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¿Quién derrumbó el muro?

Cuando se discute la autoría de la demolición del muro de Berlín y de todos los telones de acero que mantenían a millones de individuos esclavizados en el este de Europa se escuchan respuestas para todos los gustos. Muchos dicen que fueron los sufridos ciudadanos del socialismo real los que, martillo en mano, desmontaron el brutal paredón que les separaba de una sociedad algo más libre. Otros dirán que fueron Ronald Reagan o Margaret Thatcher. Muchos apuntarán a Juan Pablo II como principal artífice. No faltará quien nomine a Helmut Kohl y hasta habrá quien defienda que Mijail Gorvachov fue el principal responsable de la caída del comunismo.

Sin embargo, cuando se discute sobre la autoría de la demolición académica del socialismo el nombre de Ludwig von Mises se postula como indiscutible. Ya en el invierno de 1918-1919 Ludwig von Mises convenció al joven y brillante marxista Otto Bauer de que el inminente experimento comunista que pretendía liderar en Austria estaba destinado al fracaso más estrepitoso. Las explicaciones lógicas de porqué al baño de sangre inicial le seguiría la destrucción todos los logros que para la civilización significaba Viena calaron hondo en Bauer y su mujer, quienes debatieron la cuestión con Mises durante numerosas noches antes de que decidieran hacer todo lo que estaba en sus manos para detener la revolución.

Un año más tarde Mises publicó su fecundo “Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen”. En éste, el austriaco explicó de forma deductiva que cuando no existe un precio de mercado en los bienes de producción (como ocurre necesariamente en una sociedad en la que no se respeta la propiedad privada), es totalmente imposible analizar retrospectivamente si una dedicación concreta de los medios de producción han permitido alcanzar ganancias o si por el contrario suponen un despilfarro de recursos escasos y presentan pérdidas.

Sin embargo, lo que es menos conocido es que Mises fue la cabeza visible y último representante magistral de un grupo de estudiosos de la economía que desde hacía varias décadas se habían enfrentado al comunismo. Entre todos pusieron la teoría marxista en la picota. Los primeros esfuerzos llegaron de la mano de un puñado de autores alemanes que aplicarían la teoría subjetiva del valor para mostrar cómo los errores cometidos por Adam Smith en la teoría del valor eran el talón de Aquiles del marxismo. Entre ellos destacaron nombres tan ilustres miembros de la Gebrauchtwertschule como Karl Knies o Wilhem Roscher.

Eugen von Böhm-Bawerk se encargaría unos años más tarde de ordenar los argumentos y mostrar las inconsistencias lógicas del marxismo. Con todo, la crítica fundamental de Böhm-Bawerk se fundamentó en la teoría objetiva del valor trabajo y en el concepto de preferencia temporal –inexistente en la teoría marxista– que invalidaba el análisis marxista de la plusvalía y la explotación.

Los más inteligentes autores socialistas entendieron perfectamente el carácter letal del órdago lanzado por Böhm Bawerk. El propio Marx reconoció el aparente cúmulo de contradicciones a la vista de las críticas del austriaco y prometió desenredar el entuerto más adelante; cosa que nunca hizo. Engels, ante la incapacidad de su amigo y maestro, convocaría un concurso para contestar a Böhm-Bawerk. Hilferding intentó responder al famoso teórico de la escuela austriaca con más pena que gloria. El propio Otto Bauer terminaría admitiendo que la teoría marxista del valor era insostenible y que la “respuesta” a Böhm-Bawerk por parte de Hilferding sólo ponía de manifiesto la incapacidad de este último autor para siquiera comprender cuál era la naturaleza del problema.

El castillo de naipes socialista se venía abajo y sus mejores mentes corrieron a ponerle parches. Quizá fue Nicolai Bujarin quien llevó a cabo el mayor esfuerzo en este sentido. Viajó al núcleo de todas las escuelas que no eran marxistas tratando de estudiarlas a fondo. Ese periplo le llevaría naturalmente a Viena donde conocería de primera mano la teoría austriaca. Allí asistió al seminario de Böhm-Bawerk para estudiar a fondo su crítica del marxismo e intentar desarrollar una contracrítica. Aunque Bujarin reconoce que tanto el subjetivismo como el individualismo son previos a los eminentes representantes de la escuela austriaca Carl Menger y Eugen Böhm Bawerk, “sólo ahora, es decir, en la doctrina de la escuela austríaca, el sicologismo en economía política, es decir el individualismo económico, se encuentra formulado con una coherencia perfecta”. Al término de su largo recorrido por varios continentes y tras estudiar las diversas escuelas burguesas Bujarin llegó a la conclusión de que el verdadero reto era contestar a la escuela austriaca. En su opinión, y en la de muchos otros eminentes marxistas, las críticas de las demás escuelas reforzaban más de lo que debilitaban la teoría comunista. Por eso llegó a decir que”el objetivo de nuestra crítica no necesita largas explicaciones. Todo el mundo sabe que el más encarnizado adversario del marxismo es precisamente la escuela austriaca.”

