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¿Liberalismo en Ortega?

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Los eruditos españoles siempre han desdeñado el libre mercado, institución que sigue asegurando por siglos la existencia humana. Es propia de la intelectualidad hispana su incomprensión de las más elementales leyes económicas. En torno a la economía, los clérigos en artes y letras han postulado la ramplonería o el intervencionismo más extremoso. José Ortega y Gasset, de quien se cumple este año el cincuentenario de su fallecimiento, patriarca filosófico e inspirador del moderantismo liberal en España, fue también favorable a tan sombrío criterio. 

He ahí el verdadero páramo: las escasísimas luminarias intelectuales que han defendido la vida económica en libertad. Ese sí que ha sido el erial puro y duro -con nefastas consecuencias para la convivencia histórica- y no el denunciado por el antifranquismo. Hubo excepciones, claro, pero muy pocas, y en figuras presuntamente menores de la literatura. Por ejemplo, los estupendos escritores Julio Camba y Josep Pla, olvidados hoy por su incomodidad política. Ambos, el gallego y el ampurdanés, vivieron como corresponsales de prensa las trágicas consecuencias de la Gran Guerra del 14 y contemplaron el envilecimiento moral de la sociedad europea durante la hiperinflación y la caída en picado de la moneda. Respecto de ésta, Camba era un tipo genial que podía en breves líneas comparar la ley de Gresham con una partida de póquer y el cante flamenco. Decía que esa ley (“La moneda mala acaba por desplazar a la buena”) le recordaba al jugador tronado de póquer que, tras perder “los cinco duros que constituían su capital”, regresaba del mostrador a la mesa de juego con un”cargamento de chatarra” afirmando fogosamente que valía por un duro cada puñado de esos discos metálicos que le habían fiado en el local. Ante esa circunstancia, la partida se derrumbó. Los demás jugadores renunciaron al faroleo y aceptaban cualquier envite con tal de quitarse de en medio aquella quincalla, conservando su moneda buena para mejor ocasión. La copla ya lo advertía:

Gitana, qué tú serás
lo que a la farsa monea
que de mano en mano va
y ninguno se la quea 

Nada de esa sencilla pedagogía en Camba (al igual que los relatos campesinos de Pla) germinó en la academia de mentes insignes, presuntamente rectora de todos nosotros. Por el contrario, los patricios de la cultura dinamitaron con su frivolidad la Restauración liberal, el régimen posible del momento. Se comportaron epilépticamente para luego entregarse muchos de ellos a la tiranía de su preferencia. No entendieron nunca los mecanismos naturales de la acción humana. Todavía en 1931, Ortega conferenciaba lo siguiente: “Yo propongo un régimen que puede llamarse de economía organizada: es decir, que en vez de dejar a la total libertad de los individuos el movimiento de la producción, sea dirigido por el Estado mismo, como si la nación fuera una única y gigantesca Empresa”.  Y éste era, como Tomás Moro, el hombre para todas las estaciones; el faro de templanza preconizado por sus discípulos en la atávica crisis nacional. ¡Menuda suerte la de España con semejantes tutores!   

La trayectoria de Ortega es un drama con añadidos de injusticia. Para la izquierda fue el maître a penser del fascismo español. A su vez, los conservadores partidarios de la dictadura franquista recelaron de él. Ahora los progresistas quieren transfigurarlo en una  especie de grabado que deben inexcusablemente reverenciar los indómitos de la libertad. Convertirlo en icono de los intereses creados y el discurso acomodaticio. Si no obedeces lo que los añosos mandarines culturales te recomiendan, eres un mal ciudadano. Esta es la dosis de independencia que toleran. Es el tope de liberalismo que la progresía aguanta: no pienses, nosotros te organizaremos, aprende el manual de civilidad firmado por nuestras momias; sin rechistar paga tus impuestos y mantén la boca callada.  

Habrá quizá en la obra de Ortega búsqueda de la verdad (que no es poco), generosidad en la tolerancia, respeto por el modo ajeno, pero no desde luego ese afán de libertad que domina la inteligencia de la gente que pretende salir adelante sin impedimentos. Ortega es encomiable por su curiosidad,  por el interesante concepto de razón vital  y por su desvelo patriótico. Sin embargo, no es modelo para el liberalismo porque él -junto a otros- es reconocido por su pensamiento con mayúsculas (la Historia, la Cosa Pública, las Generaciones) y nunca se ocupó de las personas a las que arbitrariamente calificó de Masa.

