Uno de los leitmotiv de las dos décadas que llevo haciendo modestas contribuciones a la expresión de opiniones políticas en España ha sido convencer a una, siempre reticente, derecha social, que las ideas importan. Y que con la discusión pública de las mismas se cimienta la sociedad en la que nos tocará vivir en pocos años.
Aunque sigo pensando lo mismo, esta vez me toca escribir en contra de las ideas. Y más concretamente contra el exceso de estas que produce una élite intelectual cada vez más fuera de la realidad.
Esta semana hemos asistido a la politización de un suceso trágico. La muerte de una niña por un desgraciado accidente. Hasta hace apenas unos años era totalmente impensable que algo así pasará de unas pocas líneas en la sección de sucesos de la prensa, y los implicados tendrían la inmediata compasión de todos los ciudadanos, sin importar su ideología.
¿Por qué no ha sido así esta vez? Hay que alejarse bastante del suceso para intentar averiguar de dónde viene esta obsesión de una pequeña pero influyente parte de la sociedad por politizar absolutamente todo.
Para hacerlo más fácil vamos a imaginar que nos llamamos Andrés, estamos licenciados en ciencias políticas y compartimos piso en Malasaña mientras esperamos nuestra oportunidad medrando en algún ente vinculado a los partidos de izquierda. ¿Con qué podríamos pasar el rato mientras nuestro momento llega?
Leer sobre las últimas tendencias de nuestra ideología siempre abre puertas en este mundillo. El problema es que los temas clásicos ya están muy manidos y para mantener tu interés se tienen que producir constantemente nuevas ideas. Una maquinaria cada vez más grande funcionando a pleno rendimiento para satisfacer un apetito cada vez mayor.
La demanda de ideas es tan grande que se utiliza cualquier cosa que esté en el imaginario del potencial lector. Y eso lleva la ideología a ámbitos donde nunca había estado.
Es así como el medio de transporte que utilizan los padres para llevar a sus hijos al colegio ha llegado al debate público. Andrés no tiene dinero para comprarse un piso, pero sí tiene tiempo para preocuparse de qué tipo de organización escolar es la mejor para evitar ver esos coches en doble fila cuando va a tomarse su frappuccino a media tarde.
Y lo que es mucho más importante: Andrés no tiene muchos motivos para estar contento con su vida, pero sí puede exhibir una gran superioridad moral al pertenecer a ese exquisito club de personas que sabe cuál es exactamente la mejor forma de hacer cualquier cosa.
Esto no es algo nuevo. El exceso de generación de ideas en la extrema izquierda lleva ocurriendo desde que ésta existe. La ociosidad, la capacidad de copar puestos en organizaciones intelectuales y su peculiar forma de ver el mundo son una combinación perfecta para terminar generando cantidades colosales de farfulla ideológica.
Curiosamente la mejora del nivel de la productividad de Occidente puede estar incrementando dos de estos factores: más tiempo libre puede llevar a sobrepeso mental, y más capital disponible a mejor financiación de instituciones intelectuales.
El resultado es la radicalización de aquellos que consumen cada vez más ideología, pero también de aquellos que no lo hacen, pero reaccionan a la presencia de esta en ámbitos privados de sus vidas.
Quizá, como punto de partida, habría que devolver las ideas a su ámbito y dejar de jugar en un tablero inclinado. Y, por tanto, dejar de considerar la falta de debate en ciertos temas como una señal de radicalidad, cuando es todo lo contrario.
Con los datos del IPC de Octubre ya en la mano, pasada la festividad de Halloween (todos los santos para los más tradicionales), podemos confirmar que los muertos se han levantado, concretamente en este caso, el fantasma de la inflación. Un viejo enemigo, muy celebre en épocas pasadas.
Podemos definir la inflación como una subida sostenida y generalizada de los precios. Y el mejor indicador para estudiarla es el IPC (índice de precios al consumo), que es un índice de precios, de una lista de bienes y servicios consumidos estadísticamente típica de una familia. Teniendo en cuenta que la subida de precios anual, este Octubre se ha previsto en un 5,5% (la cifra más alta en 29 años), ya no hay duda: Nuestra economía está sufriendo una inflación cada vez más galopante. En septiembre era del 4%, y en agosto del 3,3%.
La primera pregunta que habría que hacerse sería: ¿Por qué ocurre esto? Y la explicación la tenemos en la cantidad de planes de estímulos de todos los organismos, para relanzar la economía. Planes por otra parte, que lo único que consiguen es zombificar la economía con deuda y tipos de interés ridículos. Planes de “recuperación y resiliencia”, “escudos sociales”, “fondos Next Gent”… Todo un sistema que se basa en la capacidad de los bancos centrales de imprimir e imprimir dinero, para que los gobiernos gasten a espuertas.
La otra pregunta que nos viene a la mente es: ¿Cómo nos afecta esto? Fácil: Que los precios no paran de subir; es decir el dinero existente cada vez vale menos, ya que con los mismos euros ahora vas a poder comprar menos. Y, sobre todo, tus ahorros empiezan a perder valor. En un país con una inflación de este nivel y tipos de interés bajísimos, hacer que los ahorros no se deprecien se convierte en una hazaña si no se quiere prácticamente jugar a la ruleta con ellos. Este tipo de políticas, no solo llaman al sobreendeudamiento sino también a la sobreexposición al riesgo.
La deuda a la que hacemos mención, tiene mucho que ver con que ocurra esto. No es casualidad que los responsables de los programas de estímulos que provocan dicha inflación sean los únicos beneficiados por esta, al ser los más endeudados. Porque al igual que los ahorros valen menos con el aumento de precios, este fenómeno también afecta a las deudas. ¿Y cuáles son las instituciones más endeudadas de todas? Los Estados. La inflación es la medida más usada a lo largo de la historia, para reducir la deuda gubernamental. Además de que como es un fenómeno que ellos no aprueben como podría ser un nuevo impuesto, la opinión pública no les afea esta situación. Pr ello, la inflación es también conocida como el impuesto silencioso, beneficia a los endeudados (los estados) y perjudica a los ahorradores, comiéndose sus ahorros, sin que estos localicen al culpable.
Para frenar este fenómeno, solo hay un camino, apagar la máquina de hacer dinero, frenar los estímulos y el gasto masivo, sea con el apoyo de los distintos gobiernos o sin él. Para eso existe la sagrada independencia de los bancos centrales frente a los gobiernos. Recordando que, según los estatutos fundacionales del nuestro, el Banco Central Europeo, su objetivo primordial por encima de cualquier otro, incluido el crecimiento económico, es la estabilidad de precios.
János Kornai nació en 1928, en un siglo de cambios y sangrientas revueltas trágicas. Su tierra natal, Hungría, fue un lugar especialmente peligroso durante el siglo XX; entre otras cosas, cayó bajo los dos regímenes totalitarios del momento: nazismo y comunismo.
La vida personal de Kornai también fue moldeada por este siglo. Su padre fue víctima del Holocausto y él mismo fue asignado a un cuerpo de trabajo especial del ejército húngaro, para el que los judíos eran reclutados como fuerzas suplementarias destinadas prácticamente a perecer por el trabajo de riesgo que tenían que asumir y el vejatorio tratamiento que recibían.
Kornai, sin embargo, tuvo la suerte de sobrevivir a la guerra. Para él, la llegada de las tropas soviéticas significó literalmente la liberación. No es de extrañar que el joven Kornai, cuyo destino era la muerte prácticamente segura, se convirtiera en comunista, una conversión fuertemente influenciada por la lectura de Das Kapital en 1947.
