El próximo ministro de Consumo del Gobierno de España, el comunista Alberto Garzón, considera que “el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es… Cuba”. Lo escribió en un tuit de 2012 recientemente borrado (supongo que en aras de la transparencia y la fiscalización política) donde a su vez se nos remitía a un texto del marxólogo Carlos Fernández Liria en el que se loaban las virtudes de la sostenibilidad económica de la castro-cárcel cubana y en el que se contenían aseveraciones tan deplorables e insultantes como que los balseros que han huido de la miseria y de la represión de la isla hacia Estados Unidos son “irresponsables, criminales y suicidas” por intentar mejorar sus estándares de vida personales y familiares.
El quid de la cuestión, más allá del incienso con el que Garzón suele rociar a toda la recua de criminales filomarxistas que el mundo haya conocido, como Castro, Lenin o el Che Guevara, es que el próximo ministro de Consumo de España estaba poniendo como paradigma de consumo sostenible a Cuba. ¿Y cuál es ese nivel de ejemplar consumo sostenible en opinión de Garzón?
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la isla, el salario medio en Cuba en el año 2016 era de 740 pesos cubanos; al cambio, unos 28 pesos convertibles (26,5 pesos cubanos = 1 peso convertible) o 28 dólares antes de retenciones fiscales (un peso convertible = un dólar). En 2012, cuando Garzón publicó su tuit, ese salario medio (que no mínimo) era todavía menor: de 466 pesos convertibles o 17,5 dólares mensuales. Sí, han leído bien: el trabajador cubano medio malvive hoy con un salario de 28 dólares mensuales: una cifra que muchos (incluido el propio Garzón cuando no se rompe las manos aplaudiendo a la dictadura cubana) reputarían inaceptablemente baja en términos diarios (no digamos ya mensuales) para España.
Por supuesto, uno podría pensar que un salario medio de 28 dólares en Cuba cundirá mucho más que uno de 25 euros en España. Pero no. Dado que Cuba no produce prácticamente nada salvo turismo, todas las mercancías esenciales deben ser importadas y, en consecuencia, se importan a los altos precios de los países que las fabrican. De hecho, y para despejar cualquier duda, las autoridades cubanas también publican una larga lista de precios regulados para productos de primera necesidad: por ejemplo, cinco huevos tienen un precio de 0,6 pesos convertibles (0,6 dólares), un kilo de pechuga de pollo deshuesada asciende a 4,35 pesos convertibles, un kilo de leche en polvo cuesta 5,5 pesos convertibles, un tercio de cerveza supone un peso convertible y 100 gramos de pasta de dientes tienen un precio de 1,2 pesos convertibles. O expresado con otras palabras, el sueldo mensual del cubano medio se extingue en una cesta compuesta por tres kilos de pechuga de pollo, dos kilos de leche en polvo, dos docenas de huevos y un tubo de pasta de dientes. Su sueldo no da para más en todo un mes. Y ya si ese cubano medio quisiera optar por un bien de mucho más lujo como un televisor de tubo de rayos catódicos de 21 pulgadas (nótese el sarcasmo), necesitaría el sueldo íntegro de 10 meses (dado que el salario medio en España es de 1.950 euros al mes, sería equivalente a que un televisor de segunda nos costara casi 20.000 euros).
Probablemente, muchos lectores se estén preguntando cómo es posible sobrevivir en tan paupérrimas condiciones. Y, desde luego, la clave está en que aquellos cubanos que no han podido exiliarse de ese infierno sobreviven malviviendo. Existen, empero, dos complementos a ese exiguo salario medio que palían en cierto grado la extrema carestía en las condiciones de vida de los cubanos. Uno son las remesas de los exiliados (esos “irresponsables, criminales y suicidas”, que no solo se jugaron la vida escapando de la cárcel comunista sino que además evitan el colapso socioeconómico del país con sus transferencias exteriores) y el otro es la llamada ‘libreta de racionamiento’, a saber, una canasta de productos básicos que el régimen ofrece a sus ciudadanos a precios subsidiados. ¿Qué bienes están incluidos en esa libreta de racionamiento? En el año 2014, alrededor de la fecha en que Garzón publicó su tuit, con 20 pesos convertibles podían adquirirse, merced al subsidio de la tarjeta, los siguientes alimentos: tres kilogramos de arroz, 230 gramos de frijoles, dos kilos de azúcar, 230 gramos de café, medio litro de aceite, cinco huevos, 454 gramos de pollo, 340 gramos de pescado, 226 gramos de embutido, 230 gramos de carne de soja molida, una caja de cerillas, un kilo de sal (cada seis meses) y 80 gramos de pan diarios. Es decir, miseria racionada y administrada políticamente: ese es el modelo de consumo sostenible que tanto gustaba a nuestro futuro ministro de Consumo.
Acaso se nos intente justificar la extrema miseria del socialismo cubano responsabilizando al embargo (que no bloqueo) estadounidense: pero este sería un debate aparte. Repito: lo relevante (y preocupante) es que Garzón estaba aplaudiendo los misérrimos niveles de consumo de Cuba (sea cual sea su origen) en aras de una (mal entendida) sostenibilidad medioambiental. El próximo ministro de Sánchez ve en la pobreza —forzada, administrada y racionada políticamente desde el Estado— un modelo de consumo que exportar al resto de la humanidad. No se trata, claro, de que el líder comunista vaya a poder trasponer en España el sistema cubano —ni el Gobierno en su conjunto, ni mucho menos un capitidisminuido Ministerio de Consumo tendrían competencias para ello—, sino de que semejantes anteojeras ideológicas —“necesitamos empobrecernos colectivamente y que el Estado sea el encargado de distribuir igualitariamente entre la población la escasez resultante”— serán las que presidirán las medidas que pueda adoptar desde esa rama de la Administración pública.
No más productividad como camino a la sostenibilidad medioambiental (minimizar ‘inputs’ incrementando los ‘outputs’), sino más pauperismo gestionado por políticos bajo el pretexto de la sostenibilidad. El progreso.
El Ministerio para la Transición Ecológica presentó el pasado 16 de diciembre el anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Según el documento oficial, este anteproyecto persigue un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad; dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permita movilizar las inversiones necesarias en los próximos años. Lo consigue, al menos en intención.
Como hemos visto estos días, el precio de la luz no va a bajar mucho y sin embargo, sí va a subir, vía impuestos, el de hidrocarburos. Por eso hay que avanzar en reducir los desequilibrios actuales, ya que España carga con más impuestos a la energía que la mayoría de países de nuestro entorno.
Para ello, se establece la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). Este fondo se nutrirá de la recaudación de impuestos a la generación y de las subastas de CO2 (2.500M€/año) y de las contribuciones que realicen las empresas del sector energético, hasta cubrir el total del coste.
De esta manera, el coste de financiación del RECORE dejaría de formar parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores, tanto hogares como empresas. Un coste que supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.
En definitiva, se transfiere parte del coste desde unos agentes del sector eléctrico a otros sectores energéticos, también usados masivamente. Se ha fraccionado el pago de las subvenciones a las renovables entre varios agentes según su consumo de energía.
De esta manera, los hidrocarburos (petróleo y gas) pasarán a contribuir a la descarbonización, reduciendo la factura para los consumidores de electricidad. Los hidrocarburos son los principales causantes de las emisiones de CO2 y que la electricidad pagaba 8 veces más impuestos que el gas y un 50% más impuestos que las gasolinas.
Las subvenciones a las renovables vieron la luz en el año 2007, bajo el argumento de que para fomentar el despegue de energías que hicieran posible una economía sostenible era necesario un impulso económico vía subvenciones o primas.
Según la previsión del Gobierno en 2009, el sobrecoste que suponían estas primas ascendía a 4.008 millones de euros. La previsión del gobierno es que dicho coste sea de unos 6.500/7.000 millones de euros en 2025, similar al actual.
Desde el gobierno se impulsó un sistema de intervención en las energías renovables a cargo del contribuyente que se ha demostrado ineficiente cuando el sector ha sido capaz de ser competitivo sin subvenciones en muy poco tiempo.
Desde el punto de vista del usuario, la principal diferencia con la nueva regulación es que los 7.000 millones anteriormente eran trasladados a la factura de la luz, y ahora al menos serán compartidos por todas las empresas energéticas que operen en el país, generando un menor cargo al consumidor eléctrico en coste unitario.
