A lo largo de la vida de una persona se experimenta varias veces la extraña sensación que surge al ver tratado en un medio de comunicación algún tema que se conoce de primera mano.
La mezcla de asombro, enfado o indignación que suele acompañar a esta experiencia puede ser mitigada razonando sobre los tres motivos de esta disonancia entre la realidad en la que vivimos y lo que nos trasmiten los actuales medios de comunicación.
Los medios tienen que condensar la información en pocos segundos o minutos. Hay pocos temas que puedan sufrir tal condensación sin ser totalmente desvirtuados.
Los periodistas que trabajan en las redacciones no suelen ser las personas mejor dotadas intelectualmente de la sociedad. Por lo tanto, son incapaces de transmitir un hecho complejo, ya no digamos de simplificarlo.
Los periodistas, y las personas para las que trabajan, tienen sesgos e intereses propios, y no disponen de ningún medio para mitigarlos (más bien al contrario).
Estos tres puntos se ven agravados por el actual mercado en el que tienen que sobrevivir los medios, donde la calidad no tiene cabida desde el momento en que las propias fuentes de información son accesibles directamente por las personas con suficiente interés y formación.
Esto provoca fenómenos como el que estamos viviendo actualmente, donde televisiones sin nada con lo que rellenar sus programas matinales han creado una histeria colectiva sobre pinchazos en discotecas.
Siendo todo esto, con las matizaciones que se quieran, generalmente aceptado, surge otro fenómeno que es más difícil de explicar.
En marzo de este año se convocó una manifestación de cazadores y mundo rural en Madrid para protestar por la ley de bienestar animal. Desde Atocha a Nuevos Ministerios decenas de miles de personas con prendas naranjas y pancartas de distintas federaciones llenaron las calles. Cientos de autobuses, con su correspondiente identificación sobre la federación o asociación que lo había alquilado, estuvieron aparcados en las calles aledañas al recorrido de la manifestación durante toda la jornada.
Todo esto, una realidad al alcance de cualquiera que tuviera ojos, fue transmitido al país por medio de todas sus cadenas de televisión como una protesta de agricultores y ganaderos por el precio del petróleo. Hasta aquí lo normal. El punto 3 de nuestro razonamiento nos lleva a pensar que este falseamiento burdo de la realidad entra dentro del juego de los medios de comunicación, y todos seguimos nuestra vida como si nada.
Lo que me cuesta explicar no es esto, sino lo contrario. Hace unas semanas nos enteramos que un periodista de una cadena de televisión dio una información sobre Pablo Iglesias pese a parecer burda, solo por intereses personales. Y mira por dónde, ahora sí que se ha disparado el sensor de alarma de las mentes pensantes del país, y ha corrido la tinta a litros para analizar el estado del periodismo y qué demonios vamos a hacer para salir de esta espiral de manipulación.
Y la pregunta que uno se hace es: ¿por qué ahora sí? ¿Por qué todas las televisiones pueden mentir sobre algo que todos vemos sin que nadie mueva una ceja, pero si se descubre una mentira de hace años sobre un político concreto saltan las alarmas?
Podríamos agarrarnos a que el principal creador de opinión son los propios medios de comunicación y, en este caso, es lógico que apunten a una mentira de un periodista en concreto, en vez de apuntar ante el comportamiento de todo el sector.
Es una parte de la verdad, pero no sería toda la verdad. Los creadores de opinión se han diversificado bastante en estos años de redes sociales. Así que hay que admitir que los mismos sesgos e intereses que afectan a los periodistas, también afectan a estos creadores de opinión de nueva generación.
Así las cosas, tengo que reconocer que hay cierta chanza de la que me he reído alguna vez, pero a la ya que no veo la gracia. Es el intento de ridiculizar a aquellas personas que tuitean indignados que cierta noticia no sale en los medios… enlazando una noticia de un periódico. No, no suele ser la gente más inteligente la que hace este tipo de cosas, pero a lo mejor su inconsciente está reconociendo algo que a los que nos reíamos se nos escapa: que las noticias importan o no según un número pequeño de personas, y ser racional y cabal no te va incluir en su selecto club, pero despreciarlos irracionalmente sin cuartel puede que sí funcione.
La pasada semana, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resolvió al fin una larga disputa entre el gobierno de Bolivia y el banco BBVA relativa al lamentable proceso de nacionalización del sistema de pensiones promulgada por el ex presidente del país, el indigenista de izquierda radical Evo Morales.
La expropiación de los fondos privados de pensiones fue decretada en 2010 y afectó a millones de ahorradores del país y a entidades financieras nacionales e internacionales. Morales sostuvo entonces que la constitución impulsada por su gobierno exigía la gestión pública del sistema de pensiones y el proceso acabó en un arbitraje internacional, en línea con las cláusulas del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito por los gobiernos de España y Bolivia.
De acuerdo con la sentencia que ha emitido el CIADI, el gobierno de Bolivia no garantizó en ningún momento los derechos de las entidades financieras que gestionaban los fondos privados. El fallo añade que el banco BBVA se vio “secuestrado” por un plazo excesivamente dilatado y también considera que los pagos impositivos exigidos a la entidad fueron indebidos. Se habría roto, pues, el compromiso de ofrecer un trato justo y equitativo a los inversores hispanos, rompiendo así uno de los principios fundamentales del Tratado Bilateral de Inversiones.
El gobierno de Morales afirmó que el prejuicio para la entidad sería de apenas 2 o 3 millones de euros. En realidad, la resolución del ciado concluye que Bolivia deberá indemnizar al banco español con un pago de 95 millones de euros, amén de otros 10 millones en concepto de intereses. Pronto se podría dar una resolución similar en beneficio de la aseguradora suiza Zurich, otro de los actores internacionales que se vio salpicado por el proceso de nacionalización.
De víctima (privada) a verdugo (público)
Hasta aquí todo parece de lo más lógico y sensato. Un gobierno de corte bolivariano vulnera de manera flagrante los derechos de una compañía foránea, de modo que el proceso termina sujeto a un arbitraje internacional en el que se defienden los derechos de propiedad y la seguridad jurídica, imponiendo la consecuente sanción a la administración incumplidora.
Sin embargo, si acudimos al CIADI y repasamos todos los procesos de arbitraje que se encuentran abiertos y que involucran de uno u otro modo a España, lo que nos encontramos es un reguero de incomprensibles incumplimientos que han sido perpetrados por el gobierno de nuestro país y han golpeado a decenas de empresas extranjeras. En efecto, un banco español fue víctima del socialismo de Morales, pero desde España le hemos dado el mismo trato bolivariano a numerosas empresas han querido hacer negocios en nuestro país.
El caso más sangrante de todos lo tenemos en el sector energético, donde España decidió retirar las primas a las renovables de forma retroactiva. Quien firma estas líneas consideró absolutamente exageradas las compensaciones ofrecidas al sector, pero tan equivocado fue aquel dispendio como aberrante fue la decisión de retirar las ayudas de forma retrospectiva.
La flagrante inseguridad jurídica generada por aquella decisión hizo que el CIADI recibiese numerosas reclamaciones por parte de las empresas afectadas, que no lo dudaron a la hora de invocar los acuerdos suscritos por España en materia de protección de inversiones, así como las cláusulas de referencia del Tratado de la Carta de la Energía.
Poco a poco, los procesos se fueron resolviendo y nuestro país ha perdido más del 90% de los arbitrajes. ¿Reacción del gobierno de Pedro Sánchez? En vez de asumir la factura de los incumplimientos, su vicepresidenta Teresa Ribera se ha negado a pagar las indemnizaciones referidas por el CIADI e incluso ha amagado con abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, generando un auténtico bochorno institucional que ocupó la portada del diario Expansión y ya ha dado el salto a medios internacionales como el Financial Times o Politico.
De modo que, lejos de tomar nota de procesos como el de BBVA en Bolivia, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez es adoptar una postura casi suicida, rechazando por principio el cumplimiento de lo acordado en los arbitrajes del CIADI y posicionando a España como un país en el que no se puede invertir con confianza y seguridad.
No sorprende, pues, que la inversión foránea en nuestro país se ha haya desplomado en 44.000 millones de euros desde que gobierna Sánchez. Al fin y al cabo, ¿qué garantías estamos ofreciendo a quienes quieren hacer negocios en nuestro país? Si nuestra política económica es cada vez más bolivariana, que no nos sorprendan los resultados…
Diego Sánchez de la Cruz es analista económico, miembro del Instituto Juan de Mariana y director de Foro Regulación Inteligente.
Los primeros tratados de economía, escritos en la Antigua Grecia, versan sobre la economía doméstica y la agricultura. En su Económico (364 A.C.), Jenofonte (1786: A2) afirma: «El objeto de el buen Ecónomo es gobernar bien su propia casa». Ayer y hoy, las familias deben tomar decisiones económicas para equilibrar ingresos y gastos. Mientras que los primeros —salarios, pensiones, dividendos, rentas inmobiliarias, etc.— constituye una cantidad relativamente estable, los segundos pueden fluctuar considerablemente según la conducta consuntiva de cada cuál. Para gozar de una buena economía las familias y, en general, los consumidores deben abrazar el círculo virtuoso que propone el profesor Bastos (2012): «Capitalismo, ahorro y trabajo duro».
No llegar a fin de mes
Al menos en Occidente, desde una óptica biológica, nadie muere de inanición antes del día 30. La expresión «no llegar a fin de mes» significa, en realidad, que existen dificultades para equilibrar ingresos y gastos. Algunos sitúan el problema en la parte del ingreso: no se gana lo suficiente para cubrir las necesidades vitales, lo que conduce eventualmente a demandas políticas como la «renta básica universal» o el «ingreso mínimo vital». Otros lo sitúan en la parte del gasto: se gana lo suficiente (por así decirlo), pero se gasta demasiado.
