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Quién provoca enfermedades

No puedo estar más de acuerdo con la primera parte, pero la conclusión de Henry es parcial, interesada y totalmente antisocial. El economista y filósofo Hans-Hermann Hoppe también ha apuntado similares reflexiones pero teniendo en mente el sistema de Seguridad Social. Para Hoppe los subsidios de enfermedad, discapacidad… generan más enfermedades y dolencias desanimando el trabajo, esfuerzo individual y la solidaridad para generar una sociedad hedonista que sólo aspira a vivir de los demás.

¿Pero tiene razón Hoppe? Uno de los ministros de economía del gobierno de Felipe González afirmó algo similar: el nivel de enfermos y discapacitados en España sólo pueden ser creíbles después de un desastre natural o guerra civil. Sin duda es una exageración, pero no le faltaba parte de razón. Los países con mayores niveles de protección médica estatal tienen mayor número de enfermos y discapacitados. Por ejemplo, según el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en España hay aproximadamente un 10% de personas con algún tipo de discapacidad, mientras que en países con gobiernos más agobiantes, como Finlandia, la cifra aumenta al 23% de la población. Expresado de otra forma, de diez finlandeses, dos tienen alguna discapacidad. No es muy creíble. ¿También es culpa del marketing de las farmacéuticas? Si el estado subvenciona las enfermedades es inevitable que estadísticamente haya más enfermos.

Lo que está afirmando Henry es que todos somos idiotas menos él, por eso sucumbimos ante las farmacéuticas perdiendo nuestra personalidad y gustos comprando todo lo que se nos anuncia. Pero todas las transacciones comerciales son voluntarias. Usted compra si quiere, y por actuar de esta forma nadie tiene ningún derecho moral a llamarle estúpido como hace Henry con la intención, además, de convertirse por este camino en el amo y señor de nuestra libertad a costa de nuestro dinero. La afirmación de Henry, apuntada al principio de este artículo, es totalmente cierta, pero sólo si hace referencia a un sistema sanitario intervencionista y totalitario como el europeo. En el mundo real cada uno sabe mejor que nadie qué es bueno para él sin necesidad que nos lo imponga un tecnócrata desde un despacho.

Ante esta actitud absolutista, algunas organizaciones ya se han lanzado a la defensa del consumidor. El Instituto Juan de Mariana lanzará en breve un informe sobre la libertad de información de los medicamentos. Cuando lea el informe le va a sorprender lo que los gobernantes pretenden hacer con nuestras vidas y libertad.

Si lo que realmente queremos es hacer desaparecer las falsas enfermedades tendremos que revisar y pensar seriamente en eliminar, no la publicidad de unas empresas farmacéuticas cuyos productos usted compra si quiere, sino el intervencionismo de estado que genera una mentalidad irresponsable y de sálvese quien pueda, donde el premiado vive a expensas del trabajo de otros aun estando perfectamente sano.

Un triste papel para una triste nación

Uno de los aspectos más desconocidos de la Segunda Guerra Mundial es el nulo –cuando no negativo– papel que Francia jugó en ella. A toro pasado, se nos antoja que Francia aguantó hasta el último suspiro el ataque nazi de la primavera de 1940, o que fue la "Resistencia" la que expulsó a los alemanes con mucha perseverancia y una estrategia guerrillera imbatible. Nada de eso.

La idea de que Francia pintó algo en la guerra del lado de los aliados es una simple fabulación que los políticos franceses –chovinistas hasta la náusea– se han encargado de perpetuar para no reconocer que su adorado país fue, al menos durante cuatro largos años, un firme aliado del eje. No tuvo voluntad de luchar contra el nazismo y, cuando se había consumado la humillación, pactó alegremente con él instaurando un infame protectorado nazi regentado por su general más prestigioso. Tan poco de fiar eran, que los ingleses hubieron de hundir parte de la flota francesa fondeada en Orán para que no cayese en manos alemanas.

Respecto a la célebre "Resistencia", fue tan minoritaria como compuesta casi en exclusiva por militantes comunistas, eso sí, sólo después de que Hitler desatara la Operación Barbarroja contra Rusia.

Esa es la verdad.

La campaña que terminó con la ocupación de Francia en mayo del 40 duró exactamente seis semanas. El ejército francés, lejos de ser como el polaco, era uno de los más grandes y mejor dotados del mundo. Hitler lo sabía. Cuando remilitarizó Renania, dio orden secreta de echarse para atrás si los franceses reaccionaban. La guerra estaba declarada desde septiembre del 39, pero los gobernantes de la III República no abrieron hostilidades en ningún punto de la línea fronteriza del Rin. Y eso a pesar de que el grueso de la Wehrmacht se encontraba ocupando Polonia.

