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Tercermundismo, excrecencia del marxismo

La fascinación que la desgracia de los países pobres ha provocado siempre a los intelectuales de izquierda nace de la visión marxista de que la miseria del tercer mundo es consecuencia directa de la opulencia de occidente. Para estos autoungidos campeones de la justicia social, las sociedades occidentales explotan salvajemente a los países más desfavorecidos, de igual forma que el ama de casa, la clase trabajadora o los homosexuales son oprimidos por el sistema capitalista en los países industrializados. Desde esta perspectiva, los movimientos “libertadores” no serían más que el trasunto de la lucha de clases extendida a escala planetaria: cada vez que una guerrilla comunista mata a un campesino traidor los obreros alemanes son más libres. De igual forma, cada vez que los transexuales madrileños se manifiestan por sus derechos, los pastores nómadas de Burkina Faso se liberan un poco más.

La escatología comunista nutre incesantemente de agravios el acta formal de acusación contra la civilización occidental, culpable de esquilmar en primer lugar los recursos naturales del mundo pobre a través del colonialismo y más tarde de acabar con sus posibilidades de desarrollo a través del imperialismo de las multinacionales. Esta tosquedad analítica, por otra parte consustancial a la esterilidad intelectual de la izquierda, ha sido sin embargo suficiente para que en la agenda política mundial se conjuguen con total desparpajo esta serie de mantras, de forma que hoy en día hasta en las capas más conservadoras e ilustradas se admiten como verdades inmutables.

La clave del éxito de esta operación de agit-prop del marxismo y sus sociedades interpuestas (ecologistas radicales, ONG’s subvencionadas, pacifistas a la violeta, etc.) es haber grabado en la conciencia de occidente la culpa inexorable por todas las atrocidades cometidas en nombre del progreso desde la colonización de otros continentes, cuyo peso debe pender de cada uno de nosotros como un gravísimo pecado que es necesario expiar.

Unido a este complejo de culpa, extendido con la tradicional eficacia marxista, se ha esparcido, también con éxito, una devoción especial por toda expresión cultural tercermundista. Esta fascinación por el pintoresquismo indígena,  cuya labor de promoción ha correspondido tradicionalmente casi en exclusiva al movimiento New Age, parte de la base de que las sociedades primitivas atesoran una sabiduría incomparablemente mayor que las pervertidas sociedades occidentales, de cuya decadencia es responsable directo el sistema capitalista. Porque para los cultivadores de los cánones intelectuales del momento, y en mayor o menor medida todos somos newagers, el genio humano no se manifiesta en los hallazgos técnicos que han mejorado la existencia de la humanidad de forma exponencial en el decurso de tan sólo doscientos años (gracias al capitalismo), sino en preservar las relaciones del ser humano con la madre naturaleza (Gaia) en toda su pureza como hacen los aborígenes y los campesinos de las sociedades primitivas. El desarrollo teórico es seductor, pero su base doctrinal no puede ser más ramplona: la modernidad es mala, luego el primitivismo es bueno.

Esta pasión sobrevenida de la izquierda occidental por la causa del tercer mundo ,se ha agudizado especialmente tras la caída del Muro de Berlín, pues a la revolución marxista le quedan cada vez menos adeptos en casa. Por otra parte, el uso instrumental que la izquierda hace de la pobreza del tercer mundo (una forma especialmente abyecta de desprecio) es fácilmente comprobable. Basta constatar el olvido en el que se sumen las causas de las sociedades más míseras, tan pronto empiezan a actuar de forma contraria a lo que dicta el ideal tercermundista. Los tigres y dragones asiáticos alcanzaron el éxito contraviniendo la receta sagrada del marxismo mundialista (subvenciones, socialismo, violencia contra la propiedad y supresión de libertades cívicas) y apostando por seguir los pasos que los países occidentales iniciaron con éxito hace dos siglos. Hoy disfrutan de unos niveles de bienestar homologable a nosotros. La izquierda aún no se lo ha perdonado.

Cuando exportar es regalar

Parece que en el ámbito económico nada es tan popular como las exportaciones. La gente las interpreta en clave futbolística: si exportamos nuestros bienes y servicios a otros países, metemos un gol. Al contrario, si importamos, el gol nos lo meten a nosotros. Los periodistas tratan nuestra cuenta corriente como si fuera el marcador nacional. No hay nada que les disguste tanto como informar de que España tiene un déficit en la cuenta corriente. Ponen cara seria e intentan por todos los medios asustar al espectador. Sin embargo, la cuenta corriente es simplemente un intento por parte del gobierno de contabilizar las transacciones transfronterizas. Las exportaciones pagan las importaciones y viceversa, por eso tienen que sumar a cero. No puede existir ni déficit ni superávit: el empate permanente beneficia a todos.

