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Si apreciamos la seguridad, privaticémosla

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Seguro que estará conmigo en que la seguridad es importante para nosotros. Por esa razón contratamos seguros médicos, nos compramos coches con airbag, protegemos nuestras casas con alarmas, etc. Si la seguridad es tan importante, ¿por qué el estado monopoliza la “seguridad física doméstica” por medio de la policía? Los “agentes del orden” tienen un famoso lema: “proteger y servir”. Pero no dice a quién. La policía está para proteger y servir, no al individuo civil ni a su propiedad, sino al estado.

En una sociedad libre los que nos protegen no tienen más derechos que nosotros. ¿Por qué la policía puede llevar armas a la vista y nosotros no las podemos tener ni en casa para defendernos? ¿Por qué nos pueden parar en cualquier calle y husmear nuestra propiedad? ¿Por qué nos han de marcar con un DNI para identificarnos cuando quieran, o por qué han de marcar nuestra propiedad privada (como las matrículas de nuestros coches)? No es para nuestro bien, sino para el suyo.

Desde el punto de vista económico, usted tiene una escala de valores o preferencias que continuamente está armando según sus perspectivas temporales y recursos disponibles. Su acción económica, en esta relación, es perfecta. Destina el dinero a aquello que más le satisface o mayor utilidad le da. Cuando los consumidores se concentran en un determinado bien o servicio, el empresario se apresura a entrar en este negocio para sacar el máximo beneficio. ¿Por qué ha de ser diferente su seguridad física?

Si usted quiere sentirse seguro y no hay ningún monopolio de ley, es decir, hay libertad absoluta para cubrir ese sector y también hay libertad total de capitalización empresarial, las empresas de seguridad aflorarían de forma inmediata.

Por otra parte, el libre mercado es variedad y diversidad porque es la propia sociedad quien la compone. Seguro que usted, incluso con su mejor amigo, discrepa en muchos temas. En el aspecto económico pasa lo mismo. Hay quien siempre ha de ir con ropa de marca y hay quien se compra cualquier trapo para vestir. En el terreno de la seguridad ocurre lo mismo. Quien tenga la necesidad de mayor seguridad más pagará por ese tipo de servicio y más duro trabajará para conseguirla.

Posiblemente a usted le gusta irse de vacaciones en verano. Y para conseguirlo no duda en trabajar duro y reprimirse de algunas cosas durante el año. ¿Se imagina que las vacaciones se las pagase el estado? A primera vista parece fantástico, pero no iría donde usted quiere, sino donde le dijera el estado. Tendría que amoldarse a sus reglas y normas; y por otra parte, el estado le sacaría el dinero mediante impuestos. El estado crea comisarías y hace circular patrullas, no donde usted lo necesita, sino donde él quiere. No es la policía quien se adapta a usted —el cliente— sino que es usted quien siempre se ha de adaptar a la policía. Además, el estado, con el dinero de sus impuestos, no sólo gestionaría mal sus vacaciones, sino que también pagaría la de aquellos que saben que el “gobierno se las da gratis”. A eso súmele los gastos de intermediación de los burócratas que legislasen “la ley de vacaciones y ocio”, o las propias vacaciones de políticos y resto de funcionarios que tendrían preferencia sobre usted como pasa con la seguridad. Tal aberración no le haría mucho bien a la economía privada: crearía “el monopolio natural de las vacaciones y ocio”, promocionaría la corrupción política, chanchullos, racionalización de bonos para redistribuir las “vacaciones igualitarias de todos”, etc.

La producción de seguridad es un servicio —y un bien en según que aspectos— que la economía privada satisfará mejor que cualquier gobierno. Y además, dejaríamos de ser esclavos de aquellos que conceden más derechos a unos hombres que a otros por el simple hecho de trabajar para el gobierno.

La Alianza de civilizaciones y la redistribución social

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Desde la izquierda siempre se ha defendido la necesidad de redistribuir la renta para que los más necesitados prosperen a costa de los más emprendedores. Los fondos obtenidos no sólo no han servido para el fin previsto sino que tampoco se han destinado íntegramente a la asistencia social ya que el rédito de dedicarlos a comprar votos es mucho mayor.

