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Lección de Rafael Termes para profesionales

Si tuviera que elegir una útil enseñanza de entre la obra de Rafael Termes para despejar la incertidumbre de mañana mismo, optaría sin duda por su honda interpretación de la ética profesional y empresarial. Dejo atrás, ya sé, su teoría del riesgo creador, el curso sobre inversión y riesgo de capital o sus fecundos ensayos acerca de las raíces filosóficas del liberalismo, pero este comentario debe ser breve y prefiero hoy distinguir la ética que me vale – nos vale- para la inmediatez de cada día.

Termes señaló en “Antropología del capitalismo” tres tipos de éticas en las organizaciones: una ética de las consecuencias (“No hagas esto por el que dirán”), una ética de las advertencias (“No hagas aquello porque lo prohíbe el código”) y una preferible ética de las calidades o competencias que con afán superador demuestra la estrechez de miras de las dos anteriores. Termes no apreció demasiado la exigencia de leyes de buen gobierno corporativo y el siguiente párrafo refleja la quintaesencia de su pensamiento al respecto:

Este enfoque…tiene el inconveniente de dejar en el hombre la sensación de que a fuerza de abstenerse de todo lo que no se puede hacer, está sacrificando su excelencia profesional en aras de una mínima honradez humana. La verdadera solución para salir de esta reductiva interpretación de la ética, consiste en entender que no hay contradicción alguna entre calidad profesional y calidad humana. Es más, que no puede haber calidad humana sin calidad profesional. Es decir, la excelencia profesional exige como condición necesaria, aunque no suficiente, el desarrollo de todas las virtudes humanas, vividas, precisamente, en el ejercicio de la propia profesión. Es un error pensar que las exigencias éticas son algo ajeno a la profesión, es decir, que afecta a las personas en cuanto personas con independencia de cuál sea su profesión La verdad es que las virtudes- que, efectivamente, todo hombre debe vivir- se concretan y especifican en la profesión.

Me ha entristecido su repentino fallecimiento porque no hace mucho, en un acto público, le vi resuelto y con genio; la única ocasión que tuve de cruzar dos palabras con él. Siempre parece que los sabios viejos del lugar nunca se desvanecen, que han de permanecer junto a nosotros en cada ocasión que nos apetezca, pero en realidad nunca aprenderemos a despedirnos bien de ellos.

A mí me da igual a qué institución religiosa pertenecía Rafael Termes, porque lo que queda finalmente de este emprendedor – su legado iusnaturalista – creo que seguirá resultando estimulante. Desconozco si sus escritos vinculando al Vaticano con los fulgores de la economía de mercado fueron siempre acertados o no, y supongo que en una dilatada trayectoria como la suya aparecieron, por qué no, momentos para la controversia. Pero de lo que no cabe duda es de su honestidad intelectual, manifestada incluso en su ultimísimo artículo en torno a la unión entre personas del mismo sexo. En Termes nunca parecieron darse las condiciones de prudente adaptación a los tiempos, que su admirado Josef Pieper definió así: prudente es el que sabe cuidarse de no pasar por el apurado trance de tener que ser valiente.

Considero que los liberales de variada condición acabamos de perder un maestro, y que cada uno lo entienda en su oportuna y personal medida. Observo que el solar hispano no anda sobrado de maestros del liberalismo. Debemos cuidarlos. Y que cuiden a sus seguidores, claro. O sea, que no nos defrauden. Rafael Termes nunca lo hizo.

¿Gradualismo o abolicionismo?

¿Hay que desmantelar el Estado intervencionista paso a paso o de golpe?¿Con qué presteza habría que recorrer el camino hacia la libertad? Es obvio que una respuesta formulada desde el liberalismo no puede entrar en contradicción con sus mismos principios. No cabe, en la defensa de la libertad, abogar por una subida de impuestos o por un endurecimiento de la guerra contra las drogas. Pero no basta con virar el rumbo y enfilar en la dirección contraria para estar en armonía con los derechos naturales. Es preciso atender también a la intensidad con la que éstos se persiguen.

