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Ecologismo y muerte

Dicho así puede resultar chocante o exagerado. Pero el ejemplo de la malaria y el DDT deja claro que no lo es. Rachel Carlson publicó hace ya 43 años un libro llamado Primavera silenciosa, en el que hacía una pavorosa exposición de los males que se derivan el uso del DDT. Esto sencillamente no es cierto. No es dañino para la salud humana ni siquiera en dosis altas. Ese estudio científico que demuestre la incidencia del DDT en la salud del hombre está por escribirse. Cuando se han encontrado efectos nocivos del DDT, ha sido con cantidades muy grandes, sin relación alguna con las que se necesitan para luchar contra la malaria, y son todo síntomas reversibles sin incidencia duradera en la salud.

Pero esta sustancia mantiene a raya la malaria, una enfermedad que se había llevado por delante a millones de vidas en África. En la misma época en que Rachel Carlson publicaba su libro. Zanzíbar logró reducir la incidencia de la enfermedad de un pavoroso 70 por ciento en 1958 a menos de un 5 por ciento en 1964. La enfermedad, sin haber desaparecido, había dejado de ser una amenaza para la población. Por algún motivo, la lucha entre el ecologismo y los ciudadanos del continente africano que recurrían al DDT contra la cruel enfermedad resultó ser claramente desigual a favor de los primeros. Es decir, en contra de los últimos. El éxito ecologista en la política llevó a la prohibición prácticamente total del DDT.

Primero en los Estados Unidos, en 1972 y bajo el liderazgo estadounidense a gran número de países en África y otras partes del mundo. Y eso que un informe del mismo año de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) había concluido que “el DDT no es cancerígeno, mutagénico o teratogénico para el hombre”, así como que los usos de este pesticida para luchar contra la malaria “no tienen efectos perniciosos sobre peces, pájaros, la vida salvaje o para los organismos fluviales”. Pero como la política y la ciencia son realidades inconexas, se prohibió el pesticida y reapareció la enfermedad. Cada 30 segundos muere alguien en África (generalmente un niño) que muere de esta enfermedad, que hace medio siglo estaba prácticamente erradicada.

En estos momentos varios países están volviendo al uso del DDT, sin rival en su bajo coste y gran eficacia. Zambia ha privatizado sus minas de cobre hace pocos años. Esto ha permitido que los empresarios retomen el control sobre la seguridad en sus empresas, por lo que han recurrido al pesticida, cuyo uso estaba prohibido. El primer año en que se volvió a utilizar dicho pesticida, el número de casos de malaria en la zona cayó en un 50 por ciento y al año siguiente en otro 50 por ciento. 2004 era el tercer año consecutivo sin muertes por la enfermedad. El ejemplo de la iniciativa privada ha llevado al gobierno a financiar el uso (por otro lado muy barato) del DDT. Millones de africanos tendrán la oportunidad de agradecer que este ejemplo cunda y se desoiga el mensaje ecologista.

Ideas sobre la prostitución

– ¿Se acostaría usted conmigo por un millón de euros?

– Ay, caballero, qué cosas tiene usted.

– ¿Y por diez euros?

– Pero, ¿por quién me ha tomado? ¿Qué se cree usted que soy?

– Está claro que una prostituta; ahora estamos discutiendo el precio.

Algunas feministas colectivistas quieren abolir la prostitución. No se atreven a aclarar si quieren prohibirla (prohibición es prácticamente sinónimo de abolición) o simplemente que, sin coacción legal y de algún modo que no explican, deje de existir el intercambio de sexo por dinero. Parece que la prostitución es contraria a la dignidad humana, que denigra al trabajador sexual (generalmente mujer) y lo convierte en una persona de clase inferior. Afirman que pretenden ayudar a las prostitutas diciéndoles que son ciudadanos de segunda. No aclaran si también habría que abolir la pornografía, donde además de sexo y dinero el asunto se exhibe públicamente por más dinero. Insisten en que la prostitución no puede considerarse una profesión porque no es un oficio cualquiera; es la comercialización y compraventa de un cuerpo humano para algo íntimo y personal como el sexo. Ignoran que la prostitución no es la venta ni el alquiler de un bien sino la prestación de un servicio. Abominan del lucro, del beneficio y del empresario, les repugna que alguien pueda ganar dinero ejerciendo de intermediario o protector entre prostitutas y clientes. Repiten de forma monótona y machacona sus tópicos y son incapaces de aprender. Algunas han dedicado toda su vida a una causa y sería horrible descubrir que ha sido en vano, que no ha tenido sentido porque estaban fatalmente equivocadas.

Algunos conservadores quieren prohibir la prostitución porque según ellos es inmoral. No aclaran si defienden que la moral es obvia, objetiva y universal (y cuáles son todos sus contenidos o preceptos y cómo es posible conocerlos) o si es posible que existan distintas morales en diversos grupos humanos. Parecen asumir que si algo es inmoral es legítimo prohibirlo, es decir, utilizar la coacción sistemática del estado para castigar a quienes cometan actos inmorales. Inquieren a quienes quieren mantener legal (o mejor alegal, apartada de la regulación estatal) la prostitución si les gustaría que su mujer, su madre o sus hijas (o maridos, padres, o hijos) se dedicaran a ello, como si el hecho de que no te guste algo implique automáticamente que debas intentar conseguir su prohibición. No está claro cómo puede ser inmoral algo que hace tanta gente desde hace tanto tiempo sin agredir a nadie y produciendo beneficios (monetarios y psíquicos) para todas las partes directamente involucradas. Tal vez el moralista es incapaz de entender que lo que a él le parece repugnante en grado sumo a otro puede resultarle interesante o un mal menor que merece la pena a cambio de algo mejor. El hombre de bien quizás no tiene en cuenta que si no hubiera prostitutas el deseo sexual de muchos hombres podría dirigirse hacia su madre, su mujer, sus hijas u otras potenciales víctimas de seducción o violación.

