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Economía de andar por casa

Pilar Bardem ha dicho que el canon a los CD (y DVD) “reinvierte en la propia profesión, ya que se destina a ayudar a otros actores, a la vez que permite fomentar la cultura por todo el mundo”, y lo que aún es peor y más vil: “el canon resulta beneficioso para los ciudadanos”.

Lo que deduce la señora Barden de su paranormal concepción económica es que las tasas, cánones y demás son buenas porque ayudan al sector. Esto no es nuevo, pero sí una falacia en términos globales. De hecho, esta tesis ya la usaban los “intelectuales” del S. XVI cuando defendían el Mercantilismo (vieja doctrina basada en la supremacía del estado y barbarie proteccionista que duró hasta el S. XVIII) y que ahora la Sra. Bardem quiere reimplantar.

Los liberales rápidamente se mofaron de esa ilusa forma de concebir la economía con una historia. Imagínese que en un bar entra un borracho y, a punta de pistola, le dice al camarero que le dé todo su dinero para gastárselo en alcohol. El camarero, atónito, se opone a la amenaza y el borracho le dice: ¿pero por qué no quieres dármelo? Lo hago por tu bien y por el de tu sector. Mira, parte del dinero que me des me lo gastará en tu bar, y el resto, me lo gastaré en los otros bares y así mantendré vivo el sector de los bares. ¡Te robo por tu bien!

El sistema de la señora Bardem es muy parecido. Y es que ella no puede esclavizarnos, pero el estado sí; por eso le insta a que cree leyes. Ella no intenta ganar nuestro plebiscito como consumidores por medio de su innovación artística, calidad o competitividad, sino que ha visto más fácil recurrir a sus amigos burócratas para que apliquen leyes contra nuestra libertad y dinero y contra la de los empresarios que venden CDs (lo que puede significar puestos de trabajo para ellos).

Y es que un impuesto es un robo. No los pagamos porque queramos, sino por la amenaza de los políticos y el estado. El impuesto puede beneficiar a unos para que vivan mejor, como los actores, pero lo pagarán los que trabajan duro para satisfacernos como fabricantes, vendedores, comerciantes… de productos de reproducción así como los que dependen de ellos. Cualquier impuesto crea pérdidas totales netas.

Señora Bardem, el canon sólo hace que algunos sectores organizados (como su agrupación, AISGE) vivan a expensas de los que no lo están, es decir, a expensas del consumidor y pagador de impuestos. Cuando alguien vive a expensas de otro, a parte de ser un parásito, lo que provoca es que la calidad del producto subvencionado, en última instancia, sea deficiente. Si subvencionamos el cine, ya sea directa o indirectamente, lo que conseguiremos es que una legión de vividores se apunten al carro para hacer cualquier tipo de película y cobrar la subvención. Por eso muchas películas españolas ni siquiera llegan a estrenarse, y cuando más subvencionado está “su sector” peor es su calidad.

Sólo la no–interferencia del estado puede asegurar una buena calidad en las artes. Eso no significa que usted no pueda crear organizaciones en su propio interés, como la AISGE, pero a lo que no tiene ningún derecho es a obligar al consumidor a pagar un sobreprecio por algo que no tiene la culpa y ni siquiera le importa.

Sin intromisiones gubernamentales no se preocupe por las películas o música española, seguirán existiendo; pero al menos, se echará del mercado a aquellos que no tengan el plebiscito del consumidor para dedicarse a cosas que la gente sí valora y necesita. ¿O acaso es esto a lo que usted tiene miedo defendiendo el canon?

Cincuenta años del cheque escolar (y 2)

Milton Friedman inventó el cheque escolar para dar una solución viable, que permitiera a las familias elegir la educación de los hijos. La educación pública es necesaria, siempre se ha dicho, porque de otro modo las familias más pobres no podrían acceder a una escuela. No solo no es así; es que no es lo mismo que el Estado pague un servicio y que se encargue él mismo de proveerlo. Friedman separa ambas cosas, y propone que el Estado pague la educación de las familias más pobres con cheques que solo se pueden gastar en colegios. Ellas pueden elegir los colegios, que ya no tienen porqué ser públicos. Los resultados de su esquema han sido tan positivos, que no admiten un pero.