Pero ¿y si el Gobierno dedicara parte de la recaudación de los impuestos a pagar extorsiones? Aunque resulte difícil creerlo, el presidente del Gobierno español ha decidido acallar a los países musulmanes que lanzan a sus súbditos a la jihad. El precio pagado por la extorsión a la que estamos siendo sometidos por quienes profesan aquellas suras del Corán que rezan así: «Matad a los infieles allá donde los encontréis» (Corán, IX, 5). «No seréis vosotros quienes los hayáis matado. Será Dios» (Corán, VIII, 17), ha ascendido a un millón de euros.

Con esta medida, parece que el Gobierno quiere que el dinero fluya a las madrassas en las que se adoctrinan a los futuros jihadistas para que apliquen correctamente las enseñanzas de Mahoma. De no ser así, ¿para qué dar dinero a los países en que se vulneran los derechos humanos?.

En menos de treinta años hemos pasado de los 800.000 puestos de trabajo prometidos por el ex presidente Felipe González a la contribución millonaria con que Rodríguez Zapatero costea de forma “voluntaria” la paz social. Como bien saben los lectores, “voluntarios”, son los tributos que pagamos al Estado para que los dedique a este tipo de proyectos bienintencionados y “coactivas” son únicamente las relaciones entre el empresario y el trabajador.

La izquierda, con tal de promover civilizaciones contrarias a Occidente, puesto que no acepta los valores que encarna, es capaz de ayudar y cobijar al islamismo. Desgraciadamente, sus esfuerzos no se destinan a luchar por aquello que hace que la civilización occidental sea superior a la islámica. Quitándole al socialismo la careta “social”, parece que uno sólo encuentra resentimiento y odio hacia todo lo que hemos conseguido: libertad, capitalismo y Estado de derecho.

La redistribución social entonces queda totalmente desdibujada. Si antes servía para todo menos para ayudar a los pobres, ahora además se destina a cualquier proyecto por inicuo que sea. El último, es el pago del “impuesto revolucionario” islámico.

Cuando la izquierda se escora definitivamente hacia el extremismo de los antisistema que hacen suya aquella pintada de “Ben Laden, mátanos”, “Alianza de Civilizaciones” mediante poco queda de solidaridad o altruismo. Sólo prima el odio de clases, de civilizaciones, de principios. Parafraseando a A. Piqué, para algunos la máscara de la perversión es la religión islamista mientras que, para otros, lo es la fe socialista.

Descubrimiento en los pasillos de Columbia

Escrito por Jorge Bolaños Martínez en . Publicado en Análisis diario.

En su libro Economía liberal para no liberales, Xavier Sala i Martín refiere que, en una de sus conferencias, descubrió que una alumna ciega utilizaba unos extraños dispositivos basados en la síntesis de voz para seguir sus estudios de economía. El catedrático de Columbia presentó su hallazgo como un ejemplo de la forma en la que muchos grupos sociales pueden mejorar espectacularmente sus condiciones de vida gracias a los mecanismos propios del sistema capitalista, de la economía libre.

Es natural que el acertado razonamiento del profesor Sala escociera entre sus enemigos ideológicos. Tanto que un profesor de economía para sociólogos en la Complutense, Diego Guerrero, en su libro Economía no liberal, hace apología del tomatazo sobre las chaquetas y corbatas del ilustre liberal español.

Guerrero apoya su indignación en una reflexión ciertamente original y profunda, que difícilmente podrá ser refutada alguna vez por los economistas que se consideren serios, ya se llamen von Bohm-Bawerk, von Mises o von lo que quieran, y es que, claro, la ciega que tuvo la suerte de conocer don Xabier es una de esas de la clase rica, y su situación contrasta seguramente con la que viven la mayor parte de los invidentes en los propios Estados Unidos.

Tenemos que dispensar –tales son las barbaridades vertidas por Sala i Martín en su libro– que el profesor Guerrero se dejara llevar por su oposición al credo liberal y que no tuviera tiempo de estudiar el desarrollo de la tecnología adaptada para el uso de los ciegos en las dos últimas décadas. Si lo hubiera hecho, tendría que haber rechinado los dientes, reservando sus tomates maduros para corbatas menos lucidas.

