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La cobardía política no ayuda a los jóvenes

Como cualquier político, Chirac, ha tomado la peor postura, mostrarse débil y dar más ánimos a los sindicalistas y conservadores izquierdistas (aquellos que quieren conservar un tipo de sociedad herida de muerte y retrógrada) para seguir con sus alborotos en contra del auténtico bien individual y prosperidad.

Las cosas en la vida cambian constantemente, los viajes en avión bajan sus precios, aparecen ordenadores cada vez más baratos, nuevos servicios… y por ello, todos nos alegramos; pero todos estos cambios también implican una remodelación de todos los factores de la estructura productiva y, evidentemente, el trabajo es uno de ellos. La idea de permanecer toda la vida en un mismo puesto de trabajo es incompatible con las necesidades de la sociedad. En una sociedad libre, sin barreras a la competencia y consumista, esto es, en una sociedad enfocada a los gustos y deseos del cliente y consumidor (todos nosotros), las necesidades y el trabajo son ilimitados.

¿Le parece increíble o utópico que siempre haya empleos que ofrecer y nunca se agoten? A principios del siglo XX los políticos de Estados Unidos plantearon disolver la Oficina de Patentes y Marcas (OPM) creyendo que era imposible inventar más cosas o que surgieran más ideas. El mito de la escasez bajo el libre mercado no se sostiene: en los últimos seis años la OPM ha concedido en Estados Unidos más de un millón de patentes. De ellas, más de 151.000 fueron otorgadas en 2005 y 181.000 en 2004. El crecimiento año tras año es francamente espectacular.

Evidentemente el anterior ejemplo sólo es una pequeña muestra de lo que puede significar la innovación empresarial, y por lo tanto, la consiguiente creación de empleo. El secreto es mantener un mercado dinámico, libre y no un mercado rígido como el francés dominado por políticos y sindicatos. Si nos basamos en la desregulación laboral, además, la facilidad de pasarnos de una empresa a otra y mejorar, en sentido monetario o de bienestar familiar, tomará un carácter desconocido hasta ahora.

Los empresarios franceses están tan preparados como los americanos para innovar y crear, pero si el gobierno mantiene barreras a los medios de producción privados y a la prosperidad su destino será cada vez más oscuro y difícil; los últimos veinte años son una muestra evidente. El libre despido, más allá de la tibia medida del CPE francés, es un camino para avanzar y hacer frente a los países con los que competimos.

Los manifestantes franceses pueden refugiarse en el pasado tanto como quieran y seguir soñando con mundos irreales, pero esto no les dará más trabajo ni calidad de vida. Sus propuestas "conservadoras" e ingenuas, sus "logros", sólo significan un tipo de seguridad, la de no tener empleo en el futuro.

¿Qué desea para usted y sus hijos, algo similar a la triste y apagada vida de un funcionario de la antigua URSS donde su puesto, y sus escasos ingresos, siempre estaba asegurado; o un mundo de prosperidad, riqueza, gran oferta de trabajo y opciones ilimitadas donde usted sea el amo y señor de su destino y fortuna?

Ingenuidad francesa, pérdidas totales

Según un reciente informe del senado francés, el 75% de los jóvenes de Francia quieren ser funcionarios. Si la estadística es cierta, Francia tiene un problema grave. Evidentemente nadie se quiere hacer funcionario para servir a la gente, eso sólo lo hace la empresa privada. No destaca entre el personal del gobierno cualidades como la buena atención al cliente, eficiencia, empatía hacia el consumidor, la búsqueda de beneficios, ni la alta producción.

Este 75% de jóvenes tal vez creen, ingenuamente, que empleo es igual a riqueza y producción, pero el trabajo por el hecho de no hacer nada, y a esto aspira el funcionario, no da valor alguno a la comunidad. Keynes, por ejemplo, era partidario de este tipo de "producción". Afirmaba que en momentos de crisis "el estado debía estimular el trabajo aunque fuese cavando zanjas para luego volverlas a tapar".

Si gran parte de un país usa su tiempo y capacidad creativa y productora a no hacer nada, la producción útil que los consumidores y accionistas ansían para mejorar su nivel de vida –y aquí estamos todos en algún momento– se verá insatisfecha con sus lógicas consecuencias; tampoco habrá capital extranjero que venga al socorro (nadie crea empresas en países poco productivos y caros); el mercado interior será cada vez más deficiente y la esterilidad económica ahuyentará o desanimará a la persona trabajadora, productiva y ambiciosa que son el motor de la sociedad. Ahora podemos entender mucho mejor el offshoring y outsourcing (deslocalización y subcontratación) que se producen en nuestro mundo globalizado, y también podemos comprender cómo no sólo son fenómenos de costes, sino también de mejora en la productividad.

