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Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXXVI): Problemas de coordinación de la transición energética (I)

En el artículo anterior expusimos los problemas derivados de la planificación energética y las consecuencias de establecer un plazo temporal definido. Una de estas consecuencias, que no analizamos en el escrito anterior, son las derivadas de los problemas de coordinación, sea en la transición en general, sea en su concreción en lo que se refiere a la movilidad eléctrica.

En este artículo queremos incidir en este tema señalando los factores descoordinadores del estado y como sólo la anarquía de los mercados es capaz de coordinar cambios tan sustanciales como los requeridos para un proceso de las dimensiones de este. Lo que estamos apuntando parece en principio contra intuitivo, pues estamos entrenados a ver al estado como un factor de orden y de organización y sin ellos no se podría pretender que los procesos sociales tuviesen un correcto desempeño. Nada más equivocado, pues como bien sabemos los austríacos, los mercados son los únicos capaces de coordinar con precisión los procesos de producción y consumo, mientras que los estados en su pretensión de racionalizar la vida social la hunden en el caos, como demuestra la experiencia de las supuestamente racionales economías socialistas.

Cualquiera que haya leído el texto Yo el lápiz de Leonard Read sabe a qué nos estamos refiriendo. El proceso de construir un lápiz de principio a fin requiere de centenares de millones de personas y de miles de procesos productivos y, sin embargo, y sin que nadie lo planifique, por la modesta suma de cincuenta céntimos, tenemos al lado de nuestra casa un lápiz de excelente calidad. Por otro lado, en la guerra de Ucrania, el paradigma de lo que es el orden estatal, un ejército al estilo del ruso, vemos cómo no es capaz de mantener una logística adecuada y falla estrepitosamente en conseguir sus objetivos precisamente por pretender ser tan ordenado. Un curioso libro, Elogio del desorden de Eric Abrahamson, nos ilustra sobre muchas de estas paradojas de la complejidad, el orden y el desorden.

 Una vez establecido esto podemos pasar al análisis de los problemas que derivan de querer planear una transición energética con el objetivo declarado de reducir la emisión de gases de efecto invernadero con la pretensión de frenar el calentamiento climático global. En este trabajo no se pretende cuestionar las conclusiones de las instituciones como el IPCC (panel internacional sobre el cambio climático) sobre la evolución del clima, a pesar de que sabemos que existen críticas bien elaboradas por científicos que, cunado menos, cuentan con credenciales similares a las de los que defienden la postura oficial. Simplemente entendiendo que no estoy capacitado técnicamente para dilucidar cuál de las posturas en debate está más fundamentada y, por lo tanto, a la hora de establecer el debate, parto de que la postura oficial es la correcta, y que, en consecuencia, es necesario afrontar de una forma u otra el problema. Mi análisis se centrará entonces en el análisis económico y político de las medidas llevadas a cabo para afrontar el problema, área en la que si me siento calificado para opinar con cierto fundamento. Pero me gustaría señalar que es curioso que muchos científicos naturales niegan la calificación a los profanos para opinar en asuntos técnicos, mientras que ellos no dudan en proponer propuestas de política pública para las que se puede percibir fácilmente que ni entienden en su complejidad ni cuentan con una comprensión económica o política para opinar más allá de lugares comunes.

Antes de analizar las políticas emprendidas me gustaría señalar que casi nunca se proponen soluciones de mercado para afrontar el problema del clima y que esta cuando menos deberían ser discutidas. Entiendo que una sociedad sin intervención estatal podría afrontar los problemas del cambio climático no sólo igual, sino mejor que una en la que se regulen las conductas mediante planes o políticas públicas de obligado cumplimiento. Sólo sería necesaria una cosa: que los ciudadanos sean perfectamente conscientes del problema y estén decididos a afrontarlo bien para salvar su propia existencia o la de sus hijos. De ser la población, o cuando menos una parte sustancial de la misma, consciente, los mecanismos de mercado comenzarían a operar a través de la demanda de medios de producción de energía o de transporte, con menos emisión de gas invernadero, al tiempo que se desecharían aquellos más contaminantes. Basta con que la gente esté dispuesta a reducir su consumo o a buscar alternativas limpias y lo esté en serio, esto es, poniendo su dinero allí donde dicen que debe hacerse, para que el ingenio capitalista comience a desarrollar a medio plazo todo tipo de soluciones imaginativas para afrontar tal problemática.

Se nos podrá decir que la gente no estaría dispuesta a actuar de tal manera y que dada su irresponsabilidad o falta de conocimiento no se podría delegar en ella tal tipo de decisiones. Pero esta actitud sólo mostraría que la gente dice estar convencida de la necesidad de la transición, pero que en realidad no le preocupa en exceso. Esto es, la gente no estaría aún convencida del todo de la gravedad del asunto y que en su escala de preocupaciones este problema sería secundario a respecto de otros problemas, incluso aparentemente menores, y que no estaría dispuesta a pagar para afrontarlos. Por ejemplo, se dice que una subida de los carburantes fósiles como la gasolina o el gasoil no sería popular en este momento de inflación y que, por tanto, los gobiernos, que en otros sitios proponen ambiciosas transiciones, deciden subvencionarlos o reducir sus tributos. Pero lo único que reconocen es que piensan que la gente aún no está lo suficientemente concienciada y que no entenderían la medida, por lo que indirectamente están diciendo que no existe ningún consenso social real al respecto, a pesar de que en sus discursos lo presumen.

En cualquier caso, vamos a presuponer que esto es un fallo de comunicación de los gobiernos y vamos a suponer (sólo a efectos de argumentación, claro está) que se establece como necesaria la intervención y se procede a llevarla a cabo. Nuestro argumento será, en la línea de la teoría austríaca del intervencionismo, que sea o no necesaria una intervención estatal de estas características no sólo no podrá llevarse a cabo, sino que será contraproducente. Y todo ello por problemas de coordinación y cálculo económico.

 En primer lugar, una intervención de este tipo requerirá de coordinación de políticas energéticas y medioambientales a nivel global para alcanzar un mínimo de eficacia en la consecución de estos fines. Los fenómenos climáticos son globales y requieren de una coordinación a nivel mundial, o cuando menos de los principales emisores, para poder establecer unos umbrales mínimos. Dado que el orden internacional es anárquico y no existe ninguna entidad mundial con capacidad de obligar a su cumplimiento, este acuerdo sólo podrá darse de mutuo acuerdo y con la exclusión de la comunidad internacional, sea en el ámbito político, sea en el económico, de la nación incumplidora. Esto es, sólo se pueden usar las formas de sanción típicas de una sociedad anarquista.

Existen acuerdos internacionales en el que se reparten las cuotas de emisión y los objetivos a cumplir, pero el problema reside que en los muy frecuentes casos en que no se respeta lo pactado, como ocurre con China u otras potencias, nadie ejecuta las exclusiones o sanciones comerciales debidas. Por lo tanto, también podemos decir que no sólo se ignora por algunos países la sanción, sino que esta actitud es práctica general ente todas las naciones, y de ser así que la importancia real que estas potencias otorgan a la cuestión climática, más allá dela retórica, es muy poca. Casi nadie está dispuesta a perder mercados contantes y sonantes en nombre del clima, más allá de declaraciones retóricas y catastrofistas. Este comportamiento egoísta de las potencias involucradas mostraría para algunos autores la necesidad de una suerte de gobierno mundial dirigido por la ONU para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos. Raro es el tratado sobre gobernanza global que no ponga al calentamiento global, junto con las pandemias, como algunos de los problemas sociales que justifican la necesidad de tal forma de gobierno. Pero de momento, y esperemos que por mucho tiempo, tal gobierno global aún no existe y la implementación de las medidas encaminadas a mitigar el calentamiento global aún quedan al albur de los gobiernos estatales.

Pero esta fragmentación a la hora de poner en marcha medidas de transición energética contra el calentamiento global da lugar no sólo a una descoordinación espacial en las mismas, sino también a una temporal. Cada país cuenta con un mix energético propio, derivado de sus condiciones físicas o de su situación geográfica. Existen países como Islandia con gran capacidad geotérmica derivada del calor de sus volcanes, otros como Noruega con gran capacidad de generación hidráulica, otros ricos en viento o sol y otros ricos en petróleo o gas natural que cuentan con una gran capacidad de generación eléctrica derivada de estos hidrocarburos. Otros, como Francia, optaron en su momento por energías derivadas de la fisión del átomo y emiten, por consiguiente, muchos menos gases de efecto invernadero que sus vecinos.

Todo eso implica que la receptividad a las políticas de descarbonización va a ser muy diferente entre los distintos pueblos que habitan la tierra. Algunos estarán encantados de las políticas de transición, pues no sólo ya cumplen con los objetivos, sino que cuentan con energía “limpia” que exportar y con desarrollos tecnológicos adecuados a tal fin. Otros, en cambio, tendrán que optar de querer llevar a cabo la descarbonización por energías no sólo más caras, sino de las que no disponen en este momento. Todo ello sin contar que tendrían que prescindir de las plantas generadoras de electricidad de que disponen en este momento y sustituirlas por otras más “verdes” pero mucho más caras de instalar y alimentar de combustible. Para muchos implica también renunciar a combustibles como el carbón, el petróleo del que disponen en abundancia y a un precio razonable para sustituirlo por energías no sólo intermitentes sino caras e insuficientes.

Por si no fuera poco, adoptar estas nuevas energías les haría perder competitividad en los mercados mundiales y pondría en grave riesgo tanto a su industria como a las personas que en ella están empleadas.  Como es obvio, estos países no están dispuestos a llevar a cabo esta transición, o cuando menos a retrasarla ad calendas grecas, y así lo han manifestado los dirigentes de China, Indonesia, India o Pakistán, que se cuentan entre los mayores emisores del mundo. La consecuencia es que si los mayores emisores globales (no per cápita, sino de forma global) no colaboran todos los esfuerzos, que en los países más concienciados, que suelen ser los occidentales, no valen literalmente de nada, dado que como antes apuntamos lo que cuenta son las emisiones globales no las regionales y aquellas no han dejado de aumentar, eso si a un ritmo más lento, en los últimos años. También llama la atención que estos países menos colaboradores sean aquellos que según los informes científicos más se van a ver afectados por los cambios en el clima. Por algún motivo misterioso parece no preocuparles lo mismo que a los más desarrollados, el bienestar del planeta. El hecho es que o hay coordinación temporal entre las distintas naciones o la lucha por el clima no servirá de gran cosa, salvo para satisfacer la conciencia de los más preocupados a coste de arruinar la competitividad de su industria.