Como periodista, llegó a trabajar para el periódico del Partido Comunista Húngaro. Sin embargo, uno de los juicios del espectáculo de la era estalinista le abrió los ojos y provocó un cambió en su trayectoria de vida. Kornai, el antiguo y devoto periodista comunista, se distanció cada vez más del régimen. Se convirtió en partidario de las reformas y optó por la carrera académica de economista en 1955. Participó en la revuelta de 1956 y, tras la sangrienta reimposición del comunismo por parte de las tropas rusas, abandonó sus creencias marxistas. No obstante, el reinstalado régimen dirigido por János Kádár, se había distanciado cada vez más de las prácticas abiertamente represivas del período estalinista. Así, en esta nueva era, Kornai pudo continuar con su trabajo académico.
Al comienzo de su carrera como investigador, criticó la excesiva centralización de la planificación estatal y abogó por una economía socialista más descentralizada que imitara al mercado. En la era de reformas del régimen de Kádár, desde finales de los años cincuenta hasta principios de los sesenta y en adelante, su trabajo académico también contribuyó a las cautelosas, limitadas y selectivas reformas de mercado y a la liberalización del régimen. El llamado socialismo gulash llevó prosperidad a la nación en comparación con el período estalinista. Pero Kornai era muy consciente de las contradicciones internas y de los problemas profundamente arraigados de la economía socialista en los llamados “cuarteles más felices del campo soviético”, nombre con el que se designaba a Hungría en los años setenta.
En la década de los ochenta, se convirtió en uno de los críticos modernos más importantes del socialismo en ese momento. Su obra pionera, La economía de la escasez, argumentaba que existen razones internas profundamente arraigadas que causan problemas inevitables e irresolubles en el sistema socialista. Sus análisis de las disfunciones sistémicas del socialismo son un elemento básico para aquellos que realmente quieren saber por qué la utopía socialista de Marx es inoperante y antihumana. Los constructos teóricos que desarrolló para el análisis y la comparación de los sistemas ideales del socialismo y el capitalismo, tales como la economía de la escasez y superávit y la restricción presupuestaria blanda y dura, proporcionaron un importante punto de partida y un marco teórico para futuras investigaciones.
A lo largo de su dilatada carrera académica, Kornai llegó a tener una visión muy cercana a la posición que desarrolló la Escuela Austriaca de Economía sobre el socialismo. Al mismo tiempo, se convirtió en uno de los más grandes pensadores a favor del mercado de nuestro tiempo. A pesar de tener un punto de vista muy parecido, Kornai nunca se consideró a sí mismo miembro de la Escuela Austria, aunque admitió su deuda intelectual con Mises, Hayek, Kirzner y especialmente con Schumpeter.
El principal punto de concomitancia entre Kornai y la escuela austriaca estaba en que figuras clave, como Eugen von Böhm-Bawerk y Ludwig von Mises habían asumido el desafío de criticar el marxismo y la utopía marxista del socialismo en el cambio de siglo y a principios de los años veinte. Demostraron que el trabajo científico de Marx tenía contradicciones insuperables y que el socialismo estaba destinado a conducir al fracaso. Además, los miembros de la Escuela Austriaca contrastaron los beneficios de una economía de mercado con los problemas inherentes a la visión utópica marxista del socialismo. Argumentaron con más fuerza entre las escuelas económicas que el capitalismo es un sistema económico dinámico, y este dinamismo es la clave del progreso humano. Además, los austriacos fueron los economistas que más fuertemente argumentaron que la causa del dinamismo del capitalismo es la propiedad privada, el espíritu empresarial y la competencia. De hecho, uno de los últimos libros importantes de Kornai se titula Dinamismo, rivalidad y economía de excedentes, cuyo tema principal es la comparación del socialismo (economía estatal planificada) y el capitalismo (economía de mercado), es decir, la economía de la escasez y el superávit.
El socialismo produce escasez, el capitalismo produce superavit. La razón básica de esta diferencia, según Kornai, es que no hay oportunidad ni espacio para la innovación en el socialismo a menos que el estado de planificación centralizada lo considere importante para algún propósito político. Por tanto, no hay lugar para emprendedores, cuya función es aplicar las invenciones de forma innovadora. En contraste, la característica más importante del capitalismo es que le da al empresario la libertad de realizar inventos y satisfacer la demanda de los consumidores.
El argumento de Kornai es, en general, el mismo que la posición de la Escuela Austriaca de Economía. Una de las principales diferencias es el método de investigación entre los austriacos y Kornai. Menger, el padre fundador de la escuela austriaca, estableció por primera vez que el objetivo de la teoría económica es descubrir los vínculos de causa y efecto en la vida económica. Kornai, usando el lenguaje contemporáneo del pensamiento económico positivista, llegó a la misma posición que Menger y Mises, quienes usaron un lenguaje teórico, que ahora se considera anticuado por la literatura dominante. Kornai primero descubre los hechos económicos, luego los analiza y finalmente, busca identificar las relaciones causales. Al final, llega básicamente a las mismas posiciones que Menger: la vida económica es dinámica, el motor del dinamismo es la invención humana y el espíritu empresarial y existen vínculos de causa y efecto que dan forma al comportamiento humano.
Kornai habría merecido el Premio Nobel de Economía. Qué lástima que, con su muerte, el Comité del Premio Nobel perdiera la oportunidad de reconocer su enorme contribución al desarrollo teórico de la economía.
Es aún más doloroso que con su muerte se haya visto privado de la oportunidad de educar a las nuevas generaciones de economistas, a lectores laicos interesados e incluso a los políticos. Como Kornai dice en el libro citado, es una pena porque el ciudadano, los académicos y los políticos de nuestro tiempo no reconocen los beneficios del capitalismo, sino que apoyan las políticas económicas que promueven el intervencionismo estatal. Tal y como aprendió Kornai a través de su propia experiencia personal, un sistema económico capitalista no solo mejora drásticamente la calidad de vida de los ciudadanos, sino que además es una condición necesaria para el sustento de la democracia.
Los economistas que hagan un diagnóstico objetivo de la problemática social argentina diagramarán una realidad con fuertes desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, lo que a su turno dará lugar a palabras como renegociación de la deuda, inflacionismo, cepo cambiario, controles de precios, bajos niveles de actividad y empleo, pobreza e indigencia.
El gobierno responde a la escalada de precios con controles y persecuciones; responde a los bajos salarios con legislación e incrementos del salario mínimo; responde a la escasez de divisas fortaleciendo el cepo y con más impuestos y retenciones a quienes las generan; responden a la pobreza e indigencia con una redistribución de los recursos que cargue con más impuestos a los que más tienen para tratar de ayudar a los que menos tienen. Más allá de las buenas intenciones, la Escuela Austriaca demuestra que estas políticas siempre generan resultados opuestos a los buscados. Después de todo la economía austriaca es contraintuitiva y comprender la lógica económica permite advertir mitos frecuentes en el saber popular.
¿Por qué si el gobierno controla precios se produce desabastecimiento?
La Escuela Austriaca explica que los precios no son arbitrarios, ni caprichosos. Los precios se forman en cada intercambio cuando las personas intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Ceteris paribus, si un recurso es escaso será más caro y si es abundante será más barato. Si el gobierno exige a los vendedores de carne que su precio sea bajo, el incentivo para producir carne se reduce, y en consecuencia habrá menos de este recurso, y con ello más escasez y mayor precio futuro. De un período a otro, el gobierno tendrá que ir incrementando los niveles de intervención, lo cual sólo agravará la problemática de precios. La máxima expresión hoy la vemos en Venezuela, recorriendo las góndolas de supermercados vacías, mientras se fomentan los mercados informales para vender los productos por fuera de lo que la legislación exige. El problema no radica en el actuar de los empresarios, sino en la legislación suicida que fomenta el desabastecimiento. La solución de la Escuela Austriaca sería un desmantelamiento total de los controles de precios, pues en un mercado libre la regulación de los precios se genera por la propia competencia dentro de cada uno de los mercados. Terminar con los controles de precios animará incentivos en favor de la producción, lo que a su turno terminará con el desabastecimiento.
