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Ineficiencia estatal

Hubo un tiempo en que el socialismo tenía como principal reivindicación la propiedad pública de los medios de producción. Aunque cada uno pudiera poseer privadamente aquello que usaba y consumía, que era más bien poco, todo el tejido productivo debía ser propiedad del Estado. Así, se cumplía el sueño del totalitarismo perfecto pues, como recordó Trotski antes de que ciertos objetos incrustados en su cabeza le impidieran pensar con claridad, en el socialismo quien no obedece no come.

Una vez abandonada la vía a la sociedad perfecta, la de los cien millones de muertos, el socialismo ha decidido aceptar a regañadientes que han de ser las empresas quienes produzcan los bienes. Principalmente porque sus dictaduras se hundían y sus partidos no eran votados si se dedicaban sin demasiado disimulo al latrocinio descontrolado vía impuestos y nacionalizaciones. Sin embargo, nunca han dejado de demostrar a la primera oportunidad su poco amor por la propiedad privada, agitándose como la niña del exorcista cuando se menciona la mera posibilidad de eliminar el control estatal del agua, el suelo u otras parcelas que nuestros amables gobernantes tienen a bien gestionar en nuestro lugar. Quizá por eso, resulta realmente sorprendente el amor desmedido que muestra por un tipo concreto de propiedad privada como son los derechos de autor, a los que han dedicado una nueva canción de amor desesperada en el último consejo de ministros.

A falta de conocer con detalle el texto, parece que el Gobierno ha decidido obedecer a las entidades de gestión como el sindicato vertical SGAE y prohibir en la práctica la copia privada. Si se aprueba este proyecto de ley, dejará de ser legal intercambiar ficheros por Internet o de mano en mano y cada usuario podrá hacer sólo tres copias de aquello que legalmente posea, un número para el que no se ofrece justificación tecnológica pero que en lenguaje bíblico significa “unión con la divinidad”, lo que nos dice mucho de la exagerada opinión que tiene el socialismo de Teddy Bautista. Parece, por tanto, que la nueva ley convierte la copia privada en un concepto mucho más restrictivo que la copia de seguridad que se permite en las aplicaciones de ordenador. Sin embargo, al mismo tiempo, se amplía la ley para que los soportes digitales como CDs y DVDs paguen un canon a cambio de permitir el derecho de copia privada, que hasta ahora dependía de un acuerdo entre particulares que empezaba a ser cuestionado en los tribunales. Es decir, limitan un derecho y amplían el ámbito de cobro del mismo.

En resumen, a usted y a mí nos seguirán cobrando un canon, ahora con mayor base legal, pero nos quitan el derecho a intercambiar música y películas sin ánimo de lucro. En vista de lo cual parece lógico concluir que los únicos que salen ganando son los bautistas. De donde se deduce el mandamiento único progresista sobre la propiedad: la propiedad es mala sí y solo sí alguien de derechas puede acceder a ella. Por eso todas las grandes multinacionales son malas, menos la de Polanco. La propiedad estatal es estupenda, siempre y cuando el gobierno sea de izquierdas. Y por eso es bueno extorsionar a los débiles para pagar a Ramoncín; si los titiriteros fueran mayoritariamente de derechas, otro gallo nos cantaría. Y podría hacerlo sin pagar canon.

Crecimiento y propiedad

A día de hoy las claves concretas para el crecimiento económico siguen siendo un misterio. Todo tipo de respuestas y soluciones se han propuesto desde las distintas escuelas de las ciencias sociales, sin que ninguna haya aportado un salto definitivo que permita a cada uno de los individuos singulares que pueblan la tierra superar el yugo de la extrema pobreza.

No obstante, eso no quiere decir que no sepamos nada. Mucho se ha avanzado en el conocimiento de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones a lo largo del siglo XX, si bien el pasado siglo también nos ha enseñado a desconfiar de nuestras propias certezas. De hecho se podría decir que el siglo XX fue la culminación de la arrogancia racionalista, de la política de la fe, ya sea en las huestes liberales, sea en el resto, trayendo como consecuencias rupturas brutales en las expectativas vitales de los individuos singulares, cuando no su muerte, supuestamente en aras de su mejora.

Los sueños de la razón marxistas, como solución a los problemas del tercer mundo, se mostraron tanto cualitativa como cuantitativamente los más dañinos para las personas más necesitadas. No obstante, las políticas de liberalización y disminución del Estado planeadas por las inmensas y muy burocráticas instituciones internacionales (siempre aplaudidas con mayor o menor entusiasmo por parte de las escuelas liberales) para los países más pobres tampoco resultaron nada alentadoras. Y sinceramente no creo que estas últimas fallasen por incongruencias teóricas sino más bien por exceso de confianza en los resultados científicos, una arrogancia fatal que olvida la ingente cantidad de elementos que pasan completamente desapercibidos a nuestro siempre pequeño esquema teórico.

