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Si castigamos a las empresas, todos perdemos

Un conocido diario económico ilustraba la noticia así: "Buena noticia para los trabajadores, pero no tanto para el bolsillo de los empresarios". En demasiadas ocasiones los periodistas económicos hacen juicios de valor que no se basan en ningún principio económico, sino emocional o de puro dogma. La medida de Caldera puede tener muchas repercusiones negativas para los trabajadores y para el resto de la comunidad. Veamos algunas:

1. España es un país terriblemente regulado con un alto nivel impositivo para las empresas y el mercado de trabajo es más propio de un país tercermundista que de uno desarrollado. La nueva ley entorpecerá a las empresas más pequeñas (de entre las que tienen más de 250 empleados, que es a las que se le va a aplicar), a las más apuradas financieramente y a las más acosadas por la nueva competencia extranjera (China, por ejemplo).

2. Un evidente coste adicional en los resultados de las empresas y reducción de la producción evocará, necesariamente, un aumento de los precios en toda la estructura productiva que repercutirá, de una forma u otra, sobre el consumidor; esto significa precios más altos.

3. La pérdida de un trabajador temporalmente producirá una evidente reducción de la productividad, y teniendo en cuenta que España es uno de los países con menos productividad del mundo, obtenemos dos cosas: un menor grado de competitividad internacional y más horas de trabajo para el resto de compañeros de trabajo. En las empresas españolas el trabajo suele ser absorbido por los compañeros y no realizado por otro nuevo trabajador debido a los altos costes monetarios (contratación, aprendizaje…) y trámites burocráticos que esto supone.

4. La propuesta Caldera tendrá un efecto evidente en la relocalización de puestos de trabajo. Hace unos años el fenómeno de la deslocalización sólo se daba en grandes empresas, ahora se ha expandido a las medianas y pequeñas ubicando sus servicios centrales (departamento financiero, informático, de atención al cliente…) en países de Europa del Este. Si el gobierno aumenta el coste por empleado, la deslocalización de trabajo acelerará la tendencia actual.

5. Las leyes que penalizan el trabajo, esto es, que hacen aumentar los costes laborales tal y como hace el "Permiso Caldera" afectan más directamente a los trabajos y grupos menos cualificados. Esto significa que una empresa se lo pensará mucho antes de contratar a un joven, a un inmigrante o a aquellos que tengan un tipo de trabajo de baja remuneración. El problema es que España es uno de los países de la UE con mayor desempleo juvenil. No es por tanto una buena noticia para los recién graduados, aunque sí para la economía sumergida ya que muchos de ellos van a tener que empezar sus primeros pasos laborales en el mercado que corre al margen del control gubernamental.

6. Pero si miramos más allá aún, las cosas se ponen más feas y la incertidumbre aumenta. Parte de esta ausencia laboral va a estar pagada por la Seguridad Social que, recordemos, se financia con dinero usurpado del sueldo del trabajador y la empresa. El principal problema en este tema es el delicado estado financiero de las pensiones futuras. Por ejemplo, entre los años 2015 y 2020 habrá un fuerte aumento de las jubilaciones. El Estado, si no ahorra, y de momento lo hace en un grado insuficiente, va a tener serios problemas para afrontar sus responsabilidades con nosotros. Actualmente sólo confía en poderlas pagar por algo tan relativo y contingente como es el aumento de la inmigración que, dicho sea de paso, está enviando con sus leyes a la economía sumergida. Actualmente sólo hay una solución realista futura: subir impuestos.

Paro juvenil, disminución de la productividad, subidas de precios, deslocalizaciones… No tiene por qué ser una debacle, pero tampoco parece que el permiso de Caldera vaya a ser una "buena noticia para los trabajadores". La única buena nueva la recibe el PSOE que, con esta medida populista que demuestra una clara intención de comprar votos, verá crecer sus adeptos a sabiendas del importante sacrificio social que todos vamos a pagar. Después, en la hipocresía habitual del gobierno, éste dirá que los malos datos se deben a las empresas, que no contratan trabajadores. Lo de siempre.

Principios generales del libre mercado

Con relativa frecuencia, suelen aparecer en determinadas publicaciones o estudios recomendaciones para que una determinada empresa, sector, región o país triunfe en el ámbito económico. Estas recomendaciones suelen estar plagadas de declaraciones grandilocuentes que normalmente hacen llamamientos a incrementar el gasto de la empresa en temas tan diversos como la investigación (o I+D+i, como se le suele llamar ahora), la promoción comercial, la reingeniería, la calidad, la diversificación, la formación, etc. No obstante, no cuesta trabajo observar cómo empresas que aparentemente aplican dichas recetas fracasan, mientras que otras que continúan operando siguiendo métodos tradicionales, es decir, sin darle prioridad absoluta a dichas directrices, sobreviven.

