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Cortina de humo

Rodríguez Zapatero amenazó el pasado 4 de septiembre con imponer su visión de cómo deben ser las personas. Así, dijo que quería que los ciudadanos "consuman menos alcohol y tabaco", y que eso es "ser de izquierdas en el siglo XXI". Con estas palabras podemos asumir que el nuevo socialismo no apoya el placer sensorial salvo en lo que al sexo respecta; campo en el que defiende la promiscuidad a pesar del riesgo de contraer el sida. Ahora bien, como se pueden imaginar, este terreno es políticamente incorrecto. No así tanto el de perseguir a los fumadores.

Retomando los sabios consejos de Platón, quien recomendaba que a los ciudadanos no se les dejara disfrutar de los apetitos materiales ni tampoco de los versos del gran dramaturgo Horacio, la nueva izquierda ha abrazado las políticas inquisitoriales. Como ha señalado Juan Ramón Rallo en esta revista, los denominados "rojos" (ZP dixit) tratan de imponer "una moralización represiva" de "la sociedad".

De este modo, se transforma totalmente el fin del Estado de mantener la paz social. A partir de ahora también debe inmiscuirse en nuestras vidas, decidir por nosotros y guiarnos en la enojosa tarea de buscar nuestro propio sino. A quienes se rebelen contra la insidia de aceptar la sumisión siempre reprimirle. Por ejemplo, haciéndoles pagar 600.000 euros como sanción.

La meta de la ley es clara: castigar al fumador y, cómo no, a quien utiliza la propiedad como desea, en este caso los hosteleros. A éstos les va a arruinar, ya que en menos de ocho meses tendrán que adecuar sus bares, impedir la entrada a menores, poner salas de apestados, perdón, fumadores y reservar, para el caso de los hoteles, un número determinado e inamovible de habitaciones, para que los recalcitrantes enfermos se metan unos tiros de nicotina.

Esta es la cuestión que debemos abordar, si el Estado está autorizado a decirnos lo que debemos hacer, como sugiere la campaña moralista del Ministerio de Sanidad. Con nuestro dinero, nos anima de forma paternalista a dejar nuestros hábitos, a liberarnos y escuchar la buena nueva: somos unos adictos y eso nos hace peores personas.

Cuando el Gobierno decide que en los lugares de trabajo no se fume, algunos creen que está actuando con la diligencia debida que se espera de un poder político que asegura los derechos de los no fumadores. Sin embargo, ése no es su verdadero propósito, ya que la mayoría de las empresas prohíben fumar. Si realmente lo fuera, entonces no dirían nada acerca de las salas de fumadores.

Pero hasta ahí ha llegado la normativa. Prohibición total, nada de lugares de recreo donde los fumadores den caladas y se narcoticen. La verdad exige sacrificios, la obediencia sin concesiones. Así, la cortina de humo se amplía, y no se deja ver los errores y torturas a las libertades con que nos atosiga una izquierda sin rumbo que abomina de la libertad y abraza el esclavismo como forma de vida.

El fumador pasivo se ha convertido en la excusa del PSOE para imponer sus creencias. Por nuestro bien, cómo no. A este fumador pasivo, independientemente de lo que quiera hacer, se le dice que tiene el deber de exigir que en los bares, discotecas, hoteles y restaurantes no haya quien encienda un cigarrillo; lugares, todos estos, que podemos enclavarlos en el sector del ocio. Es decir, uno no va a un bar, como al metro, por obligación sino por placer. Decide ir allá donde hasta ahora era posible fumar en libertad, teniendo siempre la posibilidad de elegir espacios libres de humos. Baste como ejemplo el caso de la cadena americana de cafeterías Starbucks, donde es norma la prohibición del tabaco.

No es suficiente. El Estado quiere más y más. Quiere nacionalizar de facto la propiedad a través de una legislación claramente coactiva. A tal fin, como hemos dicho, señala que alrededor del "1% de las muertes atribuibles al consumo de tabaco se produce entre los fumadores involuntarios" (sic). Nótese la ironía: fuman sin quererlo. Por supuesto, el Ministerio de Sanidad se refiere así a los fumadores pasivos, no a los amantes del pitillo y del puro. Ironías de la vida: nada se señala de las causas por las cuales un no fumador contrae un cáncer, dado que, dicho sea de paso, ésta es una de las enfermedades más desconocidas aún por la medicina. Hechos como los antecedentes hereditarios se obvian, ya que los científicos que prueban estas interrelaciones tienen más éxito a la hora de recavar subvenciones que los que niegan la mayor.

Puestos a reprimir conductas, lo siguiente que probablemente dicte el Gobierno sea la prohibición de las hamburgueserías, de los dulces, los mazapanes, los pasteles y otras delicias; del coche, que evita a muchos hacer un ejercicio tan sano como andar, o del alcohol, como ha dejado caer el bueno del presidente. Y en el suma y sigue todo cabe, con este maximalismo que, por cierto, nos pone a la "cabeza de Europa" en lo que a progresismo se refiere.

Los efectos de las medidas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero son tan previsibles que enumerarlas puede insultar la inteligencia del lector. Aun así, pensemos en los jóvenes de 16 años que, no pudiendo acceder a un bar, aunarán botellón y fumeteo en las vías públicas. Añadamos a quienes se resistan a transigir y fumen más donde antes no se les ocurriría hacerlo, léase Administraciones Públicas y el Metro. Por último, el número de bares de menos de 100 metros cuadrados que no se van a sumar a la política sanitaria serán tantos que, al final, la medida sólo será aplicable a aquellos establecimientos que, por el espacio de que disponen, se van a ver compelidos a ser buenos… a golpe de multa. Cómo no, las sanciones son tan altas que pondrán al fumador en peor situación que el consumidor de estupefacientes, a quien no se pena por consumir.