El statu quo de los títulos de propiedad

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

No cabe confundir la defensa de la propiedad privada con la defensa de la actual distribución de los títulos de propiedad. El liberalismo no prescribe la inviolabilidad de la propiedad meramente poseída, sino la inviolabilidad de la propiedad legítimamente poseída. Cuando nos referimos al término “propiedad” o “propiedad privada” por lo general esto se da por entendido y no son precisas ulteriores explicaciones. Pero a veces conviene explicitar los supuestos que manejamos, no únicamente con el objeto de evitar malentendidos y caricaturizaciones, también para asegurarnos de que en efecto tenemos conciencia del supuesto y del alcance del mismo.  

El individuo deviene propietario legítimo de los bienes escasos que ocupa / utiliza en primer lugar (homesteading) o que adquiere de otro legítimo propietario por la vía del intercambio. De acuerdo con el principio del homesteading de raíz lockeana el individuo se apropia de un bien escaso en su estado de la naturaleza cuando le imprime su sello personal mezclando su trabajo con el objeto, cuando lo ocupa en primer lugar y lo destina por ende a la satisfacción de sus fines. El primer ocupante / usuario es el único que posee un vínculo objetivo con el bien escaso en cuestión. Ningún otro individuo puede alegar una relación semejante ni por tanto presentar una reclamación más justa. La parcela de tierra, por ejemplo, que no ha sido explotada por nadie deviene propiedad legítima de aquél que primero la cultiva o la cerca para darle uso. Desde entonces la parcela puede pasar a otros individuos mediante el intercambio o el abandono. En este último caso volverá a regir el principio del homesteading: el primero que ocupe el bien escaso abandonado se convertirá en su legítimo propietario. 

En el debate en torno al statu quo de la distribución de los títulos de propiedad hay quienes parecen considerar sólo la medida en que los títulos se intercambian libremente sin detenerse a examinar la justeza de los mismos. Otros, asumiendo la validez del principio de la apropiación original pero aplicándolo parcialmente, buscan legitimar la ingeniería social impugnando in toto la distribución vigente de los títulos de propiedad. Ambos posicionamientos están severamente viciados. 

Los que aceptan de forma implícita el statu quo de la distribución de títulos de propiedad fijándose sólo en la libertad de intercambio obvian que aquello que algunos poseen e intercambian podría en realidad, de acuerdo con el principio de la apropiación original, pertenecer legítimamente a otros. En un contexto estatista de expropiaciones, exacciones y subsidios, ¿cabe presumir que todas las propiedades están bajo tutela de sus legítimos dueños? Si alguien hoy está en posesión de algo que no le corresponde, obtenido así mediante la fuerza (suya o del Estado), ¿no exige la justicia que sea devuelto a su legítimo propietario? Luego no hay que asumir alegremente como válidos todos los títulos de propiedad actuales. Algunos pueden proceder del expolio estatal y en tanto sea posible determinar de qué títulos se trata exactamente y quiénes fueron las víctimas o quiénes son sus herederos, los títulos debieran ser restituidos. 

Pero otros aplican el principio de la apropiación original torcidamente de tal suerte que concluyen que la mayoría de los títulos de propiedad actuales no tienen validez por asentarse en el robo y la conquista de tiempos pasados recientes y lejanos. Ello restaría legitimidad al liberalismo y justificaría algún tipo de ingeniería social que favoreciera a las “clases” o grupos históricamente expoliados en detrimento de los históricamente privilegiados y usurpadores. Olvidan, no obstante, que en el caso de que no se identifique a la víctima concreta de un robo o a sus herederos, la propiedad robada es de facto una propiedad abandonada, y si el actual poseedor no fue el agresor deviene su primer ocupante y por tanto su legítimo propietario. Creer que una parcela de tierra labrada le fue en el pasado expoliada a un oriundo de la región no basta para considerar ilegítimo el origen de su título actual. Si no es posible identificar a los herederos de aquel individuo y demostrar en efecto que la parcela le perteneció, aquél que la esté ocupando ahora será su legítimo propietario. El origen de su título es el homesteading, no el expolio, pues él a nadie ha expoliado.

El liberalismo exige que la vigente distribución de títulos de propiedad sea respetada en la medida en que se fundamenta en el principio de la apropiación original y no en la confiscación. No cabe sacralizar ni rechazar per se el statu quo. Ni utilitarismo inmovilista ni ingeniería social. Lo justo es reivindicar la devolución a sus legítimos propietarios de aquellos bienes que les han sido usurpados.