Si el liberalismo, por ejemplo, tiene por injusta la esclavitud, no puede proponer en un plano abstracto que ésta se extinga paulatinamente en un determinado intervalo de tiempo, pues sería tanto como decir que durante el lapso en el que perdura no es injusta y condenable. Así, por lo mismo que está en conflicto con la ética de la libertad reivindicar medidas que invaden los derechos individuales, también está en conflicto suscribir la prolongación de medidas que violentan esos derechos. Los liberales en este sentido, pues, deben ser filosóficamente abolicionistas: si la esclavitud es injusta debiera extinguirse por completo de inmediato. Distinta cuestión es que, en efecto, vaya a suceder tal cosa. En palabras de Lloyd Garrison, “nunca hemos dicho que la esclavitud será destruida de golpe; lo que siempre hemos asegurado es que así debería ser”. No hay lugar para compromisos en la teoría que no socaven la propia causa. Idealmente no es inconcebible que la libertad plena impere ipso facto puesto que, como indicó Rothbard, las injusticias son acciones de unos hombres contra otros y de su voluntad depende el que sigan produciéndose. Si repentinamente todos convinieran en que la libertad es el valor más preciado la agresión desaparecería al instante. Pero qué duda cabe de que no es sensato esperar que esto suceda, aun cuando idealmente sea posible. Entonces, si al abolicionista le está vedada la consecución inmediata de su objetivo, ¿debe renunciar a todo progreso parcial?¿Debe oponerse el abolicionista al gradualismo en la práctica?

A lo que debe oponerse el abolicionista es al gradualismo en la teoría, no al gradualismo en la práctica. Allí donde no pueda avanzarse de un salto o a zancadas no es reprobable sino exigible avanzar a pasos pequeños. En un contexto en el que no es factible acabar con la esclavitud el abolicionista no puede menos que demandar la liberación de tantos esclavos como sea posible aunque eso signifique salvar sólo a unos pocos. No suscribe prolongación alguna de la esclavitud, pues si de él dependiera la suprimiría entera. No ha renunciado a nada, pues aquello que no puede conseguir simplemente no está en su mano.

Dos requisitos, siguiendo a Rothbard, son necesarios tener en cuenta cuando se procede gradualmente: primero, no perder nunca de vista el objetivo último, la libertad plena, resaltando asimismo que se avanza sólo un poco porque no puede avanzarse más, no porque sea bueno dar un paso pero no dos. Segundo, no retroceder jamás, ni aun por un lado para conseguir algo por otro, ni emplear medios que estén en conflicto con aquello que se pretende alcanzar.

El gradualismo en la teoría, advirtió Lloyd Garrison, es la perpetuidad en la práctica. Por ello en defensa de la libertad hay que ser abolicionistas en la teoría y en todo caso gradualistas en la práctica. Se trata, en suma, de ser en la práctica tan abolicionistas como la realidad lo permita. Dando pasos cortos en la dirección correcta donde no puedan darse más largos, siempre con la vista fija en el horizonte.

Utilidad marginal y liquidez

Carl Menger, el padre de la Escuela Austriaca, revolucionó la ciencia económica en 1871 con sus Principios de Economía Política, al descubrir la utilidad marginal decreciente. Brevemente, la utilidad marginal viene a decir que la utilidad de conjunto de productos sustituibles entre sí viene determinada por el fin al que satisface la última unidad; lógicamente, dado que con unidades iguales perseguimos cada vez fines menos valiosos, esa utilidad era decreciente.

Sin embargo, Menger también hizo importantísimas aportaciones a la teoría monetaria; aportaciones que, en muchos casos, no sólo han pasado desapercibidas para una ciencia económica corrupta por el neoclasicismo, sino también para la Escuela Austriaca.

Menger afirmó que el dinero surgió espontáneamente, como una generalización del bien económico más líquido. Pero, ¿qué era la liquidez? Para definirla, observó que todo producto pujaba en el mercado entre dos precios, el precio ofrecido al que se quería comprar y el precio pedido al que se quería vender. Cuanto mayor era la cantidad de bienes comerciada, mayor era el margen (spread) entre ambos precios. Pues bien, para Menger un bien era más líquido que otro cuando su spread aumentaba más lentamente conforme incrementábamos la cantidad.

En realidad, Menger no tenía necesidad de hablar de márgenes y spread. Había ya desarrollado el instrumental analítico suficiente como para definir liquidez en términos más precisos. Y es que, como hemos visto, la utilidad de un bien siempre decrece conforme aumenta su cantidad. Por tanto, necesariamente, el margen entre sus precios tiene que incrementarse. Una parte tendrá que ofrecer a la otra cantidades crecientes del bien, ya que la utilidad del bien recibido disminuirá conforme le ofrezcan una mayor cantidad. Sólo cuando los bienes líquidos entran en escena, una parte (el comprador con dinero) no necesita ofrecer a la otra (vendedor sin dinero) una función creciente del bien, pues la utilidad marginal del dinero disminuye muy poco a poco.