Dejar de fumar es, sin duda una decisión muy aconsejable. Aunque el hecho de hacerlo supone una opción personal, no una imposición estatal. La historia demuestra que todos los intentos por crear sociedades puras, sin egoísmos o vicios, han fracasado. Esta ley está destinada a fracasar y, entre tanto, a arruinar el turismo, haciendo que cada vez menos extranjeros vengan a España a disfrutar de la libertad de consumir tabaco y prefieran partir hacia destinos como Chequia o los países de la extinta Unión Soviética.

No creo que pretendamos estar al mismo nivel de la Alemania nazi, pero cuando se escuchan frases como la que sigue: "Hermano nacional socialista, ¿sabes que tu Führer está en contra del hábito de fumar y piensa que cada alemán es responsable de sus actos y misiones frente a todas las personas, y que no tiene el derecho de dañar su cuerpo con drogas?", y se comparan con lo que ha dicho la ministra de Sanidad: "La lucha contra el tabaco ha sido y es una prioridad del Gobierno", la sorpresa se torna en desasosiego.

Entonces, uno comienza a preguntarse si el camino tomado por el actual Gobierno es progresista o regresivo. Para un presidente que no distingue entre impuestos de uno u otro tipo, cualquiera sabe. Eso sí, no se quejen: el Gran Hermano mira por ustedes…y por sus hijos.

Adoctrinando en la esclavitud

La Agencia Tributaria insta a los profesores de primaria y secundaria a que sometan a sus alumnos un aquelarre de imágenes maniqueas y frases manipuladoras. Las mentiras, los errores, las distorsiones y la farsa sin disimulo ni decoro recorren un documental animado cuyo objetivo es erradicar los sentimientos de libertad desde la misma infancia.

A través de cuatro adolescentes virtuales, conocidos como "la Generación T", el escolar puede ir interactuando en varios escenarios, donde se le van explicando las plagas bíblicas que sucederían si el Estado no recaudara impuestos. Ya se sabe: con un Gobierno menos glotón, nos indigestaríamos todos; con una clase política menos ladrona, todos seríamos más pobres. El mundo al revés; el mundo del engaño, el mundo de la mentira, el mundo de la izquierda.

Bastarán unos extractos procedentes de la versión en texto para darnos cuenta de la sucesión de falacias y grotescas tergiversaciones que el socialismo patrio pretende inculcar a los jóvenes para controlar la libertad.

La educación es gratuita

En la primera escena del documental aparece un profesor que informa a la "Generación T" de que "las administraciones públicas tienen que garantizar la gratuidad de la educación hasta los dieciséis años". "En España el Bachillerato y los ciclos formativos también son gratuitos".

Hacienda quiere vendernos la moto de que el Estado es una especie de Rey Midas que convierte todo lo que toca en oro. La educación es gratuita para los ciudadanos, no tienen que pagar nada. O bien, por arte del birlibirloque, los profesores dejarán de percibir sus salarios, las editoriales el precio de sus libros y las constructoras la remuneración por edificar los colegios, o bien Hacienda considera que el Gobierno es capaz de crear riqueza de la nada.

En cualquier caso, nos encontramos ante un disparate. La educación pública no es gratuita, todo lo contrario: los individuos tenemos que pagarla con los tributos y con nuestra libertad. Unos impuestos excesivamente sangrantes a cambio de una formación del todo inadecuada y de un adoctrinamiento desinhibido.

La Agencia Tributaria quiere hacernos creer que el Estado nos proporciona la educación de manera gratuita; en ese caso, ¿para qué son necesarios los impuestos? ¿Qué función tendría la propia Agencia Tributaria? Los costes los soportamos todos los ciudadanos, no las Administraciones Públicas o los abnegados funcionarios.

En otras palabras, si bien es cierto que la educación pública necesita del dinero incautado por Hacienda, no lo es menos que Hacienda necesita de las mentiras fabricadas por la educación pública para seguir abusando de los ciudadanos.

Pensiones públicas, miseria futura

En otro momento del reportaje animado, el abuelo de uno de los protagonistas le dice: "Los que ya no trabajamos recibimos una pensión de jubilación. Es un derecho que nos hemos ganado después de haber contribuido con una parte de nuestro sueldo a lo largo de toda una vida de trabajo. Esto es posible porque las personas que trabajan hoy contribuyen con una parte de su sueldo, los empresarios con una parte de sus ganancias y el Estado hace también una aportación a un fondo común que se llama Seguridad Social".

Puede que el diablo sepa más por viejo que por diablo, pero sin duda las mentiras de este "abuelo tributario" tienen más que ver con el que huele a azufre que con la vejez. Primero transmite la falsa imagen de que la contribución del trabajador a las pensiones públicas tiene un carácter voluntario. Después nos dice que el empresario colabora en las pensiones con una parte de las ganancias, cuando en realidad su contribución procede de una proporción descontada del salario que dejan de percibir los trabajadores. En tercer lugar, el Estado no hace ninguna aportación independiente a la Seguridad Social, entre otros motivos porque no tiene financiación propia: todo el dinero que acumula y despilfarra lo ha obtenido mediante la confiscación.

Ahora bien, la parte más retorcida del párrafo es la que pretender ocultar la inevitable quiebra del sistema público de pensiones, basado en un reparto intergeneracional insostenible. El Estado, a través de sus impuestos, impide a los ciudadanos invertir en fondos privados de capitalización, que permitirían alcanzar pensiones mucho más elevadas y, en definitiva, situarnos en una sociedad de propietarios.

Si hay algo que, precisamente, el Estado no quiere es una sociedad donde las personas tengan cada vez más propiedades. Ello implicaría un Estado más reducido y, sobre todo, una menor esclavitud de la que pretenden los políticos. Por ello necesitan adoctrinarnos y lavarnos la mente con documentales como éste.