La prostitución es frecuentemente una forma de esclavitud y explotación asociada al crimen organizado y a la inmigración ilegal, pero no siempre. Hay prostitutas (pobres o ricas) que ejercen su trabajo libre y voluntariamente. Las que son pobres y no tienen muchas alternativas son tan libres como las menos pobres si nadie las obliga por la fuerza a ejercer. Los prohibicionistas confunden y mezclan todas las situaciones (por interés o incapacidad intelectual), no analizan las diferencias relevantes, y en vez de luchar contra la violencia de las mafias pretenden agredir o acosar a los clientes porque, aparentemente, son quienes fomentan la prostitución: hay prostitución porque ellos pagan (admirable tautología para la cual sólo hay que conocer la definición del fenómeno analizado). Efectivamente, el que haya más clientes dispuestos (demanda) incentiva que haya más prostitutas (oferta). Si se quiere ayudar a las prostitutas libres conviene incrementar la demanda para que puedan subir el precio. Si se quiere eliminar la prostitución que se ejerce con violencia no parece muy acertado utilizar más violencia institucional para prohibir la prostitución voluntaria que se ejerce sin violencia. Si se quiere ayudar a las prostitutas forzadas conviene atrapar a sus agresores y obligarles a que las compensen por los daños causados.

En lugar de luchar contra la pobreza causada por el colectivismo (muchas prostitutas, libres o esclavas, proceden de países socialistas) parece que es mejor eliminar los síntomas y las vías de escape. Los colectivistas hablan en nombre de personas a quienes no representan y se refieren a clases, no a individuos. Les preocupa la dignidad de la mujer como colectivo, no el bienestar de cada mujer particular. Asumen que la prohibición ayudaría a la prostituta, no imaginan que podría dañarla marginándola aún más y quitándole una fuente de ingresos más necesarios cuanto más pobre sea y más cargas familiares tenga. Cuando quieren subvencionar a las mujeres para que abandonen la prostitución suele ser con el dinero de los demás.

Algunas prostitutas y quienes las defienden pretenden que puedan pagar impuestos, sindicarse e inscribirse en la seguridad social: ingenuamente desconocen la auténtica naturaleza del estado o piensan que van a obtener más que lo que tengan que aportar. Algunas prostitutas querrían poder organizarse de forma cooperativa sin intermediarios, pero parece que en este negocio es imprescindible alguien con habilidad y contactos para pagar los sobornos adecuados a policías, jueces y políticos corruptos (y eso que la prostitución no es ilegal).

El sexo es esencial en los seres humanos, organismos vivos preocupados por reproducirse y transmitir sus genes de forma eficiente para ser competitivos en la historia evolutiva. El hombre y la mujer son biológicamente y sexualmente diferentes, no sólo en su anatomía y fisiología sino también en su psicología. Sus estrategias de apareamiento son diferentes: el hombre produce fácilmente gran cantidad de espermatozoides y no se queda embarazado, por lo cual es más proactivo y menos selectivo. La mujer sólo produce un óvulo en cada ciclo menstrual y si es fecundado se queda embarazada nueve meses y luego suele querer cuidar de sus hijos, lo que supone un alto coste que explica que sea mucho más selectiva y exigente para el sexo (aunque obviamente los anticonceptivos hayan cambiado la situación, las emociones básicas permanecen porque evolucionaron en un entorno muy distinto del actual). El hombre suele tener el poder físico y económico. El hombre es, en general, físicamente más fuerte que la mujer (resultado de largos periodos evolutivos de lucha entre los machos por las hembras), y a menudo es quien trabaja para otros y quien tiene el dinero (resultado de la división del trabajo según roles sexuales). Pero respecto al sexo es la mujer quien tiene el poder, ya que conoce el deseo del hombre y puede ocultar el suyo (los seres humanos no tienen periodos anuales de celo como otros animales, y las hembras humanas no muestran abiertamente su periodo fértil). La mujer suele pedir algo a cambio de sexo (regalos, compromiso afectivo o legal, dinero), y el hombre tiende a estar dispuesto a ofrecer algo por el sexo. Después del sexo es la prostituta la que se queda con el dinero, mientras que el hombre tuvo un placer psíquico efímero.

Pero los razonamientos biológicos de la psicología evolucionista acerca de la naturaleza humana y los económicos de la praxeología les parecen espantosos e inválidos a los progresistas que creen que todo es cultura y todo puede cambiarse con el adoctrinamiento adecuado; y los ignorantes no pueden o no quieren entenderlos.

La prostituta novata le cuenta a la veterana:

– Ese hombre era tan guapo que me habría acostado con él gratis.

– Cariño, no te ha dado dinero para que te acostaras con él, sino para que luego te marcharas.

Independencia, ¿para o contra el individuo?