Por mucho que le pese al engalanado soldado antiliberal, los dispositivos que permiten a los ciegos manejar un ordenador personal y transformar la letra impresa en señal Braille o sonora han sido desarrollados por empresas pequeñas, creadas en su mayor parte en Estados Unidos y Gran Bretaña, durante los años setenta y ochenta. Y aunque las dificultades técnicas y el restringido tamaño del mercado son un lastre para el avance del sector, el precio de los equipos no hace más que reducirse, de forma que cada vez son menos los invidentes que no pueden conectarse a Internet. Si contar con las innumerables formas de abaratar aún más el precio, que van desde las ayudas o subvenciones hasta la compra conjunta o el cada vez más extendido pirateo.

Pero el profesor Guerrero probablemente seguirá prefiriendo ese mundo de ciegos sin clase, como la antigua República Democrática de Alemania. Algunos ciegos españoles tuvimos la oportunidad de escribir con aquellas pintorescas máquinas que venían de más allá del muro, en las que un trozo de tanza de pescar era el responsable de cargar con el peso del carro. ¡Lástima que se rompiera tantas veces!

Los empresarios del politburó

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Durante los últimos días hemos podido asistir a un cruce de declaraciones entre los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Ambos se acusan de no disponer de la suficiente representatividad y al mismo tiempo, en sus respuestas, han intentado justificar veladamente sus funciones y su existencia.

Sin embargo, se trata de dos organizaciones que dependen directamente del poder coactivo del Estado. En el primer caso, la CEOE recibe fondos y subvenciones previamente detraídos forzosamente a la ciudadanía. Y en el segundo caso, todavía peor, las Cámaras de Comercio cuentan con una cuota especial sobre beneficios anuales que las empresas están obligadas a pagar.

La existencia de ambas organizaciones supone una prueba evidente del tipo de capitalismo que disfrutamos, un sistema burocratizado en el que las relaciones contractuales entre los agentes económicos están profundamente dirigidas desde oficinas ajenas a la realidad y apoyadas en el ordeno y mando. Este sistema entorpece la función social de los empresarios con trabas y obstáculos que hacen más difícil la realización de su labor.

En realidad, los empresarios son la fuerza motriz de toda sociedad. Su principal tarea es la búsqueda de beneficios. Pero con ello realizan una función que va más allá de la que cada empresario cree desempeñar. Pues su labor es coordinadora y a la vez creadora. Cuando un empresario cree vislumbrar un desajuste o diferencia positiva entre los precios por los que podría vender una mercancía o servicio y el precio que le costaría fabricarla u ofrecerlo, descubre una oportunidad que previamente había permanecido desapercibida por los demás empresarios. Esta oportunidad vista sagazmente reportará beneficios cuyo origen proviene de la creatividad del sujeto. Por tanto, se tratan de beneficios creados de la nada, pues provienen de la perspicacia del empresario y no de ningún tipo de explotación. Asimismo, el proceso coordinador no tiene fin ya que, al crear de la nada posibilidades de negocio se están abriendo nuevas oportunidades que una vez descubiertas crearan otras ocasiones de lucro que coordinarán. Es un proceso dinámico y continuo que debido a las marañas paralizantes del Gobierno a través, en este caso, de la CEOE o las Cámaras, se ve obligado a emprender rodeos innecesarios para hacer llegar a los consumidores los bienes que más desean.

Así, los mismos que dicen representar a los empresarios son los que obstaculizan su labor mediante la negociación y posterior imposición de convenios colectivos y cuotas sangrantes que distorsionan los intercambios libres y voluntarios que de otro modo se hubiesen llevado a cabo. El proceso ve desviada su creatividad, se pierde parte de la capacidad coordinadora y se dilapidan recursos siempre fundamentales para el bienestar de la sociedad.

Estos empresarios, en lugar de ser mandatarios de los consumidores y organizar la producción eficientemente se mueven bajo intereses políticos. Son agentes del Estado y cómplices de los gobernantes. Realizan tareas obstructoras al son del buró en lugar de creadoras propias del capitalismo, y viven a costa de los contribuyentes y de los sufridos verdaderos empresarios que sí están pendientes de las necesidades de los consumidores. Por todo ello estos organismos deberían desaparecer y sus dirigentes convertirse en verdaderos empresarios al servicio del consumidor en el mercado libre. Si pueden.