Aún quedan otros problemas de coordinación por anlizar pero quedarán para el año que viene.

Feliz Navidad a todos.

¿Está dando el gobierno español actual un golpe de Estado?

Según el Diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE la expresión “golpe de estado” tiene dos acepciones: Una primera equivale a la destitución repentina y sustitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder político.  Este concepto vendría a ser sinónimo de alzamiento, asonada, levantamiento, pronunciamiento, rebelión o sedición. Otra segunda conlleva el desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido.

Pues bien, aunque no puede aislarse este último episodio del proceso que se remonta al triunfo de la moción de censura que catapultó a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a la vista de esas definiciones habría que descartar la mera posibilidad de que el Tribunal Constitucional, o más concretamente los seis magistrados que no le gustan al ejecutivo, pudiera protagonizar un golpe de estado. Su simple enunciación debería mover a la risa.

Antes al contrario, los dos autos dictados hasta la fecha para confirmar unas medidas cautelarísimas son resoluciones posibles en el marco de un procedimiento de amparo, en este caso instado por diputados del Partido Popular que invocaron la vulneración de su derecho a acceder en condiciones de igualdad a sus cargos y funciones (art 23.3 CE). Se hallan previstos expresamente en el apartado 6 del artículo 56 de la LOTC[1] y, dentro de otras posibles, consisten en la suspensión de la tramitación parlamentaria de las enmiendas 61[2] y 62[3] presentadas por los grupos socialista y Podemos[4] con motivo del expediente legislativo iniciado – de forma muy probablemente irregular – con la proposición de Ley Orgánica para reformar diversos aspectos del Código Penal, incluida la dilución del delito de sedición en otro de desórdenes públicos con penas mucho más tenues. De esta forma se engrasa la gran coalición con los condenados por la intentona de septiembre y octubre de 2017.

Práctica inconstitucional

Por lo demás, desde que la STC 119/ 2011 de 5 de julio, declaró inconstitucional la práctica de presentar enmiendas sobre leyes que no tienen nada que ver materialmente con expedientes legislativos en marcha, otorgando el amparo a Juan José Laborda Martín y otros 61 senadores del grupo socialista de la Cámara Baja, no puede descalificarse la suspensión cautelar o incluso la ulterior anulación de una práctica que se burla del parlamentarismo y del derecho a participar en condiciones de igualdad en las deliberaciones de todos los asuntos que se someten a consideración de los diputados y senadores.

Más bien, quiénes ofrecen indicios más que vehementes de desplegar una tormenta de confusión y coacciones para copar el Poder Judicial o, en este caso, el Tribunal Constitucional[5] son los grupos parlamentarios que sostienen al ejecutivo actual. La velocidad supersónica con la que pretenden conseguir esos objetivos confirma los peores temores. El empleo de trucos que infringen abiertamente el proceso prelegislativo, momento en el que se precisa recabar informes a los sectores afectados o interesados, confirman que se pretende reducir las mayorías necesarias para realizar reformas constitucionales con invocaciones a la democracia, con la regla de la mitad más uno de los actuales legisladores como fuente legitimadora de cualquier decisión.

Una conducta continuada

Las reacciones frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional del propio jefe del ejecutivo, vilipendiando a los magistrados que le contradicen y arrogándose el papel de máximo intérprete de la Ley fundamental, permiten presagiar una durísima batalla política. Ante ella no cabe ser indiferente, desde luego. En este contexto, imputar al gobierno actual una conducta continuada de desmantelar las instituciones saltándose los cauces establecidos en la Constitución es ya una perogrullada.

Por último, es obvio que este afán autoritario le coloca en una posición equiparable a sus homólogos polaco y húngaro dentro de la Unión Europea y, por supuesto, a los gobiernos populista, caudillistas y neocomunistas iberoamericanos. En el ámbito europeo, con independencia de las iniciativas que se emprendan en el orden interno, los comisarios para Valores y Transparencia, Věra Jourová, y de Justicia, Didier Reynders deberán actuar sin dilaciones para evitar que la deriva autoritaria española junto a la de otros países comprometa el futuro de la misma Unión Europea.


[1] 6. “En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco días desde su notificación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno”

[2] Para reformar la LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial.

[3] Para reformar la LOTC, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

[4] https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-295-4.PDF

[5] De una desafiante osadía resulta la propuesta como magistrados del TC de dos personajes que han sido hasta hace dos días subordinados del presidente del gobierno.

El Gobierno contra el Estado

Cuando Thomas Jefferson redactó la Declaración de Derechos, las diez primeras enmiendas de la constitución estadounidense, su principal obsesión pasaba por evitar la tiranía. Entiéndase por este concepto la acumulación de poderes en una sola persona u organismo. Los reyes absolutos de la Europa moderna habían conseguido convertir sus reinos en lugares de prácticamente posesión única, precisamente por la eliminación del contrapoder que la Iglesia y los nobles ejercían durante la Edad Media. Una Ilustración basada en la separación de poderes, justo lo contrario hacia lo que derivó la Revolución Francesa, ha de buscar en todo momento la separación de poderes, no únicamente en favor de una única persona, sino de cualquier organismo estatal.

Aquí radica uno de los problemas más acuciantes del TC: sus resoluciones no son recurribles ante ninguna autoridad superior. No se trata de que el TC esté por encima del Tribunal Supremo, sino que su diferencia es competencial. Ahora bien, el TC puede sortear este problema afirmando que tal caso o resolución tiene “relevancia constitucional” y tendría plena capacidad de decidir sobre el asunto. Desde hace tiempo, una corriente cons-titucionalista propugna convertir el TC en una sala del TS, pero para ello haría falta reforma constitucional que ahora mismo se antoja imposible. Por cierto, Jefferson, en su inteligencia, hizo nombrar a los jueces del Tribunal Supremo de forma vitalicia con el fin de garantizar la independencia de sus decisiones. Aunque sean propuestos por el presidente en el momento de una vacante, han de ser confirmados por el Senado.

Involución

Pues bien, lo que hemos vivido en este mes ha sido una involución en contra de la separación de poderes. La constitución española de 1978, con sus escasas virtudes y sus numerosos defectos, cuenta con una serie de ventajas, sobre todo respecto a situaciones históricas pasadas. Una de ellas es la (precaria) separación de poderes. En este caso, se produce una anomalía propia de los países europeos: la creación de un tribunal de garantías constitucionales o, como se llama aquí, Tribunal Constitucional. Se trata de un organismo que no forma parte del poder judicial y nombrado por políticos y gente nombrada por políticos: cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el gobierno y dos por el CGPJ. Desde el pasado junio, cuatro de los magistrados que forman el tribunal tienen el mandato caducado, aunque, como bien señalada la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, esto no es óbice para que sigan dictando resoluciones. No les corresponde a ellos renovar sus puestos.

El ponente constitucional, intentando que la renovación del máximo garante de la constitución no se tornara en partidista (ya vemos dónde estamos ahora), impuso una mayoría de 3/5 en la renovación de los magistrados por parte de Congreso y Senado. Es verdad que ha habido honrosas excepciones, como UPyD y Ciudadanos, que siempre se negaron a participar en estos intercambios de cromos. Sin embargo, el bipartidismo PP-PSOE siempre ha estado encantando de repartirse estos puestos. En cuanto a los dos propuestos por el CGPJ, el problema radica en que dicho órgano tampoco se ha renovado, por lo que sus dos candidatos también están atascados. De los dos propuestos por el gobierno y su independencia directamente ni lo comentamos.

El pueblo español, origen de los poderes del Estado

Sin embargo, lo que estamos viendo especialmente en esta última semana por parte del gobierno es un ataque sin paliativos, y con argumentos realmente malos, hacia el TC. Para empezar, el TC no forma parte del poder judicial. Esto, más que una ventaja, supone una rémora. Los derechos fundamentales de los ciudadanos quedan al arbitrio de unos magistrados impuestos por los políticos. Recomiendo la lectura de los votos particulares de la sentencia de los ilegales estados de alarma de 2020 y 2021 para ver lo que vale un derecho escrito en una constitución. Además, el TC no se encuentra por encima de nadie. En lo más alto se encuentra el pueblo español, que tiene una constitución y un ordenamiento jurídico que, mientras no se cambien por el procedimiento legalmente establecido, siguen vigentes.

Lo que estamos escuchando esta semana es que el legislativo se encuentra por encima del TC, ya que se trata de un órgano “soberano” (sic) con capacidad de legislar en lo que tenga a bien. Veamos: el Congreso no se encuentra por encima de la constitución. Como hemos dicho, y así lo refleja el artículo 1, todos los poderes del Estado emanan del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional. Esto quiere decir que nadie, ningún organismo, ni tribunal, ni legislativo, se encuentra por encima del pueblo español, que, por medio de elecciones y los procedimientos legalmente establecidos, es quien tiene la potestad para cambiar el ordenamiento jurídico por el que nos regimos. Separación de poderes, no únicamente en sentido horizontal, sino también vertical.

Pero lo peor de todo es el trasvase de una retórica muy propia del proceso soberanista en Cataluña de 2017. Allí se nos decía, por cierto, con el entusiasmo descarado de no pocos liberales, que el parlamento regional habría de tener potestad para legislar sobre quién detenta la soberanía. Se nos decía que un legislativo autonómico podría situarse por encima del ordenamiento jurídico y aprobar normas que convertían de facto al presidente de la Generalidad en un dictador hasta que se dictara una nueva constitución, sin fecha para ello. El peligro de poner a Rufián, Junqueras o Anna Gabriel a redactar una constitución creo que queda fuera de toda duda.