Hace casi dos siglos y medio, los representantes de trece colonias británicas decidieron arriesgar sus “vidas, fortunas y sagrado honor” para conseguir la secesión del Imperio.

Llama hoy la atención releer sus escritos sobre el asunto; no reclamaban para sí los poderes detentados por los ministros de Su Graciosa Majestad. Su disidencia iba más allá; sostenían que esos ministros estaban usando poderes que ningún mortal debería poseer. Es más, sostenían, correctamente, que estas extralimitaciones atentaban contra la legislación británica. Cantaban “no hay rebeldes aquí sino traidores en casa”.

Desde sus orígenes, y siempre al amparo de la legislación británica, en las colonias se habían establecido asambleas locales con una activa participación local. Esto había permitido una sana competencia fiscal entre las regiones y un igualmente sano respeto mutuo entre las diversas comunidades religiosas. Así, cada inmigrante que llegaba a Norteamérica se encontraba con una multitud de pequeños poblados con diferentes credos y diferentes sistemas fiscales entre los que elegir.

Los intentos británicos por cambiar esta situación y establecer unos tributos sobre los que los americanos no tenían derecho a opinar fueron recibidos con profundo desagrado. No en vano, buena parte de los emigrados habían abandonado la metrópoli precisamente para alejarse de la tutela odiosa del Estado. La causa independentista era tan clamorosa que incluso iglesias tan comprometidamente pacifistas como los mormones y los cuáqueros, se unieron a las filas del Tío Sam.

Cuando finalmente lograron la secesión, las trece colonias se constituyeron en Estados y estos, a su vez, se unieron en torno a los llamados Artículos de la Confederación, que pronto fueron sustituidos por una Constitución.

Pero ésta tuvo notables detractores que no cesaron hasta conseguir que se incluyeran diez enmiendas, la célebre Carta de Derechos, para proteger los derechos individuales. Resulta especialmente llamativa la última, “los derechos no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por esta a los Estados, quedan reservados para los Estados, respectivamente, o para las personas.”

Si bien es evidente que esta enmienda no se ha seguido a rajatabla, ciertamente evidencia una tendencia a respetar la autonomía de cada individuo frente a los poderes públicos. Es más, Thomas Jefferson, el tercer hombre en ocupar la presidencia tras adoptarse la Constitución, se fijó como objetivo presidencial reducir el peso del sector público; eso en una época en que la presión fiscal y las regulaciones eran casi anárquicas comparadas con las actuales. No es de extrañar que haga doscientos años que los Estados Unidos son la Tierra Prometida por excelencia de todos aquellos que anhelan emigrar a una nación con más oportunidades. No es de extrañar que la suya, en consecuencia, haya sido, en palabras de Reagan, “una historia de esperanzas cumplidas y sueños convertidos en realidad”.

Pero de ahí no se desprende, lamentablemente, que todos los procesos independentistas hayan dado frutos tan benignos como el Sueño Americano. Prueba de ello fue el decepcionante proceso de descolonización que se llevó a cabo durante la Guerra Fría. Educados en las bienpensantes universidades occidentales, algunos funcionarios de otros continentes se encontraron, de pronto, al mando de países recién independizados. No dudaron en aplicar las consabidas políticas de ingeniería social. El Estado tenía que gestionar la minería, la agricultura, los transportes, la industria, la cultura… Se empeñaron en gravar la creación de riqueza, cuando no de impedirla abiertamente, al tiempo que subvencionaban la pobreza. En pocas décadas, lo único que le quedaba por gestionar era la pobreza más desesperante.

Hoy en día, sigue habiendo procesos independentistas. Y algunos, en vez de aprovechar la oportunidad para aliviar el peso burocrático que quiebra la espalda de los ciudadanos, dejan llevarse por la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek y pretenden diseñar en vano civilizaciones a su imagen y semejanza.

LOE: de entrada, no

Son muchas las apasionantes novedades que la reforma educativa en ciernes permite atisbar, pero yo me quedo con el reconocimiento del sagrado derecho de los educandos a hacer novillos colectivos, siempre que la decisión ostente el marchamo democrático de haber sido adoptada por mayoría, aunque no se aclara si ésta deberá ser absoluta, cualificada o simple. Desde que nos gobierna el señor ese que sonríe tanto, todas las minorías secularmente oprimidas ven por fin reconocidos sus derechos fundamentales. Gracias al socialismo de "derechos", también los ceporros estructurales, liberados del yugo académico, podrán por fin gozar de su burricie al aire libre con sólo levantar la manita a la hora del voto (y pobre del que no la levante, claro).

La cuestión adquiere tintes de tragedia cuando a los padres no se les permite ejercer su derecho constitucional a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. De ser así huirían de estampida de la educación pública, y los psicopedagodos y demás logsócratas tendrían que empezar a ganarse la vida honradamente. Ahí están las listas de espera en los centros concertados, de dimensiones castristas, para demostrarlo. Lo peor es que el mal está tan extendido, que ni siquiera en las comunidades gobernadas por el PP uno puede elegir el tipo de educación que quiere que se le proporcione a sus hijos con sus impuestos. Hace unos tres años, por ejemplo, cuando buscábamos infructuosamente colegio para nuestro primer hijo, un alto cargo de la Consejería de Educación afirmaba textualmente en la prensa regional que “la misión de la Consejería no es aumentar las plazas concertadas sino fomentar la educación pública”. Ningún marxista lo hubiera expresado ni mejor ni con más contundencia.

