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En rebajas… aumentan los precios

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

En plena cuesta de enero, los comercios compiten entre si por atraer a los consumidores con precios más bajos y productos muy rebajados, lo que confirma que los empresarios, buscando su beneficio, promueven el interés común. Aunque mucha gente lo desconoce, hasta los periodos de rebajas están regulados por el Estado. A pesar de ello, los precios disminuyen y no crecen como parece que va a suceder en muchos de los sectores donde el Gobierno decide lo que pagarán los ciudadanos por los servicios que reciben.

Y es que si algo debe de estar claro a estas alturas es que cuando el poder político trata de jugar a alumno aventajado al fijar los precios a que se ofertan bienes o servicios, tiene tan poco talento que yerra siempre.

Tomemos como ejemplo las empresas eléctricas. No sólo tienen que dedicar ingentes recursos a comprar derechos de emisión de CO2 para cumplir con el nefasto Protocolo de Kyoto sino que además, cuando sus clientes les pagan, deben poner a disposición de un pool, de la CNE, todo lo que han obtenido para que este organismo lo reparta entre las empresas que han intervenido con criterios ajenos al del mercado. Por si no fuera poca la intervención que padecen, los precios a tarifa también los establece el ministro del ramo.

¿Cómo es posible que estas empresas no puedan fijar los precios según la ley de la oferta y la demanda? ¿Por qué se necesita que el Estado intervenga en este sector? La razón es previsible para los que promueven la razón de establo, como llamó a la razón de Estado el gran Baltasar Gracián: por nuestro bien.

Como accionistas de esas empresas, perdemos. Como consumidores, padecemos más apagones y probablemente escasez de suministro o de potencia ya que las compañías se ven obligadas a diversificar para obtener beneficios al estar atadas de pies y manos en el mercado en el que participan. Desde el apagón de California de hace unos años al más reciente acaecido en Canarias, las pruebas de que algo falla con el intervencionismo estatal se hacen cada vez más evidentes.

Aun así, hay a quien le parece que el Estado hace demasiado poco. Este es el caso de Greenpeace que, como se imaginarán, odia todo lo que signifique libre mercado y, por eso pide que, en lugar de que el agua se privatice y se pague por ella como si de cualquier bien se tratara, se prohíban los campos de golf y el agua sea más cara. Es decir, que sea tan cara que mantener la casa limpia, la ropa impecable y asegurarse el aseo diario, nos obligue a tener que hacer más sacrificios para llegar a fin de mes.

Quizá el agua sea demasiado barata pero no lo podemos saber muy bien ya que donde no hay un mercado, no hay precios. Esta es la cruda realidad. No sabemos si algo es caro o barato cuando el Estado se ocupa de que no haya empresarios que compitan entre si. Por eso, no podemos alegrarnos de las rebajas al hablar del agua. Como tampoco, podemos quedarnos encantados de que en este nuevo año, vaya a reducirse la intromisión del Estado en nuestras vidas. Tendremos que dejar de fumar y hasta de beber por lo que anticipa la ministra con ínfulas de Führer y andarnos con ojito ante los nuevos aires policíacos con que va a operar Hacienda a partir de ahora.

Leyendo V de Vendetta, el cómic en que se basa la película homónima y que trata de la degradación que padece el género humano bajo un Estado fascista, me percato de que cada día se hace más cierto aquél lema francés: dejar hacer, dejar pasar, el mundo funciona sólo. De lo contrario, la evolución será, como los impuestos, regresivos porque matarán el espíritu creador del ser humano.

Caridad privada y cicatería estatal

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La mayoría de la gente cree que el Estado es una especie de mando militar que dirige y controla su campamento castrense, esto es, la sociedad. Existe, en ese sentido, una disyuntiva entre libertad y orden: a mayor coacción estatal, menor libertad pero más orden; a menor coacción estatal, mayor libertad pero menos orden.

En circunstancias normales se asume que hay que buscar un equilibrio entre orden y libertad: los individuos deben disponer de su esfera de libertad dentro de las regulaciones estatales. Sin embargo, en momentos excepcionales, como una catástrofe natural, la necesidad por reestablecer el orden aconseja incrementar la coacción a costa de la libertad.

El problema es que, como ya descubrieran liberales tan insignes como Friedrich Augustus von Hayek, el orden no puede ser construido de manera racional y cartesiana: debe emerger, de manera natural y espontánea, de la interacción humana. Precisamente en los momentos catastróficos, donde los mecanismos de coordinación habituales se resquebrajan, el Estado se hace especialmente prescindible.

Los esfuerzos por crear mediante la fuerza un nuevo orden sólo traen el caos y retrasan la emergencia del orden deseado. Los mandatos estatales introducen un ruido que distorsiona el comportamiento de los individuos y los induce a cometer errores innecesarios. Al desastre natural se le suma el Estado desastroso, y la calamidad está asegurada.

Un ejemplo gráfico de esta sucesión de eventos lo encontramos en la tragedia del tsunami asiático, cuando todos los gobiernos del mundo coordinaron sus políticas para tratar de minimizar el daño sufrido por las víctimas. Un año después, conviene hacer un balance de las mentiras intervencionistas, que agravaron la situación desesperada de los afectados y que estos días se están poniendo de manifiesto.

