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Bloggers en la convención del PP

Parece que en la derecha política hay quien está con la oreja puesta y, en este evento naranja y pretendidamente yanqui, han decidido contar con gente afín pero independiente que da la batalla de las ideas en Internet. Publicitariamente, cuando menos, le han ganado esta mano al partido moderno por excelencia, el que paga a los jubilados el autobús para que vayan a los mitines.

La mesa de bloggers, mucho más entretenida y con más público que la de medios digitales, contó con un moderador de lujo como Esteban González Pons. Y es que el político valenciano lleva años suscitando las simpatías en Internet a izquierda y derecha, por su interés en el medio y su activismo a favor de varias campañas en la Red, desde aquella que hace años pedía a Telefónica una tarifa plana para la conexión. Pons demostró conocer de qué va la blogosfera, el regreso de la política a la conversación con los ciudadanos, el ágora griega. Ahora es cuestión de que convenza a más compañeros para que se unan al debate y que se convenza él de que no basta con tener un blog; la conversación consiste en comentar en los de los demás y leer y contestar lo que te dicen en el tuyo.

Se echó de menos una discusión más a fondo de la amenaza mayor que se cierne ahora mismo sobre los nuevos medios: la nueva ley de propiedad intelectual. Además de la enorme restricción a la que se somete el derecho de copia privada, sin una reducción del canon que lo acompañe, el texto que se está debatiendo restringe también el derecho de cita hasta el extremo de que sólo se permitirá con fines docentes o de investigación. Ya es conocido el efecto que tiene este tipo de restricciones: silenciar la crítica. La Iglesia de la Cienciología tiene como práctica habitual en Estados Unidos demandar por violación de derechos de autor a aquellos críticos que exponen sus textos para rebatirlos; también la revista "científica" Scientific American amenazó con una querella por la misma razón a Bjorn Lomborg, por contestar párrafo a párrafo las críticas que sobre su libro se publicaron en ese panfleto. Este cambio legislativo puede dañar de forma irremediable a esa conversación que tiene lugar en Internet, porque dificulta la referencia a las ideas ajenas para contestarlas.

Sin duda, el PP se ha anotado un tanto con la importancia dada a la blogosfera en su convención, pese a que la colocaran dentro de su area jóven y parezcan seguir considerando que Internet es algo reservado a Nuevas Generaciones, algo que no obstante es mucho mejor que ignorar la Red por completo. Quizá, la larga nomina de políticos que accedieron a una entrevista de los blogueros pro Rajoy sirva de ayuda para que vayan comprendiendo mejor qué es eso de la blogosfera. La convención parece que ha servido, además, para que surjan ideas interesantes en los debates, como el cheque escolar. Sin embargo, el discurso final de Rajoy representó para muchos un jarro de agua fría. En la blogosfera, en la conversación en Internet, no hay argumentos de autoridad, de modo que se discuten ideas y se presentan hechos y datos. Rajoy decidió ceder al gallardonismo, al arriolismo, y presentarse como un moderado sin alternativa en lugar de ofrecer una alternativa clara y contundente, basada en los principios liberales y en la idea de España que se presupone que el PP tiene clara. Rajoy no duraba en Internet así ni dos minutos.

La justicia de la tarta dada

Los valedores de la "justicia social" parten de la falsa premisa de que nos hallamos en un mundo estático de recursos dados, y enjuician la realidad desde el punto de vista de quien observa una tarta y se pregunta cómo debería repartirse sin considerar que no había tarta que repartir antes de que alguien la creara. De esta forma se juzga un resultado (la distribución final de la tarta) prescindiendo del proceso que lleva a este resultado (la creación de esta tarta), por lo que se da la circunstancia de que un determinado orden de cosas puede tildarse de injusto con independencia de cuál haya sido el comportamiento de los individuos que participan en ese proceso. Si la realidad se aleja del objetivo marcado por el ingeniero social se tachará de injusta aun cuando las acciones de los individuos particulares no hayan invadido los derechos de nadie. Esto supone una subversión de los principios de justicia tradicionales: las acciones no son justas o injustas en función de si interfieren o no en la libertad ajena sino a la luz de un "óptimo social" definido por el planificador de turno.