"Hay motivo", por tanto, para acudir en masa a la manifestación del próximo sábado en contra de la LOE y vociferar lo que sea menester. Los altos cargos de la Consejería no hace falta que vayan; su opinión en este asunto ya la conocemos.

Los españoles no denunciamos la desobediencia fiscal

El Instituto de Estudios Fiscales publicó su último Barómetro Fiscal donde afirmaba que el 93% de los españoles no estamos dispuestos a denunciar el “fraude” fiscal ni siquiera con incentivos.

Lo curioso es la terminología que usa el gobierno para señalar a sus enemigos tratarlos de criminales cuando la realidad es la inversa. Imagínese que un mafioso le dice: o me pagas el 60% de tus rentas mensuales, o te privo de tu libertad o vida. Imagínese ahora que ante este acto de extorsión usted miente al mafioso o lo esquiva con artimañas para no pagarle el impuesto exigido. ¿Tendría sentido que el criminal en cuestión le denunciara por “fraude” o pretendiese que un amigo de usted le denunciase? ¡En todo caso tendría que ser al revés! Alguien que impune y unilateralmente mediante el uso de la fuerza quiere privarle de su libertad, vida o propiedad no puede ser una víctima porque si no estaríamos legalizando la esclavitud.

Ahora analicemos el auténtico crimen organizo y masivo. Imaginemos que en lugar de un mafioso le vienen un grupo de funcionarios del gobierno (políticos por ejemplo) y le dicen que usted ha firmado, sin saberlo ni hacerlo, una especie de contrato social imponiéndole el mismo tipo de expropiación (60% de sus rentas[1]) y método (violencia unilateral) que el mafioso anterior. ¿Qué es lo tenemos? El estado del bienestar, la Europa social, el igualitarismo, la solidaridad a punta de pistola…

El estado le expropia su trabajo y dinero de forma unilateral, violenta y sin contraprestaciones —la contraprestación no está en la definición de impuesto, sino que es un concepto a posteriori. Expresado de otra forma, el estado le extrae su dinero que es el resultado de su esfuerzo, su trabajo o de su suerte para quedárselo (aquí realmente lo único que importa es que el dinero que usted tiene no es el resultado de la agresión).

El método de la extorsión para conseguir el lucro sólo lo usan los criminales, pero un criminal le roba a escondidas y, en la mayoría de veces, una sola vez porque el riesgo es demasiado alto. Un criminal tampoco le dirá que usted es un incívico o un egoísta por no dejarse robar, sólo el estado ha sabido legalizar el robo masivo y convertirlo en un precepto moral que todos hemos de obedecer.

Si usted sigue pensando que los impuestos no son un robo, le reto a que piense un solo impuesto al que contribuya voluntariamente sin que el estado tome represalias contra usted cuando no lo paga. Los partidarios de este tipo de esclavitud, los liberticidas, le dirán que es para un bien mayor, a saber, una pensión que le dejará en el umbral de la pobreza, escuelas públicas que son centros de lavado de cerebro estatal y donde los niños cada día salen menos preparados, leyes que favorecen a violadores, ladrones, monopolios privados y públicos (seguridad, electricidad, telefonía, banca…), continuo desempleo, listas interminables en los hospitales públicos, corrupción pública…

La diversidad de productos y servicios de los que disfrutamos no son el resultado del esfuerzo, trabajo ni capital acumulado del estado, sino que son el resultado del esfuerzo, trabajo y capital acumulado de empresas y personas individuales. Lo único que hace el estado es tomar por la fuerza parte de esos recursos e intentar hacer vanos trucos de magia para repartirlos entre los grupos de presión y votantes cautivos quedándose, de paso, una generosa parte para él con las consecuencias antes enumeradas entre muchas otras.

Así pues, y volviendo a la noticia que abría este artículo, es lógico que los españoles no denunciemos a aquellas personas que evitan los impuestos, porque no pagar impuestos no es un fraude, sino la legítima defensa a un robo.



[1] Recuerdo, hace años, un artículo a toda página en el diario La Vanguardia donde calculaba que los tributos, impuestos… (todo son lo mismo) que paga un asalariado medio al estado estaban cerca del 70%. Según un artículo más reciente de Xavier Sala-i-Martí, en La Vanguardia, serían dos terceras partes, aunque el porcentaje de expropiación no nos interesa aquí.

Alquileres sin fianza: compasión inmoral

A cualquier persona le produce lástima que alguien esté en paro o que carezca de recursos suficientes para permitirse lo que la Constitución denomina con un toque claramente socialista como “vivienda digna”. Pero cuando es la política la que interviene para solventar problemas como el de la vivienda, como de costumbre, yerra. Un buen ejemplo de esto ha sido el incremento del precio de este tipo de bienes desde que Zapatero llegó al poder. Como las regulaciones del suelo dan autoridad a las autonomías y ayuntamientos para que califiquen el destino de los mismos e incluso les permiten imponer un impuesto a la construcción, adicional al que satisfacen los constructores por los ingresos que obtienen, los precios se incrementan. Si a esto le sumamos que hay límites al número de pisos que pueden construirse, es probable que hallemos la razón por la que comprar una vivienda es un lujo. La culpa no la tiene el mercado sino la política.