También, una parte importante de los jóvenes franceses pretenden sustituir la fuente de innovación y prosperidad que otorga el libre mercado por la decadente gestión de la burocracia gubernamental. Así funcionaban los países de la antigua Unión Soviética. La muerte del socialismo político, el comunismo, demostró, incluso a los más radicales partidarios que del totalitarismo soviético, que la gestión estatal de la economía sólo sirve para crear penurias a la gente y riqueza a los altos dirigentes políticos.

Esto no significa que ese 75% esté a favor del socialismo ni sepan siquiera las consecuencias que éste conlleva, es evidente que no. Pero para un occidental actual vivir bien significa no trabajar, algo que es una contradicción ya que si no trabajamos no obtenemos nada y por lo tanto empobreceremos. Si no producimos lo que otros ansían y trabajamos sin producir nada (al modo de Keynes), todo el sistema de alta división del trabajo, diversidad económica, prosperidad y creación y acumulación de riqueza desaparecerán. En este caso el estado no podrá suministrarnos los mínimos y menos aún proporcionarnos lujos; porque el estado vive de la gente a la que domina, y si ésta no tiene nada, el estado guardará lo que expolia a la gente para distribuirlo entre los altos burócratas y políticos.

La dificultad a la que se enfrentan los franceses no es la de un mercado laboral rígido, la negación a un contrato que pueda despedir a los jóvenes de forma libre (el CPE), el alto nivel de desempleo, ni las cuentas rojas del estado… sino la propia mentalidad francesa que es el paradigma de Europa. Si la gran mayoría de los franceses no quieren trabajar, aunque no consigan hacerse funcionarios, los resultados van a ser igual de destructivos: continuo retroceso económico. Ninguna ley les va a servir para estimular la producción. Tardará tiempo, pero Francia está a las puertas de su hundimiento.

La propiedad de las calles

El derecho de propiedad sirve para evitar, minimizar y resolver conflictos entre seres humanos: el propietario es el único legitimado para decidir qué hacer con su propiedad, y su única limitación es no agredir la propiedad ajena. Los no propietarios pueden no estar de acuerdo, o no gustarles lo que hacen los demás con sus cuerpos, sus vidas y sus cosas, pero eso no es equivalente a ser agredido, así que no tienen ningún derecho a intervenir coactivamente para evitarlo.

Existen situaciones en las cuales es difícil (aunque quizás no imposible) asignar derechos de propiedad sobre ciertos bienes a personas individuales. En estos casos las unidades de gestión más pequeñas son más adecuadas para localizar y resolver problemas, porque tienen el conocimiento y los incentivos necesarios para ello, y porque cuantas más personas estén involucradas en un asunto más difícil es llegar a acuerdos máximamente satisfactorios.

Las calles existen porque es necesario trasladarse de un lugar a otro y suelen ser públicas porque es difícil y caro cobrar a los transeúntes por su utilización. Quienes viven o trabajan en un lugar son los principales interesados en que su hábitat sea agradable y atractivo y no se degrade, e igualmente son quienes mejor conocen la problemática particular de la zona. Las unidades urbanas más pequeñas posibles (bloques urbanos, barrios, pequeños municipios) son las más adecuadas para establecer las normas de uso de los espacios comunes.

Pero no hay garantías de que no haya conflictos, ya que distintas personas pueden tener diferentes preferencias, y la tragedia de los comunes enseña que es muy humano intentar aprovecharse al máximo de algo y contribuir lo mínimo posible a su mantenimiento: si alguien obtiene un beneficio provocando un coste a otros debería pagarles por ello de algún modo, con una tasa por un aprovechamiento o con una sanción por un daño causado. Cuando los destrozos se permiten lo normal es que proliferen, ya que la destrucción es fácil y a menudo divertida (los edificios abandonados suelen tener muchas ventanas rotas y no es por accidente).

Es posible conocer algunos principios generales acerca de cómo optimizar la normativa de uso de las calles mediante la observación de cómo se comportan las personas en sus propios hogares y cuando son invitados a viviendas ajenas, y mediante el estudio de las normas de conducta en calles de propiedad privada (centros comerciales, parques de atracciones).

Parece sensato exigirle a la gente que no ensucie ni estropee la calle, y por lo tanto no defecar u orinar en ella (tampoco los animales de compañía), ni abandonar basura (cuesta muy poco utilizar las contenedores dispuestos al efecto), ni destrozar el mobiliario urbano. Si alguien no admite esto tal vez lo entienda cuando otras personas hagan sus necesidades en el pasillo de su casa, abandonen allí también su basura y además destrocen sus muebles.

Los que pegan carteles sin permiso deberían retirarlos, limpiar lo ensuciado y ser informados de que existen medios de comunicación de masas que aceptan comentarios políticos y publicidad comercial: si no quieren o no pueden pagar el precio es su problema, y tal vez a los ciudadanos no les interesen los mensajes que quieren transmitir. Las pancartas colgadas son al menos más fáciles de retirar.