La teoría de Carl Menger sobre la ganancia del empresario

Anteriormente, en una serie de artículos, he analizado las contradicciones internas de El Capital de Marx (1, 2, 3, 4) y he demostrado que la teoría de la explotación de Marx está llena de profundas contradicciones, lo que la hace insostenible. La teoría de Marx es tan poco sólida, que la mayor parte de la literatura postmarxista moderna rechaza la teoría de la ganancia de Marx; por ejemplo, Karl Polanyi en la Gran Transformación. Sin embargo, de un modo u otro, el carácter ilegítimo de la ganancia es uno de los temas de conversación más importantes en los círculos postmarxistas.

La cuestión clave es cuál es el origen de la ganancia de los empresarios, y hasta qué punto es una fuente legítima de ingresos en el sentido de que es una compensación por un servicio o trabajo, y hasta qué punto es fruto de la explotación basada en el poder y la situación ventajosa de los capitalistas.

No se trata solo de optar por una teoría económica sólida. Es una cuestión profundamente moral. La mayoría de nuestras decisiones políticas son consecuencia de nuestras emociones y de la particular visión moral de cada uno. Todo el mundo querría vivir en una sociedad justa y moralmente aprobable. Por eso es importante clarificar cuál es el origen de la ganancia y su legitimidad.

En los dos artículos siguientes, reconstruyo la teoría de la ganancia de Menger y analizo cuáles son las implicaciones sociales y políticas de la teoría de Menger. La primera parte analiza la teoría de la ganancia de Menger. La segunda entrega estudia sus implicaciones sociales y políticas.

Según Menger, los capitalistas son aquellas personas que no utilizan su propia riqueza como empresarios, sino los que prestan su propia riqueza a los empresarios. A cambio, el capitalista recibe el interés como compensación del capital prestado. La magnitud del interés depende del riesgo percibido y del descuento del tiempo temporal que depende de la esperada productividad del capital. Los capitalistas que invierten sus capitales en sus empresas o los empresarios que lanzan sus propias compañías esperan obtener beneficios.

Menger no desarrolló una teoría íntegra sobre los ingresos empresariales en los Principios de Economía.  Sin embargo, trató el papel de los empresarios y sus ingresos en dos secciones separadas del libro, sin conectarlas en una teoría unificada. Las dos fuentes que producen ingresos según Menger son las siguientes:

1) La compensación por el servicio del trabajo empresarial, tema analizado en la sección “Sobre el valor de las cantidades complementarias de los bienes de orden superior

2) La ganancia, que se trata en la sección “La formación del precio en el comercio monopolista”. 

Por lo que respecta a la primera fuente, la compensación por el servicio de trabajo técnico de un empresario incluye:

1) La obtención de información sobre la situación económica;

2) El cálculo económico;

3) El acto de la voluntad por el que se asignan los bienes órdenes superiores a una determinada producción;

4) La vigilancia para la ejecución más económica posible de los planes de producción.

Este servicio del trabajo empresarial es un factor necesario de la producción, por lo que es un bien económico y está determinado por el valor prospectivo del bien producido, como ocurre con todos los bienes económicos.

Esta parte de la teorización mengeriana sobre la función empresarial o managerial está bien recogida en la literatura económica que analiza la contribución de Menger a la iniciativa empresarial.

La segunda fuente de ingresos empresariales en el sistema teórico mengeriano es la ganancia. El concepto mengeriano de ganancia y su interconexión con el espíritu empresarial inventivo e innovador y con el monopolio, no se discute en la literatura que analiza la contribución de Menger a la ciencia económica (véase, por ejemplo, Knight 1950, Schumpeter 1954, Kirzner 1987). 

A pesar de que Menger no desarrolle una teoría completa, partiendo de mi lectura de Principios de Economía, planteo que Menger sí tenía una teoría sobre la ganancia y la iniciativa empresarial innovadora en estado embrionario, más allá del papel del empresario-manager. 

A continuación, reconstruiré la figura del empresario inventivo e innovador mengeriano y su teoría de la ganancia como resultante de la posición monopolista del empresario. Esta reconstrucción se basa en la discusión de Menger sobre la formación de los precios de monopolista, donde discute el fenómeno de la ganancia y la explotación.

Así, la ganancia es la consecuencia de la posición de monopolista del empresario. Menger propuso que hay dos posiciones posibles de monopolio:

1) Monopolio que excluye la competencia debido a la regulación o protección del Estado o de algún otro órgano de la sociedad. Este monopolio es permanente.

2) El monopolio en mercados libres debido a circunstancias especiales.

Menger añade que todavía existía en su época, alrededor de 1870, un tipo intermedio de monopolio, el de situación actual, que pervivía en pueblos lejanos. Este monopolio surge si en una localidad determinada solo hay una persona que pueda suministrar determinados bienes; por ejemplo, si en un pueblo sólo hay un médico. Así pues, puede surgir un monopolio de situación actual debido a la relativa pequeñez de un nicho de mercado concreto, sin que existan barreras sociales ni regulación.  También señaló que este tipo de monopolio de situación actual, que no está causado por la regulación social o estatal, era, por regla general, un fenómeno anterior y primitivo. La competencia lo había erradicado, salvo en algunas pequeñas aldeas lejanas.

Como señaló sucintamente, debido al complejo progreso de la civilización, el monopolista de la situación actual no puede cumplir con los crecientes requisitos de la sociedad para sus mercancías o servicio laboral. En esta situación, la necesidad de suministrar más bienes llama a la competencia, siempre que no haya barreras reguladoras o sociales en el camino. El proceso de aumento de la riqueza conduce a mercados competitivos en los que los productores o proveedores de servicios compiten entre sí por los consumidores.

Según Menger, en un mercado competitivo, un monopolio solo puede surgir por causas especiales. Menger enumeró tres causas especiales: la propiedad exclusiva de bienes, un talento especial o una circunstancia especial. Estas causas especiales crean una situación en la que un bien o servicio no podría ser proporcionado por otra persona.

El caso de la propiedad exclusiva y el talento especial son las causas fundamentales en la reconstrucción del empresario inventivo e innovador mengeriano. Por esta razón, a continuación, analizó estos casos.

En cuanto al monopolio de la propiedad exclusiva como circunstancia especial, la cuestión clave que abordó Menger fue el caso de que el capital ya es propiedad de personas ricas. El hecho consiguiente es que la escasez de la propiedad del capital limita la entrada de nuevos empresarios y, en consecuencia, permite posiciones monopolísticas a las personas ricas y a sus vástagos. Menger opinaba que la disponibilidad de crédito abre el espacio para que los agentes económicos con mentalidad empresarial accedan al capital. Esta idea se convirtió más tarde en la piedra angular de la teoría schumpeteriana del capitalismo. Schumpeter (1934) sostenía que el crédito creado por el sistema bancario de la nada permite a los empresarios dinámicos llevar a cabo sus ideas innovadoras y acceder a bienes de capital.

El segundo factor enumerado por Menger es el talento especial. Este factor es el que conduce a una nueva interpretación del pensamiento mengeriano sobre el espíritu empresarial. A mi entender, el talento especial es lo mismo que el talento para descubrir nuevos conocimientos, conexiones causales y leyes desconocidas hasta entonces. El descubrimiento de conexiones antes desconocidas y la ampliación del conocimiento es el concepto clave de Menger para explicar el avance de la civilización. Menger indicó claramente que era consciente de que siempre existen primeros descubridores, inventores o empresarios que gracias a sus inventos convierten bienes antes no conocidos en bienes económicos y este descubrimiento es la causa de una nueva fase de desarrollo.

Así pues, es lógico suponer que el talento especial es el antecesor del concepto schumpeteriano de invención e innovación empresarial, en una forma embrionaria. No obstante, Schumpeter no hizo referencia a que estaba ampliando las teorías de Menger sobre el espíritu empresarial (1954), aunque el sistema schumpeteriano del espíritu empresarial es muy similar a la teoría económica mengeriana (Tóth 2021).

En un mercado competitivo, en el que no existe ninguna barrera reguladora a la competencia, la ventaja de ser el primero en actuar de los empresarios inventivos e innovadores establece una posición similar a la que Menger describió como monopolio situación actual. Menger pensaba que la situación de monopolio real ha sido superada en gran medida por el progreso de la civilización y por el crecimiento de los mercados. Pero, de hecho, cualquier empresario establece un monopolio de situación actual si es el primero en introducir un bien o servicio nuevo, previamente desconocido, o si produce una versión superior de un producto o servicio previamente conocido de forma más eficiente. Esto es así, dado que el bien es un producto apetecido y los consumidores lo compran al precio fijado por el empresario innovador. En consecuencia, este empresario innovador disfruta de un monopolio temporal o actual y puede fijar un precio elevado mientras no haya otro empresario que copie la idea y entre al mercado. 

Hasta que no aparezca un competidor, el primer innovador tiene un monopolio actual y temporal por su innovación. Esto hace que el empresario pueda fijar un precio alto por el producto, lo que constituye la fuente de una ganancia inusualmente alta. Pero este alto precio es un llamamiento para que los demás copien la idea original e introduzcan en el mercado un producto similar ofreciendo un precio más competitivo, capten más consumidores y esperen una ganancia más alta de lo normal.

Por eso, en los mercados competitivos la ganancia inusualmente alta es un fenómeno temporal, ya que en cualquier momento otro empresario podría entrar en este nicho de mercado copiando el bien innovador original o presentando un bien aún mejor, siempre que exista una demanda de consumo suficientemente grande que permita recuperar el coste de lanzamiento y produzca una ganancia más elevada que la usual. En un mercado competitivo, los nuevos empresarios pueden entrar en el mercado y comercializar el bien en cuestión entre aquellos que no podían comprar el bien monopolizado debido a su precio más elevado y a su producción restringida. La consecuencia de la entrada de competidores es la competencia de los precios y el aumento del volumen de los bienes dados hasta que se satisfacen las necesidades de todos los posibles consumidores. Como consecuencia de la bajada de los precios, la ganancia también desciende al nivel usual. Fue Adam Smith quien teorizó sobre el nivel usual de la ganancia en un mercado competitivo. Según él, la ganancia tiene que ser más alta que el nivel del interés para compensar las molestias y el riesgo del empresario.

