Ir al contenido principal

De protecciones inmorales a beneficios materiales

Los artículos de Albert Esplugas Boter y Carlos Rodríguez Braun lograron que tomara la decisión de unirme a los seguidores de Tucker en su posición contraria al derecho de la propiedad sobre las ideas. Más aún cuando esos derechos son disfrutados por terceras partes, ajenas a quien las creó. Su adquisición suele convertirse, en ocasiones, en una forma muy placentera de vivir del trabajo de los demás, como en algún momento sugiere el propio Esplugas. La legislación que regula la propiedad intelectual ofrece una sobreprotección extraordinaria tanto a los autores como a los titulares de derechos de creadores extranjeros; de tal forma que suelen partir con una ventaja más que suficiente cuando tiene lugar un conflicto de intereses y este es planteado ante un juez. Y es aquí donde surge otro inconveniente a los derechos sobre la propiedad intelectual, de carácter más práctico que los descritos por el liberal barcelonés.

El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no sólo protege los derechos morales y materiales de los autores o de quienes los han adquirido; sino que, de alguna forma, da amparo a prácticas que, en el mejor de los casos, pueden ser calificadas de abusivas, cuando no se convierten sencillamente en estafas. Según cuenta un abogado especialista en la materia, hay casos en que los titulares de derechos de autor proponen un precio para la fijación de una canción, supongamos, en un soporte audiovisual para un anuncio televisivo o para la producción de un documental. Si la tramitación de la autorización se prolonga más allá de la fecha de su entrada en vigor, el derechohabiente puede añadir los ceros que le plazca al precio acordado. A la otra parte no le quedará entonces otro remedio que buscar un acuerdo lo menos perjudicial posible para sus intereses, si no quiere encenagarse en un proceso judicial que perderá en el noventa y nueve por ciento de los casos.

No sé hasta qué punto soy capaz de explicar con este ejemplo que el excesivo celo en la protección de los intereses de los autores significa la desprotección de otros, claramente perjudicados por las buenas intenciones del legislador; y ello sin que nadie se preocupe de amparar sus derechos morales, y mucho menos los materiales. La Ley de Propiedad Intelectual provoca que las relaciones de personas o empresas con los titulares de los derechos de autor no sean las que tienen lugar durante la negociación de cualquier contrato en la economía de mercado, gracias a las prebendas concedidas por el legislador a una de las partes. Y aquí, como tantas veces, nos acordamos de todos los teóricos liberales que, desde las parábolas de Frederic Bastiat, han insistido en la necesidad de considerar los efectos menos visibles pero posiblemente más perjudiciales de las medidas adoptadas por los gobernantes.

Si convenimos en el carácter ilegítimo de la protección de los derechos de autor, deberíamos pedir al legislador que buscara una forma menos injusta de garantizar una pensión de jubilación para los artistas.

Tráfico y libertad

Algunos ilusos creen ingenuamente que los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos. Puede comprobarse la falsedad de esta creencia intentando indicar a nuestros presuntos servidores qué deseamos que hagan por nosotros y en qué preferimos que no intervengan. Se escudarán entonces en el obligado cumplimiento de los deberes legales, en normas objetivas democráticamente establecidas e iguales para todos: la ley es la ley y hay que cumplirla porque sí (o tal vez por el bien común, si alguien sabe lo que es). Normas casi siempre paternalistas, coactivas y contrarias a la libertad humana, que muestran que el legislador y su ejército de autómatas burócratas incapaces de pensar críticamente por sí mismos creen saber más acerca de uno mismo que cada persona protagonista de su vida en circunstancias particulares muy complejas. Normas arbitrarias como las leyes del tráfico y el reglamento de la circulación aplicables a todas las carreteras monopolizadas por el Estado.

Si no llevas puesto el cinturón de seguridad, porque te resulta incómodo, porque se te ha olvidado, o simplemente porque no te da la gana utilizarlo (¿tal vez por rebeldía contra el sistema?), el diligente agente de la circulación aliviará el peso de tu cartera para recordarte que es por tu bien, o por reducir los costes de la sanidad pública que debes financiar sí o sí, o por reducir las cifras de víctimas que alguien ahí fuera considera inaceptables. No has agredido la propiedad ajena, pero has osado transgredir las normas y mereces ser castigado; tal vez así te des cuenta de que los que mandan no bromean.

Lo mismo pasa si no llevas el casco en la motocicleta. No importa si viajas muy despacio por una carretera desierta admirando el paisaje. Tus preferencias personales son irrelevantes, eres un irresponsable y debes ser reprendido. Si quieres hacer el favor de acercar a su casa a una amiga de noche no puedes si no tienes un segundo casco; hay que fomentar el transporte público y colectivo. De nada sirve ir con más cuidado, la ley no considera que puedas adaptarte responsablemente a las circunstancias, son normas arbitrarias que hay que cumplir; si fueran razonables y justas el poder político no tendría ninguna gracia.

Que no se te ocurra superar el número máximo de personas en un vehículo: los que sobren que se busquen la vida. Hablar por el teléfono móvil es un gravísimo pecado, tú no eres capaz de evaluar los riesgos y de decidir si la conversación es suficientemente importante. Si quieres llevar a tus sobrinitos de paseo mejor mételos en el maletero como equipaje porque si no eres padre es poco probable que dispongas de sillas de seguridad homologadas.