El mercado es un proceso dinámico en el que continuamente se genera y se transmite nueva información. Los recursos no están dados. Aunque los factores de producción primigenios existan físicamente, sólo pasan a existir como medios cuando el hombre los descubre. El individuo crea los medios de la nada al descubrirlos y destinarlos a satisfacer necesidades humanas, pues antes de que los descubriera y aprovechara estos recursos no existían para nadie. El mercado es en este sentido un proceso de descubrimiento, un proceso de creación de bienes ex novo. Oportunidades de ganancia inadvertidas hasta el momento, inexistentes a efectos humanos, son descubiertas y aprovechadas por individuos perspicaces. El empresario que advierte una discrepancia en la estructura de precios, que piensa que puede adquirir factores de producción a un coste total menor que el ingreso que obtendrá de la venta del producto de estos factores, está descubrimiento una oportunidad de ganancia latente, que nadie más había percibido (de lo contrario ya habría sido explotada). Al aprovechar esa ganancia descubierta se genera un beneficio, una tarta, que no existía antes de que el empresario lo percibiera. La tarta no estaba allí lista para ser distribuida en cualquier momento, el empresario la ha creado de la nada al descubrirla. En ausencia de precios de mercado el empresario no hubiera podido advertir ninguna discrepancia, no habría podido descubrir ninguna tarta, y ninguna tarta habría para repartir.

Como señala Rothbard, en el mercado no hay ningún proceso distributivo aparte del proceso de producción e intercambio. Los medios y los ingresos se producen y se distribuyen simultáneamente en un proceso de descubrimiento y aprovechamiento de oportunidades de ganancia inadvertidas. En tanto los defensores de la "justicia social" y de la "libertad positiva" en general obvien esta faceta creadora del mercado estarán juzgando la distribución de una tarta sin comprender cómo se cocina.

Orwell y Caldera

Lo hace, en teoría, para acabar con lo que llama discriminación y que es el resultado de la libre elección de cada uno. Y para acabar con las diferencias y la diversidad real toma medidas que sí son discriminatorias. Discriminar en nombre de la igualdad es una de esas distorsiones orwellianas tan propias de nuestro socialismo.

Más allá de los grandes números, que pudieran sugerir una realidad discriminatoria hacia las mujeres, lo que hay que observar son las decisiones y los comportamientos reales de las personas sobre su vida. Por ejemplo, el matrimonio y los hijos tienen una impronta sobre la vida laboral de las personas que es opuesta si es mujer u hombre. Mientras que ellos trabajan más horas tras haberse casado o con cada hijo, el caso de las mujeres es exactamente el contrario. Prefieren dedicar una mayor parte de su tiempo a la casa. La experiencia laboral de la mujer tiene más interrupciones que la del hombre, que suelen coincidir con los primeros años de sus hijos. Este Gobierno puede despreciar las decisiones reales de los españoles, e intentar cambiarlas por decreto; pero lógicamente la gente se resiste y tiende a hacer lo que considera más conveniente dentro de sus posibilidades.

Por ejemplo. En previsión de que en algún momento de su vida decidirán abandonar total o parcialmente el mercado de trabajo por un tiempo, las mujeres eligen con mayor frecuencia que los hombres carreras profesionales en las que la pérdida de productividad por haber estado sin trabajar es menor. Suelen evitar los trabajos que requieren una preparación más específica y actualizada, o una dedicación continuada, que quedan prácticamente en manos de hombres. Y entre las mujeres que los eligen no abundan las que están casadas y tienen hijos. Muchos de estos trabajos tienen una remuneración por encima de la media. Por otro lado, Thomas Sowell ha observado que en su país, en 1971 (antes de que comenzaran las políticas de discriminación positiva), las diferencias en remuneración entre hombres y mujeres solteros y sin hijos que habían desarrollado sus carreras sin interrupciones desde al menos los 25 años, prácticamente desaparecían.

Vamos, que lo que el Gobierno considera discriminación no es más que nuestras vidas, como las queremos y las elegimos. Mientras nos deje el Gobierno. Pero esta ley es algo más que otro intento de Rodríguez de hacer de nuestra sociedad lo que a él le pete. Como la ley del tabaco, poner fuera de la ley comportamientos habituales y que son decisiones de cada uno sobre sus propias vidas, le otorga al Gobierno un enorme poder de control social. En el caso de la Ley de Igualdad, para que nada se le escape, cuando se produzca una denuncia el acusado será culpable hasta que no demuestre lo contrario. Otra distorsión orwelliana: convertir a todos en potenciales culpables en nombre de la justicia.

En defensa de la mujer

El texto supone una afrenta porque el establecimiento de medidas de discriminación positiva demuestra que el ministro social y el presidente feminista de este país minusvaloran a la mujer. Además, situará a los cargos femeninos de responsabilidad públicos y privados en una posición de sospecha continua por parte de hombres y mujeres.