El Estado es una fiesta

Más adelante, los cuatro jóvenes que conforman "la Generación T" visitan la Agencia Tributaria (a la sazón, la creadora de este documental ridículo e ideologizador), donde su propia madre les advierte de la irresponsabilidad que supone la evasión fiscal: "Nadie debería dejar de pagar sus impuestos, pues eso es defraudar, un comportamiento insolidario que perjudica a todos. Es como si, al organizar una fiesta, algunos compañeros no quisieran colaborar en la preparación o en los gastos y luego participaran en ella". Este mismo argumento se repite en una escena posterior, donde se compara al Estado con una comunidad de vecinos: "En la reunión de vecinos se pide opinión a todos y se decide si se aprueba o no el presupuesto. Por eso se hacen reuniones de vecinos".

Ahora resulta que el Estado es un club de amigos, una fiesta de estudiantes, donde cada cual paga sus impuestos de manera voluntaria. ¿Se puede ser más manipulador? ¿Acaso no resulta escandaloso que ideas tan falsas se instilen en la mente de todos los adolescentes españoles? El Estado se basa en la coacción y en la fuerza sobre los individuos; nadie puede escapar a su potestad absolutista. A todo aquel que pretende conservar su propiedad se le estigmatiza primero como "insolidario", "egoísta" y "antisocial", y después se le persigue y reprime con los medios policiales públicos.

El Estado no tiene nada que ver con un club o una comunidad de vecinos, donde cada cual se somete voluntariamente a sus estatutos y, sobre todo, tiene la posibilidad de separarse y cancelar su filiación. A nosotros se nos extraen los impuestos "por ministerio de la ley", no por voluntad propia.

Más que de fiesta, deberíamos hablar de un festejo demoníaco, donde el sumo sacerdote ofrece sacrificios humanos al todopoderoso Estado; más que de comunidad de vecinos, de comunidad de presos en un centro penitenciario; más que de bien común, de farsa adoctrinadora al servicio de los espurios intereses estatales.

Nada fuera del Estado

La apoteosis del estatalismo cerril la encontramos en el último capítulo. Después de haber interiorizado todas las enseñanzas servidas por el profesor, el abuelo y la madre, dos de los adolescentes entablan una conversación en la que dan muestras de haber asimilado a la perfección el catecismo estatalista:

"Los niños siguen en la sala del museo, escuchando a su profesor. Imaginan una ciudad sin impuestos. Junto a sus cabezas un bocadillo muestra un lugar con basura en el suelo, las calles sin asfaltar, un anciano pidiendo limosna, un campo de fútbol con las porterías rotas… Mientras imaginan, hablan entre ellos.

Laura: Si no hubiera impuestos, nada sería como es ahora. No tendríamos museos ni bibliotecas ni institutos ni hospitales; no habría policías ni bomberos ni estaciones de tren ni carreteras; no existirían barrenderos que limpiaran las calles…

Dani: Mi abuelo no podría ir al de centro de día, no tendría pensión y las medicinas costarían tan caras que no podría comprarlas".

Este cúmulo de despropósitos, de servidumbres inducidas, de socialismo redomado, es toda una declaración de las intenciones de la campaña de la Agencia Tributaria: ésta es la conclusión que todos los individuos deben alcanzar.

Sin impuestos, las calles se llenarían de basura (la gente no podría contratar las mismas compañías privadas que ahora se encargan de recogerlas), los ancianos vagarían por las calles muertos de hambre (serían incapaces de constituir un fondo de inversión con rentas muy superiores a las actuales pensiones públicas), los hospitales no llegarían a existir (como si no existiera en la actualidad una sanidad privada más barata que la pública, y de la que, por cierto, sólo pueden disfrutar los funcionarios) y las medicinas no podrían ser adquiridas por nadie (si nadie comprara ninguna medicina las farmacéuticas estarían abocadas a la quiebra).

El Estado necesita de ciudadanos necios y adormilados para incautar cantidades crecientes de impuestos; esto es, necesita manipularnos para hacernos creer que los impuestos no son lo que realmente son: un robo. Ahora bien, la naturaleza de los tributos estatales no es la de un robo cualquiera; no estamos ante simples chorizos o carteristas de poca monta: los impuestos son el mayor robo jamás perpetrado, un robo masivo y escandaloso, cuya cuantía y perjuicio supera en mucho la de cualquier otro.

Así pues, no resulta casual que el brazo ejecutor de este sistemático expolio a todos los españoles, la Agencia Tributaria, necesite de este tipo de campañas para autolegitimarse: el mejor ciudadano es el más sumiso, el que más impuestos paga, el más "solidario", el más izquierdista. Estos son los valores que se ensañan a los españoles en las escuelas públicas: la fidelidad hacia el Estado, hacia su burocracia y hacia los políticos.

Con todo, lo más escandaloso del asunto es que tengamos que seguir pagando de nuestro dinero incautado esta insultante campaña de adoctrinamiento a las generaciones futuras. Nunca una comunidad de vecinos resultó tan cara y demagoga.

El antitotalitarismo en la Biblia

Las raíces históricas del liberalismo entroncan fuertemente en la tradición judeocristiana, como el fundamento moral que nutre y permite la existencia de sociedades libres con gobiernos limitados. La Escuela de Salamanca hizo una aportación trascendental en el terreno de la Economía Política, con sus estudios sobre la teoría subjetiva del valor, los principios del librecambismo y las bases de una política monetaria respetuosa con la propiedad privada y la libertad individual.

Pero profundizando más en los orígenes cristianos del capitalismo, se puede llegar hasta los textos bíblicos, algunos de cuyos pasajes ilustran también la existencia de un impulso primigenio en el cristianismo antiguo en contra del totalitarismo del poder político. Se trata de una sugestiva línea de investigación, que en la actualidad tiene en el profesor Alberto Mansueti a uno de sus principales exponentes. Sus trabajos sobre el capitalismo bíblico, como él mismo denomina a su empresa intelectual, más allá de su carácter apologético, que busca conciliar los principios capitalistas con la tradición cristiana, contrarrestando con ello la fuerte intoxicación marxista que ha infectado amplios cuerpos de la Iglesia Católica, tiene un gran interés incluso en el plano del puro cultivo doctrinal, por cuanto nos permite contemplar interesantes enseñanzas sobre temas capitales como la libertad individual, la propiedad privada o la necesidad del gobierno limitado, vistos ya con gran claridad en el primer cristianismo.