La caridad privada no es suficiente

Una de las justificaciones más recurrentes del Estado es su función redistributiva. Sin un Estado que garantizara la "igualdad de oportunidades", los pobres serían cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Se trata de una monserga que, no por mucho repetirla, resulta menos falaz.

A diferencia de lo que creen los socialistas, no hay pobres porque existan ricos; la riqueza de José no es causa de la pobreza de Miguel. Lo cierto es que existen personas pobres porque el Estado les impide enriquecerse; su tremenda maquinaria burocrática bloquea la búsqueda y creación de nuevas oportunidades (pensemos simplemente en el salario mínimo, una regulación que, de facto, supone la expulsión del mercado laboral de los individuos más desfavorecidos).

La cantinela redistribucionista se acentúa después de un desastre natural. Toda la izquierda planetaria presiona a los distintos gobiernos para que atraquen a sus contribuyentes y donen sumas ingentes de dinero a los países afectados: sólo los Estados son capaces de acaparar semejantes cantidades de recursos en tan poco tiempo.

El argumento no tiene ningún sentido; de entrada, podemos hacer tres críticas. La primera es que el robo fiscal sigue sin quedar justificado, a pesar del pretendido destino del dinero. Las buenas intenciones no purifican un expolio viciado de origen; el fin no justifica los medios, por muy urgente y apremiante que pueda parecer ese fin.

La segunda es que la gestión estatal de la caridad provoca una serie de distorsiones notorias: al no depender la recaudación de las aportaciones voluntarias de los individuos, el Estado no tiene por qué ser diligente a la hora de gastar los fondos incautados.

Si los individuos, por el contrario, entregaran libremente el dinero a empresas u ONG, las distintas compañías tendrían que competir entre ellas para gestionar mejor los fondos, reduciendo los costes o las comisiones y eliminando los proyectos superfluos e innecesarios. Cada individuo sabría el dinero que ha donado, y querría conocer en qué se ha gastado. Las empresas que peor gestionaran la caridad irían desapareciendo, en un proceso competitivo destinado a mejorar tanto la eficiencia como la ayuda a los más necesitados.

Es obvio que esto no sucede en el caso del Estado, que sólo tiene que utilizar la fuerza y recaudar impuestos para conseguir los fondos. No importa si no son usados correctamente: el ciudadano no es propietario de su dinero, por lo que no puede controlarlo y entregárselo a otros gestores más eficientes.

La tercera y más demoledora crítica es que el argumento no es cierto. No existe ningún impedimento que impida a los ciudadanos ser más caritativos que sus estados. Es más, en todo caso, cabría decir que la redistribución pública tiende a desalentar la caridad privada.

Las razones son sencillas de entender. Si el Estado nos quita el 50% de nuestra renta, el margen para ser solidarios disminuye. Por otra parte, si nos creemos que el Estado realmente cumple el objetivo de ayudar a los pobres, si funciona tan correctamente como para erradicar las desigualdades y la miseria, ¿para qué vamos a entregar más dinero a unos pobres inexistentes? ¡Eso es tarea del Estado! Tarea que, además, realiza muy eficazmente. El problema, en todo caso, no estará en el Estado, sino en que ha recaudado demasiado poco.

La ilusión de un sector público eficiente que los socialistas nos venden sólo sirve para que la gente no se tome en serio la necesidad de ayudar a los demás cuando suceden desastres como el del tsunami. Sin embargo, en este caso, cuando los políticos reconocieron su incapacidad para atender a todas las víctimas con los recursos públicos, la caridad privada se disparó y llegó a doblar la cuantía que habían entregado los gobiernos de todo el mundo.

Tal fue el alud de caridad privada y voluntaria que, tan sólo un mes después de la catástrofe, la Cruz Roja tuvo que hacer un llamamiento público para que la gente dejara de enviar dinero con destino al sureste asiático. "Ya tenemos bastantes fondos para planificar nuestra respuesta y cumplir los programas de los próximos diez años", llegaron a decir. ¿Realmente podemos creernos el cuento de que sin Estado no habría caridad?

El colmo de las ineficiencias y de las mentiras fue destapado hace unos días: la gran mayoría de los gobiernos, empezando por EEUU y Europa, todavía no han entregado ni la mitad del dinero prometido. Estas cifras contrastan con las del sector privado, que ha desembolsado la práctica totalidad del dinero adeudado.

Obras son amores y no buenas razones; en este caso, el simple amor al prójimo debería dejar claro que cada vez quedan menos razones para justificar la existencia del sector público.

Impulsar el orden

Si los gobiernos occidentales actuaron de manera torpe y errática en el caso del tsunami, los estados de los países afectados no son menos responsables en la magnitud de la tragedia y de sus consecuencias.

De entrada, son los causantes más inmediatos del subdesarrollo de sus ciudadanos. Si bien es cierto que Asia está experimentado en los últimos años un crecimiento económico notable –paralelo al incremento de su libertad–, la pobreza que subsiste en esos países sigue teniendo como causa la falta de seguridad jurídica y la desprotección de la propiedad privada resultante de un intervencionismo feroz.