En los Estados Unidos son variadas las experiencias con cheques escolares, aunque el más extenso es el de Milwaukee. Los resultados son habitualmente los mismos. Los padres se implican más en la educación que reciben sus hijos en las aulas. Ahora pueden elegir, y quieren que la decisión que tomen sea la más acertada. La actitud de los alumnos mejora, y los resultados académicos no tardan en aparecer. Los colegios, por su parte, comprueban que ya no es como antes; no da igual lo que hagan con el dinero de los contribuyentes, porque si no mejoran se quedan sin dinero. La poderosa fuerza de la competencia despierta el interés de los colegios por mejorar la educación que dan a los alumnos. Ahora sus padres tienen la capacidad de elegir a quién va el dinero, y no están dispuestos a recibir cualquier cosa a cambio. Las encuestas revelan que los padres están más contentos con la educación de los hijos con el nuevo sistema que con el que no podían elegir. La integración de los alumnos de distintas razas se ha hecho más fácil en las escuelas de Milwaukee y otras áreas que funcionan con cheques escolares, como Cleveland, Maine, Vermont… Y los valores cívicos de los alumnos han mejorado.

Cuando se extendió la educación pública en dicho país, el gasto dedicado a la burocracia comenzó a ocupar una parte creciente de los presupuestos. Exactamente lo contrario ocurre en las escuelas que están sometidas a programas de cheque escolar, que se han esforzado en reducir el gasto de gestión al mínimo, para poder aumentar la parte destinada puramente a la educación.

Chile ha asombrado al mundo con una reforma de política económica con un éxito arrollador, que ha sido imitado en muchas partes del mundo: las pensiones privadas. Ese arrojo innovador lo ha llevado también a la educación; y ha adoptado un programa de cheque escolar que con el tiempo, a la luz de los resultados favorables, se ha ido extendiendo. Un ejemplo parecido es el de Nueva Zelanda. Enfrentada a una situación de crisis inició un programa de reformas que han asentado el éxito económico de las dos últimas décadas. El ímpetu reformador se ha trasladado también a las aulas, e introdujo el cheque escolar en 1985. En ese año los gastos burocráticos concentraban nada menos que el 70 por ciento de los presupuestos de las escuelas; en la actualidad es solo un tercio.

También se han desarrollado sistemas similares en Suecia y Dinamarca, aunque en este país con muchas rigideces. En Suecia los padres ven su recobrada libertad de elegir como un derecho, y un 60 por ciento de ellos observan que los profesores se empeñan más en sus esfuerzos con sus hijos. En Colombia se introdujo principalmente porque los recursos públicos de enseñanza secundaria no llegaban a todos los rincones del país. La iniciativa privada, con el apoyo del dinero público, lo ha hecho. La experiencia de Puerto Rico ha destacado, entre otros desarrollos típicos, porque incluso los colegios públicos que no forman parte del programa de cheques escolares se han visto forzados a tomar medidas y mejorar sus servicios.

Los resultados en España serían básicamente los mismos. Con una ventaja añadida, que por desgracia en nuestro país adquiriría una importancia crucial. La educación, especialmente en comunidades con gobiernos nacionalistas, está cada vez más condicionada por la propaganda política. Si los padres recuperaran poder de decisión, la incidencia del adoctrinamiento en las escuelas sería menos grave.

Empresas españolas y censura

Como si no bastaran los gobiernos para controlar y censurar la red, como si no metiera la ONU suficiente miedo con sus intentos por controlarla, en España se está empezando a convertir en moneda de uso habitual el emplear la amenaza de una demanda infundada para prevenir la crítica publicada en Internet. Una mala y fea costumbre practicada por algunas empresas españolas como, por ejemplo, Axpe y Solkia, que puede dificultar la libertad de expresión en Internet.

La LSSI clarificaba, en principio, las obligaciones legales del proveedor de alojamiento web. Éstos tenían la obligación de colaborar con la justicia para averiguar el autor de un posible delito cometido merced al alojamiento, así como de retirar los contenidos ilícitos una vez la autoridad competente se lo ordenara, a no ser que se pudiera establecer una relación clara y directa entre el propietario del sitio web y el autor del contenido, como evidentemente sucede en un periódico como éste. Sin embargo, la táctica empleada por este tipo de empresas no consiste en emplear la ley con motivos legítimos. A sabiendas de que el alojador no es responsable y de que perderán el juicio, lo que hacen es demandarle de todos modos, para asegurarse de que elimine dichos contenidos que aseguran que afectan a su honor. O que, simplemente, no les interesa que se divulguen.

Todo juicio es, como poco, una molestia. Especialmente si te obliga a perder tiempo en desplazamientos a otra ciudad. Un juicio penal, además, no te permite recuperar el dinero que se gasta en abogados. La perspectiva de tener que enfrentarse a algo así, unida a la inseguridad jurídica de la democracia española, hace que muchos sitios web que viven con lo puesto no se lo piensen dos veces y eliminen las páginas que tanto ofenden a los amenazantes. O que se lo piensen tres pero acaben haciéndolo de todos modos.