Algunos ejemplos pueden aclarar con más nitidez esto que decimos.

En el capítulo 21 del primer libro de Reyes, el relato bíblico cuenta cómo Acab, Rey de Samaría, pretende comprar unos terrenos colindantes con sus viñas. El propietario se niega a vender y los agentes del Rey acaban arrebatándole sus bienes a través de sucios manejos que terminan con su vida. Jehová castiga con toda dureza al rey por haber atentado contra la propiedad privada de un súbdito, cuyo derecho prevalece sobre la autoridad temporal del monarca. Es difícil no ver aquí una crítica severa a la capacidad actual de expropiar bienes privados, concedida a los poderes públicos en virtud del evanescente concepto de “interés general”, válido para justificar cualquier tropelía de los poderosos.

En 1 Samuel 8, se puede encontrar otro juicio interesante sobre el gobierno limitado. Aquí, el pueblo judío exige a Samuel que les permita elegir un Rey, no conforme con el sistema de arbitrar los asuntos públicos a través de un sistema de jueces. El alegato de Samuel es una advertencia sobre los riesgos de otorgar poderes absolutos a un monarca, y la fuerte tentación a disponer de los bienes de sus súbditos para sus empresas políticas hasta derivar inevitablemente en tiranía.

En Exodo 22-3 se establece el principio de que la primera obligación que ha de ser impuesta a quien roba o daña la propiedad del prójimo, es restituirle inmediatamente lo robado, que es una de las demandas actuales de la teoría liberal en el terreno de la justicia.

En Romanos 13, Jueces 9, en varios capítulos del Deuteronomio etc., se contienen también abundantes sentencias absolutamente compatibles con la teoría capitalista moderna. Es por ello que los totalitarios socialistas, vaga la redundancia, no pueden justificar sus desmanes en ningún principio cristiano, a pesar de las estúpidas connivencias de algunos sectores de la jerarquía católica. En esencia, Jesús, a pesar de lo que digan intelectuales marxistas de la talla de Chávez, no pudo ser jamás ni socialista ni revolucionario, pues entonces hubiera traicionado todas las enseñanzas de su padre al pueblo judío, del que él mismo procedía.

La resistencia del proteccionismo

Esas ayudas desordenan la producción que no sigue ya las señales ágiles y precisas del mercado, sino las directrices políticas, desinformadas, antieconómicas y movidas por el interés de los lobbies. Los países pobres han presionado mucho en este punto. Y el que hayan alcanzado este éxito da una idea de que su papel en el concierto económico mundial ha dejado de ser totalmente irrelevante.

Pero no se han conseguido avances en la rebaja de los aranceles, por lo que el éxito de la conferencia de Hong Kong no es más que relativo. La Unión Europea ha hecho valer su fuerza para mantener unas barreras al comercio que perjudican al conjunto de sus consumidores y al desarrollo de los países más pobres, y que llaman insistentemente a nuestras puertas para vendernos sus productos, servirnos a buen precio y con ello poder progresar para salir de la pobreza. Europa, la hipócrita, la vieja, la que se alía con la Francia más reaccionaria y proteccionista, ha logrado que los aranceles no se toquen. Sin salir de la agricultura (la principal exportación de los países más pobres), el arancel medio europeo es del 20%, mientras que el estadounidense es del 9%, según el Banco Mundial. La rebaja de las tarifas no lo es todo, porque el libre comercio se puede cercenar con la imposición de regulaciones y leyes fiscales comunes. Pero no deja de ser importante.

No obstante, en este aspecto no son los países más ricos quienes tienen más que hacer, sino los más pobres, que son también los más proteccionistas. India, pese a los grandes avances de las últimas décadas, tiene un arancel sobre los productos agrícolas del 101%. Muchos tienen aranceles que superan el 50%. En el mercado textil la situación es más o menos la misma. Los regímenes de los países pobres son los peores enemigos de los pueblos que tienen sometidos.

Un reciente estudio del Banco Mundial hizo el esfuerzo de calcular cuáles serían los beneficios de una total liberalización del comercio mundial en Hong Kong (lo que sabemos que no se ha producido), estimándolo en 248.000 millones de dólares por año. La mayor parte de este beneficio, 142.000 millones de dólares, sería para los países más pobres (para quienes, además, representa una ganancia relativa a su escasa riqueza mucho mayor). Pero de esos 0’14 billones de dólares que dejan de ganar por los aranceles actuales, 31.000 millones son a consecuencia de las aduanas de los países ricos, y los 111.000 millones anuales restantes, de las que imponen sus propios regímenes.

¿Podrá el Estado adaptarse al cambio?

Recordaremos a dos economistas, Merlin Hunter y Harry Allen. Ellos esbozaron cómo se gestiona la sociedad bajo el imperio del estando del bienestar. Consideraban que siempre hay dos grupos: los pagadores de impuestos (tax-payers) y los consumidores de impuestos (tax-consumers). Bajo el estado del bienestar hay un segmento de actores económicos, los consumidores de impuestos, que viven a expensas del resto, los pagadores de impuestos. Hasta ahora España ha sido un consumidor de impuestos en referencia a Europa, pero en breve pasaremos a ser un pagador neto.