Así, diremos que un bien es más líquido que otro cuando su utilidad marginal disminuya más lentamente. Por supuesto, un tipo de dinero será de mayor calidad que otro cuando sea más líquido.

Otro gran teórico de la liquidez, Antal E. Fekete, ha entendido perfectamente esta idea al sostener que el oro tiene una utilidad marginal constante. No es necesario decir que ningún bien puede tener una utilidad marginal constante, pero la idea subyacente a la afirmación de Fekete es que su utilidad es la que más lentamente disminuye. Además, Fekete ha completado la liquidez definiéndola en su doble perspectiva, espacial y temporal. El bien más líquido es el más transmisible o vendible, aquel generalmente aceptado sin que al incrementar su cantidad disminuya su valor. Sin embargo, este punto de vista espacial debe completarse con el temporal: la atesorabilidad.

Si un bien, por ejemplo, se deteriora con el paso del tiempo, tendrá una gran liquidez durante una temporada, pero luego la irá perdiendo. Una mercancía es atesorable cuando pueda venderse o comprarse con las menores pérdidas posibles en pequeñas cantidades, esto es, cuando su utilidad marginal aumente más lentamente conforme se disminuya la cantidad.

Por ejemplo, en la Edad Antigua el ganado era el bien más líquido espacialmente. Todo propietario de ganado sabía que en cualquier otra parte del continente se lo aceptarían como “moneda de cambio” (de hecho, la palabra pecus significa ganado y de ahí se derivó posteriormente la palabra pecunia, moneda). No obstante, el ganado era muy poco líquido intertemporalmente; si yo atesoraba ganado, con el paso del tiempo envejecía y moría. De ahí que para traspasar la riqueza a lo largo del tiempo se adoptara la sal (de ahí la palabra salario).

Más recientemente, la dualidad espacial-temporal ganado-sal se sustituyó por oro-plata. El oro servía para grandes transacciones interespaciales, pero su fragmentación era muy costosa, de manera que se adoptó la plata para atesorar valor intertemporalmente. Sólo cuando durante el s.XIX los avances metalúrgicos hicieron posible reducir el coste de la fragmentación del oro, éste se impuso como el dinero de mayor calidad, el más líquido, tanto en el espacio como en el tiempo.

Por tanto, hemos visto como el concepto de utilidad marginal mengeriano nos sirve para explicar la liquidez del dinero sin necesidad de recurrir a los márgenes de precios. Un bien es líquido interespacialmente cuando su utilidad disminuye muy poco a poco conforme se incrementa su cantidad; un bien es líquido intertemporalmente cuando su utilidad aumenta muy poco a poco conforme se reduce su cantidad. En ambos casos, hoy por hoy, el oro es el bien más líquido y de mayor calidad.

Renovando subvenciones

El gobierno ha aprovechado que aún tenemos el cerebro reblandecido por el calor para colarnos otro estupendo y faraónico plan consistente en que las compañías eléctricas sean obligadas a instalar parques eólicos y solares por doquier. La factura es de cerca de cuatro billones de pesetas aunque, eso sí, distribuido durante varios años hasta 2010. Evidentemente, el coste de semejante disparate energético lo pagaremos todos. No porque el Estado subvencione una parte mínima del plan, sino porque el mayor precio por kilowatio de estas alternativas acabará siendo sufragado por los bolsillos de los consumidores, en un apartado que el gobierno califica eufemísticamente de “aportación de las empresas generadoras”.

A los ecologistas, este despilfarro les parece insuficiente. De hecho, Greenpeace está elaborando un delirante informe que se supone mostrará al público en los próximos meses cuyo objetivo es demostrar que podríamos alimentarnos de energías renovables de forma exclusiva y tener energía de sobra en 2050. Hasta que no esté el texto disponible no se podrá opinar con total certeza, pero llama la atención que la presentación parcial de algunos resultados del mismo realizada a finales de julio huyera de dos problemas esenciales. El coste y la poca confiabilidad de una parte importante de esas energías, la eólica, que falla cuando más la necesitas. Actualmente hay 9.000 MW de potencia eólica instalada, pero en uno de los últimos récords históricos de producción, 38.620 MW el 20 de julio a las 17:38, la producción real de energía eólica se situó en los 2.046 MW.