Las denuncias anónimas en Internet son ciertamente un arma de doble filo. El anonimato parece asegurar una cierta impunidad, lo que hará que se divulgue mucha más información, cierta y falsa. Sin duda, informaciones obscenamente falsas e injuriosas pueden ser razón para pasar por los tribunales para demandar al autor de las mismas. Pero al autor. La única razón por la que estas empresas amenazan y demandan a los alojamientos gratuitos es no tener que dirimir en un juicio si esas acusaciones son realmente ciertas y meter el miedo en el cuerpo ante cualquier tipo de información que se pueda dar en el futuro.

La única buena noticia es que quienes cometen esas prácticas tienen, al final, la batalla perdida. Carecen de los instrumentos del Estado para prohibir, y sus tácticas sólo funcionan con proveedores españoles. El mero hecho de que las utilicen es un incentivo más que suficiente para que las informaciones retiradas bajo amenaza se multipliquen en otros sitios web, como forma de protesta. De modo que, finalmente, tendrán que enfrentarse a esas informaciones con desmentidos, que es lo que tenían que haber hecho desde el principio, y con el hecho de haber actuado de forma tan torticera, que es lo que deberían haber evitado. Y su nombre quedará afeado con una mancha difícil de borrar. Yo, desde luego, no pienso prestarles aguarrás.

Utilidad marginal y liquidez

Carl Menger, el padre de la Escuela Austriaca, revolucionó la ciencia económica en 1871 con sus Principios de Economía Política, al descubrir la utilidad marginal decreciente. Brevemente, la utilidad marginal viene a decir que la utilidad de conjunto de productos sustituibles entre sí viene determinada por el fin al que satisface la última unidad; lógicamente, dado que con unidades iguales perseguimos cada vez fines menos valiosos, esa utilidad era decreciente.

Sin embargo, Menger también hizo importantísimas aportaciones a la teoría monetaria; aportaciones que, en muchos casos, no sólo han pasado desapercibidas para una ciencia económica corrupta por el neoclasicismo, sino también para la Escuela Austriaca.

Menger afirmó que el dinero surgió espontáneamente, como una generalización del bien económico más líquido. Pero, ¿qué era la liquidez? Para definirla, observó que todo producto pujaba en el mercado entre dos precios, el precio ofrecido al que se quería comprar y el precio pedido al que se quería vender. Cuanto mayor era la cantidad de bienes comerciada, mayor era el margen (spread) entre ambos precios. Pues bien, para Menger un bien era más líquido que otro cuando su spread aumentaba más lentamente conforme incrementábamos la cantidad.

En realidad, Menger no tenía necesidad de hablar de márgenes y spread. Había ya desarrollado el instrumental analítico suficiente como para definir liquidez en términos más precisos. Y es que, como hemos visto, la utilidad de un bien siempre decrece conforme aumenta su cantidad. Por tanto, necesariamente, el margen entre sus precios tiene que incrementarse. Una parte tendrá que ofrecer a la otra cantidades crecientes del bien, ya que la utilidad del bien recibido disminuirá conforme le ofrezcan una mayor cantidad. Sólo cuando los bienes líquidos entran en escena, una parte (el comprador con dinero) no necesita ofrecer a la otra (vendedor sin dinero) una función creciente del bien, pues la utilidad marginal del dinero disminuye muy poco a poco.

Así, diremos que un bien es más líquido que otro cuando su utilidad marginal disminuya más lentamente. Por supuesto, un tipo de dinero será de mayor calidad que otro cuando sea más líquido.

Otro gran teórico de la liquidez, Antal E. Fekete, ha entendido perfectamente esta idea al sostener que el oro tiene una utilidad marginal constante. No es necesario decir que ningún bien puede tener una utilidad marginal constante, pero la idea subyacente a la afirmación de Fekete es que su utilidad es la que más lentamente disminuye. Además, Fekete ha completado la liquidez definiéndola en su doble perspectiva, espacial y temporal. El bien más líquido es el más transmisible o vendible, aquel generalmente aceptado sin que al incrementar su cantidad disminuya su valor. Sin embargo, este punto de vista espacial debe completarse con el temporal: la atesorabilidad.

Si un bien, por ejemplo, se deteriora con el paso del tiempo, tendrá una gran liquidez durante una temporada, pero luego la irá perdiendo. Una mercancía es atesorable cuando pueda venderse o comprarse con las menores pérdidas posibles en pequeñas cantidades, esto es, cuando su utilidad marginal aumente más lentamente conforme se disminuya la cantidad.