Todo el dinero que ha llegado a España ha hecho aumentar los ratios nominales del nivel de vida de los españoles, pero curiosamente no parece haberse traducido en un aumento real: nuestra capacidad de ahorro es cada vez menor, la pérdida de poder adquisitivo decrece gracias a las manipulaciones monetarias y políticas (la adquisición de una vivienda es el mejor ejemplo), la sanidad estatal cada vez se parece más a la sanidad cubana teniendo un futuro muy negro, las futuras pensiones con suerte nos dejarán en el umbral de la pobreza

¿Y para qué han servido esos 6.800 millones de euros que recibía España anualmente de media (un total de 48.000 entre 1999 a 2006)? Sólo han servido para mantener vivo un sistema social monstruoso que dilapida el dinero de los que trabajan para mantener a elites ociosas como grupos de presión, políticos, actores, agricultores (40% del presupuesto total comunitario), crear campañas de lavado de cerebro estatal, regalar dinero a los amigos… La lista es interminable, y es que el gobierno ha sido incapaz de crear nada positivo, eso sólo lo sabe hacer el hombre libre cuando trabaja duro por su futuro sin las leyes ni tributos liberticidas del estado.

Ante la creciente pérdida de fondos europeos (de unos 4.500 millones en el 2007, a unos 990 en 2013) el problema real es que el estado no podrá rebajar el nivel de gastos con el que se ha comprometido. Francia ha intentado hacer diversos cambios discretos en su estado del bienestar y el resultado han sido hostiles reacciones de los grupos de presión. Lo mismo le va a ocurrir a España. ¿Realmente cree que si el gobierno español es incapaz de acabar siquiera con algo tan trivial como el déficit de RTVE (170 euros al año por hogar), puede reconvertir el estado del bienestar y servidumbre en un próspero laissez-faire? No, eso es imposible.

Ningún político nos puede sacar de este enredo, son ellos quienes nos han metido, pero la decadencia del estado no significa la muerte del individuo. Ante la mayor presión estatista que nos espera en los próximos años cabe la posibilidad de una mayor alienación del hombre hacia el gobierno. De hecho, es un proceso que ya se está produciendo: la tendencia de voto y confianza en los políticos cada vez es menor, la economía sumergida sigue teniendo altas cotas (más del 20% del PIB), los planes de pensiones privados crecen, los seguros privados también… Aún con las restricciones del gobierno el mercado privado suple las deficiencias que crea el estado del bienestar. En otras palabras, los actores económicos con sus acciones (lo que en economía llamamos preferencias reveladas) optan, no por las soluciones del gobierno, sino por la elección que le brinda la gente y el libre mercado.

No necesitamos un estado todopoderoso que fiscalice toda nuestra actividad humana, más bien ese es el estorbo a nuestra prosperidad. Cuando aprendamos a confiar en la gente y no en los políticos, habremos encontrado la solución a los grandes conflictos nacionales y nos daremos cuenta que los problemas de estado, en realidad, no tienen porque afectarnos en absoluto si prescindimos de su peligrosa “ayuda”.

¿Quiénes son realmente pobres en España?

Recientemente, el INE ha publicado unos datos realmente interesantes, referidos a la pobreza y a las personas sin hogar. Los medios de comunicación no han entendido, o querido entender, qué significa ser pobre estadístico para este organismo y han destacado que, pese a la prosperidad de los años de Aznar, aún queda un 20% de pobres en España. El problema es que la pobreza se mide como porcentaje con respecto a un ingreso medio. Si por algún método mágico todos nos enriquecieramos en un día hasta llegar a poseer diez veces más de lo que tenemos ahora, estadísticamente seguiríamos teniendo un 20% de pobres.

Comparemos esto con la investigación sobre personas sin hogar. Las necesidades materiales básicas de las personas son la comida, el vestido y el techo bajo el que habitar. Cuando hablamos de pobres, son aquellos que carecen de alguna de ellas quienes nos vienen a la cabeza; por eso sorprende y escandaliza ese porcentaje del 20%. Dado que hace décadas que la estadística de muertos de hambre dejó de ser empleada en España, es el número de los que se encuentran sin hogar nos puede dar una aproximación al número real de quien es realmente pobre en España. Aunque la encuesta del INE no se atreve a dar una estimación, el que el número total de atendidos por los centros especializados en municipios de más de 20.000 habitantes es de 21.000 personas. Aún suponiendo que la cifra total doblara ésta, no llegaría al 0’1% de la población española.

Pocas tácticas tan socialistas como la de definir la pobreza de forma relativa; así el número de pobres permanece constante y permite descalificar al sistema capitalista como la principal solución que es y ha sido siempre para el problema de la pobreza. Es lo que permite decir que en Estados Unidos hay 35 millones de pobres, pero dado que ser pobre según esa definición significa ganar menos de 18.000 dólares al año, estos pobres suelen disponer de casa, automóvil, televisión y ordenador.

Curiosamente, el perfil de las personas sin hogar parece, en algunos aspectos, un póster de diversas buenas prácticas vendidas por los socialistas. Son hombres, generalmente sin familia ni pareja estable (¡viva el amor libre!), extranjeros (¡papeles para todos!), con problemas de drogas y/o alcohol (¡a colocarse y al loro!), parados y con problemas con la justicia. Desgraciadamente, el informe no incopora el porcentaje de enfermedades mentales, que parece ser bastante alta por la experiencia de los trabajadores del gremio. Pese a ser el Estado, supuestamente, el responsable de crear una red de seguridad para los ciudadanos, el 72,8% de los centros de acogida son de titularidad privada, buena parte de ellos dirigidos por alguna entidad religiosa.

En definitiva, no es sólo el capitalismo el responsable de la reducción de la pobreza, sino que la moral tradicional tan denostada es uno de las mejores opciones para evitar caer en ella y, además, es la iniciativa privada quien realmente se hace cargo de los verdaderamente pobres, en lugar del supuestamente omnipresente estado del bienestar. Una fotografía notablemente diferente a la que nos intentan hacer creer.