Las pintadas y el graffiti, aunque a sus ejecutores les parezcan artísticos y les sirvan para dejar constancia pública de su probablemente patética existencia, no suelen embellecer el entorno (no hay mucha gente dispuesta a pagar por ello y algunos se limitan a firmar con mala letra): a estos vándalos callejeros, además de obligarles a limpiar su porquería y a devolver las cosas a su estado original, se les podría educar pintarrajeando sus caras, sus cuerpos, sus ropas y sus posesiones más queridas. A ver si les gusta.

La venta ambulante reduce mucho los costes para el vendedor: no tiene que pagar el alquiler de un local y puede desplazarse y colocarse donde más clientes potenciales haya. Lástima que al hacerlo impida el paso de los viandantes (quienes tal vez podrían hacer como si toda esa mercancía no estuviera allí y pasar por encima, ya que no tendría que estar allí). Y si uno puede hacerlo, ¿por qué no todos hasta que la circulación quede totalmente bloqueada?

Algunos comerciantes parece que no tienen suficiente con el espacio de su local e invaden parte de la acera con sus mercancías o su publicidad. Algunos quiosqueros expanden su negocio mucho más allá de su pequeño habitáculo (y seguramente más allá de lo que su licencia municipal les permite).

Los pobres pueden pedir ayuda en múltiples organizaciones de caridad; pero hay profesionales de la mendicidad que no quieren que les sermoneen o les ofrezcan trabajo, prefieren dar pena y no les importa demasiado si impiden el paso o si molestan a otros ciudadanos.

Las prostitutas pueden ejercer discretamente en domicilios particulares o burdeles, pero el contacto con el cliente es más rápido y directo en la calle; quizás no consideran que siendo su profesión tan mal vista por muchos deberían ser cuidadosas con sus vecinos, parece que a mucha gente no le gusta la prostitución callejera cerca de sus hogares, escuelas, iglesias o trabajos.

El botellón callejero es una forma atractiva para los jóvenes de pasar el rato juntos, conversar, hacer amigos, buscar pareja y entretenerse. Todo eso puede hacerse en lugares privados (o sin convertir la zona en un basurero), pero al parecer las copas son muy caras: a ninguno se le ocurre tener un poco de iniciativa empresarial y poner un bar donde sean más baratas.

Aparcar en la calle parece gratis, pero obviamente tiene un coste: esa plaza no puede ser utilizada por otros; no es descabellado exigir una tasa cuando el espacio es limitado. Dejar el vehículo mal aparcado puede entorpecer el paso de otros.

Las manifestaciones callejeras sirven para presionar políticamente a los gobernantes o para protestar por múltiples causas. Podrían reunirse pacíficamente en muchos lugares donde no entorpecerían el tráfico (estadios, parques, manifestódromos), pero parece que parte esencial de muchas manifestaciones es llamar la atención perjudicando a otros y mostrando cuántos son y cuánto daño pueden hacer si se ponen de acuerdo.

Se supone que los gobernantes organizan la utilización de los recursos comunes de modo que no se abuse de ellos, pero los políticos y los burócratas son notoriamente incompetentes en sus funciones. Y en realidad se dedican a otras cosas que quedan como ejercicio para el lector. Pero luego dicen que a los liberales no nos interesa lo colectivo.

La quinta del botellón

La única diferencia es que mientras los gabachos destrozan las universidades públicas, los nuestros destrozan su hígado y algún que otro escaparate. Bien pensado, la violencia estudiantil de los franchutes, que se niegan a valerse por sí mismos en un entorno de libre competencia (lo único que han aprendido de sus mayores), puede ser un bien para el país si finalmente acaban con todos los edificios de la universidad pública y esa generación estudiantil, que frisa la cuarentena sin haber pegado un palo a l’eau, se ve obligada a estudiar por primera vez en su vida.

En el ruralicio murciano de mediados de los setenta, se apreciaba mucho el trabajo en el campo como vehículo formativo de la juventud. La azada es un instrumento pedagógico de primer orden, sobre todo el modelo 88-A, de extraordinaria eficacia educativa. Y eso por no hablar de la recolección de fruta a mediados de julio, tapado hasta el cuello para evitar la tortura provocada por el puto pellejo de los melocotones. Cuando uno ha practicado asiduamente estas actividades extraescolares, intelectualiza con más facilidad la ecuación "estudio+sacrificio= a tomar por saco el trabajo en el campo", que como todos los teoremas matemáticos no admite excepciones.

Pero no quiero hablar mal de las víctimas de la LOGSE. De hecho, a mí particularmente me viene muy bien que profundicen por esta senda hasta convertirse en una generación de analfabetos alcoholizados con propensión a la vida en rebaño, porque de esta forma, a poco que me esfuerce en su educación, mis hijos formarán parte de las elites del futuro. Como los hijos de los dirigentes socialistas, que se dejan la paga de la querida en buenos colegios privados. Padres antes que rojos, oiga.