Así, hoy en día las nuevas y ya muy asentadas teorías sobre el crecimiento económico no inciden tanto en el alcance de el Estado en la economía sino en la existencia de ciertas instituciones como la propiedad privada y la libertad de contrato, aportando nuevos matices a las teorías previas que las corrigen y enriquecen. Como bien dijo recientemente Milton Friedman, decano de los economistas del libre mercado, “hace 10 años les habría aconsejado [a los países pobres] tres cosas: privatizar, privatizar y privatizar. Pero me equivoqué. Seguramente el Estado de Derecho sea más importante que la privatización”.

Esta idea, que ya aparece magistralmente descrita en “La riqueza de las Naciones” de Adam Smith, debe de ser tomada muy en cuenta, máxime ahora que la ciencia económica está obteniendo resultados concluyentes sobre la trascendencia de ciertas instituciones para el desarrollo económico. No obstante, no debemos de olvidar ese barniz escéptico consustancial al verdadero altruista, que teme caer en la casi inevitable sistematización racionalista cuya aplicación seguro que lleva, finalmente, a consecuencias inesperadas y no deseadas que perjudicar a los que se pretendía ayudar.

Pobreza y tráfico de órganos

La pobreza de muchas personas es trágica, y recurrir a la venta de un órgano para paliarla revela lo penosas que son sus condiciones de vida, pues si se hace es porque no vender es considerado subjetivamente aun peor. Pero escandalizarse ante ello y promover su prohibición no va a ayudarles en absoluto. Un reciente reportaje periodístico sobre el tráfico de órganos en Nepal revela múltiples falacias comúnmente admitidas.

Los traficantes de órganos son denominados mafiosos. Lo que hacen es ilegal y tal vez sean individuos con pocos escrúpulos morales o legales, pero no coaccionan a nadie ni emplean la violencia. Trabajan en zonas remotas para evitar ser descubiertos: los habitantes pobres de las ciudades no tienen la oportunidad de vender un órgano. Se dirigen a las familias más desesperadas en las zonas más pobres, pero ellos no son responsables de su pobreza y les ofrecen una posibilidad para mitigarla que siempre pueden rechazar. La ley sólo permite la donación voluntaria de un órgano a un familiar y castiga con cinco años de cárcel su comercio: afortunadamente para los pobres el tráfico de órganos no está entre las prioridades de la policía.

Los vendedores de órganos son denominados víctimas de las mafias. La venta de órganos se presenta como algo deplorable y, sin embargo, un alto porcentaje de los habitantes de los pueblos investigados han vendido ya uno de sus riñones y algunos ancianos dispuestos a vender a menor precio se quejan por no ser considerados aptos. Algunos aspirantes a vendedores incluso viajan a la ciudad sabiendo que no cobrarán nada si son rechazados y que tendrán que volver a su casa por su propia cuenta. Algunos campesinos trabajan como intermediarios y recorren los pueblos tratando de convencer a amigos y conocidos para que acepten las demandas de los traficantes, pero según el reportaje no son los más emprendedores sino las víctimas más desesperadas.

Algunos vecinos se han negado a vender un riñón al comprobar que el sacrificio no ha servido para cumplir los sueños de quienes aceptaron operarse: parece que los que aceptaron se dejaron arrastrar por la tentación de un dinero fácil y algunos que aceptaron todavía no ha tenido tiempo de arrepentirse. Un labrador en paro arrepentido de haber vendido su riñón (afirma que en su momento no vio qué otra cosa podría hacer) protesta porque diversas promesas no han sido cumplidas: si el tráfico de órganos fuera legal podría reclamar a la justicia. Cree que si se hubiera negado probablemente otros no habrían seguido su ejemplo: como si él fuera determinante para el comportamiento de otros. Creó el Comité de Víctimas del Tráfico de Órganos para tratar de alertar a otros, pero no le hacen mucho caso: el dinero ofrecido les resulta a priori más valioso que el órgano perdido.

Aunque se reconoce que algunos lograron pagar algunas deudas, comprar fertilizante para las cosechas y medicinas para sus hijos, según el reportero la mayor tragedia del tráfico de órganos de Nepal está en lo poco que han cambiado las cosas para los que accedieron a vender, que al parecer eran casi todos campesinos analfabetos que despilfarraron una cantidad inaudita de dinero en juego y bebida. Para algunos la situación incluso ha empeorado, ya que el padre de familia ha quedado debilitado por la operación y no puede trabajar la tierra como solía: no hay garantías de acierto en la acción humana.

Parece que el engaño constante de las mafias no pone en peligro un negocio en el que los traficantes se llevan con cada operación beneficios tres veces superiores de lo que pagan por un riñón. El periodista no aclara cómo ha obtenido una información así acerca de criminales sin escrúpulos, pero en un mercado libre esto sería un incentivo enorme para la actividad de más empresarios capaces de trabajar con márgenes menores, pagando más a los vendedores y cobrando menos a los compradores finales.

Los vendedores de órganos contribuyen a salvar las vidas de los ricos, pero ellos no tienen acceso a servicios sanitarios, ya que no hay en todo Nepal ni un sólo hospital preparado para realizar un transplante de riñón, el sistema público de salud está en bancarrota y las máquinas de diálisis apenas funcionan. Ojalá los nepalíes algún día dejen de ser pobres, pero incluso entonces tal vez a alguien le resulte beneficioso vender parte de su propio cuerpo porque recibe algo más valioso a cambio.