Cuando ocurrió lo inevitable, la resistencia fue irrisoria. Los alemanes avanzaron rápidamente por Bélgica y Holanda, tras haberse encontrado el camino de las Ardenas completamente expedito para sus divisiones acorazadas. La población, en lugar de presentar batalla a los invasores, marchó precipitadamente hacia el sur en interminables caravanas que colapsaron las carreteras e hicieron aún más difícil la movilización de tropas. El desastre fue tan absoluto que Londres dio orden a sus soldados de embarcar de vuelta a casa. Francia no había querido defenderse.

Tras la derrota, se partió Francia en dos. Una parte ocupada por el ejército alemán, y otra formalmente independiente con capital en Vichy. El general Petain fue quien se hizo cargo de esta última sin poner pega alguna, más bien todo lo contrario. Aunque ahora incomode oírlo, Petain fue extremadamente popular, tanto que era aclamado cuando viajaba con su comitiva por los pueblos del mediodía. Sólo después de la derrota alemana se ajustaron cuentas con el "héroe de Verdún" y con los miembros de su Gobierno. Colaboracionistas les llamaban, cuando lo cierto es que, en eso, habían colaborado todos. Mención aparte merece el vergonzoso trato que los franceses brindaron a su comunidad judía, entregada casi intacta a los depredadores de las SS.

La llamada "Resistencia" no hizo acto de presencia hasta el verano del 41, es decir, hasta que Rusia fue atacada. Mientras Hitler y Stalin despiezaban Europa del este, Moscú indicó a los suyos en occidente que no incomodasen a Hitler, su aliado. Entre 1941 y 1944, año en que Francia fue liberada por el combinado angloamericano, la "Resistencia" se limitó a practicar un tipo de guerrilla bastante inocuo, tanto que, si Washington se hubiese desentendido de Europa continental, los alemanes quizá aún seguirían ahí.

Tras la liberación, muchos franceses se rasgaron las vestiduras como fariseos después de haber colaborado intensa y voluntariamente con el invasor nazi durante casi un lustro. Se desató una caza del colaboracionista y un astuto De Gaulle se apuntó al carro de los vencedores, como si los franceses hubiesen hecho algo, aparte de entregar el país a Hitler. Después vendría su lugar de honor entre los aliados y su inmerecido sillón en el Consejo de Seguridad de la ONU. El resto es propaganda y desfiles del 14 de julio.

Incompetencia a la Vista

Sin embargo, mientras que la compañía de Redmond se refiere al proceso de emulación y rivalidad que se produce en un mercado libre entre oferentes que quieren alcanzar el favor del mayor número posible de consumidores, la Comisión tiene en mente el modelo abstracto de "Competencia Perfecta" en el que todos los productores de una industria venden exactamente el mismo producto, al mismo precio e incurriendo en los mismo costes.

Llamar competencia a lo que no puede ser sino su ausencia más absoluta y situación de monopolio a emular a los demás productores se ha convertido en el pasatiempo favorito de políticos ávidos de intervencionismo y de economistas con hambre de subvención pública. Hace más cuatro siglos que Jerónimo Castillo de Bobadilla explicó que la competencia es un proceso de rivalidad que tiende a seguir los designios del consumidor y a reducir los precios de los bienes y servicios. Hoy, en cambio, cuando oímos a un político decir que hay que hacer respetar la competencia podemos estar seguros de que se refieren a intervenir en los acuerdos que se producen en el mercado libre entre oferentes y consumidores sobre, por ejemplo, si un reproductor audiovisual debe estar integrado o no en un sistema operativo.

Desde el Sherman Act hasta el caso Microsoft, la regulación antitrust ha sido la excusa de productores ineficientes para solicitar al poder político que deshiciera la voluntad de los consumidores. A finales del siglo XIX fueron los ganaderos de los estados centrales de los EE.UU. quienes suplieron su incompetencia frente a las nuevas factorías de Chicago con el uso de los mandatos establecidos gracias a sus labores como lobby. Hoy es una coalición de políticos intervencionistas y productores de poca monta quienes tratan de encorsetar la realidad dinámica del mercado dentro de los estáticos moldes de las leyes antitrust.