El motivo de esta aparente incongruencia no es otro sino la confusión entre medios y fines en el libre mercado. Para sobrevivir en el mercado es necesario comprender sus fundamentos y adaptar la empresa a éstos. Aquellas empresas que los entienden y se adecuan sobreviven, mientras que otras, que no lo hacen, quiebran y fracasan, sin excepciones. No obstante, ninguna de las recetas anteriores constituye en sí mismo un principio fundamental del mercado, sino que simplemente son herramientas que pueden ayudar a cumplirlos. Por tanto, como herramientas que son, no constituyen un fin sino un medio.

Para comprender el libre mercado debe entenderse primeramente cómo se llevan a cabo las transacciones entre consumidores y productores. El principio fundamental de las mismas radica en su total voluntariedad. Los intercambios se rigen por el principio de libertad absoluta y nula coacción. Ninguna empresa puede obligar a un consumidor a comprar algo que no le satisfaga, al igual que ningún comprador puede adquirir un determinado bien o servicio sin ofrecer a cambio algo que el vendedor valore lo suficiente como para desprenderse del mismo. Por lo tanto, si una empresa quiere que un consumidor le compre un bien o servicio no existe ninguna manera de obligarlo a realizar la adquisición, sino que ha de demostrarle a éste que el mismo le va a suponer un beneficio, y que éste compensa el pago que tiene que realizar a cambio.

Este principio, que parece tan básico y tan simple, es el motivo por el que muchas empresas, asociaciones o administraciones públicas han fracasado en sus políticas. Y es que el fin de una empresa no es dedicar un porcentaje mínimo de su facturación a la investigación, la formación, la calidad, u otros menesteres, sino que éstas no son más que unas herramienta para descubrir nuevas formas con la que satisfacer al consumidor. Una empresa puede destinar casi la totalidad de su presupuesto a innovar y, sin embargo, fracasar si olvida lo fundamental, y es que sin la aceptación del consumidor no es nada.

Si el primero de los principios fundamentales era la posición de supremacía absoluta del consumidor, sin cuya aprobación resulta imposible realizar cualquier operación, el segundo es la rentabilidad del negocio. Para poner a disposición del consumidor una serie de bienes o servicios hay que incurrir en diversos costes, y la suma de éstos ha de ser inferior al precio que el adquirente está dispuesto a pagar. Los ingresos de una empresa provienen de aportaciones voluntarias que se dan a cambio de algo. Al igual que no se puede obligar al consumidor a adquirir algo que no desea, tampoco se puede obligar a nadie a dar dinero a la empresa. Esto tiene como consecuencia que la suma de todos los costes en que incurre la empresa en llevar a cabo las distintas transacciones y transformaciones que necesita para poner a disposición del cliente un bien o servicio, ha de ser inferior al precio que el adquirente está dispuesto a abonar. Esta situación obliga a la empresa a buscar formas cada vez más eficaces de emplear el dinero que los clientes, entidades financieras y accionistas le entregan, si pretende sobrevivir en un mercado cuyos únicos ingresos provienen de estas fuentes.

Por tanto, para que una empresa triunfe sólo necesita cumplir dos fines: satisfacer a los clientes y hacerlo de una manera rentable. Éstas son las dos tareas de la empresa, tan simples en teoría, y tan complejas de cumplir en la práctica. Todo lo demás no son más que instrumentos supeditados al cumplimiento de estos objetivos. Cualquier receta que olvide estos principios básicos fracasará sin remedio.

Irracionalidad y competitividad

La escasa cultura científica entre los ciudadanos es un hecho incontestable. Incluso aquellos que han recibido una educación superior tienen lagunas en su formación respecto a materias elementales como la física o la química, que la LOGSE y sus avatares se están encargando de convertir en océanos. No de otra forma puede explicarse el auge de las pseudociencias, con el añadido del volumen de negocio cada vez más importante de las consultas telefónicas a videntes, curanderos, etc. Una estafa en toda regla que el Estado se niega a situar fuera de la ley, a pesar de la evidencia palmaria del delito.

Lo que sí resulta sorprendente es que las empresas hayan empezado también a tirar su dinero en este tipo de pseudoterapias absurdas, como descubrí este domingo viendo el telediario. Si en el noticiario vespertino anunciaran que los asnos planean por el cielo de Madrid o que en una película española actual se han detectado trazas de inteligencia, nadie se lo tomaría en serio y la cadena en cuestión sufriría un bajón de la audiencia. Sin embargo, hace unos días apareció un minireportaje sobre un pintoresco estafador, especialista en "terapia de espacios", y que yo sepa, la credibilidad de Antena 3 sigue siendo la misma, salvo en lo que a mí respecta.