Y es que el perfeccionamiento del subjetivismo en un entorno dinámico unido al individualismo metodológico de Carl Menger había hecho tambalear -acaso involuntariamente- todo el sistema marxista. Luego Böhm-Bawerk lo hirió de muerte con su explicación de las contradicciones internas del marxismo y de la falta de entendimiento del concepto de preferencia temporal por parte de Karl Marx. Por eso cuando en 1920 Mises apareció en escena con su brillante teorema de la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista, el comunismo quedó sepultado intelectualmente para siempre. Aún así habría que esperar más de medio siglo para que la realidad alcanzara a la teoría.

Cabe especular con gran posibilidad de acierto que, a la vista de los acontecimientos, los grandes teóricos marxistas de aquel entonces dirían hoy que el comunismo no cayó por el empuje de ningún personaje histórico concreto sino, más bien, por las razones lógicas que había explicado su “más encarnizado adversario”, la Escuela Austriaca de Economía.

Europa contra la cultura

El sistema de Apartheid está volviendo a imponerse en Sudáfrica. La nación más desarrollada al sur del Sáhara había abandonado el sistema que imponía el racismo desde el Estado en 1991, bajo el gobierno de Frédérik de Klerk, pero lo está volviendo a imponer ahora. Discriminación positiva, se llama. Es el racismo de izquierdas, que desprecia el ideal liberal de igualdad ante la ley supuestamente para beneficiar a grupos desfavorecidos. El gobierno de Thabo Mbeki está decidido a recuperar el viejo sistema, pero con los blancos en el otro lado.

Se trata, en teoría, de hacer una masiva transferencia de renta y riqueza no de ricos a pobres, sino de blancos a negros. Se comenzó intentando imponer, con escaso éxito, un sistema de cuotas que forzara a cada empresa a partir de cierto tamaño a ser “demográficamente representativa”. Como bajo el sistema racista anterior se expulsó a la población negra de acceso a una educación especializada, se ha acabado sustituyendo mano de obra experta por otra que no lo es en absoluto, con enorme daño para las empresas y para el empleo. Se ha hecho lo mismo con el Estado. Allí importa menos la cualificación de los trabajadores, ya que el mismo Estado es ineficaz, claro, pero no deja de proveer de servicios esenciales, como sanidad u obras públicas, que se resienten por la nueva política. El único camino que podría seguir, aunque lento, es el de mejorar los niveles educativos de toda la sociedad, especialmente de aquellos a quienes se les ha negado esa oportunidad. Pero el gobierno de Mbeki ha preferido de nuevo la discriminación positiva en el profesorado a los resultados, con gran daño para la población negra joven.

Otra vía para la transferencia de riqueza hacia la población negra es la ley que pide a los accionistas blancos de las empresas que vendan parte del capital de las mismas a ciudadanos de otra raza. Como las ventas eran lentas, se amenazaba a dichas empresas a no ser contratadas por el Estado. Entonces el intercambio empezó a ser más rápido, pero ahora a favor de los miembros del Congreso Nacional Africano. Ahora el gobierno quiere dar un paso más drástico: las expropiaciones de la propiedades en manos de blancos. No tenemos más que ver el ejemplo de Zimbabwe para saber a dónde llevan esas políticas. Al desorden económico, al abandono de los cultivos, al hambre de millones de personas, al reparto del pobre botín entre los miembros del régimen.

Si se quiere beneficiar a la población más pobre, ni la redistribución, ni el racismo institucionalizado de la discriminación positiva son el camino. Otros países pobres han optado por abrirse a la economía mundial y hoy se les llama los tigres asiáticos, con niveles de vida mucho más altos. Sudáfrica ha hecho todo lo contrario. Como explicaba el año pasado un artículo del New York Times, los sindicatos han logrado mantener los sueldos de los trabajadores muy altos en comparación con la productividad, para evitar que Sudáfrica, bajo el encanto de los costes laborales bajos, “se convierta en el taller de Occidente”. Tanto éxito ha tenido esa política, que la tasa de desempleo alcanza al 40 por ciento de la población y a más de la mitad de la que es de raza negra.

¿La liberalización económica perjudica al consumidor?

El uso abusivo de las encuestas se ha convertido en una medida de presión que utilizan los partidos políticos y los medios de comunicación para convencer a los gobernantes de las reformas que la “sociedad” estima más pertinentes. Una de las últimas encuestas que hemos podido conocer es sobre la opinión de los españoles acerca de la liberalización económica. Al parecer, un 46,2% considera que la liberalización mundial supone un “peligro para el empleo de los españoles” y que es más “positivo para las multinacionales” que para los consumidores.

La pregunta que podemos hacernos es por qué buena parte de los españoles desconoce los beneficios de la globalización. Quizá la influencia de los medios de comunicación tenga algo que ver en esto. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de aquel programa infantil en el que se decía, “muera el mal, muera el capital”?

Aunque por todas partes se escucha que la globalización sólo conlleva explotación infantil, paro y miseria generalizada, este proceso no es más que la libertad de establecimiento de las empresas en cualquier parte del mundo. Esta libertad se puede apreciar no sólo en la constitución de filiales en distintos países, sino también en la posibilidad de vender productos por todo el planeta. Hoy en día, es frecuente que parte de la producción de una empresa se realice parcial o totalmente en Asia mientras que la matriz de la entidad se localiza, pongamos el caso, en Europa.