Ubicar a una familia en uno u otro grupo es una cuestión controvertida porque «insuficiente» o «demasiado» son conceptos subjetivos. Por ejemplo, la mayoría de subsidiados considera que el monto percibido es «insuficiente» para cubrir las necesidades básicas. Las demandas de quienes viven o aspiran a vivir de lo ajeno nunca tienen fin, por este motivo, el Estado de bienestar contiene la semilla de su propia destrucción (Huerta de Soto, 2014).
Sea como fuere, la realidad nos impone ajustar el gasto al ingreso y quienes lo realizan mal tienen tres opciones: a) Incrementar su ingreso mediante un aumento de la producción: pluriempleo, horas extra, etc.; b) Reducir su consumo modificando hábitos, pero como esto no es fácil, la mayoría (que dice no llegar a fin de mes) prefiere pasar estrecheces los días previos al cobro; c) Pedir un crédito para llegar a fin de mes: círculo vicioso que suele terminar en la ruina. Para evitar los agobios económicos es recomendable constituir un fondo de emergencia (dinero u otro activo muy líquido) equivalente a tres mensualidades del ingreso corriente. A mi juicio, el origen más común para «no llegar a fin de mes» es una mezcla de pereza (no trabajar lo suficiente), irresponsabilidad e imprevisión. O sea, la negativa a asumir sacrificios productivos y consuntivos. Corrobora esta tesis el hecho de que nuestros padres y abuelos ahorraban mucho más teniendo menores ingresos.
Vivir al día
En algunas culturas los individuos, literalmente, «viven al día»: una vez que han conseguido el poco dinero que necesitan para subsistir dejan de trabajar hasta el día siguiente. Su preferencia temporal es máxima. Según Rothbard (2011: 15): «Puede denominarse preferencia temporal la que privilegia la satisfacción presente sobre la satisfacción futura, o el bien presente con respecto al bien futuro, teniendo en cuenta que se trata de la misma satisfacción (o bien), comparada en momentos diferentes». Vivir al día imposibilita el ahorro y la inversión, lo que sitúa a las personas en un estado de supervivencia propio del reino animal.
Vivir por encima de las posibilidades
Incluso quien gasta más de lo que ingresa, viviendo a crédito, lo hace según «sus» posibilidades. El prestatario obtiene el préstamo porque el prestamista considera (subjetivamente) que su cliente tiene capacidad de pago (rentas futuras) o presenta garantías (patrimonio, prenda, aval, seguro) susceptibles de redimir el principal más los intereses. En definitiva, nadie puede vivir por encima de sus posibilidades porque todos, incluso el manirroto, vivimos según nuestras posibilidades.
Gastar lo que no se tiene
Al igual que la expresión anterior, se trata de una imposibilidad económica y lógica. Los productos y servicios que se consumen son necesariamente bienes presentes: propios, donados o prestados. Si alguien consume algo es porque lo tiene a su disposición. Incluso si pagara con dinero prestado gasta «lo suyo» porque al suscribir el contrato de mutuo «queda facultado para consumir o disponer como propio el dinero que le ha sido prestado» (Huerta de Soto, 2020: 10).
Prestar o vender lo que no se tiene
La única forma de prestar o vender algo que no se tiene es cometiendo fraude. Por extraño que parezca, en el seno del sedicente «Estado de Derecho», los gobiernos legalizan con descaro ciertas estafas. El caso más notorio es la banca con reserva fraccionaria: la entidad presta a terceros el dinero que sus clientes han depositado a la vista. El banco se lucra a expensas de los depositantes (riesgo) y de la sociedad en su conjunto ya que esta práctica —expansión crediticia— provoca inflación. Otro ejemplo es el overbooking,[1] donde el transportista revende un derecho (asiento) que no le pertenece porque ya ha sido adjudicado previamente a otro cliente. Paradójicamente, el gobierno prohíbe la reventa de entradas a espectáculos siendo el revendedor legítimo propietario del derecho adquirido. ¡El mundo al revés!
Bastos, M. A. (2012). «Comparación entre socialismo y capitalismo». Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ittVmW2wtbk.
Huerta de Soto, J. (2014). «Liberalismo vs anarcocapitalismo». Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=CRef2_aRmII
Huerta de Soto, J. (2020). Dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Madrid: Unión Editorial.
Jenofonte (1786). La economía. Madrid: Benito Cano. Biblioteca Nacional de España.
[1] La Unión Europea ha legalizado (Reglamento CE nº 261/2004) el overbooking para satisfacer los intereses de las aerolíneas a expensas de los viajeros afectados.
Se ha repetido hasta la saciedad que Pedro Sánchez ha convertido el PSOE en una suerte de Partido Sanchista. Desde su segunda toma del poder partitocrático en 2017, Sánchez ha conseguido eliminar (políticamente) a todo aquel que pudiera hacerle la más mínima sombra en el partido; especialmente Susana Díaz. Pero moldear el partido a su antojo es únicamente la punta de lanza de una forma de hacer política que, pese a sus circunstancias y características propias, no deja de ser una forma de socialismo.
La primera característica definitoria del sanchismo es su control de los medios de comunicación. No es que únicamente el Partido Socialista haya llegado a un punto de control sobre los medios de comunicación estatales (RTVE y Agencia EFE) que no tenga parangón en la historia del presente periodo democrático, sino que, además, ha llevado a la oposición a una situación de puro arrinconamiento en el sector privado. Encontrar un periodista que sostenga una opinión mínimamente contraria a cualquier política del gobierno en una televisión generalista resulta un ejercicio de enorme dificultad. Ahí tenemos a Albert Castillón, periodista de Antena 3 despedido del programa matinal por leer una declaración durante una manifestación conjunta de la oposición en la Plaza de Colón. Los medios de comunicación críticos con el gobierno han quedado en alguna radio, algún digital y podcast o canales de YouTube. Absolutamente nada parecido a un Tucker Carlson español.
La segunda característica del Partido Sanchista sería su ataque, por no hablar de claro menosprecio, a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El gobierno de coalición ha pilotado durante 2020 el mayor ataque a la libertad individual en décadas, con la constatación de un ilegal arresto domiciliario contra cuarenta y siete millones de españoles. Este ataque a los derechos fundamentales se vio rápidamente contrarrestado por algunas autonomías, especialmente Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía, con la cooperación necesaria de las salas de lo contencioso-administrativo de sus correspondientes tribunales superiores de justicia. Posteriormente, repetidas sentencias del Tribunal Constitucional han determinado la ilegalidad de los confinamientos generalizados, así como de las medidas de acceso a establecimientos y no digamos ya de los toques de queda dictados por aprendices de dictadores en algunas regiones.
Un corolario de esto es la situación de la seguridad ciudadana. Algunas ciudades y barrios españoles, especialmente Barcelona, están experimentando problemas de seguridad ciudadana que ya hemos observado en Francia o Bélgica, por citas algunos casos más conocidos. La respuesta ha sido la táctica del avestruz: esconder la cabeza sin atacar el problema de frente. Mientras tanto, la degeneración de ciertas ciudades sigue su curso, aunque bien es cierto que la política municipal tiene más que ver.
En cuanto a la política exterior, el sanchismo pasa por la asunción de cualquier política contraria a los intereses españoles sin siquiera pasar por el legislativo. Ahí tenemos el ejemplo del Sahara Occidental. Medio siglo de política exterior que no ha variado con ningún gobierno cambia de un día para otro sin que siquiera el presidente del gobierno lo consulte con sus propios socios. Ni el más mínimo resquicio puede escapar a la acción del sanchismo. No puede dejarse alguna votación de tal envergadura a un legislativo en el que no cuenta con la mayoría. Esperemos que algún día sepamos todos los detalles de semejante cambio en algo tan fundamental y que choca de frente con el propio programa electoral socialista.
En educación, especialmente en el ámbito universitario, la situación se agrava con el tiempo. Frente a unas universidades privadas que están comiendo la tostada a pasos agigantados a las estatales, el gobierno reacciona aumentando los requisitos para la creación de nuevas universidades y la acreditación del profesorado. Esta labor se realiza con la convicción de que las universidades privadas no podrán admitir exenciones para investigación tan enormes debido a que sus ingresos provienen, casi de forma exclusiva, de las matrículas de sus estudiantes. No es posible para una universidad privada descuidar la docencia si quiere sobrevivir.
Por último, el que puede que sea el rasgo más distintivo del sanchismo pase por el control de todas las instituciones estatales. No se trata únicamente de ocupar de manera mayoritaria el ejecutivo, con sus carteras más importantes. Los medios de comunicación, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Bando de España, el Instituto Nacional de Estadística, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía tienen que ser correas de transmisión del partido. No puede existir la más mínima discrepancia o independencia. Bien es cierto que todos los gobiernos han intentado colonizar las instituciones en cierto grado, pero la característica fundamental del sanchismo es el nivel al que se ha llegado y la complacencia de los medios de comunicación para justificarlo.
En resumen, el poder del sanchismo va poco a poco acaparando medios e instituciones, no sólo durante el tiempo que estén en el gobierno, sino, y esto es lo más relevante, para las situaciones en las que no ostenten el poder. Habrán tejido para entonces una red de pleitesía y sumisión que será muy difícil desenredar. ¿Un gobierno presidido por Núñez-Feijóo capaz de deshacerlo? Permítanme que lo dude.
Recientemente finalizaba el periodo de información pública[1] del “Plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide” (PRUG del PNT) ya en sede del Gobierno de Canarias. Agotador y necesario esfuerzo el que hay que hacer para poder estar pendiente de los efectos pretendidos desde la administración pública con los procesos regulatorios implementados y así poder ponderar el alcance e impacto real que generan.
Hice el seguimiento y no pude abstenerme de argumentar una formal alegación en la fase de información pública. El proceso, sin ánimo de detalle, se ha ido despachando así:
1) El Cabildo de Tenerife aprobó inicialmente el Reglamento de Servicio del sistema integral de Uso público del Parque Nacional del Teide en el que se establecen los servicios básicos y complementarios.