Si yo fuera un país, trabajar sería como exportar mis servicios a la empresa que me paga un salario que uso para importar bienes y servicios: comida, entradas de cine, zapatos nuevos, etc… A fin de mes, si me queda algo de mi salario, mi propia cuenta corriente mostraría un superávit: habría exportando más que importado de otras personas (o países). Pero, si he tenido que importar más de lo que podía pagar ese mes, podría recurrir a otra persona, mi banco por ejemplo, para que invirtiera sus ahorros en mí, prestándome recursos para seguir importando anticipando que le pagaré intereses. El resultado final será que todos recibimos lo que nos deben y pagamos a los que debemos. Y por tanto, todos salimos ganando. Mi empresa gana porque le presto un servicio, yo gano porque puedo conseguir bienes de otros que no puedo producir yo mismo y el prestador gana recibiendo un interés en el futuro para permitir que yo use parte de sus ahorros hoy. Intercambiando creamos riqueza y aumentamos nuestro bienestar. Todos hemos metido goles y nadie nos ha recibido uno en contra.

Este esquema simplón refleja bastante bien lo que pasa en el mundo real del comercio internacional. Sin embargo, por culpa de considerar que las exportaciones son algo bueno y las importaciones algo malo, España ha creado instituciones públicas, o semi-públicas, para fomentar la exportación. Todas se dedican más o menos lo mismo: encargan estudios de mercado, forman a los empresarios y promocionan las empresas españolas en el exterior con ayudas financieras, facilitando así su acceso a nuevos mercados. El problema con la existencia de este tipo de organismo es sencillo: regalan nuestros bienes al resto del mundo.

Cuando el Estado subvenciona el coste de que una empresa exporte su bien o servicio le permite vender más barato que en condiciones normales. Estamos intentando generar riqueza a base de renunciar a que nuestros compradores paguen el precio total. Entonces, ¿quién paga la diferencia? Nosotros, los ciudadanos. Es como si mi padre me cobrara impuestos por pertenecer a la familia. Yo le pagaría mediante la “exportación asalariada” a mi empresa y mi padre gastaría esos impuestos en mi hermano que, gracias a mí, podría exportar sus servicios a una empresa por un precio menor. La familia estaría regalando parte de los servicios de mi hermano a una empresa pero, como se llama exportación, nadie lo cuestionaría.

Si España realmente quiere fomentar las exportaciones, y de paso permitir que importemos más, debe tomar dos medidas para hacer las empresas españolas más competitivas en la escena internacional:

  1. Flexibilizar el mercado laboral. Para poder responder a las fluctuaciones del mercado internacional (y nacional) las empresas españoles necesitan la flexibilidad de contratar y despedir empleados y ajustar sus horarios. España, según el Banco Mundial, tiene uno de los mercados laborales más rígidos de los países ricos. Esto trae todo tipo de consecuencia desde la imposibilidad para los jóvenes de encontrar trabajo hasta el suicidio profesional de las madres (o padres) que dejan su trabajo unos años y luego no pueden reincorporarse.
  2. Reducir (o mejor, eliminar) el Impuesto sobre Sociedades. Según los datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico este impuesto en España (en 2005) es de 35%, el más alto de todos los países desarrollados. Menudo incentivo para producir y vender. Si la idea es que sea bueno exportar, ¿por qué el Estado castiga tanto a las empresas por el mero hecho de existir? ¿Quién va a exportar si no ellas? Y si a esto añadimos el Impuesto sobre Valor Añadido (16%) y el de la Seguridad Social (38% del salario de cada empleado), vemos lo difícil que lo tienen los empresarios españoles. Por ejemplo, una empresa que factura 10.000 euros pagaría alrededor de 4.024 al Estado. No debe sorprender a nadie que la mayoría de las empresas españolas sean pequeñas y familiares y suelan ser restaurantes, bares, peluquerías, cualquier cosa que trata con dinero físico para poder esconderlo de Hacienda (el mercado negro en España representa alrededor de 20% del PIB).

Pero estas medidas reducirían el poder del Estado, y éste prefiere seguir aumentando impuestos y crear más organismos públicos que fomenten artificialmente la competitividad. A este ritmo vamos a perder dinero exportando hasta llegar a la pobreza.