Por ejemplo, en la Edad Antigua el ganado era el bien más líquido espacialmente. Todo propietario de ganado sabía que en cualquier otra parte del continente se lo aceptarían como “moneda de cambio” (de hecho, la palabra pecus significa ganado y de ahí se derivó posteriormente la palabra pecunia, moneda). No obstante, el ganado era muy poco líquido intertemporalmente; si yo atesoraba ganado, con el paso del tiempo envejecía y moría. De ahí que para traspasar la riqueza a lo largo del tiempo se adoptara la sal (de ahí la palabra salario).

Más recientemente, la dualidad espacial-temporal ganado-sal se sustituyó por oro-plata. El oro servía para grandes transacciones interespaciales, pero su fragmentación era muy costosa, de manera que se adoptó la plata para atesorar valor intertemporalmente. Sólo cuando durante el s.XIX los avances metalúrgicos hicieron posible reducir el coste de la fragmentación del oro, éste se impuso como el dinero de mayor calidad, el más líquido, tanto en el espacio como en el tiempo.

Por tanto, hemos visto como el concepto de utilidad marginal mengeriano nos sirve para explicar la liquidez del dinero sin necesidad de recurrir a los márgenes de precios. Un bien es líquido interespacialmente cuando su utilidad disminuye muy poco a poco conforme se incrementa su cantidad; un bien es líquido intertemporalmente cuando su utilidad aumenta muy poco a poco conforme se reduce su cantidad. En ambos casos, hoy por hoy, el oro es el bien más líquido y de mayor calidad.

Pagando por el pecado

El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que hizo de la bajada de impuestos su bandera y del tipo único en el IRPF su fórmula económica, ha incumplido sus promesas. Hasta cierto punto es lógico, puesto que el socialismo pretende esquilmar al ciudadano para redistribuir su dinero entre sus votantes, especialmente los más ricos (artistas e intelectuales, empresarios de los medios de comunicación, etcétera).

Se van a subir los impuestos sobre el alcohol (10%) y el tabaco (5%). Asimismo, se concede a las Autonomías la facultad de incrementar en un 2% el impuesto sobre la Electricidad. El pretexto de estas medidas no es otra que cubrir el dichoso déficit sanitario, especialmente el de Cataluña.

En primer lugar, no hay que olvidar que subir los impuestos indirectos viene a demostrar que la izquierda odia a sus votantes. Al final son los más desfavorecidos los que pagan el pato, ya que son este tipo de impuestos los que inciden en el consumo. Es más, se denominan “impuestos del pecado” (sin taxes), porque pretenden cambiar los hábitos de la gente al incidir sobre productos que se califican como “vicios”. La izquierda, tan preocupada por la libertad, quiere llevar a cabo políticas puritanas-victorianas y convertirnos en “hombres nuevos”, sin ningún tipo de vicios malsanos.

Por otro lado, desde el punto de vista meramente fiscal, estas subidas tienen un doble efecto recaudatorio. Como los impuestos especiales sobre el tabaco, la electricidad y el alcohol se adicionan al precio del producto y el IVA se aplica a la suma del precio y los impuestos fijados, no sólo se incrementa la recaudación en los porcentajes señalados, también el Impuesto sobre el Valor Añadido. De hecho, recientemente hemos podido saber que el incremento de precio de la gasolina ha permitido al Estado embolsarse 1.800 millones de euros adicionales por IVA e impuestos especiales. Así pues, resulta un tanto extraño que, a pesar de que el precio del petróleo sigue subiendo y, por tanto, el Gobierno vaya a recaudar más impuestos, pretenda elevar otros tributos.

Pero lo triste del caso es que no sólo hay argumentos morales y técnicos para repudiar el impuesto, también utilitaristas, ya que, como todo el mundo sabe, una de las ventajas competitivas que tiene actualmente España para atraer turismo son los bajos impuestos sobre el tabaco y el alcohol respecto de los vigentes en otros países de la Unión Europea. Los restaurantes, bares y discotecas ofrecen una serie de servicios de calidad a precios razonables en comparación con los que repercuten estados como Francia o Inglaterra. Si se incrementan estos impuestos, teniendo en cuenta que, al entrar en el euro, nuestros precios han crecido sustancialmente, el turismo se resentirá notablemente. Los hosteleros tendrán que subir sus precios, por lo que la gente consumirá menos y habrá más paro. Cabe temer que, a partir de ahora, salir por la noche vaya a convertirse en un lujo.