El Anteproyecto arrebata la libertad de organización de la empresa privada mediante la imposición de formas igualitaristas de contratación, ordenación del tiempo de trabajo o clasificación que dañan irreparablemente la libertad de acción. Tampoco respeta los derechos de aquellos hombres que dejen de obtener un puesto de trabajo que merecían debido a la ciega distribución laboral de un sistema fundamentado en la cuota. Además, el texto trata de forzar a los medios de comunicación privados a realizar una arbitraria igualación sexual en materias como la venta o la publicidad que resulta tan oscura como inquietante. Por si estas intromisiones en las libertades individuales fueran pocas, nos anuncian el desembarco del estado en la educación en materia de discriminación. En adelante la responsabilidad de los padres en la educación sobre estas cuestiones éticas quedará hipotecada por la incorporación al sistema educativo de la "formación en materia de igualdad".

Pero los socialistas han ido mucho más allá. Ya no sólo es que se prohíba preferir elegir más a hombres que mujeres o más mujeres que hombres para el desempeño de determinados trabajos sino que en caso de que alguien alegue haber sido objeto de una discriminación, la carga de la prueba queda invertida. Es decir, se presume la culpabilidad del acusado hasta que demuestre la falsedad de la acusación. Demostración, dicho sea de paso, imposible donde las haya.

A la economía de este país no la van a hundir desde el ministerio de economía (al menos no mucho más de lo que lo hacía el gobierno anterior) sino, más bien, a base de pesados lastres regulatorios en todos los campos socio-económicos imaginables. En este sentido, y por poner sólo tres ejemplos, la igualación coactiva que planea el gobierno incentivará la reducción de tamaño de muchas empresas porque es a partir de 250 trabajadores cuando más interfieren en las decisiones de los propietarios y gestores, elevará el coste por empleado debido al establecimiento de un desproporcionado y errado "derecho" a la conciliación de la vida personal y laboral y, por último, provocará un terremoto en el mundo actuarial al prohibir la discriminación sexual para el cálculo de primas.

Para colmo de males, la ley no conseguirá igualar a la mujer. Ya no sólo porque sustituirá el reconocimiento social por la suspicacia sino porque en aquellos trabajos en los que actualmente se discrimina a su favor (debido a la mayor productividad relativa de la mujer en ese ámbito) la nueva norma le perjudicará directamente mientras que en aquellos áreas donde (por el motivo opuesto) se discrimina a favor del hombre será pernicioso para la empresa y, de manera indirecta, para la mujer.

El anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres es un insulto a la condición de mujer, una intrusión intolerable en el ámbito de las libertades individuales, un lastre económico, un atentado contra un principio jurídico fundamental y un grave error en la medida que perjudicará notablemente al conjunto de las mujeres. No me cabe duda de que la inmensa mayoría de las mujeres se revelará contra este despropósito humillante en defensa de su género. Recuerden que, en general, los hombres no minusvaloramos su sexo como lo hacen Caldera y Rodríguez.

España a pedales

No estamos en ninguna vuelta ciclista ni hay ningún maillot amarillo en juego. Aun así, el ministro de Industria, el excelentísimo Señor Montilla, ha hallado una sana solución al problema de la escasez y carestía energética: la bicicleta. A nadie se le escapa que estamos ante un medio de transporte inmejorable. Tonifica los músculos, no contamina en absoluto y convierte al ciudadano en el perfecto ecologista que ama el medio ambiente más que a su prójimo. Amén.

Para incentivar tan sesuda iniciativa, el Ministerio va a subvencionar las bicicletas. Como oye, por decreto, puesto que así lo reclaman los votantes que están hartos de coger el metro, el autobus o desplazarse en coche día si y día también. A tal fin, se van a instalar bases en las ciudades para que los viandantes dispongan de bicicletas gratis con las que moverse.

Esta propuesta seguro que colma las expectativas de los ecologistas siempre encantados de impedir que los coches salgan a la calle a llenar de malos humos y ruidos la atmósfera y dificultar la aplicación del sacrosanto Protocolo de Kyoto.

Contra este tipo de medidas, Juan Ramón Rallo clamaba de este modo: "el ataque contra el coche es un ataque contra nuestro modo de vida y nuestra naturaleza humana".

Y evidentemente razón no le falta porque, junto con este arrebato ecologista, Montilla lo único que pretende es incomodar a los ciudadanos que no le han dado autoridad alguna para que les diga qué medio de transporte deben utilizar. Como no, tal prepotencia llevará aparejados costes que nunca se tienen en cuenta por los gobernantes, como el incremento del gasto público y el descenso de los ingresos fiscales por la reducción del consumo de hidrocarburos.