Es positivo despenalizar la electricidad y cargar los costes de transición energética de forma más homogénea entre todas las energías. El riesgo es que se convierta en un “todavía más” que no reduzca la factura eléctrica si se sigue cargando de costes regulados e impuestos, y además suba la factura de combustibles.
Si se evitasen los incentivos perversos y los sobrecostes sumados, hay elementos que pueden ser favorables:
– Favorecer la competitividad nacional al aligerar la factura eléctrica de los consumidores electrointensivos y de la industria en general. Favorece también a toda la industria asociada a la descarbonización.
– Puede abaratar para los ciudadanos, si se hace bien, el consumo de energía limpia, dando una señal clara a la hora de decidir apostar por equipos sin emisiones (vehículo eléctrico, calefacción con bomba de calor, etc) y puede mejorar el retorno de la inversión para la industria de sus procesos de descarbonización.
– Puede ayudar a que nos lleguen las ayudas europeas. Es coherente con las recomendaciones del Semestre Europeo, que son la hoja de ruta de la UE para desbloquear las ayudas Next Generation EU de hasta 140.000 millones de euros.
– También es coherente con el informe del Comité de Expertos para favorecer la electrificación y con la metodología de cálculo de los cargos del sistema de financiación de las actividades del sistema eléctrico emitida por la CNMC.
– Y es una medida que está en línea con las que ya se están adoptando en otros países de la UE, como Dinamarca, Alemania o Francia, con el objetivo de reducir emisiones y lograr una economía descarbonizada.
Las empresas más afectadas, según el diario Expansión, serán Repsol (que aportará entre 900 y 1.400 millones), Endesa (600-930), Cepsa (506-721), Naturgy (463-721), Iberdrola, BP y Galp.
Esta factura se irá digiriendo progresivamente hasta el año 2025, cuando todas las empresas de hidrocarburos (43,7%), de gas (24,8%) y de electricidad (31,5%) tendrán que aportar a dicho fondo hasta 4.765 millones de euros.
Todo ello tiene el objetivo de abaratar la factura de la luz un 13%. Una reducción que, si se da en su totalidad y de manera absoluta y no “en términos equivalentes”, tiene un impacto importante y puede apoyar la descarbonización y electrificación, aunque es insuficiente. Bajar el IVA de la luz y eliminar los actuales impuestos a la generación eléctrica serían dos medidas adicionales clave.
Para el sector, esta reducción deja espacio para medidas necesarias tales como los pagos por capacidad, retribuciones pendientes de redes o para el incremento del límite de inversión de redes, entre otras cosas.
Los combustibles fósiles y el gas natural van a subir hasta un 11% por un mayor peso del componente tributario, y se deben tomar medidas para evitar que agricultores e industrias sufran un mayor aumento de costes en un momento en el que el petróleo y el gas, además, están subiendo.
El objetivo de esta reforma es hacer más competitiva la electricidad frente a los combustibles fósiles. En España los costes energéticos son de los más elevados de toda Europa, donde la factura eléctrica de los españoles es la quinta que más cargos e impuestos soporta. Esto hace a las familias más pobres y a las empresas menos competitivas; y más difícil hacia la transición hacia una electrificación de la economía sin minar su competitividad.
Esta reforma puede ayudar, aunque muy levemente, a recuperar la competitividad energética que necesita el país. Lo que es más importante es, además, que no se convierta en una excusa para incluir en la factura de la luz más impuestos y en el fondo elementos que no tienen nada que ver con la cifra antes descrita.
Monitorizaremos que el fondo no se convierta en una fuente de aumento de impuestos constante si la demanda, los precios o los ingresos destinados a ese fondo son menores a lo estimado.
No debemos olvidar que en cuanto a los combustibles fósiles, también somos uno de los países más caros en relación con el precio pagado por el consumidor final. El sector de los transportes, responsable del 24% de las emisiones de CO2 en Europa, lleva a cabo lentamente la migración hacia un modelo basado en energías más limpias. Los vehículos eléctricos empiezan a ser un sustitutivo a la altura de los de combustión.
La recuperación económica de España ha de contar con agentes privados eficientes, y el sector energético puede adoptar un papel clave en ella.
Deloitte estima que la transición energética puede suponer unos 240.000 millones de euros de inversión en España entre 2021 y 2030. De ellos, 42.000 millones serán en redes, una inversión que, a su vez, permitirá realizar 118.000 millones de euros por parte de agentes de otros sectores, entre los que destaca la generación de energías renovables.
Estamos hablando, por lo tanto, de un modelo energético adaptado a la demanda, cada vez más electrificado, competitivo y próximo a los objetivos medioambientales europeos.
El riesgo de esta medida es que suponga un coste superior en media de la factura energética de los hogares y empresas españolas. Es decir, que se añadan más impuestos y no se reduzca la tarifa de la luz ni la energética total.
Se ha demostrado que la tecnología y la competencia son mucho mejores aliados de la producción de energías renovables que las subvenciones, pero el coste de descarbonización debe ser compartido por todas las energías bajo un esquema de “pago por polución”.
La reducción de impuestos y cargas injustas y su distribución equitativa según contaminación son esenciales, pero la competencia es un arma mucho más potente si lo que queremos realmente es reducir la factura energética de los agentes económicos y a la vez incentivar el cambio.
Este cambio en la regulación, por lo tanto, va en la buena dirección y sigue las recomendaciones del comité de expertos creado en la anterior administración, aunque es insuficiente ya que no elimina los actuales impuestos a la generación en España que nos hacen perder competitividad con los países de nuestro entorno, y conlleva riesgos que se deben monitorizar para asegurar que se cumplan los objetivos planteados.
Esperemos que no se convierta en un incentivo perverso para subir los costes a todas las energías, que no se convierta en doble imposición encubierta y que no ponga escollos a la reindustrialización.
Hay que reconocer que las Big Tech (Google, Amazon, Apple, Facebook, y también Twitter) nos lo están poniendo difícil a quienes creemos que no hay que regularles, incluso a los que creemos tal con base en la teoría económica, que es tan ciencia como la física, aunque utilice otro paradigma. No es de extrañar que cada vez sean menos quienes defienden la libertad de mercado también para estos agentes.
El último episodio lo estamos viviendo esta semana, desde los infaustos episodios en torno al Capitolio de Washington, que culminaron con la suspensión de las cuentas de Donald Trump tanto en Facebook como en Twitter. A raíz de ello, muchos usuarios de las citadas plataformas decidieron migrar a otras plataformas alternativas, en concreto a una llamada Parler, con funcionalidad similar a la que proporciona Twitter.
Y entonces se encontraron con que tanto Google como Apple la excluían de sus respectivas “app stores” (tiendas de Apps), dificultando por tanto la descarga de la misma en los móviles. El golpe de gracia, no obstante, llegó cuando Amazon decidió suspender su actividad en la plataforma de “hosting” Amazon Wholesale Services, por lo que los usuarios que, pese a los obstáculos de Apple y Google, se habían instalado Parler en su móvil, se encontraron con que no funcionaba.
Si alguien tenía dudas sobre el poder omnímodo de las plataformas para influir en nuestras vidas, las había visto despejadas todas de golpe. En primer lugar, pueden bloquear las opiniones que les incomoden a su antojo; en segundo lugar, se pueden cargar los negocios que quieran de la noche a la mañana, con más razón aquellos que les supongan una amenaza competitiva. Justo lo que venían denunciando los defensores de la regulación de estas plataformas.
Mucha gente se apresuró a concluir que la teoría económica, ni siquiera la buena, (o sea, la de la escuela austriaca), no vale, pues este fenómeno de las grandes plataformas no existía cuando dicha teoría económica se desarrolló. Bueno, muchos de los fenómenos que hemos vivido en el siglo XX y XXI no existían cuando se hicieron los desarrollos básicos de la teoría económica austriaca, y sin embargo esta ha mantenido su validez para todos ellos. ¿Será esto de las Big Tech un caso excepcional? ¿Habrá que redefinir la teoría económica para saber qué hacer con ellos?