La última propuesta en materia de vivienda busca, como se imaginan, ayudar a los desfavorecidos. Pretende exonerar del pago de fianzas en los arrendamientos de pisos a parados y pensionistas, entre otros. Curiosamente, no ha procedido del grupo parlamentario socialista ni del Gobierno, sino de CIU. Lo que plantea el partido nacionalista es que a aquellos que se han dedicado a ahorrar y han invertido en pisos que ponen en alquiler, les quiten la garantía que tienen para cobrar la cuota de arrendamiento.

Este plan sólo puede ser calificado de fascista porque considera que la propiedad privada sólo puede servir a la sociedad y que es el poder político quien debe decidir el mejor uso que debe darse a la misma. Así pues, los propietarios de viviendas vendrán obligados a aceptar que no les paguen o que si hay retrasos no puedan ejecutar la fianza establecida.

Por un lado, los contratos de alquiler no deberían siquiera tener unos mínimos establecidos por ley ya que son acuerdos entre personas responsables y libres y, donde hay voluntariedad, el Estado sobra. Por otro, no podemos olvidar que si se impone esta medida, los propietarios, con lógica, se negarán a alquilar las viviendas a parados, pensionistas y otros colectivos a los que va dirigida la medida.

La propiedad privada no es un capricho sino una necesidad. Es el resultado del trabajo y esfuerzo de la gente, es el medio de subsistencia más efectivo en un mundo regido por la escasez y, conviene repetirlo, es un derecho natural. Al igual que decimos que somos dueños de nuestro cuerpo, también lo somos de aquello que creamos. Si el resultado de nuestro trabajo, el salario, nos pertenece, aquello a lo que destinemos nuestro dinero también.

Cuando se nos obliga a actuar con nuestra propiedad de una forma determinada, como el caso que comentamos, se nos está arrebatando nuestra libertad de elegir, de utilizar el fruto de nuestro trabajo como deseamos. Es tanto como quitarle un poco de comida a alguien que está comiendo en un restaurante y ante la sorpresa del comensal, justificarse diciendo “es que lo necesito más que tú”.

La necesidad no puede ser nunca un argumento a favor del expolio total o parcial. La magnífica idea de CIU es una expropiación en toda regla. Implica eliminar las condiciones contractuales típicas del contrato de arrendamiento y obligar a los propietarios de los pisos en alquiler a asumir más riesgos.

En la medida en que tal propuesta se implemente, los resultados serán nefastos. Los propietarios evitarán alquilar sus viviendas a gente que no trabaje o que carezca de ahorros suficientes para permitírselo e incrementarán los precios de los alquileres para hacer frente al riesgo de impago.

Como es habitual, las medidas políticas no sólo no solucionan las cosas sino que las empeoran aún más. Los precios suben y el número de arrendamientos disponibles se reduce. La escasez, para ser el resultado de las políticas “sociales”. Así que cuando esta propuesta salga adelante, sólo podremos recordar aquella frase de George Bernard Shaw, “un gobierno que roba a Pedro para pagar a Paúl, siempre puede contar con el apoyo de Paúl”. Y así será, los parados, pensionistas y demás grupos beneficiados, darán botes de alegría. Pero los propietarios, esos malditos capitalistas como parece que piensan muchos, serán los olvidados y esquilmados por la política.

Jun, reflejo de España

De hecho, la diferencia fundamental entre países pobres y ricos es el grado de respeto a la propiedad privada. Eliminarla supone abolir el sistema capitalista y la libertad. En su ausencia, la economía se desmoronaría y el ser humano caería presa de la violencia del más fuerte: estaríamos ante una degradante eutanasia colectiva.

En España, gracias a la poco liberal Constitución del 78, la propiedad privada queda subordinada a la discrecionalidad política. El artículo 33.3 sanciona la legitimación política para expoliar al ciudadano "por causa justificada de utilidad pública o interés social". No tenemos ninguna garantía de que "lo nuestro" continúe siendo nuestro al cabo de unos meses, salvo una cada vez más tímida confianza en las instituciones.

España no se colapsa en una orgía de autodestrucción no porque sepamos que el poder político no emprenderá una masiva nacionalización de nuestra riqueza, sino porque confiamos en que no lo hará. Varias décadas avalan que los políticos españoles no son mucho más carroñeros que el resto de políticos occidentales, y que, por tanto, la inversión en nuestro país no es especialmente arriesgada.

No obstante, no deberíamos dormirnos en los laureles. Cuesta mucho ganar la confianza, pero muy poco perderla. Las famosas fugas de capitales, el "dinero caliente" contra el que tanto braman los socialistas, supone sólo la materialización del miedo de los inversores al Estado.

Además de provocar la descapitalización, el intervencionismo gubernamental tiene un efecto incluso más dañino para la economía y la libertad. El siglo XX ha encumbrado al Estado como rector del bien y del mal; sus leyes, cualquiera que sea su contenido, no pueden ser injustas por ser fruto de la mayoría.

Por desgracia, el Estado es un modelo de referencia para miles de personas. Sus abusos, tropelías e inmoralidades se traducen a su vez en abusos, tropelías e inmoralidades de los ciudadanos. Imaginen que el Parlamento aprobara una ley por la que se instara a los cuerpos de seguridad a apalear a todos los que llevan gafas. ¿Acaso no tendrían una coartada los violentos, terroristas y maleantes para dar rienda suelta a su sadismo actuando como el Estado?