Soluciones urbanas liberales

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Soluciones urbanas liberales

El gran divulgador del liberalismo, Michael Gilson de Lemos, suele decir que antes de preguntarnos si una determinada solución liberal podría funcionar debemos enterarnos de si ya se ha aplicado o se está aplicando en algún lugar. Y en el campo de la organización urbana esto es especialmente cierto. Desde el alumbrado público, el alcantarillado y la recogida de basura hasta la policía y la educación, existe un sinfín de casos en los que la sociedad civil se ha organizado para ofrecer de manera ágil y eficiente servicios que suelen reservarse irreflexivamente a las Administraciones Públicas.

Cuando la Revolución Industrial produjo su primera explosión demográfica en el Reino Unido, muchos terratenientes descubrieron que les resultaba provechoso vender sus tierras a quienes querían construirse un hogar. Otros beneficios podían conseguirse construyendo edificios en sus propiedades para después venderlos o alquilarlos. Y aunque no estaban obligados legalmente a ofrecer ningún tipo de servicio público, la enorme competencia entre los terratenientes les empujó a ofrecer, junto con los edificios, otros servicios que hicieran aumentar el valor de sus propiedades. Según ha estudiado Stephen Davies, fue así como aparecieron calles, aceras, cloacas y alumbrado cuya financiación y gestión corría íntegramente a cargo del libre mercado. A medida que este mercado fue desarrollándose, se incorporaron nuevos servicios como la estética, la protección contra incendios e incluso la asistencia sanitaria. Todo esto no sólo producía beneficios a los terratenientes mientras satisfacía las necesidades de los consumidores de todas las clases sino que permitía una enorme flexibilidad en la provisión de estos servicios.

No importa lo frívolo o caro que pueda resultar un determinado servicio, si se respetan los derechos de propiedad sobre los que opera y se deja, por lo demás, libertad para contratar los servicios, el mercado podrá ofrecerlo. Según un estudio de Sugg y Kreuter, en Zimbabwe, por poner un ejemplo rural, se ha conseguido en la última década proteger a los elefantes con el simple reconocimiento del derecho de propiedad sobre ellos. En cambio, se consideran una especie en peligro ahí donde no se reconoce este derecho.

Otro caso curioso es el de las carreteras de peaje en la Norteamérica de hace siglo y medio que ha estudiado Daniel Klein. Incluso soportando pérdidas, las organizaciones privadas construyeron millares de millas de estas carreteras. En parte porque el gobierno no lo hacía y en parte porque eran muy útiles para los otros negocios de sus propietarios. Es decir, tomadas individualmente podían resultar un negocio ruinoso pero su servicio mejoraba sustancialmente el resultado de otros negocios.

Como ha explicado David T. Beito, cuando el gobierno británico obligó a sus ciudadanos, en 1911, a financiar los seguros sociales, nueve millones de súbditos ya estaban disfrutando de los servicios que ofrecían las compañías privadas de seguros asistenciales. La pertenencia a estas llamadas “sociedades amistosas” era estrictamente voluntaria aunque sus miembros se preocupaban muy mucho de expulsar a aquellos cuyo comportamiento era inadecuado. Obrando así se aseguraban de que la ayuda fuese a quien realmente la necesitaba y de esta manera se mantenía la confianza en el sistema. Todo esto creaba unos estrechos lazos entre los miembros que dificultaban la perniciosa dependencia a la asistencia que tanto caracteriza a los programas gubernamentales.

En resumen, no hace falta recurrir a pintorescas teorías sobre la impensable privatización de ciertos servicios públicos, basta con estudiar con detenimiento los resultados que se obtuvieron allí donde se aplicó.

