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Otro mundo más capitalista es posible

Eso es algo que Negroponte, con su famoso ordenador de 100 dólares, no ha querido hacer. Ya tiene cuatro pedidos de un millón de cacharros cada uno, aunque dice necesitar cinco para iniciar la producción; sus clientes son los gobiernos de Nigeria, Brasil, Argentina y Tailandia. Cabe preguntarse por qué países tan distintos "necesitan" el mismo número de aparatos y por qué una nación como India ha decidido no adquirir ninguno. Evidentemente, son decisiones políticas y, por ende, arbitrarias. Ninguno de los cinco gobiernos sabe realmente si los habitantes de su país encontrarán un buen uso para ellos.

Nada más conocerse el proyecto de Negroponte se inició el debate sobre si un ordenador portátil es más o menos prioritario para los países pobres que otras necesidades más primarias como la de disponer de agua potable o de sistemas de salud mínimamente desarrollados. Es una discusión insoluble, pues nadie dispone de la información necesaria para llegar a una conclusión. Como ya explicó Hayek en su ensayo posiblemente más influyente, esa información está dispersa entre todos los miembros de la sociedad y no puede centralizarse.

Los gobiernos de esos cuatro países recibirán los ordenadores y los distribuirán como buenamente puedan. Es probable que esa distribución tenga poco que ver con las necesidades reales; siglos de acción gubernamental están ahí para probarlo. No es culpa tampoco de los burócratas, es que simplemente no pueden hacerlo bien porque las necesidades reales de la gente sólo pueden desvelarse a través de lo que los economistas llaman "preferencias reveladas", es decir, las decisiones que toman. Y el hecho de que en un pueblo de África se reúnan los recursos de varias familias para adquirir un portátil de 100 dólares revela que consideran esa adquisición importante y que la utilizarán. En cambio, recibirlo por parte de un funcionario que ha decidido por criterios "objetivos" que lo necesitan, no.  Tendremos sin duda grandes titulares sobre el éxito de esta iniciativa, pero ninguno informará de los usos alternativos que ese dinero podría haber tenido de haber estado en manos de las decisiones reales de los más necesitados.

Habrá quien piense que los más pobres simplemente no pueden adquirir tecnología avanzada. Sin duda, no pueden hacerlo como nosotros. Pero precisamente es en el mercado libre donde aparecen soluciones nuevas e innovadoras para problemas como ese. En Bangladesh, Grameen Phone, una iniciativa del exitoso banco para los pobres de Muhammed Yunus, ha creado una red de operadoras locales –generalmente mujeres– que adquieren un kit básico con aparato, manual y sistema de cobro a través de un microcrédito de Grameen Bank. El teléfono es empleado por todas las personas de la aldea. Un modelo que ha mejorado el nivel de vida de las aldeas pobres de ese país y, además, ha permitido a la empresa obtener una buena rentabilidad, señal inequívoca de que está haciendo las cosas bien, de que está ofreciendo un servicio que los pobres demandan. El capitalismo tiene estas maravillas.

Por eso, el inventor del Segway, Dean Kamen, decidió contactar con Grameen Phone para comercializar sus nuevos ingenios: un generador portátil de energía que emplea las boñigas de las vacas para proporcionar energía suficiente como para alimentar 70 bombillas y un potabilizador portátil capaz de purificar 1.000 litros de agua al día. Ambos son inventos que parecen tener la capacidad de solucionar dos de los problemas de los más pobres: el acceso al agua y a la energía. Pero, además, gracias al uso de sistemas de distribución y venta que ya se han demostrado exitosos en los ámbitos de la banca y la telefonía, podremos saber si realmente los pobres los demandan, y cuánto. Algo que, desgraciadamente, nunca sabremos con el portátil de Negroponte.

¿Lo privado es más caro pero lo público sale gratis?

Una de las objeciones más típicas a cualquier propuesta de liberalización, desregulación o privatización es que las empresas privadas harán pagar más al sufrido consumidor. De donde se deduce una segunda objeción, a saber: que este precio resulte prohibitivo a los consumidores y, por ende, que ninguna empresa privada lo ofrezca.

Así, por ejemplo, nos suelen asegurar que si privatizamos todo el sistema de transporte, las empresas privadas se negarán a ofrecer sus servicios a los pueblecitos lejanos porque la demanda sería insuficiente. Lo mismo para las operaciones quirúrgicas más costosas y los pacientes más pobres.