¿Por qué subir salarios genera desempleo e informalidad?
En el mercado laboral la lógica es similar. Un análisis económico de este mercado muestra que los salarios no son arbitrarios, sino la resultante de una evaluación de los niveles de productividad, que a su turno dependen del nivel de formación y acumulación de capital. Si el gobierno pretende incrementar los salarios vía legislación, los generadores de empleo que necesitan recuperar esos niveles de salario con la venta del producto final no podrán contratar a estas personas generando desempleo, o lo harán por fuera de la legislación a salarios inferiores a los que se exige provocando informalidad. Para la Escuela Austriaca nada es más efectivo para generar empleo y reducir la informalidad que la total desregulación del mercado laboral. De nuevo, la competencia en una economía que recupera los incentivos para la producción constituye el mejor regulador de los salarios, los que dependerán de la productividad que se pueda alcanzar en cada industria, y dentro de cada una de ellas, en cada puesto de trabajo.
¿Por qué imprimir dinero nos deja sin dinero?
El dinero también es un mercado, y como tal también se lo estudia desde su oferta y su demanda. En este caso, el precio de este mercado es el poder adquisitivo. Si el Banco Central de la República Argentina incrementar la oferta de dinero a un ritmo mayor que el que se incrementa la demanda de dinero, entonces surge inflación, lo que significa una pérdida de poder adquisitivo. Es por ello que los teóricos de la Escuela Austriaca coinciden con el monetarismo de Chicago en afirmar que la inflación es siempre un fenómeno monetario. Si la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo incrementan la oferta monetaria y esto no genera altos niveles de inflación, esto obedece a que en el mundo hay demanda por muchos de esos dólares y en Europa hay demanda por muchos de esos euros. En Argentina, por el contrario, se emisión de pesos no es acompañada con un mayor demanda. Por el contrario, como la gente observa que los pesos se derriten en sus manos, reducen la demanda de pesos en búsqueda de múltiples activos financieros o reales. Al bajar la demanda de pesos al tiempo que se incrementa la oferta, el desequilibrio lleva a la inflación y la reducción del poder adquisitivo del peso se acelera. Seguir incrementando la oferta de pesos, al contrario de lo que dicta la teoría monetaria moderna, sólo puede conducir a destruir la moneda.
En este campo, la Escuela Austriaca propone numerosas recetas para detener la destrucción de la moneda, promoviendo primero la desnacionalización del dinero, lo que significa terminar con el curso forzoso y el monopolio del Banco Central. Abrir la competencia para que cada persona demanda la moneda que desee, abre un espacio para que ocurra la Ley de Gresham, donde la moneda buena siempre desplaza a la moneda mala. Si en una economía bimonetaria como la nuestra, los argentinos tienen que decidir entre deshacerse de los pesos o los dólares, la lógica de racionalidad indica que usarán los pesos para sus gastos, y guardarán los dólares para ahorro. Esta dolarización espontánea de la economía argentina está ocurriendo lo que agrava el desequilibrio monetario donde la oferta sigue creciendo, mientras que la demanda de pesos sigue bajando.
¿Por qué bajar la tasa de interés genera escasez de ahorro y una mayor tasa de interés futura?
Decíamos que los salarios dependen de la productividad, y ésta depende de la formación y acumulación de capital. Para formar capital se requiere ahorro, el que se canaliza a través del sistema financiero a inversores que los convierten en producción real. De nuevo, el mercado de créditos también se lo estudia a través de sus curvas de oferta y demanda. En este mercado el precio es la tasa de interés. Si se incrementara el ahorro entonces la abundancia de recursos podría permitir a los bancos bajar las tasas de interés, y con ello mejoraría la situación de la actividad y el empleo.
Esto, sin embargo, ha llevado a las autoridades monetarias a creer que bajando las tasas de interés podría también fomentarse el crédito y la inversión. Pero no funciona así. La lógica de la Escuela Austriaca muestra que no es lo mismo fomentar el ahorro para bajar las tasas de interés que bajar las tasas de interés (a través de los créditos blandos del Banco Central) para fomentar el ahorro. Esto último es un error. Si el Banco Central baja las tasas de interés, el ahorro lejos de fomentarse, se lo desincentiva. Si los bancos obtienen dinero del banco central a través de la ventanilla de descuentos, y entregan crédito a las empresas, es cierto que estas podrán invertir esos medios fiduciarios y generar actividad y empleo en el corto plazo, pero tarde o temprano, el haber quebrado la identidad entre ahorro e inversión, dejará en claro que la situación no es sostenible y emergerán niveles de inflación crecientes. Cuando el Banco Central deba subir las tasas de interés para contener la inflación, los proyectos de inversión que se generaron tendrán que interrumpirse, dejando a la economía en una situación de crisis y depresión. La Escuela Austriaca demuestra que los ciclos económicos son las consecuencia lógica de intervenir en el mercado de créditos con tasas de interés más bajas que aquellas que surgen naturalmente en el mercado de ahorros.
¿Por qué los controles o cepos al dólar generan mayor escasez de divisas?
La cotización del dólar resulta también del análisis de la oferta y demanda de esta divisa. Céteris paribus, cuando abundan los dólares, el tipo de cambio está bajo. Cuando escasean los dólares, el tipo de cambio está alto. La poca confianza que tienen los argentinos en el gobierno, ha hecho que tras el resultado de las PASO de 2019, los ahorristas retiraran sus dólares del sistema financiero. Los dólares están debajo del colchón, en cajas fuertes, cajas de seguridad, o incluso en Uruguay, Madrid, Suiza o Miami, pero muy lejos de las reservas brutas del Banco Central. Con baja oferta de dólares no puede sostenerse un nivel adecuado de demanda, lo que ha conducido al gobierno a imponer un cepo cambiario sobre los demandantes de divisas. Esto por supuesto complica a los fabricantes de bienes en Argentina, pues enfrentan cuellos de botella al no poder importar los insumos que necesitan para la producción. El gobierno fomenta entonces una política de sustitución de importaciones pretendiendo reemplazar la importación con producción de la industria nacional, dando lugar a un nacionalismo económico que es consistente con más proteccionismo y aislamiento.
La Escuela Austriaca, por el contrario, sugiere abandonar todos los controles y retirar el cepo. Al hacerlo, claro que el tipo de cambio subirá como consecuencia del incremento en la demanda, pero esto a la vez promoverá un retorno de los dólares al sistema financiero, que se equilibrarán en un nuevo tipo de cambio nominal, consistente con la oferta y demanda de dólares. Pronosticar cuál es el tipo de cambio nominal al cual tendería este nuevo mercado cambiario desregulado es imposible para cualquier analista, pues no se puede anticipar el nivel de confianza del mercado en la nueva política y su sostenibilidad. Pero al menos se eliminaría la brecha entre el dólar oficial y el blue, y dejaría de haber privilegiados que acceden a importar bajo el dólar oficial, y el resto del pueblo que no puede acceder a ese beneficio.
En este sentido, algunos economistas de la Escuela Austriaca promovemos una propuesta de dolarización flexible de la economía argentina, pues queremos ofrecerle a los argentinos la posibilidad de elegir el dinero con el que quieren operar, al tiempo que entendemos que es vital que Argentina termina con el Banco Central como una institución que promueve la alta inflación. Dolarizar la economía tiene efectos inmediatos positivos: bajar la inflación a un dígito y también bajar las tasas de interés reales y nominales, pues se elimina el riesgo de nuevas devaluaciones.