La izquierda millonaria

Antes de morir, Marx dijo odiar el vil metal: "No quiero el dinero porque es la razón por la que luchamos". Recientemente, el PSOE, en consonancia con sus principios, señalaba que el socialista de hoy tiene que colaborar en la "construcción de una sociedad que favorezca una redistribución más equitativa de la riqueza".

Sin embargo, como señalaba David Horowitz en "Left Ilussions", "una de las claves de la mentalidad de izquierdas es que se juzga a si misma por sus mejores intenciones y a sus oponentes, por sus peores actos" Otra de las características que la definen es que, a pesar del derrumbe del comunismo, sigue bebiendo de la teoría de la explotación marxista, eso si, adecuada a los tiempos que corren. Cualquier desastre, tiene explicación en la dominación del hombre sobre la mujer, de los potentados contra los pobres, de los países ricos contra el tercer mundo, del género humano contra el animal y la naturaleza, etc…Al final, la vida se reduce a dominar o a ser dominado. En su subconsciente, la izquierda cree en esta dicotomía nietzscheana.

De ahí que no sea infrecuente encontrar casos de doble moral en los que los izquierdistas actúan contrariamente a lo que piensan y, aunque se califiquen de solidarios, sean egocéntricos y derrochones.

Uno de los más flagrantes ha sido el de Juan Luis Cebrián. La mano derecha de Polanco decía no hace mucho que había que emprender la "lucha contra las desigualdades económicas" y no cejar hasta la "eliminación del exasperante y ciego egoísmo de las sociedades capitalistas". Evidentemente, el otrora jefe de la prensa del Movimiento se olvidaba de autoflagelarse por todo el capital que ha desembolsado para pagar su vivienda de 1.000 metros cuadrados en la urbanización madrileña, "La Moraleja". Según informa el diario Minuto Digital, Cebrián ha satisfecho por el inmueble alrededor de 1.000 millones de pesetas.

Pero no crean que estamos ante una excepción a la regla porque en todos los países en los que los intelectuales braman contra la pobreza, muestran al mundo su lujo sin molestarse siquiera un ápice por "el qué dirán".

Por ejemplo, descubrir que el famoso pensador de la izquierda, Noam Chomsky, defensor de neonazis y de etarras, se sirve de planificaciones fiscales para pagar menos impuestos por los millones que atesora, aún siendo escandaloso, es ocultado deliberadamente por los medios de comunicación.

Como ha señalado Peter Schweizer en un extracto de su libro "Do as I say (not as I do): Profiles in liberal hypocrisy", "Chomsky está a favor del impuesto al patrimonio y la redistribución masiva de los ingresos, siempre y cuando no sea la redistribución de sus ingresos. No hay razón alguna para dejar que políticos radicales se entrometan en una sensata planificación del patrimonio.  Cuando pregunté a Chomsky sobre este fondo empezó a sonar de lo más burgués: ‘No voy a disculparme por apartar dinero para mis hijos y nietos’, me escribió por correo electrónico. Chomsky no ofreció ninguna explicación de por qué condena a otros igualmente orgullosos de su disposición hacia sus propios hijos y que tratan de proteger sus activos del Tío Sam. Sin embargo, dijo que sus protecciones frente a los impuestos están bien porque él y su familia están ‘intentando ayudar a la gente que sufre’."

Por su parte, el no menos famoso Michael Moore es otro de los miembros de este club de ricos socialistas. En uno de sus libros se atrevía a criticar el sueño americano de este modo: "En este país somos adictos a este mito feliz de que se puede pasar de la pobreza a la riqueza. En otras democracias industrializadas la gente se siente satisfecha con ganar lo suficiente para pagar las facturas y mantener a sus familias. Son pocos los que tienen un deseo criminal por hacerse ricos. La mayoría vive con los pies en el suelo, donde son solo unos pocos, siempre otros, los que se hacen ricos, así que más vale irse acostumbrando". Ahora bien, el desconocido Moore es millonario, vuela en business, circula en limusina, vive en Manhattan y aunque critica a las grandes corporaciones, es titular de acciones de Boeing o Haliburton. ¿Quién es entonces, el gangster?

Como hemos visto, algunos de los voceros de la dignidad humana, el igualitarismo y la redistribución son unos farsantes que ansían el dinero con una obsesión rayana en la enfermedad mental. Una vez más, se demuestra que la ética de la izquierda es como el vestido del emperador: no existe.

Recetas socialistas para seguir siendo pobre

El informe, sin embargo, contiene una serie de errores fundamentales que sus autores no se han preocupado de solventar, sino más bien todo lo contrario. La confusión en los datos está cuidada con mimo y malicia, no vaya a ser que el lector desmonte la farsa intervencionista que se esconde detrás de las conclusiones.

