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La crisis energética

En la madrugada del martes se reunía la autoridad reguladora de la energia de California. En el orden del día, las medidas a adoptar para tratar de aliviar el colapso energético que está viviendo este estado. En un artículo precedente (California en la oscuridad) explicábamos cómo la combinación de precios máximos, costes crecientes derivados de las restricciones impuestas a la producción por el ecologismo y una demanda que se había triplicado en los últimos cinco años, había producido el conocido escenario de desabastecimiento y desorganización de la producción.

Después del habitual periodo de excusas, falsos culpables –la desregulación en el tramo mayorista, el agotamiento de los recursos naturales y la sociedad de consumo– y falsos remedios –cortes de suministro para no tocar el precio y creciente intervencionismo–, las autoridades californianas se han dado cuenta de algo que los soviéticos tardaron 70 años en reconocer. La realidad económica es tozuda y no se traga la propaganda gubernamental. Como decían en Bulgaria durante la construcción del Metro, el subsuelo de Sofía es reaccionario. Las medidas aprobadas incluyen la subida de los precios máximos autorizados en un 50% de promedio (agradézcanselo a los verdes) y la recomendación de permitir en vía de urgencia la construcción de nuevas plantas generadoras.

Desgraciadamente, junto a estas medidas bien encaminadas, los burócratas han pasado, con la excusa de evitar el desabastecimiento, una tarifa móvil de precios en función de la energia consumida por cada usuario. Restringir el despilfarro a traves del precio es desde el punto de vista económico, el mecanismo ideal. De lo que están hablando los reguladores no es de esto, sino de cuotas de consumo medio asignadas a cada uno por los políticos y de distintos precios cargados por el mismo servicio según las personales apreciaciones y favoritismos de los funcionarios.

Con los cortes de luz, se le impide gastar tanto al mecánico que tiene que trabajar en su taller para ganarse la vida, como al perezoso que no tiene ganas de levantarse a apagar las luces porque el precio es artificialmente bajo. Con precios móviles fijados según cuotas establecidas por el gobierno, la energía no la consumen las empresas que mejor satisfacen a los consumidores, sino aquellas que mejor medran ante los políticos. Si mañana una empresa triplica su cartera de pedidos y otra es abandonada por sus clientes, la primera deberá pagar muchísimo más por kilowatio consumido que la segunda que de esta forma se verá subvencionada en su ineficacia. ¡Benditos gobernantes que velan por el bienestar de los ciudadanos!

Chaves y el tabaco

 El presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, ha anunciado en el Congreso Nacional sobre Prevención y Tratamiento del Tabaquismo que demandará a las tabacaleras si éstas se niegan a sufragar parte de los elevados costes sanitarios que suponen las enfermedades que tienen su origen en el hábito de fumar. No resulta sorprendente que los asistentes a este congreso, cuyos trabajos y sueldos dependen de que exista una política oficial contra el tabaquismo, no hayan llevado la contraria a un político que les alimenta.

Según Chaves, "Los datos legales y científicos confirman que el lucro del negocio del tabaco proviene del daño que se le infringe a las personas, muchas de ellas menores de edad". Como es completamente imposible que la ciencia confirme algo falso (las leyes que hacen los políticos son tan absurdas que pueden afirmar cualquier disparate), Chaves miente y lo hace con descaro.

Su frase analizada lógicamente significa que dañar a las personas es causa y condición necesaria (y tal vez suficiente) para que haya beneficios en el negocio del tabaco: sin daños antecedentes no habría ganancias consecuentes. Si el daño se considerara causa suficiente de beneficio, entonces no sería necesario producir tabaco, ni distribuirlo, ni venderlo, bastaría con causar directamente el daño y embolsarse el dinero. En realidad el daño a la salud es independiente de los beneficios de las tabaqueras: puede haber beneficios sin daño y puede haber daños con pérdidas. Si Chaves supiera en qué consiste una empresa se daría cuenta de que matar o dañar al cliente no es una estrategia comercial recomendable.

