o falsos tecnicismos, no es más que un ladrón; quien crea guerras en nombre del bien común es un asesino; y quien nos intenta arrebatar nuestra libertad, es un tirano que pretende esclavizarnos. ¿El laissez-faire radical, la ausencia de medios políticos, es un sistema perfecto? Tal vez no, pues sólo un loco cree en los “sistemas perfectos” pero una cosa es segura: no será peor que el estado.

Catástrofe natural e intelectual

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Se ha hablado y escrito mucho, con gran cantidad y variedad de estupideces, acerca de la inundación de la zona de Nueva Orleans por el huracán Katrina. Algunos han protestado porque no se dedicó más dinero estatal al mantenimiento y a la construcción de diques. A toro pasado y después de ocurrido un desastre es fácil lamentarse de un riesgo no perfectamente cubierto. Conocer a priori qué recursos adjudicar a qué asuntos es muy problemático: los medios son finitos, y añadir a alguna partida presupuestaria implica quitar de otra. Ahora hay quienes se arrepienten de no haber gastado más en diques (sin especificar cuánto más sería adecuado), pero el error siempre es posible en toda acción humana. El futuro es en general impredecible en detalle y no existen garantías completas de seguridad. Todo lo que se gaste ahora en diques no podrá utilizarse para prepararse frente a otras amenazas que quizás sucedan en el futuro.

No se trata simplemente de un problema técnico (recurrir sólo a diques puede evitar alguna inundación pero agravar problemas futuros debido a la distribución de los sedimentos transportados por el río), es sobre todo un problema económico y ético donde entran en conflicto las preferencias particulares de grandes cantidades de personas. Protegerse del alza de un río mediante diques puede trasladar el problema a otra parte del río, y esto lo saben muy bien los habitantes de zonas proclives a inundaciones: en ocasiones se ha recurrido a destruir diques en unos lugares para salvar otros. Y además el sistema de diques es especialmente vulnerable a ataques terroristas (si no se les había ocurrido antes ya deben haber tomado nota).

Los ecofanáticos insisten en culpar de todo al calentamiento global, a la actividad industrial, a la depredación de la naturaleza. Algunos han afirmado que esta catástrofe sucedida en una nación rica demuestra la necesidad de gobiernos estatales más fuertes (incluso un gobierno mundial) que nos defiendan porque todos somos igualmente vulnerables y podemos sufrir por igual las consecuencias de los desastres naturales. Pero las naciones más libres son más ricas y tienen más recursos para defenderse de los ataques de la naturaleza.

Distintos lugares son diferentes respecto a su vulnerabilidad frente a catástrofes naturales de todo tipo (terremotos, inundaciones, incendios, huracanes…): es absurdo considerarlos a todos iguales y pretender garantizar institucionalmente de forma colectiva y coactiva la reparación de los daños. Los seguros estatales los obtienen unos a costa de otros e incentivan la construcción y la población de zonas peligrosas: los individuos no tienen en cuenta adecuadamente los riesgos ya que el gobierno les va a rescatar sistemáticamente y no tendrán que responsabilizarse por sus errores. La demagogia frente al desastre es tal que se insiste en que es una cuestión de orgullo nacional el reconstruir a toda costa, y se tacha de insensible a quien ose afirmar que tal vez sea más sensato asumir las pérdidas y aprender la lección.

Los votantes culpan a los políticos que odian y lamentan que no estén los suyos en el poder. Los políticos se culpan unos a otros, se hacen las fotos y los discursos de rigor para que parezca que hacen algo. Las burocracias estatales han mostrado su incompetencia, pero esto no les preocupa gran cosa, ya que el fracaso está en su naturaleza y es esencial para su crecimiento: se cortan unas pocas cabezas como chivos expiatorios y se incrementa su presupuesto. Sin agencias estatales financiadas mediante impuestos la gente tendría más dinero disponible para contratar seguros privados o para donarlo voluntariamente a instituciones de caridad (las que realmente ayudan) y nadie tendría la excusa moral de que ya ha pagado para que el gobierno se ocupe de todos los problemas de los necesitados.

Muchos han puesto el grito en el cielo al descubrir que en los ricos Estados Unidos de América todavía hay pobres que no pudieron evacuar la ciudad (¿o quizás algunos no quisieron, porque sabían que era muy probable que es su ausencia sus viviendas fueran saqueadas?). Exigen más redistribución de riqueza y más socialismo, pero no se les ocurre pensar que entre las causas de esa pobreza pueda estar la institucionalización de los subsidios que genera una cultura de dependencia e irresponsabilidad personal.