He de decir que en esto los economistas mainstream llevan ya unos cuantos años con muy magros resultados. Lo único que han sido capaces de concluir es que las Big Tech tienen un gran poder de mercado basado en las enormes economías de red (1) que generan, a su vez construidas, en parte, por los datos que almacenan de sus clientes. Pero una vez realizado el diagnóstico, no son capaces de determinar si la regulación de estos negocios mejoraría o empeoraría el bienestar social, ni tampoco qué forma de regulación sería efectiva.
Porque esa y no otra es la pregunta que hay que responder. ¿Hasta qué punto mejoraría la situación de la sociedad si estas plataformas se regularan?
El caso que nos ocupa es una oportunidad única precisamente para contrastar la teoría económica. En esencia, esta nos dice que lo óptimo para el bienestar social es que el mercado no esté intervenido (por ejemplo, que no se regulen los precios o se impida la entrada con barreras legales). Sin embargo, a la vista de lo sucedido, se puede sospechar legítimamente que el mercado tiene algún fallo y que, por tanto, debería realizarse algún tipo de intervención desde el Gobierno para solucionarlo.
Centremos el caso en Twitter. Esta plataforma es bien conocida, y tiene cientos de millones de usuarios, es líder absoluto en su mercado. Se puede argumentar que ninguno de sus clientes puede tener acceso a tantos usuarios en ninguna otra plataforma y que, por tanto, si Twitter cierra una cuenta, imposibilita en la práctica la difusión de las opiniones del usuario bloqueado, causándole un gran perjuicio y poniendo en riesgo la libertad de expresión. El “fallo de mercado” provendría de las citadas economías de red, que hacen únicamente viable una plataforma ya que todo el mundo encuentra más valor conectándose a Twitter que a ninguna otra alternativa, lo que a su vez hace que tenga más valor aún. En conclusión, el mercado no funciona y es necesario regular a Twitter para que no ejerza el poder que le hemos visto impunemente ejercer.
Pero, ¿realmente es esto así? Lo que estamos viendo es que el mercado funciona y parece ir dando respuestas a los problemas que ha creado Twitter. Hemos visto a usuarios buscando alternativas y encontrándolas. Además, cualquiera de esos usuarios insatisfechos puede aprovechar esta ocasión para montar su servicio y su plataforma, puesto que nadie se lo prohíbe, no hay barreras legales de entrada a la actividad que hace Twitter. Hombre, yo no digo que sea fácil competir con Twitter, porque mucho de lo que hace lo hace bien, pero si ha dejado un hueco, por ahí se podrá colar algún competidor, algo que hasta ahora parecía casi imposible.
Otra ilustración de que el mercado parece funcionar es la evolución del precio de las acciones de Twitter en la bolsa americana. El día después de su golpe de mano cayó un 5%, y el martes un 2,4%. Esto se puede interpretar, no digo que así sea, como que los inversores anticipaban una pérdida de clientes de Twitter (aunque también puede ser que lo que anticipen sea regulación en el mercado, u otra cosa que no tenga nada que ver). Si ello se produce, no hay que olvidar las economías de red, que juegan en espiral en los dos sentidos, no solo en el de captar clientes (2). También te pueden llevar a la ruina de la noche a la mañana.
Pero, ojo, también podría ser que nada de esto esté pasando. O sea, que Twitter haya perdido algún usuario, pero no le afecte para nada a su negocio. ¿Estamos entonces ante el temido “fallo de mercado”? Pues tampoco me atrevería a decirlo.
El supuesto poder de mercado de Twitter, esas economías de red, no es algo que Twitter pueda imponer a la gente. Es más bien al contrario, Twitter lo que está haciendo es atender efectivamente una demanda de los individuos, que valoran más estar conectados (potencialmente) todos con todos que otras alternativas. Esto es, las llamadas economías de red surgen precisamente de las preferencias de los individuos, no son algo objetivo presente en el mundo. Si mañana la gente opta por hablar solo con gente de su vecindario porque lo demás le parece un rollo y le hace perder el tiempo, Twitter y las redes sociales perderán mucho de su valor y tendrán que reconvertirse o desaparecer.
Aunque el silenciamiento de Trump en Twitter pueda parecer escandaloso a mucha gente y por ello piensen que hay un fallo de mercado si no se hunde Twitter, lo cierto es que puede que haya otros muchos grupos de usuarios en Twitter que no están motivados políticamente, y que quizá estén muy satisfechos con el servicio que reciben. ¿Y si estos grupos son mayoría? ¿Y si lo que pasa es que, por mucho que así lo crean políticos y periodistas, y por mucho que los “Trending Topics” sean casi siempre sobre política, resulta que en Twitter hay muchas otras cosas que no lo son? Entonces puede estar generando gran valor para lo sociedad con independencia de haber censurado a un protagonista político, por muy prominente que éste sea.
¿Qué podemos concluir de todo esto? Nada que no supiéramos: que la evidencia histórica (esto es, lo que ocurre estos días y ocurra en el futuro) no permite refutar ni validar la teoría económica. Pase lo que pase, la teoría económica seguirá siendo válida, también para las Big Tech, porque no hay nada de lo que hacen que altere la base de la misma, que no es otra que la acción humana.
Así pues, desde el punto de vista del bienestar social y de eficiencia de los mercados, lo óptimo seguirá siendo que no se les regule, porque solo de esa forma se podrán orientar de la mejor forma a las preferencias de los usuarios. Y esto se cumplirá si las preferencias de los usuarios exigen que haya libertad de expresión en la plataforma, o si les importa un pimiento que ésta exista. Si es lo primero, Twitter tendrá que adaptarse o morir; si es lo segundo, aflora una oportunidad de negocio para quien ofrezca tal libertad en su plataforma, aunque no podrá aspirar a la dimensión de Twitter ni quizá tenga viabilidad.
Pero, en todo caso, que sean las preferencias de los usuarios las que manden, por favor, no las de los políticos.
(1) Las economías de red se producen cuando la gente valora el uso de un servicio en función del número de usuarios del mismo. Por ejemplo, uno valora más conectarse a una red telefónica en la que puede llamar a mucha gente, que en la que puede llamar a poca. En el caso de las Big Tech hay que añadir que también se producen economías de red indirectas, esto es, hay diversos grupos de usuarios, y los usuarios de cada uno de los distintos grupos valoran más el servicio si hay más gente en los restantes grupos. Por ejemplo, en una plataforma de contratación de hoteles, los usuarios de hoteles valoran más la aplicación si hay muchos hoteles disponibles, y los hoteles la valorarán más si hay muchos usuarios particulares.
(2) Que se lo digan a Telegram, aplicaciones de mensajería similar a WhatsApp, que ha conseguido 25 millones de usuarios en tres días tras la actuación de Facebook-
El mes pasado el profesor Bastos escribió un excelente artículo sobre el papel de la informática en la lucha por la libertad, y de forma más concreta el papel que juegan y han jugado los cypherpunks tanto en el ámbito teórico como práctico.
Como muy bien señala el profesor, una de las primeras e importantísimas batallas fue la que se libró a finales del siglo pasado en Estados Unidos conocida popularmente como crypto wars. Cabe destacar el caso Bernstein contra los Estados Unidos, en el que el matemático y criptógrafo Daniel J. Bernstein logró que los tribunales calificaran como inconstitucionales las regulaciones que hasta entonces clasificaban los algoritmos criptográficos como armas que debían ser reguladas igual que las bombas o los lanzallamas. Los tribunales sentenciaron que el software es una forma de libertad de expresión y que por tanto estaba protegido por la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos.
También se ganaron batallas contra las restrictivas leyes de exportación de software y dispositivos criptográficos, y gracias a esas victorias hoy día podemos disfrutar de esta tecnología fuera de los Estados Unidos. Esto incluye a Bitcoin, pues quien lo inventó tuvo muchísimo cuidado de emplear algoritmos estándar y también libres de cualquier tipo de restricción legal, ya fueran regulaciones genéricas o patentes.
En la última parte de su artículo el profesor Bastos destaca la importancia de una de las consignas más importantes de los cypherpunks, que es sustituir leyes por software. Indica que si bien los contratos inteligentes en general son una forma interesantísima de avanzar en dicha sustitución, tiene sus limitaciones por ser poco flexibles. Yo estoy de acuerdo, y por esa falta de flexibilidad no está siendo nada fácil sacar la idea adelante,excepto para un tipo de contrato que a la vista de los hechos parece haber sido sustituido con bastante éxito en el caso muy específico de los bienes digitales. Y se trata del contrato de propiedad, es decir, la posibilidad de tener el control exclusivo de cosas sin necesidad de recurrir a ninguna infraestructura legal ni intermediario.