La SEPI y la competencia desleal

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Como resultado, La Fiesta tiene una gran proporción del mercado de Sangría dentro y fuera de nuestras fronteras, mientras que Sangría de la Tierra no pasa de tener unas ventas anecdóticas a pesar de contar con una extensa plantilla de experimentadísmos profesionales.

Su empresa va viento en popa y usted se preocupa de introducir de cuando en cuando los cambios que su clientela parece requerir para mantener la confianza en su producto. Los encargados de su competencia estatal, en cambio, dedican su creatividad a contrarrestar las acusaciones de mala gestión lanzadas por los sindicatos durante la penúltima huelga de empleados. La Fiesta tiene beneficios crecientes mientras que Sangría de la Tierra no deja de hundirse en el pozo de las pérdidas. Usted piensa que, algún día, el “holding” público al que pertenece la empresa de la competencia no podrá seguir cubriendo esos números rojos y cerrará o venderá la empresa. Sin embargo, un buen día se entera de que el gobierno ha decidido autorizar la financiación de sus empresas públicas mediante aportaciones y garantías de las administraciones públicas. “¿Cómo es posible?”, se pregunta entre confuso e indignado. Mientras que usted se esfuerza cada día y arriesga todo su dinero en dar al público una sangría que le hace feliz, su competencia se podrá permitir el lujo de obviar las preferencias de la clientela potencial y despilfarrar recursos a base de quitarle al consumidor –vía impuestos– lo que no está dispuesto a concederle por la vía voluntaria del intercambio.

Esto es exactamente lo que ha ocurrido el pasado viernes cuando el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley por el que se modifica la actual ley para permitir que la SEPI pueda ser financiada con cargo a los Presupuestos y evite la quiebra de sus empresas. Si esto es competencia es, sin lugar a dudas, la más desleal que quepa imaginar. Pero contra esta “competencia” socialmente dañina no creo que se erija la voz de ningún órgano de “defensa de la competencia”. Al fin y al cabo están diseñados por los políticos y no por el mercado. Y el medio político no sólo es incompatible con el medio económico, como explicara magistralmente Oppenheimer, sino que sólo puede subsistir a modo de parásito de las relaciones voluntarias que se dan el mercado libre. Algún día el mercado tendrá que inventar la institución mediante la cual nos podamos sacudir de encima tantas empresas parasitarias. Hasta entonces una jarrita de sangría o un buen vino tinto pueden ayudar a ahogar las penas que produce el intervencionismo. Eso sí, con moderación, que lo dice papá Estado.

Cajas, bancos y Ley

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

La excusa de Caruana para presionar es que si los bancos no pueden participar en las cajas, éstas tampoco pueden tener capital de los bancos. Si Caruana realmente piensa así, está concentrando sus esfuerzos equivocadamente. Lo que ha de hacer no es obligar a las empresas a hacer lo que a él, como planificador central, le salga más a cuenta, sino presionar a los políticos para que privaticen las cajas de ahorros.

Las cajas de ahorros, de facto, se comportan igual que los bancos. Las obras sociales de las cajas podían tener sentido cuando nacieron al no existir un estado del bienestar todopoderoso (aunque fíjense que no nacieron de la visión de un planificador central, sino de la libre iniciativa individual como organizaciones católicas). Tampoco tiene sentido que un agente del mercado (las cajas) que es igual que su competencia (los bancos) haya de tener un trato de favor por razones políticas. Lo apuntado no implica que las cajas tengan que abandonar su “labor social” si no quieren (que, por cierto, cada vez es menor), más bien todos los miembros del mercado han de poder competir en igualdad de condiciones sin privilegios de ley.

Dejar las cajas de ahorros tal cual están ahora es defender abiertamente los intereses partidistas de los políticos en detrimento de la gente, mientras que si las privatizamos estaremos defendiendo que éstas dependan del grado de satisfacción que el consumidor financiero deposita en ellas, y además, les permitiremos conseguir una financiación y gestión más transparente a través de accionistas privados, como usted, cotizando en la bolsa de valores. En pocas palabras: democratizaremos el mercado crediticio español mediante la privatización directa y total.