2) El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó el reglamento como propuesta al Pleno, que fue a exposición para enmiendas a los grupos políticos, a dictamen de la comisión plenaria y luego al Pleno, que lo aprobó inicialmente y se sometió a información pública. Dando la posibilidad de realizar enmiendas y alegaciones para proceder, en su caso, a llevarlas a Pleno para considerar o no su aprobación definitiva. En este punto del procedimiento presente una alegación previa.
3) El presidente del Cabildo explicó en ruedas de prensas, en los medios y en las redes sociales el alcance del Reglamento de Servicios aprobado en el que “se clasifican los servicios ligados al uso público en el Parque Nacional del Teide en básicos y complementarios, determinando que los básicos serán siempre gratuitos y los complementarios podrán ser de pago”.
4) El presidente abundó que “las tarifas aún no se han establecido y el pago comenzará a ser efectivo a medida que se ejecuten las infraestructuras y se pongan en marcha los mecanismos necesarios para el cobro”. También, el presidente de la Corporación Insular explicó que los servicios de pago serán ofrecidos directamente por el Cabildo o el Parque Nacional del Teide o a través de empresas públicas.
5) Los servicios básicos gratuitos recogidos en el reglamento son información básica en oficinas y recepción de los Centros de Visitantes; programa de apoyo a la educación ambiental en centros educativos; rutas guiadas para colectivos especiales: asociaciones vecinales de municipios del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional, asociaciones de personas con discapacidad; señalización, paneles y folletos generales; páginas web y redes sociales oficiales con información del Parque Nacional; limpieza del Parque y de sus infraestructuras; mantenimiento de infraestructuras de uso público: centros, pistas, senderos y miradores y vigilancia.
6) El reglamento regula los derechos y obligaciones de los usuarios, régimen de sanciones aplicables a quienes incumplan las normas (multas de 50 a 200 euros) y normas específicas para algunos de los servicios. En cuanto al teleférico del Teide y el Refugio de Altavista, éstos al parecer no forman parte del servicio del sistema integral de uso público del Parque Nacional.
7) Sorprende la indefinición en la comunicación sobre los detalles de los servicios no básicos, los llamados complementarios, y también el apoyo recibido por los grupos políticos seguidores que lo han apoyado creo de manera apresurada y sin suficiente reflexión y análisis.
8) En http://www.heytenerife.es/es/index.html se publicitó y se abrió un debate al respecto del Reglamento de interés. En el que el Cabildo invitaba a participar opinando sobre este asunto, hasta el momento se presentaba como una pretensión que afectaría al uso y disfrute del Parque Nacional del Teide y ello se hizo solicitando “para los residentes en TENERIFE: PARKING GRATUITO Y 75% DE DESCUENTO PARA LOS DEMÁS SERVICIOS”. Mi voto fue: ¡no, gracias!. E incorporé al debate mi reflexión económicamente fundamentada.
Seguidamente, desarrollaré los fundamentos de mis alegaciones con ánimo, profesional, como economista, de aclarar los efectos y el alto coste de oportunidad de decidir apoyar el Reglamento y este del Plan Rector presentado.
Transcurrido un tiempo se retomó el Reglamento de Servicio del Sistema integral de uso público del Parque Nacional del Teide y como indique ahora se procedía al periodo de información pública al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide con la incorporación, nada menos, que de una nueva restricción de acceso al PNT de vehículos privados (de residentes y no residentes, turistas), abriéndose un nuevo periodo de alegaciones. Ya en este punto del proceso de tramitación del Plan Rector reviso mi análisis crítico constructivo con los siguientes argumentos:
1. Su objetivo barrunta un horizonte recaudatorio y limitativo para la actividad económica.
2. Su intención es aparentemente buena pero no mejoramos, sino empeoramos todos y cada uno.
3. No tiene sentido y económicamente no se sostiene votar positivamente sobre la pretensión promovida en aquel debate, para tener que pagar o para que otros paguen y además hacer menos mío y menos nuestro lo que hasta hoy es muy mío, muy nuestro, muy de ellos y muy de todos: el disfrute del P. N del Teide y sus vigentes servicios públicos. Mayor error que votar favorablemente en aquel debate virtual previo sería aprobar este Plan Rector presentado.
4. ¿Pretenden mutar un bien libre (el Teide y las Cañadas) o un bien público (carreteras, aparcamientos, y acceso al pico…) para convertirlo todo en bienes ‘privativos públicos, excluyentes y recaudatorios’? Advierto que sí: Esto es lo que pretenden por el tenor literal del proyectado Reglamento y este Plan Rector. Estos servicios básicos y los hasta ahora complementarios los hemos disfrutado los residentes y los no residentes. Estos servicios públicos han sido hasta hoy conocidos, protegidos y financiados con la propia cobertura normativa de Parque Nacional. Cobertura y regulación que es notable, correcta, suficiente y adecuada. Esto que es de todos lo tocan y trastocan con la excusa genérica y omnipresente de la defensa del ‘medio ambiente’, sin lograr en absoluto mejorar sino castigarnos a todos. Así lo creo y explico.
5. Sin estas restricciones nuevamente planteadas a la luz del Reglamento y del Plan Rector creo sinceramente que hemos sabido cuidar del Teide y las Cañadas con la propia cobertura reguladora que ofrece la condición de Parque Nacional, ello es suficiente.
6. ¡No, por favor! ¡Dejen a las gentes subir y disfrutar del Teide! ¡No a la mordaza recaudatoria privativa pública! Pues a la luz de unos servicios que ya tenemos pero que de pronto se venden a la ciudadanía como nuevos, no siéndolo, prevén el canon, la tasa o el precio a pagar por el usuario del bien hasta hoy libre o público. Revisten o envuelven la verdad de una injusticia, (ahora, es lo que parece se pretende, me/nos privan del acceso al PNT, pretenden limitar que accedamos al parque, la carretera de las Cañadas sólo se podrá transitar sin parar en el PNT) en una “mentira”: ‘cuidar el medio ambiente’. Cuando lo cobrado o recaudado no redunda necesariamente en El Teide, ni en los servicios. Además, estos servicios tienen ya su fuente de financiación pública y toda ella sale de los bolsillos de la ciudadanía, del sector privado vía impuestos o vía financiación de los endeudamientos públicos, en estos instrumentos de financiación también puede verse la vocación y sensibilidad medioambiental. ¿Por qué no? ¿Por qué castigarnos más así a todos y cada uno? No se sostiene esto, sea cual sea la adscripción política de cada ciudadano que ya paga por tales coberturas de servicios básicos y complementarios vigentes. No hay nada nuevo en tales servicios, si los hubiera entonces claro que sí cabría tratar de darle cobertura financiera adicional. Si no, no.
7. Y todo esto es lo que pretenden hacer mediante una nueva norma que legitime el sofisma, “la mentira encubierta”: “El Reglamento de servicio del sistema de uso público del Parque Nacional del Teide y el Plan Rector Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide”, una tremenda restricción recaudatoria y limitante de la actividad económica directa e indirecta y limitante de la libertad actual.
8. ¡Qué irracional es votar afirmativamente tamaña propuesta! ¿Qué propósito tienen? Todo un despropósito confundido, así lo veo, en un buenismo. ‘Bondad dañina’, que frena o paraliza la actividad económica directa e indirecta. Pues tal intervencionismo frenará la actividad y el empleo. Creo que quizá los promotores y los grupos políticos seguidores y los colectivos sociales han sido sutiles presuponiendo la ingenuidad de la ciudadanía en todo este procedimiento, cierta inmadurez o infantilidad, pues se publicita y se pregunta sobre esto en primera instancia en las plataformas y debates en redes, donde ha habido posiciones muy contrarias e interesantes argumentos, pero escasa o nulamente asumidos, quizá ni leídos.
Advierto un guión predeterminado para su aprobación definitiva. No creo sea esto lo normal en política, ¿o quizá sí? Pero como profesional, como economista, apelo a lo razonable y apercibo de la irracionalidad de todo esto que es ya costosa y será mucho más costosa, social y privadamente. Analizando todo el proceso ya recorrido se constata ya que para más adelante tenían programada el endurecimiento de las restricciones. ¿Acaso el peaje controlado y la fijación de precios sin competencia bajo coberturas monopolísticas ya sea con gestión pública o privada también será algo que veremos en el futuro? Veo, se advierte desde ya, al pretender impedir el acceso en coche privado al PNT, el acceso propuesto se hace apelando al plan de movilidad, desde puntos de encuentro en el que autobuses (guaguas, públicas, privadas o concertadas) harían de lanzaderas para poder acceder a las Cañadas y al PNT. Siguen avanzando en sus pretensiones y proponen la imposibilidad de acceder al PNT en vehículo privado, pretendiendo limitar el uso del vehículo privado al tránsito sin parada en dicho PNT, ya que dicho tránsito es imposible de impedir por ser una carretera nacional que une la dorsal de la isla con el sur y norte de la misma.
9. Insisto en la cuestión económica y sus efectos económicos y sociales dentro y fuera del PNT, en poner en duda la factibilidad y el sostenimiento de lo que se promueve y en sus efectos negativos en la actividad económica de toda la Isla. La intervención pública debe estar siempre justificada y ponderada en su alcance, no puede ser instrumento que disuada, espante, o merme la actividad económica y el empleo, a corto, a medio y a largo plazo. Y aquí, con el Reglamento y el Plan Rector que se promueve, es muy probable que se espante.