A este respecto, decía Kelvin Throop que "si la gente se comportara como el Estado, llamarías a la policía". En el caso de los lamentables sucesos del pueblo granadino de Jun, la frase no podría ser más certera. Los delincuentes que ocuparon las viviendas se comportaron como la ministra Trujillo había anunciado que se comportaría el Gobierno.

La anécdota de que los criminales blandían un recorte de prensa con el anteproyecto de la Ley del Suelo no debería ser considerada anécdota, sino más bien categoría. No fue casualidad que la ocupación masiva de Jun tuviera lugar después de que se conociera la voluntad política de expropiar las viviendas vacías; de hecho, el expolio tomó como soporte intelectual la ideología socialista y antiliberal del Gobierno.

Los sucesos de Jun ilustran perfectamente la situación de la libertad en España; son la viva imagen del despotismo talentoso que padecemos todos los ciudadanos. Zapatero parece dispuesto a derrumbar todas las barreras morales de la sociedad: ni siquiera la vivienda está a salvo de su rapiña colectivista.

En nuestras sociedades positivistas, el contenido de la justicia está monopolizado por las habladurías de los políticos. Su voracidad represiva se convierte en prebenda ajena. Con el Estado, todo el mundo quiere vivir a costa de los demás. Pero cuando esta maquinaria redistributiva y malévola llamada "Estado" resulta incapaz de responder con celeridad a sus demagógicas promesas, una parte de la población decide "tomarse la justicia por su mano". Ya decía el pensador decimonónico Lysander Spooner que las diferencias entre el Estado y un asaltador de caminos eran mínimas: ambos coaccionan, reprimen y expolian al ciudadano.

El problema es que en Europa, a diferencia de EEUU, no tenemos ningún mecanismo real para defendernos de los abusos del Gobierno, de esos salteadores de caminos. Estamos totalmente inermes ante la ofensiva de unos criminales –tanto los políticos como los de baja estofa– que no dudan en atacarnos cada vez con mayor ahínco; es más, su agresión se produce precisamente porque son conscientes de que los propietarios están indefensos y desarmados.

La Segunda Enmienda a la Constitución de EEUU, que consagra el derecho a las armas, se añadió para evitar que el Gobierno se totalizara. Ningún ejército, por copioso que fuera, llegaría a superar en número a una población totalmente armada. En Europa, todos los tiranos, desde Lenin a Hitler, tuvieron como prioridad desarmar a sus poblaciones para poderlas exterminar. Conferir el monopolio de la defensa al Estado tiene un problema evidente: quis custodiet ipsos custodes? (¿quién nos guarda de los guardianes?).

Ahora bien, Europa no sólo se diferencia de EEUU por estar desarmada físicamente, también éticamente; nuestra decadencia cultural es mucho más acentuada que al otro lado del Atlántico. Padecemos una peligrosa degradación moral, inducida por los distintos totalitarismos, incluido el paternalismo asfixiante del Estado de Bienestar, que se plasma no sólo por el lado de unos delincuentes que obtienen respaldo y argumentos para sus acciones, sino, y lo que es más lamentable, por el de las víctimas.

Hemos dicho que los vecinos de Jun fueron incapaces de defenderse ante el ataque a su propiedad; lo que no queda tan claro es si estaban dispuestos a hacerlo. El Mundo recogía las declaraciones, la sumisión y el síndrome de Estocolmo, de uno de ellos: "Cuando intentas echarlos, te enseñan el recorte del periódico y te dicen que tienen derecho y que el Gobierno les da la razón. Pero esa ley todavía no ha entrado en vigor; era sólo un borrador ¿no?".

Lo preocupante no es tanto que exista el mal –siempre habrá personas dispuestas a delinquir, a dirigir la vida de los demás, a utilizar la violencia para imponer sus fines–, sino que las víctimas se resignen ante el mal.

A la persona que emitió esa declaración le acababan de ocupar su casa, y la única respuesta y esperanza que le quedaba era que el Gobierno no hubiera aprobado todavía la ley que legitimaba la conducta criminal. Esta actitud pasiva, desinteresada y conformista, fruto de décadas de estatolatría, es el auténtico cáncer de las sociedades liberales; el Estado, su intervencionismo, su coacción y su represión se asientan sobre el tácito consentimiento de la mayoría de la población.

Una población que es diariamente apaleada a través de restrictivas regulaciones, sangrantes impuestos e incluso desahucios y expropiaciones, pero que, inexplicablemente, sigue fiel a sus verdugos. Un yugo servil que para algunos puede resultar llevadero, pero que otros lo consideramos excesivamente pesado. No hay ningún problema en que la gente renuncie a su libertad mientras no nos obligue a renunciar a la nuestra.

El problema de Occidente es que un rebaño silencioso legitima las intromisiones del trasquilador estatal sobre todos los ciudadanos. Ese mismo rebaño silencioso que no protesta por estar indefensos, que no protesta por su dependencia del Estado de Bienestar, que no protesta por que el Gobierno expropie las casas, ni siquiera cuando se trata de las suyas.