Una mayor riqueza permite construir edificios más sólidos y resistentes, así como la rápida provisión de vacunas y víveres después de la catástrofe. Es cierto que muchos socialistas niegan que la riqueza sirva para protegernos del azote de la naturaleza, pero, en ese caso, ¿por qué motivo instaban a los gobiernos occidentales a enviar grandes sumas de dinero? Si la riqueza es inútil, ¿qué sentido tiene redistribuirla?

En el fondo, todo el mundo se ve obligado a reconocer que a mayor riqueza, mayor capacidad para capear la adversidad. Los estados asiáticos, en tanto han reprimido históricamente la función empresarial, son responsables de la falta de desarrollo de los habitantes de esas regiones (falta de desarrollo que los desprotegió frente al tsunami).

Hace pocas semanas nos enteramos de que el 80% de los afectados por el tsunami siguen sin tener una vivienda; no por falta de dinero, sino por las obstrucciones políticas a su construcción. Los gobiernos de esos países no han asignado todavía las tierras donde pueden construirse los edificios, por lo que el dinero recaudado por las ONG de todo el mundo aún no ha podido ser empleado.

Las regulaciones burocráticas de esos estados han paralizado el proceso creador que caracteriza al capitalismo. No sólo se ha empobrecido a los habitantes de la zona, sino que se ha impedido la inversión de las ayudas recaudadas hace un año. ¿Alguien puede extrañarse de que esas sociedades continúen sumidas en la pobreza? ¿Qué empresario va a poder o querer invertir en unos países donde los gobiernos han bloqueado durante más de un año la reconstrucción de viviendas para los afectados por una tragedia de semejante intensidad?

Conclusión

Los gobiernos son incapaces de solucionar los problemas de los individuos. Su conocimiento fraccionario y su comportamiento despótico impiden la colaboración pacífica entre las personas.

El caso del tsunami de 2004 ha sido, desgraciadamente, paradigmático. La ayuda privada no sólo ha desbancado a la pública, además se ha abonado mucho antes. Por su parte, la deliberada acción política de los estados surasiáticos, lejos de favorecer la coordinación entre los individuos, ha impedido que el 80% de las víctimas disponga de un hogar.

Cuando el Gobierno interviene en la economía podemos ver el resultado de sus acciones, pero la mayoría de las veces somos incapaces de comprender todos los efectos invisibles de su devastadora política. Por lo pronto, sabemos que más Gobierno ha significado menor ayuda privada, más pobreza y menos viviendas para el sureste asiático. Pero eso es sólo la punta visible del iceberg: ¿cuántos propósitos habrán dejado de cumplirse por una coacción estatal que sólo ha traído caos y descoordinación?

Parafraseando al gran liberal Ludwig von Mises, podríamos decir que los estados no pueden crear el orden, pero sí destruirlo. El sureste asiático sigue siendo una vergonzante prueba de ello.

Evolución y liberalismo

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

A menudo se critica al liberalismo que se basa en una versión cruel del evolucionismo según la cual los débiles deben desaparecer en beneficio de los fuertes. Esta opinión es un tópico irreflexivo que muestra un profundo desconocimiento de lo que es la evolución (biológica y cultural) y lo que es la libertad. Cualquier filosofía ética y política que pretenda ser científica debe corresponderse con la realidad, y la naturaleza biológica y humana es evolutiva. El liberalismo no se basa de forma arbitraria y caprichosa en el evolucionismo, sino que lo acepta como un fundamento dado irrenunciable: las variantes reproductivas mejor adaptadas (más eficientes en el automantenimiento y propagación de sus características) van a ser exitosas, abundantes y predominantes; los peor adaptados tienden a desaparecer.

Las estrategias evolutivas son complejas y deben tener en cuenta las posibles acciones de los demás. El juego de la supervivencia admite muchas estrategias exitosas, y por eso hay tantas especies y nichos biológicos. La competencia es a menudo brutal: muchos organismos viven a expensas de otros (parasitismo, depredación, esclavitud). Pero la lucha a muerte de todos contra todos no sólo no es la única opción posible sino que es una alternativa pésima. La vida es competitiva (ser competente, capaz) pero también esencialmente cooperativa y simbiótica a todos los niveles: cromosomas como alianzas de genes; colonias de bacterias; células eucariotas como confederaciones bacterianas; organismos pluricelulares como asociaciones de células; grupos animales para unificar esfuerzos en la protección y la caza; sociedades humanas con especialización, división del trabajo, intercambio e instituciones evolutivas como el lenguaje, la propiedad y el dinero.

Por su fuerza o su astucia para muchos seres humanos resulta posible vivir a costa de los demás, y lo hacen. En las sociedades no libres los parásitos (gobernantes, burócratas, subsidiados) explotan mediante la violencia (directa o indirecta) y el expolio fiscal a las personas pacíficas, honestas y productivas, con excusas diversas como la superioridad de alguna casta, el mandato divino, el bienestar general o la defensa de los más débiles.