Aún así, el informe presenta algunas conclusiones, cuando menos, divertidas. Y es que, según sus estimaciones, sería necesario ocupar el 14% del territorio nacional con cultivos y bosques para quemar en las centrales de biomasa, el 37% con centrales solares y el 57% con centrales eólicas aunque sus proyecciones indican que podría simultanearse el terreno de estas últimas con otros usos. Por ejemplo, el de centrales solares. Ignoro si las ciudades caben en este plan, aunque conociendo a sus promotores, posiblemente tengan previsto que nos desplacemos a vivir bajo tierra para que la naturaleza permanezca virgen e intocada por nuestras sucias manos… si excluimos que casi todo el territorio tendrá centrales, claro.

El plan esconde algunas sorpresas. Así, mientras asegura que las ayudas públicas suponen sólo el 2,9% del plan, 680 millones de euros, las exenciones de impuestos llegan a 2.855 millones y las subvenciones a las energías renovables 4.956. Y es que, según un informe de la cámara de los lores, el coste de producción eólica es de 6 céntimos de euro por KWh y el precio al que se vende la energía actualmente en España son 4 céntimos, por lo que alguien va a tener que pagar la diferencia. Usted y yo, ya sea por la factura o por las subvenciones. Los ecologistas salen realmente caros.

Lo único bueno de este plan es que vuelve a poner sobre la mesa el descarado control que ejerce el ejecutivo sobre el sector. Ya nadie podrá argumentar que nuestros problemas energéticos se deben a la maligna liberalización que llevó a cabo el no menos pérfido Aznar. ¿Quién se puede creer que el sector eléctrico es libre cuando desde el gobierno se le impone cuánto y de qué manera deben generar energía? Los problemas aparecen cuando se impone desde arriba una solución y se resuelven cuando somos libres de buscar la mejor alternativa por nosotros mismos. Por esto este plan, como los anteriores, nos aleja de las mejores soluciones a la generación de energía eléctrica.

Rousseau, prescriptor del socialismo

La obra del moralmente degenerado y psicológicamente tarado ginebrino ha pasado a la posteridad como la inspiración más sublime de la democracia inorgánica, asumida en los países occidentales prácticamente como la única forma de gobierno que permite la existencia de la libertad y el progreso. En efecto, en los escritos de Rousseau se encuentra el germen de las formas políticas que sustituyeron al Ancien Règime aunque, en realidad, el sistema rousseauniano, tal y como fue formulado en su día, esté muy alejado de la partitocracia en la que ha degenerado la democracia contemporánea.

Pero la radical concepción de las relaciones humanas de Rousseau van mucho más allá del sufragio universal o la representatividad inorgánica. De hecho, el sistema de Rousseau es, en opinión del que suscribe, la inspiración primigenia del socialismo.

La base del pensamiento rousseauniano es el contractualismo social, explicado en su tan conocida como poco analizada obra «El contrato social» (sigo en este artículo la edición de 2000 de Ediciones Folio S.A.), en virtud del cual, la sociedad es una institución artificial a la que el individuo se adhiere voluntariamente, aceptando las cláusulas de un contrato de sometimiento a la colectividad. En su visión contractualista llega a incluir a la familia, pues según él, «los hijos no dependen del padre más que durante el tiempo que lo necesitan para subsistir. En cuanto cesa esta necesidad, el vínculo natural se disuelve (pág 158)», que no deja de ser una forma patética de justificar el abandono de sus cinco hijos en el orfanato nada más nacer.

A esta visión positivista es necesario contraponer el naturalismo social, que reconoce a las instituciones sociales como elementos naturales, pues la sociedad no es algo que construyen unos robinsones atomizados, sino que el hombre se encuentra incorporado a ella desde su nacimiento. El carácter primario de estas instituciones intermedias, ha permitido defender a los doctrinarios liberales la dimensión subsidiaria del Estado, que debe respetar absolutamente a aquéllas y asumir tan sólo las funciones que no sean efectivamente realizadas por las mismas.

El razonamiento del contrato social rousseauniano, por otra parte, lleva inexorablemente a la aceptación de afirmaciones precursoras del totalitarismo estatal. Así sucede con la premisa de que “la voluntad general es siempre recta y tiende siempre a la utilidad pública”(pág. 233), o la de que “cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y recibimos en cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo”(pág 166), o la idea que subyace tras la densa palabrería rousseauniana, del vínculo inexorable entre la inferioridad social y la superioridad moral.

No es de extrañar que Marx declarara su admiración hacia el psicópata ginebrino. Hoy en día, su obra sólo puede interesar a los ideólogos socialdemócratas y al resto de banderías políticas que recelan de la libertad individuo y el gobierno limitado.