El caso de la Comisión Europea contra la empresa de Redmond supera las fantasías del regulador más compulsivo. Primero se acusa a Microsoft de cuasi-monopolio. Vamos, dicho en Román Paladino, de haber competido con éxito y logrado en una gran medida satisfacer el deseo de los consumidores. Después, se la condena por integrar un programa de video en su plataforma Windows –es decir, por hacer lo que hacen los productores de todas las industrias- y, por último, por no facilitar a la competencia que le desbanque con facilidad. Por delitos tan graves como esos se condenó a Microsoft a pagar casi 497 millones de euros y dos millones diarios más hasta que hubiese enseñado a la competencia todos los secretos de la compatibilidad.

La Comisión ha anunciado que ahora está pre-ocupada ante la posibilidad de que el esperado sistema operativo Windows Vista pueda incluir alguna herramienta que antes se vendiera por separado de modo que el comportamiento de la empresa hurte a los consumidores su libertad de elección. Catalogar la integración de varios servicios como acción contra la libertad de elección no sólo va contra la lógica más elementas sino también contra la práctica empresarial más característica de nuestro mundo industrial desarrollado en el que el consumidor exige cada vez productos más versátiles.

A estas alturas Microsoft ya lleva "invertidos" más de 600 millones de euros en gastos de defensa legal. Esa suma y la de todas las multas impuestas deberían haber servido a la firma estadounidense para innovar y competir con Google, la empresa que se perfila como su gran competidor. Sin embargo, en nombre de la "competencia perfecta", la Comisión está consiguiendo que se trate de un duelo en el que Microsoft lleva las manos atadas y en el que el consumidor no podrá ser el soberano que decida quien es el vencedor.

Contra la armonización fiscal

Desde hace algún tiempo, la OCDE, pretende conseguir que no haya competencia fiscal en el mundo para que así los impuestos sean aún más draconianos y no haya donde proteger el dinero de la rapacidad fiscal.

En la Unión Europea, este proyecto enerva las mentes de nuestros burócratas. De ahí que, ante la propuesta de armonización de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, encabezada por la Comisión Europea, el Instituto Juan de Mariana haya considerado oportuno sumarse a la petición del Instituto Lituano por el libre mercado junto con otras 22 Fundaciones liberales contra este proyecto intervencionista.

Para entender de lo que estamos hablando necesitamos entender someramente cómo se calcula el Impuesto sobre Sociedades. Resumiendo mucho, la base sobre la que se aplica el tipo impositivo es el beneficio de la empresa. Es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. Ahora bien, en la definición de qué gastos son deducibles contablemente y cuáles no fiscalmente, empieza el margen de actuación de un país como España. También por el lado de las deducciones en cuota o del reconocimiento fiscal de las pérdidas generadas en ejercicios precedentes, existe un amplio margen de maniobra.

Es evidente que, en la medida en que se aumentan las bonificaciones fiscales, aun sin apenas retocar el tipo impositivo, se puede reducir drásticamente la presión fiscal. Esto es, de alguna manera, lo que ha hecho España durante el gobierno del presidente Aznar y lo que ha permitido que nuestro país reduzca su brecha con el resto de Europa. Sin embargo, el ejemplo más plástico de que bajar los tipos es aún mejor medida, ha sido el de Irlanda. Como señaló José Carlos Rodríguez, en aquél país "el tipo del Impuesto de Sociedades se rebajó del 40 por ciento en 1996 al 24 por ciento en 2000" hasta "el 12,5 actual", lo cual ha hecho elevar de forma significativa su nivel de vida.

Ahora imaginemos por un momento qué pasaría si se impusiera una base imponible común en toda Europa. ¿Creen acaso que las deducciones seguirían siendo las mismas? ¿Y los porcentajes de amortización de los bienes?

Eso sí, según la batería argumentativa de los proponentes de la armonización fiscal, el objetivo no es aumentar los impuestos sino mejorar la competencia, el libre comercio, garantizar la correcta distribución de recursos y de ingresos fiscales para los Estados miembros y simplificar las obligaciones fiscales.

Desgraciadamente, la lógica contraría las buenas palabras de los eurócratas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los impuestos son fundamentales a la hora de invertir en un país o en otro. De ahí, que no se entienda muy bien cómo la propuesta estatista puede ser un acicate del libre comercio, máxime porque, como señala el LFMI, la competencia fiscal genera oportunidades de "producir productos y servicios más baratos".

Otro de los argumentos que se esgrimen, es el de que gracias a este proyecto se conseguirá reducir la carga administrativa que padecen las empresas. Sin embargo, de nuevo estamos ante un caso más de wishful thinking. Como se ha visto con el Impuesto sobre el Valor Añadido, aun siendo este un impuesto verdaderamente armonizado, coexisten tipos diferentes, distintos grados de implementación de la Sexta Directiva y, cómo no, derogaciones excepcionales según el país.