Financiar el gasto sanitario vía impuestos indirectos, como hemos podido comprobar, es un lamentable error. Además, intentar resucitar el ya quebrado sistema sanitario es tanto como querer revivir a un muerto. Por eso, es preferible reformar el sistema drásticamente.

Nuestra salud va en ello. Y ya se sabe que no hay nada más cierto que la muerte… y los impuestos.

Renovando subvenciones

El gobierno ha aprovechado que aún tenemos el cerebro reblandecido por el calor para colarnos otro estupendo y faraónico plan consistente en que las compañías eléctricas sean obligadas a instalar parques eólicos y solares por doquier. La factura es de cerca de cuatro billones de pesetas aunque, eso sí, distribuido durante varios años hasta 2010. Evidentemente, el coste de semejante disparate energético lo pagaremos todos. No porque el Estado subvencione una parte mínima del plan, sino porque el mayor precio por kilowatio de estas alternativas acabará siendo sufragado por los bolsillos de los consumidores, en un apartado que el gobierno califica eufemísticamente de “aportación de las empresas generadoras”.

A los ecologistas, este despilfarro les parece insuficiente. De hecho, Greenpeace está elaborando un delirante informe que se supone mostrará al público en los próximos meses cuyo objetivo es demostrar que podríamos alimentarnos de energías renovables de forma exclusiva y tener energía de sobra en 2050. Hasta que no esté el texto disponible no se podrá opinar con total certeza, pero llama la atención que la presentación parcial de algunos resultados del mismo realizada a finales de julio huyera de dos problemas esenciales. El coste y la poca confiabilidad de una parte importante de esas energías, la eólica, que falla cuando más la necesitas. Actualmente hay 9.000 MW de potencia eólica instalada, pero en uno de los últimos récords históricos de producción, 38.620 MW el 20 de julio a las 17:38, la producción real de energía eólica se situó en los 2.046 MW.

Aún así, el informe presenta algunas conclusiones, cuando menos, divertidas. Y es que, según sus estimaciones, sería necesario ocupar el 14% del territorio nacional con cultivos y bosques para quemar en las centrales de biomasa, el 37% con centrales solares y el 57% con centrales eólicas aunque sus proyecciones indican que podría simultanearse el terreno de estas últimas con otros usos. Por ejemplo, el de centrales solares. Ignoro si las ciudades caben en este plan, aunque conociendo a sus promotores, posiblemente tengan previsto que nos desplacemos a vivir bajo tierra para que la naturaleza permanezca virgen e intocada por nuestras sucias manos… si excluimos que casi todo el territorio tendrá centrales, claro.

El plan esconde algunas sorpresas. Así, mientras asegura que las ayudas públicas suponen sólo el 2,9% del plan, 680 millones de euros, las exenciones de impuestos llegan a 2.855 millones y las subvenciones a las energías renovables 4.956. Y es que, según un informe de la cámara de los lores, el coste de producción eólica es de 6 céntimos de euro por KWh y el precio al que se vende la energía actualmente en España son 4 céntimos, por lo que alguien va a tener que pagar la diferencia. Usted y yo, ya sea por la factura o por las subvenciones. Los ecologistas salen realmente caros.

Lo único bueno de este plan es que vuelve a poner sobre la mesa el descarado control que ejerce el ejecutivo sobre el sector. Ya nadie podrá argumentar que nuestros problemas energéticos se deben a la maligna liberalización que llevó a cabo el no menos pérfido Aznar. ¿Quién se puede creer que el sector eléctrico es libre cuando desde el gobierno se le impone cuánto y de qué manera deben generar energía? Los problemas aparecen cuando se impone desde arriba una solución y se resuelven cuando somos libres de buscar la mejor alternativa por nosotros mismos. Por esto este plan, como los anteriores, nos aleja de las mejores soluciones a la generación de energía eléctrica.

Rousseau, prescriptor del socialismo

La obra del moralmente degenerado y psicológicamente tarado ginebrino ha pasado a la posteridad como la inspiración más sublime de la democracia inorgánica, asumida en los países occidentales prácticamente como la única forma de gobierno que permite la existencia de la libertad y el progreso. En efecto, en los escritos de Rousseau se encuentra el germen de las formas políticas que sustituyeron al Ancien Règime aunque, en realidad, el sistema rousseauniano, tal y como fue formulado en su día, esté muy alejado de la partitocracia en la que ha degenerado la democracia contemporánea.

Pero la radical concepción de las relaciones humanas de Rousseau van mucho más allá del sufragio universal o la representatividad inorgánica. De hecho, el sistema de Rousseau es, en opinión del que suscribe, la inspiración primigenia del socialismo.