El agua no es el problema

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Allá donde miremos siempre hay agua. Los seres vivos son básicamente agua; cualquier ecosistema terrestre incluso el más seco tiene y depende del agua para trasladar energía, nutrientes, sustratos o incluso a los propios seres vivos; la atmósfera contiene ese vapor que termina en forma de nubes y precipitaciones, tan necesarias como temidas; el tiempo climatológico es esclavo del agua. A la Tierra se le llama el Planeta Azul precisamente porque tres cuartas partes de su superficie la ocupan los océanos. Si tanto agua existe en todas partes, ¿por qué la gente pasa sed, los campos se secan y las industrias se paran?

El problema del agua no es su escasez sino la necesidad de que llegue en ciertas condiciones de oportunidad, calidad y cantidad a los que la necesitan; este es el meollo del asunto. La percepción de muchos es que el agua, al ser un elemento común, es un derecho para todos y como tal debe proporcionarse a cualquier humano, incluso bajo criterios de gratuidad. Ajenos a la realidad, estas fuentes de opinión más que de conocimiento ocultan e incluso niegan la otra cara de la moneda, los costes de captación, tratamiento, y transporte del líquido elemento que necesariamente deberán ser repercutidos en el cliente final, sea particular, industria o regante. Además, tampoco explican otros costes añadidos como el que supone el tratamiento del agua contaminada.

Este largo proceso es una actividad económica y como tal puede y debe ir ligada al sistema de libre mercado, donde unos empresarios aprovecharán la oportunidad que se les brinda, creando las infraestructuras adecuadas a través de inversiones y vendiendo su producto final, el agua conducida y lista para su consumo, al cliente que le dará el uso que considere oportuno. Mediante acuerdos, contratos y arbitrajes, supervisados si fuera necesario por organismos no necesariamente estatales, se pueden hacer frente a muchos de los problemas que se podrían plantear, como el respeto de caudales ecológicos, el uso racional de los acuíferos, rápidos de vaciar pero lentos en su llenado, uso racional entre regantes, conflictos entre usuarios y cualquier otro que se pueda surgir.

El precio final será variable ya que cada zona estará condicionada por su latitud, altitud, orografía y climatología, y podrá experimentar variaciones en función de nuevas tecnologías que favorezcan la eficiencia del proceso. Al mismo tiempo, el sentido común del usuario le permitirá acometer una serie de medidas de ahorro que limiten sus gastos. Es evidente que habrá una serie de personas que podrán acceder al agua de manera casi gratuita y otros, situados en zonas más desérticas, secas o menos desarrolladas, tendrán problemas para abastecerse hasta que el desarrollo, la tecnología y la imaginación unida a la necesidad, palien el problema. Que todo el mundo tenga agua en las mismas condiciones no es nada más que otra utopía que sólo ha traído más mal que bien a los necesitados.

Esta necesidad no ha pasado ajena a los partidarios del Estado frente al libre mercado. Una vez aposentados en el poder, no han dudado en nacionalizar y expropiar los bienes de aquellos que han buscado satisfacer esta necesidad humana por sus propios medios. El Estado no sólo ha incautado los bienes sino que se ha arrogado la política hídrica de forma que estima cuáles van a ser las necesidades futuras, cuáles las industrias y actividades favorecidas y cuáles las perjudicadas y como se va a gestionar todo en los próximos años. No contento con ello, ha intervenido los precios reduciéndolos al consumidor final pero sin explicar que la diferencia entre el precio real y el pagado se restituye bien con los impuestos de todos, seamos derrochadores o no, bien con la existencia de empresas públicas estatales deficitarias cuyas deudas se incrementan año tras año sujetas, por lo general, a ingenierías financieras de difícil comprensión pero de gran oportunidad política.

En definitiva, en el mejor de los casos, no aportan nada que no puedan aportar las empresas privadas que dan servicio y en el peor, se generan una burocracias poco eficientes con infraestructuras antiguas, proliferación de averías, imposibilidad de cambiar de suministrador si el suministro es deplorable, pocas e ineficientes inversiones de mantenimiento y en algún caso, las corruptelas de siempre. Es cierto que ningún sistema es perfecto pero el sistema estatal no nos da ninguna otra opción si no estamos contentos con lo que tenemos.