La economía es contraintuitiva
Lo intuitivo para la lógica popular es perseguir a quienes suben los precios o bajan los salarios; poner dinero en los bolsillos de la gente y ofrecer créditos blandos para que haya inversión; si no hay dólares limitar su demanda con controles y cepo, y si hay pobreza grabar a los que más tienen para repartir donde falta. Pero los mercados no funcionan de ese modo. Los mercados funcionan con incentivos, y los precios resultan ser sintetizadores (aunque imperfectos) de información y conocimiento disperso. Para coordinar los mercados necesitan precios libres, y cuando me refiero a esto, hablo también de salarios, tasas de interés y tipo de cambio. La Escuela Austriaca ofrece una lógica que puede ser la mejor vacuna para la enfermedad del populismo que hoy nos condena
Tal y como refería Bruno Leoni en Lecciones de Filosofía del Derecho, “hasta hace un siglo se nutría aún la esperanza de aplicar en el campo del derecho un tipo de demostración análogo al de las ciencias físico-matemáticas según un procedimiento que había tenido defensores ilustres ya desde el siglo XVII (Grocio, Spinoza, Hobbes, Leibniz, Locke y más tarde otros). Es decir, se pensaba que podía llegarse con razonamientos irrefutables a determinadas conclusiones válidas en el campo de las ciencias jurídicas. Desde entonces nuestra confianza en esa posibilidad ha disminuido. La llegada del historicismo (Savigny) convenció la imposibilidad de congelar el derecho en un sistema de proposiciones válido para todo tiempo.”.
Esta objeción a la posibilidad de establecer un fundamento lógico en y para el derecho, se hacía extensible a otras ciencias de carácter empírico en Hume, que hacía a la razón “la esclava de las pasiones y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas”, a partir de lo que Sabine definió como muerte del derecho natural.
Es decir, parecía sobrevenir la idea de constructo, de “actividad puramente constructiva” olvidando toda su aspiración de claridad tal y como se lamentaba Wittgenstein, y en ese elaborar un productor cada vez más complejo, no solo el original incorporaba nuevas capas de complejidad manteniendo una base constante, sino el propio momento original incorporaba tantas derivadas que, en no pocas ocasiones, cosas fundamental y formalmente distintas han sido estudiadas como disciplina con un nombre único.
Ésta era precisamente la objeción que Hayek proponía respecto del término economía productor de la amplitud de contextos y fenómenos en los que y para los que se aplica. Por ello, proponía circunscribir su “estricto significado original que describe un complejo de acciones deliberadamente coordinadas a propósito de un fin único, adoptando otro término para describir el sistema de numerosas economías interrelacionadas que constituye el orden del mercado.
Dicho nombre es cataláctica o catalaxia, cuya significación refiere no solo el hecho de “intercambiar” sino también de «admitir a alguien en la comunidad” y “convertir al enemigo en amigo””.
Esta descripción hakeyiana remite de manera casi directa a una lógica de índole matemático que permite un discurso verdaderamente causal en el sentido de establecimiento de premisas y consecuencias implícitas formales, tal y como expresaba Hume como posible en esta disciplina y de la que predicaba su imposibilidad para aquellas de naturaleza empírica. Esta lógica o hilo discursivo no es otra que la Teoría de Juegos.
Tal y como expresó uno de los mayores referentes en esta teoría, pionero en la misma, un juego dista mucho de ser una estructura estrictamente computable. Expresado en sus propios términos, “El ajedrez no es un juego. El ajedrez es una forma bien definida de computación. Puede que no te sea posible concebir las respuestas; pero en teoría debe existir una solución, un procedimiento exacto en cada posición. Ahora bien, los juegos verdaderos no son así. La vida real no es así. La vida real consiste en farolear, en tácticas pequeñas y astutas, en preguntarse uno mismo qué será lo que el otro hombre piensa que yo entiendo hacer. Y en esto consisten los juegos en mi teoría”.
Dicho en estos términos, parece que la expresión cataláctica tiene mucho que ver con un juego del tipo referido por Von Neumann. Sin embargo, y dada la necesidad de una premisa para poder seguir un discurso causal, ésta no puede quedar sometida a una caracterización a posteriori. No puede serlo por una cuestión esencial: porque dejaría de ser una premisa. En efecto, dicha premisa ha de actuar de manera axiomática y no especulativa. Si se hiciera de otra manera, ya no solo es que estuviéramos actuando de una manera ilógica, cuando no poco honesta, atribuyendo el carácter de lo que se quiere a lo que no es para que sea (una premisa), sino que el discurso causal dependería única exclusivamente de lo que quisiéramos obtener. No sería algo racional, aunque el discurso lo fuera, sino una doctrina.
Esto es precisamente lo que ocurre con diversas escuelas de pensamiento. Muchas de ellas podrían ser perfectamente definidas como profecías auto cumplidas, puesto que en su desarrollo pretendidamente lógico o racional está contenida la premisa con elementos que tienen que ver más con el querer ser que con el ser. La esclavitud de la razón a las pasiones.
Por tanto, ¿cabe encontrar alguna premisa para el juego cataláctico cuyo establecimiento responda a una caracterización ex ante al desarrollo lógico del resto de sus elementos como consecuencias implícitas formales?
Es aquí donde la Teoría de Juegos proporciona una herramienta tremendamente potente toda vez que huye de cualquier elemento prejuicioso: la utilidad. No en el sentido de Bentham o Stuart Mill, donde el psicologismo o el valor percibido es lo relevante, sino una caracterización negativa y cuantificable que evita estas cuestiones.
Cuando Morgensten y Von Neumann se enfrentaron al problema de la utilidad, encontraron precisamente el problema de su definición al margen de lo percibido tal y como ocurre con el utilitarismo. La solución de Von Neumann fue del tipo que sigue:
Imagínese una interacción o juego, donde el Jugador 1 quiere obtener el resultado A.
¿Cuál es la utilidad de A?
Si se le preguntara al Jugador 1, podría dar tantas respuestas como estados de ánimo atraviese, por lo que su valor percibido, no es un buen punto de partida para establecer un proceso racional de caracterización de éste juego o de cualquier otro.
La solución de Von Neumann, en términos numéricos.
Ofrézcase al Jugador 1 un punto de utilidad de otro juego.
Si no lo acepta, quiere decir que el resultado A, tiene más valor en términos de “útiles” que la alternativa.
Repítase la misma operación hasta que el Jugador 1 acepte el agregado de “útiles” alternativos a cambio del resultado A. Éste será el valor de utilidad de este resultado para el Jugador 1.
Nótese que la escala, como todas las escalas, es algo enteramente arbitrario. Sin embargo permite definir la utilidad de un juego por lo que no lo es Esto es, no hace falta caracterizar, valorándolo, ni el juego, ni las estrategias de todos los jugadores participantes y, por tanto, permite seguir lo que Hume deseaba y lo que tantos otros han pretendido en áreas como la economía, la cataláctica, o el derecho: un discurso verdaderamente causal.
¿Cómo puede ser esto aplicado a fenómenos como el derecho o la cataláctica? Es algo más o menos sencillo. Se desarrollarán algunos puntos fundamentales a continuación de manera esquemática para ganar en claridad:
Todos los jugadores tienen unas preferencias reveladas. Esto es, un nivel de utilidad para cada resultado medido cuando dicho resultado se obtiene sin más participantes.
De ello depende las estrategias de dichos jugadores cuando, efectivamente, para ese resultado medie una interacción con otros jugadores ya sea de confrontación, colaboración o cualquier otro escenario intermedio.
Hay dos escenarios: interacción directa o interacción en un sistema (entiéndase por tal la cataláctica o el derecho, pero sin definir las normas).
Como las normas son una caracterización a posteriori, es decir, estamos en un momento límite de interacción, la única definición que se puede ofrecer del sistema, del juego, es la interacción entre todos los jugadores no es directa. Esto es, el criterio de interacción no está únicamente marcado por las preferencias reveladas y su estrategia, sino que está mediatizado.