Desigualdad, no pobreza

La primera confusión cultivada por la NEF es la de hacernos creer que la pretensión de su informe es la reducción de la pobreza, cuando en realidad su preocupación real son las desigualdades. Así, no todo crecimiento que aumente la riqueza de los pobres puede considerarse como un crecimiento "beneficioso" para ellos; este calificativo sólo lo merece aquel tipo de crecimiento donde los pobres acaparan, en términos absolutos, la mayor parte de las nuevas rentas.

Esto significa que si, por ejemplo, la riqueza agregada de toda la sociedad aumenta en 10.000 unidades monetarias y 4.000 de ellas van a parar a las clases más bajas, la NEF no lo considerará un crecimiento favorable para los pobres. O, dicho de forma más clara, si todos los individuos de la sociedad duplican su riqueza, para la NEF no estaremos ante un crecimiento que beneficie a los pobres.

La NEF ignora que son los individuos quienes crean la riqueza, y que, por tanto, resulta irrelevante la posición relativa de cada uno con respecto a la sociedad, siempre y cuando el individuo sea más rico. Aplicando este razonamiento, también podríamos afirmar que si algunos individuos golosos ingieren 5.000 calorías diarias, todos aquellos que consuman 1.500 estarán al borde de la desnutrición.

Lo importante para los pobres es que sean ellos quienes incrementen su bienestar, con independencia de cuánto lo hayan incrementado otras personas. Quien sólo es feliz cuando supera a los demás no es un pobre, sino un envidioso.

El abuso de los datos

El argumento central del informe consiste en demostrar mediante los datos que el crecimiento no ha sido la herramienta adecuada para acabar con la pobreza durante las últimas décadas. Así, se nos informa de que, "por cada 100 dólares de crecimiento en la renta mundial por persona, sólo 0,6 han contribuido a reducir la pobreza". La conclusión es obvia: sólo el 0,6% del crecimiento benefició a los pobres, por tanto hay que buscar otros caminos.

De nuevo nos topamos con una concepción absolutamente holista de la riqueza. La NEF pretende desvincular la producción de la distribución de riqueza, esto es, pretende transmitir la imagen de que la riqueza se crea en el limbo y luego se distribuye de manera inequitativa en el mundo.

La realidad es que 99,4 de cada 100 dólares han ido a parar a los bolsillos de Occidente porque han sido los occidentales quienes han creado y producido esos 99,4 dólares. No hay ningún misterio en la operación: el aumento de la producción beneficia a aquel que la hace aumentar.

El informe, por tanto, recuerda una obviedad. Si los pobres no crecen, el crecimiento no contribuye a reducir la pobreza; pero es que si los pobres no crecen, no hay crecimiento entre los pobres.

En efecto, al final del informe nos enteramos de que, por ejemplo, en los últimos 20 años la mayoría de los países africanos ha seguido empobreciéndose. ¿Cómo puede esperarse que una parte sustancial del crecimiento mundial vaya a parar a los pobres si éstos no crecen?

Es triste que a estas alturas sigamos teniendo que recordar algo tan elemental. Sólo hay un camino para reducir la pobreza: el crecimiento económico. Pero por crecimiento económico no debemos entender el crecimiento económico de los ricos, sino el de los pobres. Que los ricos se vuelvan más ricos podrá facilitar, en su caso, el progreso de los pobres, pero si, por cualquier causa, a éstos se les impide generar riqueza, no saldrán del pozo de la necesidad por mucho que sus vecinos naden en la abundancia.

De hecho, la NEF debería plantearse si las mismas causas que han hundido en la miseria a diversas sociedades no serán las mismas que les siguen impidiendo crecer y, por tanto, salir de la pobreza. En efecto, como ya vimos, para que los pobres progresen necesitan más capitalismo y libertad, precisamente lo contrario que propone la NEF.

El medioambiente necesita de propiedad privada

Otra preocupación obsesiva de la NEF es el medioambiente. En su opinión, nuestro desarrollo es insostenible porque degrada la naturaleza. El crecimiento tiene que ponderarse con sus costes para ver si resulta aceptable.

Lo curioso es que todo empresario recurre a un análisis coste-beneficio antes de comenzar a producir; de ahí que la primera conclusión a la que nos llevaría la exigencia de la NEF es la necesidad de profundizar el capitalismo y la propiedad privada en el medioambiente.

Sin embargo, la izquierda no parece aceptar la conclusión y prefiere hablarnos de "costes sociales" al margen de los precios de mercado. El problema es que nadie nos indica cómo medir esos costes sociales, y ésta no es una dificultad baladí: el socialismo fracasó precisamente por su incapacidad para valorar el coste de sus políticas en ausencia de precios de mercado.

La NEF, simplemente, sigue con sus letanías de que no hay suficientes recursos medioambientales en el mundo para mantener la senda de crecimiento actual. Ahora bien, los socialistas olvidan que cuanto más escasos sean los recursos en relación con las necesidades a cubrir, mayor será el incentivo para protegerlo, economizarlo y restaurarlo.