Algunos piensan que la situación de colapso y fracaso del estado es sus funciones teóricamente más básicas de protección del orden público es equivalente al funcionamiento de un mercado libre de seguridad. Los críticos del anarcocapitalismo creen haber demostrado su causa, que sin un estado monopolista del uso de la fuerza aparece el caos, e incluso critican al mercado por no impedir los saqueos y las agresiones. Pero ese mismo estado tan necesario para algunos permitía la existencia de esta ciudad famosa por su delincuencia y corrupción. Es difícil que las instituciones sociales del mercado puedan surgir y mostrar su funcionamiento si los gobernantes deciden desalojar por la fuerza a los ciudadanos y confiscarles las armas, si se les impide defender su persona, su domicilio y sus posesiones. Además el desarrollo de instituciones sociales lleva tiempo, no surgen de la noche a la mañana, y el monopolio coactivo del estado impide su formación.

Sin IVA, por favor

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Decía Sabina en una de sus canciones que le gustaban “el whisky sin soda y las noches sin boda”. A mi personalmente, me gustan las compras sin IVA y, más aún, la vida sin impuestos. Desgraciadamente, el nuestro es un mundo repleto de impuestos. Como asesor fiscal vivo de ellos, pero sería feliz si no existieran apenas tributos y me viera forzado a cambiar de trabajo. Por eso, cuando escucho cómo nuestro presidente del Gobierno decide incrementar el IVA en un 0,2% para dedicar la recaudación adicional a la ayuda al tercer mundo, no puedo dejar de preocuparme.

Aunque los impuestos no sean neutros porque afectan a la estructura de producción y gravan renta y, por tanto, capital, el impuesto que probablemente menos perjudica al mercado es el IVA. Sin embargo, al existir muchos más impuestos sobre el consumo como los impuestos especiales al alcohol, hidrocarburos, tabaco y electricidad y otros que recaen sobre la renta, cualquier incremento es una mala noticia. No obstante, es preferible que se incremente el IVA a que lo haga el IRPF porque el primero se aplica equitativamente sobre todos los ciudadanos mientras el segundo es un impuesto progresivo que penaliza el esfuerzo. Pero, en cualquier caso, la solución óptima sería acabar con los impuestos progresivamente.

En cuanto a los efectos de esta subida de los tipos del IVA (recordemos que hay tres, el 4% básicamente para el pan y otros productos de “primera necesidad”, el 7% para alimentos y otros bienes y el 16% para la mayor parte de los productos) hay que recordar que el consumidor será el único perjudicado por esta medida. Cada vez que compre, notará que paga más y que, por tanto, su poder adquisitivo mengua con el tiempo. Por eso tendrá que ajustar su cesta de la compra y sustituir todos los productos que pueda por otros más baratos pero que suplan las mismas necesidades que los que adquiría tradicionalmente. Los empresarios empezarán a apreciar que venden aún menos y que sus costes se incrementan, a pesar de que el IVA sea un impuesto deducible aunque no siempre neutro por motivos que no hay espacio para aclarar en este artículo.

Por último, hay que comentar que el fin del incremento es ejercitar el “humanitarismo con guillotina”, como decía una pensadora norteamericana. Los políticos utilizan nuestro dinero para aparecer como monjas de la caridad. Lo que ha planteado ZP no es más que un lavado de imagen y muestra una psique digna de análisis psiquiátrico. Creer que con sólo dedicar un 0,2% de las transacciones económicas a la ayuda al tercer mundo se puede acabar con el hambre, resulta tan estúpido como crear un ministerio sin competencias como el de Vivienda. El problema del tercer mundo, como explica hoy Juan Ramón Rallo en el suplemento de Ideas de Libertad, no se arregla con un “fajo de billetes” sino con derechos de propiedad, mercado y Estado de derecho.

Mientras existan demagogos que dispongan de la capacidad de establecer e incrementar los impuestos vigentes, tendremos que soportar en nuestras carnes los efectos del populismo más rastrero.

La indefensión del consumidor

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

En un comentario anterior se explicaba someramente las características y la evolución de una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad: el dinero. A lo largo de los tiempos, habían ido emergiendo de entre otras mercancías aquellas que eran capaces de mantener el valor en el espacio y el tiempo. Poco después de que los avances tecnológicos lo hicieran posible, el oro acaparó toda la atención de los individuos y ya no sólo se empleó como medio espacial, sino también para conservar el valor entre diferentes periodos de tiempo. De este modo, el oro, como patrón, comenzó su seguro periplo.