Según Menger, otra consecuencia de la competencia es que obliga a los empresarios a emprender una producción a gran escala para poder satisfacer la demanda. La competencia obliga a los empresarios a reducir el despilfarro, a eliminar cualquier ineficacia en el proceso de producción y a revolucionar constantemente los métodos de producción para que cada vez sean más rentables.

Un argumento explícito que falta en este análisis embrionario sobre el talento especial empresarial en un entorno competitivo es la posibilidad de introducir nuevos productos por parte de los empresarios. En este sentido, Menger hizo especial hincapié en la importancia del descubrimiento de nuevas conexiones causales. De ahí viene que las nuevas conexiones casuales se materializan como nuevos productos. En realidad, como podemos ver día a día, los empresarios buscan constantemente nuevos productos que puedan captar el interés de los consumidores, asegurándose para sí mismos una ganancia inusualmente alta. De esta manera, la competencia crea un ambiente institucional muy favorable para la invención de nuevos productos además de generar una mayor eficiencia. 

En resumen, partiendo de las ideas embrionarias de Menger, es posible construir una teoría integral del espíritu empresarial inventivo e innovador. Una persona con talento especial, un empresario, puede conseguir un monopolio temporal en un mercado si tiene una invención o una idea innovadora. La producción o prestación de servicios resultante le asegura una posición de pionero en este nicho de mercado. Mientras este único empresario sea el único proveedor del bien o servicio en cuestión, tendrá un monopolio actual o temporal en el mercado. El monopolio actual le permite fijar un precio elevado y obtener un beneficio inusualmente alto, por encima de los ingresos que normalmente esperaría como compensación por su papel empresarial y directivo en el proceso de aplicación de ideas innovadoras y el riesgo de invertir su capital en un proceso de producción.

Menger también argumentó que el precio elevado y la demanda insatisfecha de los consumidores, que son consecuencias de la posición de monopolio, abren la ventana para la entrada de una nueva tropa de empresarios que copien la idea original y proporcionen el mismo bien o servicio, o uno similar. Aunque las empresas establecidas tienen una posición ventajosa debido a su riqueza o capital acumuladas, los emprendedores pueden entrar en el mercado con la ayuda de los créditos disponible para financiar a un emprendedor audaz.

En el capitalismo moderno, los bancos son las instituciones que proporcionan crédito a los empresarios que carecen de capital propio, como una generación más tarde afirmó Schumpeter (1934). Entre los bancos también hay competitividad; así, quienes tienen un plan de negocio viable tiene más de una posibilidad de obtener un crédito suficiente para poder lanzar su negocio. Con la ayuda del crédito, las nuevas tropas de empresarios pueden plantear un desafío competitivo. La competencia resultante hace bajar los precios. La caída de los beneficios obliga a eliminar el despilfarro y a innovar en los métodos de producción para mantener los beneficios, y apremia nuevos invenciones e innovaciones para poder llegar a una posición monopolista y ganar una ganancia inusualmente alta.

Esta imagen embrionaria de la competencia es similar al concepto de competencia de Schumpeter. Schumpeter sostenía que la competencia no es solo competencia de precios, sino que implica innovación de productos, introducción de nuevas tecnologías, descubrimiento de nuevas fuentes de suministro, descubrimiento de nuevos mercados y creación de nuevos tipos de organizaciones industriales (Schumpeter, 1943).

La fuerza motriz de este proceso es la perspectiva de un beneficio inusualmente alto, lo que constituye la recompensa al talento especial por la invención y la innovación.

Desde Cantillon el riesgo y la incertidumbre era la mayor razón y justificación moral para explicar la ganancia de los empresarios. Sin embargo, Menger no acepta esta teoría porque no considera necesario invocar factores como el riesgo y la incertidumbre. En su discusión sobre la compensación por el trabajo técnico de los empresarios Menger explica muy claramente que pensaba que el riesgo es incidental, que es un fenómeno omnipresente que afecta a cualquier actividad económica humana. Lo importante para Menger es el talento especial y las cualidades humanas que hacen posible la puesta en práctica de la idea innovadora 

Una generación más tarde, Wieser, unos de los discípulos más importantes de Menger, opinaba que un empresario debe ser un individuo fuerte, con exceso de poder y vitalidad: tienen que poseer una mente lo suficientemente abierta como para resistir las presiones externas, es decir, la libertad de espíritu. Wieser también opinó que los empresarios no están motivados únicamente por el beneficio, sino también por la autorrealización que conforma el destino y el propósito de la vida humana (1914). Este punto de vista wieseriano fue desarrollado posteriormente por Schumpeter (1934), discípulo de Wieser, cuyas poéticas palabras sobre la figura del empresario superhéroe se convirtieron en el modelo estándar de los empresarios de éxito en la literatura empresarial.

Mientras que el monopolio actual de un talento especial es un monopolio temporal, el beneficio monopolista puede asegurarse de forma permanente o durante un periodo de tiempo determinado mediante la regulación proteccionista estatal o comunitaria, que limita o prohíbe la entrada de nuevas tropas empresarios a mercado. Así, una regulación proteccionista asegura un monopolio en un nicho de mercado para un empresario o un grupo de empresarios atreves de limitar la competencia.

Menger advirtió que es también habitual que un monopolista defienda su posición frente a la entrada de un nuevo competidor de forma beligerante. Pero, también es común encontrar, como él mismo describió, que una vez que un competidor está bien establecido, los empresarios intentan llegar a un común acuerdo para mantener una relación no competitiva dividiéndose el mercado para mantener un alto beneficio.

En estos casos – regulación proteccionista o acuerdos entre empresarios –, la inusualmente alta ganancia ya es una consecuencia de las restricciones a la competencia y no es una prima a la invención o la innovación. En cambio, los consumidores son explotados por el monopolista (o un círculo cerrado de monopolistas) porque pueden cobrar precios elevados sin tener que enfrentarse a la pérdida de consumidores debido a la existencia de un competidor, que está dispuesto a vender los mismos bienes a menor precio para desarrollar su propio negocio.

En la siguiente sección se analiza las implicaciones más amplias de las dos versiones de ganancia monopolísticas en los ámbitos social y político.

 

Bibliografía

Kirzner, I.M. (1978) ‘The entrepreneurial role in Menger’s system’, Atlantic Economic Journal, 6(3), pp. 31–45. Available at: https://doi.org/10.1007/BF02313307.

Knight, F. (1921) Risk, uncertainty, and profit. New York: August M. Kelley. New York: A. M. Kelley.

Menger, C. (1871) Principios De Economía Política. Available at: https://archive.org/details/carl-menger-principios-de-economia-politica.

Schumpeter, J. (1934) The Theory of Economic Development. 2008th edn. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.

Schumpeter, Joseph (1943) Capitalism, Socialism and Democracy. 1976th edn. London and New York: Routledge.

Schumpeter, Joseph (1954) History of Economic Analysis. 2006th edn. Routledge Taylor & Francis e-Library.

Tóth, A. (2021) ‘Los fundamentos mengerianos de la Escuela Austriaca de Economía y la Teoría Austriaca del Ciclo Económico: vínculos y controversias’, Procesos de Mercado, XVIII(1 Primavera), pp. 123–160. https://www.procesosdemercado.com/index.php/inicio/article/view/707/774

Wieser, Friedrich (1914) Social Economics. 1927th edn. New York: Adelphi.

Poder y destructividad en el político

El analista junguiano suizo Adolf Guggenbühl-Craig escribió en 1971 un libro titulado Macht als Gefahr beim Helfer en alemán, Power in the helping professions en inglés y Poder y destructividad en psicoterapia en español. El libro tiene como objetivo alertar a los psicoterapeutas, médicos, profesores, sacerdotes, trabajadores sociales y otras profesiones de ayuda, sobre el peligro de las dinámicas de poder que se desarrollan en el ejercicio de dichas profesiones y el riesgo que corren de tornarse destructivas para sus practicantes y clientes, alumnos, pacientes, etc.

Guggenbühl-Craig (1992) también invita al lector de su obra a volver sobre sí mismo y examinarse porque la destructividad del poder disfrazado de benevolencia es uno de los actos psíquicos más invisibles para el ser humano.

Político: ¿profesional de la ayuda?

Para hablar de poder y destructividad en el político, lo primero es determinar si dicha función puede considerarse una “profesión de ayuda”. La respuesta más congruente con el sistema social-democrático predominante sería simplemente: no. El político que logra ejercer sus funciones se encuentra en una dinámica oscura y corrupta en donde su prioridad es la supervivencia política por encima de cualquier cosa, tendiendo al expolio y el clientelismo. Algo que no ocurre con otros profesionales cuyo ejercicio no está inmerso en juegos de suma cero, recursos públicos y cargos democráticamente electos.

Sin embargo, por un lado, el político pareciera entenderse a sí mismo como servidor público, profesional de la ayuda y la asistencia social; de forma que busca activamente el poder político para gestionarlo correctamente, como el medico que busca atender un caso para aplicar el mejor tratamiento.

Por otro lado, existe, generalmente en potencia, un ejercicio político menos contaminado de las perversiones vigentes, cuya función sería ejercer el poder y la autoridad para mediar en conflictos, dirigir y facilitar la coordinación en unidades o entornos políticos pequeños que le han sido delegados, liderar instituciones y promover la cooperación entre agentes.

Independientemente de si el político encaja en la categoría de ”profesional de la ayuda” o sólo se percibe a sí mismo como tal, comparte características con las profesiones de la ayuda, en las que se cede o redistribuye temporalmente el poder y la responsabilidad y se transmite una sensación de voluntad y espacio seguro. De este artificio o encuadre puede surgir la curación o la destrucción. Por ello, los conflictos intrapsíquicos que expone Guggenbühl-Craig (1992) están vinculados al político y su ejercicio.