La réplica liberal típica es que si no se lo puede pagar el propio interesado, podría pagárselo un tercero, pero sólo si éste lo hace voluntariamente. Y, de ahí, la importancia de una presión fiscal baja y una regulación suficientemente refrenada como para permitir el desarrollo de las instituciones caritativas. Eso, a parte de otros muchos "detalles" importantísimos, como que con un mercado libre se posibilitará la experimentación empresarial para reducir costes, aumentando la productividad y así mejorar precios y salarios. Y que, a fin de cuentas, todo lo que se gaste el estado alguien lo tendrá que pagar, mientras aquel no siente ningún apremio para reducir costes, mejorar salarios o elevar la productividad, sino todo lo contrario.

Y, sin embargo, en nuestra vida diaria nos encontramos con ejemplos que dejan en evidencia estas objeciones antiliberales. La televisión, por ejemplo. Tanto si usted ve algún canal público (estatal, autonómico o local) como si no, paga por él con sus impuestos. En cambio, puede pasarse el día viendo canales privados sin tener que gastar un céntimo. Esos canales los pagan los consumidores de los productos que se anuncian en esos canales. Si los consumidores dan la espalda a los productos anunciantes, la cadena pierde financiación y habrá de rectificar o cerrar. Si dan la espalda a la propia cadena, con más motivo se impondrá un cambio de política empresarial. Pero a las cadenas públicas eso les trae sin cuidado: cuanto más pierdan, más podrán reclamarle al estado que les financie con cargo de los impuestos que paga usted.

Pongamos un caso extremo: la carrera espacial. Durante décadas, ha habido economistas y comentaristas criticándola en base a que ese dineral podría dedicarse a paliar problemas aquí abajo en la Tierra. Lo que casi nadie ponía en duda eran los faraónicos presupuestos que tal empresa requería y los nulos beneficios económicos que podía obtener. Por todo ello la alternativa privada resultaba impensable.

Y, efectivamente, tan pronto como el estado de turno se ponía a derrochar para poner algo en órbita, se daba el llamado efecto expulsión o "crowding out" por adelantado, es decir, si el estado derrocha a lo loco en un determinado sector, las empresas privadas, constreñidas por su propia naturaleza a evitar el déficit, se veían incapaces de competir.

Pero, ante la menor posibilidad de entrar en ese sector, la empresarialidad descubre caminos insospechados hacia el lucro y el progreso. Como el X Prize, por el que se la nave espacial privada SpaceShipOne recibió diez millones de dólares por realizar vuelos suborbitales. O la primera estación espacial privada Genesis I, con la que Bigelow Aerospace está por impulsar el programa "Fly Your Stuff" (Haz volar tus cosas). La idea es que por cierta cantidad, uno puede enviar cierto objeto al espacio, los de Bigelow Aerospace lo fotografían y así consiguen financiación.

Una excentricidad, dirán algunos. Una chorrada, dirán otros. Un derroche burgués, dirán los de siempre. Les fastidia que los emprendedores se salgan con la suya sin tener que meter mano en el bolsillo del contribuyente, de paso dejando en evidencia al Estado del Malgastar. Es lo mismo que dijeron hace un siglo cuando unos entusiastas se empeñaron en desafiar la ley de la gravedad autodenominándose aviadores. Hoy, todos nos beneficiamos de la libertad que disfrutaron esos pioneros de la nueva.

Quedan muchas fronteras por conquistar, con libertad podremos con ellas.

Salario mínimo y racismo progre

Tenían que haber explicado lo injusto que es ese impuesto, pero les han faltado arrestos, porque lo que no tienen es principios desde los que defender la eliminación del postrer robo estatal, que a uno no le dejan de rapiñar ni en la tumba. En cambio se quieren hacer perdonar incluyendo en la ley una subida del salario mínimo.

Quién sabe si, con Bush fuera de la Casa Blanca, el Partido Republicano puede volver a ser reaganita. Pero los liberales de ambos hemisferios no podemos tener mayor confianza en el Partido Demócrata. Los progres de aquí les han adoptado como elemento de resistencia en territorio enemigo, y hacen bien porque en más de una ocasión comparten miserias. Los demócratas son grandes defensores del salario mínimo, que tiene todos los elementos para que el progresismo sin fronteras lo tenga entre sus bagatelas intelectuales y morales. Atenta contra la libertad de empresarios y trabajadores, que no pueden acordar un salario que convenga a ambos, y daña a los jóvenes y en especial a los más pobres. Ellos no pueden generar una renta por encima del salario mínimo y quedan expulsados del mercado laboral, condenados al paro o a la ilegalidad, con consecuencias sociales muy duras.