Si apreciamos la seguridad, privaticémosla

Seguro que estará conmigo en que la seguridad es importante para nosotros. Por esa razón contratamos seguros médicos, nos compramos coches con airbag, protegemos nuestras casas con alarmas, etc. Si la seguridad es tan importante, ¿por qué el estado monopoliza la “seguridad física doméstica” por medio de la policía? Los “agentes del orden” tienen un famoso lema: “proteger y servir”. Pero no dice a quién. La policía está para proteger y servir, no al individuo civil ni a su propiedad, sino al estado.

En una sociedad libre los que nos protegen no tienen más derechos que nosotros. ¿Por qué la policía puede llevar armas a la vista y nosotros no las podemos tener ni en casa para defendernos? ¿Por qué nos pueden parar en cualquier calle y husmear nuestra propiedad? ¿Por qué nos han de marcar con un DNI para identificarnos cuando quieran, o por qué han de marcar nuestra propiedad privada (como las matrículas de nuestros coches)? No es para nuestro bien, sino para el suyo.

Desde el punto de vista económico, usted tiene una escala de valores o preferencias que continuamente está armando según sus perspectivas temporales y recursos disponibles. Su acción económica, en esta relación, es perfecta. Destina el dinero a aquello que más le satisface o mayor utilidad le da. Cuando los consumidores se concentran en un determinado bien o servicio, el empresario se apresura a entrar en este negocio para sacar el máximo beneficio. ¿Por qué ha de ser diferente su seguridad física?

Si usted quiere sentirse seguro y no hay ningún monopolio de ley, es decir, hay libertad absoluta para cubrir ese sector y también hay libertad total de capitalización empresarial, las empresas de seguridad aflorarían de forma inmediata.

Por otra parte, el libre mercado es variedad y diversidad porque es la propia sociedad quien la compone. Seguro que usted, incluso con su mejor amigo, discrepa en muchos temas. En el aspecto económico pasa lo mismo. Hay quien siempre ha de ir con ropa de marca y hay quien se compra cualquier trapo para vestir. En el terreno de la seguridad ocurre lo mismo. Quien tenga la necesidad de mayor seguridad más pagará por ese tipo de servicio y más duro trabajará para conseguirla.

Posiblemente a usted le gusta irse de vacaciones en verano. Y para conseguirlo no duda en trabajar duro y reprimirse de algunas cosas durante el año. ¿Se imagina que las vacaciones se las pagase el estado? A primera vista parece fantástico, pero no iría donde usted quiere, sino donde le dijera el estado. Tendría que amoldarse a sus reglas y normas; y por otra parte, el estado le sacaría el dinero mediante impuestos. El estado crea comisarías y hace circular patrullas, no donde usted lo necesita, sino donde él quiere. No es la policía quien se adapta a usted —el cliente— sino que es usted quien siempre se ha de adaptar a la policía. Además, el estado, con el dinero de sus impuestos, no sólo gestionaría mal sus vacaciones, sino que también pagaría la de aquellos que saben que el “gobierno se las da gratis”. A eso súmele los gastos de intermediación de los burócratas que legislasen “la ley de vacaciones y ocio”, o las propias vacaciones de políticos y resto de funcionarios que tendrían preferencia sobre usted como pasa con la seguridad. Tal aberración no le haría mucho bien a la economía privada: crearía “el monopolio natural de las vacaciones y ocio”, promocionaría la corrupción política, chanchullos, racionalización de bonos para redistribuir las “vacaciones igualitarias de todos”, etc.

La producción de seguridad es un servicio —y un bien en según que aspectos— que la economía privada satisfará mejor que cualquier gobierno. Y además, dejaríamos de ser esclavos de aquellos que conceden más derechos a unos hombres que a otros por el simple hecho de trabajar para el gobierno.

La Alianza de civilizaciones y la redistribución social

Desde la izquierda siempre se ha defendido la necesidad de redistribuir la renta para que los más necesitados prosperen a costa de los más emprendedores. Los fondos obtenidos no sólo no han servido para el fin previsto sino que tampoco se han destinado íntegramente a la asistencia social ya que el rédito de dedicarlos a comprar votos es mucho mayor.

Pero ¿y si el Gobierno dedicara parte de la recaudación de los impuestos a pagar extorsiones? Aunque resulte difícil creerlo, el presidente del Gobierno español ha decidido acallar a los países musulmanes que lanzan a sus súbditos a la jihad. El precio pagado por la extorsión a la que estamos siendo sometidos por quienes profesan aquellas suras del Corán que rezan así: «Matad a los infieles allá donde los encontréis» (Corán, IX, 5). «No seréis vosotros quienes los hayáis matado. Será Dios» (Corán, VIII, 17), ha ascendido a un millón de euros.

Con esta medida, parece que el Gobierno quiere que el dinero fluya a las madrassas en las que se adoctrinan a los futuros jihadistas para que apliquen correctamente las enseñanzas de Mahoma. De no ser así, ¿para qué dar dinero a los países en que se vulneran los derechos humanos?.