Parece que mucha gente considera que este proceso sólo beneficia a las empresas pero no a los consumidores. Sin embargo, esto es tanto como ver una parte de la película, como fijarse en los subtítulos y perderse los gestos y las miradas de los personajes. Evidentemente, en la medida en que existe capitalismo son los consumidores los que enriquecen o hacen arruinarse a un empresario o a una empresa.

Cuanto más baratos son los productos, los consumidores pueden consumirlos en mayor medida. Entonces, si analizamos la liberalización mundial desde el punto de vista de un consumidor, tendremos que alegrarnos de poder comprar, por poner un ejemplo, un DVD taiwanés por menos de 60 euros y no estar obligados a comprar un mismo reproductor español a un precio muy superior.

Puede que el hecho de que compremos DVDs asiáticos haga que algunas empresas españolas tengan que cerrar. Lo que no se ve es lo que sucede con el dinero que usted se ahorra en la compra de este producto. Ese dinero, lo puede destinar a ropa, a otros bienes de consumo o a ahorrar. Con esos euros que usted deja de gastar en la compra del DVD puede dar de comer a miles de personas. Desde la gente que trabaja para el supermercado, a los bancarios, a los empresarios que pueden obtener un préstamo gracias al dinero que usted ahorra, etc.

En términos generales, no se puede decir que la economía vaya peor sino que los recursos se han destinado de forma más eficiente. Usted ha comprado de forma inteligente, buscando el mejor precio, y los competidores ineficientes salen del mercado. Pero su “capital” vuelve a él bajo otras formas, empresas o productos buscando el sector y el producto más valorado por el consumidor. Si artificialmente, el Estado pusiera trabas, se desperdiciaría y sólo ganarían las empresas protegidas mientras, usted y yo, como consumidores vendríamos obligados a pagar más por algo que antes nos resultaba más barato.

Comprar en el mercado es mucho mejor que votar ya que no se trata de esperar a que nuestro candidato político baje los precios y mejore nuestras vidas. Un político sólo puede transferir dinero de los consumidores a empresas o a grupos de interés. Un empresario no tiene tal poder, su tarjeta de visita es su prestigio y los productos que ofrece. Usted puede darle la espalda en cualquier momento. Con un político se casa por lo menos cuatro años. Y no puede divorciarse inmediatamente.

En la vida real, usted decide, y gracias a eso, la sociedad prospera. Si considera que nadie mejor que usted sabe lo que le conviene, el mercado es el sistema que más le conviene porque no le obliga a comprar lo que usted no quiere. La política, en cambio, si que le fuerza a pagar por lo que no desea porque, de no hacerlo, le embargan lo que tiene o le encarcelan.

La liberalización económica, como hemos visto en los últimos años, no ha aumentado precisamente el número de desempleados sino todo lo contrario. Allá donde la liberalización se extiende, el bienestar llega a todas las clases sociales. Por el contrario, donde se limita, prosperan unos a costa de otros. Apostar por la globalización, mejora su vida. Defender el proteccionismo y el intervencionismo estatal, le costará dinero y trabajo porque hasta los DVDs serán un lujo que no podrá permitirse si no es a costa de restringir drásticamente su consumo.

Mercado Único: un yogur caducado

El debate sobre Google Print se ha vuelto a poner en el tapete por la paralización por parte de Google de la digitalización de obras protegidas por copyright y por la publicación de un artículo de Darío Villanueva tan socialista que parece europeo, más concretamente de la rama gabacha. El catedrático de Literatura asegura que prefiere un esfuerzo europeo estatal que cree verdaderas bibliotecas virtuales que ofrezcan un valor añadido en lugar de meros repositorios de libros, quizá sin darse cuenta de que la facilidad de uso y accesibilidad de un buscador de libros como Google supera a cualquiera de las patéticas prestaciones que se ofrecen en un proyecto pionero de los que le gustan, como es Cervantes Virtual.

En definitiva, estamos ante un ejemplo más de la lucha entre iniciativa privada y pública, entre liberalismo y socialismo, entre libertad y coacción. No apoyo el proyecto de Google porque sea bueno, que lo es, lo apoyo porque si es malo y no lo utiliza nadie sus creadores pagarán por haberse equivocado. Tampoco me opongo a Cervantes Virtual porque sea malo, que lo es, me opongo porque el fracaso de semejante bodrio innavegable lo pago yo y no sus creadores.

Por supuesto, en este caso como en otros es difícil separar el debate sobre derechos del de la utilidad. Milton Friedman explicó el problema en términos utilitaristas con una sencillez pasmosa. Existen cuatro posibles modalidades de gasto teniendo en cuenta dos parámetros: el origen del dinero y el destino de los fondos. Cuando el dinero lo gastamos nosotros en nosotros mismos es cuando normalmente está mejor empleado: no tiramos el dinero adquiriendo cosas inservibles y cuidamos muy mucho de gastar más de lo necesario. En cambio, cuando el dinero es nuestro y el destinatario es otro, aunque cuidemos la cantidad, no vigilamos tanto el valor real de aquello que compramos. Cuántos regalos nos habrán hecho y hemos pensado: “si no fuera porque es la intención lo que cuenta, lo tiraría mañana a la basura”. Es más, cuántos regalos hemos hecho pensando: “ahora el pobre lo tendrá que poner en la repisa cuando venga de visita”.