Los inmigrantes, con una menor formación que los naturales del país, son a quienes más afecta esta medida antisocial. Ellos lo saben. Los progresistas, digo. En su época dorada, muchos progres estadounidenses eran profundamente racistas. Un reciente estudio revela que varios de ellos vieron en el salario mínimo un instrumento ideal para la eugenesia social, ya que dejaba a mujeres y negros fuera del mercado laboral. El mismo autor dice en otro artículo que "muchos economistas reformistas promovieron una legislación de inmigración y de empleo restrictiva por sus beneficios eugenésicos: eliminar a los biológicamente inferiores de la fuerza de empleo, seguía el argumento, reduciría el ‘suicidio racial’ y elevaría los salarios de los trabajadores superiores, que lo merecerían".

Era otra época, se puede decir, y el ideal eugenésico tenía entonces un atractivo que no tiene ahora, que ha de ponerse otros ropajes, como el del "progreso científico", para salir adelante. Pero como hay cosas que no cambian, esto de proponer el salario mínimo para expulsar a los inmigrantes del mercado laboral ha reaparecido esta misma semana en un artículo escrito por dos demócratas en The New York Times, órgano del progrerío mundial. Michael Dukakis y Daniel Mitchell se dan cuenta de que "millones de inmigrantes ilegales trabajan por salarios mínimos e incluso submínimos en puestos de trabajo que no están cerca de cumplir los estándares de salud y seguridad". Si los expulsamos de la legalidad subiendo el salario mínimo e imponiendo otras regulaciones, no tendrán nada que hacer y nos dejarán sitio a… nosotros, ya sabe usted. Los naturales "trabajarán en empleos que sean arriesgados, sucios o penosos en la medida en que se paguen con salarios y condiciones de trabajo decentes", es decir, por encima del salario mínimo. Los inmigrantes a la calle y los naturales en sus antiguos puestos de trabajo. No es que sean obtusos en la comprensión de las consecuencias sociales del salario mínimo. Es que las conocen y se valen de ellas para sus objetivos de progreso.

La imagen de ZP

Aún así el presidente del gobierno resultará molesto para el bolsillo de los españoles. Según se dice, este año viajará con un equipo de cocina de quince personas. Es posible que finalmente no sean tantos los miembros de la cocina de Moncloa que vuelen a Lanzarote porque este tipo de desembarcos choca frontalmente con la imagen de hombre sencillo que con tanto empeño cuida el presidente.

Las posibilidades de que sea sencilla una persona que ha calentado sillón parlamentario durante años y hecho campaña electoral para hacerse con el puesto de máximo poder político del país son casi nulas. A cualquier persona que piense unos minutos cómo puede ser de sencilla una persona que cree que la práctica totalidad de los problemas sociales se solucionan desde el intervencionismo y la coacción estatal le asaltará un gran escepticismo sobre la sencillez de este y otros presidentes. La sencillez y el poder político se repelen mutuamente. Por eso ZP le da tanta importancia al uso del marketing para cubrir su fatal arrogancia en bondadosa sencillez. Pero como dice el dicho, por mucho que la mona se vista de seda, mona se queda.

El verano pasado, el cultivo de su imagen de hombre del pueblo le llevó a renunciar al uso de un yate de lujo que estuvo a su disposición y la de su familia durante toda su estancia en la isla. Pero, según dicen, la defensa de esa idea no habría evitado que con el dinero del contribuyente se pagara el alquiler del exclusivo yate que permaneció atracado a la espera de un paseo marítimo que la imagen de ZP impidió. Dicen los lugareños que el capricho inutilizado por las exigencias del marketing costó entre 8 y 10 millones de las antiguas pesetas. Tampoco se escatimaron recursos a la hora de custodiar el barco por si Zapatero decidía cambiar de opinión. Sean ciertos o no, este rumor y el de la legión de cocineros describen a la perfección la relación que existe entre la ostentosa omnipotencia gubernamental y la mercadotecnia presidencial.

Estamos en la era de las apariencias. A los políticos no les importa un comino gastarse un dineral arrancado a los individuos productivos sino evitar parecer ostentosos. Son las cosas del poder. Sobre todo cuando uno se empeña en convencer a toda la sociedad que ser el entrometido número uno del país y vivir del dinero ajeno no impide ser un ciudadano más.