Es decir, se produce, en este momento límite, una cesión de la posibilidad de desarrollar estrategias, independientemente de cuáles sean, de acurdo única y exclusivamente con las preferencias reveladas.
Ésta, la cesión así definida, es la verdadera premisa de cualquier sistema humano organizado para la consecución de un fin. No es el lugar para desarrollar todas ellas, pero nótese que a partir de este momento “fundacional” o límite, es posible caracterizar todas las posibles consecuencias implícitas formales.
Además de lo anterior, existe un elemento adicional. Los juegos definidos en el sentido de Von Neumann han de revestir otra característica adicional. Esto es, los jugadores, y con ellos el juego, han de ser perfectamente racionales. Racionalidad que, de nuevo, huye de cualquier tipo de singularización valorativa, centrándose en algo que ya de por sí está perfectamente definido: todos ellos juegan, interaccionan, de tal manera que buscan su mayor nivel de utilidad al final de cada interacción.
Por tanto la cesión, que marca el origen sistémico, ha de ser además racional o, dicho de otro modo, un “maximizador” de utilidad para los intervinientes.
Es decir, que si existe una participación permanente de un jugador en un sistema definido por la cesión de la posibilidad de desarrollar sus estrategias de maximización de utilidad como buen jugador racional, la utilidad posible que puede obtener en cada partida en la que participe o interaccione dentro del sistema, ha de ser siempre mayor que interaccionar fuera del sistema. Recordemos que ésta es exactamente la definición de utilidad-útiles de Von Neumann para al armazón que a partir de ahí se desarrolla como Teoría de Juegos.
En este sentido, tenemos aquí una de las primeras caracterizaciones de la premisa como consecuencia implícita formal y no al revés: la cesión no es una pérdida sino un depósito que, al final, se suma a todos los resultados posibles en términos de utilidad. De esta manera, quien interaccione de acuerdo con sus preferencias reveladas dentro del sistema, querrá actuar de la siguiente manera si es racional:
Querrá ceder la menor cantidad posible de posibilidad de desarrollo de estrategias de acuerdo con sus preferencias reveladas.
La cantidad cedida, se debe sumar al resultado final.
Tanto si gana como si pierde, dicho nivel de utilidad se le suma a su resultado. Esto es, que al final de la partida, si pierde, pierde menos y si gana, gana más que fuera del sistema.
Por tanto, y aunque parezca paradójico, un sistema racional es un generador de utilidad a través de, precisamente, cederla previamente.
A partir de aquí ya no quedaría sino entrar en la obtención o caracterización del resto de elementos sistémicos (recuérdese, sistemas finalistas aunque no haga falta explicitar la finalidad de los mismos) como consecuencias implícitas formales. Una de las cuales es, sin lugar a dudas, la caracterización de la premisa.
De acuerdo con la propia racionalidad de los jugadores, ya se ha visto cómo la cesión ha de ser la menor posible pero que cumpla con su funcionalidad de maximización de utilidad que apunta no solo a los resultados de los jugadores sino al propio fin del sistema. Esto explicaría por ejemplo la norma: ha de ser el mínimo restrictivo del individuo y el máximo asegurador del fin trascendente al individuo y por el cuál se establece la cesión-premisa.
En esa “menor cesión posible de utilidad” que es racional porque se espera una mayor utilidad que en los pares de resultados posibles al margen del sistema definido por tal cesión, se encuentra contenido un concepto de la mayor relevancia posible: la libertad. La libertad como una consecuencia implícita formal.
Es decir, la cesión no anula la posibilidad de desarrollar estrategias puras, sino que sirviendo a un fin, útil también, y siendo racional hacerla porque genera utilidad en los pares de resultados, debe ser la mínima posible para que no exista la alternativa en la que para un jugador sea más racional no ceder porque va a obtener más utilidad al margen del sistema. Esto es lo mismo que hacer perder utilidad al fin y, por tanto, el sistema deviene irracional.
En este sentido y, sin ánimo de mayor extensión en un tema que así lo requiere, una caracterización lógica, susceptible de ser formalizada, de la cataláctica, acaba por tener la libertada como una de sus primeras consecuencias implícitas formales.
En términos más llanos, la libertad en lo cataláctico (que implica lo social, económico, legal) es, sencillamente, una cuestión lógica.
Desde que en el 39° Congreso Federal del PSOEse cerrase la puerta a debatir sobre la posible regulación de la gestación subrogada, los socialistas españoles han abrazado las tesis del feminismo radical que considera que actividades como la gestación subrogada, la prostitución o la pornografía constituyen una forma de mercantilización del cuerpo de la mujer que resulta indefendible. El propio expresidente Zapatero así lo señaló durante el 40° Congreso del partido que tuvo lugar el fin de semana pasado. No obstante, estas tesis presentan graves problemas teóricos y empíricos. A continuación intentaré analizar algunos.
Andrea Dworkin (1993) y Catharine MacKinnon (1993) son dos de las teóricas abolicionistas más conocidas. La primera considera que la prostitución es una práctica “intrínsecamente abusiva” en la que el hombre paga y hace lo que quiere con el cuerpo de la mujer. Además, la contraprestación económica en ningún caso hace que esta experiencia le resulte placentera ni deseable. En línea con Dworkin, para MacKinnon la prostitución supone la negación de la humanidad de las mujeres. En esta actividad, “las mujeres son torturadas mediante violaciones repetidas […] son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a tratos crueles y brutales sin límites humanos; es la oportunidad de hacer esto lo que se intercambia cuando las mujeres se compran y venden por sexo” (MacKinnon, 1993: 13).
Las posturas abolicionistas, al contrario que las prohibicionistas, no defienden la prohibición legal del trabajo sexual ni la persecución de las prostitutas (utilizo el femenino porque en su mayoría son mujeres, aunque no hay que olvidar que los hombres homosexuales y los transexuales también son un porcentaje importante de los trabajadores sexuales), pero tampoco están a favor de un reconocimiento jurídico que la homologue con la provisión de otro tipo de servicio.
Manifestaciones pretéritas a favor y en contra de la prostitución.
El modelo sueco, la legislación que fue adoptada por ese país en 1999, es ejemplo abolicionista por antonomasia. Parte de la consideración de la prostitución como una forma de violencia de género, y criminaliza y persigue penalmente la compra de sexo, es decir, a los clientes, en vez de a las prostitutas. Este modelo se ha implantado además en Islandia, Noruega y Francia.
Este tipo de legislación asocia la prostitución con la trata con fines sexuales y la explotación sexual. Para los abolicionistas, no se puede diferenciar entre prostitución voluntaria y explotación. Nadie, si no fuese por obligación -coacción o necesidad económica-, podría prestar su consentimiento para acostarse con otra persona a cambio de dinero.
Este argumento esconde la idea de que una persona en situación de necesidad económica pierde su capacidad de agencia y, por lo tanto, la posibilidad de decidir libremente. No obstante, cabría preguntarse si el derecho a disponer del propio cuerpo debe ser un derecho exclusivo de quienes se encuentran en una mejor situación socioeconómica.
Lo que debemos valorar es si ese intercambio limita de alguna manera los derechos y las libertades de quienes participan en él. Y en ese sentido, es un error creer que la introducción de dinero en una relación la contamina hasta el punto de invalidar el consentimiento expresado por un individuo adulto, ni siquiera cuando dicho consentimiento se produce motivado por la necesidad económica. Esta, que es la motivación principal tras la realización de la mayoría de trabajos, no introduce un vicio en el intercambio que deba llevarnos a reprobarlo. Lo cual no quiere decir que no deba preocuparnos que una persona carezca de alternativas suficientes entre las que elegir para poder tener un sustento económico que le permita desarrollar sus planes de vida. Pero si de verdad nos preocupa que la situación económica personal condicione las decisiones de la gente, debemos enfocar nuestros recursos en mejorar su situación o en ofrecerles alternativas, pero en ningún caso en restringir las disponibles cortando su libertad y capacidad de decisión.