En menos de treinta años hemos pasado de los 800.000 puestos de trabajo prometidos por el ex presidente Felipe González a la contribución millonaria con que Rodríguez Zapatero costea de forma “voluntaria” la paz social. Como bien saben los lectores, “voluntarios”, son los tributos que pagamos al Estado para que los dedique a este tipo de proyectos bienintencionados y “coactivas” son únicamente las relaciones entre el empresario y el trabajador.

La izquierda, con tal de promover civilizaciones contrarias a Occidente, puesto que no acepta los valores que encarna, es capaz de ayudar y cobijar al islamismo. Desgraciadamente, sus esfuerzos no se destinan a luchar por aquello que hace que la civilización occidental sea superior a la islámica. Quitándole al socialismo la careta “social”, parece que uno sólo encuentra resentimiento y odio hacia todo lo que hemos conseguido: libertad, capitalismo y Estado de derecho.

La redistribución social entonces queda totalmente desdibujada. Si antes servía para todo menos para ayudar a los pobres, ahora además se destina a cualquier proyecto por inicuo que sea. El último, es el pago del “impuesto revolucionario” islámico.

Cuando la izquierda se escora definitivamente hacia el extremismo de los antisistema que hacen suya aquella pintada de “Ben Laden, mátanos”, “Alianza de Civilizaciones” mediante poco queda de solidaridad o altruismo. Sólo prima el odio de clases, de civilizaciones, de principios. Parafraseando a A. Piqué, para algunos la máscara de la perversión es la religión islamista mientras que, para otros, lo es la fe socialista.

Por qué el socialismo empobrece a África

Según un informe presentado por el ministro Jesús Caldera, la Seguridad Social entrará en déficit en el año 2015 con un déficit presupuestario de 625 millones de euros y que aumentará a 18.000 millones en 2020.

Para solucionar el problema Caldera propone hacer recortes en las pensiones de viudedad, jubilación anticipada y en las prestaciones por incapacidad permanente. Es decir, se libra de sus responsabilidades pero mantiene las mismas obligaciones para la sociedad, pagar y pagar al estado para no hacer nada. La solución del gobierno son recortes discriminatorios de unos grupos en detrimento de otros.

Esto nos demuestra que el gobierno no es apto para dirigir nuestro futuro. No es él quien paga su ineficiencia, sino todos nosotros. Los miembros del estado, además, tampoco están interesados en que mejoremos porque ellos están al margen del sistema que han creado. Si a Jesús Caldera, por ejemplo, se le diagnosticara una compleja y rara enfermedad (aparte de la de ser ministro) no recurriría a la seguridad social, sino que se iría a hospitales privados de Estados Unidos para curársela a costa de nuestro dinero. Pero si a usted se le diagnostica esa misma enfermedad, el estado no le pagará la cura en el mejor hospital, sino que tendrá que esperarse varios años y un trato nefasto.

Comparándonos con nuestros países vecinos europeos, España está funcionando bien (lo que no dice mucho de nuestros vecinos). Y si ahora que vamos bien, las cuentas públicas van mal, imagínese si el escenario económico cambia a peor. Imagínese que las cosas empiezan a ir mal para España. Se podría agravar la deslocalización de empresas, que con las leyes liberticidas que tenemos no sería una oportunidad, sino un riesgo; podría estallar la burbuja inmobiliaria; todos los inmigrantes que han entrado o entrarán a cotizar se podrían quedar sin trabajo y entonces harían uso de sus derechos positivos, y eso sí que sería un buen golpe para la seguridad social.

Si algo similar a lo apuntado ocurriese, nosotros tendríamos poco margen de maniobra porque el dinero que tendríamos que haber acumulado en nuestros años de trabajo, ahora el estado se lo ha gastado en banalidades que en su momento le proporcionó votos. Así pues, estaríamos en un momento realmente crítico. El estado nos ha dejado totalmente indefensos.

El estado del bienestar tampoco ha asegurado un trabajo para todos, ni una educación puramente libre, tampoco es capaz de asegurar nuestra protección física, ni nuestro futuro económico. Antes que los gobiernos impusieran el estado del bienestar, cuando alguien llegaba a su etapa más avanzada había acumulado un capital para sus futuros años. Curiosamente, ahora, con el estado del bienestar, llegamos a viejos con lo mínimo y nuestro futuro depende casi completamente del estado. Lo único que ha conseguido el estado omnipotente es recortar nuestras libertades individuales, robarnos por medio de impuestos enormes cantidades de dinero e hipotecar nuestro futuro y el de nuestros hijos con déficit y deuda.

El estado del bienestar no administra mejor nuestro dinero, sino que nos lo roba y se lo gasta como quiere, y con el tiempo ha eliminado nuestro sentido de responsabilidad hacia nosotros mismos creando un futuro incierto y un presente que sirve para enriquecer a políticos, ociosos funcionarios y grupos de presión que se esconden de sus consumidores y responsabilidades sociales detrás de las leyes.

¿Y cómo como nos podemos defender de los políticos y del estado? Evidentemente la solución no son los políticos. Ellos le dirán lo que quiere oír y después harán lo de siempre. Viven de esto. Sólo resguardar nuestro dinero de las garras del estado nos pueden defender del autentico sociópata estatal. La indiferencia hacia los medios políticos es la mejor garantía para nuestro futuro. No nos engañemos, si queremos conseguir mayor bienestar en el futuro, no esperemos que nos lo dé el estado, consigámoslo por nuestros propios medios evitando al máximo la garra estatal.