La libertad es la característica de una sociedad que respeta el derecho de propiedad (la legitimidad de la posesión o control sobre los recursos), la única norma ética universal, simétrica y funcional posible. En una sociedad libre ningún individuo vive a costa de otros sin su consentimiento, todas las relaciones deben ser voluntarias y mutuamente beneficiosas, no se obtienen ganancias de forma coactiva a costa de pérdidas ajenas (robos, estafas). La riqueza legítima se obtiene sirviendo a los demás, ofreciéndoles bienes y servicios valiosos en un mercado libre. La competencia puede ser muy dura (tanto entre productores vendedores como entre consumidores compradores) pero la agresión violenta queda excluida. Triunfan profesionalmente quienes mejor sirven a los demás (y sus formas de hacerlo), y adquieren más poder para seguir haciéndolo si así lo desean. Los que fracasan admiten sus pérdidas e intentan mejorar o se dedican a otra cosa. La riqueza es generada constantemente, no hay tartas fijas o botines que repartir equitativamente. Los ricos no viven a costa de los pobres, y aunque no tienen ninguna obligación de ayudarles lo hacen al ofrecerles la posibilidad de comerciar y al producir excedentes de riqueza que permitan la caridad.

La sociedad libre evoluciona renunciando a la agresión, y progresa de forma espectacular porque el comercio es mucho más eficiente que la esclavitud parasitaria. Pero los necios colectivistas siguen con el tópico del capitalismo salvaje y la ley de la jungla; y proponiendo más política, más intervencionismo, más regulación contraria a derecho, más estatismo coactivo: ahí sólo hay ángeles desinteresados velando por el interés ajeno.

Un Gobierno de pocas luces

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Con el asesinato a sangre fría de una indigente, a la que quemaron viva tres hijos de puta, Victoria Prego se ha sumado al coro: "no hay en esa cultura de videojuego ninguna sanción ni crítica, ni tampoco advertencia". Según la periodista, "los chicos jóvenes no están educados para tener conciencia de los efectos de sus acciones violentas", debido a lo cual "pueden quemar a una mujer mientras se ríen" hasta que, luego, "lloran porque se dan cuenta, demasiado tarde, que la mujer no era un personaje de un juego bestial para Playstation".

Victoria Prego participa de ese empeño de la progresía internacional de trasladar la responsabilidad de las acciones de cada persona del individuo a la sociedad, que es esa malvada entidad que permite que los niños vean series de dibujos japonesas y películas violentas y jueguen a sádicos videojuegos. Y, claro, luego pasa lo que pasa. No importa los miles de niños que han crecido en esas mismas condiciones y no se dedican a dar palizas a vagabundos para luego quemarlos. Lo que no debe olvidarse jamás, para estos insignes pensadores, es que la responsabilidad nunca es de la persona que comete el delito, sino de una sociedad que le empuja a hacerlo.

Un doctor indio explicaba al psiquiatra inglés Anthony Daniels, también conocido por su pseudónimo Theodore Dalrymple, que la miseria que veía en Inglaterra era esencialmente distinta a la que se veía en su ciudad natal y, a su modo de ver, mucho más grave. Era una miseria moral, emocional, mental y cultural, de personas para las que ya no existe responsabilidad individual. Ladrones que exigen a su médico que les explique por qué tienen esa "necesidad" de robar aparatos de vídeo en casa ajenas, o que echan la culpa a las iglesias por tener sistemas de seguridad tan malos que, claro, provocan y alimentan esa compulsión de robarlas.

Una legión de pedagogos, terapeutas, asistentes sociales descerebrados e ideólogos de la destrucción de la sociedad han formado una industria criminal, liderada por sujetos tan despreciables como Javier Urra, cuyo fin es destruir los conceptos de responsabilidad individual y libre albedrío, destruyendo la sociedad que en ellos tiene su base. Sus mayores éxitos los han encontrado en el tratamiento que la ley otorga a los menores, que permiten que un sujeto como el asesino de la catana vaya a salir ya de la "cárcel". Pero no es el único. España no podrá ser una sociedad sana mientras hacer yoga siga considerándose un mérito que permite salir antes de la cárcel, mientras no se asuma que es perfectamente asumible en una democracia sin complejos la existencia de la cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional.

La culpa, la responsabilidad, es sólo y únicamente de los tres hijos de puta que quemaron a una pobre indigente. Pero si hubiera que buscarla en otra parte no es, desde luego, en los videojuegos donde la podremos encontrar sino en Victoria Prego y los que les permiten evadir sus responsabilidades. En los que crean el clima de impunidad e irresponsabilidad en que vivimos.

Y hablando de libertad y responsabilidad habitual, permitan que un abstemio de humo como yo comience el año fumándose un pitillo a la salud de la ley del tabaco.

La culpa es de Victoria Prego

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero sigue vivo. Un reciente artículo de Stephen Moore y Lincoln Anderson, titulado The Great American Dream Machine revela que según los últimos datos recogidos por el Gobierno Federal, seis de cada diez familias de los Estados Unidos tienen una riqueza neta (el valor de sus activos menos sus deudas) que supera los 100.000 dólares. Es decir, que el grueso de las familias americanas tienen una riqueza que supera los 85.000 euros, cuando en 1967 era solo uno de cada cuatro. En este período, el porcentaje de familias que ingresa 75.000 dólares al año o más ha pasado del 9 al 27 por ciento. Si dividimos la sociedad en cinco partes con un número igual de personas, el quinto medio que representaría a la clase media y que en 1967 ganaba de 28.000 a 39.500 dólares, hoy ingresa de 38.000 a 59.000. Para poder llamar pobre a un estadounidense hace falta meter en esa categoría a ciudadanos con niveles de vida de una familia media española.