Pero algunos no lo vieron así. Lo que era un exitoso instrumento fruto de una larga evolución e inventiva por parte de nuestros antecesores, se vio como un impedimento para llevar a cabo un tipo de trabajo muy abundante en nuestra actualidad, el de los intervencionistas e ingenieros sociales.

Así, muchos políticos e ideólogos contrarios a la libertad tildaron al metal dorado de tirano, de monarca absolutista, de bárbara reliquia y otras muchas lindezas que por falta de espacio no vamos a reproducir. Pero todas ellas omitían la verdadera naturaleza voluntaria y subjetiva de este bien, caricaturizándolo como una tenaza externa que impedía la plena realización y crecimiento que la sociedad podía conseguir. Como dijo Paul A. Volcker, ex responsable de la maquinaria estatal norteamericana en materia monetaria, el dinero fue tolerado mientras actuó como monarca constitucional pero, en cuanto se convirtió en un rey absolutista, fue destronado.

Sin embargo, la realidad fue un tanto diferente. Una andadura con paso firme y seguro no iba a interrumpirse por unos pocos hombres. La pretendida desmonetización del oro que los gobiernos fueron intentando desde principios de siglo XX se estrelló contra la evidencia. Las diferentes fórmulas que los gobernantes idearon cuyo para desligar cada vez más del oro las monedas estatales (cuya dinerabilidad dependía, precisamente, de la mercancía de la que querían alejarse), tuvieron éxito, perpetrando así una de las mayores perturbaciones al sistema monetario occidental junto a la fijación por su parte del tipo de interés.

A partir de entonces, el papel estatal –el dólar, ahora el euro, el yen, en su día el marco, etc.– ha ido perdiendo valor año tras año de manera escandalosa, llegando incluso a suponer en la actualidad tan solo un 10% del valor que representaba ocho décadas atrás. La soberanía del consumidor, basada en la no depreciación –o la menor deprecación comparada con las demás mercancías–, es decir, un spread o utilidad marginal que decrece más lentamente que en las demás mercancías, fue sustituida por la indefensión del consumidor, que ahora, con el dinero gubernamental, está obligado a consumir cuanto antes mejor, pues el bien que usa y que le respaldaba en sus decisiones de consumir o de posponer el consumo cuanto quiera, ejerciendo su libre disposición, se ve amenazado por la crónica inflación o pérdida de liquidez de la moneda.

 

Una vez más, por tanto, el gobierno, partiendo de una institución nacida en el mercado, imprescindible para las relaciones sociales libres y pacíficas de los ciudadanos, impuso su propia criatura que, como las demás, lleva como sello distintivo la pérdida de valor.

El caso Charleroi

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Análisis diario.

Hace un par de años la pequeña localidad de Charleroi, cercana a Bruselas, se hizo famosa en toda Europa. Desafortunadamente el motivo de esta súbita notoriedad fue la supuesta concesión de subvenciones por parte del gobierno local a Ryanair, la compañía de vuelos de bajo coste que va camino de jubilar a varias aerolíneas del viejo continente. Bruselas exigió a Ryanair, acusada de deslealtad competitiva de altos vuelos, que pagase 4 millones de euros. El caso y la lectura que la Comisión hizo del mismo pusieron en entredicho la veracidad de la proclamada defensa que la compañía irlandesa ha venido haciendo de la libertad económica.

De repente el mundo se volvió del revés. La intervencionista Comisión, con Loyola de Palacio a la cabeza, se nos presentaba como defensora de la libre competencia y la libertad económica mientras que la empresa innovadora y en plena expansión resultaba ser una buscadora de rentas ajenas. La propaganda euroestatalista nos contaba que gracias a la Comisión –la misma que autorizó cientos de millones de euros en ayudas públicas a las compañías de bandera– la libre competencia quedaba restituida.

La verdad es bien distinta. Lo que la Comisión calificó como subvención no era tal. Ryanair no recibió solicitó ni un duro y nadie ha probado jamás que haya recibido dinero público. Las famosas subvenciones resultaron ser tasas de aeropuerto más bajas que la media. Es decir, Ryanair pagó por las tasas de aeropuerto de Charleroi menos de lo que otras compañías suelen pagar por usar instalaciones aeroportuarias. Las grandes compañías, que veían cómo la irlandesa les comía el terreno, clamaron al cielo y se agarraron al clavo ardiente de las bajas tasas. Fue entonces cuando la Comisión decidió poner freno al “escándalo” que suponía que una compañía no aceptara un coste como algo dado. Y es que en eso consistía el pecado de Ryanair: no aceptar los costes en los que alegremente incurría la competencia y negociarlos a la baja gracias al comodín que suponen los millones de pasajeros que la compañía aérea puede hacer pasar por un pequeño aeropuerto. Una vez que la aerolínea de bajo coste fue considerada culpable de recibir subvenciones por Loyola y compañía, Ryanair hizo públicos los precios que paga en otros aeropuertos similares, tanto públicos como privados, en un intento desesperado por demostrar que ellos negocian el precio a la baja de manera implacable con independencia del tipo de propiedad del aeródromo del que se trate.