Al contrario que en el Impuesto sobre Sociedades, tiene más sentido armonizar un impuesto indirecto que grava operaciones multinacionales para así evitar la doble imposición. En cambio, en un impuesto que grava los beneficios de las empresas y no las sucesivas entregas de bienes y prestaciones de servicios en las cadenas de producción y distribución, resultaría del todo inoportuno.

Aunque podríamos extendernos para cubrir todas y cada una de las excelentes críticas con el que el LFMI desmonta uno a uno cada argumento de la Comisión, creemos que lo mejor es que se lean el manifiesto y el brillante estudio que lo acompaña. Especialmente, convendría que todo empresario al que le preocupe el futuro de su negocio lo analizara atentamente porque el progreso económico está en juego y con él, todo el esfuerzo que hasta ahora ha invertido.

Pensemos por un instante en que si no somos capaces de oponernos a una medida que se saldará con un coste fiscal mayor, entonces Europa tendrá que pensar que la prosperidad fue un sueño de una noche de verano.

Que hablen de Miró, aunque sea mal

Si de algo sirvió el acontecimiento fue para poner de manifiesto los perversos fundamentos teóricos sobre los que se asienta la supuesta legislación antimonopolio.

En cualquier curso de Introducción a la Economía los alumnos tienen que estudiar una serie de modelos, a cuál más ridículo, con los que se pretende hacer predicciones realistas sobre la sociedad; los modelos son del todo inútiles, pero permiten reducir los complejos fenómenos económicos a unas pocas y manejables ecuaciones matemáticas. Los modelos económicos se preocupan más de la comodidad del investigador que de la solidez de sus conclusiones.

De entre todos estos artilugios hay uno especialmente popular, que constituye el punto de referencia de toda la legislación antimonopolio: el "modelo de competencia perfecta". Sus cimientos son sumamente irreales: a) gran número de compradores y vendedores, b) productos idénticos, y c) información perfecta. La consecuencia inmediata de estas tres premisas es que, por un lado, todos los productores venden al mismo precio y, por otro, que no existe ni incertidumbre ni, por tanto, beneficio empresarial.

Como podemos darnos cuenta, ninguno de estos supuestos y conclusiones se ajustan con la realidad. De hecho, cuando un gran número de productores venden la misma cantidad de productos idénticos a un mismo precio no estamos ante una "competencia perfecta", sino ante una absoluta ausencia de competencia.

¿Acaso uno de los resultados más beneficiosos de la competencia no consiste en las reducciones de precios y en las variaciones de los productos que mejoren su calidad? ¿Quién compite, por consiguiente, en un mundo donde todos los productores deben reducir el precio o incrementar la calidad a la vez?

Lo que tenemos no es un conjunto de empresas que intentan satisfacer al consumidor ante un futuro incierto e imposible de predecir. Por el contrario, una pluralidad de fabricantes (no cabe calificarlos siquiera de empresarios) ha recibido el mandato cuasi-divino de dirigir unas plantas productivas hacia un rumbo que todos los participantes en el mercado conocen (gracias a la información perfecta).

En otras palabras, la función empresarial simplemente desaparece, y la figura del empresario se convierte en la de un rentista pasivo: cualquiera puede ser empresario, no hay ningún tipo de incertidumbre en lo relativo a qué bienes producir, a qué precio venderlos y de qué forma fabricarlos. Todo ello se sabe "porque sí".

En la competencia perfecta, pues, los seres humanos no actúan, sólo se ajustan a unas restricciones dadas. No existe ni la creatividad ni la innovación ni el error; todo queda subsumido en la información perfecta.

Todo este cúmulo de errores, sin embargo, no ha impedido que el modelo de competencia perfecta se siga utilizando e imponiendo en las aulas, no ya como descripción del mercado, sino como vara de medir su bondad.

En otras palabras, la realidad sólo es buena si se ajusta a una ficción que en origen pretendía describir esa realidad: el error se convierte en acierto y en punto de referencia para la política económica. El problema no son tanto los desaciertos académicos, sino que éstos se conviertan en justificación de las pautas intervencionistas.

No es casualidad que los Tribunales de Defensa de la (In)competencia estén obsesionados con trocear las grandes empresas, para conseguir un "gran número de productores", y no en eliminar todos los obstáculos a la entrada de nuevas empresas en el mercado (licencias, concesiones, monopolios públicos o patentes). La competencia se pesa en número, no en libertad de acción; el ideal de la legislación antimonopolio consiste en recrear la competencia perfecta, esto es, la ausencia de competencia.