De modo que Estados Unidos es una sociedad dinámica y creativa, que permite que los ciudadanos progresen considerablemente en una sola generación. Pero si nos fijamos más de cerca en los millonarios de ese país, veremos hasta qué punto el sueño americano sigue estando vigente. Thomas J. Stanley y William D. Danko son seguramente los mayores expertos en los millonarios estadounidenses, y han realizado el estudio más ambicioso dedicado a ellos, en su libro The Millionare Next Door. Más de tres millones y medio de familias tienen allí un patrimonio de un millón de dólares o más. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho para llegar hasta allí?

Stanley y Danko, después de 20 años dedicados a estudiarles, han observado que los millonarios estadounidenses ahorran, viven por debajo de sus posibilidades y creen que la independencia financiera es más importante que un estilo de vida alto. Eligieron la ocupación adecuada y asignan el tiempo, la energía y el dinero de forma eficiente. También han sabido ver bien las oportunidades que ofrece el mercado. Y no tienen importantes cargas familiares.

Cuatro de cada cinco familias millonarias de los USA han logrado su riqueza en una sola generación. No hace falta contar con dinero familiar para ser millonario, en los Estados Unidos. Eso sí, dedican de 45 a 55 horas a la semana a trabajar, generalmente en empleos creados por ellos mismos (dos tercios de ellos) o como profesionales liberales (el resto). Y prácticamente todos destinan el 15 por ciento de su renta o más al ahorro y la inversión. Del resto, una buena parte la destinan a la educación de los hijos. ¿Qué han logrado con ese comportamiento? Que sus ingresos anuales son menos del 7 por ciento del valor de la riqueza que poseen. Es decir, que viven con menos del 7 por ciento de la riqueza acumulada. Podrían dejar de trabajar y crear riqueza y sin embargo mantener su nivel de vida. E insisto, en una sola generación.

El sueño americano

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Tal vez el problema no sea el relevo, sino pensar si tendríamos que eliminar para siempre a estas organizaciones que sólo sirven al interés del Estado. Todas las organizaciones políticas destacan por lo mismo: ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, o estás conmigo o contra mi.

España, y Europa también, se está matando a sí misma en este camino hacia el socialismo e intervencionismo. En lugar de hacer un cambio de rumbo radical para conseguir el progreso los políticos, como siempre, sólo saben que barrer hacia casa tomando más dinero de la economía privada y más libertad de la sociedad civil. El hombre se está volviendo un sumiso esclavo de los órganos políticos ya se llamen estado, ayuntamiento, CNMV, FMI… Sin darnos cuenta estamos volviendo a una sociedad de oligarcas absolutistas donde la vieja consigna de “todo por el pueblo pero sin el pueblo” está más vigente que nunca. Es más, estamos avanzando hacia un estado puramente totalitario donde el individuo no es más que una vulgar pieza para la satisfacción del bien común, y el bien común no es el bienestar de los hombres, sino el de los oligarcas. Prohíben a la gente fumar porque mata y en cambio envían y mantienen tropas armadas en países extranjeros haciendo peligrar a esos españoles y a la sociedad ocupada (Afganistán y Haití no son una excepción); el gobierno crea una nueva inquisición mediática para castigar a sus oponentes civiles; obliga a la gente a cuánto ha de ahorrar para su jubilación sin ninguna garantía que vaya a recibir nada, adoctrinan a la juventud en colegios públicos para que sean dóciles e inútiles, extorsiona a empresas y particulares con un sinfín de impuestos, gestiona empresas estatales pésimamente matando la competencia y dando fuerza a los monopolios… ¿Necesitamos tanta represión y violencia?

La mayor amenaza de España no es el “islamismo sangriento”, ni el terrorismo, ni la globalización, porque estos son fenómenos no masivos que podemos combatir precisamente con una sola solución: menos intervencionismo, menos estado y más libertad, y cuanto más mejor. Nuestra gran amenaza es la tiranía de las buenas intenciones, el bien común que usan los políticos como excusa para engañarnos y vivir como auténticos seres supremos a costa del trabajo y libertad de la gente.

Es sorprendente a los límites que la sociedad civil ha dejado llegar al opresor político y al estado para sentirse “segura”. Ha sido un Síndrome de Estocolmo masivo que ha tardado años y que a fuerza de represión y engaños ha cuajado ente nosotros. Ahora no llevar un pequeño dictador dentro de nosotros y no querer prohibir al resto todo aquello que no nos gusta por el simple hecho de amar la libertad es sinónimo de antisistema y destructor de la sociedad, los liberales lo sabemos bien. Sólo el que usa y aboga por métodos totalitarios y criminales es el bienhechor de la sociedad. Antes, a estas personas se les llamaba por su nombre: fascistas o comunistas según para donde tirasen, los dos nacen del mismo principio: la igualdad y la utopía, y de aquí el estado del bienestar, una locución, que como la gran mayoría de expresiones actuales ha perdido todo sentido hasta el punto de convertirse en todo lo contrario.