10. En esta perspectiva económica del transporte, de los bienes libres, bienes y servicios públicos, de la gestión del medio ambiente y de las denominadas conceptualmente externalidades, advierto nítidamente que con este Reglamento de Servicios y el Plan Rector hay un efecto desplazamiento (crowdingout) de un bien libre, gratuito por tanto: El Teide, o de ‘bienes o servicios públicos’, los servicios básicos y los complementarios, ya disfrutados hasta el presente: como la carretera, los aparcamientos o el acceso al pico, con la cobertura legal vigente propia de los Parques Nacionales), por otro bien llamado “nuevo bien o servicio necesario” tal que falsamente brota del Reglamento y Plan Rector, de manera que lo que ya teníamos es convertido, de repente, en ‘bien público-privativo-recaudatorio’ sin causa justificada. “No hay nada nuevo bajo el sol”, pero a partir de ahora pretenden por mor del Reglamento y el Plan Rector que se pague directamente por los usuarios como si de un “nuevo bien o servicio se tratase”, y ello, además, mediante un mercado monopolista puesto en manos del sector público o de su correspondiente concesionario público o privado, esto igual da, es muy negativo, desde el punto de vista del criterio económico de ineficiencia propia del monopolio.
11. Siguiendo los criterios económicos, el bien o servicio público (el tránsito por carretera y aparcamientos en el P.N.T.) hasta ahora, no es ‘excluyente’ en el consumo, de no haber congestión. No es como el bien privado, como una manzana que si me la como yo usted no se la puede comer. Ni tampoco presenta ‘rivalidad’ en el consumo mientras no se congestione la carretera (se llene); cosa muy improbable, pues ello solo es posible en episodios esporádicos de nieve en las cumbres. Lo que aparece entonces es el corte de la carretera por la nieve y esto de la congestión no lo evitará ninguna política; de hecho, aunque sea política la decisión del corte de la carretera esta decisión está muy bien justificada cuando cae un tremendo palo de nieve. No más allá. Cualquier congestión en la carretera de las Cañadas del Teide puede ser gestionada previamente antes y durante mediante mensajes de disuasión comunicados por los servicios de DGT y de las redes GoogleMaps, ….
12. Lo que se pretende aquí aprobar con el Reglamento y el Plan Rector es: 1) que el sector público recaude dinero poniendo un precio al aparcamiento o cobrando un precio monopolístico, tasa, canon o peaje a los turistas, nacionales y extranjeros, 2) disuadir del acceso al Pico del Teide (a la cima) vía precio a los turistas en la isla o disuadiendo mediante fianza exigida a los residentes de la isla. 3) Eliminar el acceso directo de los residentes en su vehículo, el acceso propuesto se hace apelando al plan de movilidad, desde puntos de encuentro en el que autobuses (guaguas, públicas, privadas o concertadas) harían de lanzaderas para poder acceder a las Cañadas y al PNT. ¡Ya pretenden implementar nuevas restricciones a todo el que transite y disfrute de lo que ya es suyo y de todos por los servicios que desde siempre hemos tenido! Discúlpenme que lo exprese así: Esto es un abuso del ‘político imitante’ de otro ‘político imitante'” sobre el ingenuo paisano, residente o no, o sobre el turista extranjero. De esto se padece y mucho en los debates políticos y económicos (entre “políticos” y “expertos en transportes” sobre economía del transporte, sobre externalidades y sobre medio ambiente. Ya que, en este caso, sin fundamento, su argumento político es: “hay que hacerlo porque ya en otros sitios está hecho”, sin más. ¡Vamos, que hubo un primer “asalto” y ahora, por imitación, procede seguir haciéndolo! Cosa que perplejidad también me produce es que muchos políticos que defienden esto resulta que no les gusta la privatización. A mí me suele gustar, pero no para privatizar un bien libre como es aún el caso que nos ocupa. Y justamente lo que hacen, de manera sofisticada y sutil, es “privatizarlo” desde lo público y con esta estrategia que dinamita la naturaleza propia de bien libre, como es el Teide, o del bien o servicio público (el de carretera del P. N., de los aparcamientos ya existentes, o del acceso al pico). Y pretenden sustituirlos por un bien público-privativo-recaudatorio. Insisto preguntando ¿”No ven en ello un atracón publico de muy malos efectos?
13. Si quieren financiar la gestión de Servicios del Parque Nacional, esto es buscar más dinero, cíñanse a cobrar por servicios reales, concretos y novedosos susceptibles de demanda, no por lo que ya tenemos como bien libre (El Teide) o como bienes y servicios públicos (tránsito, aparcamiento y acceso al PNT y acceso al pico). Y, en tal caso, si fueran reales, concretos y nuevos los servicios que se ofertaran les recomendaría, si me lo permiten, o les exigiría, si no lo hacen, dos cosas: 1) gestión económica verdaderamente auto-sostenible, sin cargo a presupuestos públicos. Quien gestione que lo haga haciéndose cargo de su cuenta de explotación, de sus propios resultados. Si son positivos que capitalice su rédito y si son negativos que asuma la pérdida, se los “coma”. No implore al “papá Estado” para que le cubran sus pérdidas. 2) En tales casos, de aparecer nuevos y necesarios servicios ofertados por existencia de demanda, pueden y deben gestionarse según criterios económicos sujetos a las restricciones legales ya vigentes propias de los Parques Nacionales.
14. Este modo de gestión de los nuevos servicios, insisto, efectivamente nuevos, es lo justo y necesario, lo correcto; lo propiamente adecuado para gestionarlos con criterios competitivos, optimizadores de eficacia y eficiencia. Sin pretensiones espurias falsamente apuntaladas en el artificio del “que otros me lo paguen o me lo subvenciones”, para esos objetivos espurios no tenemos recursos. Ese ‘otros que paguen o que sostengan las subvenciones’ es siempre el sector privado propio y, en su caso, el de los turistas y endosárselo al resto de los canarios no residentes en Tenerife, a los peninsulares y a los extranjeros. Todo esto es una pretensión con efectos de retorno negativos y graves, no exenta de problemas que salpican directa o indirectamente al paisano. Primero, porque espanta. Y segundo, porque las altas elasticidades precio de la demanda turística y de todos sus servicios directos e indirectos pueden hacer inviable el traslado de estos nuevos costes a precios, además de debilitar la actividad turística y el empleo, directa e indirectamente.
15. ¡Verdaderamente, a los ‘políticos imitantes’ les llamo la atención constructivamente cuando hablan del éxito de estas propuestas! Sean cautos, prudentes, haciendo lo que se deba y haya que hacer. Están a tiempo de corregir este mal rumbo. Pero aún avisándoles en alegaciones previas veo siguen en su pertinaz y contumaz posición intervencionista. Me sorprende escucharles y sería bueno que al menos se sorprendieran escuchando y leyendo las alegaciones. No creo que mejoremos sin escucharnos. No. ¡De éxito nada! Mucha imitación que creo burda aplicando criterios absurdos, quizá válidos para los transportes en urbes super-metropolitanas (como Londres, Tokio, Ciudad de México…), a nuestra Santa Cruz, a Tenerife y, en este caso concreto, a las Cañadas, al PNT y al Pico del Teide. Sin duda, es bueno ilustrar y comparar escenarios teóricos-abstractos en los centros de discusión sobre transporte, especialmente en Congresos y Universidades. Pero hay que ser también pragmáticos. Permítanme ilustrarlo con un ejemplo que ayude a visualizarlo, aplicado a otro contexto, y lo digo reafirmando que me gusta y la gran utilidad social y privada del servicio público del tranvía urbano, del METROPOLITANO, y del servicio guaguas, de TITSA, Pregunto: ¿dónde están las plazas de aparcamiento que desaparecieron con el tranvía a los márgenes izquierdo y derecho de su trazado? He escuchado en los seminarios de investigación sobre transporte en órbita universitaria: ” ‘¡no!, la gente tiene que cambiar de mentalidad! ‘”. Dicen también: “Que dejen el coche en las afueras de la ciudad y cojan en el intercambiador el transporte público para llegar a su casa!”. ¡Oiga! ¡Y tan frescos se quedan! Me imagino yo con la mentalidad cambiada cargando la compra del mes de mi gran familia en el intercambiador ya rumbo para casa en guagua y me da un pasmo. En los seminarios sobre transporte, externalidades, bienes públicos y medio ambiente, se oye mucho de estrategias de palo (multa) y zanahoria (caramelo); en las universidades se oyen muchas cosas buenas y también muchas tonterías; por ejemplo, ver y escuchar, en un Seminario de Investigación Interdepartamental, coparticipando en las mismas estrategias del transporte a los gerentes del METROPOLITANO y de TITSA, cuando no les queda más remedio, al socaire de que ambas empresas públicas son del Cabildo. Siempre me he preguntado: ¿cómo pueden resolver estos grandes profesionales tan amigablemente sus cuentas de explotación, sus cuentas de resultados? Y me han dicho, en aquel seminario de investigación lo “políticamente correcto”: “¡Eso no es ningún problema¡, ¡el Tranvía se ocuparía del tránsito vertical, ¡Santa Cruz-¡La Laguna, con ejes establecidos en la Autopista del norte y la Carretera General, mientras que TITSA y los taxis se encargarían del tránsito horizontal!” ¡Oiga! ¡Y, otra vez, se quedan tan panchos! Yo nunca me lo he creído, todos sabemos que ahí lo que hay es una gran competencia y yo me alegro, porque competir lealmente en los mercados es sano y muy bueno para toda la ciudadanía.