La pieza informativa nos mostraba a un "especialista" en sanar las casas y oficinas, ordenando el desbarajuste de líneas de una oscura energía telúrica que se desparraman por la superficie. Atención a la imagen de una costosísima tecnología de frontera aplicada a esta investigación: Un tío con dos varillas de hierro en las manos haciéndolas moverse según el lugar por donde transitaba. Uno de los clientes se mostraba muy satisfecho con los servicios de esta empresa de sanación espacial, porque de esta forma su casa tendría mejor rollito con las visitas. Que se joda, ojalá se le llene de cuñados todos los domingos.

Pero lo más interesante surgió al final de la noticia, cuando también aparece una empresa importante como cliente del tío de las varillas. Que el dueño de la empresa sea un rematado cretino, como lo acredita esa decisión, no es lo sustancial, sino el hecho de que en un país tan necesitado de mejorar la productividad para salir de la cola mundial en materia competitiva tire sus recursos en estos disparates. Lo peor de todo es que, probablemente, esa empresa, como muchas más, reciba subvenciones para mejorar sus procesos productivos. Estoy seguro de que incluirán la chorrada de la "sanación de espacios" en lugar preferente en su lista de objetivos cumplidos.

Los internautas, el hombre del año

Nada más aprobarse este apuntalamiento del edificio en ruinas de las pensiones numerosos expertos y políticos han afirmado que pronto habrá que elevar aún más esa edad, o reducir las prestaciones de otra manera. En España esta suspensión de pagos encubierta se ha concretado recientemente en la elevación de los años mínimos de cotización para acceder a la prestación, dejándose sin jubilación a los que no haya cotizado más de 14 años. Pero los verdaderos problemas financieros del sistema –y las soluciones más drásticas– se prevén de aquí a 2050, año en el que el gasto público en pensiones rondará el 14,5% del PIB.

En realidad estas supuestas soluciones son bombas de achique que tratan de evitar el inminente naufragio de los sistemas de pensiones públicas. Sin embargo, el esquema de reparto público, fundamentado en la necesaria entrada de un número creciente de contribuyentes forzados en la base de la estructura poblacional, sigue siendo inviable a largo plazo. Si la realidad demográfica le da la espalda a este esquema a lo Ponzi, el timo se destapa a través de humillantes suspensiones de pagos que se reconocen en sucesivas pero continuas entregas por episodios en los que los partidos, los sindicatos y la patronal anuncian la consumación de la estafa como si de logros sociales se tratara.

Como bien indica un reciente estudio del Instituto Juan de Mariana titulado "Una sociedad de propietarios: el camino de los ciudadanos hacia la independencia financiera", la verdadera solución pasa por "elevar la cultura financiera media de las familias, mejorar notablemente la fiscalidad del ahorro y", sobre todo, "afrontar la transición a un sistema de capitalización". De este modo, las desoladoras perspectivas podrían evitarse si alguno de nuestros políticos tuviese la valentía de reconocer la tomadura de pelo –y de recursos– y observara sin prejuicios reformas como la australiana. En 1992 Australia decidió reconocer la inviabilidad del sistema social de pensiones y modificarlo de arriba a abajo. Así se pasó de un sistema de reparto a uno de capitalización. En la actualidad el 90% de los trabajadores australianos está disfrutando de la capitalización de un mínimo obligatorio del 9% de sus sueldos. Pues bien, la revalorización de estas aportaciones está convirtiendo las prestaciones subsidiarias públicas en auténtica calderilla. Pero todavía más importante que el esperable éxito económico ha sido la reubicación de las pensiones en el lado ético de la prestación de servicios, es decir, en el mercado.

El malogro social de las pensiones

La rebelión contra el totalitarismo ha tratado de controlarse tradicionalmente a través de diversos mecanismos, como la represión, la censura, la corrupción y, sobre todo, el engaño. El Estado, en sus diversas formas, ha pretendido inculcar a sus súbditos que sus restricciones a la libertad resultan legítimas y convenientes para preservar otros valores, como la igualdad, la seguridad, el bienestar; o incluso la propia libertad.

Basta con apelar a una extensión de alguna supuesta libertad para aumentar la injerencia del poder político y así limitar la auténtica libertad. Se trata de una táctica que los antiliberales han interiorizado desde hace tiempo; así, han equiparado libertad con democracia, libertad de enseñanza con educación pública, libertad económica con Estado del Bienestar y libertad religiosa con anticlericalismo. La última ocurrencia liberticida consiste en reclamar la libertad para todos los animales, que disfruten de ella en las mismas condiciones que los seres humanos.