Recuerda que los límites de velocidad para distintos tipos de carretera son los mismos en cualquier circunstancia, aunque no haya nadie más en la carretera a quien poner en peligro, y aunque tu coche en otro país en una carretera semejante podría ir legalmente mucho más deprisa. Si has bebido algo de alcohol eres un criminal en potencia al volante incapaz de distinguir el bien y el mal. Si no has dormido en varios días, o estás enfermo o cansado, no pasa nada si no se nota mucho.

Si tu vehículo es una vieja tartana que no mantienes adecuadamente o si tu conducción es patosa o despistada, no te preocupes: el hecho de bloquear un carril por avería o accidente y causar graves pérdidas de tiempo y dinero a miles de personas puede hacerse sin ser sancionado y sin tener que compensar a los perjudicados por tu incompetencia (paraíso de misántropos). Si pierdes el control de tu vehículo y alguna persona fallece por tu culpa, pues sólo ha sido un accidente, qué se le va a hacer, las víctimas tendrán que resignarse. Si conduces sin carnet y atropellas a alguien por no respetar un paso de peatones y lo matas lo más probable es que no te pase gran cosa, no te considerarán homicida.

El reglamento de la circulación viola sistemáticamente los derechos de propiedad y la libertad contractual, se concentra en circunstancias objetivas arbitrarias que no afectan por igual a todos los conductores, e ignora la capacidad de los individuos de adaptarse responsablemente a las circunstancias. Como me recuerda la Dirección General de Tráfico en sus campañas de propaganda, no pueden conducir por mí. Obviamente tampoco pueden pensar por mí; ni siquiera pueden pensar.

Siempre hay demasiado estado

¿Cuál es la diferencia entre la ambición del alto burócrata y la del empresario? Los dos aspiran a lo mismo: llevar su bienestar tan lejos como sea posible. Su desarrollo natural es crecer siempre. Unos más y otros menos, pero nadie entra en el gobierno de un país para hacerse menos popular, más pobre o vivir peor que antes. Lo mismo es aplicable al empresario. Quien monta una empresa es para ganar cuanto más dinero mejor. Creer lo contrario sería una gran contradicción con la lógica.

Mientras que el fin es similar en los dos casos, los medios son tremendamente diferentes. El político sólo tiene un camino para conseguir su fin: restringir la libertad y propiedad de los demás; sólo así se puede financiar y proteger. Los resultados de los políticos para la comunidad son imposibles de medir, y eso es una ventaja para ellos. Gracias a este difícil cálculo coste–beneficio pueden usar los medios más despóticos con el consentimiento de una parte de la población como el voto cautivo (pensionistas, desempleados crónicos, vagos, funcionarios…), y factores holísticos: “para el beneficio de todos” (nacionalismo de cualquier tinte, ayudar a la pobreza mundial, acabar con las injusticias del mundo…).

El empresario, por el contrario, no puede recurrir al uso de la fuerza, ni a promesas que es incapaz de cumplir. El empresario se enfrenta día a día al consumidor y accionista para satisfacerlos en ese mismo momento, de lo contrario, se queda fuera del mercado.

No hay razones para pensar, pues, que cualquier empresario y gobierno no tienden al crecimiento ilimitado. Pero mientras que el empresario se ha de mover en un entorno de contractualidad y paz (capitalista), el estado vive en un estado de anarquía donde puede hacer ilimitado su poder.

Aunque desde el punto de vista lógico y empírico el gobierno siempre tiende a crecer, algunos economistas creen que al estado se le puede limitar de alguna forma mágica. Muchos de ellos ni siquiera se ponen de acuerdo en qué tipo de limitación ha de tener el gobierno. Una de las principales preocupaciones de los padres fundadores de América fue mantener un gobierno limitado. Defendieron el derecho a las armas para limitar el estado, la permanencia del laissez-faire, crearon una constitución de derechos básicos… Nada de esto les sirvió para nada. Incluso la constitución americana se usó como instrumento para defender, y a la vez atacar la esclavitud durante muchos años.

Ninguna constitución, ninguna ley, ni ninguna buena intención política nos puede proteger del mayor enemigo de la libertad y la propiedad privada: el estado. Éste siempre actúa de forma masiva y generalizada contra sus ciudadanos y los de otros países.

¿Cuál es el camino para tener una comunidad próspera, pacífica, contractual y libre? La inexistencia de estado, o lo que es lo mismo, la desaparición de los medios políticos. No es cierto que no existiría justicia ni seguridad en una sociedad libre (no tiene sentido hablar aquí de “estado” ni “país”, porque en libertad, éstos desaparecen ya que son el resultado de los medios políticos, unificados mediante guerras básicamente).

Si en un área determinada no existiese la justicia ni un mínimo de seguridad, esa área se despoblaría inmediatamente refugiándose sus ciudadanos en lugares más seguros. Pero teniendo en cuanta las preferencias subjetivas del individuo por la seguridad y justicia es lógico deducir que el propio mercado crearía una gran diversidad de calidad y precios para proteger la propiedad y libertad de cada individuo. Este proceso ya se formó en el pasado (Irlanda, Estados Unidos, Oceanía…), y en el presente con el alto desarrollo de empresas privadas de seguridad (I, II, III, IV, V…) y justicia (I, II, III, IV, V…).