Las dos posibilidades que nos quedan son fáciles de deducir tras ver las dos primeras, pero les ahorraré el trabajo que les veo vagos con la modorra agosteña. Si el dinero no es nuestro pero invertimos en nosotros mismos tendremos cuidado en el buen destino de los fondos, pero no nos preocupará gastar mucho ni poco. ¿Qué más da? Si la empresa tiene a bien pagarme un hotel de cinco estrellas, no me voy a quejar. Eso sí, si fuese mi dinero, iría a uno más cutre, como hacemos los menos potentados en nuestras vacaciones. Por último, el desastre total tiene lugar cuando ni el dinero es nuestro ni lo vamos a invertir en nosotros mismos. En ese caso, da lo mismo cuanto gastemos y, encima, da lo mismo que sea invertido en algo útil.

El proyecto de Google es un ejemplo de la segunda posibilidad y las bibliotecas virtuales estatales del cuarto. Ambos incorporan un elemento de vigilancia extra: el mercado y la democracia. Sin embargo, mientras el mercado supone una vigilancia continua y personalizada, en el que la indiferencia supone un fracaso, la democracia es una vigilancia retardada y en pack, en el que la indiferencia permite eludir el fracaso. No hace falta ser un genio para ver cuál funcionará mejor, aspectos éticos aparte. El caso es que yo uso ya el ingenio de Google y no la biblioteca estatal española. Y es que el Estado mata la cultura.

Las regulaciones entorpecen el bienestar

Si abril de este año fue el mes en el que los ministros de transporte de la Unión Europea atentaron gravemente contra el mercado único al aprobar la introducción de tasas al tránsito de camiones por los países de la Unión, julio ha sido el mes de la defunción del único valor positivo que le queda a la Europa unida: su supuesto mercado interior libre. Agreguen la paralización de la directiva que pretendía liberalizar el mercado de los servicios y la transmutación del pacto de estabilidad en sólido acuerdo político para endeudarnos y robarnos poder adquisitivo siempre que se le antoje a un individuo trajeado con título de primer ministro o presidente de gobierno y reconocerán que nos encontramos ante una verdadera pintura negra.

Pero centrémonos en la expiración del mercado único. Este verano el gobierno francés se ha encargado de recordarnos que la libre circulación de capitales es una fantasía. En el país vecino el control político sobre la actividad empresarial es una prioridad política y ante esa realidad no hay mercado único que valga. No importa que el gobierno sea de un color o de otro. Tampoco importa si las empresas son estatales, privadas o mixtas. Lo que importa es que el poder político pueda meter las manos en los asuntos empresariales cuando y como le plazca. Sentencias como “el gobierno hará todo lo que esté en su mano para oponerse”, “es un atentado contra la soberanía nacional” o “hay que defender Francia y lo que es francés” fueron machaconamente repetidas por las más altas instancias del gobierno sin que nadie hubiese declarado la guerra o atentado contra ese país. La razón de esas frases propias de una situación prebélica fue el simple rumor de que PepsiCo, una solvente empresa multinacional, planeaba comprar suficientes acciones de Danone como para controlar la dirección de la empresa francesa.

Ni Chirac ni Villepin han inventado el concepto de “patriotismo económico” que tanto han mencionado con los calores del verano. Se trata de la antigua idea mercantilista, enemiga de la libertad individual, del consumidor y del progreso económico en general, que tan bien desmontaran sus compatriotas Say, Molinari, Bastiat o, más recientemente, el ministro Jaques Rueff.

Mientras estos vergonzosos sucesos tenían lugar en Francia, asistíamos al destape de unos travestís políticos en Italia. Tras los gritos a coro de “viva el mercado único y la libre circulación de capitales”, altos responsables del gobierno italiano y, en especial, el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, impedían la compra de BNL por BBVA y de Banca Antonvéneta por ABN Amro mediante el eficaz poder de presión que les proporcionan los suntuosos despachos políticos. Al menos éstos tuvieron el pudor de no vociferar que había que defender Italia. Acaso porque son menos analfabetos en asuntos económicos que sus homólogos franceses y porque conocen someramente el legado de grandes autores como Bresciani Turroni, Bruno Leoni o De Vitti de Marco que, de manera palmaria, estaban profanando. Se deban a lo que se deban las diferencias de forma con el ejecutivo galo, el desprecio por la libertad es igual de mayúsculo.

Uno de los mitos contemporáneos más extendidos consiste en afirmar que las democracias son mucho más pacíficas que las sociedades no democráticas. La realidad es que las democracias nunca se han caracterizado por su pacifismo si no permitían la libre importación y exportación de capitales. Por lo tanto, es la internacionalización del mercado de capitales de un país –sea éste una democracia o no– lo que (junto al patrón oro y a libertad de comercio y de inmigración) desincentiva las aventuras bélicas de un nación y la convierte en una sociedad pacífica. Como bien explicaron los pensadores liberales antes y después de las dos guerras mundiales, cuando los políticos impiden que los capitales se muevan libremente de un país a otro, son los tanques los que cruzan las fronteras. Por mucho que los políticos europeos nos hablen de paz, su lucha contra la libre circulación de capitales es la más viva prueba de que estamos en manos de una panda de guerreros de guante blanco.