La plataforma Igualdad Animal (IA) organizó la semana pasada una serie de manifestaciones y concentraciones en la capital de España. "Todos los animales, humanos y no humanos, somos iguales en lo que al respeto que merecemos se refiere (…) no es justo que el sufrimiento o la vida de alguien sea considerada más importante simplemente porque posea capacidades cognitivas mayores", dicen los de IA.

Así pues, la vida de un ratón, una serpiente o una gallina tiene el mismo valor y debe regirse por los mismos principios que la de un ser humano. Así pues, los carnívoros venimos perpetrado el mayor holocausto de la historia y somos culpables del imprescriptible delito de genocidio. Sólo una amnistía universal podría evitar que pasáramos el resto de nuestros días en la cárcel.

Frente a lo que afirman los miembros de IA, los animales no pueden convertirse hoy por hoy en sujetos de derecho; simplemente, porque no tienen la capacidad cognitiva e intelectiva para asumir derechos y obligaciones. De nada serviría permitir que se rigieran por un conjunto de normas éticas y jurídicas, pues no serían capaces de entenderlas y de actuar en consecuencia.

Sólo los seres humanos somos capaces de insertarnos en un sistema de convivencia y reflexionar sobre la conveniencia de las normas por que nos regimos. Podemos comprender tanto nuestras acciones como la estructura por la que se desarrollan (praxeología), somos capaces de reconocer esa misma estructura en las acciones ajenas (empatía) y podemos generalizar una serie de principios comunes (ética), lo que permite la emergencia de instituciones cooperativas como el lenguaje, el derecho o el dinero.

Esta capacidad de llegar a acuerdos sobre el respeto a la libertad ajena es precisamente lo que nos convierte en sujetos de derecho, a los que se les puede conferir derechos y obligaciones. Ningún otro animal ha desarrollado hasta el momento una facultad similar. Mientras esto no suceda, los seres humanos podrán seguir dominando y apropiándose de los animales. Lo contrario sería caer en un ridículo igualitarismo primitivista que pretende olvidar y marginar la característica distintiva del ser humano: su capacidad de utilizar conscientemente la razón para lograr sus fines respetando la libertad y la propiedad privada ajenas.

Este rasgo, no la capacidad de sentir, es lo que permite respetar y ser respetado; del mismo modo que su quebranto –la iniciación de la violencia– legitima la defensa y la represalia.

Podríamos exigir a los leones que respetaran la vida de las gacelas y dejaran de cazarlas, pero de nada serviría, ya que no son capaces de entender el contenido de tal precepto ético, por lo que no tienen conciencia de estar quebrantándolo.

La situación no es distinta en el caso de los animales herbívoros, ya que su falta de instinto asesino no procede de una comprensión y asunción del respeto a la vida ajena, sino de una determinada dotación fisiológica que les imposibilita o les hace innecesario matar a otros animales.

De hecho, los herbívoros pueden perfectamente quebrantar los derechos de propiedad de otros seres humanos (los estorninos o los cuervos pueden arruinar cosechas enteras), pero no podemos exigirles que cumplan con unas normas de convivencia que no pueden entender.

Resulta, por consiguiente, un completo despropósito afirmar: "La vida de cada animal debe ser respetada por igual, ya que no hay ninguna característica que poseamos los humanos que haga que nuestra vida merezca ser considerada como más importante que la de los demás animales". Es precisamente la capacidad de comprender que nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad no pueden prevalecer por la fuerza sobre la de otros seres humanos lo que nos distingue del resto del reino animal. Como digo, omitir esta característica central supone volver a una suerte de salvajismo donde el Derecho y los sujetos de derecho están completamente ausentes.

Las premisas deformadas de IA conducen a sus miembros a conclusiones tan pintorescas como que ni podemos comer animales, ni protegernos del frío con sus pieles, ni siquiera utilizarlos en investigaciones científica. Las ratas de laboratorio deberían desaparecer; en todo caso, habría que utilizar los peligrosos medicamentos preeliminares en seres humanos (que se prestaran a ello voluntariamente).

Los seres humanos deberíamos renunciar a nuestra alimentación, a nuestra vestimenta, a nuestra diversión y a nuestra salud por la arbitrariedad de un grupo de iluminados que pretende construir artificiales nuevos sujetos de derecho con seres absolutamente incapaces de comportarse como tales.

De hecho, aun olvidando todo lo anterior, los integrantes de IA demuestran un nulo conocimiento sobre el modo de vida y supervivencia de muchos de los animales cuyos derechos artificiales quieren imponer. Hemos de suponer que las jaulas de las granjas, los zoos y los circos deberían vaciarse por respeto a la libertad de los animales.