De nuevo, aunque el Plan se vista de moderno y se repita hasta la saciedad que ya es hora de reducir el consumo energético para contaminar menos, ni el Señor Montilla ni el resto de los miembros del Consejo de Ministro se apearán de sus coches de lujo. Tampoco sus señoras lucirán cacha en la bici, ni siquiera los secretarios de Estado acudirán al Ministerio en una mountain bike. Y entonces, ¿por qué el resto de los mortales debemos cambiar nuestros hábitos de vida? ¿Acaso cometemos algún crimen o es que el BOE a partir de hoy va a santificar a Greenpeace e imponer que durante el año sólo haya un día en el que podamos utilizar el coche?

A este Gobierno que nos ha tocado soportar ya sólo le resta expropiar a los conductores sus coches y darles, a cambio, una bici y un casco. Si no es por su salud, como han hecho con el tabaco, será por Kyoto… y si no, seguro que existen otros motivos. Porque como dicen los progres, "sobran los motivos".

Licencia para contaminar

Ni siquiera la especial sensibilidad que hay en la región murciana con los desmanes socialistas tras derogar el trasvase (además de otras infraestructuras aprobadas por el gobierno anterior) y ahuyentar a los empresarios solventes a golpe de tránsfuga, ha merecido el detalle de que se guarden las formas en la manera de hacer negocios por estos predios.

La sombra que el tripartit proyecta sobre España, alimentada por un nuevo estatuto que consagra la supremacía de la Generalidad sobre el resto del orden jurídico-político, anuncia un nuevo modelo de desarrollo asimétrico. Yerran quienes suponen que Carod nos quiere reducir a una especie de clientela dócil para los negocios catalanes. Si fuera sólo eso, siempre nos quedaría el derecho de comprar sólo determinados productos o volver a la autarquía y comerciar únicamente en nuestro mercado local, es decir, Europa entera excepto las nacionalidades que se automarginan. No. En la hoja de ruta que el tripartit ha pegado en la frente del Condonado, ese nuevo Castelar cuya capacidad discursiva se pudo apreciar tras el Consejo de Ministros de la semana pasada, cada región española tiene un papel asignado como proveedor cualificado o cliente preferente según este modelo de colonialismo postmoderno a la catalana.

Y mientras tanto, en este caso concreto, el Ministerio de Medio Ambiente no dice esta boca es mía. Se trata de una central altamente contaminante funcionando a todo trapo (produce el 3,5% de la energía eléctrica total del país), emitiendo gases a la atmósfera y lanzando vertidos al mar sin el permiso de la Sra. Narbona, la misma que denunció, poniendo el grito en el cielo, que los agricultores murcianos regaban las lechugas con aguas fecales.

Pero dejemos aquí la denuncia, no sea que Fornesa lance una OPA hostil a la región murciana entera y se quede con el fuero y el huevo. Sería un caso inédito en la historia del derecho público, pero con toda seguridad el Castelar de Córdoba le encontraría un apaño jurídico. ¿El nuevo presidente murciano en este supuesto cada vez menos hipotético? Francesc Vendrell, naturalmente.

Células colectivizadas

Se ha sabido que la familia real española ha enviado células del cordón umbilical de su primera hija a una empresa privada estadounidense. Un portavoz de la Organización Nacional de Trasplantes, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha afirmado: “cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero la ONT advierte que usar un sistema privado no garantiza la confidencialidad. No hay ninguna garantía. Una prueba de ello es la filtración que se ha producido, y que nunca hubiera ocurrido en un sistema público”. Parece que esta práctica deja información genética sensible en manos privadas; aunque estos bancos privados garantizan contractualmente a sus clientes que el ADN de esas células no se descifra ni se manipula (las células pasan a ser directamente congeladas hasta su futura utilización), las autoridades públicas alertan de que no hay forma de saber cómo se gestiona la confidencialidad de esta información genética.