Hambre en Níger

El PSOE presentará en septiembre su plan de competitividad para el comercio. El objetivo del plan es aumentar la transparencia, la competencia, fomentar la incorporación de nuevos operadores y modernizar los canales de distribución.

Qué gran contrasentido que sea el gobierno quien cree más competencia cuando sólo él con sus impuestos, reglas inútiles y sistema de multas es quien elimina sistemáticamente la competencia. Y qué gran contradicción, también, que sea el gobierno quien quiera imponer transparencia a todo aquel que no sea el mismo, cuando sus métodos de financiación son los menos transparentes de todos. ¿Sabe usted adonde, o a quién, van destinados sus impuestos? ¿Sabe en cuánto se beneficia de lo que el estado le usurpa? Ni lo sabe, ni nunca lo sabrá. Al gobierno no le interesa.

En la estructura del libre mercado la transparencia es sustituida por la eficiencia quedando expresada en los precios. Éstos son el reflejo de la importancia que damos a los bienes materiales, y a la vez, crean la estructura productiva de todos los escenarios entre oferta y demanda. Si todos queremos comprar pan, por ejemplo, legiones de pequeños, medianos y grandes empresarios competirán para darnos el mejor pan o el pan más barato. Lo mismo ocurrirá con los proveedores de esas panaderías, con los proveedores de los proveedores… y así hasta llegar a la materia prima. La libre competencia absoluta surgida del orden espontáneo de la gente, y no la planificación de un dictador de la producción, es el mejor plan para nosotros y la economía.

Es el consumidor, y no la empresa, el patrón que dirige el barco de la producción en el libre mercado. El estado, en cambio, es el iceberg que pone en peligro la estructura natural productiva generando el consiguiente hundimiento económico. No es un fallo de mercado, sino un fallo del estado.

Ningún gobernante tiene legitimidad alguna para imponer condiciones a nadie. El estado no tiene la capacidad, ni el interés para saber qué es lo que quieren los consumidores ni empresas. Ningún grupo de burócratas puede abarcar y gestionar toda la información, necesidades ni gustos de la sociedad.

Cada vez que el gobierno intenta regular nuestros asuntos privados el caos es la única garantía: leyes difíciles de aplicar para los comerciantes, aumento en los costes que castigan a un grupo de comerciantes en beneficio de otros, horarios incompatibles con el consumidor premiando al empresario ineficaz y castigando al emprendedor, gastos estatales de intermediación que pagamos todos tanto seamos consumidores como no, más funcionarios ociosos…

Los procesos de mercado no tienen porque ser caros ni complejos para beneficiarnos a todos. Más bien podemos aplicar el principio de la Navaja de Occam: la solución más sencilla es la correcta. Demos libertad tanto a oferta como demanda, eliminemos las leyes y regulaciones al sector del comercio, eliminemos la barbarie de los impuestos y que los grupos de presión pierdan su poder político de forma absoluta; y esto significa la total no intervención del estado.

Hagámoslo sencillo. Apartemos al estado y la competencia surgirá sola sin darnos ni cuenta: horarios libres, nuevos intermediarios, variedad de precios y calidad, más marcas para satisfacernos, menos burócratas, más innovación empresarial… Y todos estos beneficios serán sin haber gastado ni un solo céntimo de nuestro bolsillo, a diferencia del nuevo plan del PSOE. Sólo el Capitalismo libre nos puede dar más libertad y bienestar. En este proceso libre no hay árbitros, sólo oferta y demanda pactan el nivel de bienestar por medio de los precios, que a la vez han sido determinados por las preferencias del consumidor.

En un mundo de libertad capitalista y económica todos salimos ganando, y además nos desharemos de la imposición, arbitrariedad, extorsión y corrupción de los políticos que creen que sus mandatos están por encima de nuestra libertad.

La guerra y la salud del Estado

Randolph Bourne lo expresó como nadie, antes o después de él. “La guerra es la salud del Estado”, dijo en un ensayo escrito como respuesta de la entrada de los Estados Unidos en la Gran Guerra.Hay tres síntomas claros de todo ello: el primero es el aumento del poder estatal, el segundo la merma de libertades personales y el tercero la milagrosa conversión de las medidas urgentes en permanentes y las especiales en generales. Veamos cómo se operó ello en los Estados Unidos de las dos guerras mundiales poniendo unos pocos ejemplos:

I Guerra Mundial

1) Aumento del poder central. El Gobierno de los Estados Unidos creó más de 5.000 agencias gubernamentales y nacionalizó los mercados de la construcción naviera, el ferrocarril, el teléfono y el telégrafo. Comenzó a inmiscuirse en el mercado laboral, y en los mercados petrolero y energético, en las materias primas, en los productos manufacturados, en el comercio internacional. Hoy estamos acostumbrados a esto, pero entonces eran auténticas novedades.