La escasez en los recursos

Con el barril de petróleo superando los 60 dólares, reviven las predicciones del pronto e inevitable agotamiento del negro oro, al que seguirá una catástrofe sin precedentes. Este penoso resultado no habría sido previsto por el ciego capitalismo. Más que ceguera es miopía, ya que no puede ver más allá del beneficio inmediato. Nos ha dado una época de aparente riqueza, pero sobre la base del petróleo, vértice a punto de derrumbarse junto con todo el edificio.

No estamos ante un guión de una película de James Bond, ni mucho menos. Estas predicciones están basadas en un pensamiento con mucha tradición, que en cierto sentido se puede remontar a Malthus, pero que es incluso anterior. Lo cual solo es una prueba más de la capacidad humana de empecinamiento en el error. Porque este relato de los hechos previsibles tiene varios fallos.

Supongamos que en un momento descubrimos que podemos contar, con los actuales precios y la tecnología de hoy, petróleo para los próximos 60 años, pero solo para ese período, ya que no encontraremos una gota más de nuestro preciado líquido. ¿Qué ocurriría entonces, en un mundo libre? Si el precio era, por ejemplo, de 30 dólares por barril, el que históricamente ha tenido, sobre la base de que el petróleo no se agotaría pronto, ahora ante los nuevos datos aumentaría de forma espectacular. Pongamos a 180 euros. A partir de ahí ocurrirían varias cosas.

En primer lugar se reduciría el consumo del petróleo a los usos más urgentes, a los que justificaran el precio de 180 dólares el barril. En consecuencia ya no tendremos petróleo para 60 años, sino por ejemplo para 200 años. Dado que con la misma cantidad se reduce el consumo por el incrementado precio, el período de reserva aumenta. Pero esto es solo el comienzo.

Con los precios más altos pasamos a utilizar sustitutos que antes no eran rentables con la antigua estructura de precios. Y aumentan los beneficios derivados de la inversión en el uso más efectivo del recurso, en su ahorro y en el aumento de los servicios que extraemos de cada cantidad. Si doblamos la productividad del uso del petróleo, es decir, si con la misma cantidad somos capaces de obtener el doble de los servicios con la misma cantidad, es igual que si con la antigua productividad hubiéramos doblado la cantidad de petróleo.

En consecuencia, por un lado necesitaríamos menos el petróleo, ya que hemos invertido en la utilización de nuevos y económicos sustitutos y a que el uso que hacemos del petróleo es más eficiente y más productiva. Por otro lado descienden los precios del petróleo, desde los 180 dólares a 60, o 40 o los que dicte el mercado. Esa reducción de precios se alcanza porque con la misma cantidad física de petróleo hemos multiplicado los servicios que de ella obtenemos. El número de años de consumo de petróleo, en las nuevas circunstancias, no tiene porqué aumentar o disminuir, así que tendremos los 200 años antes previstos, más o menos, para alcanzar nuevas soluciones y coger nuevos caminos, adaptados a la nueva situación.

Y una sociedad libre es la que mayor número de soluciones viables puede hallar, dentro de lo humanamente posible.

El agente urbanizador no es una verdadera solución

La reciente noticia sobre la posible ausencia de la figura del agente urbanizador (AU) en la futura Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, en contraste al anterior impulso favorable a la adopción de esta figura, puede interpretarse en clave liberal: el AU sigue siendo otro instrumento jurídico más que, finalmente, coacciona la propiedad privada y no solventa los problemas de fondo de edificabilidad en esta poblada región de España.

La Administración –según el procedimiento del AU– selecciona a un particular interesado por medio de concurso público abierto a la libre competencia y le adjudica la realización del plan urbanístico. Este AU escogido no necesita ser propietario de los terrenos. Es simplemente un empresario comprometido en ejecutar las obras de urbanización, soportando los costes correspondientes, que le serán compensados bien en solares edificables, bien en metálico por los propietarios de terrenos edificables del ámbito concreto que voluntariamente cooperen aportando sus originarios terrenos sin urbanizar. ¿Y si los propietarios afectados se oponen? Respecto al proyecto madrileño los medios de comunicación no aclaran la respuesta pero, en la ley valenciana que parece ser el modelo, los disconformes son conducidos a la expropiación de sus inmuebles.