Se trata, en definitiva, de una estampa deplorable que no augura buenos tiempos para la libertad en España. No sólo debemos preocuparnos por la imagen que estamos mostrando en el extranjero, sino, sobre todo, por el camino de servidumbre que estamos recorriendo. El socialismo no dudará en avanzar y domeñar a la sociedad en tanto ésta se lo permita.

Los ocupas de Jun han sido la avanzadilla de Trujillo, los primeros ejecutores del tipo de sociedad que el PSOE y el resto de partidos políticos quieren implantar en España. En cierto modo, pues, Jun ha sido un reflejo de España: los criminales ladronzuelos por un lado y las decadentes víctimas resignadas por el otro.

Las armas y tretas represivas del Estado no se detendrán, ya que su única finalidad es crecer y multiplicarse. Sólo una cosa interesa a nuestros gobernantes: el poder. Un poder absoluto que, en buena medida, es incompatible con nuestra libertad. No duden en cuál será la elección de los liberticidas ante semejante disyuntiva. La pregunta es cuál será la nuestra.

La dictadura del mercado

De toda la mercancía caducada que venden los grupos antiglobalización, el artículo que mejor salida está teniendo entre la gente normal es el de la “dictadura del mercado”. La cosa viene a ser más o menos así: la globalización ha traído un nuevo tipo de relaciones económicas de las que se están beneficiando las grandes empresas de ámbito multinacional. Esto ha ocasionado que la riqueza se esté distribuyendo peor que nunca y que los políticos democráticamente elegidos por la ciudadanía estén plegados a los intereses de esas corporaciones transnacionales. Corporaciones que sólo quieren ganar más y más dinero a costa de la explotación sin tasa del tercer mundo, del medioambiente y de las depauperadas clases medias de las naciones desarrolladas. El resultado final es que hoy, en el mundo, mandan unas pocas familias que ponen y quitan gobiernos a su antojo. Punto. Los axiomas de la izquierda son así de sencillos.

No voy a entrar en obviedades como explicar que, en un entorno libre de concesiones estatales, si una empresa es grande se debe a que ha servido bien a sus clientes. Eso está al alcance de cualquiera que tenga más de dos dedos de frente. Si Coca Cola se vende por doquier y en cantidades asombrosas es porque esta bebida tiene el sabor y el precio adecuado como para que mucha gente esté dispuesta a pagar por ella. Parece mentira, pero estas cosas hay que recordarlas. A nadie le han encarcelado por no querer beber Coca Cola. No se puede decir lo mismo de quienes han decidido no pagar la Seguridad Social.

En una economía globalizada como la que está empezando a nacer a gran escala el proceso es el mismo. Los ofertantes más dinámicos y que mejor satisfacen las necesidades de sus clientes triunfan, los que no son ni lo uno, ni hacen lo otro, fracasan sin remedio. Cuando las leyes lo permiten y hay capital, las empresas más exitosas salen de sus países de origen para expandir sus actividades. Esto no perjudica a nadie, muy al contrario, beneficia a todas las partes. A los dueños de la empresa porque verán revalorizado el capital invertido y aumentarán sus dividendos. A los nuevos clientes porque dispondrán de un bien o un servicio del que antes no disfrutaban o lo hacían en régimen de monopolio. Y, por último, a la sociedad en su conjunto, porque el comercio es una poderosa fuente de riqueza, y, claro, la riqueza, antes de distribuirla, hay que crearla. En este extremo nadie se ha mostrado más eficiente que el emprendedor persiguiendo sus propios fines.

La dictadura del mercado no es tal a la vista de los hechos. A nadie le ponen una pistola en la sien por consumir tal o cual marca. Los empresarios, además, carecen de poder legislativo, más bien lo padecen cuando a algún político le da, en aras de un supuesto bien común, por meter la nariz donde nadie le ha llamado. Decir que existe una dictadura del mercado o que nos encaminamos hacia ella es una majadería propia de analfabetos en materia económica o de comunistas, que, bien mirado, viene a ser la misma cosa.

Lo más curioso de todo esto es que, lejos de ser una dictadura de facto o de servir de sustento a las ya existentes, la libertad de mercado es un vigoroso acicate para la libertad política. De hecho siempre van de la mano. Cuando un país sumido en una dictadura abraza las bondades del libre cambio y el respeto por los contratos y la propiedad, no tarda en producirse el milagro de la democracia representativa y los derechos civiles. España es un buen ejemplo. El franquismo firmó su sentencia de muerte cuando, en 1959, la economía española se abrió tímidamente al mercado mundial. Remitiéndose a la experiencia, el mercado no engendra dictadura alguna, la conjura para siempre. Esto es así aunque muchos se hayan empeñado en lo contrario.

¿Somos menos ricos cada vez?

El capitalismo nos ha dado más diversidad y más oportunidades. Gracias al capitalismo se pueden producir coches en serie y son accesibles a nuestros bolsillos, disfrutamos de nuevos utensilios prácticos como el ordenador, el reproductor de DVD, ropa a bajo precio importada de otros países, alimentos extranjeros más baratos, podemos viajar a lugares cada vez más remotos por menor precio… La libertad de mercado impulsa la creatividad, la astucia y las oportunidades donde todos ganamos gracias a nuestro trabajo.