El inquisidor

El primer arquetipo que podemos apreciar es el del inquisidor, aquel juez que determina qué valores desviados y busca, generalmente por la fuerza, su ajuste social. En palabras de Guggenbühl-Craig (1992)

Ser conscientes del carácter discutible de nuestros valores debería hacernos cautos sobre el obligar a los demás a adoptarlos (…) he notado una y otra vez que cuando algo debe ser impuesto por la fuerza, los motivos conscientes e inconscientes de las personas implicadas ofrecer muchos rostros. (p. 16).

Adolf Guggenbühl-Craig

La imposición de valores por la fuerza no solamente demuestra la naturaleza autoritaria de quien los impone, sino su parcialidad psíquica al hacerlo, por lo que su mayor enemigo no es quien los incumple, sino quien los cuestiona.

Los que cultivan alguna profesión de ayuda social, estos que dicen trabajar “para ayudar a la humanidad”, tienen motivos psicológicos altamente ambiguos (p. 17), por lo que deben lidiar constantemente con la contradicción interna, que en el caso del político se hace más intensa y difícil de soportar porque la expectativa social y el grosor de la máscara que llevan es mayor que la del resto de la gente.

Ejercicio del poder “basado en evidencias”

Por lo general, cuando las personas se sirven de su crueldad y están excesivamente motivados por el impulso de poder, suelen presentar sentimientos de culpabilidad, que pueden atenuar apelando a que lo hacen por el bien y la justicia (p. 18). Sin embargo, si se emplea en exceso este recurso, se alimenta una sombra[1] monstruosa de poder que finalmente les traiciona, haciéndoles tomar decisiones sumamente cuestionables, incluso desde los valores propios que defienden.  

Se podría objetar que los políticos de hoy no son como los de antes; los de hoy actúan ”basándose en la evidencia”. Algunos dirán que no nos imponen un determinado estilo de vida por arbitrariedad o por creencias personales; nos lo imponen porque la ciencia lo ha demostrado, pues se sabe objetivamente lo que es bueno y malo para el hombre. Pero si no nos dejamos engañar, nos daremos cuenta de que el conocimiento técnico sólo refina el problema del poder, pero de ninguna manera lo elimina (p. 22).

Charlatán y falso profeta

El segundo y tercer arquetipo que aparece con frecuencia es el del charlatán y falso profeta (p. 26-31). Ambos aparecen en la medicina cuando el médico sucumbe a las exigencias de su paciente y promete, engañándose a sí mismo y al paciente, una curación irreal. El inconveniente de esta dinámica en la política no son sólo los engaños y las utopías del discurso, ni la omnipotencia y el poder que se graban en el político; el problema es que se desencadena una dinámica destructiva en la que el político sobredimensiona el problema, pintándolo como más grave de lo que realmente es, para luego proponer soluciones mesiánicas y, finalmente, tras su revelarse su incompetencia, culpar a la población de su fracaso.

Un ejemplo claro de la charlatanería política se gestó a partir de que el feminismo hegemónico teorizara sobre el patriarcado definiéndolo con una imprecisión y amplitud poco operativas (u operacionalizables). Así, la academia y posteriormente la opinión pública empezaron a exigir el fin del patriarcado por medios políticos (regulaciones y políticas redistributivas). Esta tarea imposible por naturaleza[2], despierta a los charlatanes y falsos profetas que inician sus campañas y enfatizan en el problema como no habían hecho antes, haciéndolo parecer más grave que nunca y aclarando que la solución puede únicamente venir de la mano del Estado que cambiará los planes de estudio, el lenguaje, las leyes, los salarios y todo lo que esté a su alcance. Pero dicha lucha ha sido y seguirá siendo en vano, las medidas políticas aplicadas han sido inefectivas o contraproducente. A los políticos no les ha quedado más remedios que culpar a los jueces, al capitalismo, la oposición o cualquier chivo expiatorio que puedan construir.

Apaciguar las expectativas

El profesional sincero debe apaciguar las expectativas y fantasías de sus pacientes o clientes para evitar la charlatanería. No obstante, esta resolución positiva del conflicto está completamente desincentivada en la política estatal. Los falsos profetas abundan y cuando no hay exigencia sobre ellos, se encargan de construirlas. Esto se debe a que el político le conviene intentar curar falsas enfermedades sociales porque se beneficia del conflicto, la controversia y la división social, de ellas extrae más renta y entre ellas esconde mejor el delito.

El cuarto arquetipo que se manifiesta es el resultado de una escisión, nos referimos al gobernante– súbdito (médico-paciente). Debido a que nos cuesta soportar la tensión de las polaridades, preferimos erradicar las ambivalencias y hacer una división clara de las roles y responsabilidades (p. 87), esto muchas veces puede sernos parcialmente útil, por ejemplo, cuando entramos a un hospital como pacientes nos entregamos psíquicamente al rol de enfermos, hacemos todo lo que los médicos nos digan y esperamos que por mano de ellos venga la cura. Sin embargo, los profesionales de la ayuda deben poder eventualmente ´´pasarle la pelota´´ al paciente para que éste pueda hacerse cargo de su malestar.

En el caso de la política, la escisión se perpetúa cuando los gobernantes son responsables de los servicios públicos, las pensiones, la calidad de los productos y una multiplicidad de aspectos de la vida en sociedad que la ciudadanía les delega con el fin de poder desatenderlos o despreocuparse. El súbdito obediente no tiene ya ninguna responsabilidad sobre su propio bienestar, no debe preocuparse entonces por cosas como la calidad de los títulos universitarios, porque el ministerio los ha reconocido como títulos oficiales, o por los ingresos para subsistir durante su vejez, porque el Estado le “garantizará una pensión justa”.  

Con excesiva frecuencia la escisión alcanza un nivel tan extremo que el gobernante le prohíbe al súbdito responsabilizarse de las cosas que le ha delegado, penalizando el ahorro, la inversión, la gestión independiente de servicios sociales o las soluciones de mercado a los problemas sociales.

Por último, ceder el poder es condición necesaria, más no suficiente, para la destructividad. Los políticos niegan continuamente que tienen poder con frases como “el Estado somos todos”, un engaño perverso porque si todos fuéramos la mafia, la mafia no existiera. La negación del poder es correlativa con su destructividad, por ello es tan perjudicial la ilusión de que el Estado no tiene el poder. De igual forma, tampoco resulta sensato creer que acabando con el Estado acabaremos con el poder y la política. Acabando con el Estado, en el mejor de los casos, acabaremos con una forma perversa, violenta, engañosa y destructiva de ejercer el poder.

En conclusión, en el mundo actual no existe el buen político porque el buen político, como el buen profesional de la ayuda, será aquel que reconociendo su poder temporal, atienda el conflicto, malestar o desviación por el cual fue convocado y busque activamente hacerse innecesario y devolver el poder.

Bibliografía: Guggenbühl-Craig, A. (1992) Poder y destructividad en la psicoterapia. Monte Avila Editores. Caracas, Venezuela.


[1] Aspectos ocultos o inconscientes, positivos o negativos que el ego ha reprimido o nunca reconocido.

[2] Siendo el patriarcado la violencia, los celos, la propiedad, el cortejo, la jerarquía y hasta el cambio climático, acabar con él es tarea imposible, porque nunca sabríamos cuando lo hemos derrotado o porque derrotarlo significaría acabar con la humanidad.

La libertad desordenada de Argentina

Marcos Falcone. Este artículo fue publicado originalmente en Law & Liberty.

Argentina es famosa por sus calamidades económicas, pero desde hace décadas también está inmersa en otro tipo de crisis: la jurídica. De hecho, la relación entre la mayoría de los argentinos y la ley es tan conflictiva que políticos y periodistas citan regularmente el desprecio por el Estado de Derecho como causa del retraso económico. Si la gente se limitara a cumplir las normas, prosperaría. Todo el mundo pagaría los impuestos que le correspondieran y el Estado tendría dinero suficiente para prestar servicios básicos y ayudar a los pobres.

Jorge Luis Borges

En la cultura popular, la anarquía se presenta como una de las principales características de la sociedad argentina. Quizá el símbolo más importante de ello sea el poema más famoso del país, Martín Fierro (1872), que narra la historia de un gaucho que es llamado a filas, deserta del ejército y se convierte en un forajido perseguido por la policía. Pero décadas más tarde, Jorge Luis Borges, quizá el escritor argentino más importante del siglo XX, seguiría escribiéndolo:

El argentino, a diferencia de los estadounidenses y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Esto puede atribuirse a la circunstancia de que los gobiernos en este país tienden a ser horribles, o al hecho general de que el Estado es una abstracción inconcebible. Pero una cosa es cierta: un argentino es un individuo, no un ciudadano. (“Nuestro pobre individualismo”, 1946).

Jorge Luis Borges

Hoy en día, la principal fuente académica para cualquiera que discuta la ilegalidad en Argentina, y en particular la teoría de que causa atraso económico, es el libro Un país al margen de la ley, escrito por el filósofo del derecho Carlos Nino. En el documento, Nino acuña el concepto de anomia boba para explicar la “tendencia a la ilegalidad” del país. Su argumento principal es que los argentinos se niegan a seguir determinadas normas en la vida cotidiana porque creen que les irá mejor si las desafían, con el resultado de que al final todo el mundo está peor de lo que habría estado si se hubieran seguido las normas. Según Nino, lo problemático es la actitud hacia la ley, más que la ley en sí. Y como el estado de anomia resultante es una tontería, concluye que hay que cambiarlo. Pero, ¿y si hay algo que falla en esa ecuación?

El respeto a la ley

En términos de cooperación social, el cumplimiento de las normas puede conducir a mejores resultados económicos para la mayoría de la gente, pero lo contrario también podría ser cierto. De hecho, si cumplir la ley hace que la mayoría esté peor de lo que habría estado si la hubiera incumplido, entonces es razonable esperar que la gente no la respete. Y es en este punto donde surge una hipótesis alternativa para explicar el aparente desprecio de los argentinos por las normas: ¿Y si hay algo en la ley que dificulta el progreso individual y, por tanto, incentiva a la gente a no respetarla? ¿Y si una actitud relajada hacia la ley, lejos de condenar a la sociedad al atraso, es en realidad una estrategia de supervivencia argentina? ¿Y si la solución a ese problema es cambiar el contenido de las leyes y no la actitud de la gente hacia ellas?