La pregunta está en si podremos cambiar todo esto. La situación me recuerda tremendamente a la novela “Rebelión en la granja” de George Orwell. La fábula es una crítica a la Revolución Rusa, donde recuerden, una panda de infelices llegaron a esclavizar a uno de los países más grandes del mundo con las mismas palabras, la tiranía de las buenas intenciones. No hay diferencia alguna con la actualidad. Parafraseando a Lord Acton: “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

El bien común es para la oligarquía política

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Muchos han puesto el grito en el cielo porque el pasado 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto de Tarifas Eléctricas para 2006 en el que se sube un 4,48% de media la tarifa para los consumidores domésticos. Los motivos del gobierno para esta subida vienen determinados fundamentalmente por tres factores que están elevando el coste de producción: la subida del precio del petróleo y su impacto sobre las centrales de fuel oil y ciclo combinado, la creciente cuantía de las primas a la producción de energías renovables y los elevadísimos costes e ineficiencias (es, decir, el gran despilfarro) que está provocando el Protocolo de Kioto. Los tres factores son, como suele suceder, a su vez, producto de otras intervenciones estatales.

No sabemos cuál sería el precio de mercado de la electricidad si éste no estuviese intervenido. Lo que sí sabemos es que toda intervención en los precios provoca que se usen recursos valiosos para la producción de fines relativamente poco importantes. Es decir, el precio intervenido genera un enorme derroche del bien en cuestión.

Por eso, no hay que poner el grito en el cielo porque los precios medios de la electricidad suban un 4,48%. Debemos ponerlo por otro motivo de vital importancia. Y es que resulta insultante que el gran despilfarrador, el poder político intervencionista que determina arbitrariamente los precios, haya introducido en ese mismo decreto un sistema de penalización según consumo para, supuestamente, evitar el derroche. De esta forma el gobierno hará que a medida que se consuma más energía, el consumidor la tenga que pagar más cara.

Evitar el despilfarro poco o nada tiene que ver con esto. La gente no se dedica a despilfarrar la electricidad. Lo que hace es usarla en aquellas actividades que valora lo suficiente como para incurrir en los costes necesarios para hacerlas realidad. Y como el valor que se le da a un uso concreto es siempre subjetivo, nadie puede decir que su uso es más importante que el de los demás. Por lo tanto, la única forma de reducir el derroche eléctrico al mínimo es liberalizar la producción, liberalizar el precio y dejar que cada consumidor juzgue cuáles son sus fines relativamente más apremiantes para los que usar la electricidad al precio de mercado.

El verdadero despilfarro es casi siempre el producto de una intervención política. En nuestro caso el poder político se ha encargado en primer lugar de hacer de la electricidad (uno de los bienes más importantes para el crecimiento económico) un bien artificialmente escaso mediante impedimentos a la producción. Luego se ha dedicado a jugar políticamente con el precio desestabilizando la relación entre la oferta y la demanda. Y, ya por último, nos llama despilfarradores y nos quiere cobrar el coste del desaguisado que ha formado. Hay que tener poca vergüenza para tratar así al ciudadano que trabaja cada día para vivir un poco mejor consumiendo, generalmente, un poco más de electricidad.

La falsa neutralidad de los impuestos al consumo

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

The very idea of a neutral tax is as unrealizable as that of neutral money.
La Acción Humana. Ludwig von Mises

Existe la opinión bastante extendida según la cual los impuestos al consumo serían neutros porque sería el propio consumidor quien soporta la carga del impuesto. La producción no se vería condicionada por el gravamen si las empresas pueden trasladar o repercutir el coste fiscal a los consumidores. La economía, en su conjunto, no se vería modificada por una imposición de este calibre. Un ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido que padecemos los europeos. Sin embargo, la idea de que una intervención gubernamental resulte ser neutral supone otorgarle al Órgano de Planificación una naturaleza etérea e inhumana un tanto alejada de la realidad; algo, desgraciadamente, no muy alejado de algunas teorías económicas.

Toda acción persigue un fin y para ello emplea unos medios. Y siempre puede resultar exitosa, o por el contrario, fracasar. Del mismo modo, los economistas yerran y han errado en sus continuos intentos por formular teorías que puedan ser explicativas de la realidad. Como todo hijo de vecino, el error está inexorablemente presente en la acción o en la profesión de cada uno. No obstante, los economistas académicos están en una posición diferente ya que el fruto de su trabajo e investigación tiene una repercusión planetaria. Rothbard afirmó que una parte importante del sustento del Estado eran las ideologías afines a él. Como la mayor fuerza la tenía el pueblo, el Estado necesitaba de un séquito de intelectuales que realizaran la labor de persuasión a las masas para justificar su existencia.

Entre los economistas, se hizo popular la idea de que los costes determinaban parte sustancial de los precios. La famosa tijera marshalliana en la que por una parte se encontraba los costes de la oferta, y por otra las preferencias de la demanda, fue la explicación sobre la determinación de los precios que aun hoy se estudia en las universidades. Tal teoría no resultaría de mayor importancia de la que realmente tiene si no fuera por sus repercusiones políticas. Como dijo Jean Baptiste Say “si estos principios se limitaran solamente a los libros, uno podría absorber el problema”, pero estas teorías “han sido puestas en práctica por los agentes de la autoridad pública que se aprovechan de este error y este absurdo a punta de bayoneta”.