Típico de los políticos sin escrúpulos es mencionar la protección de los menores en todos los asuntos, vengan o no a cuento, para ver si cuela y se ganan las simpatías del personal. ¿Han tratado los servicios médicos andaluces a muchos jóvenes con patologías derivadas del tabaco? Sería una noticia de gran alcance, un record mundial de precocidad. Fíjese además en que todo el que quiere denunciar un beneficio lo llama lucro, palabra malsonante y con connotaciones emocionales negativas.

En el negocio del tabaco participa el propio Estado, que subvenciona a agricultores de tabaco, otorga arbitrariamente concesiones de estancos, y hasta hace muy poco era dueño absoluto de empresas monopolísticas para su producción y distribución. Como los daños sanitarios del tabaquismo tardan tiempo en producirse, es el Estado el responsable de los males actuales. Como Chaves tiene poder político desde hace bastante tiempo, ¿va a denunciarse a sí mismo como participante en este crimen o simplemente como cómplice o encubridor? ¿Y si se reclama a los estanqueros o incluso a los propios fumadores, que han sido advertidos hasta la saciedad sobre los problemas sanitarios del tabaco?

"Los poderes públicos no pueden permanecer más tiempo impasibles". Los políticos se otorgan a sí mismos con total desparpajo deberes y obligaciones que siempre consisten en agredir la libertad de los ciudadanos. Afirman que están legalmente obligados a actuar, y así se eximen de cualquier responsabilidad. Pobres sacrificados, son simples autómatas inconscientes que sólo cumplen órdenes. Si Chaves es consecuente, pronto denunciará a los fabricantes de automóviles por los gastos sanitarios originados por los accidentes de circulación, y a los productores de alimentos por los daños provocados por una dieta inadecuada, por la obesidad, el colesterol y las indigestiones. No hay límite para las denuncias imaginables.

¿No existen ya elevadísimos impuestos sobre el tabaco mediante los cuales el Estado ingresa enormes cantidades de dinero? ¿Para qué se utilizan? ¿Se ha tenido en cuenta lo que el Estado se ahorra en sanidad y otros gastos sociales, como las pensiones, porque los fumadores mueren antes? Habría grandes sorpresas.

La solución al problema es muy simple: que el fumador, como cualquier otra persona, pague él mismo sus gastos médicos y no obligue a los demás a participar en problemas de los cuales no son responsables. Pero claro, el tabaco está demonizado y se utiliza como chivo expiatorio, de modo que esta idea no es políticamente correcta y no obtendría muchos votos de un electorado de mentalidad colectivista. El fumador es un pobre enfermo manipulado por las multinacionales, y nadie se atreve a mencionar la estulticia de quienes fuman para parecer más interesantes (ocultando su inmadurez y su falta de carácter), ni la falta de voluntad y de capacidad de autocontrol de los adictos al tabaco.

Sobre la competencia

En una entrevista concedida a EFE el fin de semana pasado, el presidente Aznar declaró respecto a la cuestión de la competencia: “No tenemos más interés que el del consumidor”. Se trataría pues de conocer qué entiende el gobierno por el interés del consumidor. La Ciencia Económica siempre ha considerado como un ideal la soberanía del consumidor. Ninguna producción merece ser mantenida si no proporciona los bienes más urgentemente demandados por los consumidores, con la mayor calidad y al menor precio. Desde luego, la calidad del producto y la urgencia de la necesidad entendidas de acuerdo con las subjetivas apreciaciones de los compradores y no según algún fantasmagórico análisis técnico de supuestos expertos. Ningún vendedor debe poder oponerse a cambios en la producción porque vayan en contra de sus intereses como productor. El fin de toda la actividad económica es la mejor y más abundante satisfacción de las necesidades al menor coste posible.

Dos son las condiciones necesarias para que ese ideal se materialice. La primera, que el consumidor disponga de una moneda sana. Que pueda decidir no comprar cuando los productos que se le ofrecen no le satisfagan. Que no se vea empujado a deshacerse de la unidad monetaria por el temor a su depreciación. Con un dinero de papel que en el mejor de los casos pierde la mitad de su valor cada quince años, éste ideal no se cumple ni de lejos. Llama la atención además que toda la macroeconomía keynesiana trate precisamente de conseguir lo contrario. Se trataría de mantener siempre la demanda por encima de la oferta, sin importar los precios que se pidan, la calidad que se ofrezca, la cantidad de cada bien que se produzca, o los costes en que se incurran. El paraíso de los productores ineptos donde nadie quiebra.