Hemos de tener presente que, en ausencia de barreras de entrada, sólo aquellas empresas que son capaces de satisfacer mejor que el resto a los consumidores adquirirán una gran cuota de mercado. Esto significa que los Tribunales de Defensa de la (In)competencia destruirán, precisamente, las compañías más eficientes del mercado, troceándolas en pequeñas subdivisiones sin capacidad ni liderazgo para servir al consumidor. Los incompetentes medran y los eficientes desaparecen gracias a la acción de estos tribunales.

El mensaje de la legislación antimonopolio es claro: "Señor Empresario, si se atreve a ser el mejor sirviendo a los consumidores será perseguido, sancionado, cercenado y vilipendiado de manera inmisericorde". Todo ello, claro está, para beneficiar a la competencia y, a través de ésta, a los consumidores.

Como no podía ser de otro modo, las peores características del modelo se reproducen en la realidad. Si en el modelo de competencia perfecta la falta de incertidumbre hacía innecesaria la innovación, en la realidad diseñada a partir del modelo de competencia perfecta la falta de libertad convierte en imposible esta innovación.

Al eliminar a los mejores empresarios, impidiéndoles actuar y triunfar, tendremos una cohorte de mediocres gestores incapaces de innovar, que venderán unos productos igualmente mediocres a unos precios igualmente elevados. La virtud característica de este mundo, en lugar de la eficiencia, será la igualdad en la miseria.

Gracias a la legislación antimonopolio, por tanto, logramos trasladarnos al taciturno mundo que pretende describir el modelo de competencia perfecta. Un mundo donde todos los consumidores y productores se comportan del mismo modo, donde no tiene lugar ningún tipo de innovación, donde todos los bienes son igual de inútiles y caros, donde la incertidumbre se sustituye por la certeza de que el futuro será tan monótono y funesto como el presente y donde, en definitiva, la función empresarial ha sido sustituida por la cartografía corporativa de los políticos.

Si quiere un ejemplo de paraíso socialista, ése es el "modelo de competencia perfecta".

El destino socialista de la competencia perfecta

La elección de esos días seguramente sea discutible; seguro que a nuestros Cox & Forkum no les hace gracia que celebren todos los años el "Día de la Tierra". Es habitual que celebren los aniversarios de conocidos artistas. Lo hicieron con Da Vinci, Van Gogh, Escher, Miguel Ángel, Picasso o Dalí. El 20 de abril decidieron celebrar el aniversario del nacimiento de Joan Miró.

¿Ustedes se acordaban de que ese día precisamente se cumplían 113 años del nacimiento, cifra redonda donde las haiga? Como no dudo de su sapiencia e infinita memoria no me atreveré a decir que no, pero lo que puedo asegurar es que mi desconocimiento de tan magno evento era total. O lo era hasta que pude ver el logotipo de Google, momento en el que supuse –uno siempre ha sido muy avispado para según que cosas– que se celebraba algo relacionado con el pintor. Claro que al menos yo conocía a Miró, quizá por ser españoles ambos; no es de extrañar que muchas otras personas, a lo largo y ancho del globo, supieran de él por primera vez ese mismo día gracias al enorme efecto publicitario que tienen esos cambios de logotipo de la empresa californiana. Una publicidad que, encima, sale gratis.

Cabía suponer por tanto que la familia, heredera de los derechos de autor de Miró, estaría más contenta que unas castañuelas. Pues no. Google retiró el logotipo a las seis de la tarde, hora de California, medianoche aquí, porque la Artists Rights Society, representantes legales de la familia Miró y de muchos otros pintores del siglo XX en Estados Unidos, amenazó con demandarlos por violación de los derechos de autor. Ya hizo lo mismo en 2002, con motivo del logotipo de Dalí, y por las mismas estúpidas razones. Parece ser que Google no pagó en dinero su homenaje a ninguno de los dos pintores, y los herederos son tan cortitos de miras que no son conscientes de los ingresos adicionales que pueden percibir tras haberse dado a conocer la obra de su progenitor A a tantas personas que la desconocían por completo. Las avispadas tácticas del ARS incluyen algo así como: "soy tu representante y por eso no voy a permitir a nadie que te haga publicidad gratis si no es pagándote".