En definitiva, el modelo abolicionista parte de un enfoque paternalista e infantilizador, así como profundamente antiliberal. Para sus defensores, las mujeres adultas que acceden al trabajo sexual son como los menores, incapaces de dar su consentimiento. Desconocen que el consentimiento tiene que ver, precisamente, con la ausencia de coacción. Por ende, una persona será siempre más libre cuando pueda decidir sobre algo que si otra persona ha decidido de antemano por ello. De la misma manera en que aceptamos que una persona mantenga relaciones sexuales con otra persona sin que haya compensación económica, debemos aceptar la posibilidad de que una personas pueda consentir hacerlo a cambio de dinero.
Este modelo no solo parte de unos presupuestos, a mi juicio, equivocados. Una confusión grave alrededor del consentimiento o la creencia de que se debe poder legislar sobre lo que los adultos pueden hacer con su cuerpo. Además, yerra en su aplicación práctica, generando unas consecuencias nefastas para aquellas personas a las que pretende ayudar.
Temor a detención y condena
Estas políticas suelen empujar el trabajo sexual voluntario a la clandestinidad, haciéndolo todavía más inseguro: el temor a la detención y condena de los clientes hace que estos no estén dispuestos a dejar su información de contacto. Cabe añadir que contribuyen a aumentar el estigma, provocando que muchas trabajadoras sexuales confíen todavía menos en las autoridades y servicios de salud pública. (Holmström y Skilbrei, 2017)
Por último, también hay estudios que señalan que las prácticas policiales represivas, legales o ilegales, vinculadas a una criminalización, parcial o total, del trabajo sexual, están asociadas a mayores riesgos de infección por VIH o ETS, violencia física o sexual por parte de los clientes, así como un menor uso del preservativo durante la práctica sexual (Platt et al., 2018).
Por el contrario, su regulación está asociada con una disminución de los delitos sexuales (Ciacci & Sviatschi, 2018; Cunningham y Shah, 2018; Bisshop et al., 2017) y de ETS, debido a un mayor uso del preservativo (Cameron, Seager y Shah, 2020; Cunningham y Shah, 2018). Además, también se ha mostrado que la despenalización puede mejorar las relaciones entre las prostitutas y la policía al aumentar la capacidad de reportar incidentes violentos y facilitar el acceso a servicios de salud (Armostrong, 2016).
En definitiva, el abolicionismo, en lugar de perseguir el ejercicio coactivo del trabajo sexual, proteger la salud y garantizar los derechos y libertades de estas trabajadoras, encarna una comprensión reduccionista y paternalista que, a través de un marco de victimización de estas mujeres, socava su agencia, autonomía y capacidad de decisión. Pero ni ha conseguido proteger a las prostitutas ni ha conseguido abolir la prostitución.
Actuando en libertad cada individuo revela lo que considera bueno: «Sea pues bueno aquello que sea elegible por sí mismo» (Aristóteles, 2009: 77). Por el contario, lo malo procura ser evitado. El hombre por imperativo biológico —sostenimiento y perfeccionamiento de la vida— necesita apropiarse de bienes pudiendo hacerlo de dos formas: «El trabajo y el robo, el propio trabajo y la apropiación por la fuerza del trabajo de otros»; distinción que Oppenheimer (1926: 24) denominada «medios económicos» y «medios políticos».
El origen del impuesto nunca fue un mítico «contrato social», sino la apropiación violenta de la riqueza mediante la conquista (Bodino, 1576). Paulatinamente, el impuesto se fue sistematizando con funcionarios al servicio de las élites políticas; por ejemplo, la unificación que supuso el Sistema Métrico Decimal (Lavoisier, 1799) facilitó la labor confiscatoria del Estado moderno.
El tributo enriquece a quien lo percibe y empobrece a quien lo paga, por ello, uno intenta acrecentarlo y el otro intenta escamotearlo. Cobrar impuestos requiere de una capacidad técnica que combina información, organización, coacción y persuasión. A pesar de que el Estado posee la fuerza para doblegar la resistencia de sus víctimas, procura conseguir su voluntariedad o, al menos, su anuencia. La persuasión incrementa el ingreso fiscal mediante la reducción de costes del recaudador. El lenguaje, sin duda, es una potente herramienta de legitimación fiscal cuya finalidad es hacer creer al individuo que los tributos son justos, necesarios y que, en última instancia, él es el principal beneficiario. En el presente artículo, por fiscalidad o tributación entendemos cualquier obligación dineraria o servidumbre (militar, electoral, judicial) forzosa.
El impuesto no es voluntario
«El interesado, antes de actuar de uno u otro modo, valora y pondera la posibilidad de que otro ejerza coacción sobre él» (Mises, 2011: 766). El impuesto no es voluntario, se cobra bajo amenaza; no obstante, el recaudador intenta disfrazarla empleando verbos —aportar, colaborar, contribuir, destinar, pagar, participar, prestar, sufragar— que infieren voluntariedad. Sin duda, sería más realista llamar «confiscado» al «contribuyente». El actual «Impuesto de Bienes Inmuebles» (I.B.I.) se llamaba «contribución». La Constitución española (art. 31. 1) reza: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos […]». De igual modo, se pervierte el significado de «colaboración» (art. 118): «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así́ como prestar la colaboración requerida […]». La «participación» y «colaboración» que exige el Estado es sui generis; por ejemplo, negarse a «participar» como miembro de un Jurado supone multa entre 150€ y 1.502€; y negarse a «colaborar» en la realización de encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE) conlleva sanción. Las organizaciones criminales privadas emplean la misma técnica que el Estado, por ejemplo, así se dirigía E.T.A. al abuelo de Santiago Abascal: «Sr. ABASCAL, hace algún tiempo recibió Vd. una carta nuestra en la que le hacíamos petición de 10 millones de pesetas como contribución económica a la lucha del Pueblo Vasco […]».
Otro eufemismo es llamar «prestación» a cualquier forma de servidumbre o trabajo forzado, como el servicio militar obligatorio. De igual modo, el verbo «pagar» es usado equívocamente cuando declaramos «pagar» impuestos o «pagar» el sueldo a los políticos. Analicemos este titular: «Los españoles destinan el 52% de sus salarios al pago de impuestos»; aquí los verbos «destinar» y «pagar» enmascaran la naturaleza violenta de la fiscalidad. El ciudadano no «paga» salarios públicos, ni «sufraga» obras o servicios públicos y ni siquiera «paga» su propia jubilación. Es el gobierno, previa confiscación, quien realiza todos esos pagos. Sería más apropiado afirmar que los políticos se pagan a sí mismos. Otras veces, una cuota forzosa se camufla como «aportación»: «El sistema […] se financiará con los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores». Cual trilero, el gobierno retiene a las empresas un dinero que luego les devuelve como «crédito» formativo y, de paso, se embolsa cada año más de 900 millones € por cursos no impartidos.
Otra perversión del lenguaje es esta: «El Gobierno ha pedido un esfuerzo adicional a los ciudadanos durante la crisis»; o bien: «Los españoles han asumido sacrificios y en cuanto podamos bajaremos los impuestos»; pero los políticos no piden permiso para saquear a los ciudadanos. El colmo del cinismo es denominar «voluntario» al período de pago (sin recargo) de ciertos tributos municipales: I.B.I., tasa de basura, impuesto de circulación, etc.