Una vez alcanzada la igualdad entre cajas y bancos, tendríamos que ver las diferencias entre estas entidades y el resto de empresas que operan en el mercado. Al igual que no tiene sentido que un abogado se tenga que regir por leyes diferentes a las de un médico, un arquitecto o un fontanero, tampoco tiene sentido la existencia de leyes ni reguladores específicos para el sector crediticio. Si una empresa comete un mal intencionadamente, ya sea con un préstamo, en un litigio, administrando un medicamento o colocando una tubería en mal estado se está cometiendo una sola cosa: fraude. Y aunque éste pueda tener diferente magnitud no tiene porque ser regido por una ley u otra dependiendo de quién la realice. Un fraude ya sea industrial o financiero ha de tener un sólo castigo: indemnizar a la víctima. No necesitamos leyes que regulen toda la actividad humana, sino que castiguen los crímenes contra la propiedad privada y la vida (fraude, extorsión…). ¿Cree que tiene lógica que el Banco de España opine sobre cómo se ha de llamar un depósito a plazo fijo, o si la rentabilidad que ofrece es “adecuada”? La ley ha de servirnos a todos por igual para proporcionarnos seguridad, no para establecer comportamientos determinados ni para mantener monopolios.

En conclusión, si creamos planificadores centrales discrecionales, leyes para unos sí y otros no… sólo mutilaremos el mercado haciendo que las empresas financieras se muevan como rebaños sin voluntad por senderos prefijados impidiendo la innovación y el orden espontáneo. Cajas y bancos son lo mismo, y los dos son empresas que han de regirse por las mismas leyes que cualquier otra empresa. El único factor motor del progreso es la libertad. Planificadores centrales y leyes liberticidas sólo servirán para ampliar los intereses de unos a expensas de los derechos de los demás.

Desarrollo y efecto invernadero

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Y eso que el objetivo era encontrar un acuerdo que sustituyera a Kioto, cuyo mandato termina en 2012. En realidad nunca ha empezado y por dos razones. Los dos primeros emisores de CO2 no están dentro del acuerdo. Estados Unidos porque su senado decidió democráticamente no ratificarlo con 95 votos y 5 abstenciones y a China (como a India y otros grandes emisores) se le dejó al margen. Y el segundo motivo es que quienes sí lo han firmado se dedican a incumplirlo de forma sistemática.

Dentro de la conferencia sobre Cambio Climático hay dos visiones distintas de cómo contribuir a una reducción de las emisiones de efecto invernadero. Por un lado la vía política, que prevé la creación de un gobierno mundial que controle el desarrollo económico desde Naciones Unidas, ese depósito de virtudes. Planificación y regulación con los perniciosos efectos que cabe esperar. Ni los propios firmantes han podido llegar a un acuerdo, ya que Rusia se negó a firmar un primer texto con cierta concreción.

La otra visión es la que representa el Acuerdo Asiático-Pacífico de Desarrollo Limpio y el Clima (AP6), que han firmado Estados Unidos y Australia (que se han negado a ratificar Kioto) junto con Japón (que sí lo ha hecho), China, India y Corea del Norte. No buscan la imposición desde órganos burocráticos, sino que confían en que el desarrollo económico resultará, como subproducto, en un uso más eficiente de los recursos y en una menor emisión de gases de efecto invernadero. No es un ataque al crecimiento y el desarrollo económico, como Kioto. Todo lo contrario. Es más, en la firma del acuerdo de estas seis naciones aparece como uno de sus objetivos la reducción de la pobreza. Se centra en la creación y utilización de tecnologías que desprenden menos gases con efecto invernadero.

Como ejemplo claro del fracaso de la planificación y del éxito del desarrollo económico y tecnológico en sociedades libres, no hay más que mirar qué ha ocurrido en los países de Europa del Este que han logrado zafarse del comunismo. Las emisiones de CO2 del antiguo bloque soviético se han reducido desde 1990 en un 39,6 por ciento. Les ha bastado con sustituir el ineficiente sistema industrial comunista.

¿Han oído ustedes hablar del AP6? Porque juntos concentran el 45 por ciento de la población mundial, producen el 49 por ciento de la economía global, consumen el 48 por ciento de la energía y emiten también el 48 por ciento de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Pero sí habrán oído hablar de Kioto, un acuerdo que compromete (poco, porque lo incumplen) al 32 por ciento de las emisiones de dichos gases y el 36 por ciento del consumo de energía. En Montreal, el intento de combinar menores emisiones con el desarrollo económico de AP6 y no luchando contra el desarrollo económico, como hace Kioto, ha comenzado a despertar el interés de diversos países, por lo que parece que el futuro se encamina más hacia ese camino.

La teoría del desprendimiento

Escrito por amascaro en . Publicado en Análisis diario.