2) Ataque a las libertades. La ley de espionaje de 15 de junio de 1917 penalizaba a quien obstruyera los servicios de reclutamiento con penas de hasta 20 años. La Ley de Sedición, de mayo de 1918, impuso penas criminales igual de duras a delitos como la expresión de opiniones críticas con el gobierno, contra sus símbolos, o la crítica a la movilización general de los recursos para la guerra. En concreto, se puede perseguir a quien haya impreso “un lenguaje desleal, profano o abusivo que muestre desprecio, escarnio o discrepancia sobre la forma de gobierno de los Estados Unidos, la Constitución, o las fuerzas armadas o navales, o la bandera de los Estados Unidos, o los uniformes de las fuerzas armadas o navales”. Se persiguió a 2.000 personas bajo esta ley. Una vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo, con el Juez Holmes de presidente, aprobó la condena de un particular que había criticado la Ley.

Lo que consiguió el Gobierno fue la censura de todo material impreso, la deportación de centenares de extranjeros sin un juicio contradictorio. La cosa llegó tan lejos como para que en California se arrestara a un ciudadano por la lectura en público de la Carta de Derechos de los Estados Unidos. En New Jersey se detuvo a otro por la lectura en público de la Constitución. Hubo una propaganda pública brutal, y los ciudadanos alemanes, que fueron fundadores de esa nación, sufrieron indeciblemente. Tras la entrada americana en la guerra, varios periódicos progermánicos y anti-intervencionistas fueron vetados del sistema nacional de correos, entonces muy necesario para su distribución. Se prohibió la enseñanza del alemán en las escuelas y las estanterías de las librerías veían como los libros firmados por autores alemanes, como Goethe o Kant, desaparecían.

3) Las leyes excepcionales están para quedarse. Cuando la guerra terminó, parte de sus controles se abandonaron. Pero no todos. Muchos de los poderes ganados por el Estado bajo la excusa de la excepcionalidad se repartieron entre los ministerios. Se mantuvieron leyes como la Ley de Espionaje. Las nacionalizaciones del ferrocarril o de la construcción naviera, entre otras, se mantuvieron. Se mantuvo también la prohibición del consumo y tráfico de alcohol, por cierto. La “ley seca” que dejó las consecuencias que todos sabemos.

II Guerra Mundial

1) y 2) Aumento del poder estatal y declive de las libertades. En agosto de 1940, FDR aprobó la conscripción en tiempo de paz, lo que no tenía precedentes en la historia de los Estados Unidos y hubiera sido considerado inaceptable por sus Fundadores. Lo hizo en primer lugar en la población entre 21 y 35 años, en un comienzo, para extender más tarde la horquilla de edad hasta comprender de los 18 a los 45 años. Finalmente, de los 16 millones de personas que sirvieron en la guerra, 10 millones eran conscriptos.

Por supuesto, si el Estado puede disponer de la vida de sus ciudadanos, qué decir de su propiedad y del resto de derechos. En 1942 se aprobó la Segunda Ley de Poderes de Guerra, que autorizaba a las agencias gubernamentales a tomar posesión de cualquier propiedad que consideraran necesaria para la guerra, a cambio de una compensación. Pero esto no era nada en comparación con lo que la ley decía del Presidente de los Estados Unidos. “Cuando sea que el presidente considere que el cumplimiento de los requerimientos para la defensa de los Estados Unidos resultarán en una escasez en la oferta de cualquier material o de cualquier recurso para la defensa, el Presidente podrá distribuir este material en interés público y para promover la defensa nacional” y lo podía hacer “como considere necesario o apropiado”, es decir, con total arbitrariedad. Un poder que luego distribuiría por varias agencias gubernamentales. El gobierno, de hecho, nacionalizó varios recursos, e incluso industrias enteras, como las minas de carbón.

3) De lo excepcional a lo permanente. Era una situación excepcional, que merecía, se decía entonces, medidas excepcionales. Muchos de los controles que se permitieron durante la II Guerra Mundial se revocaron. Pero de nuevo no todos. Se cumple una vez más una ley inexorable de ciertas medidas excepcionales, y es que llegan para quedarse de por vida. Como ejemplo podré el sistema de mantenimiento de los precios agrícolas, que sigue funcionando hoy día. Se mantuvieron también los controles de rentas en Nueva York, con efectos desastrosos sobre la ciudad, así como los tipos impositivos, sin precedentes en la historia de ese país.

Hay elementos para pensar que está ocurriendo lo mismo en la actual “guerra contra el terrorismo”. Si, como dicen los neoconservadores, quienes nos atacan lo hacen por lo que somos y no por lo que hacemos, abandonar lo que nos caracteriza, nuestras libertades, supone caer en una política de “apaciguamiento” involuntaria pero muy perjudicial.

El campo europeo

La sequía que padecemos y que parece coincidir con el comienzo de un ciclo seco en la Península Ibérica, un demagogo Ministerio de Medio Ambiente, un inoperante Ministerio de Agricultura, la casi inevitable pérdida de fondos europeos para la agricultura española en especial y europea en general y el no menos desdeñable alarmismo de los grupos ecologistas, han potenciado el victimismo en nuestros agricultores, un victimismo no ajeno a razones pero tan habitual como tedioso. Sin embargo, era inevitable que esta situación se planteara dada la deriva de las políticas europea y española.