16. Insisto de nuevo centrándonos en el P.N. del Teide, veo aquí un afán recaudatorio miope y cortoplacista al no tener en cuenta muchas cosas subjetivas y objetivas entre las que destaco, creo atinadamente, a) las altas elasticidades demanda precio de los bienes y servicios turísticos b) el efecto a corto, medio y largo plazo de esta política intervencionista que frena la actividad y el empleo (encoge o restringe, reduce el mercado turístico y de otros servicios vinculados), c) los ingresos recabados por quien gestione estos servicios (no nuevos) no compensarán los efectos negativos en los ingresos, por tan alta elasticidad precio de la demanda, de las otras actividades turísticas directas e indirectas que hasta el presente disfrutaban de la cobertura vigente de servicios, d) Lo que se pretende recaudar desde lo público ya lo tenemos en los bolsillos de los ciudadanos, de las familias y empresas, propias del sector privado, y con ello se compra y se vende más y se genera actividad económica, empleo y se reduce el desempleo y sus costes sociales. El bolsillo de los turistas no residentes y el de los extranjeros también hay que cuidarlo y respetarlo, pues de los mismos sale el gasto derivado de sus demandas reales generadoras de posibles ofertas privadas y/o subsidiariamente públicas que las cubran. e) El sector privado, familias y empresas, tiene y debe gozar de mayor confianza. Insisto sin reparo, mayor confianza en el sector privado, familias y empresas. Esto es fundamental y muy necesario en el presente económico de Canarias. Hay mucha falta de esto. Hace falta recobrar e impulsar más nuestro espíritu empresarial, emprendedor y competitivo, que es bastante tenue por la fuerte dependencia privada de lo público, por las subvenciones con la dependencia extrema que estas generan, así como posibles connivencias entre empresarios y políticos vía proliferación de barreras de entrada. Reducir tal exposición es fundamental para propiciar la competencia y la conservación de la naturaleza. Esta voluntad decidida que propicie la confianza en el sector privado y que reconozca su importante papel en la vocación de conservación y cuidado de la naturaleza no se vislumbra en absoluto en el Reglamento de servicio del PNT y en este Plan Rector.
17. Por último, así lo expreso como economista, concluyendo: 1º Duele y creo nos debe doler a todos y a cada uno el hecho de que, pragmáticamente, por la vía que pretende legitimar el Reglamento y el Plan Rector, mi/nuestro P. N. Teide podría llegar a ser menos mío y menos nuestro con las consecuencias de este proyecto de Reglamento y del PRUG del PNT porque pueda, en su desarrollo, llegarse a considerar al Teide no como un bien libre como el aire que respiramos; 2º De hecho, insisto, en la actual redacción del Reglamento y el Plan Rector, la exclusión de poder acceder al PNT con vehículo privado y los servicios públicos complementarios lo que pretende conseguir es: a) Al PNT lo habrán como “privatizado por lo público” al comenzar a “excluir” y a “rivalizar” entre las gentes por su consumo, y b) con ello proceden a limitar/nos o racionarnos su demanda, como residentes, tanto de acceder como poder ver directamente, y con la frecuencia que quisiéramos, tanto su sempiterna belleza como de gozar de los servicios públicos que ya tenemos sin necesidad del Reglamento y el Plan Rector. 3º El beneficio neto, social y privado, del Reglamento y el Plan Rector, de esta política “medioambiental y de transporte recaudatoria y regulatoria” en exceso, es radicalmente prohibitiva”, sin haber hecho el cálculo analítico, lo estimo negativo por los condicionantes, exógenos y endógenos, que determinan las altas elasticidades de demanda en los mercados de bienes y servicios turísticos alternativos y por la desnaturalización impropia de los bienes y servicios básicos y complementarios ya ofertados, 4º No aprobar este Plan Rector sería lo correcto y ello sin menoscabo alguno sobre el medio ambiente en el PNT, toda vez que la normativa vigente como Parque Nacional lo ampara. Por lo que considero muy negativamente la propuesta presentada de Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide y en el caso de que estimen conveniente considerar la procedencia de una nueva propuesta de Reglamento de Servicio del Sistema integral de uso público del Parque Nacional del Teide y de Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, insisto, en que tal regulación no excluya el acceso al PNT en vehículo privado, y que los mismos afecten solo y estrictamente a los servicios reales y concretos que sean nuevos y susceptibles de demanda respecto a la situación preexistente de servicios públicos básicos y complementarios. De manera que tales servicios públicos nuevos puedan ofrecerse en el marco de la cobertura legal vigente de Parques Nacionales aplicada sobre el PNT (nunca sobre los bienes y servicios públicos básicos y complementarios ya ofertados previamente como el tránsito por la carretera, los aparcamientos, …)
Referencias bibliográficas:Transición Ecológica pone a disposición pública el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide (2022), 23.5.2022
Como cada mes, cuando me pongo a pensar sobre qué escribir en el IJM, los temas variopintos que se me ocurren están muy ligados a la actualidad política. Hoy he estado rumiando sobre los dislates que propugnaba en Twitter una ilustre diputada de ERC en el Congreso de los Diputados, Marta Rosique[1]. En este caso, abogaba por seguir asfixiando a los catalanes mediante el infame impuesto de sucesiones, siempre, claro está, so pretexto de atacar a los “ricos”, entre los cuales, una servidora debería incluirse, puesto que su salario anual es de 86.024,96€, con cero días cotizados. Creo que este tema, el impuesto de sucesiones, bien merece un artículo aparte.
Aun así, quien más hincapié está haciendo para volver a ser el foco de atención es Pablo Iglesias y su cruzada contra el ala “Yolandista” de la izquierda patria. Con las perífrasis a las cuales nos tiene acostumbrados, el brillante politólogo se ha lanzado a la contienda contra La Sexta, cadena que dio cobertura mediática a Podemos desde el momento de su creación y que, en buena medida, fue el pábulo con el que mantuvieron su discurso anquilosado en viejos dogmas del pasado. No obstante, la izquierda decumbente sigue teniendo una hegemonía cultural digna de ser estudiada e imitada. Y es precisamente en este punto donde quiero poner el acento ¡Démosle la vuelta a Gramsci!
Vamos a partir del esquema clásico de “izquierda” y “derecha” respecto a los partidos políticos que hoy tenemos en el Congreso, quizás el Gráfico de Nolan, Pournelle o la Brújula política sean más específicos a la hora de matizar sobre las posturas políticas, pero en aras de la simplificación vamos a obviar las corrientes heterogéneas y contradictorias que convergen en el seno de estas categorías. Para mí, no suele haber mucha discusión sobre dónde situar a conservadores y liberales, aunque estos últimos somos más difíciles de colocar, si bien es cierto, en el ámbito hispano no hay mucho que objetar. Digamos que ambas familias de pensamiento se encuadran dentro de la derecha – esto sin duda podrá suscitar las críticas de los conservadores, tradicionalistas, etc –, y empecemos a analizar cuál es el problema del ala liberal de la derecha. También sé que muchos liberales van a empecinarse en argüir que todos los partidos son, como mínimo, socialdemócratas, cosa que comparto, pero eso invalidaría este artículo, el cual no pretende ser de brocha fina, sino todo lo contrario.
La derecha, a grandes rasgos, suele ser más pragmática que la izquierda en términos económicos. Escuchando recientemente una conferencia de Agustín Laje, el filósofo argentino postulaba una metáfora que me pareció excelente para ilustrar lo mismo que aquí sostengo, y es que, la derecha se ha conformado con “las cuentas” y ha dejado de lado “los cuentos”. Cualquiera podría pensar que, mediante una buena gestión económica sería suficiente para gobernar ad infinitum o al menos tener hegemonía política durante muchos años. Abro paréntesis, en España, grosso modo, es difícil dirimir si PP o PSOE han aplicado algún conato de política liberal. Estoy pensando en el ministro de economía socialista, Miquel Boyer, o en la eliminación del impuesto patrimonial por parte del gobierno Zapatero. También cabe destacar que cuando ha gobernado el PP, la tendencia ha sido hacia la creación de empleo y reducción del déficit público[2].
Realmente, no ha habido en este país una mejora sustancial de los indicadores macroeconómicos cuando han gobernado unos u otros, ergo, la idea que la derecha gestiona mejor, también podría ponerse en duda. Ahora bien, aceptemos la premisa que el sector diestro del espectro político es realmente virtuoso en hacer próspera a una nación, ¿sería suficiente para garantizar su puesto de poder? Desde luego que no.
Daniel Bell, en su obra magna[3], explica que no es acertado analizar la sociedad de forma holística (de forma unificada) como ciertas familias de pensamiento habían hecho, especialmente el marxismo, el funcionalismo, etc. Sino que, hay tres formas axiales que constituyen la sociedad: la estructura tecnoeconómica (basada en la racionalidad funcional), el orden político (pacto social, uso legítimo de la violencia, etc) y la cultura (ámbito de las formas simbólicas basada en el “Yo”). Entre estas tres existen relaciones tensas, y a mi juicio, una puede imponerse por encima de las demás.
La cultura es la más nociva de las tres patas de la ecuación, puesto que su hegemonía es sibilina y no suele hacerse evidente para el gran público. Los dogmas de las izquierdas y derechas pueden instaurarse paulatinamente en la cosmovisión mayoritaria sin apenas ser perceptible. En la actualidad, el paradigma de pensamiento, en Occidente, está decantado hacia la izquierda. El ejemplo más claro concierne a cuestiones como: la mala prensa que tiene el capitalismo, la aceptación del aborto como “un derecho”, el ecologismo – una forma más de estatismo y colectivismo – como nueva religión política, el feminismo como igualdad entre sexos, el choque de civilizaciones/religiones contrarias a los valores occidentales, entre otros.
Y la pregunta es: ¿cómo ha cambiado el arquetipo? Según Taleb, en su libro “The skin in the game” (2017), explica que suele ocurrir que una minoría, muy estridente, se impone a una mayoría que simplemente no incurre en cuestiones políticas, ya sea por desidia, falta de cultura o una racionalidad excepcional, puesto que, el coste de oportunidad que pagamos los que nos dedicamos a estas cuestiones es muy elevado. Sea como fuere, la batalla de las ideas ha sido dejada en manos de una élite intelectual que vive en su torre de marfil y que pregona ideas que calan en la sociedad, lo que el sociólogo Alvin Gouldner llamó “self-barricaded intellectual ghettos” (Couldner, 1962, pág. 205). Esto no es nuevo, y es que, los intelectuales han tenido, da che mondo è mondo¸ una tendencia muy marcada hacia posiciones colectivistas.