La base del pensamiento rousseauniano es el contractualismo social, explicado en su tan conocida como poco analizada obra «El contrato social» (sigo en este artículo la edición de 2000 de Ediciones Folio S.A.), en virtud del cual, la sociedad es una institución artificial a la que el individuo se adhiere voluntariamente, aceptando las cláusulas de un contrato de sometimiento a la colectividad. En su visión contractualista llega a incluir a la familia, pues según él, «los hijos no dependen del padre más que durante el tiempo que lo necesitan para subsistir. En cuanto cesa esta necesidad, el vínculo natural se disuelve (pág 158)», que no deja de ser una forma patética de justificar el abandono de sus cinco hijos en el orfanato nada más nacer.

A esta visión positivista es necesario contraponer el naturalismo social, que reconoce a las instituciones sociales como elementos naturales, pues la sociedad no es algo que construyen unos robinsones atomizados, sino que el hombre se encuentra incorporado a ella desde su nacimiento. El carácter primario de estas instituciones intermedias, ha permitido defender a los doctrinarios liberales la dimensión subsidiaria del Estado, que debe respetar absolutamente a aquéllas y asumir tan sólo las funciones que no sean efectivamente realizadas por las mismas.

El razonamiento del contrato social rousseauniano, por otra parte, lleva inexorablemente a la aceptación de afirmaciones precursoras del totalitarismo estatal. Así sucede con la premisa de que “la voluntad general es siempre recta y tiende siempre a la utilidad pública”(pág. 233), o la de que “cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y recibimos en cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo”(pág 166), o la idea que subyace tras la densa palabrería rousseauniana, del vínculo inexorable entre la inferioridad social y la superioridad moral.

No es de extrañar que Marx declarara su admiración hacia el psicópata ginebrino. Hoy en día, su obra sólo puede interesar a los ideólogos socialdemócratas y al resto de banderías políticas que recelan de la libertad individuo y el gobierno limitado.

La conquista del espacio

El 25 de mayo de 1961 el presidente Kennedy emplazó a su nación a poner un hombre sobre la luna antes del final de esa década. La carrera espacial entre rusos y americanos entraba en una nueva fase. Varias empresas americanas se afanaron por conseguir que la NASA contratara sus proyectos. En la URSS, recelosos del despilfarro que suponía la competencia burguesa, aunaron esfuerzos bajo un planificador central.

Si la NASA encontraba algún problema técnico y presupuestario con alguno de los contratistas, le bastaba con recordarle que tenía competidores ansiosos por sustituirle. Y, llegado el caso, ¡podía hasta hacerlo! Y mientras tanto el programa nacional seguía su curso con otra empresa. Si la agencia soviética, en cambio, se encontraba con algún problema, tenía que apañárselas solita y todo el programa nacional quedaba resentido.

El resultado fue que mientras Armstrong, Aldrin y Collins volvían triunfales de la misión Apollo 11, su competidor soviético, el Luna 15, se estrellaba contra la superficie. Anquilosada en su ineficiente estatalismo, la agencia espacial soviética entendió que no podía aspirar a las aventuras espaciales tripuladas más allá de la atmósfera terrestre. Así que se ciñó a la exploración interplanetaria con sondas no tripuladas y al mantenimiento de estaciones espaciales en órbita terrestre.

La agencia americana, por su parte, embriagada con el triunfo del programa Apollo, fosilizó las relaciones con sus contratistas. Es decir, eliminó todo vestigio de competencia capitalista. Pensaron en la NASA que los transbordadores de los contratistas vitalicios iban a realizar centenares de vuelos al año hasta la Estación Espacial Freedom (libertad), que Reagan había propuesto en 1984 que se construyera en un plazo de diez años. Ocho años antes de que concluyera ese plazo, ocurrió el primer accidente mortal de los transbordadores. Desde entonces, la hoja de servicios de la NASA ha ido emponzoñándose paulatinamente.

En cambio, cuando el Imperio Soviético implosionó y los rusos se vieron en la bancarrota no dudaron en abrazar el capitalismo: grabaron anuncios de televisión para Pepsi Cola, Pizza Hut y Lego, entre otras empresas privadas y vendieron al mejor postor viajes espaciales para turistas.

Visto el contraste entre lo caro que le resultaba a los estados hacer el ridículo y lo vigoroso que era el mercado ofreciendo soluciones rentables, la recuperación de confianza en la libre empresa fue ganando adeptos. En enero de 1997, Spencer Reiss, sugería: “¿Qué pagaría, digamos, Ruper Murdoch por los derechos en exclusiva de la mayor épica en la historia moderna? Una tripulación telegénica. Un drama de vida o muerte. Imágenes en directo a 25 millones de millas de distancia. Y el primer aterrizaje en otro planeta; en fácil apostar que sería el acontecimiento más visto de la historia (…) Y ni siquiera hemos hablado de qué empresa de zapatos pondrá su logotipo en la primera huella sobre el suelo marciano. Just do it.” Simplemente, hazlo, sugería Reiss en diáfana referencia a la famosa marca de calzado deportivo.