Descubrimiento en los pasillos de Columbia

En su libro Economía liberal para no liberales, Xavier Sala i Martín refiere que, en una de sus conferencias, descubrió que una alumna ciega utilizaba unos extraños dispositivos basados en la síntesis de voz para seguir sus estudios de economía. El catedrático de Columbia presentó su hallazgo como un ejemplo de la forma en la que muchos grupos sociales pueden mejorar espectacularmente sus condiciones de vida gracias a los mecanismos propios del sistema capitalista, de la economía libre.

Es natural que el acertado razonamiento del profesor Sala escociera entre sus enemigos ideológicos. Tanto que un profesor de economía para sociólogos en la Complutense, Diego Guerrero, en su libro Economía no liberal, hace apología del tomatazo sobre las chaquetas y corbatas del ilustre liberal español.

Guerrero apoya su indignación en una reflexión ciertamente original y profunda, que difícilmente podrá ser refutada alguna vez por los economistas que se consideren serios, ya se llamen von Bohm-Bawerk, von Mises o von lo que quieran, y es que, claro, la ciega que tuvo la suerte de conocer don Xabier es una de esas de la clase rica, y su situación contrasta seguramente con la que viven la mayor parte de los invidentes en los propios Estados Unidos.

Tenemos que dispensar –tales son las barbaridades vertidas por Sala i Martín en su libro– que el profesor Guerrero se dejara llevar por su oposición al credo liberal y que no tuviera tiempo de estudiar el desarrollo de la tecnología adaptada para el uso de los ciegos en las dos últimas décadas. Si lo hubiera hecho, tendría que haber rechinado los dientes, reservando sus tomates maduros para corbatas menos lucidas.

Por mucho que le pese al engalanado soldado antiliberal, los dispositivos que permiten a los ciegos manejar un ordenador personal y transformar la letra impresa en señal Braille o sonora han sido desarrollados por empresas pequeñas, creadas en su mayor parte en Estados Unidos y Gran Bretaña, durante los años setenta y ochenta. Y aunque las dificultades técnicas y el restringido tamaño del mercado son un lastre para el avance del sector, el precio de los equipos no hace más que reducirse, de forma que cada vez son menos los invidentes que no pueden conectarse a Internet. Si contar con las innumerables formas de abaratar aún más el precio, que van desde las ayudas o subvenciones hasta la compra conjunta o el cada vez más extendido pirateo.

Pero el profesor Guerrero probablemente seguirá prefiriendo ese mundo de ciegos sin clase, como la antigua República Democrática de Alemania. Algunos ciegos españoles tuvimos la oportunidad de escribir con aquellas pintorescas máquinas que venían de más allá del muro, en las que un trozo de tanza de pescar era el responsable de cargar con el peso del carro. ¡Lástima que se rompiera tantas veces!

Nacionalización en nombre del bien común

A su vez, perfilamos que la globalización abre las posibilidades. La división del trabajo ya no tiene que ajustarse a los estrechos límites de un país como España, sino que la especialización puede realizarse a nivel europeo, incluso mundial, aumentando su eficiencia. Cada individuo, en cualquier parte del mundo, puede producir, tras un análisis empresarial de las necesidades de los consumidores, aquello para lo que está más capacitado, sabiendo que podrá venderlo a las más lejanas sociedades. Por último, el capital puede invertirse por todo el orbe de una manera más adecuada en atención a su productividad y a los costes asociados.

En este sentido, por ejemplo, si una guerra devastara toda la riqueza alemana, la recuperación económica sería rápida. Los alemanes estarían forzados al principio a aceptar bajos salarios, ya que sus bienes de capital habrían desaparecido y, por tanto, su productividad sería baja (unos salarios más elevados que la productividad significarían que el empresario está pagando más de lo que espera obtener vendiendo el producto). Estos bajos salarios permitirían a los empresarios españoles producir en Alemania lo mismo que en España, pero a un menor coste. Es más, podrían producir en Alemania y seguir vendiendo la producción a sociedades ricas como España o Reino Unido.

Por tanto, la inversión extranjera en bienes de capital empezaría a reconstruir todo el equipo productivo alemán que había sido destruido con la guerra, y ello, a su vez, provocaría un incremento de los salarios. De esta manera, la situación de pobreza postbélica sería rápidamente revertida. Alemania volvería a ser una sociedad rica, gracias a la globalización. Algo similar, de hecho, ocurrió tras la II Guerra Mundial.

Con todo, muchos han sido los intentos por hacernos creer que el Plan Marshall salvó a Europa de la miseria. Hong Kong, por ejemplo, era por aquel entonces una ciudad paupérrima, y no recibió ningún tipo de Plan Marshall; hoy, gracias a sus libres mercados, interiores y exteriores, es la región más rica y libre del mundo. Fueron, pues, las inversiones empresariales las que reconstruyeron la riqueza Europea, no los planes de algunos políticos iluminados.

Ahora bien, si todo esto es así, ¿por qué África sigue siendo pobre?