Este portavoz es un necio, un alarmista, y un desvergonzado: pretende que los ciudadanos españoles somos libres de hacer lo que queramos, o sea que vivimos en la sociedad liberal perfecta, sin regulaciones ni leyes coactivas absurdas en todos los ámbitos de la existencia (no podemos, por ejemplo, vender nuestros órganos o nuestra sangre); nos advierte contra las empresas privadas, que no roban a nadie ni se imponen por la fuerza pero que al parecer no ofrecen ninguna garantía (ninguna, inexistente, no pocas o insuficientes sino cero) y podrían incumplir lo pactado contractualmente (y así advertir de su incompetencia a los futuros clientes potenciales) porque los fisgones estatales no las controlan exhaustivamente; y alaba el sistema público del cual forma parte (¿conflicto de intereses?), donde milagrosamente hay garantías absolutas (no nos explica cuáles son ni cómo se consiguen, tal vez algún periodista podría conseguir un soplo por una filtración gubernamental, pero eso no sucede nunca en la realidad). Confunde la filtración sucedida de que alguien famoso usa ese servicio (que no tiene por qué ser un fallo de la empresa receptora) con la temida difusión de la información genética de cualquier ciudadano corriente.

La Organización Nacional de Trasplantes se ha opuesto sistemáticamente a los bancos privados que han intentado instalarse recientemente en España (porque son privados), abogando por la donación altruista de sangre de cordón umbilical a los bancos públicos del Registro de Donantes de Médula Ósea, que asiste de forma “desinteresada” a enfermos de todo el mundo (no es que sus empleados trabajen gratis por amor al prójimo sino que sus sueldos proceden del reparto del botín fiscal). Su principal responsable, el doctor Rafael Matesanz, se opone a los bancos privados por la quiebra del principio de altruismo que caracteriza a nuestro “modélico” sistema nacional de trasplantes y la ausencia de evidencias sólidas sobre el potencial médico de estas células.

El modelo ideal propuesto es claramente colectivista y burocrático: la utilización de las células de cordón umbilical para uso exclusivo del donante o sus familiares es inaceptable, ya que esta práctica resulta contraria al principio de libre disponibilidad (por el médico, claro, no por el ciudadano) y universalidad (también para aquellos que no contribuyan o no paguen). El ánimo de lucro es abominable: la donación de células debe realizarse sin buscar un beneficio de personas concretas y de forma voluntaria (al menos no las roban directamente, pero todo llegará, piense que ahora al morirse usted es donante a no ser que se haya opuesto explícitamente), altruista (amando a todos en abstracto pero sin dedicación especial a nadie en particular) y desinteresada (¿ni siquiera el interés de ayudar a la humanidad?).

Tal vez estas células no tengan potencial médico (o sí, nunca se sabe), pero el amante funcionario quiere evitar que malgastes recursos y te prohíbe que te esfuerces por la salud de tus hijos personalmente: mejor dale una buena parte de tu dinero y de tu libertad y él se ocupará del bienestar de todos; no hay razón para desconfiar, está todo garantizado, porque el sistema es público y estatal.

Hacienda o el antimercado

En múltiples ocasiones, la legislación tributaria hace referencia al valor normal de mercado. La administración acude a este concepto cuando los precios por los que surgirá el hecho a gravar son inferiores "a los de mercado" y por ende, menor la tributación. Así, cuando la recaudación podría ser inferior y la tarjeta de crédito de los políticos corre riesgos de engordar un menos, la "ley" prevé que se tribute no por lo que realmente se acordó, sino por lo que hipotéticamente se habría acordado entre "sujetos independientes en condiciones normales de mercado". Lo que ellos llaman "valor normal de mercado".

Sin embargo, ¿hasta qué punto esta idea económica utilizada por la administración para definir lo que es el valor de mercado está fundamentada? ¿Podemos conocer esa entelequia? ¿Con estadísticas? Se trata de una argucia bañada con apellidos rotundos ("de mercado") carente de toda base científica y que no son sino precios administrativos fijados arbitrariamente, creados y usados a conveniencia para hinchar las bases imponibles y para que la Agencia Tributaria pueda cumplir con el automatismo ciego y no sujeto a la voluntad de los ciudadanos de recaudar siempre cuanto más mejor.

La administración dispone en su magnificencia que sólo considerará valores de mercado aquellos fijados entre partes independientes en condiciones normales de mercado. ¿Independientes? Si suponemos que por independientes no quiere decir que ni se conozcan ni se hablen ni hayan tenido ningún tipo de relación, sino que cada uno posea autonomía con respecto al otro, ¡es la propia administración la que incumple su definición! Ya que al imponer un precio establecido mediante estudios o estadísticas está anulando a las verdaderas partes contratantes (sobre las que se cierna en cada caso) a la vez que las está considerando inválidas para fijar su propio precio de intercambio voluntario que sí sería de mercado.