La Política Agraria Común, la PAC, es una herramienta maravillosa. Aparentemente, hace razonablemente competitivo el cultivo del olivo en Finlandia o la cría de la vaca lechera en Andalucía. La razón de tan maravilloso truco de magia radica en las ayudas y fondos que reciben nuestros agricultores y que, con criterio político, reducen sus costes o aumentan sus ingresos de forma que el cliente final o los intermediarios tienen la falsa sensación de que están pagando un precio aparentemente adecuado por productos de la tierra.

La realidad es otra bien diferente. La PAC nace en 1962 por la necesidad estratégica de disponer de un suministro interno y seguro de alimentos en Europa. Semejante política, que se opone claramente al libre comercio, ha tenido serias consecuencias, no sólo para los europeos sino para el resto del mundo y en especial para los países del Tercer Mundo. Primero, contenta a un sector, el primario, y a sus simpatizantes. La segunda consecuencia, es que al establecer una política de cuotas, se incrementan las producciones de productos poco eficientes para las condiciones climatológicas o regionales, productos que los agricultores tienen que cultivar cuando la cuota de los más rentables se agota o entrar en el fraude, que no es cosa rara. La tercera, se crean unos excedentes que en el peor de los casos terminan destruyéndose o que irrumpen en el mercado mundial politizando precios y perjudicando a los productores de países cuyos precios, por diferentes razones, son más asequibles para el consumidor final y que proporcionaría a ese productor unos ingresos que el poder político le arrebata.

La razón de esta política tan inadecuada como destructiva es difícil de entender si lo hacemos con criterios razonables pero es fácil si se piensa en términos políticos o de carácter emocional. El colectivo agrícola es fuente de votos, no sólo de los propios agricultores, que en Europa son cada vez menos, sino de ciertos colectivos que ven emocionalmente cercanos al campo y sus problemas, sean o no reales. Por otra parte, países como Francia tienen en los agricultores lobbies muy poderosos que no dudan en organizar huelgas y manifestaciones en cuanto que se sienten amenazados. No es extraño que nuestros grupos políticos, sobre todo los más demagogos o los que no tienen el suficiente valor para hacerles frente, se preocupen de conceder en la medida de sus posibilidades aquellas demandas.

Uno de los mayores logros a los que se puede aspirar en una Europa moderna sería a la desaparición de estas ayudas. Ello generaría seguramente un campo más eficiente, centrado en aquellos productos que puede cultivar y en aquellos que son demandados. Un campo que no tiene que tomar el dinero de los contribuyentes para ser rentable sino que puede depender de sí mismo. Un campo que se basaría en la calidad y no en la cantidad. Ese es el campo al que tenemos que aspirar y no a mantener a unos colectivos con poder que casi nunca representan a los intereses de la mayoría.

Dinero comodín

El dinero es, primero y sobretodo, un medio de comunicación que transmite la información que llamamos “precio”. El control gubernamental de la oferta monetaria es censura; una violación de la Primera Enmienda. La inflación es una mentira.

L. Neil Smith

Si acabar con la pobreza fuese cuestión de dinero, bastaría con imprimir papel para poder disponer de todos los bienes y servicios que a cada cual se le antojasen.

Todos los países, o mejor dicho, todos los gobiernos, por muy pobres que sean, disponen de un ente emisor de dinero. Está perfectamente aceptado internacionalmente que cada gobierno emita su propia divisa y que fije el valor de ésta con respecto a otra.

Si usted fuese el caudillo del país más pobre del mundo, llamémosle Pobrestán, nada le impediría emitir tantos Dólares Pobrestaníes como habitantes tuviese el país para después fijar el cambio en 1 Dólar Pobrestaní por 1.000 Dólares Americanos.

De hecho, podría hacer lo mismo el gobernante de un país rico para después donar ese dineral a los países pobres y adiós pobreza en el mundo, ¿no?

¿Cómo diablos no se le ha ocurrido a nadie? Tal vez sí que se le ha ocurrido a alguien y la cosa no resultó.

Lo que se necesita para erradicar la pobreza es poder adquisitivo. Pero éste no es equivalente al dinero. Los alemanes aprendieron a las malas a diferenciar estos dos conceptos cuando la hiperinflación destrozó su economía a principios de la década de 1920. Su banco central había emitido dinero a mansalva así que se llegó a la ridícula situación de que el conjunto de los alemanes tenía en sus manos más dinero que bienes y servicios se podían comprar en el país. Tan pronto como la gente se dio cuenta del timo, su confianza en el marco se desplomó de manera que para vender cualquier cosa el vendedor pedía muchísimos marcos (ya que uno sólo valía poco).

Es lo mismo que le sucedería a un cine con aforo para cien espectadores que vendiese quinientas entradas para una misma sesión. Tan pronto como la gente cayese en la cuenta de que el papelito ya no vale lo que está escrito en él, quien quisiera cambiarlo por otra cosa comprobaría la pérdida de su valor.

Hubo una época en que se usaba como dinero alguna mercancía que tenía valor por sí misma, como el oro o las vacas. Pero hoy en día, usamos dinero fiduciario; dinero cuyo valor depende de la fe que en él tengamos.