Para más inri, a la derecha no suele preocuparle en exceso esta pérdida de terreno[4]. Tanto es así que vale la pena acercarse de vez en cuando a una facultad de ciencias políticas, sociología, historia, antropología, literatura, filosofía, psicología, educación, economía (aunque en esta, la tendencia está más equilibrada), para darse cuenta del excelso predominio de las izquierdas. Hablando recientemente con un amigo, de mi misma cuerda ideológica, me comentaba que, ¡cómo se me había ocurrido estudiar historia! Básicamente por las ínfimas salidas laborales. A pesar de que, como bien sabemos, un gigante del pensamiento liberal, Mises, quería ser historiador antes que economista, pero dedujo que para entender la historia primero había que comprender la economía.
Este planteamiento utilitarista es, en términos economicistas, excelente. Ahora bien, con mi experiencia dentro de la historiografía, puedo aseverar que es un terreno plagado por activistas sociales, comunistas, marxistas, y corrientes posmodernas de todo tipo. En mis cuatro años de carrera, nunca tuve un profesor liberal-conservador, pero en cambio, sí que tuve a profesores comunistas e incluso, estalinistas. Esto, per se, podría constituir una falacia de evidencia anecdótica, pero no lo es en absoluto si uno repasa los principales intelectuales de este sector o de muchos otros relacionados con las ciencias humanas y sociales. Los historiadores[5] de cabecera siguen siendo: Hobsbawm, Thompson, los hermanos Anderson, Hill, Fontana, Carr, etc. Todos ellos de un fuerte cuño marxista. Eso no quiere decir que no sean gigantes del campo y merezcan ser leídos con detenimiento y admiración. El gran problema es que no tenemos muchos de los “nuestros” entre el olimpo de los que tratan la historia, es decir, la memoria colectiva.
En buena medida, esto se debe a la negligencia de las derechas y su cosmovisión utilitarista: si no tiene buen encaje en el mercado, es mejor no invertir en ello. Irremediablemente, esto conduce a una hegemonía cultural de las izquierdas, las cuales, siempre son más sensibles a las cuestiones culturales, aunque solo sea de forma instrumental. Cuando era marxista, mis compañeros de trinchera sentían un genuino interés por la cultura estricto sensu, en cambio, al acercarme al mundo liberal, mi percepción no fue la misma. Mientras unos construyen redes de solidaridad entre ellos (ya sea con dinero público o privado) y dan oportunidades a nuevas promesas de su ideología, otros se centran en meros argumentos utilitarios y dejan el terreno abonado para que surjan corrientes contrarias al liberalismo. Como vimos en 2016, saber de economía es más que insuficiente para ganar unas elecciones. Hoy gobiernan España unos partidos que han jugado muy bien sus cartas culturales, imponiéndose por encima de las economicistas.
Finalmente, hay que dar la batalla cultural, para que Occidente no cometa los errores de antaño, por trazar una analogía histórica, Venecia y el Papado en la segunda mitad del s.XV, viendo que Bizancio estaba siendo asediado por los musulmanes, decidieron hacer caso omiso y dejar en manos de la diosa Fortuna el último bastión del Imperio Romano de Oriente. Así que, hasta que los sectores de los politólogos, sociólogos, historiadores, criminólogos, antropólogos, etc, no tengan mejor cobertura en el mercado, siempre estaremos en los márgenes de la academia, de ahí la aparición de universidades como la Marroquín, la cual es una idea excepcional, pero hay que procurar no quedar excluidos de los grandes debates que están sucediendo en universidades “del sistema”, y, sobre todo, intervenir directamente en ellos, es decir, ¡salir del armario!
Bibliografía
Bell, D. (1996). The cultural contradictions of capitalism. New York: Basic Books.
Couldner, A. (1962). Anti-Minotaur: The Myth of a Value-Free Sociology. Center For Advanced Study in the Behavioral Sciences, 199-213.
Shields, J., & Dunn, J. (2016). Passing On The Right: conservative professors in the progressive university. Oxford : Oxford University Press.
Taleb, N. N. (2018). Skin in the Game. New York: Penguin Random House.
[3] Me estoy refiriendo a “The cultural contradictions of capitalism” (1976).
[4] Para muestra un botón, Rick Scott, gobernador republicano de Florida, hizo público su deseo de recortar el gasto en el sector de las Humanidades y las Ciencias sociales y destinarlo a cuestiones más “prácticas” (Shields & Dunn, 2016, pág. 212). Per se, el gasto en investigación suele ser ínfimo, ergo, para evitar que haya más profesores progresistas, la solución no pasa por cortar la financiación, puesto que esto sólo generará más malestar social y resentimiento, la solución pasa por conseguir que haya una derecha humanista preocupada por las cuestiones que aquí se están tratando.
[5] “Republicans are well represented in economics, but astonishingly scarce in sociology, history, and literature” (Shields & Dunn, 2016, pág. 94).
Como todos los veranos me gustaría sugerir algunas lecturas que me han resultado interesantes durante el año y que ahora que tenemos algo más de disponibilidad podemos afrontar. Como siempre también indico que no se trata de lecturas refrescantes, sino todo lo contrario; son profundas y llenas de ideas, pero no necesariamente difíciles de leer. Es una selección personal e incluye libros de diversas temáticas, pero referidas de una forma u otra a los temas que aquí se abordan habitualmente.
El primer libro que me gustaría recomendar, por su actualidad, es Timothy Snyder, Tierras de sangre, Galaxia Gutenberg, 2011. No es común que recomiende libros de historia contemporánea pues me gustan más épocas más remotas, pero este además de estar bellamente escrito y planteado desde parámetros ideológicos con los que me encuentro cómodo, hace aportaciones muy valiosas a la comprensión del mundo contemporáneo.
El autor describe los horrores que sufrieron las que él llama tierras de sangre, pues son las de la actual Ucrania, Polonia, Bielorrusia y los Países Bálticos, a manos primero del stalinismo, luego del nazismo y de nuevo los últimos días del stalinismo. El libro nos muestra con detalle lo que la maquinaria de un estado fanatizado puede hacerle a las poblaciones de otros estados y también a sus propios connacionales.
El estado, en este caso el estalinista y el nacionasocialista, como protector de su pueblo frente a pueblos enemigos queda en estas páginas no sólo relativizado sino descrito como su principal agresor. Agresor no sólo en el sentido de eliminar vidas y libertades sino también en el de llevar a la ruina económica a sus connacionales y tratarlos sin misericordia. De hecho, el libro se centra más en las hambrunas deliberadamente causadas por los estados que en las violencias propias de la guerra. Un gran libro sin duda para ilustrar la cara de los estados que no suele aparecer en los tratados de teoría política, y que nos muestra que los estados siempre tienen dos caras, una amable y otra pétrea, como los acontecimientos actuales en las tierras de sangre nos ayudan a recordar.
Pero para mi el gran libro del año en nuestro campo es el de James Dale Davidson y Lord William Rees-Mogg, El individuo soberano, Bubok editorial, Madrid, 2022. Si bien ya contaba con unos años el esfuerzo de Adolfo Contreras y Javier Maestre nos permite disfrutar de esta excepcional obra ya por fin traducida. Sólo con ver el índice de capítulos, con títulos como la vida y muerte del estado-nación, los últimos días de la política o el crepúsculo de la democracia ya se nos hace ver que estamos delante de un libro de enorme interés.
La visión que se nos da en el libro del origen del estado no es precisamente la de un contrato celebrado pacíficamente entre ciudadanos que quieren librarse de las maldades de un brutal estado de anarquía, sino la contraria de un grupo de predadores que conquista y extrae tributos por la fuerza. También describe realidades futuras del estado derivadas de la información y la tecnología, como las que ya hemos comentado en esta sección.
Pero no quisiera dejar de destacar un aspecto que pocas veces se aborda o discute en nuestros tiempo, el de los votos y el sacrificio cuya pérdida consideran los autores como un rasgo definitorio de nuestras sociedades contemporáneas y una de las causas de su declive. El voto es una promesa de cumplimiento de una determinada conducta por nosotros mismos hecha bien a nosotros mismos bien a algún ente divino o espiritual, como la patria, y que es difícil de hacer cumplir externamente. Los votos sacerdotales o de fidelidad matrimonial o las promesas que antes se hacían de cumplir un mandato, como por ejemplo una ofrenda a un santo en el caso de que este nos curase de una enfermedad, son algunos ejemplos. No requieren de vigilancia o sanción exterior sino de nuestra propia conformidad con la promesa. Hoy en día han caído en desuso y son casi merecedores de escarnio. Lo mismo acontecería con los sacrificios, esto es autoinfligirse algún tipo de penalidad física o espiritual en aras de algún bien superior, como es el caso del luto o de algunas conductas que aún se conservan en algunas iglesias rurales como el de caminar de rodillas en expiación de alguna falta delante de la efigie de algún santo o Virgen.
Nadie cumple hoy con estas aparentemente ridículas acciones. Pero nuestros autores inciden en que precisamente estos actos de autocontrol son los que favorecen instituciones sociales como las del valor de la palabra dada o que permiten superar situaciones apuradas como crisis económicas o calamidades de todo tipo. Y por supuesto son las que favorecieron en otros tiempos la aparición del capitalismo, que precisa de un sacrificio previo o ahorro para poder discurrir eficazmente. Pocos son hoy los teóricos que discurren sobre la funcionalidad de estas viejas costumbres y ya sólo por eso el libro merece ser leído, aunque es mucho más lo que aporta. Lo recomiendo sin ningún tipo de reservas.
En estos tiempos de catastrofismo de todo tipo, ambiental, económico y social, en los que se vuelven a predicar viejas profecías del fin del mundo, eso si actualizadas a los avances tecnológicos, es útil recordar que muchas ellas ellas carecen de fundamento. Para ello siempre es bueno recordar a los pioneros en la develación de los mitos de colapso.