Salirse es gratis

La ministra no defendió la entrada en vigor del protocolo por sus bondades medioambientales. Y es que, desde el ecólogo más escrupuloso hasta el ecologista más fanatizado, todos sabían que, según Naciones Unidas, Kyoto apenas reduciría la temperatura global del planeta (en el mejor de los casos) en 0,07 grados centígrados. Así que convencer a los españoles de que no les costaría casi nada era la única opción de la ministra para acallar las numerosas críticas y tirar para delante.

Pasado el primer año el coste directo ha sido 3,5 veces el prometido por la ministra para embaucarnos en esta desventura. Lejos de dar marcha atrás y reconocer el desastre, Narbona ha emprendido una huida hacia delante con el cuento de que de aquí a 2012 sólo costará 1.953 millones. Lo cierto es que según el último estudio hecho con precios de mercado el coste rondará los 7.000 millones de euros. Ojalá que la ministra deje de engañarse a sí misma y nos saque de este ruinoso acuerdo.

No a la guerra

Muchos padecen lo que podríamos denominar síndrome de Jekyll y Hyde en lo que respecta a la intervención del Estado dentro y fuera de sus fronteras: son radicalmente anti-estatistas en política doméstica, pero en cuestiones de política exterior se vuelven fervientemente pro-estatistas, clamando por la intervención del Estado con el mismo énfasis con el que antes la criticaban. Lo sorprendente es que no entrevean lo contradictorio de sostener ambos planteamientos simultáneamente.

En política interior resulta que el Estado es el enemigo. Hay que limitarlo, reducirlo o desmantelarlo, nos impone injustas restricciones, confisca nuestras propiedades y es inherentemente incapaz de gestionar de forma eficiente los recursos que incauta. Sospechamos de sus intenciones, no damos crédito a sus promesas y sabemos distinguir entre el Estado y la sociedad civil. Pero en política exterior los enemigos están en otra parte, por doquier, y es el Estado nuestro principal aliado. Ya no hay que limitarlo o reducirlo, sino expandirlo. Tiene que intervenir aquí y allí para promover la democracia, lanzar ataques preventivos para sofocar posibles amenazas, reconstruir naciones enteras y poseer bases militares en todas las regiones del mundo. Lejos de sospechar de sus intenciones creemos sinceramente que aspira a protegernos. No desconfiamos de sus declaraciones ni de sus promesas, antes al contrario, arremetemos contra aquellos que las ponen en duda. El Estado y la sociedad pasan a ser una misma entidad, no es el gobierno el que está en guerra sino "nosotros", el país entero, y no luchamos contra un gobierno foráneo sino contra la "nación enemiga". De pronto el Estado se vuelve también eficiente, no puede planificar exitosamente el sector eléctrico pero sí puede planificar guerras y reconstrucciones nacionales. Tan virtuosa deviene la causa del intervencionismo militar que debemos estar dispuestos incluso a soportar "temporalmente" más impuestos y a sacrificar parte de nuestras libertades civiles. De este modo el mayor y más violento de los programas estatales ya no se considera una imposición con efectos no intencionados y potencialmente devastadores, sino una actuación necesaria y justa en aras del interés general. ¿Es éste un planteamiento coherente? Por supuesto, como señala Lew Rockwell, esta paradoja no es exclusiva de "la derecha". "La izquierda" peca exactamente de lo mismo, aunque en sentido inverso: en política exterior el Estado es una máquina brutal al servicio de intereses especiales que sólo conoce la destrucción y la injusticia, pero en política interior el Estado se preocupa por la gente, contribuye al bienestar colectivo y si no es más justo es por falta de fondos y atribuciones insuficientes.

Al Estado hay que juzgarlo con la misma severidad con la que juzgaríamos a un individuo cualquiera. Si el ejército bombardea un objetivo equivocado por accidente matando a decenas de civiles no puede valernos una simple disculpa, del mismo modo que no aceptaríamos una simple disculpa de un individuo que accidentalmente hubiera disparado su bazuca contra un autobús lleno de gente mientras practicaba en el patio de su casa. La doble vara de medir que se emplea para juzgar las agresiones de los Estados, y en particular de los Estados en guerra, es el resultado de lanzar los principios liberales por la borda y acogerse a la máxima de que el fin justifica los medios.