Nada ni nadie puede asegurar un gobierno limitado. Incluso sin gobierno no podemos asegurar que no vaya a crearse otro. Pero si queremos libertad una cosa es segura, primero de todo tendremos que prescindir completamente del gran tirano, el estado.

¿Quién derrumbó el muro?

Cuando se discute la autoría de la demolición del muro de Berlín y de todos los telones de acero que mantenían a millones de individuos esclavizados en el este de Europa se escuchan respuestas para todos los gustos. Muchos dicen que fueron los sufridos ciudadanos del socialismo real los que, martillo en mano, desmontaron el brutal paredón que les separaba de una sociedad algo más libre. Otros dirán que fueron Ronald Reagan o Margaret Thatcher. Muchos apuntarán a Juan Pablo II como principal artífice. No faltará quien nomine a Helmut Kohl y hasta habrá quien defienda que Mijail Gorvachov fue el principal responsable de la caída del comunismo.

Sin embargo, cuando se discute sobre la autoría de la demolición académica del socialismo el nombre de Ludwig von Mises se postula como indiscutible. Ya en el invierno de 1918-1919 Ludwig von Mises convenció al joven y brillante marxista Otto Bauer de que el inminente experimento comunista que pretendía liderar en Austria estaba destinado al fracaso más estrepitoso. Las explicaciones lógicas de porqué al baño de sangre inicial le seguiría la destrucción todos los logros que para la civilización significaba Viena calaron hondo en Bauer y su mujer, quienes debatieron la cuestión con Mises durante numerosas noches antes de que decidieran hacer todo lo que estaba en sus manos para detener la revolución.

Un año más tarde Mises publicó su fecundo “Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen”. En éste, el austriaco explicó de forma deductiva que cuando no existe un precio de mercado en los bienes de producción (como ocurre necesariamente en una sociedad en la que no se respeta la propiedad privada), es totalmente imposible analizar retrospectivamente si una dedicación concreta de los medios de producción han permitido alcanzar ganancias o si por el contrario suponen un despilfarro de recursos escasos y presentan pérdidas.

Sin embargo, lo que es menos conocido es que Mises fue la cabeza visible y último representante magistral de un grupo de estudiosos de la economía que desde hacía varias décadas se habían enfrentado al comunismo. Entre todos pusieron la teoría marxista en la picota. Los primeros esfuerzos llegaron de la mano de un puñado de autores alemanes que aplicarían la teoría subjetiva del valor para mostrar cómo los errores cometidos por Adam Smith en la teoría del valor eran el talón de Aquiles del marxismo. Entre ellos destacaron nombres tan ilustres miembros de la Gebrauchtwertschule como Karl Knies o Wilhem Roscher.

Eugen von Böhm-Bawerk se encargaría unos años más tarde de ordenar los argumentos y mostrar las inconsistencias lógicas del marxismo. Con todo, la crítica fundamental de Böhm-Bawerk se fundamentó en la teoría objetiva del valor trabajo y en el concepto de preferencia temporal –inexistente en la teoría marxista– que invalidaba el análisis marxista de la plusvalía y la explotación.

Los más inteligentes autores socialistas entendieron perfectamente el carácter letal del órdago lanzado por Böhm Bawerk. El propio Marx reconoció el aparente cúmulo de contradicciones a la vista de las críticas del austriaco y prometió desenredar el entuerto más adelante; cosa que nunca hizo. Engels, ante la incapacidad de su amigo y maestro, convocaría un concurso para contestar a Böhm-Bawerk. Hilferding intentó responder al famoso teórico de la escuela austriaca con más pena que gloria. El propio Otto Bauer terminaría admitiendo que la teoría marxista del valor era insostenible y que la “respuesta” a Böhm-Bawerk por parte de Hilferding sólo ponía de manifiesto la incapacidad de este último autor para siquiera comprender cuál era la naturaleza del problema.

El castillo de naipes socialista se venía abajo y sus mejores mentes corrieron a ponerle parches. Quizá fue Nicolai Bujarin quien llevó a cabo el mayor esfuerzo en este sentido. Viajó al núcleo de todas las escuelas que no eran marxistas tratando de estudiarlas a fondo. Ese periplo le llevaría naturalmente a Viena donde conocería de primera mano la teoría austriaca. Allí asistió al seminario de Böhm-Bawerk para estudiar a fondo su crítica del marxismo e intentar desarrollar una contracrítica. Aunque Bujarin reconoce que tanto el subjetivismo como el individualismo son previos a los eminentes representantes de la escuela austriaca Carl Menger y Eugen Böhm Bawerk, “sólo ahora, es decir, en la doctrina de la escuela austríaca, el sicologismo en economía política, es decir el individualismo económico, se encuentra formulado con una coherencia perfecta”. Al término de su largo recorrido por varios continentes y tras estudiar las diversas escuelas burguesas Bujarin llegó a la conclusión de que el verdadero reto era contestar a la escuela austriaca. En su opinión, y en la de muchos otros eminentes marxistas, las críticas de las demás escuelas reforzaban más de lo que debilitaban la teoría comunista. Por eso llegó a decir que”el objetivo de nuestra crítica no necesita largas explicaciones. Todo el mundo sabe que el más encarnizado adversario del marxismo es precisamente la escuela austriaca.”