La sociedad pública de los alquileres onerosos

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

La próxima Sociedad Pública de Alquiler (SPA) diseñada por el Ministerio de la Vivienda es otro artefacto intervencionista frente a la propiedad privada, que gravará aún más los contratos de alquiler y probablemente generará efectos perversos entre los participantes del arrendamiento inmobiliario.

Observada la función de la SPA, es razonable pensar que una de las tácticas del intervencionismo consiste en incorporar obligatoriamente a intermediarios en el proceso de libre voluntad entre particulares y dificultar en gran medida cualquier ulterior reforma cuando esas medidas administrativas puedan devenir inoperantes.

Todo el proceso de la SPA gira en torno al pacto entre la Administración y las compañías aseguradoras sobre quién es un inquilino idóneo y la contratación imperativa de pólizas que prevean los incumplimientos de éste. A cambio de un 20 % del precio del alquiler previsto –que pagará el propietario por esa protección– el Estado se convertirá en el Gran Casero que vigilará las relaciones entre contratantes e impulsará supuestamente el mercado de alquileres como alternativa a la compraventa de inmuebles.

Sin embargo, esta iniciativa gubernamental no resulta inocua y anuncia futuras arbitrariedades, buscadas o no. Al menos pueden presagiarse tres inminentes.

En primer lugar, van a quedar previsiblemente arrinconados de la SPA numerosos ciudadanos poco fiables para el baremo asegurador: jóvenes en situación laboral inestable y familias con escasos recursos; precisamente los grupos sociales más necesitados del arrendamiento.

En segundo lugar, el arrendador-propietario acrecentará seguramente la renta que desee percibir para solventar con holgura su deuda con la SPA; además la Administración le exige contratar otro seguro que, aparte de los que tenga suscritos con anterioridad, cubre percances marginales (vandalismo, incendios) en lugar de riesgos predecibles (reparaciones por uso continuado).

Y tercer supuesto, el efecto llamada, por decirlo así, de la SPA. Aunque la disposición del Ministerio es por ahora de carácter voluntario, puede preverse un cierre de filas entre comunidades autónomas, agentes de la propiedad inmobiliaria y aseguradoras para lograr la protección del Estado ante ese emergente mercado de favores mutuos y la red clientelar que lleva consigo. Estos nuevos protagonistas captarán a través de múltiples recursos la voluntad de propietarios indecisos en la forma de arrendar su vivienda y el circuito de oportunidades para alquilar al estilo SPA quedará afianzado.

El proyecto gubernamental desconfía de una más clara solución que consistiría en que los particulares ventilasen sus diferencias en los tribunales; de ahí sus filibusterismos y contradicciones respecto de los juicios rápidos para el desahucio. Si el desahucio avanzase, desde luego la SPA sería superflua. Pero no. Antes se prefiere poner en marcha otra burocracia más que invita a actores hasta ahora ajenos a participar en el cobro de un canon por la tramitación de estos asuntos y así consolidar intereses divergentes a la solución civil de carácter privado.

Por un mercado libre de ideas

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Como el aborto, la inmigración o los derechos de los niños, la propiedad intelectual es uno de los temas que más divide a los liberales. Algunos de sus valedores consideran, desde postulados iusnaturalistas, que las patentes y los copyrights son justos títulos de propiedad sobre inventos y creaciones, acordes con el principio lockeano según el cual los individuos tienen derecho a aquello que es fruto de su labor. Otros defensores de la propiedad intelectual, desde postulados utilitaristas, arguyen que es necesaria para fomentar el progreso, pues en ausencia de estos monopolios legales no habría incentivos para innovar. En contraposición, hay liberales que juzgan éticamente injustificadas las patentes y los copyrights, por considerar que están en contradicción con el derecho de propiedad tradicional y que como bienes no escasos las ideas no pueden ser objeto de apropiación. Al mismo tiempo cuestionan que sin propiedad intelectual el progreso se resintiera.