La conquista del espacio

El 25 de mayo de 1961 el presidente Kennedy emplazó a su nación a poner un hombre sobre la luna antes del final de esa década. La carrera espacial entre rusos y americanos entraba en una nueva fase. Varias empresas americanas se afanaron por conseguir que la NASA contratara sus proyectos. En la URSS, recelosos del despilfarro que suponía la competencia burguesa, aunaron esfuerzos bajo un planificador central.

Si la NASA encontraba algún problema técnico y presupuestario con alguno de los contratistas, le bastaba con recordarle que tenía competidores ansiosos por sustituirle. Y, llegado el caso, ¡podía hasta hacerlo! Y mientras tanto el programa nacional seguía su curso con otra empresa. Si la agencia soviética, en cambio, se encontraba con algún problema, tenía que apañárselas solita y todo el programa nacional quedaba resentido.

El resultado fue que mientras Armstrong, Aldrin y Collins volvían triunfales de la misión Apollo 11, su competidor soviético, el Luna 15, se estrellaba contra la superficie. Anquilosada en su ineficiente estatalismo, la agencia espacial soviética entendió que no podía aspirar a las aventuras espaciales tripuladas más allá de la atmósfera terrestre. Así que se ciñó a la exploración interplanetaria con sondas no tripuladas y al mantenimiento de estaciones espaciales en órbita terrestre.

La agencia americana, por su parte, embriagada con el triunfo del programa Apollo, fosilizó las relaciones con sus contratistas. Es decir, eliminó todo vestigio de competencia capitalista. Pensaron en la NASA que los transbordadores de los contratistas vitalicios iban a realizar centenares de vuelos al año hasta la Estación Espacial Freedom (libertad), que Reagan había propuesto en 1984 que se construyera en un plazo de diez años. Ocho años antes de que concluyera ese plazo, ocurrió el primer accidente mortal de los transbordadores. Desde entonces, la hoja de servicios de la NASA ha ido emponzoñándose paulatinamente.

En cambio, cuando el Imperio Soviético implosionó y los rusos se vieron en la bancarrota no dudaron en abrazar el capitalismo: grabaron anuncios de televisión para Pepsi Cola, Pizza Hut y Lego, entre otras empresas privadas y vendieron al mejor postor viajes espaciales para turistas.

Visto el contraste entre lo caro que le resultaba a los estados hacer el ridículo y lo vigoroso que era el mercado ofreciendo soluciones rentables, la recuperación de confianza en la libre empresa fue ganando adeptos. En enero de 1997, Spencer Reiss, sugería: “¿Qué pagaría, digamos, Ruper Murdoch por los derechos en exclusiva de la mayor épica en la historia moderna? Una tripulación telegénica. Un drama de vida o muerte. Imágenes en directo a 25 millones de millas de distancia. Y el primer aterrizaje en otro planeta; en fácil apostar que sería el acontecimiento más visto de la historia (…) Y ni siquiera hemos hablado de qué empresa de zapatos pondrá su logotipo en la primera huella sobre el suelo marciano. Just do it.” Simplemente, hazlo, sugería Reiss en diáfana referencia a la famosa marca de calzado deportivo.

Paralelamente, en Estados Unidos, mientras la NASA no levanta cabeza, han aparecido una multitud de empresas llamadas “no tradicionales”. Son empresas privadas, pequeñas y dinámicas que al estilo emprendedor de Silicon Valley, pretenden hacer fortuna con nuevos conceptos para rebajar costes y acercar el espacio a los consumidores. Véanse Scaled Composites, tSpace o Space Adventures. Esta última está preparando una serie de expediciones que empezarían dentro de cinco años con un viaje alrededor de la luna (sin alunizaje) para dos astronautas. El precio que tendrá que pagar cada uno será de unos cien millones de dólares. Teniendo en cuenta que cada viaje del trasbordador cuesta unos quinientos millones, parece que los de Space Adventures están fulminando los precios.

En junio de este año, el administrador de la NASA Mike Griffin dio un sorprendente golpe de timón con un discurso ante varios congresistas en el que no cesó de alabar la competencia. Y afirmó que le gustaría poder comprar billetes para sus astronautas en naves espaciales de propiedad privada. Puede ser un futuro muy interesante… y muy próximo.

Atar los precios de la gasolina

Todo el mundo está pendiente del petróleo. La recuperación mundial y el crecimiento de China han desbordado la capacidad de extracción y refino. La situación política de varios productores, las dudas en torno al dólar; nada ayuda. Y como siempre que un bien comúnmente utilizado eleva su precio, surge la tentación de ponerle un límite. El Estado de Hawai impondrá un precio máximo a uno de sus derivados, el combustible para vehículos, a partir del primero de septiembre. No es el único sitio ni el más importante. China da un paso atrás en sus reformas, y ha tomado la misma medida.