Y es que la insuficiencia de recursos es sólo un concepto relativo a nuestra capacidad para utilizarlos. Cuantos menos necesitamos emplear para nuestros fines, mayor será nuestra disponibilidad efectiva.

Todo el poder para el Estado

El informe se convierte, en última instancia, en un alegato legitimador del Estado y del intervencionismo. Para la NEF no son los empresarios y los capitalistas quienes generan la riqueza y el bienestar de los consumidores, sino los políticos y los burócratas. De esta manera, se exhorta a los cargos públicos para que dirijan su política no hacia el crecimiento, sino hacia la redistribución. ¡Como si el Parlamento pudiera seleccionar los distintos modos de multiplicar y distribuir la prosperidad!

Sin duda, la izquierda tiene una fe desmesurada en los medios políticos: todo cuanto pretendan conseguir está a su alcance. Quizá por ello el think-and-do tank no dude en pedir "controles al capital, a los paraísos fiscales y a la competencia impositiva", o "la introducción de una nueva moneda internacional" que expanda la inflación para desarrollar el Tercer Mundo.

En definitiva, el informe de la NEF clama por utilizar la excusa de la pobreza para cercenar la libertad a través de la redistribución y el control político. Recetas económicas ruinosas para continuar sumiendo África en la pobreza.

Si los burócratas solucionaran los problemas acabarían engrosando todos las listas de alguna ETT. No es extraño que tanto los políticos como sus intelectuales orgánicos dediquen ingentes esfuerzos en mantener pobres a los pobres; para convertir semejantes recetas económicas ruinosas y calamitosas en soluciones solidarias y progresistas hace falta mucho tiempo libre, un cierto arte propagandístico, bastante dinero procedente de fondos públicos y una refinada falta de escrúpulos. Nada que no pueda proporcionarnos el socialismo.

Apuntes sobre la crisis del 73

A finales de septiembre de 1970 moría de un paro cardiaco Gamal Abdel Nasser. Nadie lo esperaba. En el momento de su muerte, el líder egipcio se encontraba en la cima de su carrera. Era realmente afortunado. A pesar de sus continuos fracasos, disfrutaba de un poder omnímodo, su pueblo lo idolatraba y, en el extranjero, gozaba de una magnífica prensa. Pocos políticos han manejado la demagogia y la propaganda de un modo tan magistral como lo hizo Nasser en sus 18 años de magistratura vitalicia.

Las naciones de occidente no lo sabían, pero en aquel momento se hallaban en la recta final de un periodo de crecimiento y prosperidad sin parangón en la historia. En apenas tres años todo iba a cambiar, y el imprevisto fallecimiento de Nasser fue, en cierto modo, el escopetazo de salida. El discurso nasserista –que, aún hoy, sigue teniendo adeptos–, consistía en una simple y efectiva amalgama de socialismo, nacionalismo árabe y una cerval judeofobia. La fórmula, aunque ruinosa de necesidad, funcionó durante dos décadas largas, sirvió de antesala al islamismo actual y condenó al mundo árabe a un crónico retraso económico y social.

Los herederos del nasserismo, especialmente Gadaffi en Libia y los gobiernos del partido Baas en Siria e Irak, adoptaron como propio el ideario del malogrado caudillo panárabe que había plantado cara a las potencias occidentales. Ciertos mandatarios de la región se convencieron de que los árabes podían doblegar a Occidente, obligándole, ya de paso, a replantearse el apoyo que prestaba a Israel, una pequeña nación que había pulverizado el honor de los árabes en la guerra de los seis días.

La economía de los países árabes era, sin embargo, bastante débil, y fuera de los autocomplacientes discursos de sus líderes, nada hacía pensar que pudiesen poner al mundo en jaque. Pero tenían en la mano el grifo de casi todo el petróleo, una materia prima que, hace 35 años, era un artículo muy barato. Tenían también el control de la OPEP, un cártel bastante inocuo que, bien usado, podía convertirse en la mejor correa de transmisión para sus intereses.

En 1971 se produjo la primera alza de precios, una minucia que no llegó ni a medio dólar por barril. Fue el preludio de lo que vendría dos años más tarde. En octubre de 1973 una nueva coalición árabe volvió a darse de bruces con el ejército israelí, a quien atacaron por sorpresa el día del Yom Kippur, una de las festividades judías más importantes. Una semana después el mercado de crudo implosionó. Como represalia por la derrota en Israel, la OPEP restringió la producción y elevó el precio del barril en un 70%. A los dos meses lo volvió a subir, esta vez un 130%.

La economía europea y norteamericana, que ya venían tocadas, se hundieron en el desconcierto. Nació entonces la llamada estanflación, es decir, la perversa combinación de estancamiento e inflación, un fenómeno que los teóricos de la socialdemocracia no habían previsto y que, en su miopía, consideraban imposible. Razón definitiva para tomar al keynesianismo como una doctrina completamente amortizada.