Todo precio de mercado responde a la interacción de las preferencias de los sujetos implicados y no es de recibo que los funcionarios quieran imponer unas preferencias estandarizadas a unos individuos que no tienen nada que ver. En cada operación se plasma la elección entre los partícipes que han actuado y, de este modo, el precio de mercado no es más que una relación de intercambio histórica y, por consiguiente, no extrapolable. Es decir, yo no puedo equiparar la operación que realizó Óscar y Luis con la que realizó Iraida e Inés. Son sujetos diferentes que expresaron una elección, un acto empresarial distinto, según sus gustos y necesidades en aquel determinado momento.

Por tanto, no se puede objetivizar ni hacer medias aritméticas de aquello subjetivo para luego aplicarlo a todos bajo la bandera… ¡del valor de mercado! Y aunque se tratara de empresas del mismo grupo o vinculadas, nos encontraríamos en el mismo escenario: el mercado. En ese caso se trataría de empresas que se aprovechan de una estructura organizativa a la que han llegado a través de medios pacíficos de cara a reducir costes de todo tipo y fiar precios a voluntad. Por lo que no se les puede imponer un valor o precios diferentes a los que podrían llegar contando con esa organización empresarial que es de mercado.

No se puede imprimir sobre el papel aquello que dependerá de cada cual. Ni separar determinadas actuaciones llevada a cabo en el mercado y considerarlas extrañas a él. La invención de precios considerados por la administración tributaria como "normales de mercado" para sustituir a los verdaderamente de mercado (fijado entre partes) es una tergiversación teórica que, a diferencia de los auténticos precios de mercado, no busca satisfacer las voluntades de los ciudadanos implicados sino expropiar parte de la propiedad de los individuos coaccionados.

En definitiva, es una errónea idea económica aprovechada por la administración para fijar ad hoc un precio administrativo-tributario sobre el que extraer vitalidad a los negocios, justificada con informes estadísticos y demás estudios con información empresarial objetivizada que no puede captarse en su totalidad a menos que se desnaturalice. Una desnaturalización que recuerda a los sistemas soviéticos en los que primaba más el capricho del comisario que el hambre del pueblo, y que en tiempos venideros va a cobrar relevancia cuando se introduzcan los llamados "precios de transferencia" (precios por los que tributar fijados para las relaciones internacionales entre empresas vinculadas).

Por desgracia, parece que cuando se habla de sistema fiscal se entre en otro mundo que nada tiene que ver con la realidad. Como si éste fuera la parcela o el corral del estado al que siempre, al final, se cede y se justifica como la necesaria carga que debemos soportar para que todo el tinglado funcione y no sobrevenga la anarquía.

El socialismo cayó, precisamente porque se arrogó la facultad divina de establecer los precios de mercado sin mercado (sin propiedad) y, por tanto, sin cálculo económico. La administración tributaria y el sistema fiscal de occidente continúan por la misma senda de la imposición y ejecutando día tras día y con energías desenfrenadas lo que antaño no era sino una muestra de fatal arrogancia y despotismo. Pero en este caso, no se trata de esclavizar en su totalidad al pueblo, sino de extraer la savia del comercio libre. Ahora el vampiro no caerá por su propio peso. La economía continuará soportando el yugo y los ciudadanos continuaremos trabajando para el estado… gratis y sin opción. Esperemos que el desprendimiento se acelere.

El crimen ecologista del arroz dorado

Desde que la agricultura nació, el hombre ha estado modificando las especies vegetales del mundo para poder cultivar variedades más apropiadas para su cultivo y consumo. Sin embargo, lo ha hecho relativamente a ciegas, debido al desconocimiento de la ciencia y la técnica necesaria para hacerlo de otra manera. El desarrollo de la ingeniería genética nos está permitiendo por primera vez crear plantas "a medida". Son los organismos genéticamente modificados, los OGM. ¿Cuál ha sido la reacción ecologista? Naturalmente, como sucede con cualquier avance científico, oponerse.

Posiblemente el ejemplo más claro de que la oposición de estos nuevos ludditas es puramente ideológica ha sido el caso del arroz dorado. Creado en 1999 por los profesores Potrykus y Beyer tras 15 años de investigaciones, era una variedad de arroz que contenía Beta Carotina o provitamina A, el compuesto químico que nuestro cuerpo transforma en vitamina A. La falta de esta vitamina mata al año a 6.000 niños y deja ciegos a 500.000. Cada año. Los activistas, considerando quizá que sus protestas habituales contra los OGM serían mal vistas en este caso, argumentaron que este arroz no proporcionaba a la dieta la Beta Carotina suficiente. Sin embargo, estos niños no necesitan ingerir el 100% de sus necesidades de vitamina A por medio de este arroz, sino aumentar la que ya reciben por otros medios. Además, el desarrollo ha continuado y las variedades actuales de arroz dorado contiene 23 veces más provitamina A que las de 1999.