Y es que el perfeccionamiento del subjetivismo en un entorno dinámico unido al individualismo metodológico de Carl Menger había hecho tambalear -acaso involuntariamente- todo el sistema marxista. Luego Böhm-Bawerk lo hirió de muerte con su explicación de las contradicciones internas del marxismo y de la falta de entendimiento del concepto de preferencia temporal por parte de Karl Marx. Por eso cuando en 1920 Mises apareció en escena con su brillante teorema de la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista, el comunismo quedó sepultado intelectualmente para siempre. Aún así habría que esperar más de medio siglo para que la realidad alcanzara a la teoría.

Cabe especular con gran posibilidad de acierto que, a la vista de los acontecimientos, los grandes teóricos marxistas de aquel entonces dirían hoy que el comunismo no cayó por el empuje de ningún personaje histórico concreto sino, más bien, por las razones lógicas que había explicado su “más encarnizado adversario”, la Escuela Austriaca de Economía.

¿La liberalización económica perjudica al consumidor?

El uso abusivo de las encuestas se ha convertido en una medida de presión que utilizan los partidos políticos y los medios de comunicación para convencer a los gobernantes de las reformas que la “sociedad” estima más pertinentes. Una de las últimas encuestas que hemos podido conocer es sobre la opinión de los españoles acerca de la liberalización económica. Al parecer, un 46,2% considera que la liberalización mundial supone un “peligro para el empleo de los españoles” y que es más “positivo para las multinacionales” que para los consumidores.

La pregunta que podemos hacernos es por qué buena parte de los españoles desconoce los beneficios de la globalización. Quizá la influencia de los medios de comunicación tenga algo que ver en esto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de aquel programa infantil en el que se decía, “muera el mal, muera el capital”?

Aunque por todas partes se escucha que la globalización sólo conlleva explotación infantil, paro y miseria generalizada, este proceso no es más que la libertad de establecimiento de las empresas en cualquier parte del mundo. Esta libertad se puede apreciar no sólo en la constitución de filiales en distintos países, sino también en la posibilidad de vender productos por todo el planeta. Hoy en día, es frecuente que parte de la producción de una empresa se realice parcial o totalmente en Asia mientras que la matriz de la entidad se localiza, pongamos el caso, en Europa.

Parece que mucha gente considera que este proceso sólo beneficia a las empresas pero no a los consumidores. Sin embargo, esto es tanto como ver una parte de la película, como fijarse en los subtítulos y perderse los gestos y las miradas de los personajes. Evidentemente, en la medida en que existe capitalismo son los consumidores los que enriquecen o hacen arruinarse a un empresario o a una empresa.

Cuanto más baratos son los productos, los consumidores pueden consumirlos en mayor medida. Entonces, si analizamos la liberalización mundial desde el punto de vista de un consumidor, tendremos que alegrarnos de poder comprar, por poner un ejemplo, un DVD taiwanés por menos de 60 euros y no estar obligados a comprar un mismo reproductor español a un precio muy superior.

Puede que el hecho de que compremos DVDs asiáticos haga que algunas empresas españolas tengan que cerrar. Lo que no se ve es lo que sucede con el dinero que usted se ahorra en la compra de este producto. Ese dinero, lo puede destinar a ropa, a otros bienes de consumo o a ahorrar. Con esos euros que usted deja de gastar en la compra del DVD puede dar de comer a miles de personas. Desde la gente que trabaja para el supermercado, a los bancarios, a los empresarios que pueden obtener un préstamo gracias al dinero que usted ahorra, etc.

En términos generales, no se puede decir que la economía vaya peor sino que los recursos se han destinado de forma más eficiente. Usted ha comprado de forma inteligente, buscando el mejor precio, y los competidores ineficientes salen del mercado. Pero su “capital” vuelve a él bajo otras formas, empresas o productos buscando el sector y el producto más valorado por el consumidor. Si artificialmente, el Estado pusiera trabas, se desperdiciaría y sólo ganarían las empresas protegidas mientras, usted y yo, como consumidores vendríamos obligados a pagar más por algo que antes nos resultaba más barato.

Comprar en el mercado es mucho mejor que votar ya que no se trata de esperar a que nuestro candidato político baje los precios y mejore nuestras vidas. Un político sólo puede transferir dinero de los consumidores a empresas o a grupos de interés. Un empresario no tiene tal poder, su tarjeta de visita es su prestigio y los productos que ofrece. Usted puede darle la espalda en cualquier momento. Con un político se casa por lo menos cuatro años. Y no puede divorciarse inmediatamente.

En la vida real, usted decide, y gracias a eso, la sociedad prospera. Si considera que nadie mejor que usted sabe lo que le conviene, el mercado es el sistema que más le conviene porque no le obliga a comprar lo que usted no quiere. La política, en cambio, si que le fuerza a pagar por lo que no desea porque, de no hacerlo, le embargan lo que tiene o le encarcelan.