Pero aquella prueba de nada les sirvió. Competir tratando de bajar los costes es considerado un pecado de suma arrogancia por parte de los políticos de Bruselas. Y si encima se trata de una empresa de la cual su presidente dice que no es convencional porque al contrario que las compañías tradicionales ganan dinero y no piden a ningún gobierno que les pague nunca nada o afirma que el negocio de la aviación comercial se ha basado hasta ahora “en el monopolio de los gobiernos estafando a los consumidores”, la sentencia de fusilamiento político queda dictada.

El caso Charleroi nos muestra una vez más cómo la Comisión Europea y sus departamentos antimonopolio se dedican a torpedear sistemáticamente a las empresas que revolucionan los mercados y reciben el apoyo masivo de los consumidores al tiempo que nos intenta encadenar a las empresas que no queremos seguir contratando. Si hay que hacer juegos de malabares o trucos de prestidigitación lingüística para que una buena negociación sea vista como una subvención criminal, se hacen y punto. Después de todo, es el dominio de lo político sobre económico lo que está en juego.

Economic Liberty, de Harold Cox

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Para mí uno de los mayores placeres consiste en pasearme por Charing Cross Road y visitar sus librerías de viejo. Uno no sabe qué puede encontrar, pero siempre tiene la sensación de que hay una joya esperándole. Aquel día se trataba de Economic Liberty de Harold Cox, Longmans, Londres, 1920. Nada sé del autor, aparte de que es autor de este libro.

El segundo capítulo lo dedica a la ética de la propiedad privada, que es ciertamente notable. Comienza reconociendo que el origen de la institución está en la escasez: “Téngase en cuenta que nadie quiere nunca reclamar la propiedad de cosas que existen en más que holgada existencia”. Continúa explicando que “en esencia, la institución de la propiedad es un instrumento que permite al hombre disfrutar de los frutos de su propio trabajo”, lo que a la vez es la razón de su poder creador.

Explica cómo se adquiere la propiedad sobre la res nullius con el trabajo. Luego se puede transmitir por herencia o intercambio. Puesto que “la gente solo puede intercambiar las cosas que posee” y “sin comercio el hombre hubiera seguido siendo por siempre un salvaje desnudo, alimentándose como una bestia”, en consecuencia “sin propiedad el progreso de la humanidad de la salvajería a la civilización hubiera sido imposible”. Por el contrario, es la institución de la propiedad la que ha permitido “la conversión de los cenagales y bosques de nuestra pequeña isla en una tierra de rica agricultura” además de traer “los grandes desarrollos industriales de los últimos tiempos”. Esta relación de la propiedad con el progreso opera por la otra cara de la institución: la libertad. Cox señala que “el progreso implica cambio y a no ser que el individuo tenga libertad de acción, no puede hacer ningún cambio en el estado actual de las cosas y el progreso deviene imposible”.

No solo es el fundamento de la prosperidad y la civilización, sino que está íntimamente unida a virtudes morales: “Habría que añadir que entre las libertades más importantes que asegura la institución de la propiedad es la de ayudar al vecino”.

El objetivo del socialismo, según lo ve Harold Cox, es “la condena de la propiedad sobre el capital”. Pero “es imposible trazar una línea entre el capital y el no-capital”, pues “innúmeros artículos habitualmente en manos de individuos privados por su propio uso, también pueden ser utilizados para la obtención de beneficios y por tanto caer en la condena del capital de los socialistas”. Por eso el destino del socialismo es la condena de toda propiedad, si ha de ser coherente.

Ello tiene una clara consecuencia: “La única alternativa a una sociedad en que se reconoce la propiedad es una sociedad organizada sobre guías comunales”. Esa vida puede ser adecuada para determinadas bestias. Pero choca frontalmente con la naturaleza del hombre, porque él, “es humano y no meramente animal, ha de tener, entre amplios márgenes, la libertad de hacer lo mejor de sí mismos a su propio modo, incluso si en ocasiones abusa de ello”.