El problema es que los animales domesticados, acostumbrados a vivir de la manutención que les brinda su propietario, han olvidado por completo cómo sobrevivir a la intemperie (si es que no se trata de crías que han vivido siempre en cautividad). Su modo de sobrevivir ya no consiste en cazar otros animales, sino en esperar que un señor les entregue cada día la comida y la bebida.

Soltar a todos los animales provocaría tan sólo un caos monumental, que terminaría con la muerte de la mayoría en tan sólo unos días. Los animales carnívoros no sabrían cazar; otros, como los conejos, los pollos o los cerdos, no sabrían cómo orientarse, dónde buscar sustento silvestre (entre otras cosas, porque ni siquiera habría suficiente para todos), cómo esconderse de sus depredadores.

Los animales liberados morirían, y sus crías ni siquiera llegarían a nacer. Espectaculares resultados para los amigos de los animales. De hecho, las extinciones de especies se producen siempre entre animales sobre los que no recae derecho de propiedad alguno; tanto los elefantes como las ballenas han empezado a prosperar cuando se ha permitido que unos dueños los cuidaran y protegieran.

Una cosa es que los propietarios de los animales debamos mostrar cierta humanidad con seres que son capaces de experimentar dolor y otra muy distinta que debamos reconocer un estatus ético a seres incapaces de comprenderlo, renunciando a buena parte de nuestro modo de vida.

De nuevo, imponer libertades a los animales sólo constituiría una excusa para limitar la auténtica libertad de los seres humanos mediante la coacción estatal. Si los integrantes de la plataforma IA quieren luchar por expandir la libertad, tienen un largo camino por delante: que luchen contra la coacción estatal y a favor del libre mercado. ¡Será por falta de restricciones a la libertad individual donde elegir!

Animaladas progres

Sin embargo, precisamente porque casi siempre se otorga a personajes positivos, hace ya tiempo que casi todo el mundo lo asocia mentalmente con una suerte de galardón para el afortunado. La misma revista se ha encargado de confirmarlo, por ejemplo, en 2001, cuando prefirieron a Rudolph Giuliani por encima de Osama Ben Laden, quizá por temor a perder suscriptores si elegían a quien debían elegir.

Este año la revista te ha escogido a ti. La portada consiste en una pantalla de ordenador a modo de espejo que refleja el rostro de quien lo está viendo. No deja de ser irónico que, al escoger a los internautas, hayan hecho una portada imposible de reproducir en una pantalla de ordenador, viéndose obligados a hacer una animación alternativa. Hay quien lo había predicho en octubre, tras la compra de YouTube por parte de Google. Lo cierto es que, siendo importante la revolución que la web está trayendo a nuestras vidas, la elección me resulta absurda. Precisamente la gracia del invento está en elegir un solo nombre de entre todos los que pueden merecerlo y la ocurrencia de este año consiste en no elegir a nadie sino a todos. Políticamente correcto hasta la náusea.

Si querían subrayar la creciente importancia de la web en los últimos años podían habérselo otorgado al bueno de Tim Berners-Lee, aunque fuese con unos años de retraso, que al fin y a la postre fue quien la inventó. O a un par de bloggers reconocidos. Con esto parece que quisieran dar una importancia a la gente que anteriormente no querían reconocer; las revoluciones que derribaron los gobiernos comunistas en los 90 no provocaron un premio a los ciudadanos de Rusia, Checoslovaquia o Rumanía sino a Gorbachov (dice mucho de Time, por cierto, que no se lo dieran a Reagan y Thatcher). Como por otra parte parece lógico en una elección con un nombre tan individualista.

La revista tiene razón cuando afirma que la nueva web es "una herramienta para unir las pequeñas contribuciones de millones de personas y hacer que importen". También cuando afirma que "la Web 2.0 pone de relieve la estupidez de las masas tanto como su sabiduría. Algunos de los comentarios en YouTube te hacen llorar por el futuro de la humanidad sólo por la ortografía". Pero concluye que el premio nos lo otorga "por tomar las riendas de los medios globales, por fundar la nueva democracia digital, por trabajar por nada y derrotar a los profesionales en su propio juego". Qué bonito, oiga. Y, hombre, un poco exagerado, al menos por ahora.

Claro que posiblemente la elección no sea más que un ardid publicitario para lograr eco tanto en Internet como fuera de ella. Y yo he caído como un pardillo. Hay semanas que no está uno para nada.

Consumismo estatal

Todos los años por estas fechas suelen aparecer mensajes en contra del insostenible consumismo al que nos abocan las grandes multinacionales capitalistas. A los ojos de estos austeros neocarcamales, los individuos estamos manipulados por la irresistible publicidad que elimina nuestra auténtica capacidad de elección; motivo que serviría para justificar la intervención y coerción del Estado sobre la soberanía del consumidor.