El arroz dorado no está en los campos del Tercer Mundo porque el mal llamado principio de precaución y la histeria artificial contra los organismos genéticamente modificados ha impuestos unas obligaciones regulatorias que dificultan la aprobación del uso de cualquier OGM, sea comercial o no. Si aquellos que prometen grandes beneficios económicos tienen problemas para aprobarse, los que se han desarrollado para solucionar los problemas de los más pobres necesitan de un esfuerzo financiero para pasar las pruebas que se le imponen que resulta difícil obtener. Estas son las consecuencias de dotar al Estado de poder para decidir qué se puede y qué no se puede plantar en los campos, que los más necesitados se ven desprovistos de armas con las que sobrevivir. Y eso que el Estado se supone que está ahí para defenderlos.

El principio de precaución consiste en la prohibición de cualquier novedad que no se haya probado inicua. Algo aparentemente razonable, pero que cuya lógica se deshace cuando nos damos cuenta de que hasta el trigo normal tiene consecuencias perniciosas cuando es ingerido por quien tiene alergia al gluten. ¿Debería prohibirse? Sin duda, si siguiéramos con él los mismos estándares que propugnan los ecologistas e implantan quienes tienen el poder de hacerlo. Además, dicho principio no soporta que se lo apliquen a sí mismo. ¿Puede "Amigos de la Tierra" garantizar que la prohibición de novedades tecnológicas basada en el principio de precaución no va a dañar a nadie? Evidentemente, no. Esos niños ciegos y muertos son una prueba evidente.

Dice el profesor Potrykus que "la oposición a todos los alimentos genéticamente modificados es un lujo que sólo los mimados occidentales se pueden permitir". La oposición a variedades que llevan años usándose sin problemas en Estados Unidos ha llevado a Greenpeace a apoyar el rechazo de Mugabe a la ayuda alimentaria estadounidense para Zimbabue, haciéndolos cómplices de la muerte por hambre de miles de personas. Y es que lo que le estamos diciendo a los países del Tercer Mundo recuerda aquella frase infame que los terratenientes espetaban a los obreros en la II República, y que ahora podría reescribirse como: "¡Comed precaución!"

Las mentiras no son delitos

La Shoá es la culminación de dos corrientes de pensamiento que, trágicamente, han estado y siguen estando presentes en la mente de millones de europeos. La primera es una descarnada judeofobia, el odio al judío en tanto que judío. La segunda es la fe ciega en el Estado, la creencia de que toda aspiración humana es legítima en tanto se encauce a través de los mecanismos políticos. Para los nacionalsocialistas, el Estado alemán era el único capaz de ofrecer la "solución final" al problema secular europeo, la dominación judía.

El genocidio necesita de un soporte ideológico donde el individuo haya sido privado de sus derechos naturales, donde el Estado haya nacionalizado el ordenamiento jurídico. Si nuestra libertad emana de la Constitución o de las leyes y no las antecede, la Constitución o las leyes pueden derogar nuestra libertad.

La necesidad de evitar la repetición de semejante barbarie condujo a que muchas personas se replantearan su tirria antijudía y señalaran con el dedo a todos aquellos que siguieran blandiendo las opiniones racistas que sirvieron de caldo de cultivo a los nazis.

Se trata de una actitud loable y necesaria. La mentira debe de ser combatida siempre y en todos los campos. Es necesario sacar a la gente de su ignorancia, exorcizar sus supercherías, supersticiones y errores. Como sentenció acertadamente Ludwig von Mises: "Si ellos siguen repitiendo sus mentiras, nosotros tenemos que seguir repitiendo la verdad".

Sin embargo, no debería confundirse la lucha contra la mentira con el uso de la violencia para reprimir al mentiroso. La mentira sólo puede ser erradicada a través de la verdad. La represión sólo oculta las falacias: impide que se exhiban públicamente, pero no acaba con ellas.

En los últimos días hemos conocido la condena a tres años de prisión del supuesto "historiador" británico David Irving, por haber negado el Holocausto. Desde hace varias décadas se ha fraguado todo un movimiento, que incluye a los herederos ideológicos del nazismo y a socialistas tan renombrados como Noam Chomsky, dedicado a reelaborar, refinar y asentar sobre bases nuevas el ancestral odio hacia "lo judío".