Supongamos que invento una nueva máquina para recolectar manzanas. La patente no me confiere un título de propiedad sobre este bien tangible en particular, sobre esta máquina en concreto, sino sobre la idea de la máquina, que puede plasmarse físicamente en la propiedad ajena. La patente impide que otro individuo pueda reproducir la misma máquina (la ha visto, imaginemos, y ha entendido cómo funciona y de qué se compone) con sus materiales, en su taller, sirviéndose de sus manos y sus herramientas, luego supone un derecho de control parcial mío sobre su propiedad: él no puede darle siempre y en todo momento el uso que estime oportuno, pues yo retengo un derecho sobre su propiedad tangible en lo tocante a la plasmación de esa idea. En el caso de una pieza musical, por ejemplo, el copyright dota al autor de la potestad para impedir que un individuo que ha memorizado su composición la toque con sus instrumentos en el local de su propiedad, con lo cual es aquí el artista y no el poseedor natural el que decide sobre dicha propiedad.

Por otro lado, las ideas no son un bien escaso en el sentido económico, no son de uso excluyente: si yo canto una canción ésta no se gasta, otro puede cantarla también (por el contrario, si yo me como un pastel nadie puede comer el mismo pastel; éste sería un ejemplo de bien escaso). La propiedad emana de la escasez: del hecho de que pueda haber conflictos sobre los usos alternativos de un bien surge la necesidad de unas normas éticas conformes con la naturaleza humana. Como las ideas no son bienes escasos carece de sentido aplicarles un derecho de propiedad.

Para determinar si la propiedad intelectual fomenta en realidad la innovación y el progreso habría que sopesar “beneficios” y “costes”, aquello que presumiblemente se produce debido a las patentes y a los copyrights y aquello que se supone que se deja de ganar. Hay gastos superfluos asociados a la propiedad intelectual (protección e inventos alrededor de la patente), hay incentivos para redirigir recursos de las áreas no patentables a las patentables, los monopolios legales pueden desincentivar la creación durante el lapso en el que se retiene el monopolio e impiden actuar a la competencia.

Parafraseando a Carlos Rodríguez Braun, quizás la propiedad intelectual sea impropia de una sociedad no intervenida. Un mercado libre de ideas, y no el monopolio de las mismas, es lo que demandan los principios liberales.

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El despilfarro eurokeynesiano

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se configuró como uno de los principales puntos de apoyo de la unión económica y monetaria. Junto con el Euro, los gobiernos europeos aceptaron autolimitar su capacidad expoliadora de las generaciones futuras. Así, en época de prosperidad se veían constreñidos a mantener el equilibrio presupuestario -o incluso conseguir un superávit- y en época de depresión se les permitía recurrir a un déficit de hasta el 3%.

Hace pocos meses, los países que, en un principio, fueron sus principales proponentes, Francia y Alemania, provocaron su entierro; del Pacto inicial no queda más que una grotesca y vergonzante imagen para mofa y befa de los que alguna vez creyeron en él. Sin entrar en demasiados detalles, baste mencionar la ampliación de plazos para comenzar el Procedimiento por Déficit Excesivo, la exclusión de algunas partidas en el cómputo del déficit (como I+D o los gastos comunitarios) o la posibilidad de sustraerse del cumplimiento del Pacto en caso de crecimiento cero (antes se pedía una caída del PIB del 2%).

De todas formas, siendo sinceros, el pacto no dejó de ser nunca una pantomima inaplicada. Francia y Alemania incurrieron e incurren en prolongados y profundos déficits sin que se les haya aplicado nunca las sanciones previstas. Otros países como Italia, Portugal o Grecia manipularon sus finanzas públicas para “aparentar” una austeridad que jamás existió.

Más de un estatalista convencido debería reflexionar acerca del por qué de semejante fracaso. En realidad hay dos razones que, por desgracia, nadie está teniendo en cuenta. La primera es que el Pacto es una cristalización del keynesianismo más rancio en estado puro: conseguir superávit en épocas de prosperidad e incurrir en déficit durante las épocas de crisis. La filosofía que subyace detrás de esta prescripción es la bondad de un gasto público que, milagrosamente, es capaz incluso de solventar una crisis económica. Siendo así, ¿qué sentido tenía limitar el déficit a épocas de depresión? ¿Por qué esperar? ¿No será conveniente recurrir a él también en épocas de auge o estancamiento?