Paralelamente, en Estados Unidos, mientras la NASA no levanta cabeza, han aparecido una multitud de empresas llamadas “no tradicionales”. Son empresas privadas, pequeñas y dinámicas que al estilo emprendedor de Silicon Valley, pretenden hacer fortuna con nuevos conceptos para rebajar costes y acercar el espacio a los consumidores. Véanse Scaled Composites, tSpace o Space Adventures. Esta última está preparando una serie de expediciones que empezarían dentro de cinco años con un viaje alrededor de la luna (sin alunizaje) para dos astronautas. El precio que tendrá que pagar cada uno será de unos cien millones de dólares. Teniendo en cuenta que cada viaje del trasbordador cuesta unos quinientos millones, parece que los de Space Adventures están fulminando los precios.

En junio de este año, el administrador de la NASA Mike Griffin dio un sorprendente golpe de timón con un discurso ante varios congresistas en el que no cesó de alabar la competencia. Y afirmó que le gustaría poder comprar billetes para sus astronautas en naves espaciales de propiedad privada. Puede ser un futuro muy interesante… y muy próximo.

Cincuenta años de cheque escolar

La educación siempre fue mayoritariamente privada. Nuestra sociedad dio con la institución que le sirviera para transmitir la riqueza de nuestra cultura, y para formar ciudadanos en el sentido más amplio y profundo de la palabra. La Revolución Industrial multiplicó la riqueza en manos de las familias, y ha ido cambiando el tipo de trabajo que necesita la economía. De estar atados a la servidumbre de la tierra, el hombre se fue incorporando progresivamente a la industria y los servicios, ámbitos en que cada vez se necesita más nuestra capacidad intelectual y menos el desempeño físico. De este modo, la demanda de educación se hizo más intensa, y las sociedades más progresivas lograron extenderla hasta prácticamente toda la población. Antes de acabado el siglo XIX, la escolarización universal había llegado al menos para estadounidenses y británicos.

La fe en la iniciativa privada cayó con el siglo, y la mano muerta del Estado se fue extendiendo de un ámbito a otro de la vida ciudadana, sin dejar un resquicio. La educación libre y privada da lugar a ciudadanos informados y críticos, algo que el estatismo no está dispuesto a tolerar. El deán de la educación pública, John Dewey, lo dejó claro en sus obras, en frases como “la gente independiente y que actúa por sí misma eran un anacronismo para la sociedad colectivista del futuro”, o “cualquiera que haya comenzado a pensar, pone una parte del mundo en peligro”. Un riesgo que los adoradores del Estado no están dispuestos a tolerar. El mayor impulsor de la educación pública en Estados Unidos fue Horace Mann, quería robar a la familia y otras instituciones como la Iglesia el ejercicio de la educación, que pasaría exclusivamente por los centros de educación (y adoctrinamiento) del Estado.

Para justificar esta política se han dado decenas de argumentos falsos. Uno de ellos, el más persistente y repetido, es que sin educación pública los más pobres no podrían acceder a ningún tipo de educación. Esto es completamente falso. No es ya que países como Estados Unidos o Inglaterra alcanzaran la universalización de la educación ya en el XIX, es que incluso hoy, los más pobres en los países más pobres, pueden acceder a la educación gracias a la iniciativa privada, más que a la pública. El experto en educación en el tercer mundo James Tooley ha descrito en varios artículos cómo allí donde no llega la educación pública, o donde falla porque los profesores simplemente no acuden o no dan clase, surge la iniciativa privada para suplir esa carencia.

No es ya que no sea necesaria la acaparadora iniciativa pública para educar a los más pobres, sino que no es lo mismo que el Estado pague un servicio a que lo provea él mismo. Esta fue la gran contribución de Milton Friedman a la política económica, que hizo en 1955, y que ha cumplido cincuenta años. Entonces propuso un sistema de cheques escolares, que el Estado entregaría a las familias con menos recursos. Estos cheques los pueden gastar en el colegio privado que elijan. Luego el Estado rescata los cheques, que cambia por dinero. De este modo el Estado garantiza el pago de la educación a las familias que menos tienen, y por otro lado las familias pueden elegir la educación que quieren para sus hijos. Los colegios entran en competencia por recibir el favor de los padres, y se esfuerzan por ofrecer una mejor oferta educativa.