La liberalización económica, como hemos visto en los últimos años, no ha aumentado precisamente el número de desempleados sino todo lo contrario. Allá donde la liberalización se extiende, el bienestar llega a todas las clases sociales. Por el contrario, donde se limita, prosperan unos a costa de otros. Apostar por la globalización, mejora su vida. Defender el proteccionismo y el intervencionismo estatal, le costará dinero y trabajo porque hasta los DVDs serán un lujo que no podrá permitirse si no es a costa de restringir drásticamente su consumo.

La guerra y la salud del Estado

Randolph Bourne lo expresó como nadie, antes o después de él. “La guerra es la salud del Estado”, dijo en un ensayo escrito como respuesta de la entrada de los Estados Unidos en la Gran Guerra.Hay tres síntomas claros de todo ello: el primero es el aumento del poder estatal, el segundo la merma de libertades personales y el tercero la milagrosa conversión de las medidas urgentes en permanentes y las especiales en generales. Veamos cómo se operó ello en los Estados Unidos de las dos guerras mundiales poniendo unos pocos ejemplos:

I Guerra Mundial

1) Aumento del poder central. El Gobierno de los Estados Unidos creó más de 5.000 agencias gubernamentales y nacionalizó los mercados de la construcción naviera, el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo. Comenzó a inmiscuirse en el mercado laboral, y en los mercados petrolero y energético, en las materias primas, en los productos manufacturados, en el comercio internacional. Hoy estamos acostumbrados a esto, pero entonces eran auténticas novedades.

2) Ataque a las libertades. La ley de espionaje de 15 de junio de 1917 penalizaba a quien obstruyera los servicios de reclutamiento con penas de hasta 20 años. La Ley de Sedición, de mayo de 1918, impuso penas criminales igual de duras a delitos como la expresión de opiniones críticas con el gobierno, contra sus símbolos, o la crítica a la movilización general de los recursos para la guerra. En concreto, se puede perseguir a quien haya impreso “un lenguaje desleal, profano o abusivo que muestre desprecio, escarnio o discrepancia sobre la forma de gobierno de los Estados Unidos, la Constitución, o las fuerzas armadas o navales, o la bandera de los Estados Unidos, o los uniformes de las fuerzas armadas o navales”. Se persiguió a 2.000 personas bajo esta ley. Una vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo, con el Juez Holmes de presidente, aprobó la condena de un particular que había criticado la Ley.

Lo que consiguió el Gobierno fue la censura de todo material impreso, la deportación de centenares de extranjeros sin un juicio contradictorio. La cosa llegó tan lejos como para que en California se arrestara a un ciudadano por la lectura en público de la Carta de Derechos de los Estados Unidos. En New Jersey se detuvo a otro por la lectura en público de la Constitución. Hubo una propaganda pública brutal, y los ciudadanos alemanes, que fueron fundadores de esa nación, sufrieron indeciblemente. Tras la entrada americana en la guerra, varios periódicos progermánicos y anti-intervencionistas fueron vetados del sistema nacional de correos, entonces muy necesario para su distribución. Se prohibió la enseñanza del alemán en las escuelas y las estanterías de las librerías veían como los libros firmados por autores alemanes, como Goethe o Kant, desaparecían.

3) Las leyes excepcionales están para quedarse. Cuando la guerra terminó, parte de sus controles se abandonaron. Pero no todos. Muchos de los poderes ganados por el Estado bajo la excusa de la excepcionalidad se repartieron entre los ministerios. Se mantuvieron leyes como la Ley de Espionaje. Las nacionalizaciones del ferrocarril o de la construcción naviera, entre otras, se mantuvieron. Se mantuvo también la prohibición del consumo y tráfico de alcohol, por cierto. La “ley seca” que dejó las consecuencias que todos sabemos.

II Guerra Mundial

1) y 2) Aumento del poder estatal y declive de las libertades. En agosto de 1940, FDR aprobó la conscripción en tiempo de paz, lo que no tenía precedentes en la historia de los Estados Unidos y hubiera sido considerado inaceptable por sus Fundadores. Lo hizo en primer lugar en la población entre 21 y 35 años, en un comienzo, para extender más tarde la horquilla de edad hasta comprender de los 18 a los 45 años. Finalmente, de los 16 millones de personas que sirvieron en la guerra, 10 millones eran conscriptos.

Por supuesto, si el Estado puede disponer de la vida de sus ciudadanos, qué decir de su propiedad y del resto de derechos. En 1942 se aprobó la Segunda Ley de Poderes de Guerra, que autorizaba a las agencias gubernamentales a tomar posesión de cualquier propiedad que consideraran necesaria para la guerra, a cambio de una compensación. Pero esto no era nada en comparación con lo que la ley decía del Presidente de los Estados Unidos. “Cuando sea que el presidente considere que el cumplimiento de los requerimientos para la defensa de los Estados Unidos resultarán en una escasez en la oferta de cualquier material o de cualquier recurso para la defensa, el Presidente podrá distribuir este material en interés público y para promover la defensa nacional” y lo podía hacer “como considere necesario o apropiado”, es decir, con total arbitrariedad. Un poder que luego distribuiría por varias agencias gubernamentales. El gobierno, de hecho, nacionalizó varios recursos, e incluso industrias enteras, como las minas de carbón.