Si ya el asunto de las patentes merece un buen montón de debates, ejemplos como éste deberían hacer reflexionar a los legisladores sobre la exagerada capacidad que otorga a los propietarios de derechos de autor sobre la libre expresión. Es cierto que, posiblemente, en caso de juicio Google ganaría, pero no sin pagar un buen dinerito a unos cuantos abogados. La ley protege las obras de un pintor, no sus ideas o su estilo. En caso contrario, todas las obras de arte deberían estar pagando a los herederos de alguien, pues la influencia de los grandes maestros del pasado es imposible de eludir y de cuantificar en un juzgado. Pero gracias a la aquiescencia con la que los legisladores amparan la acción que los lobbys de las industrias cinematográfica y musical, el campo de los derechos de autor se ha convertido en un campo de minas de inseguridad jurídica. En España lo podremos ver en pocos meses, cuando se apruebe la nueva Ley de Propiedad Intelectual, con el aplauso del PP, que no pierde la oportunidad de perder una oportunidad.

Es posible que la exigencia de los representantes de los herederos de Miró se base en aquel aforismo de Oscar Wilde: "que hablen de mí aunque sea mal". Pero el caso es que ya hablaban de vosotros, y bien, gracias a Google. Ahora muchos de los que se habían interesado en el arte de Joan Miró lo mirarán con desprecio. Enhorabuena; está claro que habéis heredado derechos y dinero, pero ni una miaja de talento.

Libertad de oportunidades

Los liberales solemos afirmar que somos favorables a la igualdad de oportunidades pero no a la de resultados. En principio, contemplamos la primera como la creación de un conjunto de circunstancias homogéneas a partir de las cuales todo el mundo pueda prosperar; mientras que la segunda se correspondería con la instauración de un sistema socialista donde cada cual recibiera según sus necesidades aun cuando no hubiera aportado según sus capacidades. En realidad, la diferencia entre ambos tipos de igualdades es mucho menor de lo que parece y, por tanto, deberían merecer un rechazo similar.

Tengamos presente que la ideología del igualitarismo es una de las más perversas que han sido concebidas por el ser humano, ya que pretende reducirlo a un animal gregario cuya acción sólo es relevante y lícita en tanto sea igual a la del resto de los miembros. La finalidad y el modo de realización de la acción carecen de importancia para el igualitarismo: la bondad queda definida según su ajuste al patrón igualitario. No hay valores, ni moral, ni ética: sólo pretensión de simetría.

El liberalismo, por tanto, debería ser especialmente cuidadoso a la hora de apoyar igualitarismos con coletilla aparentemente atractiva; la igualdad de oportunidades "suena bien", pero no por ello debe ser aplaudida con efusión y utilizada como ariete contra la igualdad de resultados.

Una oportunidad es toda posibilidad de acción exitosa por parte del actor. Cuando una persona sabe cómo alcanzar un fin estamos ante una oportunidad. La oportunidad, de este modo, es una creación de la acción humana; depende de las percepciones, de los juicios y, sobre todo, de los fines del actor. A cada fin le corresponden diversas oportunidades potenciales en tanto sean creadas por el actor.

La igualdad de oportunidades yerra precisamente en este punto. No se pueden igualar las oportunidades de dos individuos porque tanto sus fines como su conocimiento acerca de cómo satisfacerlos son distintos. Igualar las oportunidades significa necesariamente igualar los fines y establecer un modo óptimo de satisfacerlos ex ante; en otras palabras, la igualdad de oportunidades requiere eliminar la libertad y establecer un sistema de planificación centralizada.

De hecho, si igualamos las oportunidades estamos indirectamente igualando los resultados. Cuando tenemos y conocemos las mismas posibilidades de acción exitosa hacia unos fines idénticos, el resultado sólo puede ser único para todos. Así mismo, en tanto los resultados fueran distintos para los diversos individuos, se generaría una distribución desigual de los medios creados "ex novo" que, en definitiva, crearía una desigualdad de oportunidades.

Tanto la igualdad de resultados como la de oportunidades, por consiguiente, requiere de una tabula rasa continuada que elimine al ser humano y su acción. El mundo debe ser planificado de acuerdo con los dictados igualitarios y no con los libres acuerdos de las partes.

Pero si rechazamos la igualdad de oportunidades, ¿qué nos queda? Pues volver a nuestros valores fundacionales: la libertad de oportunidades. Lo importante no es que todo el mundo tenga unas mismas oportunidades, sino que todo el mundo tenga la libertad de crear sus propias oportunidades; esto es, de descubrir los planes adecuados para satisfacer sus fines concretos.

De nuevo, frente al histerismo socialista que utiliza la igualdad para cercenar la libertad y el progreso, debemos recordar que las oportunidades no pueden igualarse salvo a través de la más intensa represión y siempre a costa de eliminar el bienestar de los individuos.