Prácticamente nadie pide la completa abolición de la educación pública, si bien todos los que pueden se aseguran de matricular a sus hijos en escuelas privadas o, cuando menos, de ofrecerles clases de repaso que ofrecen instituciones privadas y particulares. Tres cuartos de lo mismo sucede con la sanidad, los planes de jubilación, la seguridad, los transportes, las comunicaciones y tantos otros servicios ofrecidos por el Estado.

Tranquiliza pensar que si las cosas pintan mal, llegará Papá Estado cual John Wayne al mando del 7º de Caballería al rescate. Además, aun cuando uno no lo necesite para sí, se siente cierta satisfacción al saber que se contribuye en un esfuerzo colectivo para con aquellos que sí lo necesitan de verdad. Y, sin embargo, a poco que se pueda, cada cual intenta escabullirse de John Wayne. No es sólo que todo el mundo intenta pagar los menos impuestos que su conocimiento (o atrevimiento) fiscal le permite, ¡es que incluso se escaquean de recibir buena parte de los beneficios!

Pagan un impuesto sobre el valor añadido cada vez que compran cualquier tipo de mercancía, o un impuesto especial todavía más elevado si se trata de gasolina, tabaco, alcohol o por matricular un vehículo. Se les aplica una retención en su sueldo por el hecho de tener un trabajo honrado. Se les cobra un impuesto por el hecho de heredar. Pagan otro impuesto si es que su patrimonio se ha incrementado. Pagan otro por el simple hecho de tener ese patrimonio. Paga otro por las donaciones. Y otro por tener bienes inmuebles. Si son accionistas pagan otro en forma de impuesto sobre la sociedad en cuestión y si compran al extranjero pagan en la aduana. Destinan, en fin, más de la mitad de su riqueza a engrosar las arcas del Estado. Y cuando éste les ofrece sus servicios “universales y gratuitos”, ¡oh, sorpresa!, todo el que puede contesta en la práctica con un rotundo “¡no, gracias!” que, de hecho, es un “¡no, gracias, y quédese el cambio!”

Mientras tanto, con el menguante tercio que los Estados graciosamente dejan cual limosna a sus súbditos, los mercados intervenidos de las economías mixtas modernas producen unos servicios que todo el mundo prefiere a los de los Estados. Con lo que sobra, encima, el sector privado es capaz de producir bienes triviales y superfluos como entretenimiento y diversión de todo tipo, por no hablar de innovaciones técnicas.

En sus torres de marfil prehistóricas, los estudiosos con sueldos a cuenta de los contribuyentes, producen teorías según las cuales los ciudadanos cambian de residencia en función de los saldos fiscales. Es cierto, llegan a reconocer en un alarde de honestidad, que a la gente no le gusta pagar impuestos y, por tanto, tiende a huir de los regímenes confiscatorios. Pero, ojo, a la gente, dicen, le gustan los beneficios del Estado del Bienestar, por eso lo de votar con los pies depende de un cálculo de costes y beneficios. Se olvidan convenientemente de este pequeño detalle que he venido comentando: esos “beneficios sociales” los esquiva todo el que puede.

El hecho de que a la gente no le guste pagar impuestos no se debe a la tacañería antisocial de unos insolidarios. Se debe a que cada cual quiere comprar lo mejor que su riqueza le permita. Y nadie confía en que lo mejor pueda proceder de una institución que elimina a sus competidores a base del monopolio de la fuerza. Eso, cuando lo hace un hombre, es tachado de chantaje y matonismo. Cuando lo hace un grupito, se tacha de mafia. Que se haga democráticamente puede empujar a muchos a darle coba de cara a la galería. Pero, cuando se trata del bienestar propio, la gente no se deja engañar.

Y así, a medida que empeora la hipertrofia de las instituciones, más son los que van desprendiéndose del Estado. La madre que busca un refuerzo escolar a sus hijos porque, vote lo que vote y diga lo que diga, no se fía de la educación pública aunque no pueda permitirse matricularles en una privada. El padre que les va guardando unos ahorrillos porque, diga lo que diga y vote lo que vote, sabe que con las pensiones públicas lo van a tener crudo. El comerciante que descubre una forma de evitar tal impuesto o tal prohibición. El consumidor de cierto artículo o sustancia que se da una alegría al conseguir disfrutar de lo prohibido sin molestar a nadie. Una sociedad de adultos con ganas de emanciparse de un Papá Estado carca, metomentodo y fracasado. No es un desprendimiento tajante. Es gradual a medida que cada uno va descubriendo nuevas salidas hacia la libertad y la responsabilidad individual. Se agrava el problema de la economía sumergida, dirán los que se han especializado en partir y repartir desde arriba. No, lo que pasa es que la confianza en el Estado del Bienestar se hunde porque éste hace aguas y la gente se espabila y aprende a nadar.