La segunda condición es la libre entrada en el mercado de cualquier nueva empresa. Este punto necesita algún desarrollo, pues frecuentemente ha sido mal interpretado. En el Antiguo Régimen, las compañías que deseaban operar en el mercado necesitaban de una concesión real u octroi. Igualmente, las profesiones y las artes estaban controladas por corporaciones gremiales que, mantenían escaseces artificiales limitando las afiliaciones. Finalmente, las barreras arancelarias impedían el libre acceso al mercado de los productos extranjeros más interesantes. El liberalismo removió esas barreras.

Conscientes de su impopularidad, los intervencionistas han cambiado su discurso. Se trata de volver al Antiguo Régimen utilizando para ello argumentos “en defensa del consumidor”. Dios me guarde de mis amigos, que de mis enemigos me guardo yo. La competencia ya no ha de ser libre, sino regulada. Esgrimiendo el espantajo de un solo productor que someterá a servidumbre a sus compradores, se justifica toda intervención. Hasta se crea un Tribunal de Defensa de la Competencia para el que comunistas y socialistas (qué mala señal) piden más amplios poderes. Aparecen curiosos conceptos. No obtener beneficios desde el principio y tratar de atraer clientela con precios bajos se considera “predatorio”. Se argumenta que lo que se busca es hacer quebrar a todos y luego abusar de la recién adquirida “posición dominante”. Nada de esto es cierto. Dado que vender por “debajo de coste” es un concepto imposible de objetivar, los burócratas tienen carta blanca para actuar selectivamente cuando así lo desean.

Conviene recordar que casi todas las empresas de la Nueva Economía tienen pérdidas en la actualidad y que no arrojarán beneficios hasta dentro de varios años. Eso querría decir que están “vendiendo por debajo de sus costes” y deberían ser sancionadas. Bien, con ello se haría imposible desarrollar los productos. Los estudios empíricos de lo que se conoce como learning by doing (aprender haciéndolo), demuestran que los costes pueden llegar a caer más de un 20% en las primeras evoluciones de un producto. Todo eso sería inalcanzable si las empresas no pudiesen “vender por debajo del coste” al principio. En realidad, los costes, igual que los ingresos, se periodifican en el tiempo y las inversiones se valoran a largo plazo.

Por otro lado, si alguien desea introducirse en un mercado, más le vale que venda más barato que los ya instalados. Los productos de éstos últimos gozan de una reputación ganada que el consumidor valora. Sólo unos precios bastante atractivos inducirán a probar lo que fabrica el nuevo desconocido. Las supuestas “barreras a la entrada” que suponen las marcas comerciales nada tienen que ver con las restricciones a la competencia. Allí donde existen, constituyen manifestaciones de una trayectoria de buen servicio al consumidor que éste aprecia.

Los intervencionistas se han valido de un modelo microeconómico neoclásico para presentar el ideal de la competencia perfecta. En ese modelo hay muchas empresas que hacen todas lo mismo, sin que ninguna obtenga beneficios “extraordinarios”. Desgraciadamente, dicho modelo no es ni real, ni ideal. No es real porque es estático. Es un modelo que no da cabida a la diferenciación de los productos para ajustarse todavía mejor a los deseos de los consumidores. Tampoco contempla la introducción de nuevas técnicas de fabricación por parte de los empresarios para producir a menores costes.

El modelo de “competencia perfecta” es un fantasmagórico mundo en el que nadie compite y todos elaboran día tras día y año tras año el mismo producto con las mismas técnicas. Lo grave es que ese modelo se presenta como ideal. ¿De qué pregunto yo? ¿Del estancamiento y la monotonía uniforme? Competir no es aceptar precios y costes, utilizar técnicas comunes y hacer lo mismo que los demás. Competir es innovar. Es descubrir las oportunidades de ganancia que el mercado ofrece. Es ajustar el tamaño de la planta para aprovechar las economías de escala a veces mediante fusiones o absorciones. Puede ocurrir que como consecuencia de todo ello, en algún caso y durante un determinado momento unas pocas empresas aparezcan como principales suministradoras en una determinada industria. Ese “oligopolio de facto” puede tener una apariencia externa similar al oligopolio creado por las concesiones y restricciones gubernamentales. Ahí terminan todos los parecidos. El primer oligopolio es creado o mantenido por la excelencia. El segundo, por la violencia. Las “barreras de entrada” en el primer caso son los precios atractivos, la producción eficiente y la trayectoria impecable. Las barreras de entrada en el segundo, las pistolas y las cárceles.