Ni igualdad de oportunidades ni igualdad de resultados: libertad de oportunidades.

Veinte años de Chernóbil

Ocho organismos distintos de Naciones Unidas coordinaron un estudio, que concluyó que murieron de forma directa 56 personas, y se calcula que por las radiaciones y los realojos (que afectaron a 116.000 personas), en torno a 4.000; pero es una proyección. La cantidad de material radiactivo fue unas 200 veces el liberado en Hiroshima y Nagasaki.

Hace veinte años de ello. Desde entonces ha ocupado años de emisiones y kilómetros cuadrados de noticias y reportajes en todos los medios del mundo, si bien su recuerdo se ha ido diluyendo. Pero su nombre queda grabado en nuestra mente, como sinónimo de catástrofe nuclear, como pavoroso ejemplo de lo que puede causar el hombre metiéndose a aprendiz de brujo, queriendo sacar energía de los átomos, jugando con un fuego cuyos secretos aún no conoce. Eso, por lo que se refiere al ciudadano medio, no hablo del ecologista, que simplemente quiere robárselo a las sociedades libres, para que no prosperen.

Pero ahí el tiro está errado. Lo que causó muertes en la central ucraniana no fue la energía nuclear, sino el socialismo. Las cosas no actúan por sí mismas, sino que dependen del uso que hagamos de ellas. Sería absurdo decir que una bala mató a Abraham Lincoln. Fue John Wilkes Booth quien lo hizo, asegurándose de que ésta atravesaría el cuerpo del presidente. Está claro que Chernobil fue un accidente y no una matanza buscada, como la que había ocurrido también en Ucrania medio siglo antes, cuando Stalin condenó por inanición a 6 millones de personas. Pero de nuevo lo importante no es el instrumento en sí, sino el uso que se hace de él.

En una sociedad de lo más progresista, más incluso que la que quiere Rodríguez que sea la española, como era la Rusia soviética, el valor del individuo se medía por el escalafón que ocupara en el aparato criminal en que consistía el Estado. El poder, razón de ser del socialismo de todos los partidos, es a su vez el objetivo y el instrumento para controlar la sociedad. No se da, como en las sociedades liberales, un control social del Estado. Los funcionarios que planearon, construyeron y gestionaron la central tenían como incentivo cumplir los exigentes objetivos ordenados por la maquinaria socialista, servir los designios de los dirigentes y no atender o considerar las necesidades de la sociedad. Sin control social, sin medios de comunicación en libertad, con unos incentivos que no se dirigen al consumidor sino al superior, sin un Estado de Derecho que defina y proteja los derechos de los individuos potencialmente afectados, el accidente de Chernobil podría haber ocurrido en cualquier momento. Fue una desgracia que el fracaso histórico del socialismo no llegara antes para evitarlo.

El delito de Bill Gates

El gran delito de la compañía norteamericana consistió en la integración de un programa audiovisual en el sistema operativo Windows y su posterior venta conjunta. Esta ha sido la infracción pero podría haber sido cualquier otra. Así es el reino de las leyes antitrust.

En realidad el motivo hay que encontrarlo en que la empresa de Redmond no deja de rivalizar con sus competidores aún cuando es la mayor del mercado. Vamos, que no se duerme en los laureles ni se olvida de que los consumidores son muy exigentes, que cambian constantemente su idea de lo que debe ser un producto y que hay que satisfacerles continuamente si uno quiere mantenerse como empresa líder en una industria.

Los miembros de la Comisión Europea tienen un poder tan arbitrario que pueden condenar por prácticas monopolísticas a quien les venga en gana. Ya digo que esta vez ha sido integrar productos como podía haber sido reducir o aumentar el precio de venta. Y le tocó a Microsoft como le podía haber tocado a Coca Cola o a cualquier empresa que irritase la sensibilidad del comisario de turno. Las políticas antitrust están fundamentadas en una teoría tan irreal de lo que es competencia perfecta que todo acto verdaderamente competitivo puede ser considerado una agresión contra el mercado y el consumidor. Como es lógico, incorporar nuevas funciones que ya pudieran comprarse por separado no iba a quedar fuera del espectro delictivo para quienes creen que sólo ellos y no el consumidor o las empresas deciden el futuro de las industrias.

Lo cierto es que la bromita pesada de culpar a una empresa por ampliar las posibilidades de su producto, tal y como les demanda la sociedad, ya le está costando un ojo de la cara a los consumidores de productos Microsoft, de bienes y servicios informáticos y a la sociedad en general: 497 millones de multa, 600 millones de euros en gastos de defensa jurídica y algunos más en los cambios de producción requeridos por la Comisión que suponen peores productos y menor ritmo de innovación.