En una economía moderna es crucial poder transmitir valor a distancia. Hasta el dia de hoy la única manera de controlar y transmitir valor de manera eficaz ha sido mediante derechos de propiedad (contrato de guarda y custodia) o derechos de crédito. Con la invención de Bitcoin, controlar y transmitir valor requiere únicamente del conocimiento de una clave.
Los problemas de los contratos de custodia y de crédito son básicamente dos. En primer lugar están centralizados en el custodio o deudor, lo cual les habilita para limitar o censurar su uso. En segundo lugar y en estrecha relación con lo primero, los Estados tienen “secuestrada” la Ley (con mayúsculas) y la han sustituido por una maraña legislativa de decretos y mandatos, tal y como explica magníficamente el profesor Huerta de Soto en este breve vídeo, esto habilita al Estado a condicionar o incluso a saltarse los contratos llegando hasta el punto de robar impunemente el elemento custodiado, como ha pasado una y otra vez con el oro a lo largo de la historia, o a impagar sus deudas representadas por monedas estatales de manera directa o indirecta vía inflación, cosa que no es que suceda a menudo, es que acaba sucediendo siempre con las monedas estatales, es cuestión de tiempo.
¿A dónde quiero llegar con lo anterior? Pues a que los medios de cambio y el dinero que hemos venido usando hasta ahora no son seguros. Ni siquiera en los tiempos del oro físico, cuando los españoles se lo robábamos a los aztecas y los piratas ingleses nos los robaban cuando lo traíamos a España, ejemplo que a menudo utiliza Nick Szabo, que fue quien propuso a finales de los años 90 el sistema BitGold, del que Bitcoin es su directísimo heredero. De hecho se diferencian muy pocos detalles como en la falta de homogeneidad o fungibilidad de las unidades de BitGold, lo cual era poco práctico. Por tanto, si queremos saber cuales son los fundamentos que llevaron a la invención de Bitcoin, el también cypherpunk Nick Szabo es una interesantísima fuente. Formado tanto en ciencias de la computación como en leyes, dedicó muchos años a estudiar la historia del dinero y los medios de cambio, y una de sus conclusiones fundamentales es que el dinero que hemos venido usando hasta ahora no es seguro tal y como explicó en una entrevista de 2019:
“Una de las cosas interesantes de las criptomonedas, es que comenzamos por la seguridad, reinventamos el dinero desde cero. En lugar de adoptar el enfoque de los economistas en el sentido de ir alterando la oferta monetaria o que vamos a tener nuestro propio banco para emitir dinero a nuestra manera, es un enfoque totalmente nuevo. Comienza con la seguridad y se centra principalmente en la seguridad, y eso es lo que lo hace que, por ejemplo, funcione muy bien a nivel global, no depende de Estados Nación ni de leyes o cosas parecidas.” (Traducción libre del texto original)
Bitcoin es un potencial activo de reserva de valor, y quizá más adelante un candidato a dinero, diseñado a prueba de los amigos de lo ajeno, ya sean cacos de poca monta o sofisticados Estados Nación. Resuelve las vulnerabilidades del contrato de propiedad sustituyéndolo por software. Es, claramente, esa “astuta introducción” que apuntaba Hayek como única vía para quitarle el dinero de las manos al Estado:
“No creo que volvamos a tener un buen dinero hasta que se lo quitemos al Gobierno de las manos, es decir, no podemos quitárselo violentamente, todo lo que podemos hacer es introducirlo astutamente de tal forma que no lo puedan parar.”
En 2018 tuvo lugar la expulsión de Alex Jones de las grandes plataformas de internet, que describí ese mismo año en mi desgraciadamente profética conferencia Libertad de expresión: ¿en manos de la izquierda californiana? Jones es un personaje repugnante, que vive muy bien de explotar las paranoias de un sector marginal de la derecha sin el más mínimo escrúpulo, llegando a afirmar que en realidad nadie murió en la masacre de Sandy Hook de 2012, que las supuestas víctimas eran niños actores y que se podía ver en la cara de sus falsos padres en los funerales que en realidad estaban fingiendo. Su expulsión fue rápida, y mostró un patrón que hemos visto varias veces desde entonces. Primero fueron las redes sociales y en general las web que se nutren de contenido creado por sus usuarios quienes lo expulsaron de sus plataformas: sus vídeos quedaron fuera de YouTube, sus podcast de Spotify y Apple y sus perfiles sociales de Facebook, LinkedIn, Pinterest y Twitter. Luego algunos servicios no esenciales, en este caso el de newsletters de Mailchimp, le dieron de baja. Más tarde las tiendas de aplicaciones para móviles de Apple y Google. El último clavo en el ataúd son los servicios financieros como Paypal o directamente Visa y Mastercard.
Este patrón se ha repetido en numerosas ocasiones, en algunos casos sumándose a la pira incluso proveedores esenciales para el funcionamiento de servicios y páginas web de internet, como proveedores de alojamiento, bases de datos, dominios, protección contra ataques de denegación de servicio… Está por verse que suceda algo parecido con ninguna web o servicio que cuente con la aprobación de la izquierda. Sin ir más lejos, ni BLM ni Antifa han sufrido nada similar pese a haber hecho arder varias ciudades estos últimos meses. En nuestro país, ni los etarras de Bildu ni los golpistas catalanes han tenido tampoco ningún problema similar.
Con ocasión del asalto al Capitolio, el patrón se ha seguido con mucha mayor rapidez. En poco más de 24 horas, el aún presidente de los Estados Unidos era expulsado de Twitter, Facebook, Shopify, YouTube, Twich, Instagram, Tiktok, Pinterest y seguramente alguno más que me deje. La indignación ante semejante magnicidio digital llevó a muchos usuarios a una red social alternativa llamada Parler, donde ya había una fuerte presencia de la derecha norteamericana mainstream –incluyendo numerosos periodistas y políticos, incluyendo senadores y representantes– desde el momento en que Twitter empezó a etiquetar como falsos los tuits de Trump, y sólo los de Trump, en un momento en que varias ciudades norteamericanas ardían, de forma literal, merced a las mentiras de la izquierda. Ante el mero rumor de que Trump podría abrirse cuenta allí, la reacción del oligopolio ha sido aún más rápida:
– Viernes: Google elimina la app de Parler de su Google Play Store y Apple le da 24 horas para censurar sus contenidos a su gusto antes de retirarla.
– Sábado: Apple cumple su amenaza. Se da el caso de que, al contrario que en Android, donde se pueden instalar aplicaciones sin usar la tienda de Google, en los dispositivos de Apple es obligatorio usar la App Store. Otros proveedores de servicios digitales, como Twilio y Okta, dejan de darle servicio.
– Domingo: Amazon, propietaria de los servicios en la nube AWS, donde se aloja Parler, le da hasta medianoche para censurar sus contenidos. Esto es un movimiento bastante más inédito, equivalente a que Vodafone, Orange o Movistar te cortaran el teléfono y el acceso a internet porque no les gusta lo que escribes o dices.
– Lunes: Parler ha desaparecido de internet hasta que pueda migrar a otra plataforma, lo que según su CEO podría llevar su tiempo, ya que las mismas empresas que estaban la semana pasada deseando hacer negocios con ellos ahora les niegan el pan y la sal.
Naturalmente, es imposible que sea casualidad que todos los grandes de internet se hayan dado cuenta al mismo tiempo de que Parler es un servicio malo malísimo. Tampoco es casualidad que todos ellos les hayan puesto deberes imposibles de cumplir en un plazo casi inexistente. La izquierda ha tomado el asalto al Capitolio como una excusa para imponer una dictadura digital en la que sólo esté permitido el pensamiento único. Es el capitalismo moralista que denuncia Quintana Paz: aquel que nos dice qué debemos pensar por nuestro bien, en el que los jefes de las grandes empresas prefieren quedar bien ante sus pares y ante ellos mismos antes que aumentar los beneficios, en el que presionan a países y gobiernos regionales para cambiar las leyes de modo que se ajusten al pensamiento único.