Para combatir la manipulación verbal es recomendable hablar en plata, por ejemplo, la cuota que «pagaban» las empresas por su pertenencia forzosa a las Cámaras de Comercio era más conocido como «impuesto revolucionario». Otra estrategia es hacer ostensión verbal de estar siendo coaccionado; por ejemplo, algunos políticos separatistas prometen su cargo por «imperativo legal» para manifestar su oposición al statu quo político. De igual modo, podríamos adjetivar como «forzosos» específicos hechos y situaciones; por ejemplo: contribuyente forzoso de impuestos, médico colegiado forzoso Nº…, presidente forzoso de la mesa electoral…, miembro forzoso del jurado…, etc
Competitividad fiscal
La palabra competitividad tiene una connotación positiva. La competencia mercantil proporciona a los consumidores bienes económicos con la mejor relación calidad-precio posible. Los peores competidores desaparecen o son adquiridos por los mejores. Al hablar de competitividad fiscal se da a entender que los gobiernos compiten entre sí buscando el plácet de los ciudadanos, pero el Fisco no es una empresa ni compite como una empresa. En primer lugar, la competencia fiscal es contraria a la naturaleza expansiva del poder político: «Un gobierno es tan fuerte como lo son sus ingresos» (Chodorov, 2002: vii). No nos engañemos, ni siquiera la (estatista) curva de Laffer busca el interés del contribuyente, sino optimizar el ingreso fiscal. Los índices de competitividad fiscal (ICF) que elaboran fundaciones y think tanks libertarios son empleados para persuadir a los gobiernos y que sean fiscalmente atractivos a residentes y empresas. Esta estrategia se ve fuertemente contrarrestada con acusaciones de dumping fiscal y por el intento de «armonización» fiscal proveniente de saqueadores sin complejos. Más que competir, los gobiernos se cartelizan para subir impuestos; por ejemplo, tras la crisis de 2008, se orquestó un catastrazo nacional que multiplicó el I.B.I. por 3,5 en una década. Sería más apropiado llamarlo «Índice de agresión fiscal».
En segundo lugar, los gobiernos no quiebran por falta de competitividad fiscal; por ejemplo, Cuba lleva 60 años siendo un pésimo competidor fiscal y perdiendo población, pero ahí sigue. Los Estados no se ven obligados a reducir su fiscalidad, por el contrario, el avance imparable del Estado social no ha hecho sino incrementarla.
Dumping fiscal
En un artículo anterior ya vimos que prohibir la venta a pérdida o dumping carece de justificación ética y económica. El dumping es un fenómeno exclusivamente mercantil ya que los gobiernos no venden bienes a precios de mercado. La incorrecta acusación de dumping fiscal, por tanto, se refiere más bien a tener una fiscalidad «demasiado» baja. Por ejemplo, se acusa a la Comunidad de Madrid de «deslealtad» porque sus impuestos —sucesiones, donaciones y patrimonio— son más bajos que en otras regiones. Toda propuesta de «homogeneización» o «armonización» fiscal es un intento igualitario de saquear a todos al máximo nivel.
Paraíso fiscal
Un deslizamiento lingüístico es probablemente el origen de la metáfora «paraíso fiscal», dado el parecido entre los sustantivos ingleses haven (refugio) y heaven (paraíso). En cualquier caso —refugio o paraíso — nos estamos refiriendo a una jurisdicción con nula o baja fiscalidad que atrae a capitales y residentes de otros Estados. Los paraísos fiscales han sido objeto de las peores acusaciones —blanqueo de capitales, fraude, elusión— por la mayoría de gobiernos (auténticos «infiernos» fiscales), que ve mermada su capacidad confiscatoria. Resulta cómico que los mayores agresores fiscales acusen a los más moderados de «prácticas fiscales abusivas». El mundo al revés. En particular, La Unión Europea (2021) tiene una lista negra de 21 jurisdicciones que no «cooperan» lo suficiente al saqueo fiscal de Bruselas.
Impuesto confiscatorio
Se trata de un pleonasmo pues todo impuesto, en mayor o menor medida, es confiscatorio. Sin embargo, los hablantes entienden por «confiscatorio» un tributo desmedido o abusivo: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio» (CE, art. 31. 1). El legislador hace un brindis al sol cuando no precisa el significado de «confiscatorio», permitiendo el expolio fiscal con impunidad. Esta argucia convierte al gobierno en dueño y señor de toda la riqueza, estipulando en cada caso qué porción reclama para sí y cuál permite conservar al contribuyente (Chodorov, 2012: 8).
El impuesto progresivo es regresivo
La (espuria) justicia social exige que los más ricos sean sacrificados en el altar del Estado social mediante una fiscalidad «progresiva». Paradójicamente, como apunta el profesor Benegas Lynch (2014), las personas con ingresos más bajos (supuestos receptores del botín fiscal) resultan perjudicados de forma indirecta. A medida que la renta se incrementa, generalmente, la proporción dedicada al consumo disminuye y la dedicada al ahorro e inversión aumenta. El impuesto progresivo reduce el consumo de los más «ricos», pero reduce en mayor proporción la inversión en bienes de capital; y una menor tasa de capitalización implica salarios e ingresos reales más bajos. Por otro lado, el impuesto progresivo desincentiva el trabajo de los profesionales más productivos, agravando la escasez de servicios altamente valorados por los consumidores. Por ejemplo, un afamado cirujano reducirá voluntariamente el número de intervenciones quirúrgicas. En definitiva, el impuesto progresivo penaliza los factores de producción capital y trabajo: «La producción y la riqueza total ha sido rebajada» (Mises: 2011: 779).
Confusión fiscal y jurídica
Consiste en hacer que la legislación fiscal sea tan intrincada, ambigua y cambiante como sea posible, de tal forma que constituya un arcano para los legos y un laberinto para los técnicos, que ven mermada su capacidad de asesoramiento. Cuanto más confusa y alambicada sea la normativa más ventaja tiene el Fisco que, actuando como juez y parte, interpreta la norma en su favor. La inseguridad jurídica de individuos y empresas es la seguridad económica al gobierno.
La confusión fiscal intersecta con el Derecho. El legislador enmascara la coacción haciendo creer al ciudadano que un deber legal —fiscal, militar, electoral, judicial— es al mismo tiempo un derecho. Por ejemplo: «Son derechos y deberes de los vecinos: […] d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales». Sin embargo, para un mismo individuo algo no puede ser simultáneamente derecho y deber (García-Trevijano, 2012). Veamos otra mentira: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España». Claramente, el servicio militar obligatorio no es un derecho porque si lo fuera podría dejar de ser ejercido, es decir, todo derecho incluye su abstención. Votar tampoco es derecho y deber. El sufragio activo es un derecho político y su corolario es el derecho de abstención (no votar). Es una indecencia que los legisladores elaboren falacias informales, a saber, «usos equívocos de términos y abusos de imprecisión» (Vega, 2007: 196).
Benegas Lynch, A. (2014). «El rol de la desigualdad de ingresos y patrimonios» [Video file]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZZ-mfv9-Ohs&t=833s
Bodino, J. (1997). Los Seis Libros de la República. Madrid: Tecnos.
Chodorov, F. (2002). “The Income Tax: Root of all Evil”. [Online edition]. Ludwig von Mises Institute.
Consejo de Europa: https://www.consilium.europa.eu/media/52208/st12519-en21.pdf
Constitución española de 1978.
Constitución suiza de 1995.
Mises, L. (2011). La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial.
Oppenheimer, F. (1926). The State. New York: Vanguard Press.
Sánchez, D. (2013). “Taxes and History” [Video file]. Recuperado de https://www. youtube.com/watch?v=bOjaE_-BNY0
García-Trevijano, A. (2012). «El voto es un derecho, no un deber». Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NNgtyr5HDtY
Rothbard, (2013). El Hombre, la Economía y el Estado (vol. II). Madrid: Unión Editorial. Vega, L. (2012). Si de argumentar se trata. España: Montesinos.