El petróleo no volvió a bajar al nivel de precios de antes del 73 –registró incluso un nuevo incremento en 1979–, pero los delfines de Nasser no se salieron con la suya. Ni siquiera en un momento en que dispusieron de casi toda la liquidez mundial en sus manos. La razón es sencilla; el órdago les falló porque desconocían cómo funcionaba el sistema financiero mundial, ya plenamente globalizado en los primeros setenta.

Los millones de dólares extraídos a las naciones occidentales por un petróleo artificialmente caro, volvieron a ellas en el curso de pocos años. Y es que esos dólares valían en tanto en cuanto eran útiles para la economía global en su conjunto. Los grandes bancos eran occidentales y los criterios de reinversión de la fortuna petrolera también fueron occidentales. Al final, a los orgullosos dirigentes que quisieron poner a Occidente de rodillas, les perdió su propia ignorancia, cuando no la corrupción y el despilfarro como fue el caso de potencias petroleras como Irán o Irak.

La crisis del 73, que de un par de años a esta parte está en boca de todos, fue fabricada y de índole totalmente política. Su estallido no respondió a mecanismos propios de la economía como la oferta, la demanda o la escasez. Nada que ver, por tanto, con la carestía que hoy padecemos. Eso, claro, es harina de otro costal que se merece comentario aparte.

¿Por qué hay que privatizar el agua en España?

Cuando se plantea la necesidad de privatizar el agua saltan todas las alarmas. ¿Por qué debe privatizarse un bien necesario para la vida? La respuesta es sencilla: precisamente porque el agua es necesaria para vivir debe ser privatizada. Ya que el gobierno emponzoña todo lo que toca, mejor será que nos moleste en las áreas menos importantes de nuestra vida.

El caso a favor de la privatización es evidente en el Tercer Mundo. Allí los distintos Estados son incapaces de abastecer a sus poblaciones; no por falta de agua, sino por completa ausencia de instalaciones para transportarla. De hecho, en multitud de zonas de los países pobres, el agua es transportada a través de camiones cisterna privados a un precio ocho veces superior al que los individuos habrían pagado en caso de que se dejara a las empresas construir las redes de suministro de agua.

Los ciudadanos de los países pobres entienden perfectamente nuestra respuesta anterior sobre la necesidad de privatizar el agua. El monopolio público sólo les ha generado sequías y deshidrataciones masivas; por desgracia, la incompetencia del gobierno es tan portentosa que sus errores dan lugar a nefastas consecuencias.

Sin embargo, los beneficios de la privatización pueden no resultar tan evidentes para el caso español. Si ya tenemos las instalaciones y el precio del agua no es descabellado, ¿qué mejoras obtendríamos con la privatización? ¿Realmente merece la pena?

Aun sin pretender ser exhaustivo, la privatización del agua redundaría en nuestro beneficio de tres formas diferentes.

La primera y más evidente es que los usos del agua mejorarían. España es un país con grandes plantaciones agrícolas que utilizan métodos de inundación dado los bajos precios del agua. Esto supone un despilfarro evidente por cuanto muchas de esas plantaciones dejarían de ser rentables en caso de que el precio del agua no estuviera subvencionado por la Administración. Los períodos de sequía y la sobreexplotación y salinización de acuíferos que sufre nuestro país son una consecuencia de un precio del agua demasiado bajo. Si le preocupa nuestro medio ambiente, defienda la privatización del agua.

La segunda mejora tendría lugar en la calidad del agua corriente. Las distintas administraciones del Estado carecen de incentivos para mejorar y mantener un suministro de calidad, hasta el punto de que en algunas ciudades el agua roza los límites de la potabilidad. Dado que los ingresos del Estado no dependen de la correcta satisfacción de nuestras necesidades (sino de la cantidad de impuestos que sean capaces de rapiñar) no se genera una efectiva competencia entre los distintos proveedores de agua que impulse una mejora de su calidad.

Por último, la privatización del agua permitiría una correcta imputación de los precios y de la rentabilidad esperada a los distintos bienes de capital que coadyuvan al suministro de agua. Hoy en día las inversiones en pantanos, salinizadoras, tuberías y trasvases diversos se hacen sin ton ni son. El Estado ignora si estas obras son rentables (y cuál de sus estructuras tecnológicas y trazados es más rentable), precisamente porque no existe un precio del agua que permita calcular su valor presente.

Si privatizáramos el agua nadie nos garantiza que alguna empresa privada ejecutara finalmente el Plan Hidrológico Nacional; eso sí, tendríamos la garantía de que, si se ejecutara, ello se debería a su rentabilidad y por tanto a su necesidad. Es más, en caso de error en la estimación de los beneficios, sería la empresa quien asumiría las pérdidas y no los sufridos contribuyentes.

No sólo el Tercer Mundo necesita reconocer la propiedad privada sobre el agua; España sufre desde hace décadas las consecuencias del estatismo en este campo. Privaticemos el agua: nuestros acuíferos, nuestros estómagos y nuestros bolsillos lo agradecerán.