La negación del Holocausto tiene como objetivo poner de relieve el victimismo judío sobre un falso genocidio, en virtud del cual se les habría concedido la prebenda del Estado de Israel. El sionismo habría planeado desde un principio la recuperación de la Tierra Prometida mediante la construcción de la Shoá. La construcción de una nueva conspiración tomaba cuerpo.

En consecuencia, Israel debe desaparecer por asentarse en la mentira. Los neonazis patrocinarán nuevos campos de concentración, y la izquierda el terrorismo palestino y los bombardeos iraníes, pero su objetivo es el mismo: alentar la aversión hacia los judíos para legitimar la violencia contra ellos.

Hemos de combatir semejantes mentiras y prejuicios; hemos de denunciar los brotes judeofóbicos cada vez que se produzcan. Pero no debemos justificar la violencia contra la mentira. No podemos permitir que los conceptos se confundan. No debemos conceder un poder sancionador para hacer prevalecer la verdad.

La condena a Irving es un error; no porque tuviera razón –que, obviamente, no la tenía–, sino porque la veracidad o la falsedad de unos hechos no pueden dar paso a la privación de la libertad. El juicio estaba viciado de origen: confundía la necesidad de refutar la mentira con la legitimidad para castigarla.

Y esto es particularmente peligroso por dos motivos. En primer lugar, porque no consigue eliminar la mentira. Como ya hemos dicho, sólo la verdad hace remitir las sombras de la ignorancia. Limitar determinadas expresiones sólo evita que se difundan por esa vía, pero no acaba con el error; es más, hace crecer una suspicacia que puede ser utilizada, de manera victimista, por quienes se ven censurados.

Pero, en segundo lugar, y sobre todo, porque refuerza la segunda de las corriente que hemos mencionado al principio. La Shoá no sólo fue posible por la judeofobia, también por la idea de que era legítimo encauzar el odio a través de la violencia, y particularmente a través de la violencia del Estado.

Considerar que una organización política tiene la obligación de sancionar a quien mienta abre el camino al control estatal del pensamiento. Si insuflamos a la ciudadanía la idea de que la libertad de expresión sólo es válida cuando se utiliza de manera correcta y responsable –cuando no se miente–, entonces estaremos enterrando la posibilidad de discrepar.

Por supuesto, la de Irving no era una discrepancia ingenua; sus mentiras se inscribían en una táctica difamatoria más amplia contra los judíos. Sin embargo, tampoco las intenciones pueden ser juzgadas: aun cuando tengamos la convicción de que Irving no era sincero en sus juicios históricos, de que mentía deliberadamente, no cabe acallarlo. Hay que ridiculizarlo y destapar sus mentiras, pero no confinarlo en prisión.

El Estado no debe subordinar la libertad de expresión a su juicio sobre la verdad ni a su opinión sobre las intenciones últimas de determinadas opiniones. La libertad no debe ser tamizada por controles administrativos. De hecho, sin libertad de expresión (de debate, de discusión y de contraste de opiniones) resulta imposible alcanzar la verdad, pues ésta queda petrificada en la forma arbitrariamente establecida por el Estado; sólo aquello que reciba el certificado público merece ser calificado como cierto.

En momento en que miles de musulmanes claman por censurar a los occidentales (recordemos la pancarta: "La libertad de expresión es el terrorismo occidental"), no podemos depositar en las manos de los políticos la capacidad para juzgar y censurar las opiniones de las personas. La tentación del uso y el abuso –la corrupción inherente al poder que detectara Lord Acton– es demasiado fuerte.

Pero hay que oponerse a cualquier género de censura no sólo porque carezcamos de garantías de que no vaya a ser utilizada en el futuro contra nosotros mismos, sino porque las ideas, en definitiva, no delinquen; lo hacen los individuos que utilizan las ideas para practicar la violencia.

Como decía hace unos días el rabino Daniel Lapin: "Perseguir a la gente que cree y dice cosas ofensivas es peligroso para todos nosotros. Coloca un poder ilimitado en manos del gobierno. Al fin y al cabo, una vez el Gobierno afirma saber qué es la verdad y se atribuye el derecho a castigar en función de las ideas, estoy siendo en la práctica esclavizado".

Las personas como Irving deben ser marginadas y excluidas de las sociedad libres, pero en ningún caso deben ser objeto de encarcelamiento. La mayoría no puede alzarse como juez de la verdad para luego linchar al condenado. La violencia sólo puede utilizarse a modo de defensa; la iniciación de la violencia nunca es legítima.

Irving es un miserable y un mentiroso por sus opiniones, pero no un criminal. Conviene tener clara la diferencia.