Estos primitivistas desconocen por entero el papel del consumo en el sistema económico, ya que precisamente el capitalismo se basa en la acumulación de capital y por tanto en la necesidad de ahorrar (restringir el consumo) para invertir e incrementar nuestra riqueza.

Con todo, la parcialidad de sus críticas resulta aun más llamativa que su ignorancia económica. Si tanto les molesta el excesivo consumo de la sociedad, uno esperaría que una parte sustancial de sus críticas estuvieran dirigidas hacia uno de sus principales promotores: el Estado. Sin embargo, esta estructura compulsiva sólo recibe halagos y vergonzantes pleitesías por parte de estos enemigos de la soberanía del consumidor.

Baste esta lista no exhaustiva de intervenciones nunca criticadas por los supuestos anticonsumistas y que aun así contribuyen enormemente a incrementar el consumo de los individuos:

  • La inflación: La continua pérdida de valor del dinero incentiva a que los individuos lo gasten cuanto antes. La inflación dificulta el ahorro y el atesoramiento de la riqueza en dinero, de ahí que convenga desprenderse de él cuanto antes. El Estado es culpable de la secular inflación debido a la instauración del dinero fiduciario y del continuo incremento de la masa monetaria no respaldada.
  • Reducciones del tipo de interés: Aunque la inflación sea su consecuencia más vistosa, las reducciones artificiales del tipo de interés promovidas por el Banco Central también permiten un incremento de la inversión por encima del ahorro real de la economía, esto es, un incremento del gasto en inversión sin que disminuya el gasto en consumo. Suponen por ello un consumo neto del capital acumulado sin que los individuos sean conscientes de ello.
  • Déficit público: El déficit público supone una captación de ahorro privado por parte del gobierno para emplearlo en gastos corrientes o en inversiones que no generan el flujo de ingresos necesario para amortizarlas; en otras palabras, son inversiones cuya rentabilidad se desconoce y que, por tanto, su mantenimiento se salda a través de ahorros que no son repuestos.
  • Propiedad colectiva: Todos aquellos bienes (como el agua) cuya privatización impide el Estado están sujetos a la famosa "tragedia de los comunes", es decir, un consumo del valor del bien por encima de los fondos dedicados a amortizarlo. Ante la inexistencia de un derecho de propiedad, los distintos usuarios no destinarán sus ahorros a preservar un bien que otros usarán más adelante sin que él pueda impedirlo. Cada usuario exprimirá al máximo el bien sin tratar de conservarlo.
  • Pensiones públicas: Las pensiones públicas están basadas actualmente en un sistema de redistribución intergeneracional, por el cual los jóvenes trabajadores pagan su pensión a los jubilados. Dado que estos jóvenes trabajadores tienen una predisposición a ahorrar parte de su renta para el futuro y los jubilados tienen una tendencia a consumir durante sus últimos años de vida su renta disponible y acumulada, el sistema público de pensiones propicia el consumismo.
  • Subsidio de desempleo: Cuando una persona pierde su empleo debería reducir su consumo o seguir consumiendo con cargo a sus ahorros previos. Los subsidios de desempleo permiten al individuo carecer de cualquier tipo de ahorro (esto es, consumir la totalidad de la renta mensual percibida) y aun así seguir consumiendo cuando es despedido.
  • Subvenciones: Hay multitud de individuos y asociaciones (sindicatos, partidos políticos, cineastas…) que son incapaces de generar riqueza pero que, aun así, perciben una renta gracias a la gracia estatal. Obviamente, en estos casos el consumo es mucho mayor al que podían alcanzar sin subvención.
  • Renta básica: La renta básica consiste en un derecho universal a percibir una retribución incondicional por el Estado. Se habilita a todos los individuos a consumir aun cuando no produzcan ni hayan ahorrado previamente de un modo similar, pero más generalizado, al de las subvenciones.
  • Impuesto sobre sucesiones: El impuesto sobre sucesiones disminuye la riqueza que percibirán los herederos, de modo que los propietarios actuales tienden a reducir y dilapidar sus patrimonios en mayor medida. Dado que no pueden transmitirlo íntegramente a sus sucesores, el consumo presente se vuelve más intenso.
  • Impuesto de sociedades: El impuesto sobre sociedades grava los beneficios de la empresa y, por tanto, disminuye el montante de ahorro empresarial que podría haberse reinvertido. Dado que no se permite su capitalización, las compañías tienen una tendencia muy clara a incrementar todos los gastos deducibles (como el salario de los directivos, las cenas de empresa, los regalos de Navidad…) para disminuir la base imponible (los beneficios) y reducir la cuota efectivamente pagada.
  • Gravamen de las plusvalías: La tributación de las plusvalías es un caso claro de doble imposición, ya que el incremento del valor bursátil de la empresa proviene de la capitalización de unos beneficios que ya han sido gravados por el impuesto de sociedades. Aparte de esta duplicación del atraco, el impuesto sobre plusvalías disminuye la rentabilidad de la inversión y, por tanto, convierte el ahorro en una opción menos atractiva.