Desigualdad en dos palabras

El principal argumento ético socialista es la lucha contra la desigualdad. El fondo de su argumento son dos palabras (mientras que…) que siempre unen dos frases que hacen referencia a la situación de dos grupos sociales o de “unos y otros”. El ejemplo más conocido es la frase “el 20 por ciento de la población tiene el 80 por ciento de la riqueza, mientras que el 80 por ciento restante se tiene que conformar con el otro 20 por ciento”. Esta frase, que se acuñó en 1980, tiene varios problemas, como que los datos sean ahora 20-75 y 80-25, gracias al mayor desarrollo en el sudeste asiático, China e India o, especialmente, que no explica que si un 20 por ciento de la población tiene el 75 por ciento de la riqueza mundial es porque la ha producido.

En primer lugar hay que deshacer esa idea que siempre flota en estos pseudoargumentos socialistas, y que viene a sugerir que las rentas se “reparten” o “van” a unos y otros sin explicar cuál es el mecanismo económico que explica los sueldos y rentas. En una versión extrema de esta concepción, la gente llevaría a cabo ciertas actividades y por otro lado, y sin aparente relación, un ente repartiría rentas y propiedades entre los ciudadanos, que los distribuiría, de ahí la insistencia en la “distribución de la renta y la riqueza”. Nada hay parecido a ello en una sociedad libre. 

En el mercado solo hay producción y formación de precios. Los empresarios tienen la visión de un producto o servicio que puede servir a los intereses y deseos de los consumidores, y cuya venta por tanto le generará un ingreso. Con la idea de este ingreso futuro, busca los factores que más le acerquen al producto deseado y que menos dejen de servir en otras ramas de la producción cuando los contrate o adquiera para comprometerlos en el suyo, lo que determina los costes. Es en ese proceso donde se origina el beneficio. Luego cada factor recibe una renta que es suficientemente atractiva como para descartar otras posibilidades y que tiene como límite la previsión que hace el empresario de la productividad marginal que aportará en ese proceso productivo, descontando de ella el interés.  

En definitiva, la formación de rentas es puramente económica y deriva de la aportación individual a la producción. En función de que esta aportación sea mayor o menor las rentas serán más o menos altas. Pero aún queda la cuestión planteada en esas dos palabras. “Mientras que…” sugiere la idea de que hay alguna relación entre el hecho de que, por ejemplo, A genere una renta X y B otra 10X. Esta concepción sugiere que los dos, A y B están luchando por llevarse lo más posible de una especie de fondo común. Pero, como queda sugerido en el anterior párrafo, la riqueza no está ahí, esperando a que nos acerquemos y la troceemos, sino que tiene que descubrirse y crearse. Un mundo libre es un mundo abierto, en el que gran parte de nuestras opciones las podemos crear nosotros mismos. Ese “mientras que” no atiende al modo en que funciona el proceso productivo y sugiere que hay una especie de fondo común que en realidad no existe.

Consumismo

Ya se que lo políticamente correcto en estos días tan señalados, es abominar de la llamada "fiebre consumista" y flagelarnos por ser felices gastando el dinero que honradamente hemos ganado a lo largo del año. La Iglesia está facultada para reprendernos porque apela a principios trascendentes. No así las ONG’s, los movimientos anticapitalistas y en general el inframundo chorraprogre que domina el cotarro de los medios de comunicación, empeñados crearnos mala conciencia por consumir productos de lujo, en lugar de darles a ellos toda la pasta para que la redistribuyan entre los más necesitados, empezando por ellos mismos. Una Navidad progresista, siguiendo las consignas de estos excelsos mentores ultraconcienciados, consistiría en sustituir la ingesta de los típicos productos navideños por una dieta macrobiótica y comprar a los niños unos absurdos taquitos de madera coloreada, privándoles de los juguetes electrónicos de última generación a los que tienen derecho, por ser niños y por vivir felizmente en un espléndido sistema capitalista.

A mí, los productores de turrón, los trabajadores del mazapán y los mariscadores en general, me parecen todos una gente encantadora, y no se me ocurre mejor forma de agradecer sus desvelos que ponerme hasta arriba de todo lo que tienen a bien traer al alcance de nuestra mesa. Por otra parte, los que gozamos de un paladar exquisito, educado tras largos años de investigaciones sobre el terreno en el apasionante mundo de la gastronomía, no podemos renunciar a nuestra vocación científica, precisamente en unas fechas en las que el trabajo de campo ofrece un panorama tan sugestivo.

En realidad, no existe una manera más solidaria de celebrar la Navidad que gastar dinero en hacer felices a los demás y, si se tercia, incluso a uno mismo. Coman, beban, consuman y hagan muchos, muchos regalos, especialmente a los niños. Y no hagan caso a las plañideras progres y sus amenazantes sermones laicos. Ellos irán al puto infierno, por mezquinos, y ustedes al paraíso, por haber sabido ser tan generosos. Amén.

¿Huelga o coacción?

Tengo la sensación de que nos hemos acostumbrado a la violencia y la toleramos, incluso la aprobamos dependiendo de quién venga. En Madrid padecemos desde hace unas semanas la huelga intermitente de los trabajadores de una empresa de autobuses interurbanos. Esta empresa conecta bastantes pueblos de la periferia de Madrid con la capital por lo que sus servicios son muy solicitados por un número cada vez mayor de ciudadanos que han decidido vivir lejos de los humos de Madrid. La tensa situación ha conducido a la policía a intervenir bien para obligar a los conductores a cumplir los servicios mínimos, bien para desalojar a los enfadados usuarios de las rampas de salida y entrada del intercambiador de transportes, hartos ya de tanto trastorno. 

Las huelgas se terminan convirtiendo en un conflicto entre los sindicatos que las convocan y el empresario pero con el usuario, con el cliente, con el viandante como rehén del conflicto. Cuando a principios de noviembre los mineros del carbón asturianos negociaban las prejubilaciones y las ayudas públicas a su actividad, al no llegar a un acuerdo satisfactorio, se dedicaron no sólo a no realizar su trabajo, no sólo a encerrarse hasta conseguir sus objetivos, sino a molestar a los conductores de las carreteras cercanas, cortándolas a través del uso de la fuerza. 