Propiedad privada y estabilidad institucional

En el anterior artículo aseguramos que no puede haber riqueza sin propiedad privada. Si yo no soy propietario de una trozo tierra, no podré incorporarlo a mis planes como medio hacia mis fines y, por tanto, no podré considerarlo riqueza. La propiedad común hace imposible que el individuo satisfaga sus fines y, especialmente, dificulta la consecución de fines muy lejanos.

La ausencia de seguridad jurídica sobre la posibilidad de retener los bienes, así como sus rendimientos, crea un perverso incentivo cortoplacista a saquear las propiedades comunes. Lo que es del común es del ningún, reza el refranero español. En teoría económica, a este fenómeno se lo conoce como "Tragedia de los Comunes", expresión acuñada por Garrett Hardin.

La explicación no puede ser más simple. Sin seguridad jurídica yo no puedo incluir un bien en mis planes a largo plazo, pues ignoro si tal bien habrá sido ya usado por otra persona con anterioridad. Es más, en realidad sólo podré dar algún uso a ese bien si lo utilizo antes que los demás, si lo empleo para planes muy inmediatos (ya que, en caso contrario, serán otros quienes lo empleen). Así, se produce una carrera entre los potenciales usuarios para ver quién esquilma antes el bien, es decir, quién lo integra antes en sus planes.

El resultado es la progresiva degradación de la "riqueza natural", que no llegará a convertirse jamás en "riqueza humana". No sólo eso: nadie estará dispuesto a invertir en capital si no tiene la seguridad de que podrá rentabilizarlo.

En África la gran mayoría de las tierras son comunales. Nadie acepta sacrificar su riqueza presente en unas tierras cuyos rendimientos revertirán sobre otras personas que no han invertido. La tendencia, por tanto, es a limitar al máximo el esfuerzo laboral propio para consumir los bienes obtenidos por los compañeros de trabajo. Si el reparto de frutos no depende del esfuerzo individual sino del resultado común, ¿puede esperarse otra cosa que el parasitismo?

Pero esto, a su vez, incide sobre los otros dos medios a través de los que se genera la riqueza: la división del trabajo y la acumulación de capital.

Como hemos dicho, ningún africano emprenderá proyectos empresariales de muy lejano alcance por la enorme inseguridad jurídica que rodea la retención de los medios necesarios para acometerlos. La división del trabajo es un proyecto empresarial de largo alcance; aun en su forma más simple, cada persona deberá esperar a que otros adquieran sus productos para poder consumir aquello que realmente desea. Hay que producir, intercambiar lo producido por dinero y luego comprar el bien deseado.

Sin derechos de propiedad bien definidos, el individuo ignora si podrá completar el proceso: bien podría perder la propiedad de sus mercancías o la del dinero obtenido. Por ello, cada persona tratará de proveerse de aquello que necesita directamente; no pretenderá especializarse en satisfacer las necesidades ajenas. Retrocedemos, así, a una economía de subsistencia donde la división social del trabajo y del conocimiento ha desaparecido.

De la misma manera, la ausencia de instituciones estables que garanticen el derecho de propiedad (las frecuentes guerras civiles, las férreas dictaduras y las recurrentes expropiaciones nacionalizadoras) desalientan tanto a los propios africanos como a los occidentales de invertir allí su riqueza en forma de capital. Recordemos que la inversión en capital supone sacrificar riqueza presente para obtener una renta futura que compense el sacrificio actual. La ausencia de propiedad, pues, no sólo vuelve incierta la propiedad sobre ese conjunto de rentas futuras, sino sobre la inversión de capital que da lugar a las mismas.

Sin derechos de propiedad la riqueza se esfuma, la división de trabajo se resquebraja y el capital desaparece en cuanto a tal.

El proteccionismo occidental

La responsabilidad de los africanos, y especialmente de sus políticos, es manifiesta. La ausencia de instituciones y el fomento de dictaduras anticapitalistas es la razón de fondo de la pobreza en África. Sin embargo, la inexistencia de dichas instituciones no significa que no puedan aparecer y formarse. La inversión occidental, por ejemplo, promovería el respeto por la propiedad privada, el esfuerzo individual y la iniciativa empresarial. Los africanos empezarían a imitar y copiar las provechosas conductas occidentales, aprendiendo a aumentar su propio bienestar sin atacar el de los demás.

El problema es que los africanos se han convertido en víctimas del proteccionismo occidental. En el primer artículo dijimos que el progreso económico necesitaba de libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales, esto es, de globalización. Pues bien, a pesar de que la izquierda no deje de repetir lo contrario, la globalización se encuentra en un estadio extraordinariamente primitivo.

Los aranceles europeos y norteamericanos están matando a África (no en vano, en las pasadas elecciones europeas Coalición Liberal utilizó el contundente slogan de "La PAC mata"). No se trata, solamente, de que el proteccionismo impide a los africanos vender sus productos en los mercados occidentales a precios más elevados de los que podrían obtener en los mercados locales: el perjuicio de los aranceles va mucho más allá.