3) De lo excepcional a lo permanente. Era una situación excepcional, que merecía, se decía entonces, medidas excepcionales. Muchos de los controles que se permitieron durante la II Guerra Mundial se revocaron. Pero de nuevo no todos. Se cumple una vez más una ley inexorable de ciertas medidas excepcionales, y es que llegan para quedarse de por vida. Como ejemplo podré el sistema de mantenimiento de los precios agrícolas, que sigue funcionando hoy día. Se mantuvieron también los controles de rentas en Nueva York, con efectos desastrosos sobre la ciudad, así como los tipos impositivos, sin precedentes en la historia de ese país.

Hay elementos para pensar que está ocurriendo lo mismo en la actual “guerra contra el terrorismo”. Si, como dicen los neoconservadores, quienes nos atacan lo hacen por lo que somos y no por lo que hacemos, abandonar lo que nos caracteriza, nuestras libertades, supone caer en una política de “apaciguamiento” involuntaria pero muy perjudicial.

El campo europeo

La sequía que padecemos y que parece coincidir con el comienzo de un ciclo seco en la Península Ibérica, un demagogo Ministerio de Medio Ambiente, un inoperante Ministerio de Agricultura, la casi inevitable pérdida de fondos europeos para la agricultura española en especial y europea en general y el no menos desdeñable alarmismo de los grupos ecologistas, han potenciado el victimismo en nuestros agricultores, un victimismo no ajeno a razones pero tan habitual como tedioso. Sin embargo, era inevitable que esta situación se planteara dada la deriva de las políticas europea y española.

La Política Agraria Común, la PAC, es una herramienta maravillosa. Aparentemente, hace razonablemente competitivo el cultivo del olivo en Finlandia o la cría de la vaca lechera en Andalucía. La razón de tan maravilloso truco de magia radica en las ayudas y fondos que reciben nuestros agricultores y que, con criterio político, reducen sus costes o aumentan sus ingresos de forma que el cliente final o los intermediarios tienen la falsa sensación de que están pagando un precio aparentemente adecuado por productos de la tierra.

La realidad es otra bien diferente. La PAC nace en 1962 por la necesidad estratégica de disponer de un suministro interno y seguro de alimentos en Europa. Semejante política, que se opone claramente al libre comercio, ha tenido serias consecuencias, no sólo para los europeos sino para el resto del mundo y en especial para los países del Tercer Mundo. Primero, contenta a un sector, el primario, y a sus simpatizantes. La segunda consecuencia, es que al establecer una política de cuotas, se incrementan las producciones de productos poco eficientes para las condiciones climatológicas o regionales, productos que los agricultores tienen que cultivar cuando la cuota de los más rentables se agota o entrar en el fraude, que no es cosa rara. La tercera, se crean unos excedentes que en el peor de los casos terminan destruyéndose o que irrumpen en el mercado mundial politizando precios y perjudicando a los productores de países cuyos precios, por diferentes razones, son más asequibles para el consumidor final y que proporcionaría a ese productor unos ingresos que el poder político le arrebata.

La razón de esta política tan inadecuada como destructiva es difícil de entender si lo hacemos con criterios razonables pero es fácil si se piensa en términos políticos o de carácter emocional. El colectivo agrícola es fuente de votos, no sólo de los propios agricultores, que en Europa son cada vez menos, sino de ciertos colectivos que ven emocionalmente cercanos al campo y sus problemas, sean o no reales. Por otra parte, países como Francia tienen en los agricultores lobbies muy poderosos que no dudan en organizar huelgas y manifestaciones en cuanto que se sienten amenazados. No es extraño que nuestros grupos políticos, sobre todo los más demagogos o los que no tienen el suficiente valor para hacerles frente, se preocupen de conceder en la medida de sus posibilidades aquellas demandas.

Uno de los mayores logros a los que se puede aspirar en una Europa moderna sería a la desaparición de estas ayudas. Ello generaría seguramente un campo más eficiente, centrado en aquellos productos que puede cultivar y en aquellos que son demandados. Un campo que no tiene que tomar el dinero de los contribuyentes para ser rentable sino que puede depender de sí mismo. Un campo que se basaría en la calidad y no en la cantidad. Ese es el campo al que tenemos que aspirar y no a mantener a unos colectivos con poder que casi nunca representan a los intereses de la mayoría.

Dinero comodín

El dinero es, primero y sobretodo, un medio de comunicación que transmite la información que llamamos “precio”. El control gubernamental de la oferta monetaria es censura; una violación de la Primera Enmienda. La inflación es una mentira.

L. Neil Smith

Si acabar con la pobreza fuese cuestión de dinero, bastaría con imprimir papel para poder disponer de todos los bienes y servicios que a cada cual se le antojasen.

Todos los países, o mejor dicho, todos los gobiernos, por muy pobres que sean, disponen de un ente emisor de dinero. Está perfectamente aceptado internacionalmente que cada gobierno emita su propia divisa y que fije el valor de ésta con respecto a otra.