Algunos que a estas alturas ya sólo pueden ser llamados idiotas o mentirosos dirán que es una respuesta razonable a una situación de polarización y violencia sin precedentes. Pero es mentira. Llevamos cuatro años, el último de ellos con violencia en las calles, de polarización extrema y de ataques de la izquierda a la derecha, ataques apoyados y en muchos casos financiados por los mismos grandes de internet que ahora se ponen tiquismiquis. ¿Se piensan acaso que así van a acabar con Trump, el trumpismo o, más en general, la Derecha? Eso nunca ha pasado ni pasará. Simplemente tendrán a la mitad de la población odiándoles a muerte y deseando alcanzar el poder para destruirlos. Y cuando caigan, que no esperen que los liberales que hemos sido siempre defensores de la libre empresa derramemos ni una sola lágrima. Bastante será que no estemos al frente de la turba encendiendo la antorcha.
Hace algunos meses, publiqué en esta misma columna un artículo repasando la principal literatura económica sobre inmigración y exponiendo sus conclusiones. El artículo venía a demostrar, a través de la evidencia empírica, los enormes efectos económicos positivos de la inmigración a través de ejemplos de multitud de papers que estudiaban una amplia variedad de países y regiones.
En RRSS dicho artículo recibió amplias críticas desde cierto sector de la derecha, centrándose la crítica más sonada en el hecho de que mi escrito no prestara atención a los efectos socioculturales de la multiculturalidad como fenómeno adyacente de la inmigración, a la par del hecho de no estudiar/analizar los efectos de dichas disparidades culturales sobre la economía y la cohesión social.
Pues bien, me pareció un reto interesante el que aquellos diestros me proponían y fue por ello por lo que, en algunos espacios de mi tiempo libre, me dispuse a bucear en algunos journals económicos e incluso específicos sobre la cuestión de la inmigración para obtener respuesta a las preguntas de algunos de mis más fervientes críticos. Por ello, en la columna de este mes me dispongo a diseccionar el tema de los efectos socioeconómicos de la multiculturalidad diseccionándolo en diversos apartados.
Cohesión social
En primer lugar, analizaré el efecto puramente económico de la multiculturalidad -entendida como diversidad de etnias procedentes de terceros países en un único país receptor-, para tras ello pasar a estudiar el efecto de dicha multiculturalidad sobre la cohesión social. Finalmente, analizaré un aspecto que me resulta muy interesante, que es la percepción y opinión pública sobre la inmigración en diversos países y como está (o no) relacionada con las dos variables anteriormente introducidas. Para todo ello, se hará un amplio repaso de diversa literatura de ciencias sociales -ya que no todos los papers citados en este caso son competencia exclusiva de economistas- y se aportará evidencia cuantitativa para lo afirmado siempre que esta se halle disponible.
La multiculturalidad entendida como un elevado grado de diversidad étnica generada por un influjo migratorio es un fenómeno relativamente moderno que ha derivado principalmente del proceso de apertura y globalización posterior a la década de 1980, que favoreció gradualmente un mayor movimiento de bienes, servicios, capitales y personas. La multiculturalidad por su parte ha generado una amplia diversidad lingüística y religiosa, teniendo relevantes efectos sociales y económicos, como un aumento de la productividad o los niveles de innovación, a la par que ciertas reacciones populares contrarias a dicha diversidad religiosa, étnica o lingüística, generando marcadas tensiones sociales en algunos países, azuzadas a su vez por algunos políticos.
Efectos económicos
En primer lugar, para estudiar los efectos de la multiculturalidad sobre la economía, deberíamos estudiar aquellos países con mayor diversidad cultural y étnica generada por un mayor influjo migratorio, y las consecuencias de estas sobre la economía. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos es si elevados niveles de diversidad étnico-cultural generan algún efecto económico directo.
La respuesta es sí. Los profesores Ozgen, Nijkamp y Poot (2012), demuestran la existencia de una fuerte relación entre diversidad cultural y étnica junto con mayores niveles de innovación, creatividad y productividad. Su estudio señala que existen amplios beneficios de la multiculturalidad sobre la creatividad, la innovación y la productividad.
Atracción de talento
Es más, un estudio que se centra en los EE.UU., como es el caso del realizado por Richard Florida en su libro The Rise of the Creative Class (2002) encuentra que aquellas áreas más abiertas a la multiculturalidad y más tolerantes con la diversidad étnica, muestran mayores niveles de atracción de talento (aislando el resto de factores y descontando sus efectos) y mayores niveles de innovación. Las principales conclusiones del citado estudio son que las regiones de EE.UU. presentan una alta proporción de crecimiento económico generado por la diversidad cultural, a través de incrementos en los niveles de innovación y productividad.
En segundo lugar, muestra que una mayor tolerancia a la diversidad étnica atrae individuos y empresas más creativos, y, finalmente, que la multiculturalidad juega un papel decisivo para la innovación en determinados sectores, como es el caso del tecnológico. Todo ello se debe, según los autores, a una mayor facilidad a la hora de construir redes comunitarias de cooperación social y a la mayor facilidad y flexibilidad a la hora de movilizar y explotar recursos disponibles.
Innovación
En el anterior paper,de Ozgen et al. (2012) titulado Immigration and innovation in European regions, se realiza el mismo análisis que el efectuado por el profesor Florida, pero para 12 países europeos. Estudia si existe causalidad entre una mayor diversidad cultural y étnica y mayores niveles de innovación y productividad. El estudio concluye que los niveles de innovación se encuentran correlacionados positivamente con los niveles de diversidad cultural y étnica de los países europeos analizados, por lo que hay causalidad entre ambas variables. Es decir, que una mayor diversidad cultural conduce a mayores niveles de innovación.
Asimismo, en dicho estudio se pone de relieve el hecho de que una mayor diversidad étnico-cultural conlleva mayores niveles de demanda agregada de bienes y servicios, a la par que, a un crecimiento sostenido del stock de capital de la economía, de modo que los mayores niveles de innovación actúan como incentivos directos para la inversión. Los autores concluyen afirmando que la mezcolanza de ideas y culturas es un factor determinante para la innovación y la creatividad empresarial.
Productividad
Por otro lado, Bellini et al. (2008), analizan también el caso de los países europeos y la relación existente en ellos entre diversidad cultural y productividad, llegando a una conclusión muy similar a la del estudio anteriormente citado. Una de las conclusiones principales es que el multiculturalismo no genera únicamente un aumento de la productividad al disparar los niveles de innovación, sino que, asimismo tiene un efecto muy positivo sobre los niveles de producción y consumo, generando externalidades positivas sobre la productividad de la población nativa. Estos autores reiteran la existencia de correlación positiva y causalidad entre los niveles de diversidad étnico-cultural y la productividad de la economía.
Otros papers, como es el caso de Ethnic Diversity and Economic Performance de Alesina y La Ferrara (2004), se centra en estudiar los costes económicos derivados de la inmigración procedente de países con diferencias culturales, es decir, aquellos que generan mayor heterogeneidad étnica a través de sus flujos migratorios. El punto central del estudio es si cuando el nivel de heterogeneidad y fragmentación étnico-cultural es elevado en una sociedad existen trade offs relevantes entre la diversidad y la provisión de servicios públicos por un aumento de costes. El estudio se centra principalmente en EEUU y concluye que sí existen ciertos costes a destacar, como una reducción en los niveles de eficiencia de los servicios públicos al igual que una menor confianza ciudadana en la redistribución de ingresos y el Estado del Bienestar.
Más cohesión social
Es cierto que, por varios factores, la heterogeneidad cultural y étnica en determinados momentos puede conllevar a elevadas tensiones sociales. Ser ciudadano de un determinado país implica aceptar un mínimo de valores y prácticas culturales de dicha nación, y cuando este principio se quebranta, inevitablemente surgen problemas de integración y equidad social. También es cierto que recientemente algunos valores occidentales se han visto tensionados por dicha heterogeneidad étnico-cultural, trasladando las tensiones sociales a la política, generando contrapesos a la captación de poder mediático y político por parte de dichas minorías.
En este escenario, ciertos movimientos y partidos políticos han aprovechado para espolear el enfado causado por cierta sensación de inseguridad en los ciudadanos, culminando en reacciones políticas de carácter excluyente y xenófobo. Por lo tanto, es necesario analizar qué elementos han contribuido a que ciertas minorías se sientan menos incluidas entre la ciudadanía o directamente incluso rechacen adaptarse a los valores comunitarios de la nación.