Para explicar la evolución del derecho argentino, es útil examinar los cambios constitucionales, y en particular los que se introdujeron en la Constitución de 1853, que sigue vigente en la actualidad. Juan B. Alberdi, que fue el que más influyó en el momento de su redacción, siguió deliberadamente el modelo establecido por los Padres Fundadores norteamericanos para establecer el tipo de Estado de Derecho que necesitaría una sociedad clásicamente liberal. Argentina declaró, en el siglo XIX, que cualquier persona del mundo que deseara hacer negocios en el país podría hacerlo; que desaparecerían las barreras burocráticas internas al libre comercio; que el gobierno no concedería privilegios a nadie; y que la propiedad privada era un derecho inviolable. Como diría Isaiah Berlin, el documento consideraba la libertad de forma negativa. El papel del Estado consistía simplemente en establecer normas para que los individuos actuaran y prosperaran.

Cambios en la Constitución

Sin embargo, desde su creación, la Constitución argentina ha sufrido varios cambios que han modificado su espíritu. En muchos casos a lo largo del siglo XX, los nuevos artículos incorporados a la Constitución argentina han reconocido “derechos” sociales y colectivos, cuya aplicación depende de una mayor intervención del gobierno. La reforma de 1949, por ejemplo, instituyó un “uso social” de la propiedad que allanaba directamente el camino para que el Estado violara los derechos de propiedad. Ese cambio, aunque revocado posteriormente, serviría de base para el artículo 14 bis de la Constitución, que se añadió en 1957 y sigue vigente. Este artículo, entre otras cosas, garantiza la existencia de un salario mínimo, establece salarios “justos” para los trabajadores, exige que obtengan una parte de las plusvalías que existan y prohíbe de hecho que el Estado despida a los empleados públicos.

Otras reformas consolidaron el espíritu cada vez más intervencionista de la Constitución. La Convención de 1994, por ejemplo, añadió el concepto de “derechos medioambientales” de un modo que implica la intervención proactiva del gobierno. Este y otros “derechos” de tercera y cuarta generación, en particular los que exigen una acción afirmativa para diversos grupos con el fin de garantizar la “verdadera” aplicación de otros derechos constitucionales, demuestran que el concepto de libertad incorporado en el documento ya no es negativo, sino que se ha convertido en positivo: El Estado debe intervenir activamente para obtener resultados concretos.

El auge del intervencionismo

Como era de esperar, la legislación argentina se ha vuelto cada vez más intervencionista. El Congreso ha nacionalizado en varias ocasiones empresas privadas y fondos de pensiones, y ha establecido y aumentado docenas de impuestos diferentes, con el resultado de que los tipos impositivos totales efectivos superan el 100%. Pero la burocracia también ha aumentado de forma tan espectacular que cumplir la legislación cuesta a las pequeñas y medianas empresas un 500% más de tiempo que a sus homólogas de países vecinos como Brasil.

Y aunque la evolución del rigor burocrático es difícil de medir a lo largo del tiempo, los datos disponibles de las últimas décadas sugieren que la situación ha empeorado: Según el Ranking de Libertad Económica del Instituto Fraser, Argentina ocupaba el puesto 36 en 1970, pero hoy ocupa el 151 de 165 países en términos de regulación, lo que significa que se ha vuelto cada vez más burocrática. No es de extrañar, pues, que el empleo informal represente ya hasta el 45% de la mano de obra total. La “tendencia a la ilegalidad” que Nino identificó en la sociedad argentina parece estar provocada por el propio Estado.

No es anarquía

La anarquía no es una característica aleatoria de la sociedad argentina. El problema normativo de la economía argentina no es la anarquía en absoluto, sino el exceso de regulación por parte del Estado. Lo que se necesita no es una mejor aplicación de la ley o la creación de nuevas leyes, como sugiere Nino, sino menos y mejor legislación, que permita a la gente cumplirla sin hundir sus negocios.

Sin embargo, el caos que resulta de reaccionar ante un exceso de regulación va más allá de la economía. En 2020, por ejemplo, durante la pandemia de Covid-19, Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo, y el gobierno impuso medidas tan estrictas que la gente empezó a desobedecerlas masivamente. Las empresas se esforzaban por sobrevivir, por supuesto, pero los ciudadanos de a pie también intentaban ejercer derechos humanos fundamentales como la posibilidad de salir de casa sin permiso o reunirse con quien quisieran. Al hacer imposible que la gente disfrutara de libertades básicas, el gobierno argentino obligaba a todo el mundo a desobedecer. Las leyes existían, pero eran absurdas, lo que en la práctica significaba que imperaba un orden espontáneo.

Al final, el problema de la legislación argentina parece ser que se ha extraviado. En lugar de permitir a los ciudadanos respetuosos de la ley hacer negocios como mejor les parezca, se ha convertido en una mezcla de regulaciones asfixiantes y legislación basada en resultados que obliga a la gente a permanecer fuera de sus límites para poder sobrevivir. En este sentido, Borges, que intuyó que algo iba mal hace casi un siglo, expresó con claridad no sólo el origen de este problema, sino también el mecanismo de supervivencia que la sociedad argentina sigue adoptando décadas después:

El problema más urgente de nuestro tiempo… es la progresiva injerencia del Estado en los actos del individuo. En la lucha contra este mal… el individualismo argentino, aunque tal vez inútil o perjudicial hasta ahora, encontrará su justificación y sus deberes. (‘Nuestro pobre individualismo’, 1946.)

Jorge Luis Borges

Europa le da la espalda al libre comercio

Robert Tyler. Este artículo fue publicado originalmente en CapX.

El libre comercio fue en su día el centro del proyecto europeo. De hecho, el Reino Unido, Dinamarca y muchas otras naciones del norte de Europa se unieron a la Comunidad Europea por esa misma razón. La visión de un bloque comercial unido más fuerte y abierto al mundo gozaba de gran aceptación. Sin embargo, los economistas liberales y los euroescépticos políticos llevan mucho tiempo dudando de los verdaderos motivos de la UE a la hora de promover el libre comercio, y la semana pasada por fin se les cayó la máscara.

En un discurso pronunciado en el Colegio de Europa de Brujas, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, esbozó lo que algunos han denominado su enfoque del comercio “Europa primero”. Al tiempo que criticaba a Estados Unidos por su generoso programa de subvenciones ecológicas, que concederá a las familias y empresas estadounidenses dinero para invertir en tecnologías limpias emergentes, afirmó que Europa tendría que replantearse su relación comercial con Estados Unidos.

Proteccionismo para la élite burocrática

En su discurso a los estudiantes de la escuela de élite para eurócratas, Von der Leyen dijo:

La nueva política industrial asertiva de nuestros competidores requiere una respuesta estructural. Nuestros marcos de ayudas estatales existen para preservar nuestro precioso mercado único. Pero si las inversiones en sectores estratégicos se escapan de Europa, esto no haría sino socavar el Mercado Único. Por eso estamos reflexionando sobre cómo simplificar y adaptar nuestras normas sobre ayudas estatales.

Ursula von der Leyen

En efecto, el Presidente de la Comisión ha dado a entender que la UE va a dar la espalda al libre comercio y ha inaugurado una nueva era de aranceles elevados y subvenciones estatales. Si la Unión Europea quiere competir, debe actuar como sus competidores. Hace tiempo que en Bruselas se opina que, en la era de las empresas estatales chinas y el proteccionismo estadounidense, es hora de que la UE actúe con más dureza frente a terceros países.

Todo ello tras un reciente enfrentamiento con el Reino Unido por el reconocimiento mutuo de normas. En lugar de aceptar que el Reino Unido es capaz de crear por sí mismo normas fiables, la Comisión exigió la adopción de las mismas.

Esto coincide con la visión de muchos en Bruselas de convertir a la Unión Europea en una “superpotencia reguladora”. A los críticos de esta propuesta se les acusa de poner en peligro a los ciudadanos europeos, pero la realidad es que la idea de ser una “superpotencia reguladora” es una defensa preventiva de nuevas medidas proteccionistas. Lo que los defensores de la UE como “superpotencia reguladora” suponen ingenuamente es que todas las demás normas y reglamentos no establecidos por la Unión Europea son automáticamente inferiores, como si Japón, Canadá o Nueva Zelanda fueran naciones especialmente inseguras.

El libre mercado tras el Brexit

El ataque de Von der Leyen a EE.UU. y la aparición de una política comercial de “Europa primero” no ha tenido una acogida universal en Bruselas. La Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, eurodiputada por Malta, contraatacó con la idea de una guerra comercial con Estados Unidos. “¿Estamos entrando en una guerra de subvenciones? Yo sería muy prudente al respecto, pero me entra miedo cuando veo un aumento de los ángulos proteccionistas…”, dijo en una cena con Politico.

Sin embargo, las voces a favor de un verdadero libre comercio en Bruselas están disminuyendo rápidamente. Desde la salida del Reino Unido, el debate sobre ambiciosos acuerdos de libre comercio y la reducción de la regulación ha quedado relegado a un segundo plano. Incluso el tradicionalmente liberal “Grupo Renovador” del Parlamento Europeo se ha visto invadido por voces proteccionistas, con el propio partido del presidente francés Macron a la cabeza. El libre comercio liberal y las políticas económicas han caído en desgracia, y es difícil ver un camino de vuelta.

El retorno del populismo en América Latina

Con la celebración de las últimas elecciones generales en Brasil (octubre, 2022) se completa un cambio de ciclo en Sudamérica, y se concreta una estructura política basada en el populismo de izquierda latinoamericana que se ha constituido a lo largo de tres décadas, aunque no únicamente, en la mayor amenaza para las instituciones democráticas y para la libertad de los individuos. Esto es, para el reconocimiento de sus derechos y la promoción de las garantías constitucionales.

No obstante, el giro brasileño no es un caso aislado sobre una realidad que implica un cambio hacia la radicalidad política situada a la izquierda en la región. El análisis no solo se sustenta en el estudio de un liderazgo excesivo ni en el reconocimiento del caudillismo que caracteriza los populismos como uno de sus elementos reconocibles, sino también en lo que corresponde a la ejecución de medidas ofrecidas como cambios necesarios y, hasta cierto punto, ineludibles, para satisfacer las carencias que la sociedad de pertenencia continúa arrastrando desde hace décadas.