La pasada semana se celebró en Bruselas la primera gran conferencia internacional que estudiaba los efectos perversos sobre la innovación de nuestras intervencionistas leyes antitrust. Entre el público se encontraba un importante número de miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión. La sorpresa de la jornada la aportaron estos planificadores que acudieron al evento con trajes que se venden con los botones integrados, anteojos con montura incorporada, máquinas de relojería con correas de la misma marca, zapatos de firmas que venden el calzado conjuntamente con los cordones, teléfonos móviles con cámaras y agendas, y coches oficiales con radios, ruedas, cristales, tapizado y GPS integrados. Parece que estos destructores del libre mercado, perfectos monopolizadores de las decisiones sobre cómo se tiene que competir, no están dispuestos a renunciar a la integración que nos prohíben a los millones de europeos que preferimos el Windows con el Media Player.

La lógica de la izquierda

No hay ningún mal en usar cualquiera de los dos métodos –por algo tenemos libertad de expresión–; al final se nos juzgará por aquello que decimos. Pero lo inaceptable es usar un razonamiento externo (insulto) haciéndolo pasar por un razonamiento interno (conclusión lógica) para después usarlo para someter, marginar o robar a un grupo y favorecer a otro.

Esta forma de proceder es la que caracteriza la acción política y, muy especialmente, la labor izquierdista; casi todo se aglutina en tópicos infundados que luego se usan para imponer y marginar.

Por ejemplo, si usted aboga por el libre mercado le llamarán fascista. Curiosamente la economía del fascismo era lo opuesto al libre mercado. Si estudia los movimientos nacionalsocialista, franquista, peronista y el fascista original de Mussolini verá que tienen muchísimos puntos en común con las leyes antimercado y antisociales de hoy día; no en vano la política económica de Hitler fue elogiada por los clásicos ídolos de la izquierda como Keynes y Galbraith. El mismo Hitler, en un discurso oficial pronunciado en 1941, dijo que "fundamentalmente nacionalsocialismo y marxismo son la misma cosa". ¿Le parece una afirmación liberal?

Otro ejemplo. Si usted dice que la discriminación positiva aplicable a los inmigrantes es irresponsable y potencialmente dañina para la economía, el izquierdista le dirá sin pensárselo que usted es un racista cuando, en realidad, no hay nada más racista que la propia discriminación positiva, basada en la preselección por ley de personas de una raza y no en los méritos propios. La conclusión del progre ha sido falsa y la usará para hacer una imposición, las leyes de discriminación positiva. Ejemplos como estos los hay a cientos en una sociedad que, como la nuestra, idolatra lo políticamente correcto y criminaliza la diversidad de pensamiento, la libertad y la paz social.

Una de las campeonas del pensamiento único es María Teresa Fernández de la Vega. Manipula los razonamientos externos haciendo pasar por lógico lo que es ilógico, para luego hacer apología de la coacción. Concretamente, a la ministra le gusta tachar a todos aquellos que la critican de sexistas. Llamó machista a Zaplana por afirmar que se disfrazaba y ahora la ministra llama a Libertad Digital sexista por decir que cambia de vestidos muy a menudo. De la Vega suspende en autocrítica y conocimientos sociales. El esnobismo no entiende de sexos, edades ni culturas. No se puede deducir que quien llama "pija" o esnob a una mujer sea sexista, y menos aún cuando ni siquiera lo ha hecho. Tampoco por ser mujer y de izquierdas se está exento de ser una esnob. Además, que alguien sea diferente a ella no significa que se le haya de criminalizar ni que se justifiquen así leyes que eliminen la competencia moral e impongan el pensamiento único.

Pero la ministra fue más lejos, y aquí está el auténtico problema. Dijo que este machismo, que identifica falsamente mediante un proceso surrealista, ha de ser corregido por el estado. Falsas premisas, falsa conclusión y, como resultado, represión. Las alucinaciones de nuestra ministra no son una excepción dentro del gobierno. El gobierno es la fuerza, y la política es el proceso para decidir contra quién se usa. Este es el peor sistema para la resolución de problemas. Ningún partido que tenga en su agenda el adoctrinamiento, y en este sentido el PSOE es un campeón, va a favorecer la libertad y la paz social. Decididamente, no es beneficioso para nadie que esta clase de gente tenga tanto poder sobre nuestras vidas.