Si usted fuese el caudillo del país más pobre del mundo, llamémosle Pobrestán, nada le impediría emitir tantos Dólares Pobrestaníes como habitantes tuviese el país para después fijar el cambio en 1 Dólar Pobrestaní por 1.000 Dólares Americanos.

De hecho, podría hacer lo mismo el gobernante de un país rico para después donar ese dineral a los países pobres y adiós pobreza en el mundo, ¿no?

¿Cómo diablos no se le ha ocurrido a nadie? Tal vez sí que se le ha ocurrido a alguien y la cosa no resultó.

Lo que se necesita para erradicar la pobreza es poder adquisitivo. Pero éste no es equivalente al dinero. Los alemanes aprendieron a las malas a diferenciar estos dos conceptos cuando la hiperinflación destrozó su economía a principios de la década de 1920. Su banco central había emitido dinero a mansalva así que se llegó a la ridícula situación de que el conjunto de los alemanes tenía en sus manos más dinero que bienes y servicios se podían comprar en el país. Tan pronto como la gente se dio cuenta del timo, su confianza en el marco se desplomó de manera que para vender cualquier cosa el vendedor pedía muchísimos marcos (ya que uno sólo valía poco).

Es lo mismo que le sucedería a un cine con aforo para cien espectadores que vendiese quinientas entradas para una misma sesión. Tan pronto como la gente cayese en la cuenta de que el papelito ya no vale lo que está escrito en él, quien quisiera cambiarlo por otra cosa comprobaría la pérdida de su valor.

Hubo una época en que se usaba como dinero alguna mercancía que tenía valor por sí misma, como el oro o las vacas. Pero hoy en día, usamos dinero fiduciario; dinero cuyo valor depende de la fe que en él tengamos.

Este dinero fiduciario no es un comodín que pueda hacer las veces de cualquier bien que deseemos. El dinero fiduciario no es más que un título que representa bienes producidos pero no consumidos y servicios disponibles, es decir, representa riqueza consumible. Esto facilita los intercambios ya que llevar cincuenta euros en el billetero es más cómodo que llevar a cuestas su equivalente en sal o agua, por poner un ejemplo. Pero el hecho de que aumente la oferta de dinero no implica en absoluto que aumente la riqueza consumible. Es más, al reducirse el ratio entre la riqueza total y el dinero circulante, el valor de la divisa cae. Y eso sí que tiene un efecto sobre la riqueza disponible ya que con una divisa cuyo valor mengua, los precios de las mercancías suben sin que se haya alterado su oferta. Con lo cual se llega exactamente al resultado opuesto al que se deseaba, a saber: la mayor oferta de dinero acaba por disminuir el poder adquisitivo de sus tenedores. La razón es tan simple como que cada billete y moneda representa ahora menos riqueza que antes.

Es como pretender imitar el milagro de Jesús en las bodas de Canaan aguando el vino para así tener mayor cantidad. Y, en efecto, así se tendrá más vino pero de peor calidad. Y si uno se va de la mano con el agua el efecto total puede ser mucho peor.

Tu casa, mis reglas

Vamos a celebrar una fiesta en nuestra casa, ¿cómo reaccionaríamos si nos obligaran a componer una lista de invitados multicultural o a adaptar las escaleras para los minusválidos? Estamos fumando en nuestra casa, ¿cómo reaccionaríamos si un comensal nos mandara apagar el cigarrillo o exigiera que nos fuéramos a fumar a la terraza?

Incluso algunos apologistas del intrusismo estatal más extremo se escandalizarían ante semejantes propuestas, y sin embargo eso es exactamente lo que ocurre cuando se impide al empresario contratar a individuos en función de su país de origen o su condición sexual, cuando se obliga a los bares y restaurantes a habilitar un espacio para los no-fumadores o cuando se exige que todos los cines dispongan de acceso para minusválidos. La propiedad no es menos privada por el hecho de que vendas en ella un producto o cobres la estancia a los huéspedes, y la discriminación es inherente a la acción humana, pues al elegir siempre discriminamos entre alternativas. La arbitrariedad de estas medidas queda de manifiesto si advertimos que el empresario de un local no puede discriminar a sus clientes, ¡pero los clientes sí pueden discriminar al empresario! Pueden frecuentar una tienda y no otra por los motivos más peregrinos, renunciar a trabajar para un católico por ser musulmanes, regentar un bar donde no hay inmigrantes o no ir a un pub porque su dueño es homosexual. Por otro lado, ¿por qué en un restaurante no pueden discriminar a los no-fumadores (negándoles un espacio exclusivo) y en cambio sí puede discriminar a los vegetarianos (no incluyendo verduras en el menú)?

A cada individuo corresponde determinar con quién desea relacionarse o mantener tratos comerciales, independientemente de los motivos que subyazcan tras esa elección. Es un asunto moral que compete a la persona, no a la ley. Así en el ámbito mercantil el propietario de un negocio tiene derecho a fijar sus criterios de contratación y admisión, que el trabajador y el consumidor son libres de aceptar o rechazar.