Naturalmente uno tiene derecho a utilizar la fuerza para defenderse y exigir restitución, pero una agresión no legitima en absoluto cualquier tipo de respuesta. El uso de la fuerza será legítimo en tanto sea defensivo / restitutivo y se dirija contra el agresor. En caso de que el agresor se halle parapetado entre civiles, el derecho a la auto-defensa podría justificar en determinadas circunstancias la muerte de individuos inocentes, pero eso no convierte en aceptables todos los "daños colaterales". Tomando la analogía de Rockerick Long, supongamos que Eric, con un niño a cuestas, nos empieza a disparar, y que no podemos defendernos sin matar al niño. En este contexto podríamos considerar que aún tenemos derecho a defendernos, pero la legitimidad de la represalia parece depender de cuatro factores: primero, el alcance relativamente pequeño de los daños colaterales (sólo un niño); segundo, la alta probabilidad de que disparando a Eric le detendremos; tercero, el hecho de que Eric es una parte importante de la amenaza (en este caso él es toda la amenaza); y cuarto, la ausencia de alternativas que no pongan en peligro la vida del niño. De esta forma, la justificación de los daños colaterales se debilita conforme alteramos alguna de estas variables: si Eric está escudado por miles de niños en lugar de uno, si no estamos seguros de que Eric se encuentra entre los niños, si Eric es simplemente una ínfima pieza del aparato militar y su muerte en concreto apenas contribuirá a poner fin a la amenaza, si hay modos de neutralizar a Eric sin dañar a los niños que le rodean… Cuanto más nos alejamos del escenario inicial menos diferencias encontramos entre el daño colateral y el ataque directo contra objetivos civiles. En las guerras modernas, ¿la mayoría de los daños colaterales son como el ejemplo de Eric?

Por otro lado, las guerras se financian mediante impuestos, esto es, mano de obra esclava: el Estado obliga a todos los ciudadanos a trabajar al servicio de la maquinaria bélica, lo quieran o no. De este modo los que toman la decisión de ir a la guerra no son los mismos que soportan sus costes, lo cual es un incentivo para emprender guerras. Si quienes deciden tuvieran que pagar la factura a lo mejor serían menos propensos al aventurismo militar. Además, ¿en base a qué se supone que quienes toman estas decisiones ansían proteger a los ciudadanos? ¿Es eso cierto en los demás ámbitos? ¿Por qué no presumir que en este caso, como en el resto, lo que a menudo intentan proteger son sus propios intereses y los de otros grupos de presión?

Asimismo, ¿de dónde se sigue que el Estado será eficiente protegiendo a sus ciudadanos de amenazas externas? ¿Es incapaz de proveer una educación de calidad y ahora resulta que puede liberar países y exportar la democracia allí donde se lo proponga? Estamos hablando de planificaciones centrales a gran escala, lo cual comporta despilfarro ingente de recursos y multitud de consecuencias imprevistas. No en vano Noriega, Husein y Bin Laden fueron en su día patrocinados por el gobierno de Estados Unidos y luego pasaron a ser sus enemigos. "Es fácil decirlo cuando ya ha sucedido, pero en su momento era imposible predecirlo", objetarán algunos. ¿Pero acaso no es ésta una buena razón para no intervenir en primer lugar? Como apunta David Friedman, el problema con las intervenciones militares es que hacerlo mal es mucho peor que no hacer nada, y puesto que los encargados de tomar decisiones son los mismos que gestionan Correos, es probable que lo hagan mal.

No hay que olvidar tampoco que el Estado del Bienestar crece a la sombra del Estado imperialista, erosionando libertades civiles en el interior del país y aprobando restricciones que jamás serán derogadas. La guerra aparta las miradas de los problemas nacionales y es una buena excusa para vigorizar el aparato estatal.

El liberalismo no casa bien con el intervencionismo militar. El Estado es despótico e ineficiente en todos los campos, también en el campo de batalla. Por este motivo en un contexto estatista lo más prudente y acorde con los principios liberales es reivindicar una política exterior no-intervencionista, aislacionista, estrictamente defensiva y en todo caso encaminada a eliminar quirúrgicamente a los agresores.

John Calhoun y la teoría de la anulación

Hay dos tradiciones centrales en la historia política de los Estados Unidos. La de Jefferson, liberal y defensora de los derechos de los Estados, y la de Hamilton-Henry Clay-Lincoln, intervencionista y mercantilista, partidaria de un poder federal (central) fuerte. Esta última se tuvo que construir sobre mitos históricos, ya que no representaba la intención de los padres fundadores: los poderes implícitos y la "mentira espectacular" de que primero fue el poder federal y luego los Estados.

La primera dice que el Gobierno Federal tiene no sólo los poderes expresamente citados en la Constitución, sino aquellos que implícitamente son necesarios para conseguir los objetivos reconocidos por ésta. La segunda se cae con sólo leer cualquier historia de ese país, incluso las hamiltonianas. Fue creada por Daniel Webster con el objetivo de justificar la unión frente a la teoría de la anulación (nullification).