Evidentemente, la fórmula del AU sigue limitando el derecho de propiedad, a pesar de cierto rasgo dinamizador frente a las otras tres opciones mayoritarias, también imperativas según el momento: expropiación (la Administración indemniza y ejecuta el plan), cooperación (la Administración ejecuta y pagan los propietarios) y compensación (los propietarios pagan y ejecutan ellos mismos el plan).

¿Puede entenderse el AU como un tipo de intervención aceptable para las exigencias de orden liberal; es decir, que el Estado pueda entrometerse en los bienes de los demás para crear mayores condiciones de competencia? Dice Hayek en Camino de Servidumbre: “No puede, por lo demás, afirmarse que toda renuncia a un incremento de nuestro bienestar material presente, soportada para salvaguardar la libertad, vaya a ser siempre premiada. Pero el argumento a favor de la libertad es precisamente que tenemos que dejar espacio para el libre e imprevisible crecimiento”. ¿Debemos, para el caso que nos ocupa, asegurar siempre orgullosamente el libre designio sobre nuestra propiedad o aceptamos sobre la marcha una óptima indemnización por un bien que quizá no lo vale antes de que desaparezca el plazo de pago?

Es probable que las razones por las que la Comunidad de Madrid se interroga sobre la inclusión del AU en la próxima ley atiendan a criterios de respeto a la libre propiedad, de preservar la tradición de las juntas de compensación o una mezcla de ambos criterios a la vez. Lo que sí está claro es que el propietario debe conformarse ante el AU con preferir qué tipo de sujeto enajenará coactivamente su propiedad. Sin embargo, las verdaderas soluciones son otras y permanecen aún inéditas: la imprescindible catalogación del suelo protegido y no protegido (urbanizable) y la limitación de la discrecionalidad de las corporaciones locales a la hora de calificar los terrenos de su jurisdicción, origen de múltiples abusos y encarecimientos.

El mito de la liberalización eléctrica en España

Anda revuelto el sector eléctrico español por la negociación entre las empresas y el Ministerio de Industria de José Montilla para que se revisen las tarifas trimestralmente y no anualmente como ha venido ocurriendo hasta ahora. Pretende Unesa que se imite el modelo de tarificación del gas natural, en un vano intento de cambiar de una vez el modelo actual, que no es aceptable para nadie salvo para aquel que hace de las necesidades energéticas de los ciudadanos una política y no un negocio, por otro modelo no menos intervencionista pero algo menos drástico.

Sin embargo, esta medida debería sorprender al ciudadano medio que no deja de escuchar en cualquier medio que el eléctrico es un sector liberalizado, afirmación basada en el único hecho de que en España existe más de una empresa dedicada a producir, transportar y distribuir energía y que el ciudadano puede elegir su suministrador. Pero este trasvase previsto de ciudadanos no ha sido masivo y a la postre, el mercado nacional mantiene una equilibrada partida de Risk en el que nadie tira los dados con convicción y en el que cada empresa monopoliza de facto una región.

La liberalización es un mito en tanto sean las autoridades gubernamentales las que establezcan el precio del kilovatio que paga el cliente. Dicen las empresas, y con toda la razón, que mientras que el IPC se ha incrementado desde 1996 casi un 28%, el precio cobrado ha descendido casi un 30%, dicho sea en términos reales. Estamos hablando de un precio político, precio que se ajusta al balance presupuestario de turno o que sirve para atajar una inflación desbocada, hija indiscutible de esa misma intervención.

El español paga directamente mucho menos de lo que realmente le cuesta la electricidad. La presión fiscal compensa esta diferencia, castigando al ahorrador responsable y premiando al derrochador irresponsable. Fruto de esta política nacen los Costes de Transición a la Competencia (CTC’s) y el déficit tarifario que, para que nos entendamos, es esa cantidad que compensa los precios bajos y otras controversias surgidas del antiguo monopolio y que generan tanta discusión cuando se negocian, ya que cada uno de los afectados calcula una cantidad diferente del resto de implicados.

Cierto que parece paradójico que, ante esta situación, las empresas consigan espléndidos beneficios. En el primer trimestre de 2005 se ha incrementado en un 20% sobre las cifras de 2004, aunque esta aparente paradoja tiene fácil explicación. Por ejemplo, la titulización de deuda que hacen las eléctricas en un desesperado intento de incrementar el ingreso, sin olvidar la exportación de energía, las inversiones en el extranjero, la compartimentación del sector o la diversificación del negocio que ha impulsado a las eléctricas a explorar sectores tan distantes como el gas natural, las telecomunicaciones o la consultoría y que, en conjunto, les han permitido salvar la situación con éxito. Todo ello, aunque facilita el acometer obras de mejora a la vez que hacer frente al rápido incremento de la demanda y prepararse para un futuro cada vez más exigente, mantiene al sector demasiado cerca del límite, sin que llegue a desaparecer el peligro de apagón.