Ahora bien, la discriminación por motivaciones meramente racistas o sexistas tiene un precio en el mercado libre: empresarios con más afán de lucro que prejuicios contratarán a aquellos individuos productivos que están siendo excluidos, obteniendo resultados más óptimos que los otros empresarios, que serán entonces desplazados del mercado. Igualmente los empresarios que sólo acepten euros de los consumidores de raza blanca serán relegados por los empresarios que acepten euros de cualquier cliente. Por la misma razón es fútil obligar a los centros comerciales a instalar ascensores y rampas, pues si los consumidores que los necesitan reportan ingresos mayores que el coste de su construcción y mantenimiento, aquellos serán los primeros interesados en ofrecerlo.

Cabe añadir que las regulaciones de índole antidiscriminatoria, lo mismo que las atinentes a la seguridad y la salubridad laboral, suponen un coste para el empresario, que redunda en perjuicio del trabajador. La Americans With Disabilities Act en Estados Unidos, por ejemplo, obliga a los empresarios a ensanchar puertas y cambiar pomos, construir rampas y lavabos especiales, facilitar plazas de parking… Resultado: los empresarios son más reticentes a contratar minusválidos y la tasa de desempleo de éstos ha aumentado en la última década.

Es preciso apuntar también que la integración forzosa no favorece a los discriminados, antes al contrario, pues son vistos como beneficiarios de privilegios estatales y son juzgados más duramente por algunos. No es posible suprimir los sentimientos y cambiar la actitud de las personas por decreto. Por otro lado, en palabras del minusválido anti-estatista Greg Perry: “la asistencia social induce a la gente a mostrar apatía hacia aquellos que necesitan ser ayudados. Ya no hace falta que la gente respete o exprese simpatía por los minusválidos porque el gobierno se ocupa de la compasión.”

El Estado se arroga el derecho a dictar normas sobre la propiedad ajena. Es oportuno remitirle al dicho inglés que reza “my home is my castle” y hacerle saber que en nuestra casa sólo a nosotros corresponde poner las reglas.

La miopía del Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo, una de las criaturas emblema de la UE, ha decidido mantener el tipo de interés en el 2%.

La existencia de este banco nos mantiene en un nivel de intervención estatal equiparable al de los países de la U.R.S.S. El tipo de interés, uno de los precios más importantes de la economía, que determina la estructura y extensión de las múltiples etapas productivas de una economía que cada vez es más compleja y productiva, está en manos de sabios que con rudimentarias herramientas y sin la información importante gobiernan el timón del progreso. De ahí que no sea de extrañar la sucesión de ciclos económicos provocados por la planificación central de este banco estatal.

Se dice que un banco central es el prestamista de última instancia. En momentos de crisis proporciona la liquidez necesaria para evitar quiebras bancarias. Pero, aparte de que con tales medidas lo único que se consigue es postergar el saneamiento y el reajuste privado y, en todo caso, agravar la crisis, un órgano de planificación central financiera adolece de una contradicción irreducible. Y es que, la principal herramienta con la que cuenta un Banco Central para ejercer su poder sobre los bancos privados es la amenaza de no proporcionar la liquidez que necesiten. Pero al mismo tiempo, precisamente es deber del banco emisor no negarse a ser el prestamista de última instancia en los momentos de crisis. Tal contradicción hace inevitable el surgimiento de expansiones y contracciones bancarias con nefastas repercusiones en la economía general. De ahí que, ante tal situación, los bancos centrales recurran, además, a la legislación administrativa, a más regulación y a presiones poco visibles para intentar controlar a la banca privada.

Asimismo, los funcionarios de este órgano planificador son completamente ignorantes. Pero no por sus conocimientos técnicos, sino por el tipo de información que manejan. Así, siguiendo el teorema de la imposibilidad del socialismo, este buró bruselita esta negado a disponer de la información útil necesaria para la coordinación económica en el ámbito financiero. Porque se trata de un conocimiento subjetivo, sólo perteneciente a los individuos que interactúan en este campo, que constantemente va cambiando, disperso entre todos los actores del mercado e imposible de trasladar en forma de informes y trabajos ya que se trata de información  no articulable. Sin embargo, el banco central cree que con el desarrollo de innumerables estadísticas y datos puede aliviar su natural miopía, sin darse cuenta de que la información que intenta recopilar de manera objetiva pertenece exclusivamente a cada uno de los individuos que actúan libremente. Sin advertir que dicha miopía es irresoluble por tratarse del tipo de información de la que se trata, el banco intenta controlar las magnitudes monetarias sin poder evitar sus propios efectos distorsionadores.

El resultado final es que el banco central nunca conocerá la preferencia temporal por el presente de los individuos, base del tipo de interés de la economía, y por tanto, no sólo  fracasará en ese intento coordinador desde arriba, sino que provocará distorsiones y recurrentes crisis económicas.

Se trata, pues, de otra parcela ocupada por el poder del estado que recientemente se ha independizado del gobierno. Aunque legislativa e incluso constitucionalmente pueda aparecer jurídicamente de este modo, es dudoso que constantemente resista las influencias de los políticos. Aun así, todavía arrastraría consigo la ineptitud práctica de cualquier órgano de planificación económica que pretenda coordinar a su voluntad la vida de los ciudadanos.