Esta última fue formulada expresamente por John Calhoun, pero está basada en sólidos precedentes históricos. La teoría constitucional de la anulación dice que cualquier Estado tiene el derecho de declarar nula cualquier ley creada por el Congreso, si la considera inaceptable e inconstitucional. Su origen no está en Carolina del Sur, sino en Massachussets, que ha alegado al derecho de los Estados a la secesión en cuatro ocasiones: al comienzo de la República cuando se discutían los ajustes de las deudas de guerra, con la compra de Luisiana por Jefferson, durante la guerra de 1812 y tras la anexión de Tejas. En la Convención de Hartford, en 1814, se planteó la secesión por la guerra contra Inglaterra. Plantearon una reforma de la Constitución que daría más poder a los Estados. Por otro lado, Madison y Jefferson habían reconocido el derecho de los Estados a la secesión en las resoluciones de Virginia y Kentucky, en 1798.

La cuestión volvió a revivir cuando se aprobó el arancel de las abominaciones de 1828. En su contra, el entonces vicepresidente John Calhoun escribió su South Carolina Exposition and Protest, un documento liberal que recogía la tradición jeffersoniana y lockeana de la primacía de los derechos individuales frente al poder central, y la del Estado de Derecho y la Constitución frente a cualquiera otra consideración. Los aranceles, junto con la venta de tierras, eran los principales ingresos del gobierno federal. Pero el de 1828 no tenía afán recaudatorio, sino proteccionista. Limitaría la competencia de las manufacturas foráneas, lo que beneficiaba al industrial norte y perjudicaba gravemente al sur, que necesitaba hacer esas compras para desarrollarse.

Calhoun expuso claramente este hecho, al destacar que con el arancel de las abominaciones se había abusado del poder de imponer aranceles con fines recaudatorios para "convertirlo en un instrumento para favorecer la industria de una sección del país y arruinar a otra". Más adelante recalca que "el gobierno constitucional y el gobierno de la mayoría son mutuamente incompatibles, si el único propósito de una Constitución es imponer las limitaciones y contrapesos sobre la mayoría". Calhoun apela a "restituir la Constitución en su original puridad" para llamar a "su sagrado deber de imponer su veto" al arancel.

En 1932, la legislatura de Carolina del Sur declaró la anulación (nullification) de las aduanas de 1828 y 1832 y acordó negarse a recoger los pagos del arancel a partir del primero de febrero de 1833. El presidente Andrew Jackson, del que se ha dicho que fue un defensor de los derechos de los Estados, declaró que la anulación es incompatible con la unión, y que no era sino un acto de traición. Destacó a varias fuerzas en Charleston bajo el mando del general Scott e hizo aprobar la Ley de la Fuerza (Force Act) en enero de ese año. Esta ley permitía al Gobierno Federal enviar fuerzas federales para recoger los pagos en la aduana.

La Unión se había salvado, pero lo hizo por una combinación de fuerza y buen sentido. Una generación más tarde, el conflicto entre norte y sur llevó a una guerra civil que sería la más sangrienta de la historia hasta entonces. Ahora nos podemos plantear qué hubiera sido de los Estados Unidos de haber triunfado la teoría de la anulación. Resulta muy difícil, pero numerosas leyes que atentan directamente contra la Constitución hubieran resultado impracticables.

Adiós a la paga de la globalización

Uno, mientras lucha como puede por combatir el calor estival y disfrutar del verano, puede pensar que aquello le queda un poco lejos, pero con una economía mundial tan integrada ello ha dejado de ser cierto. Se lo demostraré. Un estudio del que se ha cumplido poco más de un año llamado The Payoff from Globalization (la paga de la globalización), de Gary Clyde Hufbauer y Paul L. E. Grieco, hacía un cálculo de lo que dejaban de ganar los estadounidenses por no abrir totalmente sus fronteras al comercio: en torno a 10.000 dólares por persona y año. ¿Cuánto dejamos de ganar los europeos? Habría que arremangarse y hacer el cálculo, pero no le andaría muy lejos. Cuente el número de comensales cuando la familia esté reunida frente a la mesa y hágase una idea de a qué estamos renunciando por no forzar a nuestros políticos a que abran las fronteras a más bienes y servicios.

El problema del proteccionismo es que su paraguas es corto y sólo tapa a los intereses mejor organizados; generalmente determinados sectores y grupos empresariales o sindicales con poder político y económico. Si no se siente identificado con ellos, es que las cosas no le han ido bien estos días en Ginebra y que, sea cual fuere su paga de la globalización, ya puede despedirse de ella hasta nuevo aviso. Ni bienes mejores y más baratos, ni mejores sueldos, ni bienes de capital que le hacen a usted más productivo… nada.