Este dinero fiduciario no es un comodín que pueda hacer las veces de cualquier bien que deseemos. El dinero fiduciario no es más que un título que representa bienes producidos pero no consumidos y servicios disponibles, es decir, representa riqueza consumible. Esto facilita los intercambios ya que llevar cincuenta euros en el billetero es más cómodo que llevar a cuestas su equivalente en sal o agua, por poner un ejemplo. Pero el hecho de que aumente la oferta de dinero no implica en absoluto que aumente la riqueza consumible. Es más, al reducirse el ratio entre la riqueza total y el dinero circulante, el valor de la divisa cae. Y eso sí que tiene un efecto sobre la riqueza disponible ya que con una divisa cuyo valor mengua, los precios de las mercancías suben sin que se haya alterado su oferta. Con lo cual se llega exactamente al resultado opuesto al que se deseaba, a saber: la mayor oferta de dinero acaba por disminuir el poder adquisitivo de sus tenedores. La razón es tan simple como que cada billete y moneda representa ahora menos riqueza que antes.

Es como pretender imitar el milagro de Jesús en las bodas de Canaan aguando el vino para así tener mayor cantidad. Y, en efecto, así se tendrá más vino pero de peor calidad. Y si uno se va de la mano con el agua el efecto total puede ser mucho peor.

Tu casa, mis reglas

Vamos a celebrar una fiesta en nuestra casa, ¿cómo reaccionaríamos si nos obligaran a componer una lista de invitados multicultural o a adaptar las escaleras para los minusválidos? Estamos fumando en nuestra casa, ¿cómo reaccionaríamos si un comensal nos mandara apagar el cigarrillo o exigiera que nos fuéramos a fumar a la terraza?

Incluso algunos apologistas del intrusismo estatal más extremo se escandalizarían ante semejantes propuestas, y sin embargo eso es exactamente lo que ocurre cuando se impide al empresario contratar a individuos en función de su país de origen o su condición sexual, cuando se obliga a los bares y restaurantes a habilitar un espacio para los no-fumadores o cuando se exige que todos los cines dispongan de acceso para minusválidos. La propiedad no es menos privada por el hecho de que vendas en ella un producto o cobres la estancia a los huéspedes, y la discriminación es inherente a la acción humana, pues al elegir siempre discriminamos entre alternativas. La arbitrariedad de estas medidas queda de manifiesto si advertimos que el empresario de un local no puede discriminar a sus clientes, ¡pero los clientes sí pueden discriminar al empresario! Pueden frecuentar una tienda y no otra por los motivos más peregrinos, renunciar a trabajar para un católico por ser musulmanes, regentar un bar donde no hay inmigrantes o no ir a un pub porque su dueño es homosexual. Por otro lado, ¿por qué en un restaurante no pueden discriminar a los no-fumadores (negándoles un espacio exclusivo) y en cambio sí puede discriminar a los vegetarianos (no incluyendo verduras en el menú)?

A cada individuo corresponde determinar con quién desea relacionarse o mantener tratos comerciales, independientemente de los motivos que subyazcan tras esa elección. Es un asunto moral que compete a la persona, no a la ley. Así en el ámbito mercantil el propietario de un negocio tiene derecho a fijar sus criterios de contratación y admisión, que el trabajador y el consumidor son libres de aceptar o rechazar.

Ahora bien, la discriminación por motivaciones meramente racistas o sexistas tiene un precio en el mercado libre: empresarios con más afán de lucro que prejuicios contratarán a aquellos individuos productivos que están siendo excluidos, obteniendo resultados más óptimos que los otros empresarios, que serán entonces desplazados del mercado. Igualmente los empresarios que sólo acepten euros de los consumidores de raza blanca serán relegados por los empresarios que acepten euros de cualquier cliente. Por la misma razón es fútil obligar a los centros comerciales a instalar ascensores y rampas, pues si los consumidores que los necesitan reportan ingresos mayores que el coste de su construcción y mantenimiento, aquellos serán los primeros interesados en ofrecerlo.

Cabe añadir que las regulaciones de índole antidiscriminatoria, lo mismo que las atinentes a la seguridad y la salubridad laboral, suponen un coste para el empresario, que redunda en perjuicio del trabajador. La Americans With Disabilities Act en Estados Unidos, por ejemplo, obliga a los empresarios a ensanchar puertas y cambiar pomos, construir rampas y lavabos especiales, facilitar plazas de parking… Resultado: los empresarios son más reticentes a contratar minusválidos y la tasa de desempleo de éstos ha aumentado en la última década.

Es preciso apuntar también que la integración forzosa no favorece a los discriminados, antes al contrario, pues son vistos como beneficiarios de privilegios estatales y son juzgados más duramente por algunos. No es posible suprimir los sentimientos y cambiar la actitud de las personas por decreto. Por otro lado, en palabras del minusválido anti-estatista Greg Perry: “la asistencia social induce a la gente a mostrar apatía hacia aquellos que necesitan ser ayudados. Ya no hace falta que la gente respete o exprese simpatía por los minusválidos porque el gobierno se ocupa de la compasión.”

El Estado se arroga el derecho a dictar normas sobre la propiedad ajena. Es oportuno remitirle al dicho inglés que reza “my home is my castle” y hacerle saber que en nuestra casa sólo a nosotros corresponde poner las reglas.