Todo ello es absolutamente sorprendente. Porque desde las primeras civilizaciones se han puesto límites a los precios que se hubieran acordado libremente en la sociedad, una medida que se ha repetido en el bajo Imperio Romano, en la Edad Media, en la Alemania de Hitler… No ha habido época sin ejemplos de controles de precios y siempre con los mismos resultados nefastos. Hoy, además, contamos con la teoría económica, que nos describe los efectos que se producen cuando se limita el precio que pueden acordar los agentes en el mercado.

El precio libre llega al de equilibrio, que es el que vacía el mercado. Es decir, es aquél al cual los vendedores venden todo lo que querían vender y los compradores adquieren todo lo que quieren comprar. Si se impone un precio máximo, los oferentes marginales retiran su oferta del mercado, con lo que la primera virtud del precio de equilibrio no se cumple. Y muchos consumidores quedan insatisfechos porque la oferta es ahora menor, y porque, al precio fijado, hay nuevos consumidores que desean ese bien. Pero este es solo el primer efecto, luego se retira la producción marginal para un mercado que ahora es menos remunerador. Los factores que tienen usos alternativos se desvían a otros sectores y a otras áreas que no están condicionadas por los controles de precios.

Si los productores creen que los controles de precios son efectivos y permanentes, acaban sacando al mercado lo almacenado, lo que agravará la situación más adelante. Eso ocurre con los combustibles, tras haber pasado por el refino. Pero la situación con el petróleo es diferente, ya que su coste de almacenamiento es mínimo, y el coste de no sacarlo al mercado se ha reducido, porque los beneficios que se dejan de ganar han desaparecido, en parte. Los recursos minerales se pueden retirar fácil y económicamente del mercado por largos períodos de tiempo, sin quebranto para los dueños.

El precio máximo es el mayor enemigo del consumidor, porque por un lado le promete más y por otro le niega parte de lo que antes podía adquirir.

En el caso concreto del combustible, tenemos una ilustración histórica perfecta de hasta qué punto resulta destructivo limitar el precio que voluntariamente pudieran acordar gasolineras y consumidores, y es el de Nixon en los 70. Entonces, las horas de servicio se acortaban, en proporción al crecimiento de las colas frente a las estaciones. El petróleo local se destinaba a otros usos o se vendía fuera, y el producido en el exterior, en plena crisis del petróleo, no se interesaba ya por el mercado estadounidense. La expresión vaciar el mercado adquiría aquí un sentido más literal.

En Hawai los conductores se están adelantando a la medida política; llenan los depósitos de sus coches, compran latas con combustible, en largas colas. Vuelven las escaseces y el deseado producto comienza a abandonar el mercado. No aprendemos.

Estado contra ciudadanos

Se dice, en un ejercicio de ingenuidad muy habitual, que el Estado vela por los derechos de los ciudadanos, incluso por aquellos cuya naturaleza es bastante dudosa. Y sin embargo, ese compromiso que en todos los procesos electorales oímos con profusión es incumplido de forma sistemática sin que a la mayoría le parezca escandaloso. Resulta curioso que la inobservancia por parte de las empresas de las cláusulas de sus contratos y acuerdos genere incontables asociaciones de consumidores y que esos mismos ciudadanos no se asocien con tanto ahínco para denunciar los abusos de los poderes públicos.

Pero no sólo se incumplen promesas y derechos que afectan a una pequeña parte de la población sino también a los que afectan a todos los cuidadanos, sin excepción, y ello sólo es detectable cuando el desastre se hace manifiesto. Los intervencionistas creen lógico que en un ‘derecho’ como el de la vivienda se discrimine a los que por ejemplo sean solteros o tengan un nivel de renta elevado, aunque el límite sea arbitrario y por tanto discutible pero en un derecho como es la Defensa que el propio Estado ejerce de manera monopolística, no creo que nadie esté dispuesto a aceptar que el Gobierno y sus ministros no tengan el mejor material disponible dentro del presupuesto asignado. Y sin embargo, esto se ha hecho patente en Afganistán.

El pasado 16 de agosto se estrelló en el país asiático un helicóptero militar ‘Cougar HT-21 UL’ de fabricación francesa con 17 soldados españoles que resultaron muertos. A fecha de hoy todavía no está muy claro qué es lo que ha pasado pero ya han surgido dudas de si el aparato mandado era el más adecuado para la misión que estaban realizando e incluso si el adiestramiento de los militares allí destinados era y es el adecuado.