Dado que los empresarios occidentales saben que, en caso de trasladar sus plantas a África, no van a poder vender sus productos en Europa, los incentivos a la inversión occidental en África desaparecen. En otras palabras, si el empresario tiene la ventaja de producir barato en África y se ve constreñido a vender barato "en África", la razón para invertir en una zona inestable e insegura, con márgenes de beneficio similares a los occidentales, es escasa.

Así, las sociedades africanas no pueden recurrir al ahorro occidental para financiar sus estructuras de capital; al no existir libre comercio, la libertad de movimientos de capital se marchita.

Y sin ella difícilmente podrá África prosperar a corto plazo. Por un lado, porque las empresas occidentales no ejercerán su necesaria función de liderazgo, generando de manera espontánea las instituciones y comportamientos pautados previamente descritos. Por otro, porque sin el capital occidental, como ya dijimos, los africanos son incapaces de explotar su inmensa "riqueza natural". La izquierda puede frotarse las manos ante los sustanciosos recursos naturales africanos, pero sin el capital occidental son del todo accesorios e inútiles.

Pero, finalmente, y sobre todo, porque los africanos no tienen capacidad para acumular a corto plazo el ahorro necesario como para emprender inversiones en capital. Europa necesitó varios siglos para obtenerlo; a Asia, en cambio, le han bastado unas pocas décadas, gracias al excedente de ahorro occidental. África debería seguir el mismo camino, si los políticos, europeos y africanos, no distorsionaran la libertad empresarial.

Además, si recordamos las conclusiones del artículo anterior, no nos será difícil comprender algunas de las consecuencias de la política arancelaria. Dijimos que había dos opciones para conseguir aumentar el nivel de vida de los africanos: o bien los empresarios occidentales invertían en África, donde los salarios son bajos, para vender sus productos en Europa, o bien los africanos acuden allí donde los salarios son elevados.

Ante la imposibilidad de la primera opción, la segunda vía de escape aparece como el único camino. No es extraño, pues, que Europa, ante sus irresponsables aranceles, esté padeciendo enormes oleadas de inmigración. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Si el capital no puede acudir allí donde el salario es barato, el trabajo acudirá allí donde el salario es alto.

En el caso de que los políticos europeos quisieran realmente reducir la creciente inmigración que padece Europa, nada hay más urgente que eliminar los gravosos aranceles comunitarios. No ya sólo porque empobrezcan a los africanos, sino porque hacen lo propio con los consumidores europeos, forzados a pagar un precio superior al que hubieran desembolsado sin arancel.

Vemos, pues, cómo el ataque al libre comercio repercute necesariamente sobre el movimiento de capitales y la división social del trabajo. Ninguna restricción de las libertades es inocua, todas provocan una serie de acontecimientos sociales, a cada cual más nocivo: y es que los problemas de la inmigración en occidente se ven, a su vez, agravados por otra serie de políticas intervencionistas.

Para terminar con la pobreza y la inmigración descontrolada debemos reestablecer el libre comercio que caracterizó al siglo XIX, el de mayor expansión económica de la historia. Sólo así los empresarios occidentales decidirán invertir en África, facilitando la emergencia del respeto a la propiedad privada y de una clase empresarial nativa que liderará en el futuro el desarrollo de sus sociedades. El libre comercio, además, permitirá a los africanos acumular sus propios ahorros, lo que a su vez dará lugar a una clase capitalista africana.

Ninguna de estas propuestas ha sido planteada por el Live 8 y el G-8. En su lugar, hemos escuchado propuestas tan pintorescas como la Tasa Tobin, la condonación de la deuda externa, la escolarización obligatoria de la población y, sobre todo, la ayuda externa estatal a través del 0’7%. ¿Tienen estas propuestas algún viso de viabilidad o simplemente acrecentarán el problema original de la pobreza? Lo explicaremos en el próximo artículo.

Atentados terroristas y catástrofes naturales

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que quiere comprar zonas adyacentes al litoral para su mejor preservación. Así pretende “corregir en lo posible los efectos indeseables de la ocupación en zonas muy degradadas” en la costa o con una “urbanización excesiva”.

Ministra. ¿Qué significa para usted “muy degradado” o “excesivo”? El libre mercado lo mide todo, y a todo le otorga un precio. El libre mercado no es un dictador que imponga su moral como usted hace con su particular medida. Cuando un terreno está “muy degradado” o su urbanización es “excesiva” su precio baja según las preferencias subjetivas del consumidor. Legiones de compradores y vendedores saben mejor que usted el auténtico significado de “muy degradado” o “excesivo”. Su medida es arbitraria y sólo la aplica para aumentar su fuerza, su ego y esnobismo.

Por otra parte, ministra, ¿de dónde piensa sacará el dinero para llevar a cabo su labor? Usted tiene un cargo que no es productivo. El desarrollo de sus funciones no producen ni aportan nada a la sociedad, por eso necesita financiar su puesto y toda la horda de funcionarios que le siguen con impuestos. Dicho de otra forma, necesita recurrir a la extorsión de los impuestos para financiar sus elevados fines que empresas y particulares pagan por miedo a represalias suyas. ¿Le robará el dinero al pequeño comercio? ¿A las familias altamente endeudadas? ¿Acaso a las empresas extranjeras para que se vayan a otro país?