En ocho años hemos incrementado nuestras necesidades en más de un 50% y eso que muchas tecnologías domésticas e industriales han hecho un esfuerzo ímprobo para reducir el gasto energético. Desgraciadamente, él éxito o el fracaso del sector, su futuro, depende de nuestros irresponsables políticos y no de la responsabilidad de los afectados y así nos va.

Moral y derechos

Cuando Murray Rothbard defendió por primera vez la legitimidad del chantaje en su Man, Economy and State, fue acusado de aplaudir moralmente un acto deshonesto y execrable. Pero Rothbard no se estaba pronunciando acerca de la moralidad del chantaje, sino de su legitimidad, arguyendo que comprar el silencio de otro no supone violencia contra persona o propiedad alguna, luego sería legal en una sociedad libre.

Las invectivas lanzadas a Rothbard son fruto de la confusión, harto común, de los conceptos “moral” y “derechos”, “moral” y “legitimidad”. Los derechos atañen al liberalismo; la moral, a las personas. Es preciso esclarecer nítidamente este punto, porque es la fuente de numerosos malentendidos, críticas infundadas y propuestas intelectuales desatinadas. El liberalismo es una filosofía política y por la tanto sólo versa sobre el uso legítimo de la violencia. En palabras de Walter Block: “sólo se plantea una pregunta y da una única respuesta. Pregunta, ‘este acto supone necesariamente una invasión violenta?’ Si es así, está justificado emplear la fuerza (legal) para impedir o castigar el acto; si no es así, es improcedente.” El liberalismo proscribe las agresiones contra los derechos individuales, contra la persona y sus propiedades (asesinato, violación, secuestro, asalto, robo, fraude…). Nada nos dice, sin embargo, sobre la virtud y el vicio.

A los liberales, qua liberales, nos conciernen los derechos, no los valores. En la medida en la que expresamos juicios de valor lo hacemos como personas, como sujetos morales, no como liberales. Las gentes tienen ideas diversas acerca de lo que es moralmente correcto y el liberalismo no toma partido por ninguna de ellas. Le es indiferente, en tanto que filosofía política, que los hombres sean egoístas o altruistas, trabajadores u holgazanes, homosexuales o heterosexuales. ¿Significa ello que los liberales somos unos relativistas morales, que carecemos de valores? En absoluto, ¿o es que acaso abogar por la libertad religiosa es incompatible con ser un devoto creyente o un ateo fervoroso? Parece como si uno sólo pudiera tener convicciones morales fuertes si está dispuesto a imponérselas inquisitorialmente a los demás. Por otro lado, algunos creen que por defender la legitimidad de una acción los liberales propugnamos la moralidad de su ejercicio, como si defender el derecho a consumir droga implicara elogiar su consumo. Lo cierto es, por el contrario, que si arguyo que el propietario de un restaurante tiene derecho a ser racista y a no permitir la entrada de negros o blancos en su local, pues es su propiedad y a él corresponde decidir, en modo alguno me estoy confesando racista, lo mismo que el que permita hablar a alguien no implica que comparta lo que diga. De nuevo, una cosa son los derechos individuales y otra distinta la moral, que compete a los hombres y no a las leyes.

Los liberales entendemos que la moral sólo puede cultivarse en libertad. Como apuntó Frank Meyer, a lo sumo uno puede ser obligado a actuar como si fuera virtuoso, pero la auténtica virtud jamás puede imponerse por decreto. La moral se vacía de significado si no hay libertad de elección, pues no tiene mérito alguno hacer el bien a punta de pistola. Una acción no puede considerarse virtuosa si no se lleva a cabo voluntariamente. Sólo en libertad podemos sortear el vicio y abrazar la virtud, viviendo de acuerdo con los valores que tengamos por correctos y siendo responsables de nuestros actos.

La reducción de la pobreza

Me viene ahora a la memoria cómo el inigualable novelista norteamericano Tom Wolfe describe la indignación como la estrategia preferida de los autoproclamados intelectuales para revestirse de dignidad moral. Esto se debe a que, reflexionando sobre el fenómeno de la globalización, he recordado el coro de lamentos escuchado hasta la saciedad que rezaba, entre otras cosa, que los ricos son más ricos y los pobres más pobres por culpa del capitalismo global.