Un buen libro para ello es el de John Maddox, El síndrome del fin del mundo, Seix Barral, Barcelona, 1974. El autor critica todos los llamamientos al apocalipsis que se daban en los años 70 con argumentos a los que hoy en día siguen empleándose contra nuestros actuales profetas de la catástrofe y denostadores de la prosperidad. Superpoblación, crisis alimentaria o contaminación son palabras que aún se escuchan con fuerza a día de hoy, sólo que esta vez asociadas a fenómenos de actualidad como el cambio climático. No sé si aprenderemos algo, pero mucho me temo que dentro de otros cincuenta años seguiremos oyendo letanías semejantes y también respuestas no muy diferentes a las que nos ofrece el gran John Maddox.
También quiero recomendar un pequeño libro del agasajado con el premio de la libertad del Instituto Juan de Mariana, el gran politólogo español Dalmacio Negro. Selecciono como recomendación su La ley de hierro de la oligarquía, Ediciones Encuentro, Madrid, 2015, no por ser la principal de sus obras que las tiene y muchas, en especial su La tradición liberal y el Estado, sino porque aborda un tema que me es muy caro, el de la oligarquía política. El profesor Negro estudia uno de los fenómenos más relevantes de las ciencias políticas, que es el de cómo un pequeño grupo de personas puede dominar a millones de ellas y como esto es una ley de hierro inevitable. Basándose en la obra política de uno de los discípulos predilectos de Max Weber, el fascista Robert Michels, don Dalmacio nos lleva a través de los procelosos pero sumamente sugestivos procesos de formación y consolidación de oligarquías y grupos dominantes. No se deja llevar por los cantos de sirena del pluralismo democrático y reclama la tradición de que uno sólo no puede gobernar, como tampoco los muchos. Sólo unos pocos que están cualificados y tienen la voluntad y las herramientas para ejercer el poder político.
Por último, quisiera hacer una breve referencia a la literatura infantil que puede ser asociada a nuestras ideas. Liberales y libertarios han descuidado mucho tiempo la difusión entre las jóvenes generaciones de sus principios a través de cuentos y relatos infantiles, dejando libre este ámbito para que literatos de otras ideologías ocupen ese espacio, como ocurre con la socialista Abeja Maya. Fue pensada por su autor, el socialista Waldemar Bonsels, para familiarizar a la infancia con algunos principios del socialismo. Es conveniente recordar por tanto a los viejos cuentos de hadas, denostados históricamente por progresistas y socialistas por transmitir valores conservadores como la monarquía, el deber o el honor entre otras antiguas virtudes, y recuperar los cuentos del monárquico conservador Hans Christian Andersen o de los liberales Hermanos Grimm.
Sin embargo es cierto que se comienza a dar un esfuerzo primero por divulgar los clásicos del pensamiento austrolibertario. Connor Boyack ha adaptado alguno de estos clásicos como Los gemelos y el lápiz maravilloso en referencia al clásico de Leonard Read o Los gemelos y la ley en relación al clásico de Bastiat. En Unión editorial también están haciendo un esfuerzo editorial con libros infantiles en su colección Value Kids con bonitos relatos sobre finanzas y ahorros para que la juventud aprenda ya desde pequeña los valores de un asociedad libre y próspera.
Pero no puedo dejar de recomendar a este respecto un pequeño libro de Julio Verne, El conde de Chanteleine. Fue esta una obra del genial escritor de anticipación y precursor de la ciencia ficción olvidada o mejor dicho apartada durante mucho tiempo y redescubierta y traducida hace sólo unos pocos años. La razón es clara, es un libro que describe los excesos y crueldades de los revolucionarios franceses y se pone de parte de sus grandes adversarios, la chuanería y los campesinos de la Vendee. Es decir, es un libro de aventuras propio de la infancia en el que los valores se invierten y los revolucionarios son malos sin posibilidad de redención y dotados de todos los atributos de la vileza. Por su parte los buenos son campesinos y nobles que combaten con heroísmo y hasta sus últimas fuerzas a las fuerzas del Comité de Salvación Pública de Robespierre, Couthon y Saint Just, encarnadas en crueles generales como Carrier y sus columnas infernales. El libro defiende además a la religión católica como el aliento espiritual de la reacción. No me extraña que haya sido ocultado tanto tiempo y me extraña que no sea recuperado para el canon de la literatura infantil.
Observando la comparecencia de Rafael Marcos[1] en la mesa redonda organizada por los dirigentes de Vox en el Congreso de los Diputados hace unos días, hice un repaso mental sobre las consecuencias prácticas de la imposición de un feminismo que ha derogado de facto la igualdad jurídica por cuestión de sexo, la presunción de inocencia en el Derecho penal y sancionador, la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso debido con todas las garantías.
Las bases para esta distopia se delinearon perfectamente por los gobiernos de Jose Luís Rodríguez Zapatero. Como tuve ocasión de comentar en sendos análisis durante las dos legislaturas en las que este sujeto ocupó la presidencia del gobierno, la aprobación de las leyes de medidas de protección integral contra la violencia de género y para la igualdad efectiva de mujeres y hombres anunciaba profundos destrozos[2].
En efecto, esta legislación prescribía una metódica invasión de la vida política, social y jurídica española, con base en una discriminación por motivo de sexo en la tipificación de conductas punibles y la creación de unos juzgados de excepción (de violencia contra la mujer) cuyos únicos sujetos pasivos serían varones. Como proyecto de ingeniería social de calado, entre las previsiones de ambas leyes se recogían la creación de órganos administrativos encargados, entre otras cosas, de subvencionar asociaciones y campañas de adoctrinamiento de la bondad de la discriminación legal a favor de las mujeres, implantación de planes de igualdad (cuotas) en todos los ámbitos sociales, así como programas de inculcación en la enseñanza para situar los malos tratos de los hombres contra las mujeres, consecuencia de un sistema machista, como uno de los principales problemas sociales. El corolario de esa frenética actividad vendría a ser la erradicación de esas conductas mediante la imposición de un feminismo discriminatorio con el impulso de la coacción estatal.
Al mismo tiempo, esa legislación totalitaria y axiomática[3] se desembarazaba de las categorías garantistas de los derechos penal y procesal, universalizadas tanto en los sistemas jurídicos occidentales como en los convenios internacionales de protección de los derechos humanos, incluidos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para justificarse, tiempo después sus apologetas invocaron el Convenio del Consejo de Europa de Estambul de 11 de mayo de 2011, sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. A su despecho, lejos de partir de unos prejuicios ideológicos tan sesgados, el artículo 4.2 de ese acuerdo internacional insta a los estados parte a tomar medidas legislativas contra todas las formas de discriminación contra las mujeres consagrando en sus constituciones nacionales “el principio de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando la aplicación efectiva del mencionado principio”. Ni que decir tiene, que en los países occidentales la igualdad jurídica entre hombres y mujeres había sido consagrada muchos lustros antes.
La convalidación, no obstante, de esas anomalías por parte del Tribunal Constitucional en dos ocasiones sucesivas[4] arroja todavía más sombras sobre las cesiones a las presiones del ejecutivo que jalonan su polémica trayectoria. Sea como fuere, cabía esperar el aumento del riesgo moral de utilizar la denuncia falsa en vía penal para conseguir la posición de ventaja de la víctima real en los procesos matrimoniales o de atribución de la guarda y custodia de menores. E incluso la impunidad de los testimonios falsos contra novios o maridos por la ausencia, en muchos casos, de testigos ajenos a la pareja y la propia dinámica de la presunción de inocencia en el derecho penal, la cual puede implicar no solo el sobreseimiento o la absolución del supuesto maltratador, sino también de la supuesta víctima denunciante en un procedimiento posterior [5].
Ahora bien, lo que ha desbordado todas las previsiones ha sido el conocimiento de casos que, en un principio, se presentaron como de típicas víctimas femeninas por los sensacionalistas medios de comunicación españoles, pero que se tornaron en ejemplos de las injusticias y los fraudes que una legislación tan avasalladora como insidiosa propicia y alienta.
Vaya por delante que el principal trastrocamiento operado en los asuntos jurisdiccionales desde su promulgación ha venido determinado por la “creación” de una responsabilidad colectiva en casos concretos, lo cual constituye un oxímoron indigerible en Derecho. Más aún en cuestiones privadas, como son las relaciones de los cónyuges o parejas, sus hijos; las obligaciones y derechos de unos y otros dentro de la familia y los incumplimientos o delitos que pueden atribuirse o cometer sus miembros. En puridad, aceptar los prejuicios que impone esta legislación debería servir para recusar a un juez de dirimir cualquier controversia civil o penal que enfrentara a dos personas de distinto sexo. La responsabilidad jurídica solo puede ser individual, por lo que la pretensión legislativa de asociar a un sexo la conducta de una persona[6], en vez de al resultado de las pruebas en un juicio, es un dislate inconcebible antes de la irrupción de la agenda posmoderna.
La potestad de juzgar este tipo de casos ya plantea de por sí graves dificultades. Se precisan tantos elementos para opinar que, en general, cualquier observador debería ser muy cauto a la hora de culpar o atribuir responsabilidades a tal o cual individuo. Si se establecen a priori ventajas o privilegios procesales y sustantivos a grupos de personas determinadas, en este caso las mujeres, el sesgo que se marca al proceso lastrará la administración de justicia. Cuando, yendo más allá, desde el poder ejecutivo se propaga, negando toda máxima de experiencia, la especie de que la denuncia de una mujer obediente a la secta de los activistas[7] constituye un medio de prueba que funciona como una presunción iure et de iure, contra la que no cabe prueba en contrario, las expectativas de un juicio justo ante unos tribunales sometidos a presión política son todavía más reducidas.