Un caso que ha sido ampliamente estudiado y para el que Reitz y Bannerjee (2007) han recopilado y analizado multitud de datos, es el de Canadá. Canadá es un claro ejemplo de sociedad multicultural y étnicamente diversa, ya que prácticamente un 25% de sus ciudadanos son de origen extranjero, frente 10,71% de España o el 12% de países como Francia.
Canadá
Es más, en algunas ciudades canadienses, como es el caso de Toronto, cerca del 45% de sus ciudadanos son de origen extranjero, lo que ha llevado a construir una sociedad ampliamente multicultural y donde la diversidad es la norma. Los autores citados, por el contrario, encuentran mayores desigualdades de raíz étnica y mayores problemas de integración recientemente, lo que en muchos casos ha conllevado a menores tasas de empleo entre la población extranjera o incluso a reducciones del nivel de ingresos de los inmigrantes recientemente llegados a Canadá en contraste con aquellos que llegaron anteriormente, aislando el resto de los factores.
Si analizamos los datos del conjunto de inmigrantes trabajadores en Canadá, observamos que, en 1981, el salario de estos era el equivalente al 80% del salario medio de los trabajadores nacionales, mientras que en 1996 había descendido a un 60%. Lo más llamativo es que esto se produjo a pesar de mayores niveles educativos a todas las edades de la población inmigrante. Es decir, aún con mayores niveles de educación, la población inmigrante redujo sus ingresos respecto de la población nativa de manera llamativa. Los autores señalan que esto se puede deber a una menor integración de los inmigrantes en la comunidad canadiense, pero no señalan que esto sea culpa suya, lo que abre la vía de que pueda haber sucedido también (aunque no en su totalidad) por una menor aceptación de la población inmigrante por parte de la población nativa.
¿Cómo ven el fenómeno migratorio en diferentes países?
Existe una gran variación respecto a las diferentes actitudes públicas en cuánto a la inmigración en diferentes países. Hay países que tienen una visión muy positiva de la inmigración como es el caso de Australia o Canadá, donde cerca del 25% de su población quiere aumentar los niveles de inmigración, según un paper de Jack Jedwab (2008). Por otro lado, en los países europeos, la aceptación de la inmigración tiende a ser menor, con menos de un 10% de la población expresando su deseo de mayores flujos migratorios. En Suiza, en cambio, cerca del 76% de la población expresaba su convencimiento de que la inmigración es positiva para el progreso del país.
Estos datos reflejan el hecho de que en muchos países hayan surgido en las más recientes décadas actitudes sociopolíticas contrarias a la inmigración, que han conllevado incluso a episodios de marginación y exclusión de ciertas minorías étnicas, contribuyendo a una mayor tensión social y política con respecto a este asunto.
Movilidad social
En multitud de casos, tal y como han mostrado Tasan-Kok et al. (2014) dicha marginalización está estrechamente relacionada con reducida movilidad social, que conduce a bajos niveles de confianza en el sistema político y económico y finalmente a un proceso de radicalización política y mayor polarización y tensión social. Bramadat (2009) por su parte, señala que los conflictos religiosos son una de las principales cuestiones de segregación cultural y étnica, sobre todo en países de carácter pre-moderno e iliberal.
En conclusión, y tal y como indica la evidencia extraída de la literatura especializada, la diversidad cultural contribuye a fomentar la innovación y a incentivar mayores niveles de productividad en la economía. Asimismo, elevados niveles de diversidad étnico-cultural unidos a problemas de integración para los inmigrantes podrían generar brechas en la cohesión social y conducir a mayores niveles de tensión sociopolítica. Las sociedades modernas deben buscar la diversidad para lograr un mayor progreso.
Bibliografía
Ozgen, C., P. Nijkamp, and J. Poot. “Immigration and innovation in European regions.” In: Nijkamp, P., J. Poot, and M. Sahin (eds). Migration Impact Assessment: New Horizons. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2012; pp. 261–298.
Florida, R. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books, 2002
Bellini, E., G. Ottaviano, D. Pinelli, and G. Prarolo. Cultural Diversity and Economic Performance: Evidence from European Regions. Hamburg Institute of International Economics Working Paper No. 3–14, 2008.
Alesina, A., and E. La Ferrara. Ethnic Diversity and Economic Performance. NBER Working Paper No. 10313, 2004.
Reitz, J. G., and R. Bannerjee. “Racial inequality, social cohesion and policy issues in Canada.” In: Banting, K., T. J. Courchene, and F. L. Seidle (eds). Belonging? Diversity, Recognition and Shared Citizenship in Canada. Montreal: Institute for Research on Public Policy, 2007
Jedwab, J. “Receiving and giving: How does the Canadian public feel about immigration and integration?” In: Biles, J., M. Berstein, and T. Aiken (eds). Immigration and Integration in Canada in the Twenty-First Century. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2008.
Tasan-Kok, T., R. van Kempen, M. Raco, and G. Bolt. Towards Hyper-Diversified European Cities: A Critical Literature Review. Utrecht: Utrecht University, 2014.
Bramadat, P. “Religious diversity and international migration: National and global dimensions.” In: Bramadat, P., and M. Koenig (eds). International Migration and the Governance of Religious Diversity. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2009.
Entre los muchas servicios ilegítimos, injustos y deplorables que proveen coercitivamente los políticos y funcionarios a través del Estado, uno de los peores es el sistema penitenciario moderno en países occidentales. Varía de país a país la calidad y duración de la estancia en la cárcel al igual que cuánto se asegura tu integridad física, pero la lógica sigue siendo la misma: incumples una norma que te ha impuesto el Estado y tú no has aceptado y dependiendo de la severidad arbitrariamente adjudicada a esa norma puedes acabar entre rejas. El Estado podría preguntarte cada vez si aceptas cada nueva ley para que hubiese consentimiento de los gobernados. Incluso podría preguntar si aceptas todo el aparato estatal incluyendo una casilla en tu próxima declaración de la renta preguntando si te quieres dar de baja de la Agencia Tributaria a cambio de dejar de usar los servicios estatales salvo los ya devengados.
El Estado no tiene ninguna excusa para imponer las normas sobre ti. Lo que tiene es la pretensión del monopolio de la fuerza, que ejerce para saquearte, imponerte sus normas y en caso de negarte, enviarte a prisión en última instancia. La cárcel es la representación máxima del Estado; es un lugar cruel donde se te despoja de toda individualidad para quebrarte, someterte y conseguir que te subyugues a sus programas de rehabilitación y transformación en un buen ciudadano—un ciudadano que no moleste y compita contra el Estado en la comisión de crímenes. Por eso, no es de extrañar que la cárcel sea la sociedad ideal del estatista progresista medio: un sitio donde no tienen que trabajar, con vivienda, sanidad, comida, educación, luz y agua gratis, donde las desigualdades económicas son menores y nadie salvo los encargados de mantener el orden están armados. Son una de las peores creaciones del Estado; lugares donde las personas son violadas, infectadas con enfermedades de transmisión sexual y torturadas.
La expansión imparable del Estado lleva consigo una expansión del sistema penitenciario, no tanto por necesidad, sino por el aumento incesante de regulación estatal—intrínseco en cualquier Estado, por pequeño que sea (Rothbard 2009)—. Un ejemplo claro de este fenómeno es California. Este estado americano instauró su sistema penitenciario en 1852. Durante sus primeros 50 años, la población reclusa nunca fue mayor de 5.000 presos. Un siglo después, empezó a aumentar de manera desproporcionada, llegando la población máxima a ser de cinco veces mayor en 1970, y superando los 170.000 presos en los 2000 (Skarbek 2019, 130). Además, el número de prisiones aumentó de 5 a 35.
En un orden anarcocapitalista, en el que cada persona pudiese elegir voluntariamente a qué sociedad se adscribiría, emergerían lo que Hoppe (2006) llama sociedades de derecho privado. Estas comunidades se caracterizarían por que todos los individuos se someterían bajo la misma ley, una alcanzada a través de la razón (Hoppe 1998; Rothbard 2000). Esta ley sería el principio de no agresión. Desde el principio de no agresión, y mediante la praxeología, se puede deducir cual sería el castigo proporcional para cualquier agresión.