Y es que, si por un lado tenemos en cuenta que un impuesto como el IVA puede suponer un coste de un 16% es difícil explicarse meramente con el sentido común cómo no podría tener efectos sobre la economía y ser neutral.

Un impuesto de tal calibre sí tiene efectos perversos ya que es un impacto que soportan las empresas. En contra de la teoría de la tijera marshalliana, los precios están determinados por los gustos y preferencia de los consumidores. Ante un incremento de un 16% de los precios de los artículos de consumo, estos modificarán su conducta si ven que ahora se les aumenta el coste de sus adquisiciones. Tal modificación puede ser variada. Por un lado puede que la distribución que anteriormente hacían entre consumo y ahorro se modifique, bien en detrimento del primero o, más probablemente, del segundo. Con lo cual, toda la estructura productiva de la economía, se vería gravemente modificada por tal imposición gubernamental. Pero esto sería una de las consecuencias solo si se tuviera en cuenta que ese traslado del impuesto desde las empresas al consumidor por la que tanto abogan los defensores de la idea de neutralidad en impuestos como el del IVA, se diera efectivamente en la realidad.

No obstante, es muy probable que no sea así, puesto que normalmente las empresas ya ofrecen a los precios con los que se obtiene el ingreso neto máximo. Con lo que ante un aumento de los costes debido al dicktaat gubernamental no podrían aumentar los precios a los consumidores. El efecto final no resultaría ser un impuesto al consumo, sino a la producción, puesto que son las empresas quienes absorberían esta enésima carga estatal. Y, al ser un impuesto a la producción, todos los sujetos implicados en ella se verían salpicados por esta idea económica utilizada por los políticos. Con lo que, una vez más, el impuesto al consumo en realidad sería un impuesto indirecto a la renta de los factores productivos de la economía.

Esto último, sumado con la distorsión sobre la preferencia temporal de los individuos que ya mencionamos, no sólo no resultaría neutral, sino que sería y es tremendamente dañino, si lo que queremos es mayor bienestar y prosperidad y mayor respeto a la propiedad y a la libertad.

El PP, como el PSOE

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La Ley de Dependencia, según se anuncia, proporcionará subvenciones a las familias con enfermos imposibilitados que necesitan la ayuda de otra persona para valerse. Doña Ana Pastor, en dicha entrevista, se mostraba encantada con la propuesta que, de hecho, ya se le había ocurrido a ella mucho antes; y para que no hubiera dudas sobre su pasión redistributiva, afirmó tajante: “ojalá yo pague muchos impuestos para que el Estado pueda ayudar a estas personas”. Pero si el PP y sus cuadros fuesen de veras un partido liberal y no, como diría Hayek, una socialdemocracia de derechas, denunciarían esta nueva intromisión estatal en la esfera privada, por varios motivos.

En primer lugar, el deseo de la Pastor de pagar muchos impuestos para que el estado sufrague estas políticas no constituye ninguna lección de ética, pues lo moral es un atributo privado del ser humano que depende de únicamente de su propia voluntad, y los impuestos no son contribuciones voluntarias, sino incautaciones coactivas. La solidaridad con cargo al presupuesto no es virtud, sino cinismo, y el hecho de que ella pida a gritos que el gobierno le esquilme el bolsillo aún con más fiereza no la hace mejor persona que los que sentimos más apego a lo que ganamos honradamente.

En segundo lugar, el juego de intereses que se pone en marcha con la redistribución pública ejerce una distorsión profunda en las relaciones sociales, creando castas de ganadores (consumidores netos de impuestos) o perdedores (contribuyentes netos), según los criterios que el gobierno de turno utilice para ejercitar su poder coactivo. ¿Por qué subvencionar a las familias con un enfermo de Alzheimer y no a las que tienen muchos hijos, o a los abuelos que cuidan de sus nietos, o a los bailarines de striptease, que levantan el ánimo de las personas con problemas, o a los curas, que procuran alivio espiritual y son también gente encantadora?

En tercer lugar, es una falacia el pensar que la redistribución estatal opera uniformemente entre ricos y pobres. Al contrario, el peso de esta supuesta redistribución recae en gran medida dentro del grupo de los “no poseedores”, cuyas circunstancias personales les impiden hacerse subvencionar por el resto, en virtud de los criterios estatales vigentes en cada momento. Decía Rothbard que la doctrina de la redistribución se resume en que unos pobres terminan pagando la factura de otros pobres. En el caso de la Ley de Dependencia, habrá beneficiarios netos (enfermos imposibilitados, con rentas bajas pero con bienes patrimoniales suficientes) que estarán siendo subvencionados por personas con un menor poder adquisitivo (por ejemplo, familias numerosas con escasos ingresos y grandes problemas para llegar a fin de mes). La Pastor se muestra encantada con este sistema. Ella sabrá. En todo caso que se lo explique a sus votantes.