Espero que no se me entienda mal. Desde luego que considero que el futuro inmediato de los más necesitados del planeta es un asunto de máxima prioridad. Y conmigo, miles de personas en el mundo que, gracias a la globalización de la la información, han adquirido una nueva conciencia global que llena de significado las célebres palabras de Terencio: “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”. No obstante, y tal y como ya advirtiera Revel, esta nueva civilización del conocimiento esconde graves paradojas: la mentira es la primera de todas las fuerzas que la dirige, sentencia. Yo añadiría que es una mentira cargada de indignación. En efecto, y centrándonos en la máxima sobre riqueza y pobreza antes reseñada, a día de hoy ha quedado patente cómo millones de personas bienintencionadas han sido embaucadas por los alaridos de cierta intelectualidad mayoritaria e indignadísima que, de manera curiosamente acientífica, han mantenido y mantiene posiciones manifiestamente anticapitalistas. Lo grave del asunto es que la inmensa mayoría de la población ignora el engaño masivo al que se ve sometida y hace propia la indignación de sus voceros de manera acrítica.

Digo esto porque hace ya más de dos años que un economista español, el Catedrático de la Universidad de Columbia Xavier Sala-i-Martín, demostró en un estudio con un impacto tremendo en el ámbito académico que en los últimos treinta años no sólo la pobreza ha disminuido, sino que lo ha hecho a la mayor velocidad y afectando al mayor número de personas de la historia. En efecto: “La tasa de pobreza medida por el umbral de un dólar/día ha caído del 20% al 5% en los 20 últimos años. La tasa correspondiente al umbral de los dos dólares/día ha caído del 44% al 18%. Hay entre 300 y 500 millones menos de pobres en 1998 que en los años setenta”.

Dichos resultados han pasado desde las páginas de The Economist hasta las de The New York Times teniendo una difusión en prensa poco usual para un estudio econométrico. Huelga hacer un paréntesis y decir en descargo de los defensores de esa tesis falsa que tanto Naciones Unidas, a través del PNUD, como el Banco Mundial venían apoyando la idea del aumento de las desigualdades aunque, no obstante, empiezan a cambiar de opinión a marchas forzadas. Por supuesto, otros investigadores como Paul Schultz de Yale, Peter Lindert de la Universidad de California y Jeffrey Williamson de Harvard entre otros han trabajado en mostrar la evidente correlación entre dicha disminución de la pobreza y la difusión del capitalismo global, pero eso es harina de otro costal.

Lo que quiero reseñar, a modo de reflexión final, es que la mentira indignada de ciertos miembros de nuestra sociedad sigue siendo capaz de avasallar a la ciencia hasta el punto de que la inmensa mayoría de la población desconozca los resultados científicos más relevantes de los últimos años sobre la globalización. En ese sentido, ya va siendo hora de poner a tanto intelectual en el lugar que le corresponde, amen de empezar meditar si no es más honrado apelar a la ciencia antes que a la autocomplacencia moral que proporciona tanta alharaca indignada.

Libertad, razón y emoción

Dicen que el que no es socialista a los veinte años no tiene corazón, y que el que sigue siendo socialista a los cuarenta no tiene cabeza. Pero lo cierto es que quien es socialista a los veinte es un necio, y quien sigue siéndolo a los cuarenta sigue siendo un necio, por mucho que lata su corazón.

A menudo se nos critica a los liberales que no tenemos sentimientos. Cuando el colectivista (de izquierdas o de derechas) ya no tiene argumentos racionales que oponer (que es casi siempre), nos ataca llamándonos malvados, indiferentes, insolidarios. No nos preocupamos por los pobres, no nos importa el medio ambiente, no nos conmueven los sufrimientos humanos. Si defendemos temas delicados como la legalización de las drogas es porque nos dan igual los drogadictos; si proponemos la legalización de la prostitución es que nos es ajeno el drama personal de las prostitutas; si criticamos la prohibición del trabajo infantil es porque queremos explotar a los niños indefensos del tercer mundo. Y así con todo.

Es muy arrogante juzgar las intenciones de otro a quien apenas se conoce personalmente. Las emociones impulsan la conducta y son fundamentales en todos los seres humanos. Son fenómenos íntimos muy complejos: no siempre es fácil saber lo que realmente siente otra persona aunque trate de expresarlo con sinceridad, y en ocasiones uno mismo no tiene claros sus sentimientos. En los trabajos de análisis intelectual se estudian hechos de la realidad y no suelen expresarse emociones particulares de los autores, pero eso no significa que los pensadores sean fríos procesadores de información. Si un asunto humano se estudia en profundidad tal vez sea porque interesa el bienestar de las personas implicadas.