La sociedad desprotegida

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Cada día más personas tienen miedo a que les asalten sus casas, golpeen y saqueen con total impunidad. La gente piensa que el Estado no le protege y que no vive segura. Ante esto, los políticos prometen destinar más recursos a la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, el problema estriba en el tipo de leyes penales que, supuestamente, castigan a los criminales.

Asumamos por un momento que el Estado comienza a destinar un 50% más de presupuesto a la policía. Se asegura de este modo que va a haber patrullas por todo el país. Supongamos también que, gracias a estas medidas, se arrestan a más delincuentes. La pregunta siguiente sería, ¿van a ir todos a la cárcel? ¿Cuánto tiempo van a estar recluidos? Aquí comienzan los problemas. Ni todos acabarán en la cárcel ni estarán el suficiente tiempo como para se desincentive la delincuencia. Si el coste de cometer un delito no es alto, este se disparará al ser más provechoso vulnerar la ley que cumplirla.

El motivo de que suceda esto es que la teoría que sustenta el actual derecho penal es la reinserción. Filosóficamente, es un despropósito porque implica que el delincuente es culpable de sus actos pero no el único. La sociedad también lo es, según el ideario progresista, dado que, al haber marginado al delincuente, éste no tenía otra salida que delinquir. En suma, la izquierda asume siempre que todos somos culpables de los males que nos aquejan. No es de extrañar que, por ejemplo, tras los atentados del 11-S y 11-M, los socialistas dijeran que había que incrementar las ayudas al tercer mundo porque el hambre era la fuente del terrorismo y Occidente era responsable de expoliar a los países más pobres. La lógica es la misma: alimentar la irresponsabilidad para socavar las instituciones tradicionales de las sociedades libres.

De hecho, al considerar que la gente no es responsable y que por eso, es obligación del Estado reinsertarlos de nuevo en la sociedad, el derecho penal prima la irresponsabilidad. Así se convierte, en vez de un mecanismo de represión, en un derecho asistencial. Al introducir fines ajenos al derecho penal en sus mismas entrañas, se produce un cortocircuito y deja de servir a los fines para los cuales fue ideado.

Ante esta situación, el economista Anthony de Jasay ha señalado que “en la mayoría de los países civilizados si un padre de familia descubre a un atracador en su casa y le dispara, va directamente a la cárcel y posiblemente deba defenderse de la demanda civil que le interponga el ladrón. En vez de disparar, lo que debe hacer primero es cerciorarse de sus intenciones, convencerlo para que desista y confiar en que todo salga bien. El atracador apuesta sobre seguro: si no es descubierto, completará la faena, y si es descubierto puede o bien desistir o bien derribar al dueño de la casa y proseguir el saqueo. En ninguno de los casos corre el riesgo de recibir un disparo. El atraco se ha vuelto mucho más seguro”.

De las palabras de Jasay se infiere que estamos ante un despropósito de tal magnitud que hace peligrar nuestro Estado de derecho. No olvidemos que la civilización no es otra cosa que la limitación de la coacción mediante la ley, de forma que cada uno pueda perseguir sus metas sin preocuparse por su integridad física. Por eso, cualquier excepción por motivos “sociales”, distorsiona la paz social.

No existen demasiadas esperanzas de que los gobiernos reaccionen enérgicamente. Máxime porque cuando lo hacen, como fue el caso del PP en lo que al cumplimiento de las penas por terrorismo se refiere, buena parte de la intelectualidad nacional-socialista calificó de fascista tal medida.

La única solución que se antoja razonable es dejar que cada ciudadano se proteja por si mismo, que disponga del derecho a portar armas ya que el Estado no ha cumplido con su principal cometido. Ya lo decía con su usual clarividencia, el presidente de este Instituto, Gabriel Calzada: “no es casualidad que Suiza y EEUU, donde el derecho a la legítima defensa es completo, tengan estados relativamente pequeños en comparación con Europa y que su progreso económico sea muy superior al nuestro. La prosperidad y la paz de las naciones se fundamentan en la seguridad de la vida y la propiedad privada”.