La teoría libertaria de castigo limita cuál es el límite máximo de violencia legítima que puede infligir una víctima—o alguien en su nombre—a un agresor para restituir su propiedad, pero la víctima siempre podrá decidir ejercer menos violencia o negociar otras opciones. Esta establece que la restitución sería igual a ojo por dos ojos, más coste de castigo, más asustar al criminal (Rothbard 1995, 131-145; Block 2019; Kinsella 1997; Blasco and Marcos 2020). El primer ojo sería igual a una restitución del bien perdido. Si me has robado mi televisión tengo derecho a mi televisor de vuelta, y si ya no existe, a uno idéntico. El segundo ojo se asienta en la doctrina de los actos propios o estoppel en inglés, principio que impide a alguien afirmar algo que contradiga su conducta previa. Un criminal no podría—sería estopped—negarse a recibir la agresión igual a la que él realizó (Kinsella 1996; García de Enterría 2020).
Continuando con el ejemplo de la televisión, yo ahora también podría quedarme con tu televisión además de la mía recuperada, o en caso de no tener una, forzarte a comprarme otra. El criminal con su acción demuestra que el valor de una televisión es cero al no respetar el valor de esta en otros. El coste del castigo equivaldría al coste de contratar árbitros, pagar a la agencia de seguridad privada y/o de capturar al criminal si hiciera falta. Dependiendo de cada caso estos costes variarían. El susto se le provocará dependiendo de la severidad del castigo y Block propone jugar a la ruleta rusa con el criminal cambiando el número de balas en la pistola y la zona apuntada según la severidad del crimen.
Como los tipos de agresión son tan heterogéneos, mi pronóstico es que las agencias de seguridad privada tendrían costes estipulados tras los precedentes de las decisiones de los árbitros para simplificar el proceso. Además, si toda remuneración pasase a ser pecuniaria, sería más fácil compensar al criminal si en un caso se hubiese impuesto una pena demasiado severa y otro árbitro hubiese revisado el laudo. No obstante, la última palabra será de la víctima, sino es que le ha hubiese transferido esa decisión a su agencia de seguridad privada.
Algunas personas carecerán de los recursos para resarcir su daño. Aquí es donde entrarán las prisiones en una sociedad de derecho privado. Murray Rothbard (2013) sintetiza el problema así: ‘‘[En el sistema penal libertario] no se pondría el acento, como sucede ahora, en el hecho de que la ‘sociedad’ mande a prisión al criminal, sino, necesariamente, en obligar a este a restituir a la víctima por su delito. El actual sistema, en el cual la víctima no es compensada, sino que además tiene que pagar impuestos para sufragar el encarcelamiento de su agresor, sería un evidente desatino en un mundo centrado en la defensa de los derechos de propiedad y, por ende, del damnificado.
Las prisiones serían comunidades donde los criminales irían para trabajar hasta ganar el dinero necesario para costear su estancia allí y la suma total de lo decidido por los árbitros para resarcir la agresión de la víctima. Los criminales también podrían ir a prisión un tiempo determinado si llegan a ese acuerdo entre víctima y agresor. Por ejemplo, A lesiona a B. B estima que A necesita un tiempo en la cárcel para reflexionar y rehabilitarse por lo que decide ofrecerle una suma compensatoria inferior a la que hubiese sido decidida si no—de no ser así, A no tendría incentivos para aceptar—a cambio de que pase cierto tiempo en la cárcel. Otra situación en la que un criminal podría ir a la cárcel sería si así lo estipula el contrato de su comunidad. Para vivir en Comunidad Moraleja necesitas aceptar un contrato según el cual, en caso de agresión a cualquier otro vecino, irás a residir una temporada en la Comunidad El Puerto de Santa María.
En todos estos casos no hay razón por la que el criminal no pudiese elegir la comunidad carcelaria a la que mudarse. Si la víctima le propone una penitenciaría similar a cualquier prisión estatal, donde existe una probabilidad muy superior a ser violado, el agresor seguramente rechace la oferta. Lo mismo con el contrato de la comunidad. Si la comunidad impone la cárcel a la que irá el agresor y esta es demasiado hostil, difícilmente encontrarán quien compre casas ahí. De ser así y el criminal poder elegir, la calidad aumentaría significativamente. Se generaría un mercado entre centros penitenciarios para ofrecer los servicios donde los criminales puedan ser más productivos para poder resarcir el daño en la menor cantidad de tiempo. Los criminales, al tener que pagar también con su trabajo el alojamiento podrían decidir si prefieren comunidades penitenciarias más o menos humildes. La calidad de los servicios sanitarios aumentaría para poder mantener a los presos en buenas condiciones para trabajar y crear una buena reputación al centro. Lo mismo con la calidad de los psicólogos, educadores sociales y profesores en aquellos centros dedicados a la reinserción. Las víctimas preocupadas por la reinserción de sus agresores se informarían de cuál será el mejor centro al que enviarlas. Igual con la seguridad de los presos, ningún preso querría ir a una comunidad donde sabe que va a ser abusado por los otros presos sin protección real por los guardias. Otra vez más, la propiedad privada y el libre mercado competitivo—serie de condiciones catalácticas que surgen como resultado de las interacciones voluntarias interpersonales entre individuos cuando la propiedad es realmente privada y no fiduciaria o estatal y se respeta—proveen una solución a otro de los muchos males del Estado, la agresión institucionalizada.
Referencias Blasco, Eduardo, and David Marcos. 2020. “Nulla Libertarian Poena Sine NAP: Reexamination of Libertarian Theories of Punishment.” Studia Humana 9 (2): 83–89. Block, Walter E. 2019. “Libertarian Punishment Theory and Unjust Enrichment.” Journal of Business Ethics 154 (1): 103–8. García de Enterría, Carlos. 2020. “Corrupción En Un Sistema Judicial Privado: Una Revisión Del Estoppel.” Centro Mises, November 20, 2020. https://www.mises.org.es/2020/11/corrupcion-en-un-sistema-judicial-priva…. Hoppe, Hans-Hermann. 1998. “On the Ultimate Justification of the Ethics of Private Property.” Liberty 2 (1): 20–22. ———. 2006. “The Idea of a Private Law Society.” Mises Daily, July 28, 2006. https://mises.org/library/idea-private-law-society. Kinsella, N. Stephan. 1996. “Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach.” The Journal of Libertarian Studies 12 (1): 51–73. ———. 1997. “A Libertarian Theory of Punishment and Rights.” Loyola of Los Angeles Law Review 30: 607–46. Murphy, Robert P. 2002. Chaos Theory. 2ª ed. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute. Rothbard, Murray N. 1995. La Ética de la Libertad. Madrid, España: Unión Editorial. ———. 2000. “Justice and Property Rights.” En Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, 2ª ed., 89–113. Auburn, Estados Unidos: The Ludwig von Mises Institute. ———. 2009. Anatomy of the State. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute. ———. 2013. Hacia Una Nueva Libertad: El Manifiesto Libertario. Madrid, España: Unión Editorial. Skarbek, David. 2019. “Prisoner’s Law.” In Legal Systems Very Different from Ours, edited by David Friedman, Peter T. Leeson, and David Skarbek, 127–35. Independently Published.
Mientras escribo estas líneas 60 centímetros de nieve cubren las calles de mi ciudad. Es curioso que, pese a que muchos hemos crecido con las historias de nuestros abuelos sobre nevadas de medio metro en Madrid, la mayoría aceptaba que se trataba de eventos del pasado que nunca íbamos a volver a vivir. Y no solo por el cambio climático, y las profecías absurdas que a veces lo acompañan, sino porque al igual que las pandemias, simplemente ha pasado demasiado tiempo desde que ocurrió la última vez como para que nuestra mente lo acepte como algo posible.
Pero los virus siguen infectándonos y la nieve sigue colapsando las poblaciones si cae en suficiente cantidad. Los smartphones, internet y el Big data no lo han resuelto. Es 2021 sumándose a 2020 en recordarnos que no somos mejores que nuestros antepasados, solo un poco más ricos. Una lección muy valiosa que mucho me temo que está pasando desapercibida.
¡Quédate en casa! El famoso lema de marzo ha vuelto en enero desde todas las administraciones públicas. Sentarse en el sofá a ver Netflix mientras la administración, los héroes de lo público, ponen todo en orden otra vez.