Siempre es un honor ser invitado a hablar sobre la democracia y la herramienta jurídica que determina su esencia, es decir, la ley electoral. O lo que es lo mismo, sobre la libertad política. Más aún si el anfitrión es un reconocido defensor de la libertad, como el Instituto Juan de Mariana. Y qué mejor que en este templo de la libertad, por tanto, para recordar que la democracia, tantas veces evocada incluso por sus enemigos, no constituye un fin en sí mismo, sino que es la garantía del resto de las libertades.
Benjamin Constant nos advirtió de ello hace ya muchos años. Sin la institución jurídico-política que permite a los ciudadanos poner y deponer libremente a sus gobernantes, el resto de las libertades quedan subordinadas a la voluntad arbitraria del poder establecido. Pues bastaría una ley, del rango pertinente, para subvertir parcial o totalmente todo un régimen de libertades. Por eso llama tanto la atención que entre los liberales no exista la firme determinación, incluso la obsesión, por instituir regímenes políticos en los que la democracia pueda desarrollarse en plenitud de condiciones.
Desde Locke y Montesquieu, por un lado, y desde Marsilio de Padua, que no puede considerarse un liberal, pero sí un exponente del republicanismo cívico sobre el que posteriormente se basó el liberalismo político, existen dos pilares sobre los que se asienta la arquitectura democrática: la separación de poderes y la representación. Me centraré en la última por ser esta la afectada por la ley electoral
El sistema electoral reviste tal importancia en un sistema político que puede decirse que este no es solo materia constitucional sino constituyente, porque determina la naturaleza íntima de un régimen de poder. ¿Cuál es la diferencia esencial entre una dictadura, una oligarquía y una democracia si no es el modo de acceder al poder de los gobernantes?
Pero esta gran cuestión tiene también una traducción práctica que creo que los liberales deben comprender a la perfección. Si atendemos a la máxima de Mandeville, descrita en “La fábula de las abejas” y que sirvió de base a Adam Smith para escribir su “Teoría de los sentimientos morales”, podremos inferir que el interés privado, individual, constituye el motor, junto al altruismo reciproco, de la acción humana.
Si los gobernantes de una sociedad no dependieran de sus ciudadanos ¿cómo podrían estos caer en la ingenuidad de creer que los primeros trabajarían para la sociedad? Si en el mercado uno trabaja para quien le paga, porque quien paga es aquel de quien depende el que trabaja, ya sea por cuenta propia o ajena, ¿por qué la política habría de regirse por una ley distinta?
La gran cuestión que debemos hacernos no es, por lo tanto, si la máxima descrita opera en todas o casi todas las circunstancias, porque es obvio que sí. La pregunta que debemos hacernos es si en España se dan los factores necesarios para que la libertad política esté garantizada institucionalmente por medio de un sistema electoral apropiado. La respuesta es un no rotundo.
En España no elegimos directamente a nuestros representantes, sino que refrendamos la elección que previamente ha tenido lugar en otra parte. Más concretamente, en la planta magna de las sedes de los partidos políticos. Un sistema de listas cerradas y bloqueadas, con financiación pública limitada a los partidos que ya tienen representación no es una dictadura, pero se compadece mejor con una oligarquía de partidos o con una partidocracia, cuyas cúpulas son las que verdaderamente disponen de todo el poder de decisión.
Por lo tanto, si los jefes de los representantes del pueblo no son los ciudadanos sino las cúpulas de los partidos políticos, también resulta obvio que los diputados, los hombres de partido, trabajarán para sus jefes. Mientras no desparezca este vínculo diabólico entre el representante de los ciudadanos y el jefe de su partido, no obtendremos una verdadera representación política. Y sin ella, acabamos de demostrarlo, no será posible que las instituciones sean eficientes.
Algo tan sencillo de comprender, lleva cuarenta años sin ser modificado. No debemos apelar a la clase política para cambiar una ley que tanto le beneficia. La única apelación posible es a los ciudadanos. Por la democracia, pero, sobre todo, por las libertades individuales que esta garantiza.
Próximamente se presentará en el Congreso, y veremos si se aprueba, la ley de Presupuestos generales del Estado para el año 2022.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se subirá a la tribuna, a exponer los puntos fundamentales de unos presupuestos con un record total y absoluto de gastos, 458.970 millones de euros. Lo que conducirá en el mejor de los casos, como luego veremos, a un déficit del 5% del PIB, es decir, los gastos del Estado superarán en un 5% de la riqueza nacional a los ingresos. Y con este, serán ya 15 ejercicios consecutivos con déficit público. Tres lustros en los que los distintos gobiernos han gastado más de lo que ingresaban, algo que todos a nivel personal, veríamos como una locura, pero que hemos normalizado a nivel colectivo.
Mucho se ha hablado de la mal denominada austeridad, cuando conociendo este hecho, salta a la vista que tal cosa jamás existió. ¿Cómo se puede llamar austero a algo si se gasta más de lo que ingresa? Como mucho, menos derrochador, ya que esa diferencia entre gastos e ingresos se redujo durante esos años de “austeridad”, gracias a unos recortes y reformas muy necesarias por otra parte. Pero incluso con ello, nunca se llegó al objetivo, utópico desde nuestro punto de vista actual, casi religioso en el caso alemán, de “equilibrio presupuestario”. Es decir, algo tan radical y fantasioso, como que el Estado gaste como mucho tan solo lo que ingrese, nunca más de esa cifra.
Y la pregunta es, ¿Qué consecuencias tiene que el gobierno sistemáticamente incurra en déficits presupuestarios? Pues un aumento exponencial de la deuda pública que ya ronda el 120% del PIB. ¿Y quién tendrá que devolver esa mastodóntica cantidad? Adivinen, todos nosotros. Más intereses por supuesto. Intereses que ya se nos están haciendo pesados. Alrededor de 31.000 millones de euros en intereses de deuda pagaremos en el año 2022. Para hacernos una idea, eso es casi tres veces lo presupuestado para defensa, o un 50% de todo el gasto en educación. Lo que agranda este peligro, es que actualmente pagamos esa considerable cantidad, tendiendo unos tipos de interés anormalmente bajos, por las políticas expansivas del Banco Central Europeo. Cuando esos estímulos desaparezcan, y no debería ser dentro de mucho, el pago de los intereses de deuda se puede hacer insostenible, llevándonos irremediablemente a la quiebra.
A todas estas malas noticias, hay que sumarle una más que dejábamos entrever al principio. Que esto es en el mejor de los casos. Y es que estos presupuestos, han sido desarrollados con un cuadro macroeconómico totalmente desfasado, con una previsión de crecimiento del PIB que ya ha sido corregida a la baja respecto al que han tomado para hacerlos. Por si fuera poco, este presupuesto contempla unos ingresos record, en muchos casos poco o nada realistas. Al final pasará lo de siempre, nunca se cumplen las optimistas previsiones de ingresos, y en cambio siempre se gasta lo que se tenía previsto o incluso más, haciendo bastante probable que el déficit del 2022 sea mucho más alto que el ya de por sí altísimo desfase presentado por el gobierno.
En conclusión, es urgente acabar con los déficits en las cuentas públicas, ya que endeudarnos más no es una opción factible. Y teniendo en cuenta que los ingresos están en máximos históricos, esto se tendrá que hacer vía recortes de gastos. El presupuesto es muy extenso y hay muchas partidas discutibles o demasiado pesadas. Hará falta un “cirujano” experto que haga los cortes (y recortes) necesarios para salvar al paciente. De no ser así, busquen información de lo ocurrido a Grecia hace una década, pues será nuestro futuro más pronto que tarde.
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