Privatizar el agua

Pero ni la pesadilla del mal periodismo puede frenar el notable desarrollo que está teniendo la provisión privada de agua en todo el mundo.

Y especialmente entre los más pobres. Son muchas las áreas a las que no llega el Estado, especialmente a las áreas más pobres. Pues es precisamente ahí, a las zonas más apartadas y en las que la miseria abraza los asentamientos humanos, donde llega el empresario, haciendo llegar agua de calidad a un precio asequible. Lo recordaba recientemente el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, en un artículo para el Wall Street Journal, con ejemplos de Ecuador, Colombia, Honduras, Chile. Muchas grandes ciudades de esos países también se abastecen del agua llevada por empresarios privados. En Chile, el sistema privado ha llevado agua de 1970 a 1994 del 27 al 94 por ciento de las áreas rurales, y del 63 al 99 por ciento de las urbanas.

El Estado, por su parte, hace lo único que sabe hacer. Al fin y al cabo es una máquina que redistribuye renta y propiedad para sí mismo y para quienes le sirven de apoyo. Un reciente libro, The Water Revolution, explica cómo “en la mayoría de los países pobres, los gobiernos perpetúan la escasez de agua. No proveen de agua a los pobres, pero ofrecen subsidios masivos para el uso de agua a intereses creados, como los grandes terratenientes”, como por ejemplo en India o Ecuador, entre otros. Lo lleva a donde le interesa. Por ejemplo, sigue el libro, “en la India y el África urbana, el Gobierno simplemente no lleva agua a las zonas periféricas, porque no las reconoce como legítimas. De este modo, los empresarios locales proveen de agua y servicios sanitarios a la comunidad, obteniendo un beneficio”.

No solo la iniciativa privada lleva el agua donde el Estado no puede o no quiere. Es que lo hace mucho mejor. En Argentina, la mortalidad infantil cayó de forma notable tras la privatización del 30 por ciento del sistema, especialmente (un 26 por ciento) en las áreas más pobres. Si los empresarios son capaces de hacer negocio vendiendo a los más pobres entre los pobres, ¿cómo es que hay quien sigue defendiendo que no llevarían el agua a sociedades avanzadas como la nuestra? Por esos y otros motivos, hay que privatizar el agua en España.

La solución de Narbona es nuestro problema

Este martes 28 de marzo tendrá lugar una conferencia con cuatro ponencias que tratarán de explicar desde diversas perspectivas por qué Kyoto representa un gravísimo problema para el ser humano y difícilmente es capaz de solucionar algo.

Si tratamos de considerar a Kyoto como una solución, no queda claro cuál es el problema. La comunidad científica no se pone de acuerdo acerca de la existencia de un peligroso calentamiento global del planeta. Y son relativamente pocos los que creen que de existir, esté siendo provocado principalmente por la actividad del ser humano. Ni siquiera existe unanimidad en la consideración negativa o positiva de ese supuesto calentamiento. Es por eso que el protocolo de Kyoto se justifica mediante la aplicación de nefasto principio de precaución; es decir, se nos impone "por si acaso".

Pero es que, aún si se demostrase que estamos frente a un proceso de calentamiento global peligroso, Kyoto no sería una solución. El protocolo es capaz de reducir el crecimiento económico y detener el proceso de división del conocimiento que resulta en continuas innovaciones. Eso sí. Aumenta el paro, provoca redistribución internacional de la riqueza a favor de aquellos países que hayan sabido negociar mejor. Eso también. Fuerza deslocalizaciones artificiales que perjudican a toda la sociedad y sólo benefician a un grupo de privilegiados. Sí, además es un motor de ineficientes injusticias. En resumidas cuentas, el protocolo de Kyoto es una factoría de inmensos costes sociales que afectan especialmente a los más pobres y eso, por mucho que lo camuflen, difícilmente puede ser bueno para el medio ambiente en el que se desenvuelve el hombre.

Narbona negó en su día que la participación de España en este despropósito socio-económico fuese a resultar costosa. A día de hoy, emitiendo un 40% más de gases GEI que en 1990 y con el precio de los derechos de emisión por las nubes, la ministra ha tenido que recoger velas y reconocer que España lo tiene casi imposible para cumplir por lo que la factura para nuestra economía va a ser elevada. Pero no todo está perdido, también asegura que el gobierno trabajará para contener el coste económico. ¡Uf, qué alivio!

Eso sí, de abrir la mano intervencionista a la energía nuclear, la única barata y que no emite CO2, nada de nada. Ese tipo de soluciones seguras al hipotético problema del calentamiento antropogénico no molan a nuestros políticos. ¿Será porque no requieren el entrometimiento de los políticos en el libre ejercicio de las libertades individuales? Puede ser. Lo que está claro es que aquello que para Tocino, Matas y Narbona es la solución, para nosotros representa un grave problema.