Con este marco teórico, con semejante incapacidad para comprender el ciclo económico, no resulta de extrañar el exabrupto en que finalmente ha degenerado el pacto. Para buscar un ejemplo visual; sugerir que el gobierno debe hacer uso del déficit presupuestario durante una recesión resulta equivalente a pedir que se le estiren los pies a alguien que está siendo ahorcado. Si algo necesitan los empresarios para abandonar la crisis es ahorro con el que completar sus proyectos empresariales; el déficit público sustrae ese ahorro privado y lo dilapida en absurdos proyectos públicos con la vana esperanza de estimular la economía.

Pero la segunda razón que ha dado al traste con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es, si cabe, de mayor calado. Pocas piruetas intelectuales son tan ingenuas y peligrosas como las de suponer que la política sirve para limitar el poder represivo del Estado. Lo único que podemos esperar de la política es, como en este caso, una refinada propaganda acerca de su exquisito respeto a la libertad, que oculte, en realidad, sus más ignominiosos atropellos.

El fiasco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es sólo una ilustración más de por qué no debemos colocar al zorro a cuidar de las gallinas. No sólo eso, es un ejemplo de por qué las gallinas no deberían estar dispuestas a que las cuidara el zorro.

Agua para el golf

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

La decisión de transvasar 82 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo a la del Segura ha provocado las protestas y la indignación de los habitantes y regantes de una y otra zona. No podía ser de otro modo. Cuando es el Estado quien controla un bien escaso, todas las decisiones que tome para su reparto serán injustas y arbitrarias. La metedura de pata de la ministra Narbona asegurando que la decisión se ha basado, entre otras cosas, en las noticias de que en al menos un caso se ha regado en Murcia con aguas fecales, viene a demostrar la poca base con la que se decide el reparto.

La propiedad privada es una institución necesaria precisamente cuando hay escasez, porque permite ir destinando el bien escaso a sus usos más demandados. Los bienes que no son escasos, como el aire, no son propiedad privada porque no es necesario. El progreso puede entenderse como la creciente apropiación privada de los recursos antes libres, porque el ingenio humano es cada vez más capaz de aprovecharlos y, por tanto, de hacerlos necesarios y escasos. Del mismo modo que el petróleo no era un bien escaso hace dos siglos, muchas hectáreas de terreno tampoco lo eran hace décadas, por la falta de fertilizantes químicos que pudieran aprovecharlas.

La irracionalidad y demagogia que dirige la gestión pública del agua se demuestra en los usos a los que se destina. España es un país seco que, sin embargo, dispone de 4 millones de hectáreas de regadío, cada una de las cuales requieren de media entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos de agua. Cada hectárea de regadío puede suponer, como mucho, unos 3.000 euros anuales, frente a los 200.000 de la hectárea de un campo de golf. Sin embargo, la ley coloca a los campos de golf al final de la lista de destinos para el agua.

Cuando la gestión pública y la ley producen efectos tan irracionales como que el agua se destine obligatoriamente a un uso cuya rentabilidad es un 1’5% de la rentabilidad de otro uso, el resultado es inevitable y se llama mercado negro. Hay innumerables denuncias del desvío ­–muy bien pagado– del agua de usos agrícolas para regar campos de golf y jardines. Y es que su explotación resulta mucho más rentable y permite incrementar más la riqueza y el empleo. Especialmente si tenemos en cuenta que ese 1’5% se debe, en parte, a las subvenciones de la PAC.

Si Blair tiene éxito en su ofensiva para eliminar los subsidios agrícolas, el problema del agua en España se solucionará en gran medida. Muchos cultivos que son grandes consumidores de agua se mantienen sólo por la rentabilidad que ofrece la caza de dinero de Bruselas. Si, además, el ministerio deja de subvencionar el agua para uso agrícola al nivel que lo está haciendo, permitirá que ésta empiece a fluir de los usos menos demandados a los más demandados. El agua es un recurso escaso en España, por lo que debe acudir preferentemente allí donde es más rentable. No hay razón para que otros países más afortunados no nos exporten agua en forma de lechuga y tomate, mientras nosotros aprovechamos nuestra mayor capacidad para atraer visitantes. Ducharse no es derrochar el agua. Lo es seguir subvencionando una agricultura ruinosa por tantas vías distintas.