Aunque el libro está contiene varios juicios interesantes, uno de los más destacaría es un juicio que hace sobre la democracia moderna: “Las democracias son siempre impacientes. Están influidas por las pasiones del momento y en rara ocasión son conscientes de los hechos del pasado o están alerta de los peligros del futuro”. En consecuencia “hay un constante peligro de que los parlamentos modernos puedan en cualquier momento, en obediencia a una pasajera ola de la opinión pública, eliminar libertades que nuestros ancestros ganaron tras una dura lucha”.

El derecho a la autodefensa

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Quizá la defensa ante una agresión es uno de los derechos que los ciudadanos tenemos más regulados y por regulado debe entenderse más restringido. La violencia independientemente de quién la ejerza y en qué condiciones, está mal vista y tanto la educación pública como los medios de comunicación se encargan de mostrárnosla como uno de los peores males que aquejan el mundo, como uno de los jinetes apocalípticos. No es necesario profundizar demasiado para comprender que tras la violencia y las armas se encuentran personas, que son quienes la ejercen. La pistola no se dispara si no hay alguien que apriete el gatillo. Defenderse ante esta situación es un derecho que no debería transferirse a nadie.

El Estado monopoliza, en última instancia, la capacidad de defensa tanto interna como externa. Solo los miembros de los cuerpos de seguridad del estado y de las fuerzas armadas están capacitados para poseer armas sin necesidad de permisos y regulaciones especiales. Sin embargo, un ciudadano debe hacerse con uno de carácter oficial que indique porqué y para qué se va a poseer un arma. Y sin embargo, el mismo Estado que debe cuidar con esmero y eficiencia que tal normativa se cumpla, es incapaz de impedir no sólo que muchos poseedores de armas no cumplan las condiciones mínimas (físicas y psicológicas) que impone, sino que un número nada despreciables de delincuentes puedan poseer un arma ilegal que hacen más dura la vida de algunos. El ciudadano se encuentra indefenso ante este colectivo y la regulación llega hasta el absurdo de que si al defenderse el agredido ocasiona algún daño al agresor, la víctima termine en no pocos casos como agresor y el agresor como víctima ya que el Estado puede estimar de manera un tanto arbitraria que la fuerza usada no es la adecuada.

Si la agresión es externa el asunto se complica. Aunque es difícil que un país europeo y occidental pueda ser invadido por otro hostil, esta situación en la periferia no es descartable. Israel ha vivido muchas veces la invasión de sus ‘vecinos’ musulmanes y algunos de sus habitantes vieron como se convertían en la primera línea de frente. Si no hubieran tenido armas, la situación hubiera sido mucho peor de lo que fue. Es difícil saber cuándo los estados occidentales, europeos principalmente, decidieron que sus habitantes no tendrían la posibilidad de poder defenderse salvo a través de sus fuerzas armadas. Lo que sí está más o menos claro es que un Estado intervencionista teme a una sociedad armada a la vez que ajena a la corrección política.

Las convenciones de La Haya de finales del siglo XIX y principios del XX pretendían establecer una quimera, las leyes por las que se deberían regir los conflictos armados entre países. Los representantes habían reconocido el derecho de los pueblos invadidos a presentar resistencia pero sólo si se constituían en cuerpos organizados identificados como beligerantes. De esta manera, la autodefensa del individuo era eliminada de golpe. En 1899, el representante belga se dirigió a sus colegas en estos términos:

Si la guerra está reservada exclusivamente a los estados y si los ciudadanos son meros espectadores, ¿no quedan así mermadas las fuerzas de la resistencia, no se priva así al patriotismo de su efectividad? ¿Acaso la defensa de la patria no es el primer deber del ciudadano?

No es extraño que los alemanes, que serían tristes protagonistas de los siguientes cincuenta años, se negaran a esta interpretación. Es difícil creer que en esa época se vislumbrara la magnitud del conflicto que se convertiría en la Primera Guerra Mundial pero se empezaron a dar los pasos que conducirían a tal masacre. Los alemanes adujeron que el sistema propuesto por sus colegas belgas derivaría en un reconocimiento internacional de la leva masiva y de la guerra de guerrillas y que destruiría los límites de la guerra, lo que llevaría a la barbarie. Con el tiempo, las tesis belgas perdiendo fuerza y los grandes ejércitos, en manos de gobiernos totalitarios como los alemanes y rusos, generaron algunos de los terrores más horribles que han existido en nuestro planeta.