La elección del helicóptero francés Cougar frente a la otra alternativa, el Blackhawk estadounidense, fue en su momento polémica puesto que la calidad del americano es muy superior a la del francés en equipamiento, blindaje, capacidad y características técnicas. Mientras que los militares y los técnicos pedían el aparato americano, los políticos se decidían por el modelo galo, en una clara decisión que respondía a criterios más políticos que técnicos. Es decir el Estado incumplía uno de sus deberes fundamentales que no es otro que tener la mejor defensa posible. Si a un consumidor se le da un servicio deficiente, en un mercado libre puede cambiarse a otra empresa, desgraciadamente un ciudadano español no puede elegir otro ejército que le proteja.

Pero es que además, la falta de formación adecuada del soldado supondría otro nuevo incumplimiento flagrante, porque más allá de los riesgos asumibles que conlleva toda acción militar, el soldado debe tener la mejor formación y capacidad posible ya que en una situación de combate no hay margen entre lo bueno y los menos bueno, ya que esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

 

De esta manera el Estado bordea la delgada línea que separa la ineficacia y el fraude, se arroga en propiedad una serie de deberes que se vuelven ineficaces debido a corruptelas y decisiones que nada tienen que ver con la naturaleza del servicio y su mejor prestación. Y de esta manera, el Estado trabaja por su supervivencia como entidad de control aumentando sus prerrogativas aunque su cumplimiento sea dudoso, en el mejor de los casos.

La libertad como proceso discriminatorio

La acción humana es la categoría irreductible a partir de la que podemos derivar toda la ciencia económica. El hombre actúa para pasar de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria (en caso contrario no actuaría). A la situación más satisfactoria apetecida la denominamos fin, y al conjunto de etapas que separan la situación actual del fin, medios.

No tiene sentido hablar de acción humana sin hacer referencia a fines y medios. Sin fines el hombre no actuaría (estaríamos hablando solamente de actos reflejos, sin importancia alguna para las relaciones económicas) y sin medios no habría diferencia entre la situación actual insatisfactoria y el fin (de manera que no sería necesario actuar, pues ya nos encontraríamos en la situación apetecida).

Este mismo análisis nos sirve para establecer las bases de nuestra libertad. Si no se nos permiten elegir entre nuestros fines, no somos libres, sino esclavos de quien nos los marque. Así pues, toda acción supone una elección entre los distintos fines humanos. Si no hubiera elección tampoco habría propiamente acción, sino reacción. Perseguiríamos el único fin existente, no tendríamos alternativa.

Toda acción implica elección y toda elección supone forzosamente una discriminación, un juicio valorativo entre los distintos fines. Si eligiéramos sin discriminar estaríamos ante una libertad pervertida; en realidad, el resultado de la elección estaría predeterminado.

De la misma manera, si no nos permiten elegir los medios que juzgamos (a través de la discriminación) más útiles para los fines que ya hemos elegido, no seríamos libres. Primero, porque al imponer los medios estaríamos marcando indirectamente los fines (si no tengo acceso a líquido alguno no puedo saciar la sed); segundo, porque si permitimos al ser humano una discriminación entre un rango de medios menos eficientes (por ejemplo, prohibirle viajar en coche, pero permitirle la bicicleta), provocamos una satisfacción de los fines menos satisfactoria y más costosa.

En otras palabras, no conseguiremos exactamente los fines que nos habíamos propuesto (sino una meta ligeramente similar) y, al ocuparnos un mayor tiempo, tendremos que renunciar a otros fines que hubiéramos satisfecho en ese período (si tardo una hora más en llegar a casa del trabajo, dispongo una hora menos de tiempo para satisfacer mis necesidades). En ambos casos, estamos indirectamente imponiendo o prohibiendo ciertos fines.

La capacidad para establecer nuestros fines sin interferencias ni coacciones se llama libertad de conciencia. La capacidad para controlar y elegir nuestros medios, propiedad privada. Cuando tenemos control sobre unos y otros el ser humano ejerce plenamente la llamada “función empresarial”: buscar los fines más satisfactorios y los medios más adecuados para ellos. Si esa función empresarial es restringida de alguna manera, nos encontramos con una coacción típicamente socialista que obstaculizan el progreso social. El individuo no alcanza los fines más apetecidos y su libertad se ve aplastada por mandatos coactivos que lo dirigen a objetivos no deseados o menos deseados.