La violencia se convierte en una herramienta más para el huelguista, para el sindicato. Parece como si las condiciones de los trabajadores fueran equiparables a las del siglo XIX y por tanto las formas decimonónicas fueran las adecuadas. Los supuestos “derechos” de los trabajadores cobran un protagonismo inusitado hasta el punto de que los derechos de los demás, los verdaderos derechos pierden toda vigencia para estos activistas. 

Y sin embargo, resulta habitual que el usuario, el viandante, el cliente, a pesar de verse perjudicado por la violencia de los que protestan, justifique la acción, incluso la destrucción de la propiedad privada y la pública (véanse los coches quemados, los escaparates rotos, el mobiliario urbano destrozado) asegurando que sólo de esa manera los trabajadores son capaces de hacerse oír. El sindicalista conoce esta faceta moral del ciudadano, este aspecto emocional y a él apela para justificarse. El totalitarismo suele entrar en el salón de casa de la mano del victimismo. 

En el Título I, Capítulo Segundo, Sección Primera de la Constitución Española se puede leer: 

    Art. 28.2: Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

Es difícil que las situaciones descritas, habituales en los medios de comunicación, defienda los intereses de nadie. El derecho a la huelga se convierte en el derecho a la coacción, se convierte en un simple chantaje en el que el último sufridor es el ciudadano de a pie. Este ciudadano termina pagando cuando no puede dirigirse a su casa, a su trabajo, a su lugar de ocio. Este ciudadano termina pagando cuando habiendo contratado algún bien o servicio, no puede obtenerlo pese a que ya ha gastado su dinero. Este ciudadano termina pagando cuando los poderes público le arrebatan su dinero pero son incapaces de dar el servicio mínimo que prometen. Este ciudadano termina pagando cuando ve como sus impuestos sirven para mantener negocios sin ninguna rentabilidad que podrían destinarse a otros menesteres más provechosos. O lo que sería mucho mejor, dejarlo en los bolsillo de sus legítimos dueños. 

El derecho a la huelga no es el derecho a la violencia. Existen mil maneras de protestar por un trato injusto o supuestamente injusto. Desde luego, la manifestación pacífica, sin cortes de carreteras ni de calles. Domingo sí, domingo también, venimos padeciendo en Madrid infinidad de reivindicaciones y muestras de apoyo popular. A pesar de ser molestos, es una manera mucho más civilizada de protesta. Pero es que desde el cese de la actividad hasta la huelga a la japonesa, existen muchísimos grados de actuación sin que se vean perjudicados terceros. 

Lo cierto es que por razones que se me escapan, más allá del oportunismo electoral, ningún gobierno español ha sabido ni ha querido articular una Ley de Huelga con un mínimo de lógica. Las circunstancias y la fuerza del grupo en la sociedad, en forma de votos o de poder mediático, son los que establecen la permisividad ante la coacción. Este no deja de ser otro fracaso del sistema estatal en la regulación del mercado laboral. El Estado nos promete que va a proteger nuestros derechos pero luego es incapaz de hacerlo si ante el se pone una pandilla poderosa.

La casta socialista

Observen ahora a la empresa pública por excelencia: la Administración. La razón de su existencia no es otra que perpetuar el estatus laboral de una casta de privilegiados mandarines: los funcionarios. La Administración Pública no se preocupa por servir al ciudadano, sino más bien por vivir a costa de él.

Dos rasgos son suficientemente significativos de este grado de parasitismo: la remuneración y la duración del contrato.

Por un lado, el salario del funcionario no depende del servicio prestado al ciudadano. La Administración no se somete a la competencia y a la disciplina del consumidor; sus ingresos no dependen de las relaciones voluntarias que los ciudadanos estén dispuestos a entablar con ella, sino de la capacidad depredadora que le atribuya el Estado mediante los impuestos. De este modo se pueden crear puestos funcionariales absolutamente inútiles e inservibles, pero como su remuneración no proviene del precio que están dispuestos a pagar los consumidores nadie detectará tal anomalía.

Imaginen que el Estado decide crear un puesto de funcionario cuyo objetivo es contar el número de hombres con bigote que entran en las oficinas de Correos. ¿Le ven alguna utilidad? Yo tampoco, pero su sueldo no dependerá, en todo caso, del servicio que preste a los consumidores, sino de la cantidad de dinero que arbitrariamente le quiera pagar el burócrata de turno.

En un sistema capitalista, si un empresario quiere pagar un alto salario a una persona que no reporta satisfacción a los consumidores tendrá que hacerlo con cargo a sus beneficios. En otras palabras, de la misma manera que podría gastarse el dinero en un automóvil, en tabaco o en un viaje al Caribe, el empresario prefiere pagar un salario inútil a un trabajador, esto es, realizar una donación caritativa. La cuestión es que para hacerlo deberá haber acumulado antes suficientes beneficios procedentes de transacciones voluntarias con los consumidores.

Por otro lado, la duración vitalicia del contrato de trabajo de los funcionarios es otro signo de su completa falta de sintonía con las necesidades de los individuos. Ningún empresario puede firmar con un trabajador un contrato vitalicio no rescindible, entre otras cosas porque nadie puede asegurar que sea capaz de servir a los consumidores durante toda su vida.

La arrogancia de firmar un contrato vitalicio es una clara evidencia de que el puesto de funcionario se adquiere con independencia del servicio se que preste a los ciudadanos. Bueno o malo, útil o inútil, el funcionario permanecerá toda la vida en su puesto.

Las situaciones se invierten: los trabajadores no sirven al consumidor, más bien son los consumidores quienes sirven a los trabajadores. En el sistema estatal, los beneficiarios son los jerarcas, los que detentan el poder para exigir tributos a los ciudadanos.

En realidad, la burocracia administrativa constituye el conjunto de engranajes que hace funcionar la maquinaria estatal. El Estado necesita reposar en una doble legitimidad: la de quienes creen ingenuamente que contribuye al bien común y la de quienes saben que sólo redunda en su beneficio particular.