Medicinas y libertad

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero es en el caso de los medicamentos donde la cuestión adquiere un tono más trágico. La mayoría de consumidores desconoce que existe una prohibición legal para que recibamos información sobre medicinas. En efecto, el apartado 1 del artículo 88 de la directiva europea 2001/83//EC, establece que "los estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos (…) que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa". La medida ha de ser duramente criticada por ser contraria a un derecho elemental, cual es emitir y recibir información libremente. Pero es que además, en este caso se da la agravante de que la motivación principal de esta norma liberticida es de carácter económico, pues los gobiernos saben que si los pacientes estuvieran al día acerca de los nuevos descubrimientos de la industria farmacéutica, exigirían ser tratados con estas nuevas fórmulas, cuyo coste escapa a la capacidad financiera de los sistemas públicos de seguridad social. De esta forma, se nos mantiene en la ignorancia más absoluta acerca de nuevos remedios que podrían aliviar muchas enfermedades, lo que entra prácticamente en el terreno de lo delictivo, sin contar con que esa imposibilidad de publicitar sus productos desincentiva a las empresas farmacéuticas, muchas de las cuales ya han decidido trasladarse a Estados Unidos, lo que dice muy poco de una UE que pretende ser la principal economía mundial en 2010.

Ante la disyuntiva de salvar vidas humanas o proteger el ruinoso sistema público de seguridad social en sus últimos estertores, los políticos eligen lo segundo, poniendo el máximo cuidado en que a los contribuyentes no nos llegue información para poder opinar al respecto. Es un buen motivo para «vociferar», así que le invito a que proteste usted también. ¿O es que va a ceder a un ZP cualquiera la capacidad de decidir sobre su salud?

Consumismo navideño

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Las fiestas navideñas no son un invento de malvados capitalistas ávidos de lucro y deseos de vender sus mercancías. Muchas culturas celebran fiestas especiales cerca del solsticio de invierno (el día más corto del año): la oscuridad y el frío se combaten con vacaciones, festejos, iluminación y ornamentación hogareña y callejera, reuniones familiares, comidas abundantes y sabrosas e intercambio de regalos. En este ritual navideño no faltan a la cita las descerebradas críticas de la progresía contra el consumismo: consumimos demasiado, derrochamos de forma irreflexiva, injusta e insostenible.

Algunos confiesan su propia culpa, mostrándose como peleles sin criterio incapaces de controlar su comportamiento frente a la masa social y a la inercia de la costumbre. Otros critican a los demás de forma colectiva pero no tienen el valor de personalizar: si lo hicieran tal vez les responderían que se ocuparan de sus propios asuntos y no hicieran el memo juzgando conductas ajenas cuyos detalles desconocen por completo. Estos ataques que pretenden pasar como análisis objetivos no son más que declaraciones personales de preferencias subjetivas acerca de conductas ajenas. El socialista predecía el empobrecimiento progresivo de los trabajadores, y ahora fracasado, enrabietado, intolerante y tal vez envidioso critica que consumen demasiado.

El consumo es justo cuando se trata de algo que uno ha producido para sí mismo o intercambiado con otros de forma libre y voluntaria (comercio justo) sin robar ni estafar a nadie. La riqueza de algunos seres humanos no se obtiene necesariamente a costa de la pobreza de otros. Toda la redistribución estatal (y consumo asociado) de riqueza es injusta, se quita a unos (víctimas) para dar a otros (parásitos), y además es inútil para solucionar la pobreza. Igualdad material y justicia no son sinónimos. El ser humano siempre aspira a consumir más y mejor: se puede ayudar a los pobres dándoles oportunidades para trabajar y producir bienes para intercambiar con otros.

Algunos recomiendan austeridad, disfrutar de los pequeños detalles, de lo intangible: esto es muy legítimo si no se impone a los demás ni se les engatusa con argumentos equivocados. El asceta se conforma con poco, pero no suele esforzarse en producir nada de valor para los demás; puede tener mucha fortaleza mental, pero su capacidad de actuación física en el mundo es muy limitada. Ciertos creyentes lamentan el materialismo y la pérdida del sentido espiritual tradicional de las fiestas navideñas: la celebración religiosa del nacimiento de su divinidad (quien curiosamente no nació en estas fechas). Olvidan convenientemente que las fiestas invernales existían desde mucho antes de su usurpación por el cristianismo.

El consumo en una economía libre es sostenible. Cada participante en una economía de mercado es un productor especializado y un consumidor generalista: produce para los demás intentando averiguar qué les interesa y qué están dispuestos a pagar por ello. Los precios, junto a beneficios y pérdidas, son señales informativas acerca de las preferencias y las capacidades de los individuos que permiten dar a los medios escasos sus usos más valiosos. Los recursos naturales (renovables o no) defendidos por derechos de propiedad privada no se agotan.