Además existen dos diferencias esenciales entre el consumo privado y el consumo estimulado por el Estado: la voluntariedad y la auténtica sostenibilidad. Por un lado, el consumo privado es de carácter voluntario y pacífico, todas las partes de la transacción salen mutuamente beneficiadas; el consumo estatal se basa en la redistribución coactiva, el pillaje y la violencia. Por otro, las empresas destinan una porción de sus beneficios a amortizar sus estructuras productivas: un consumo por encima de ese mínimo capaz de regenerar los insumos empleados supone la depreciación progresiva de la compañía y su expulsión del mercado. En el caso del consumo inducido por el Estado la amortización ni siquiera es posible ya que el individuo que se ha de beneficiar de los servicios de la estructura productiva (o del montante de ahorros) no es el mismo encargado de amortizarla.

Casualmente ninguno de los autoproclamados enemigos del consumismo ha dedicado ni un segundo en criticar alguna de las intervenciones económicas que incentivan esta "plaga de nuestro tiempo". Parece más bien que el consumismo sea sólo una excusa vistosa para reclamar que el Estado cercene nuestra libertad de elección y estrangule el capitalismo.

Consuman y ahorren cuanto quieran durante estas fechas: un deseo que va mucho más allá de lo que les permite el Estado y de lo que los tontos útiles del auténtico consumismo insostenible están dispuestos a tolerar.

El consumo (anti)ecológico

La idea resulta atractiva. El mercado es como una democracia, pero con varias diferencias. La primera es que se cumple aún menos aquello de "un hombre-un voto". No se vota cada cuatro años, sino cuando uno lo desea o necesita. No elegimos un representante de nuestros intereses, sino que actuamos por nuestra cuenta y no votamos por asuntos que no nos conciernen; todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que tenemos la capacidad de contribuir a cambiar las cosas con nuestro "voto" en el mercado. Pero a lo mejor no como nos lo imaginamos.

Porque aquello de la producción ecológica consiste básicamente en renunciar a muchos de los avances de la técnica de los últimos años. Fuera pesticidas y fertilizantes. El arado romano como ideal ético. El problema es que son esos productos químicos, junto con la maquinaria, los padres de la "revolución verde": el campo es varias veces más productivo, lo que ha permitido abandonar las áreas de cultivo que, después de varios milenios, están siendo de nuevo recuperadas por el bosque. Los productos orgánicos, o ecológicos, miran decenas de calendarios atrás. Así, para producir lo mismo, necesitan más y más terreno cultivado. No está claro que sea más ecológico.

El bosque, que ha sido allanado por el hombre durante milenios, transformándolo en cultivos y pastos, ha dejado de menguar. Un reciente estudio, elaborado con una nueva tecnología (Forest Identity), más justa con la realidad, demuestra que la superficie forestal se está recuperando en el mundo. Pero no de cualquier modo. Cuando un país alcanza una renta de en torno a los 4.600 dólares por persona, la introducción de los usos más capitalistas en la agricultura hace que se reduzca la superficie cultivada, y que la recupere el bosque. No hay por qué volver al pasado.

Desalojen a esa okupa

El último botón de muestra es su justificación de la inacción del gobierno catalán ante los usurpadores de inmuebles que se hacen llamar okupas. Su razonamiento, propio de una fanática seguidora de Proudhon, es que la okupación "es otro estilo de vida".

El sector del urbanismo es, desde la ley de 1956, lo más parecido que pueda encontrarse a una economía soviética. El intervencionismo extremo en este campo ha logrado que la especulación política y la corrupción sean el pan nuestro del cada día. Tampoco se le escapa a nadie que los precios de la vivienda están artificialmente inflados por la regulación estalinista que ha vuelto artificialmente escaso el suelo disponible, las cesiones forzosas a los ayuntamientos, los impuestos en concepto de plusvalía y un sinfín de intervenciones que no dejan ni asomar al mercado libre. Pues bien, para Trujillo y su equipo "está claro que el libre mercado ha creado un desequilibrio muy fuerte" y es el responsable del actual ritmo constructor y de todos estos males.