Los funcionarios son un ejemplo de este último tipo de legitimación. Por mucho que la actividad estatal se muestre calamitosa, o su trabajo completamente inútil, ningún funcionario está dispuesto a reducir un ápice ni el intervencionismo ni la presencia del sector público en nuestras vidas.

Con el funcionariado se logra crear un cuerpo de trabajadores cuya finalidad es convertirse en el brazo ejecutor y en el altavoz propagandista del Estado. Su estatus privilegiado sólo puede perpetuarse a través de los impuestos y el gasto público, esto es, del uso de la fuerza para conseguir transmisiones monetarias (de los ciudadanos hacia el Estado) que nunca se hubieran producido de manera voluntaria.

Con todo, debemos tener presente la existencia de personas muy dignas que, por diversas circunstancias, se hayan visto inducidas a trabajar de funcionarios. En la Unión Soviética todo el mundo estaba constreñido a ser funcionario, creyera en el libre mercado o no. En nuestras sociedades occidentales, donde el Estado copa el 50% de la economía, es obvio que muchos, aun prefiriendo el sector privado (pensemos en los profesores, médicos o policías honrados), han sido forzados a integrar los cuerpos de sirvientes estatales.

En cualquier caso, conociendo la debilidad totalitaria de todo Estado, no debemos extrañarnos de que los distintos gobiernos continúen mimando a sus funcionarios. Como punta de lanza contra la sociedad, los oficiales públicos deben estar satisfechos con sus prebendas, para que mantengan una inquebrantable adhesión al sector público.

En este sentido, Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, presentó hace unos días una batería de nuevas concesiones para los funcionarios estatales conocida como "Plan Concilia". La cuestión reviste gravedad no tanto por las medidas concretas que contiene, sino por la enésima utilización de nuestro dinero para mantener apaciguados y dóciles a los funcionarios.

En otras palabras, si las medidas del Plan Concilia (básicamente, incrementar a diez días el permiso de paternidad y permitir a los funcionarios terminar su jornada laboral antes de las 18.00) hubieran sido adoptadas por una empresa privada no tendríamos nada que objetar: la financiación de ese gasto (cobrar durante diez días un salario que no se ha producido) correría a cargo de los beneficios previos acumulados. En el sector público, en cambio, son nuestros impuestos –la exacción coactiva de nuestras propiedades– los que van a financiar semejante dádiva política.

Ya podemos patalear, dejar de acudir a la Administración o criticar al Estado, pero no podremos dejar de pagar los impuestos destinados a estos programas de dominación y apaciguamiento (la moderna versión del panem et circenses). ¿Se imaginan que Coca-Cola decidiera aumentar el precio de cada lata en un 50% para costear semejante proyecto? Los consumidores que no estuvieran dispuestos a financiarlo lo tendrían tan sencillo como dejar de comprar Coca-Cola y dirigirse a las marcas de la competencia. Pero el Estado, siempre preocupado por el bien común, no nos ofrece esta opción tan esencial: estamos forzados a pagar con nuestro trabajo los privilegios de los burócratas y oficiales públicos.

Además, la medida política tiene su inevitable efecto de propagación al resto de la sociedad. Por un lado, los funcionarios autonómicos y municipales también han empezado a reclamar su parte del nuevo pastel. ¿Dónde se habrá visto que nuestro Estado de las Autonomías y Asimetrías viole el principio de igualdad de gorronería ante la ley?

Parece claro que, en último término, las diversas instancias administrativas se verán forzadas a incorporar el Plan Concilia entre los irrenunciables derechos de su casta funcionarial. No en vano vivimos en un país donde todas las Administraciones quieren incrementar su grado de intervencionismo sobre la sociedad, de manera que el apoyo y la connivencia de sus empleados públicos resultarán necesarios.

Por el otro lado, las condiciones de empleo de los funcionarios se consideran un modelo para los de puestos de trabajo privados. Los funcionarios son el modelo por imitar para todos los españoles; es decir, no se toma como referencia a los empresarios que crean de la nada negocios destinados a satisfacer a millones de consumidores, sino a quienes se intentan nutrir del trabajo ajeno mediante la coacción política.

De esta manera, el Estado aporta su particular grano de arena a la progresiva degradación moral de nuestra sociedad: no sólo se premia con mayores beneficios a quienes trabajan de manera parasitaria, sino que, para colmo de despropósitos, se les admira y se les intenta emular.

Como ya denunciara Ludwig von Mises: "Los metafísicos alemanes de la estatolatría practicaron una confusión deliberada vistiendo a todos los hombres que estuvieran al servicio del gobierno con la aureola del sacrificio altruista. En los escritos de los estatistas alemanes, los funcionarios son descritos como santos, una clase de monjes que abandonan todos los placeres terrenales y la felicidad personal para servir como alféreces de Dios, hasta donde sus habilidades les permitan, primero a los Hohenzollern y luego al Führer".

Por suerte, en España los funcionarios han perdido gran parte de esta mistificación totalitaria. Su imagen es cada día más semejante a la del cuco que a la del águila imperial. Sin embargo, por paradójico que parezca, esta degradación de la imagen del funcionario no se ha visto correspondida con un mayor rechazo social a ocupar tales puestos. En realidad, para muchos ciudadanos la constatación de que pueden vivir rapiñando a los demás ha supuesto un acicate para opositar al funcionariado.

En una sociedad politizada, donde el mercado ha sido confinado a las más mínimas actividades, no es de extrañar que el modelo de "hombre hecho a sí mismo" sea el de vivir sin trabajar, a costa de esquilmar la riqueza del resto de individuos. De hecho, el fundamento del Estado no es otro que el de expoliar a la población para consolidar una situación de poder y dominación. No en vano, por tanto, la casta funcionarial tiene un espejo al que mirarse: la degradación moral de Occidente a manos del socialismo.