Cuando el gobierno desafía a los jueces con su apoyo activo y personalizado a la presidenta de la asociación Infancia Libre, María Sevilla Sánchez[8] o a Juana Rivas, algo más inquietante se está fraguando. Una vez que el renqueante sistema judicial condenó en firme a estas mujeres por el secuestro de sus hijos, que en ambos casos quisieron justificar con denuncias falsas de abuso sexual, para conseguir privaciones de la patria potestad de los padres de sus hijos, el gobierno se apresuró a concederles el indulto parcial, de manera que tuvieran que permanecer apenas unos días en prisión y recuperaran la patria potestad.
No olvidemos que la dimitida Fiscal general del Estado, en su puesto como Ministra de Justicia se había dirigido a las autoridades italianas para interceder por Juana Rivas, y después del indulto parcial otorgado por el gobierno, impartió una instrucción particular a la Fiscalía de Granada para que informara a favor de suspender la pena de prisión que le restaba.
Si, además, vistos todos los antecedentes, la ministra de Igualdad Irene Montero y su subordinada, Ángela Rodríguez Pam, aprovechan el día de la publicación del indulto parcial a María Sevilla Sánchez para insinuar[9] en un discurso público que un ciudadano sin ninguna condena judicial, como Rafael Marcos, habría maltratado a la indultada, no hay duda. El gobierno va contra tí y es preciso reaccionar ante tan intolerable atropello.
[3] Según el artículo 1.1, el objeto de la Ley es “actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quiénes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.(…)”
[4] Una primera STC 12/2008, de 29 de enero de 2008 convalidó la anulación por parte de la Junta Electoral de Tenerife en las elecciones municipales de 27 de mayo de 2007, de la candidatura del P.P al Ayuntamiento de Garachico (Tenerife) compuesta enteramente por mujeres, dado que no cumplía los criterios obligatorios de paridad impuestas por la ley de igualdad efectiva de hombre y mujeres. Una segunda STC 59/2008, de 14 de mayo de 2008, abordó y convalidó exclusivamente el precepto de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género que tipificó un delito de malos tratos ocasionales por parte de un hombre que sea o haya sido cónyuge, o pareja de una mujer, con una pena superior a una conducta idéntica cometida por una mujer. No obstante, mantengo que un juez español, de oficio o a instancia de parte en un proceso, podría plantear una cuestión prejudicial de derecho comunitario, la cual puede conducir a la adopción simultánea de medidas cautelares de suspensión de la vigencia de esa norma cuestionada (art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) e, incluso inaplicar esas normas con rango de ley por contradecir el Derecho de la Unión, dado que los tratados fundacionales de la UE vinculan a los jueces en el ejercicio de su jurisdicción.
[5] No obstante, que no se incoe siquiera una instrucción por la comisión de una denuncia falsa es práctica habitual en los juzgados españoles.
[6] O a otra diferencia como el nacimiento, la raza, la religión, opinión o cualquier circunstancia personal o social (Artículo 14 CE).
[7] No así en el caso de abusos sexuales de la entonces menor tutelada por la Comunidad Valenciana, María Teresa Tanco Muela. Con independencia del resultado del juicio penal contra Mónica Oltra Jarque y los cargos de la Consejería “de Igualdad y políticas inclusivas” (¡!) los espeluznantes detalles del asunto demuestran un autoritarismo, una degeneración ética y una sumisión servil a quién detentaba el poder apabullantes. Que una persona de esa calaña se permitiera dimitir sin pedir perdón, con delirantes acusaciones de conspiraciones de poderosos (los malos) contra ella, revelan hasta qué punto ciertas ideologías funcionan como paranoias exculpatorias de las perversiones de sus practicantes.
Durante estos últimos meses, vivimos con preocupación la subida continuada y generalizada de los precios. Dicha inflación ya se sitúa en el 10,2% anual (dato del IPC a junio del 2022). Pero hay otro fenómeno que está pasando inadvertido, para alegría de sus beneficiarios, que también está erosionando sin lugar a dudas, la renta disponible de las familias españolas. Una subida de impuestos en cubierta; el no deflactar los impuestos.
Pero contextualicemos antes de entrar en meollo de la cuestión. Debemos tener claro, que con una inflación del 10,2%, para no perder poder adquisitivo, nuestro salario debería “incrementarse” al menos un 10,2%. Marco las comillas, porque son importantes, ya que con esta “subida” en realidad no nos están subiendo el salario, simplemente nos lo están manteniendo, para que nuestra renta no varíe. Esto es clave, porque en los próximos meses veremos al gobierno y empresarios llenarse la boca con “subidas de salarios” de un 3%-5%, que en otros años podría haber estado muy bien, pero con la inflación de este año todo lo contrario. Es decir, si a usted este año le “suben” el salario un 5%, realmente no se lo están subiendo, se lo están bajando. Todo lo que no sea una subida del 10,2% o superior, será una baja de salario en términos reales.
Teniendo ya esto claro, podemos pasar al tema de los impuestos. Como saben, son progresivos, van por tramos. Es decir, cuanto más gane uno, estará en un tramo superior y le tocará pagar un porcentaje mayor de tributos. Bien, ¿Qué sucede? Que estos tramos no se han actualizado con la inflación, no han sido deflactados.
¿Y qué provoca esto? Una subida encubierta de impuestos. Pongamos el ejemplo optimista que veíamos antes, nos aumentan el sueldo un 10,2%. Como hemos visto, nuestro poder adquisitivo, con esto, no habría cambiado en absoluto de un año a otro. Seguiríamos siendo igual de ricos o de pobres. Pues bien, de cara al gobierno y sus tramos de impuestos, según ellos, ahora somos más rico, ganamos más (aunque realmente no). Y como no han subido dichos tramos con la inflación, por tanto, entraremos en tramos impositivos superiores, pagando un porcentaje mayor de impuestos, pese a que no hemos ganado renta real.
Este hecho, que el gobierno, conscientemente evita mencionar, está provocando una disminución, aún mayor, del poder adquisitivo de las familias españolas. En favor de una recaudación récord de la agencia tributaria (un 16,4% más que el año pasado). He aquí el porqué de este silencio. Tan solo el gobierno regional de Madrid, siempre alumno aventajado a la hora de defender el bolsillo de las familias, ha hablado de este tema y de la necesidad imperiosa de deflactar los impuestos en base a la inflación.
El contribuyente español, los trabajadores, las familias, las empresas… No pueden pagar más. Subidas de precios, malversación de fondos públicos, impuestos abusivos… Es deflactar o morir.
Decía Ortega que el de “generación” es un concepto fundamental para el estudio de la historia. Las personas, en cada periodo, están influidas por las creencias de cada tiempo, por los símbolos y elementos culturales compartidos que determinan la forma de posicionarse y entender el mundo por parte de los coetáneos -distintos de los contemporáneos, que comparten, sólo, tiempo y atmósfera-. Cada “actualidad histórica” está conformada por tres dimensiones vitales, la de quienes viven el hoy desde sus veinte años, desde sus cuarenta y desde sus sesenta, y “eso, que siendo tres modos de vida tan distintos tengan que ser el mismo “hoy”, declara sobradamente el dinámico dramatismo, el conflicto y colisión que constituye el fondo de la materia histórica, de toda convivencia actual”.
Pero también dice Ortega que “el descubrimiento de que estamos fatalmente adscritos a un cierto grupo de edad y a un estilo de vida es una de las experiencias melancólicas que, antes o después, todo hombre sensible llega a hacer”. Y es que tomar conciencia -aunque sea sólo en parte- del conjunto de condicionantes externos que inevitablemente nos influyen, y que asimilan nuestro comportamiento al del resto de coetáneos, es un muy duro golpe para aquel a quien le han hecho creerse libre y original. Permanecer en la ignorancia evita el sufrimiento, tomar conciencia de esa realidad, desde la alta atalaya en la creíamos estar instalados, supone un costalazo brutal altamente deprimente y desmotivador.
En el pasado cada individuo todavía veía el mundo desde la porción de terreno en que le había tocado nacer, con una latitud y una longitud concretas, unas “circunstancias” ambientales, en definitiva, distintas de las del resto. Hoy en día, sin embargo, hasta con eso se está acabando. Los adelantos técnicos nos permiten vivir casi del todo ajenos a la realidad natural que nos circunda, y comer y desarrollarnos en urnas de cristal y acero iguales a lo largo del planeta, desde el ártico hasta las arenas del desierto.
La formación reglada, altamente estandarizada, protocolizada y formalista lima cualquier tipo de influencia del docente, que tiende a ser un bien fungible, sin apenas trascendencia. Hasta en el cuidado de la salud se utilizan protocolos implementados desde divinas instancias supranacionales, que ignoran cualquier tipo de condicionante espaciotemporal, sin dejar espacio para una disidencia proscrita y silenciada.
El ocio y el entretenimiento tienden a ser, cada vez más, los mismos, desde Oceanía hasta África, pasando por la Antártida o Europa. E igual pasa con la información, y las modas, y tantas y tantas otras cosas. Hasta las diferencias generacionales entre contemporáneos parecen quererse disipar, y el bombo y los platillos con los que se jalea, machaconamente, a las Gretas inclusivas, imbuyen del mismo pensamiento único, de los mismos valores, tanto a la señora de 65 -de cualquier parte del mundo- a quien los cada vez más extendidos avances médicos y estéticos hacen sentirse terriblemente joven, como al crío de 16, inoculado con ínfulas de adulto, desde el poder que cree que le dan el teclado y la pantalla de su móvil.
Decía también Ortega que todo cambio del mundo, del horizonte, trae consigo un cambio en la estructura del drama vital; y que aunque el cuerpo y el alma del hombre no cambien, cambia su vida porque ha cambiado el mundo en el que vive. El problema es si conseguimos aislarnos para vivir al margen de ese mundo, como si no cambiase. A eso es a lo que vamos, sin saber en qué quedará entonces la palabra libertad.
Y o no nos enteramos, o lo que vemos nos parece tan inevitable que para qué…
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