California en la oscuridad

El gobernador de California decidió declarar el 18 de enero el estado de emergencia en todo el territorio de su jurisdicción. Según indicó, se trataba de hacer frente a la crisis por desbastecimiento de electricidad que se cernía sobre el estado más populoso de la Unión. También acordó destinar 500 millones de dólares de fondos públicos a pagar las cantidades que las distribuidoras de energía eléctrica adeudan actualmente a sus proveedores.

Cuando los economistas oímos hablar de desabastecimiento, sabemos perfectamente que una ley de precios máximos tiene que andar por medio. Efectivamente, el gobierno de California prohíbe a las distribuidoras que vendan electricidad por encima del precio máximo legalmente establecido. El precio de producir electricidad se ha elevado mucho últimamente debido al alza del petróleo, al cierre de centrales nucleares, a la prohibición de construir presas para satisfacer a los ecologistas, etc. Por tanto, los costes de las distribuidoras han subido hasta situarlas al borde de la quiebra. Ahora sus proveedores se niegan a seguir sirviendo la electricidad producida por temor a no poder cobrar. Es la vieja historia de los controles de precios. Si los bares no pudiesen vender la cerveza por encima de las 10 pesetas litro, sería imposible encontrar cerveza en un bar. Los rusos saben bien lo que significan los precios máximos: colas, desabastecimiento y desorganización de la producción.

La estupidez de los políticos y los izquierdistas sin embargo, no tiene límites. Ellos son los “amigos del consumidor” que le protegen de la codicia empresarial. En realidad, si los precios pudiesen fijarse por decreto, sería un crimen no legislar que todo fuese gratis. Si se quieren tener precios bajos, lo que hay que hacer es permitir incrementar la oferta y hacer lucrativo el negocio de la electricidad. Esto parece ser tema tabú en California, donde el ecologismo apadrina el crecimiento cero. Pues nada, ya tienen lo que quieren: apagones, gente alumbrándose con velas e industrias paralizadas. Graciosamente comentaba un periodista de Las Vegas respecto de ciertas propuestas legislativas “a la californiana” que fueron derrotadas en Nevada: “Ayer nuestra gente rechazó ser californicada”.

Agricultura y política

Resulta paradójico que la Unión Europea, una asociación de naciones avanzadas, dedique la mitad de su presupuesto (unos cuantos billones de euros confiscados a los ciudadanos) a subvencionar la agricultura, una de las actividades económicas más primitivas. Muchas personas se sorprenderían y tal vez incluso se escandalizarían si supieran los muchos millones de beneficio neto que generan los invernaderos de la zona mediterránea española. Grandes fortunas particulares se han formado gracias al mar de plástico, y ya no cuadra la imagen tradicional del agricultor pobre y sacrificado. Esta riqueza puede utilizarse para influir sobre los políticos y para financiar campañas de propaganda demagógica (qué bonito es recordar que la agricultura es fuente de vida) destinadas a conseguir el apoyo de la opinión pública.

En un intento por justificar todos sus privilegios, las asociaciones de beneficiados por los invernaderos mencionan la enorme riqueza que aportan a España con sus exportaciones, riqueza que olvidan mencionar va a parar a sus propios bolsillos, a menos que se haya nacionalizado su actividad y no nos hayamos enterado. Es como afirmar que el que le toque la lotería al vecino del quinto supone un gran enriquecimiento para todo la comunidad.

Los pseudoempresarios de este sector agrícola intentan que se mantengan todas las regulaciones que los protegen, siempre a costa de los demás contribuyentes: precios garantizados por encima del mercado, subvenciones de todo tipo, y protección (aranceles y cuotas) contra los productos más competitivos de países menos desarrollados (lo cual dificulta su desarrollo y contribuye a mantenerlos en la pobreza). Dos de sus factores de producción les resultan especialmente baratos (aparte de la luz solar, que les sale gratis): la mano de obra inmigrante (frecuentemente ilegal o en condiciones precarias) y el agua regalada por el Estado.