No se consume para poder mantener una estructura productiva sino todo lo contrario: se desarrolla capital a partir del ahorro para poder producir y consumir más y mejor en el futuro. Los estados fomentan el consumo insostenible (no respaldado por producción realmente deseada por los consumidores) al evitar la liquidación de proyectos empresariales fracasados mediante la manipulación del crédito y el envilecimiento de la moneda: consumamos como si el mañana no existiera, ya que endeudarse es fácil y el dinero cada día tiene menos valor.

La inmensa mayoría de los productos disponibles en el mercado a mí no me interesan. Si no se trata de un error empresarial, seguramente les interesan a otros. Si ese otro no es quién para criticar mis compras, ¿quién soy yo para reprocharle por las suyas?

Las empresas de la guerra

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

La guerra de Irak, desde el punto de vista económico, podría pasar a la historia por un hecho muy peculiar, y es que muchos de los soldados no trabajan directamente para el estado, sino para empresas privadas. Empresas como CACI International, Global Risk International, Control Risks Group, Blackwater… ofrecen todo tipo de servicios en defensa con un amplio abanico de posibilidades. Según un estudio del George Washington University, en Irak hay más de 30 compañías militares de seguridad que operan sirviendo los intereses del gobierno y la gente.

Los grupos hostiles a la propiedad privada critican a estas empresas culpándolas incluso de la guerra en si misma. El fanatismo nubla la razón de estos grupos y no se dan cuenta de que quien ha provocado la guerra de Irak, como cualquier otra, no son las personas individuales, ni las empresas, sino el estado. Sólo el estado tiene la legitimidad de atacar, asesinar y esclavizar a países y naciones enteras. Es más, una de las peculiaridades de estas empresas privadas de seguridad es su amplia oferta: algunas tratan el sector minorista, otras trabajan para grupos de ciudadanos, para ONGs dándoles escolta para llegar ahí donde es más peligroso, e incluso, para defender a los soldados del estado que se ven indefensos ante los mandatos y leyes internacionales de los políticos que los han enviado a ese infierno.

Algunos economistas, por otra parte, han aprovechado esta fuerte aparición de empresas de seguridad privadas para decir que el sector privado es capaz de cubrirlo todo, incluso la guerra. La aparición de empresas militares privadas, o de seguridad a gran escala, no demuestra que las guerras puedan ser privadas, sino que el orden espontáneo del mercado existe y funciona. Demuestran que cuando hay un déficit en la demanda, automáticamente surge una oferta para cubrir ese vacío en el mercado de forma eficiente. Efectivamente, el outsourcing o subcontratación de empresas privadas de seguridad ha sido la respuesta a la ineficiente y costosa forma de hacer la guerra cuando era el propio estado quien se ocupaba de ella.

Vemos que el mercado responde a las necesidades de demanda real, y también, vemos que la guerra sólo puede tener una forma de financiación, ha de tener un coordinador central que acapare el interés y dinero que la haga posible, porque aún usando medios privados el fenómeno de la agresión unilateral y masiva es enormemente caro moviéndose el resultado, además, en un mar de incertidumbre altamente volátil y hostil donde los beneficios no son propiamente económicos —supuesto contrario a la filosofía del libre mercado— sino políticos. En otras palabras, sólo un órgano ajeno al sistema de  financiación del libre mercado puede ser el único capaz de fraguar las guerras masivas. Un órgano que siempre pueda retroalimentarse y tener sufrientes fondos como para continuar con ellas salgan bien o mal. Esta indiferencia total hacia los resultados monetarios es una contradicción directa a la estructura de la economía libre y privada.

Las herramientas usadas por la organización política “supra económica” que comienza y desarrolla el planificador son: los impuestos, deuda ilegítima —en cuanto no endeuda su activo, sino el futuro activo de terceros— y la inflación crediticia; o lo que es lo mismo: su financiación es la extorsión, el robo, y el fraude.

En un estado puro de laissez-faire (literal o virtual inexistencia de medios políticos) la guerra masiva sería una tarea imposible de asumir.

En conclusión, las empresas de la guerra, que bien analizadas son compañías de seguridad–agresión con una alta división del trabajo que responden a una demanda agregada real, sólo son el resultado de una evidencia: que el mercado es dinámico, vivo y se transforma continuamente a través del orden espontáneo. No han nacido para hacer el mal, sino porque el estado omnipotente ha canalizado su gasto en ellas.

Las guerras, así pues, son el resultado único de los políticos y del estado. Si no queremos guerras no hemos de desmontar el libre mercado, sino al estado.