Estas medidas contravienen el desarrollo previo de la estructura institucional e, incluso, la democracia como sistema político vigente y que se justifican en una mala o insuficiente gestión pública de los gobiernos previos. Esto es, promesas incumplidas e insatisfacciones de orden político, social o económico. Así lo ha demostrado el presidente chileno, Gabriel Boric, al promover desde su Gobierno, y antes como activista, una nueva Constitución que sea el instrumento capaz de resolver los problemas que la sociedad chilena no ha podido superar desde su transición al modelo democrático a principios de los años noventa.

Por otro lado, cabe destacar otro elemento que corresponde a la cercanía de algunos presidentes al modelo autoritario cubano y, en algunos casos, a los dictadores de Venezuela y Nicaragua. Las simpatías, más bien, se basan en una estrategia de asimilación ideológica que desenmascara el fondo de un liderazgo demagógico e ineficiente, como fue el caso del expresidente peruano, Pedro Castillo, o el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien ejecuta la misma hermenéutica autoritaria que su antecesor y actual líder de su partido, Evo Morales, y promueve un modelo político radicalizado muy próximo a las estructuras hegemónicas de Nicaragua o Venezuela, a través de la violencia, la usurpación de las instituciones públicas y la persecución política de la oposición.

Cierto es que las deficiencias institucionales que hoy presentan estos países constituyen uno de los principales problemas a la hora de salvaguardar el tejido de garantías, derechos y libertades de los individuos, generan un mayor desgaste de las instituciones públicas –entendidas éstas como las reglas de juego a las que se someten los ciudadanos y el poder público– y el advenimiento de lógicas autoritarias basadas en una serie de elementos que están vigentes en el imaginario colectivo en diferente graduación dependiendo del caso: indigenismo, colectivismo, justicia social, democracia asamblearia, anti política, entre otros. Todas ellas ideas que emanan de una intención para trascender el fracaso soviético hacia tendencias políticas neo-marxistas, que hoy se evidencian en esta región de América Latina.

El populismo entendido como un proceso político de deterioro institucional, cuyos elementos se diferencian dependiendo de la experiencia y el país, tiene sus rasgos más característicos que ponen a la luz no solo un proceso político antidemocrático, sino su trascendencia a la hora de implantar una ideología radical nacida, para el caso que nos ocupa, desde el entorno de la izquierda que ahora gobierna en gran parte de los países de Sudamérica. No obstante, es importante establecer que cada país presenta sus características particulares y la experiencia política y social difiere en mayor o menor medida de uno y otro, pero en la región –la que tiene los peores índices de desigualdad– las causas de la continuidad de este fenómeno son comunes con notables excepciones y en gran medida reflejan una realidad compartida: la escasa implantación institucional y de la democracia, la debilidad de los sistemas de partidos, la exclusión social, el desempleo, los elevados niveles de pobreza, la desigualdad, la violencia social y los sucesivos casos de corrupción son elementos que generan un terreno fértil para el retorno de esta práctica política.

Cabe destacar un marco conceptual de la definición misma del populismo, sobre la base de sus rasgos más característicos, para analizar la deriva democrática y la vulneración institucional en estos países: caudillismo, enaltecimiento del pueblo, división social irreconciliable, crítica radical de la democracia representativa, tendencia hegemónica y autoritaria. Aunque cada uno de estos elementos pueden articularse en un determinado proyecto político o circunstancia, al margen del uso exclusivo del término populismo, no se debe obviar que la izquierda latinoamericana no ha modificado sus esquemas tendientes a capturar constantemente los marcos del debate actual, a costa de una ‘derecha’ política adormecida y sin un programa sólido hacia las clases sociales más vulnerables y hacia una clase media ambivalente y fuertemente influida por la crisis económica y las consecuencias de la pandemia del Covid19.

Por un lado, el ‘carácter antipolítico’ de la propuesta y la organización de la cosa pública en términos de discurso, objetivos y ejecución, y por otro, la insatisfacción de demandas de grupos sociales que se radicalizan bajo un discurso de enfrentamiento y antagonismo entre formas de organización irreconciliables en el ideario radical de quienes proponen una fractura en la sociedad y promueven una tendencia hacia el cambio total de las bases social, política y económica preexistentes, amparados en mensajes que soportan el enfrentamiento y la emotividad en un contexto de inestabilidad, convulsión y crisis, como experimentamos actualmente.

Este cambio hacia la izquierda en la región se debe también a un agotamiento de la sociedad en relación con la pandemia del Covid19 y sus consecuencias en el plano social y económico. La desafección de la gente hacia la política y la crisis del sistema evidenciado en muchos países de la región se agudizaron, lo que produjo un terreno fértil para la aparición y posterior conquista de líderes políticos populistas de viejo cuño, como Lula Da Silva o Luis Arce, y desde el anti-establishment, con Gustavo Petro o Gabriel Boric. Quedará esperar la evolución de los acontecimientos y la economía, que será fundamental para la propuesta política los próximos años y la generación de un proyecto político desde el plano democrático-liberal con un programa a largo plazo. En el plano político, la batalla cultural permanente y de cara a la ciudadanía es ineludible.

La desinformación es también un problema económico

Como sabemos, el hombre es incapaz de satisfacer por sí mismo todas sus necesidades, por lo que debe recurrir a otros hombres para obtener las cosas o servicios que le faltan, a cambio de otras cosas o servicios que él pueda ofrecer. Así, la reiteración de actos de intercambio individuales va generando, poco a poco, el mercado, a medida que progresa la división del trabajo dentro de una sociedad basada en la propiedad privada, de forma que el intercambio sólo se llevará a cabo si cada uno de los contratantes valora en más lo que recibe que lo que entrega.

Con la aparición del intercambio indirecto, y la ampliación del mismo gracias al uso del dinero, en todo intercambio se pueden distinguir dos operaciones: una compra y una venta, y se precisan los tipos o razones de intercambio, que todo el mundo expresa mediante los precios monetarios, que, en definitiva, no hacen sino fijar, entre márgenes muy estrechos, las valoraciones del comprador marginal, y las del ofertante marginal que se abstiene de vender, y, de otro, las valoraciones del vendedor marginal y las del potencial comprador marginal que se abstiene de comprar. De ahí la trascendencia de los precios en las economías capitalistas y de mercado, ya que los mismos facilitan una información esencial para ordenar la producción, de forma que se atiendan de la mejor manera posible los deseos de los consumidores que concurren al mismo.

De esta manera, el precio de mercado tiende a igualar la oferta con la demanda, de forma que cualquier alteración de los precios más allá del tipo a que se igualan oferta y demanda –en un mercado no adulterado- se autocompensa. Así, los precios ordenan la producción a través de los procesos que mejor permitan atender a los deseos de los consumidores en el seno del mercado, determinando qué factores han de ser explotados y cuáles deben permanecer inutilizados. No estamos solos y los unos, querámoslo o no, influimos en los otros.

Precisamente por todo lo anterior son muchos los autores que consideran el mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos en el sentido de Pareto, es decir, el mecanismo con el que mejor se logran situaciones económicas en las que no existe forma de mejorar el bienestar de un grupo de personas sin empeorar el de ningún otro.

Pero las cosas no son tan bonitas como parecen. Los sujetos que intervienen en el mercado pueden actuar de mala fe y con la sola finalidad de perjudicar a otros -sin para ello contravenir necesariamente las leyes-, o se pueden, simplemente, equivocar, en el sentido de realizar acciones de las que, con el tiempo y más información, se arrepientan. Y sus equivocaciones afectan al resto, no ya porque puedan alterar los precios e incluso tener un efecto de arrastre perturbador (las burbujas especulativas son sólo un ejemplo), sino porque pueden suponer unas acciones y un consumo -o una inversión- que genere unas consecuencias difícilmente corregibles o que alteren de manera sustancial el stock de recursos disponibles, condicionando el futuro.

Uno de los actores fundamentales, el Estado -liderados por políticos y burócratas con su propia agenda-, es un experto en alterar el mercado, influir en el sistema de precios y colocarlo en un nivel distinto de aquel en el que un mercado no intervenido hubiera señalado -ya sea fijando los precios directamente, ya sea mediante iniciativas económicas específicas o regulaciones legales-. De ese modo, el equilibrio de la oferta y la demanda queda evidentemente perturbado, y se produce una situación en la que existen compradores potenciales que, no obstante hallarse dispuestos a abonar el precio fijado por la autoridad o incluso superior, no pueden comprar (supuesto en el que se fijan precios máximos). O una en la que existen vendedores potenciales que, a pesar de hallarse dispuestos a hacerlo al precio fijado por la autoridad o incluso a otro más bajo, no pueden vender (cuando se han fijado precios mínimos). Todo ello afecta, en definitiva, a la situación de las personas, a la asignación de recursos y al stock de los mismos disponible.

Pero la intervención directa sobre las acciones humanas, la economía y los intercambios no es la única manera a través de la cual se le puede doblar el brazo de la gente. Decíamos más arriba que las acciones y el libre intercambio depende de las valoraciones subjetivas de los agentes, con lo que otra forma de intervenir es influyendo activa y voluntariamente sobre esas valoraciones con la suficiente sutilidad como para que los afectados no sean conscientes, consiguiendo alterar, con ello y a través de esa gente manipulada, sus acciones y las consecuencias sobre la sociedad. Algunos dirán que con este mecanismo -la manipulación a través de la desinformación- no se está coartando ninguna libertad al no existir violencia, y quizás tengan un punto de razón dependiendo de cómo se definan los términos; dirán también algunos que la culpa no es tanto del manipulador, como del manipulado por dejarse, y quizás sea también verdad; pero eso no hace que el dolor, al ver después el problema generado, vaya a ser menor. Por eso la batalla de las ideas es tan importante; “ideas” en el sentido más amplio. Y es una responsabilidad de cada uno darla, aunque sólo sea para que no te manipulen y te lleven a hacer lo que en el fondo no hubieras querido, porque intentarlo lo van a intentar, y no sólo en lo económico. Por eso es tan importante la libertad de expresión, aunque haya afirmaciones puedan doler; nos jugamos mucho.