Gran parte del comercio, es cierto, está liberalizado, con bajos aranceles y escasas barreras no arancelarias. Pero hay núcleos de resistencia que siguen "captando" a los representantes políticos a nuestra costa: los agricultores estadounidenses y europeos ex equo y los gobiernos de los países en desarrollo con mención especial dentro de la categoría de manufacturas. Ellos son los que han tenido éxito. Ya decía Henry George que "el proteccionismo nos enseña a hacernos a nosotros mismos en tiempos de paz lo que los enemigos quieren hacernos en tiempos de guerra", solo que el enemigo lo tenemos en casa.

Pascal Lamy, director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dijo al reconocer su fracaso que "hoy perdemos todos". Pero unos más que otros, claro. Entre los más perjudicados, los invitados más pobres a la mesa de negociación. Kamal Nath, ministro de comercio de la India, ha dicho que "los granjeros de mi país pueden competir con los estadounidenses, pero no con el Tesoro americano", que tiene dinero a espuertas, sacado de los ricos contribuyentes de aquél país para metérselo en el bolsillo de sus ricos agricultores. Parte de él se va en precios más competitivos que arruinan la competencia foránea ¿Qué sería de los países más pobres si se les permitiera vendernos en abierta y justa competencia sus mercancías? ¿Cuántos de sus ciudadanos no tendrían que cruzar las fronteras porque sus productos no pueden hacerlo? Ellos también han perdido su paga de la globalización.

La sociedad de diseño no funciona

El presidente John F. Kennedy fue uno de los primeros en crear esta súper generación aumentando el gasto en educación pública. El objetivo era reducir el paro creando ingenieros, economistas, abogados… En resumen, gente altamente cualificada. Evidentemente, esta medida no es inmediata, ha de pasar alguna generación para que se deje notar. Los resultados reales no se correspondieron con los planificados inicialmente: el desempleo en Estados Unidos casi ha doblado desde entonces, y en parte, la culpa recae sobre esta planificación educacional.

Hasta hace poco, y aún hay quien lo sigue diciendo, "si no eres universitario no tienes futuro". Varias generaciones después estamos comprobando lo que ha sucedido, y es que "si eres universitario, no tienes futuro". Ingenieros, economistas o abogados ejercen profesiones no cualificadas porque el mercado está saturado de gente "cualificada", hasta tal punto que la tendencia en la búsqueda de nuevos empleados por parte de las empresas ya no son los conocimientos académicos del potencial trabajador, sino su capacidad productiva y ganas de trabajar. ¡Quién lo iba a decir hace diez años! Además, mientras que antes el fontanero, el yesero o el cerrajero eran trabajadores de segunda clase ahora se han convertido en profesiones muy bien remuneradas. Si necesita hacer obras en su casa comprenderá bien lo que digo.

Nuestro gobierno, visto el rotundo fracaso de los planificadores sociales anteriores, y como siempre sin aprender de sus errores, ha dado la vuelta a la tortilla haciendo desde el año pasado campañas y promociones de la Formación Profesional (FP). Ahora ser universitario es malo. Así, la ex ministra socialista María Jesús San Segundo dijo que estimaba "necesario reforzar, cada vez más, el compromiso gubernamental con la FP". Han cambiado de ministra pero no de mentalidad, el estado decide sobre las modas laborales y futuro de las personas jóvenes.

¿Cree que dará buen resultado? Si la intención redentora sobre la educación de nuestros políticos funciona, el futuro laboral de los jóvenes que estudien FP será el mismo que el de los universitarios de la generación anterior: fracaso, inestabilidad laboral y alto desempleo entre la juventud.

Mi consejo, si usted es un joven estudiante o padre de familia preocupado por el futuro de su hijo, es que aplique la teoría bursátil llamada "Teoría de la Opinión Contraria", que los anglosajones llaman Odd Lot Theory. La filosofía de la teoría es que siempre se ha de hacer todo lo contrario a lo que diga el pequeño inversor. Si éste dice vender Telefónica, usted compre a dos manos, y si el pequeño inversor dice comprar, usted despréndase de todas las acciones lo antes posible.