De hecho, el comunismo pretendía construir un nuevo hombre. Los fines individuales debían estar sometidos a una supuesta finalidad histórica aprehendida científicamente. Hoy en día el democratismo sustituye este científico fin histórico por el fin del pueblo expresado en las urnas. En cualquier caso, la libertad de elegir los fines y la propiedad privada debe ser eliminada; todo queda subordinado al interés general, cuyo realizador último es el Estado.

Estos mecanismos de control, pues, no han desaparecido en absoluto. Los impuestos nos privan de los medios que necesitamos para alcanzar nuestros fines; la discriminación positiva restringe nuestra capacidad de decisión sobre nuestra propiedad; ciertos tipos de regulaciones nos obligan a perseguir ciertos fines (servicio militar obligatorio) o nos impiden alcanzar otros (prohibición del consumo de drogas).

En cualquier caso, se nos impide discriminar entre fines y medios. El Estado, basándolo en diferentes pretextos, nos impone su elección. Seguimos sin ser libres.

Republicanos por el estatismo

En diciembre de 2003 un editorial del New York Times aludía a los “nuevos republicanos” que, al frente del Congreso y la Administración, promovían una agenda corporativista y paternalista en pugna con la tradicional retórica anti-estatista del conservadurismo anglosajón. Aunque estos republicanos más que nuevos son una revisión de los viejos lincolnitas, que un bastión progresista como el New York Times los tilde de estatistas, mostrando incluso su simpatía por ese activismo intervencionista, no deja de resultar sintomático. Por aquel entonces el periódico conservador The Wall Street Journal se preguntaba: ¿no son los republicanos los supuestos valedores del Estado pequeño? Y el congresista Ron Paul sentenciaba que el GOP había abandonado a los conservadores.

Cuando recientemente el presidente Bush firmó una ley sobre transporte que contiene más de 6000 proyectos mascota que en palabras del moderado Washington Post “equivalen a una acción deliberada de gastar los dólares del contribuyente”, el editorial del periódico se interrogaba acerca de qué Partido era en realidad el del gobierno grande, si el Demócrata o el Republicano. En opinión del historiador Allan Lichtman, “la noción del gobierno limitado y frugal ha sido demolida por esta administración”, siendo Bush el único presidente que hasta ahora no ha hecho uso de su poder de veto ni una sola vez para frenar proyectos y atenuar así el despilfarro. Bush ha sido el presidente más pródigo con el dinero ajeno desde Lyndon Johnson, tanto en el gasto de defensa y seguridad nacional como en el gasto social. Durante el primer mandato el gasto público ascendió un 33%, y el presupuesto federal pasó de un 18,5% del PIB (etapa Clinton) al 20,3%. El mismo Partido Republicano que en 1994 refrendó un Contrato con América para poner fin al intervencionismo desbocado suscribió un aumento del 27% del presupuesto de 101 programas que había prometido desmantelar. Aquellos republicanos que años atrás proponían cerrar el Departamento de Educación hoy, con mayoría en el Congreso, incrementan sus fondos en un 69,6% (período 2002-2004). ¿Será ésa la parte compasiva del conservadurismo de Bush?

El Grand Old Party, tomado por neoconservadores, social-conservadores, socialistas sin adjetivos y políticos sin principios, ha lanzado por la borda ese anti-estatismo goldwateriano de la vieja derecha para abrazar, conquistado el poder, la causa del intervencionismo. En el capítulo de libertades civiles, aprobando la (un)Patriot Act; en el capítulo social, más Medicare, más National Endowment for the Arts, más programas federales de vivienda, No Childs Left Behind y proteccionismo; en el capítulo monetario, el dinero fácil de siempre; y en política exterior, OMC, FMI, BM, ONU y wilsonianismo renovado en pro de la salud del Estado, que no de la libertad. La cacareada rebaja de impuestos de poco sirve sin un recorte del gasto, y la reforma propuesta de la Seguridad Social podría no ser el paso adelante que alegan algunos.

En el seno del republicanismo persisten ciertos instintos reaganianos y elementos netamente liberales como el The Liberty Committee o el Republican Liberty Caucus. Una fracción de las bases es abiertamente hostil al estatismo, y la prensa conservadora y think tanks afines al libre mercado reprenden a Bush por su política doméstica. Pero no es ése el espíritu que en la actualidad rige el partido y ostenta el poder en América. El socialismo se viste de muchas maneras, y en esta ocasión se ha vestido de republicano.