A pesar de todas las trabas, de todos los impedimentos, la rica variedad institucional de los Estados Unidos ha permitido que se pongan en marcha varios proyectos de cheque escolar, con resultados muy positivos para la educación, el aprendizaje de valores cívicos o la integración de distintas razas, entre otras cosas. Otros países, como Chile, están siguiendo el mismo camino. España observa cómo la educación que se ofrece en sus colegios está cada vez más degradada, y más condicionada por la política. Necesitamos un debate sobre el modelo educativo, y necesitamos que los padres recuperen el derecho de decidir qué educación quieren para sus hijos. El cheque escolar sería un instrumento muy útil.

Más mercado, menos abusos

Esta semana la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una demanda contra los operadores de telefonía móvil (Vodafone, Movistar y Amena) por el redondeo que aplican a sus tarifas, que, según la OCU es: una práctica abusiva.

Evidentemente, si le pregunta a cualquier consumidor si las operadores aplican “tarifas abusivas”, le dirá sin pensárselo dos veces que sí. Si le pregunta si el precio del pan es abusivo, la respuesta será la misma: sí. Y si le pregunta que el precio del café es abusivo, también le dirá lo mismo. Y es que es totalmente lógico que el consumidor siempre quiera pagar el precio más barato. Y por otra parte, también es lógico que el oferente siempre quiera aplicar el precio más caro.

La OCU no tiene ninguna superioridad moral como para acusar a una empresa, o a cualquiera, de ser “abusivo”. Más bien la que está abusando de su poder es la propia OCU que reclama usar la fuerza, con la ayuda del estado, contra estas compañías gastando más dinero del pagador de impuestos, poniendo en peligro puestos de trabajo y reduciendo los ingresos de las compañías de las que dependen accionistas, empleados, proveedores, acreedores, etc.

Pero lo que sí es cierto es que en España sólo hay tres operadoras en el mercado y esto puede causar la sensación que somos “clientes cautivos”, esto es, que los consumidores hemos de pagar más de lo que consideramos razonable por la falta de alternativas (algo que no acaba de ser cierto porque sino no pagaríamos y llamaríamos desde una cabina). Algunos le dirán, incluso, que es un fallo de mercado; pero lejos de aquí, a lo que estamos asistiendo es a un fallo del estado.

Lo que nos hemos de preguntar es, ¿por qué no abrir el mercado de las telecomunicaciones y dejar que entre y salga todo aquel que quiera? ¿Qué sentido tiene que el estado tenga que convocar concursos para conceder licencias de telefonía? ¿Es que si hay más de tres operadores aumentarán los crímenes? ¿La sociedad se descompondrá, o la economía se hundirá? ¡Evidentemente que no! Todo lo contrario: nacerán pequeñas, medianas y grandes empresas de telecomunicación, se creará más empleo, se fomentará de forma libre y natural la competencia que se traduce en precios más baratos, las malas operadoras que no satisfagan al consumidor se irán del mercado para destinar sus esfuerzos en otros ramos productivos que la sociedad valore más. ¡Abriendo totalmente el mercado sólo habrá ventajas!

Si el estado no controla ni exige dinero para lo que cada uno es libre de hacer, no nos harán falta organizaciones histéricas que presuntamente nos protegen.

A organizaciones como la OCU no le interesan los derechos de la sociedad. Los mandatos que consigue imponer por medio del estado pueden parecer que benefician al consumidor (algo bastante dudoso), pero usted también es empresario, o empleado de alguna empresa, o autónomo… Como el gobierno, por culpa de alguna organización de presión, le ponga trabas a su negocio (ya sea empresario o empleado) las consecuencias las va a pagar usted aunque mantenga muy contento a su cliente. Organizaciones como la OCU se dedican a imponer costes innecesarios a las empresas, y eso significa la liberación de cierto tipo de recursos para el tejido productivo de la economía como despidos o reducciones de beneficios

Lo único que le interesa a OCU es hacer estas manifestaciones para salir en los medios de comunicación y así justificar su sueldo. No tenemos porque complicar las cosas para que funcionen, más bien al revés: las economías con multitud de leyes, hasta el punto de contradiciéndose; con restricciones; o fuertemente intervenidas sólo crean el caos económico. La única práctica abusiva de verdad es querer distorsionar la estructura natural de la producción con falsas razones morales usando la ley y el castigo contra todos en lugar de abrir el mercado y dar total libertad a oferta y demanda. El libre mercado y el Capitalismo, son nuestro mejor defensor de facto.