Finalmente, la subvención pública desincentiva el ejercicio de la responsabilidad individual y erosiona los vínculos familiares. El estado socialdemócrata aspira a dirigir nuestra vida desde la cuna hasta el final de nuestros días, mediante la expansión de un gigante burocrático que cada vez fagocita un trozo mayor de la riqueza que creamos los ciudadanos. Así, el sistema público de pensiones, alienta a la mayoría de las personas a no preocuparse de ahorrar lo necesario para garantizarse una vejez desahogada, a la espera de que el estado socorra sus necesidades. Los hijos, a su vez, eluden la obligación moral de cuidar de sus progenitores imposibilitados en la ancianidad, exigiendo al Estado (es decir, al resto de contribuyentes) que se encargue de ejercer esa función, con grave deterioro de los lazos intergeneracionales propios de la institución familiar.

Lo cierto es que la socialdemocracia hace mucho tiempo que dejó de ser una opción política para convertirse en un régimen, en cuyo juego de intereses electorales el PP sólo es el ala moderada. Y nada más.

La tesis de Powelson sobre la difusión del poder

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

¿Porqué se ha desarrollado Europa y China no? ¿Qué proceso ha llevado a que ciertas áreas del mundo adopten unas instituciones que favorecen el desarrollo de una sociedad compleja, mientras que otras parecen condenadas a estar sojuzgadas por tiranos? John P. Powelson se ha planteado este problema y ha dado con una explicación feraz: el proceso de difusión del poder. A él dedica su obra Centuries of Economic Endeavor.

Powelson trata el poder, “la capacidad de influir o dirigir el comportamiento de otros”, como un bien económico, ya que los hombres lo buscan como “bien de capital (capaz de proporcionar otros productos a su poseedor) o de consumo (disfrutado por sí mismo)”. Con este elemento de análisis se plantea el problema del desarrollo económico duradero y de las instituciones que lo sustentan. El crecimiento tiene menos que ver con las medidas económicas que con el desarrollo de instituciones fruto del comportamiento pautado. El núcleo de cómo surgen estas instituciones lo ve en “el mecanismo por el que quienes tienen el poder ora lo intercambian por otros bienes ora se lo quitan otros”.

Todos buscan el monopolio y el privilegio. Pero si no son estables o mantenerlos es demasiado costoso, se puede elegir un sistema más amplio y justo como second best, con oportunidades para todos o para un número mayor de personas. En el monopolio o el privilegio hay conflicto entre grupos de intereses. Desde este punto de partida, sigue Powelson:

La norma general es: en un vacío institucional, el conflicto se resuelve con un relativo compromiso de poder entre grupos de interés e individuos. Si esto se repite muchas veces, la forma de resolución se convierte en una institución, que tiende a conformar el comportamiento futuro. No obstante, si el poder relativo cambia, también lo hace la institución. De este modo, si el proceso de difusión del poder opera de forma fructífera, las instituciones económicas se negocian por muchos grupos de interés, cuyo poder se hace más difuso con el tiempo.

El desarrollo económico duradero requiere instituciones (formas de comportamiento) establecidas en negociaciones a largo plazo entre muchos grupos de interés, ninguno de los cuales es lo suficientemente poderoso como para dominar sobre los demás por completo.

Podemos llevar este esquema, de forma muy concisa, al caso de Europa. Partimos de la Edad Media, cuando el poder era plural y estaba diseminado geográfica e institucionalmente. De ahí el feudalismo: la palabra feudo significa pacto. El feudalismo comprometía obligaciones mutuas sancionadas por la costumbre. En este contexto se dieron varias instituciones (la Iglesia, las ciudades) que resultaron en un pluralismo institucional que lo era también como fuentes de Derecho. Era un pluralismo político que tenía también su reflejo en un pluralismo económico e ideológico (cortes, monasterios, universidades…).

Los campesinos, la clase más extensa pero más débil, se fueron rebelando, mostrando su poder, y aliando con grupos distintos en su búsqueda por un reconocimiento institucional mayor o simplemente por mejores términos de acuerdo con otros grupos. Los reyes y las ciudades se apoyaron mutuamente para restar poder e influencia de los nobles. Dice Powelson: “Por estos variados caminos, se operó una igualación de los grupos medios así como de los campesinos, no siempre exitosa y en ocasiones resultante en una concentración de poder. Pero en su mayor parte los grupos más débiles crecieron en poder relativo sobre los más poderosos, de modo que se promovió un proceso de difusión del poder”. A ello hay que añadir que “a medida que la agricultura privada, las ciudades y los mercados favorecían la producción y el comercio, el poder devino todavía más difuso e institucionalizado”.

En las ciudades se desarrollaron otros grupos sociales (comerciantes, artesanos) y otras formas de organización económica (la orientación de la producción de los campos al mercado, las empresas), reflejo y motor de una sociedad más compleja y con el poder aún más disperso. En la mutua lucha por alcanzar el monopolio y el privilegio, o por pactar instituciones que le reconozcan a uno, aquellas normas más amplias y generales son las que permiten un compromiso (y por tanto un apoyo) más amplio, aunque se a costa de las mayores pretensiones de cada grupo social. Todo ello se vio favorecido porque ese tipo de instituciones más abstractas y generales favorecen el desarrollo económico y social, como explica Hayek.

Esta es una exposición breve de la tesis de Powelson. Aunque merezca retoques en algún punto, creo que está muy bien encaminada.