La economía nacionalsocialista y el supuesto milagro alemán

El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se hace con el poder total en Alemania. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania había quedado devastada económicamente. Las duras condiciones impuestas por los aliados en el Tratado de Versalles y la posterior crisis provocada por el crac de 1929 en la bolsa estadounidense dejaron a una Alemania con 6 millones de parados en 1932, y con una tasa de desempleo del 43,8%. En 1933 Alemania no tenía ejército, las imposiciones de los aliados tras la Gran Guerra únicamente permitían a Alemania tener 100.000 soldados, y no podían contar con marina de guerra ni aviación. Por si fuera poco, Alemania estaba enormemente endeudada, ya que tenía que pagar las reparaciones de guerra a los aliados, pero el régimen nacionalsocialista paralizó el pago de estas reparaciones.

El primer objetivo de Hitler será rearmar Alemania, pero como dijo Napoleón, para hacer la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Por aquel entonces, el dinero es lo que más escaseaba en Alemania. Pero para hacer la guerra también era necesario acero, hierro, carbón, petróleo, caucho, productos químicos, ingenieros… Alemania disponía de muchos de esos recursos, pero era necesario pagarlos. Necesitaban una fuerte inversión inicial y no podían subir los impuestos, tampoco se podía realizar un aumento de la oferta monetaria porque produciría inflación. Los nacionalsocialistas no tenían dinero, pero vieron una solución sencilla, inventárselo.

El artífice fue Hjalmar Schacht, político y financiero alemán, ministro de economía del Tercer Reich entre 1934 y 1937. Schacht inventó lo que se denominó letras Mefo. La Mefo era una sociedad pantalla con un capital de un millón de marcos imperiales que habían aportado las grandes empresas metalúrgicas. Mefo no producía nada, no contrataba a nadie, no tenía ninguna fábrica. El Estado, a priori, no se endeudaba, pero la convertibilidad del dinero quedaba garantizada a posteriori por el banco central. A las empresas que estaban contribuyendo al rearme se les pagaba a través de pagarés producidos por Mefo. Lo único que generaba Mefo era deuda, pero una deuda invisible para el resto de los países de Europa. Los pagarés inspiraban confianza a las grandes empresas, la deuda de Mefo se convirtió en una moneda paralela reservada al sector armamentístico.

Schacht, que era director del Reichsbank, prometía cambiar las deudas por efectivo con unas tasas de interés muy bajas, por lo que prácticamente estaba emitiendo efectivo, fue un método que sirvió para introducir liquidez en la industria armamentística. En 1934, de los 4.000 millones de reichsmark introducidos en el rearme alemán, menos de la mitad aparecían en los presupuestos. Aunque muchos de los grandes industriales se aliaron con el Estado alemán para conseguir privilegios, muchos otros también se mostraban reacios a las políticas de Hitler, ya que veían que podían poner en peligro su relación con los países aliados y, por lo tanto, el intercambio comercial entre ellos.

La política económica de Hitler tenía la intervención en el mercado como pilar fundamental, aunque no era una economía planificada al estilo soviético, ya que se respetaba la propiedad privada de los medios de producción, pero el peso del Estado en la economía era mayúsculo. Uno de los mayores ejemplos de esta política fue el programa de infraestructuras que llevo a cabo el régimen para reactivar la economía, una política keynesianista antes de Keynes. Se eliminaron todos los sindicatos y se encuadró a las estructuras de trabajo en un sindicato único, el Frente Alemán del Trabajo. La economía, por tanto, estaba supeditada a los intereses políticos de Hitler.

En 1936 el paro había descendido a 800.000 personas, y entre 1933 y 1938 el PIB alemán aumentó un 50%, lo cierto es que son cifras espectaculares, pero ¿era sólido ese crecimiento económico? Lo cierto es que no. En 1934 un hogar de clase trabajadora gastaba el 50% de su presupuesto en comida, bebida y tabaco. Los salarios se congelaron, el alemán medio tenía más dinero para gastar, pero lo cierto es que no había nada en que gastarlo, el Estado obligaba forzosamente a ahorrar a sus ciudadanos, dándoles la esperanza de que podrían conducir un Volkswagen en poco tiempo, pero lo cierto es que hasta la década de los 50, muy pocos podrían hacerlo. El rearme supuso una satisfacción psicológica pero no económica para el alemán medio.

El nacionalsocialismo basaba su sociedad en la idea de guerra, Alemania tenía pocas materias primas en su territorio por lo que necesitaba divisas para comprarlas en el exterior. Schacht comenzó a inquietarse porque debía devolver los bonos Mefo y era imposible continuar con ese ritmo de producción. Decidió, por lo tanto, frenar el rearme y pagar las deudas, defendía una política nacionalista, un rearme y desarrollo económico, controlando a las potencias extranjeras, pero sin llegar a ningún conflicto. Schacht entró en disputa con Hermann Göring, uno de los pesos pesados de la cúpula de poder nazi. Göring quería continuar con el rearme masivo, en cambio, Schacht creía que esa política llevaría a Alemania a una guerra, que, en efecto, es que lo que sucedería.

Hitler destituyó a Schacht y dejó la economía en manos de Göring, fue nombrado jefe del segundo plan cuatrienal, y responsable del comercio, el control de precios, el intercambio de divisas y las inversiones; en definitiva, le dio el poder total de la economía alemana. Es entonces cuando se lanzó un plan para alcanzar la autosuficiencia, comenzará a llevar a cabo políticas autárquicas y a crear empresas con su propio nombre. Fundará un grupo empresarial para extraer mineral de hierro de baja calidad y nada rentable, además de producir caucho y gasolina sintética. Una tonelada de acero de las fábricas de Göring costaba el triple que una tonelada de Rumania o de la URSS, pero el Estado pagaba la diferencia y las subvenciones eran enormes.

Para el nacionalsocialista el gran enemigo no era el industrial o el trabajador, sino el financiero y el banquero, ligado evidentemente al antisemitismo. Por lo tanto, la economía nazi era una economía hostil al comercio y a las finanzas, para los nacionalsocialistas estos elementos no estaban anclados a la nación alemana, sino que pertenecían a una raza hostil como era la judía. Pero por mucho que odiaran el dinero, lo necesitaban, el ario no debía comprar, debía coger, el ario no debía pagar, debía robar, y en especial a la raza judía. En el verano de 1938 en Austria se abrió una oficina especial para cobrar unos altísimos impuestos a los judíos. Un ejemplo de expolio sin igual fue el de Göring, un amante empedernido del arte, robo más de 1.300 cuadros, 250 esculturas y más de 100 tapices cuyo valor actual es de miles de millones de euros.

Cuando comenzó la guerra se nombró a Fritz Todt como ministro de Armamento y Municiones del Reich y los bonos Mefo comenzaron a ser reembolsados gracias a la imprenta de billetes y los expolios de los países ocupados. Seguramente la Alemania nacionalsocialista ha sido el imperio más depredador de la historia, su economía necesitaba alimentarse de la guerra. El pillaje y el expolio era no solo necesario para el III Reich, sino legítimo, ya que la supuesta superioridad de su raza frente a las demás legitimaba el robo.

Los alemanes nunca pasaron hambre durante la guerra debido al pillaje: vivían a expensas del expolio de los territorios ocupados. Durante la guerra los salarios se mantuvieron estables, pero gran parte de los productos de consumo se dejaron de producir, por lo que el ciudadano alemán no podía tampoco gastar el dinero. Para pagar a los trabajadores se emitía dinero, pero al no gastarlo la inflación no se desbocaba. Aunque si bien es cierto, los ahorros de los alemanes y el pillaje no fue suficiente para financiar el enorme esfuerzo bélico.

Uno de los planes menos conocidos, pero más siniestros de la Alemania nazi, era el Plan Hambre, enmarcado en el Plan General del Este. Su lema era nahrung ist waffe, la comida es un arma, a partir de 1941 empezaron a someter a la población soviética a prácticamente una hambruna, los alimentos eran utilizados para sustentar al ejército o eran enviados a Alemania.

A mitad de la guerra, Todt es sustituido por Albert Speer, este será nombrado ministro de Armamento y Producción. La industria alemana era tremendamente ineficaz debido a la intervención del ejército y Speer creo una agencia central de planificación para distribuir materias primas. Se redujo y simplificó los modelos, pero aumentó la producción. A partir de 1942 el mercado desapareció y los precios se fijaron, la producción de armamento ascendió debido a la explotación de los trabajadores, entre 1940 y 1945 cerca de 13 millones de personas fueron obligadas a hacer trabajos forzados, Fritz Sauckel fue el encargado de esta cacería de trabajadores, los eslavos eran los más maltratados. Las aniquilaciones de judíos fue una pérdida de capital humano incalculable, la muerte de los judíos permitía alimentar a los trabajadores forzados, la muerte se convirtió en el motor de la economía nazi. Los industriales y jerarcas nazis alemanes estudiaban nutrición para saber cuántas calorías eran suficientes para tener trabajadores productivos, añadiendo o eliminando calorías a los trabajadores dependiendo de su productividad.

A partir de 1943 la producción ya no aumentaría, el régimen nazi juzgaba a los dirigentes de las fábricas que no cumplían con sus objetivos. Muchas empresas empezaron a enviar su propiedad intelectual a sus sedes en otros países, poniendo las bases para su posible recuperación tras la derrota en la guerra.

Tras finalizar la guerra, los ahorros que habían conseguido los alemanes fueron sacados de los bancos y se introdujeron en el mercado, comenzando así una enorme inflación, los alemanes sabían que era mejor arruinarse en el mercado negro para comer ese día que no guardar unos billetes que al día siguiente no valdrían nada. En 1945 el cigarrillo se convirtió en la verdadera moneda alemana. El régimen de Hitler supo inventar una economía, un sistema productivo y financiero organizado en torno a la depredación, el robo y la muerte.