Algunos enemigos de la libertad parecen emocionalmente inmaduros: frente a los aspectos de la realidad que no les gustan sufren reacciones viscerales, bloqueos emocionales que les impiden pensar. Los análisis éticos y praxeológicos de muchos problemas humanos muestran cómo las prohibiciones estatales y las violaciones del derecho de propiedad están en la raíz de todos ellos, pero el colectivista se empeña en que la realidad no puede ser esa, que tiene que haber otras alternativas; no sabe cuáles son, ni siquiera entiende la situación, pero lo que le disgusta no puede ser cierto. El colectivista está equivocado y como la batalla de las ideas la tiene perdida sólo puede ofrecer buenas intenciones y hermosos sentimientos (sinceros o no).

Los liberales no acusamos a todos los socialistas de no tener sentimientos, solemos asumir que en general su ignorancia es al menos honesta y bien intencionada. Pero la psicología evolucionista muestra cómo en algunas circunstancias puede ser una buena estrategia de comportamiento el ocultar las propias emociones y fingir que se tienen buenos deseos hacia los demás. Demagogos y estafadores son expertos en manipular las emociones ajenas para obtener confianza y engañar a los incautos. Los líderes políticos más dañinos suelen ser muy carismáticos y seductores.

Una iglesia tenía este cartel a la entrada: "They will not care how much you know, until they know how much you care". A la gente no le importa cuánto sabes, hasta que saben que te importan. De esta profunda verdad acerca de los seres humanos se han aprovechado sistemáticamente los enemigos de la libertad y la razón, tocando los corazones ajenos y nublando sus mentes, haciendo que asuman sus errores y se muevan a ciegas.

Los liberales se lo explicamos, Sr. Juncker

Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente de la última cumbre de la Unión Europea, dijo esta semana “que aquellos que quieren que Europa sea simplemente una zona de libre comercio deben explicar cómo se puede poner esa idea en funcionamiento”. Ese es uno de los principales problemas de los medios políticos y jerarcas que los dominan: quieren planificarlo todo mediante el mandato y la coacción, incluso la libertad. ¿Existe mayor sinsentido?

El profesor Jörg Guido Hülsmann plasmó en un ensayo, Secession and the production of defense, la absurda idea de imponer la libertad, a la que ha llamado “Ley de la Boétie” (que también verán escrito como Boëtie): si queremos imponer la libertad no seremos más libres, sino que sólo tendremos una ilusión de libertad que siempre nos llevará al totalitarismo de quien la dirige. No hay mejor prueba actual que la reguladísima Unión Europea: en nombre de la libertad nos dicen con quién hemos de negociar, cómo hacerlo, cuánto producir y en qué forma. También nos quieren restringir nuestras libertades individuales: nos prohíben productos o nos restringen su disfrute con impuestos, nos imponen un estilo de vida determinado (estatista), nos desprotegen de la amenaza que ellos representan y de la delincuencia común, etc.

No, Sr. Juncker, la libertad y el libre mercado no se pueden planificar. Pero sí que hay algo que puede hacer. Liberar a Europa de burócratas. Que cada europeo, por fin, sea responsable de sus propios actos. Se lo propongo directamente: ¡desmantele todos los estados europeos ya!

Que sea la acción descentralizada y libre de cada actor económico la que decida dónde, cuándo y cómo invertir, consumir o ahorrar. La producción forzosa como la Política Agraria Común (PAC); las políticas redistributivas; impuestos; imposición de las preferencias temporales mediante políticas fiscales y monetarias; creación de medios fiduciarios por parte del Banco Central Europeo; endeudamiento de los estado; etc. han de acabarse. Elimine toda autoridad estatal lo antes posible sin planificarla.

No se preocupe por nosotros. Si hemos sobrevivido a la carga de los estados omnipotentes europeos, podremos sobrevivir tranquilamente a nuestro propio destino sin depender de nadie, y sin que nadie, dependa de nosotros por la fuerza de la ley y obediencia no voluntaria. Tampoco se preocupe, Sr. Juncker, de “las injusticias” que pueda generar el laissez-faire absoluto. Por más injusticias que haya, no serán peores que los nocivos remedios de sus colegas. Aquí le doy una propuesta reducida de cómo crear una zona de libre comercio:

Elimine la seguridad social. Por fin será lucrativa para los productores y “de calidad” para el consumidor.