¿Y cómo es que no llegamos a final de mes y que nuestro dinero es más papel que no moneda? Proteccionismo, política fiscal, monetaria, leyes laborales, monopolios estatales… En otras palabras: estado del bienestar. Durante años la clase gobernante, no sólo el estado sino también bancos centrales, órganos supranacionales…, se han dedicado a expropiar mediante el uso de la fuerza el dinero de los particulares y empresas, y además, también han contribuido al envilecimiento del dinero con políticas monetarias continuamente expansivas en beneficio de la clase política y el gobierno.

No nos centremos en el robo de los impuestos como forma de empobrecer a la gente, sino en algo más sutil, la política monetaria, o arma para restar continuo poder adquisitivo a nuestro dinero.

Los dinosaurios monetarios de hoy día creen que la economía necesita constantemente estímulos artificiales para crear dinamismo económico. Estos estímulos antes se conseguían manteniendo un bajo nivel de tipos de interés e imprimiendo dinero (ahora se usan técnicas más sofisticadas inyectando dinero en los mercados financieros). Esta combinación nos da un peligroso resultado: inflación. La creación de dinero de la nada nos “agua” el capital y recursos disponibles haciendo que los precios suban artificialmente. La inflación no es el Índice de Precios al Consumo (IPC), éste es una fórmula extraída de una cesta aleatoria (no tiene porque coincidir con la suya) de productos y servicios, y calculados mediante números índices (que también son aleatorios ya que existen muchas formas de calcularlos).

La inflación realmente es la pérdida de poder adquisitivo; si los dinosaurios monetarios se empeñan en “imprimir” dinero y mantener bajos los tipos de interés nuestro dinero valdrá cada vez menos. Las acciones, bonos y viviendas no han subido porque sí o por arte de magia, sino porque hay un “exceso” de dinero en el mercado. Ese dinero no va a desaparecer, sino que se trasladará a otros escenarios de la economía provocando crisis de mayor o menor intensidad y aumentos en los precios de otros bienes y/o servicios; en otras palabras, nuestros sueldos reales (los que se salen de restarles esta inflación) bajarán, y de hecho, cada vez bajan más, por eso nos hemos de endeudar más.

El crecimiento con “inflación crediticia” (dinero salido de la nada) no es un crecimiento real, sino una ficción que nos resta poder adquisitivo y provoca crisis económicas y ciclos. ¿Somos más pobres cada vez? Sí, pero no por la dinámica capitalista, sino por las manipulaciones de los burócratas sobre el dinero y por su continua intromisión en asuntos que no sabe controlar ni le incumben. El dinero, como todo lo perteneciente al campo económico, ha de estar fuera de las manos de los burócratas y apoyarse en activos reales y privados.

Más control político de Internet

Desde la aprobación de la ley, el concepto de anuncio se ha expandido por la vía judicial eliminando la necesidad de que haya pago de por medio, mientras Internet ha sido incluido dentro de los medios regulados por la ley, pese a no aparecer listado en ésta. El resultado es que esta ley puede meter en problemas legales a cualquier blogger que exprese su opinión sobre cualquier asunto que pueda afectar a unas elecciones si quedan menos de uno o dos meses de la celebración de las mismas.

Un grupo de congresistas propuso una nueva ley para evitarlo, excluyendo explícitamente Internet del alcance de la regulación estatal. El partido demócrata, que pasa por nuestros lares por ser un gran defensor de las libertades civiles frente a los pérfidos republicanos, dispuestos a aplastarlas a favor de las grandes multinacionales, ha impedido que dicha ley se aprobara. Los republicanos votaron a favor de la misma por 179 a 38, mientras que los demócratas la rechazaron 143 a 46. Dado que se necesitaba una mayoría de dos tercios, la moción fue rechazada. No obstante, cabe esperar y desear que termine aprobándose por otros medios, más lentos pero que no requieren una mayoría de dos tercios, aunque parece difícil que sea antes de que la comisión electoral estadounidense regule los límites de la libre expresión en Internet. Aún así, esto sólo sería un primer paso: tampoco parece una restricción aceptable de la libertad de expresión que se limite la opinión, pagada o no, de terceros acerca de los temas más candentes en unas elecciones. La transparencia es adecuada; la prohibición, no.

La blogosfera norteamericana se ha levantado como un solo hombre, a izquierda y derecha, para denunciar este intento de silenciarla por la vía legal y judicial. Los efectos de cualquier ley no son sólo los visibles –por ejemplo, las bitácoras que desaparecen debido a las demandas judiciales– sino también las que no se ven, como las bitácoras que pueden no nacer debido al miedo a ser demandadas. Esta regulación, como sucede con tantas otras, eleva las barreras de entrada a la blogosfera, hoy nulas, obligando a tener un cierto apoyo financiero que permita pagar a un abogado que te susurre a la oreja lo que puedes o no escribir. No es por tanto de extrañar que periódicos progres como New York Times o Washington Post apoyen estas medidas. Poner barreras legales a la competencia siempre ha sido el deporte preferido de los actores ya establecidos en cualquier mercado, y el sector de la información y opinión política no tendría por qué ser distinto.

El Estatuto del Periodista es un intento más directo de lograr el mismo resultado: limitar la libertad de expresión. También en nuestro país ha provocado reacciones contrarias desde ambos bandos del espectro político. Pero tengo bastante menos confianza en que, finalmente, los intentos de censura política sobre la libertad de expresión no prosperen en España. No hay más que ver cómo se está desarrollando el caso del Zapatuto, ahora transformado repentinamente en caso COPE.