Aparte de usurpar ilegítimamente el dinero de los españoles, ¿ha pensado que pasará con los negociantes que viven del comercio en esas zonas si reduce la dinámica comercial? El “turismo de calidad” por el que aboga su jefe se convertirá en el turismo nulo. ¿De verdad cree que los extranjeros vienen a España para ver parques nacionales, zonas verdes o una “sociedad ecológica”?

Si quiere hacer algo por el ecologismo, la sociedad y aumentar y cambiar la estructura productiva del país haga algo mucho mejor: privatice todo el terreno nacional. Sí. ¡Venda todo el terreno que ustedes, los políticos, han expropiado a la sociedad civil! Con el dinero que obtenga indemnice al pagador de impuestos, amortice la deuda estatal y elimine los derechos positivos que ha creado el estado.

La economía privada acabará de una vez por todas con los problemas, que los de su clase han creado; como la “escasez” de energía, el agua que van regalando a los campesinos y malgastan con rupestres sistemas de riego como el de inundación, incluso con los derechos de contaminación que ustedes venden según sus juegos y manipulaciones políticas.

Elimine todas las subvenciones, especialmente las destinadas a la agricultura. Nos salen carísimas, descomponen la estructura productiva, crean sectores rígidos y anticuados que no deberían existir y evidentemente perjudican a la naturaleza. ¿Quiere convertir nuestras montañas en grades terrenos verdes como en el pasado? ¿Pues qué hace regalando el dinero a agricultores? Si elimina las subvenciones a la agricultura las montañas se volverán a poblar de naturaleza y los agricultores encontrarán sistemas más beneficiosos y productivos que vivir de subvenciones estatales.

Señora ministra, usted no es la solución a ninguno de los problemas ecológicos de España, sino la amenaza. Su ecologismo contra el capitalismo y la propiedad privada lo vamos a pagar todos. Sólo la libertad de mercado —de la que usted es tan detractora— nos darán una España económicamente sostenible y próspera.

Los empresarios del politburó

Durante los últimos días hemos podido asistir a un cruce de declaraciones entre los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Ambos se acusan de no disponer de la suficiente representatividad y al mismo tiempo, en sus respuestas, han intentado justificar veladamente sus funciones y su existencia.

Sin embargo, se trata de dos organizaciones que dependen directamente del poder coactivo del Estado. En el primer caso, la CEOE recibe fondos y subvenciones previamente detraídos forzosamente a la ciudadanía. Y en el segundo caso, todavía peor, las Cámaras de Comercio cuentan con una cuota especial sobre beneficios anuales que las empresas están obligadas a pagar.

La existencia de ambas organizaciones supone una prueba evidente del tipo de capitalismo que disfrutamos, un sistema burocratizado en el que las relaciones contractuales entre los agentes económicos están profundamente dirigidas desde oficinas ajenas a la realidad y apoyadas en el ordeno y mando. Este sistema entorpece la función social de los empresarios con trabas y obstáculos que hacen más difícil la realización de su labor.

En realidad, los empresarios son la fuerza motriz de toda sociedad. Su principal tarea es la búsqueda de beneficios. Pero con ello realizan una función que va más allá de la que cada empresario cree desempeñar. Pues su labor es coordinadora y a la vez creadora. Cuando un empresario cree vislumbrar un desajuste o diferencia positiva entre los precios por los que podría vender una mercancía o servicio y el precio que le costaría fabricarla u ofrecerlo, descubre una oportunidad que previamente había permanecido desapercibida por los demás empresarios. Esta oportunidad vista sagazmente reportará beneficios cuyo origen proviene de la creatividad del sujeto. Por tanto, se tratan de beneficios creados de la nada, pues provienen de la perspicacia del empresario y no de ningún tipo de explotación. Asimismo, el proceso coordinador no tiene fin ya que, al crear de la nada posibilidades de negocio se están abriendo nuevas oportunidades que una vez descubiertas crearan otras ocasiones de lucro que coordinarán. Es un proceso dinámico y continuo que debido a las marañas paralizantes del Gobierno a través, en este caso, de la CEOE o las Cámaras, se ve obligado a emprender rodeos innecesarios para hacer llegar a los consumidores los bienes que más desean.

Así, los mismos que dicen representar a los empresarios son los que obstaculizan su labor mediante la negociación y posterior imposición de convenios colectivos y cuotas sangrantes que distorsionan los intercambios libres y voluntarios que de otro modo se hubiesen llevado a cabo. El proceso ve desviada su creatividad, se pierde parte de la capacidad coordinadora y se dilapidan recursos siempre fundamentales para el bienestar de la sociedad.

Estos empresarios, en lugar de ser mandatarios de los consumidores y organizar la producción eficientemente se mueven bajo intereses políticos. Son agentes del Estado y cómplices de los gobernantes. Realizan tareas obstructoras al son del buró en lugar de creadoras propias del capitalismo, y viven a costa de los contribuyentes y de los sufridos verdaderos empresarios que sí están pendientes de las necesidades de los consumidores. Por todo ello estos organismos deberían desaparecer y sus dirigentes convertirse en verdaderos empresarios al servicio del consumidor en el mercado libre. Si pueden.