El agua es legalmente un bien público, no se compra ni se vende. Como no existen derechos de propiedad privada sobre el agua ni un mercado de la misma, es imposible saber cuáles son sus usos más valorados por los ciudadanos. El precio del agua se fija mediante mecanismos políticos: los colectivos organizados pueden presionar para obtener mejores condiciones, y de este modo los agricultores consiguen agua mucho más barata que la destinada al consumo humano.

Todos los bienes públicos que se gestionan políticamente sufren el mismo problema de luchas encarnizadas por su uso. En el mercado libre los bienes se asignan a quien está dispuesto a pagar el precio más alto. En una economía intervenida reciben los bienes quienes más puedan influir, mediante favores o amenazas, sobre los gobernantes: todos quieren obtener la mayor cantidad posible de bienes y que los paguen los demás. Los políticos locales deben luchar con el gobierno central para recibir el máximo, siempre a costa de otras regiones: la política es un juego de suma cero, para que uno gane otro debe perder.

El problema del agua no se solucionará mientras se mantenga su gestión política. El mar contiene enormes cantidades de agua que puede ser desalada si los consumidores del producto final están dispuestos a asumir sus costes. También pueden realizarse trasvases desde zonas que estén dispuestas a vender el agua, teniendo también en cuenta el coste del transporte. En un mercado libre triunfaría la opción más eficiente. En la situación política actual, parece que las empresas constructoras de infraestructuras para trasvases tienen más amigos en el gobierno que las constructoras de plantas desaladoras, y que las regiones costeras tienen más peso político que las interiores. Pero todo se hace en nombre de la solidaridad interterritorial, claro.

Aznar y la competencia eléctrica

 Dos importantes empresas de la industria eléctrica española, Endesa e Iberdrola, están planeando una posible fusión que incrementaría la concentración empresarial en el sector. Según el presidente Aznar, esto supondría una reducción de la competencia, ya que para él lo importante es el número de competidores; el gobierno debe oponerse a la fusión, para garantizar que no decrezca el número de competidores, que ahora son cuatro, y además exigir fuertes desinversiones como garantías a la competencia.

Así que parece que cuatro es un número hermoso y aceptable, pero tres no lo es. Quizás se les ocurra a los directivos que negocian la fusión crear otra empresa eléctrica diminuta (el presidente no se ha referido para nada al tamaño de las operadoras, sólo a su número) para mantener la cantidad total, aunque esto suena un poco a trampa.

El señor Aznar muestra con sus declaraciones su ignorancia económica. La competencia va inextricablemente unida a la libertad, entendida esta como el respeto a la propiedad privada y a la libertad contractual. No puede haber competencia real en un mercado que no es libre, y el mercado de la energía eléctrica está fuertemente regulado por el Estado. Esto explica por qué usted no ha recibido nunca publicidad de ninguna compañía eléctrica con atractivas ofertas de mejores precios y mejor servicio. Las eléctricas no compiten, sino que se reparten el territorio nacional con el beneplácito del Estado, que es quien les fija los precios. Dependiendo de dónde tenga usted su vivienda le corresponde una empresa y no otra, por lo cual éstas no necesitan esforzarse para mantener satisfechos a sus clientes cautivos: no hay posibilidad de elección, no hay alternativa.

En un mercado libre el número de operadores es un sector es completamente irrelevante para que éste sea competitivo. Un único proveedor puede ser eficiente según las circunstancias, si los consumidores están satisfechos y así lo deciden. Los monopolios nocivos son los mantenidos mediante las regulaciones estatales que dificultan o impiden la libre entrada y salida de empresas y consumidores en el mercado.

Como grupo de presión, las compañías eléctricas sí que son muy competentes, y pretenden recibir subvenciones a costa de los consumidores y contribuyentes que les indemnicen por los costes de la transición a la competencia. Antes se aprovechaban de que no tenían que competir, ahora hay que recompensarles por dejar de abusar del consumidor.