Si lo aplicamos a la educación, habría que concluir que si el gobierno incentiva la educación universitaria, eso significa que pelotones de jóvenes masificarán las universidades y posteriormente el mercado de ingenieros, economistas, etc., quedará saturado por el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda; por lo tanto su hijo, o usted mismo si es joven estudiante, tendrá que hacer FP. Y si el gobierno incentiva la FP, el mejor camino es hacerse universitario. Ya que los políticos son incapaces de aprender de sus errores hágalo usted, y piense por si mismo en lugar de dejarse llevar por la batuta socialista.

Y si todo esto falla, siempre le queda la mejor de las opciones que es hacerse empresario y satisfacer directamente a su consumidor con sus servicios y productos.

El malévolo plan de Lex Luthor

El fin de semana pasado estuve viendo la nueva película de Superman. Aunque mi acompañante la disfrutó mucho más que yo, debo reconocer que me pareció tremendamente entretenida. Mejor sin duda que Superman III y, obviamente, Superman IV. Repleta de guiños a las películas de Christopher Reeve, tiene escenas muy logradas, como el salvamento aéreo que marca el retorno del héroe o el momento en que el malvado Lex Luthor, con la inestimable ayuda de la kriptonita y de unos cuantos matones, le da la paliza de su vida al hombre de acero. Hay hasta un guiño del Daily Planet al nuevo "periodismo ciudadano" que se nos viene encima. Otras cosas, en cambio, no son tan aceptables, como su exagerado metraje.

Sin embargo, no tengo intención de hacerles una crítica de la película que no es éste el lugar. De lo que quería hablar es del extraño y absurdo plan con el que Lex Luthor pretende hacerse el hombre más rico del mundo. Si ya Superman incluye grandes imposibilidades científicas en sus superpoderes y aventuras a lo largo de cómics y películas, entre las cuales destaca quizá lo poco que le afecta la teoría de la relatividad, en esta nueva incursión en la pantalla grande sorprende lo muy ignorante en economía que puede llegar a ser la mente criminal más grande del mundo.

Su plan es una reelaboración a lo grande del que ocupaba sus pensamientos en la primera película. Entonces planeaba provocar un terremoto que acabara con la costa de California, tras haber adquirido los terrenos desérticos que, después del cataclismo, se convertirían en zona costera, el terreno más valorado por los compradores. Si aquel plan tenía su lógica era por su relativamente pequeña escala. La desaparición de California hubiera sido sin duda un cataclismo económico, pero uno del que se hubiera podido salir con relativa facilidad.

Sin embargo, en esta ocasión el plan es crear un continente nuevo de su propiedad que, en el camino de expandirse, acabaría con casi todo Estados Unidos, Canadá y México, lo que produciría la muerte, en sus palabras, de "miles de millones de personas". Luego, la gente compraría terreno en su nuevo continente y él se forraría, claro. Aceptemos la exageración en el número de muertos porque siempre se puede suponer que en el mundo de Superman viva allí más gente. Aceptemos que haya quien necesite tierra, pues el mismo plan presupone que quienes se encontrarían con su hogar destruido morirían; los demás mantendrían el suyo intacto. Aceptemos que haya quien encuentre atractivo vivir en un continente hecho a imagen y semejanza de la poco habitable casa de Superman en el polo norte. Aceptemos que tiene "la tecnología suficiente", tal y como asegura sin dar muestra alguna de ella, para evitar que lo maten después de haber destruido medio mundo. El problema es, ¿con qué le van a pagar para hacerse rico?

Al contrario de lo que se suele indicar, el dinero no es riqueza; es el medio por el que se obtiene la riqueza, y más aún en un mundo en el que hemos eliminado los patrones metálicos y el dinero que utilizamos no vale nada por sí mismo sino por la fe que tenemos en que servirá para intercambiar bienes y servicios y como depósito de valor. Tras haber destruido la principal fuente de prosperidad del mundo, el lugar con los recursos humanos más productivos, el mercado más ávido para los demás productores, ¿qué quedaría para respaldar ese dinero? Lex Luthor podría vender por altas sumas sus nuevos terrenos. Y podría luego emplear ese dinero como papel higiénico, pues seguramente sería la manera de la que podría extraer más valor de su uso. La humanidad retrocedería décadas, si no siglos, en su desarrollo económico. En definitiva, y en términos reales, Luthor hubiera sido más rico –tras heredar de una viuda acaudalada al comienzo del film– antes de llevar a cabo su malévolo plan que después. Supongo que es lo que pasa cuando pones a guionistas de Hollywood a pensar en cómo se puede hacer uno rico. Si lo supieran, quizá no fueran guionistas.

De acuerdo, prometo relajarme más en la próxima película de superhéroes que vaya a ver.