Su rechazo de la propiedad privada y del mercado es tan evidente que resulta intrigante por qué está tratando últimamente de enmascarar su incendiaria y okupadora ley del suelo con un barniz liberal. El texto de la ley no deja lugar a dudas: se cambia el sistema de valoraciones para poder expropiar a precios de risa, se incorpora una reserva mínima del 25% de la edificabilidad para viviendas protegidas que presionará los precios de mercado al alza, se aumenta (del 10% al 20%) el porcentaje de cesión de las plusvalías generadas por la promoción inmobiliaria que ayudará a una mayor subida artificial de los precios, se permitirá a todo ciudadano opinar sobre el destino de la propiedad ajena y se acepta el nauseabundo agente urbanizador del PP (una figura con derecho a suplantar al propietario a la hora de realizar una actuación urbanística), dejando abierta la puerta a la expansión de esta nueva okupación legal al sector de la edificación. Intervencionismo en dosis de caballo que exacerbarán la especulación política y la corrupción de quienes la ejercen.

A pesar de toda esta artillería contra la libertad y la propiedad, la ministra ha declarado que su nueva ley "protege la propiedad privada y la libre empresa". La desvergüenza de esta señora no tiene límites conocidos. ¿Cómo puede compaginarse el filocomunismo de la ley Trujillo con esta presentación liberal que le dedica la ministra? Pues porque ni corta ni perezosa añade: "siempre que sirvan al interés general", un interés que parece confundir con el suyo y el de su ideología liberticida. Y es que para truquillos lingüísticos, nadie mejor que la ministra de Okupación para quien el incremento de intromisión estatal en el sector "no supone intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad". Si quedase alguien con un mínimo de cordura en este Gobierno, mandarían a desalojar a Trujillo del ministerio.

La cara oculta de El País: Ultra

Estefanía dice que Pinochet era ultraliberal para poder manchar moralmente al liberalismo las desapariciones en transitivo de centenares de chilenos, y los asesinatos; crímenes que se cuentan por tres millares. No nos hace falta hablar de socialismo y crímenes para dejar al periodista en su sitio. Dice que la libertad económica sólo se puede ensayar en una dictadura, porque en las democracias el pueblo tiene la capacidad de resistirse. En concreto ha escrito hoy que los Chicago boys "no pudieron experimentar con todo vigor en los países democráticos (por la resistencia de los ciudadanos, a través de los partidos políticos y de los sindicatos) lo ensayaron con éxito con Pinochet".

¿Es que la plena libertad de mercado no se ensayó en Alemania una vez se recuperó la democracia desde el socialismo? ¿Es que Nueva Zelanda estaba bajo una dictadura cuando realizó una de las reformas liberales más profundas, en los 80? ¿Es que tuvo que ir a Irlanda alguno de los dictadores adorados en su periódico, señor Estefanía, para liberalizar la economía irlandesa? Se acordará de que Pinochet convocó un referéndum, lo perdió (por poco) y abandonó el poder. Desde entonces Chile ha recuperado la democracia. ¿Han echado atrás los chilenos las reformas económicas de los 80? No, no lo han hecho.

Todo, para Estefanía es fruto de… ¿lo adivinan? Una conspiración chicaguense. Resulta que un grupo de economistas, en plena época de Allende, "convencidos de que (…) duraría poco, elaboraron un modelo económico para Chile, que Pinochet les compró después de bombardear el palacio de La Moneda". Sí. Después de que intentara llevar el ordeno y mando no sólo a la política sino a la economía, y de que fracasara miserablemente, como no podía ser de otra manera. Recaló en los Chicago Boys porque Chile estaba en una situación desesperada, le ofrecieron un plan y al régimen ya no le quedaba otro alternativo.

El deus ex machina de esta conspiranoia es Milton Friedman, que asesoró a Pinochet, pero "no ofreció sus teorías para apuntalar dictadura alguna como hizo John Maynard Keynes en el prólogo a la segunda edición alemana de la Teoría general", recuerda Manuel Jesús González. Fue a petición de Pinochet y lo único que le ofreció Friedman fueron consejos para hacer a los chilenos más libres, aunque fuera en la economía. Más elementos de la conspiración, según Estefanía: "Su libro Libertad de elegir (firmado a medias con su esposa, Rose) fue un best-seller en ese país". ¡Ajá! Editores, libreros y compradores de libros en una clara estrategia pinochetista.

Joaquín Estefanía pinta un cuadro fauvista con la paleta llena de tópicos cutreprogres. "El pueblo siempre pararía los retrógrados planes de la derechona económica", viene a ser el título del lienzo, que se queda en caricatura. Lo único que ocurrió en Chile, como en España en 1959, es que el dictador había intentado ejercer también en la economía y, al toparse con el fracaso y vislumbrar el descontento social, confía en los técnicos porque le ofrecen lo que parece un plan viable. Lo que ocurrió es que el plan funcionó y Chile salió de una crisis social enorme. Pero el liberal no era Pinochet, sino Friedman y los economistas que supieron conseguir lo inimaginable: ganar un espacio de libertad bajo una dictadura.