 

Elimine la educación pública. Nuestros hijos no se merecen la falsificación de la historia y economía a la que los someten.

Elimine las leyes al mercado financiero. El problema de las “burbujas” no se arregla con leyes dirigistas, sino con dinero privado respaldado con bienes reales.

Amortice toda la deuda estatal. Sus estados se están gastando la producción que no tienen y nunca tendrán.

Elimine el brazo armado del estado. La policía protege a los políticos no a los comerciantes ni a la gente de la calle. Ya se ocupará la valoración subjetiva de cada actor económico qué parte de su dinero destinar a la seguridad. Las empresas estarán encantadas en cubrir ese enorme “nicho” de mercado que ahora monopoliza el gobierno. Guardias privados, vallas, alarmas, seguros, armas, etc. son los que nos protegen de verdad en el día a día.

Privatice todos sus activos reales. El empresario privado no sólo cuidará mejor de los parques nacionales (sino se quedará sin negocio) sino que además lo convertirá en una empresa rentable. Aplíquelo también a las playas, empresas nacionales, calles, museos, transportes públicos, sector energético, de comunicación, etc.

Indemnice a sus víctimas. Con el dinero obtenido de la desnacionalización, amortice la deuda estatal, indemnice a los pensionistas, al sufrido pagador de impuestos, etc.

Y en fin, haga algo útil de verdad y váyase usted y el resto de funcionarios y burócratas a empresas privadas para hacer así, una Europa verdaderamente próspera donde sólo reine el “libre comercio” y la libertad.

El impuesto contra la pobreza

Hace unos años la asociación neocomunista ATTAC comenzó a defender un impuesto sobre la especulación para dedicarlo a la ayuda al tercer mundo. En los últimos días, nos hemos enterado de que la Unión Europea se plantea implantar un impuesto sobre los billetes de avión para destinarlo a la lucha contra la pobreza en los países en vías de desarrollo.

Ante esta propuesta, algunas compañías aéreas ya han mostrado su preocupación. Easyjet ha comentado que le es insostenible la imposición de un gravamen sobre los vuelos nacionales que no hacen escala en ningún país en vías de desarrollo. Por su parte, la compañía irlandesa Ryanair ha considerado que perjudica principalmente a los consumidores.

Aunque cabe aceptar (pero nunca justificar) los impuestos en la medida en que se destinan al gasto estatal en infraestructuras o policía, lo que no resulta admisible es defender las transferencias de dinero de los más pobres de los países ricos a los más ricos de los países pobres.

Al mismo tiempo, hay que recordar que el impuesto que planean los eurócratas no sólo perjudica al consumidor, a quien le hacen pagar más por unos servicios que hasta la introducción del gravamen costaban menos sino que también tendrá repercusiones en los ingresos que obtienen las compañías aéreas. Es más que probable que la guerra de precios sólo beneficie a las grandes compañías que tendrán que “luchar” menos contra compañías que ofrecen vuelos extremadamente baratos. El resultado puede ser que las empresas pequeñas desaparezcan o que se vean obligadas a reducir el número de trabajadores en nómina.

Junto con estos efectos, cabe considerar el efecto sustitución. Habrá más de un consumidor que opte por medios de transporte más baratos ante el incremento de precios de los vuelos.

La siguiente pregunta que cabe hacerse es por qué nos quieren ofrecen un impuesto que de carácter coactivo como el mayor ejemplo de solidaridad. ¿Acaso puede ser solidario una acción en la que media la violencia? No, por supuesto. Luego, en ningún caso, cabe llamar “solidaria” a una propuesta que se impone por la fuerza. Si hay algo virtuoso, es la generosidad que demuestran las personas cuando deciden, por los motivos que sean, ayudar a un tercero. Por eso, resulta un tanto extraño que las ONGs no califiquen esta propuesta de “intrusismo profesional”.

Detrás de tanta polvareda “solidaria”, aparece el espíritu vampírico del burócrata profesional. Donde la gente ve sacrificio, esfuerzo y, en suma, espíritu emprendedor, el político sólo ve un maná de dinero que hay que agotar sea como sea. En esta ocasión, la víctima es el sector del transporte aéreo. La próxima, no lo sabe ni el Señor. Al paso que vamos, como recordaban los Beatles en “The Taxman”, el Estado acabará gravando el suelo que pisamos para que nos cueste aún más caminar.