No lo hacen, claro. Nadie, ni en lo público ni en lo privado, tiene recursos para afrontar eventos masivos que ocurren cada muchas décadas. Pero eso no importa, el mensaje es claro. Donde no llega el Estado el ciudadano debe esperar pacientemente en su casa a que llegue.
La sociedad ISO no podía consentir que las personas usaran mascarillas no homologadas en marzo de 2020, ni puede consentir que se retire nieve de las aceras públicas sin el pertinente permiso municipal. Y pobre del político que no cumpla este mandamiento.
A las malas ideas no las suelen derrotar los buenos argumentos, sino la realidad. Una sociedad cada vez más centralizada, tanto en servicios públicos como en privados, no va a tardar en llevársela por delante un evento que no haya previsto. Es la fragilidad de la que la habla Taleb y de la que la sesuda intelectualidad occidental está pasando por alto con su acostumbrada arrogancia.
La década que empezamos puede ser buena, mala o regular. Nadie lo sabe. Pero la tendencia a la infantilización ciudadana, a la mezcla de los Estados y las multinacionales con una nueva pseudoreligión progresista y la centralización de más elementos esenciales en nuestras vidas, nos acerca cada vez más a repetir los grandes errores del siglo pasado.
Y esos no los vamos a poder resolver quedándonos en casa a esperar a una vacuna o al camión quitanieves.
La foto de la economía argentina 2020 nos preocupa a todos:
1. La actividad económica medida por Producto Bruto Interno cerraría este año un 11 % debajo de 2019, que ya acumulaba otros dos años de caída.
2. El desempleo según INDEC llegó al 16 %, pero el dato es bastante peor cuando se toma en cuenta la Población Económicamente Activa del año anterior, llegando al 29 % a mitad de año. En otros términos hay mucha gente sin trabajo que no entra en el desempleo de INDEC porque no está pudiendo salir a buscarlo.
3. El déficit fiscal primario cerraría 2020 en un 7 % del PIB, y el financiero de 9,5 % del PIB, aun con el acuerdo con acreedores privados.
4. La inflación se viene acelerando por encima del 3 % mensual en este último período del año, y el dato agregado para el año 2020 cerraría en torno al 35 %.
5. La pobreza según la medición de la UCA alcanzó a un 44 % de la población, siendo más preocupante aún entre los jóvenes.
¿Qué nos espera para 2021 en todos estos frentes? Sopesar algunas buenas noticias con los fuertes desequilibrios locales resulta de suma dificultad para los analistas.
Actividad económica
La actividad económica empieza a reaccionar en el segundo semestre de 2020, producto de la flexibilización de las restricciones por cuarentena. Argentina podrá mostrar un 2021 que rebota frente al pozo de 2020, aunque permanece debajo del pico de actividad de marzo de 2018.
Este nivel de actividad puede tener un empuje muy favorable desde el exterior, con la economía global rebotando tanto como cayó en 2020. China volverá a ser la locomotora del mundo, y eso contribuye a precios de commodities más favorables. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el resto de los bancos centrales del mundo mantendrán políticas monetarias muy laxas para favorecer la expansión del crédito y con ello recuperar más rápido la actividad económica y el empleo. Este entorno global favorable dice que vienen vientos a favor en la región, y en particular para Argentina.
Empleo e ingresos
Sería deseable una reforma de la legislación laboral en favor de una mayor flexibilización que permita crear empleo genuino (no estatal) en 2021, pero esto no parece estar en la agenda. Aun así, el pico de desempleo tenderá a reducirse, si bien los dos dígitos de desocupación llegaron para quedarse largo tiempo.
Un factor central aquí será la presión sindical en búsqueda de la recuperación del salario real que ha perdido mucho en 2020 para todos los sectores. Si el gobierno decidiera convalidar aumentos salariales semejantes a la inflación acumulada dejará a la Argentina muy comprometida en el terreno fiscal. Urge aquí una reforma previsional que tampoco parece estar en la agenda.
Hacienda
La situación fiscal es apremiante. Argentina parte de un déficit de casi 10 punto del PIB, pero podrá reducir el desequilibrio haciendo poco. El rebote de actividad podrá mejorar la recaudación; la interrupción de varios subsidios otorgados en 2020 -producto del contexto de cuarentena- podrán bajar el gasto; incluso puede haber un acuerdo con el FMI para postergar el pago de intereses y darle respiro a la Argentina; pero aun así, se requiere un esfuerzo del gobierno para tratar de equilibrar las cuentas públicas en este espacio favorable. No hacerlo implicará tener que monetizar el desequilibrio, lo que puede ejercer más presión sobre la inflación que ya viene acelerando.
Inflación
El desequilibrio monetario provocado en 2020 no se refleja totalmente en precios por la existencia de “inflación reprimida”. El cepo cambiario, el congelamiento de tarifas y combustible, los controles de precios y salarios, la crisis económica y el aumento consecuente pero transitorio en la demanda de dinero, hacen que la inflación pudiera reducirse este año al 35 %.
Pero para adelante la presión es enorme, partiendo del rol de los sindicatos, pero también del déficit fiscal monetizado. Estirilizar vía Leliqs permite reducir el impacto de la expansión monetaria, pero esto también ejerce presión hacia arriba sobre tasas de interés, lo cual presiona negativamente en la actividad y el empleo. Insisto. Es necesario equilibrar las cuentas públicas para dejar de monetizar el déficit, y entonces empezar a dar pasos firmes hacia la estabilidad monetaria. Esta preocupación tampoco se observa entre las prioridades de un gobierno cuya política económica es heteroxa.
El escenario que hoy observamos en este frente nos hace pensar que en marzo/ abril de 2021, mientras recuperamos cierta normalidad en la actividad económica y el empleo (los datos serán muy positivos frente al segundo trimestre de 2020), la inflación se acelerará y con ello la presión sindical, lo que ejercerá más presión sobre el dólar, debiendo el gobierno ceder en una corrección del tipo de cambio. Es difícil establecer el timing de los sucesos, pero la presión inflacionaria contribuye a poner presión sobre el tipo de cambio lo que pueda desatar una nueva crisis cambiaria.
El rol de la política y la elección de 2021
Estos desequilibrios fiscal, monetario y cambiario son determinantes en el resultado de la elección legislativa de 2021, lo que a su vez es determinante en lo político para conocer el nivel de fortaleza o debilidad que el ejecutivo puede mostrar para enfrentar sus desafíos.
Si la elección termina siendo un revés para el oficialismo, se desatará la falta de confianza y la crisis económica, política y social ya no tendrá límite. Si la elección termina siendo favorable al oficialismo, el gobierno tendrá margen para aprovechar los vientos a favor y podrá avanzar en reducir los desequilibrios heredados, pero también magnificados en este 2020.
Adrián Ravier es Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE.
Como cada año, durante la Navidad, se multiplican los eslóganes para que los ciudadanos opten por el consumo local. Según sus promotores —políticos, empresas públicas, asociaciones de empresarios— consumir bienes producidos en la región o vendidos en comercios de proximidad beneficia a la economía local. Los ecologistas, por su parte, afirman que el consumo de productos «kilómetro 0» beneficia al medio ambiente porque reduce las emisiones de CO2 producidas por el transporte de mercancías.
De las campañas en «defensa» del consumo local inferimos la menor competitividad (relación calidad-precio) de algunos productores y comerciantes locales. De no ser así, estas campañas nunca se hubieran realizado. Sin embargo, no es el productor local, en general, el que está amenazado por los foráneos, por grandes distribuidores y la venta por Internet, sino específicos empresarios que no han sido capaces de adaptarse a los gustos de los consumidores; prueba de ello es el reemplazo de empresarios españoles por chinos en muchos negocios locales: bares, restaurantes, tiendas de alimentación, bazares, peluquerías, etc. A lo largo del artículo nos referiremos exclusivamente a esos empresarios locales «menos» competitivos que se benefician de campañas institucionales en las que se pide al consumidor que realice un sacrificio económico. Nuestro análisis sobre el consumo local desvelará tres errores: ético, lógico y económico.
a) Error ético
Cualquier campaña gubernamental destinada a fomentar el consumo local no es gratis y supone una transferencia coactiva de dinero desde los contribuyentes hacia los grupos receptores de las ayudas. La propaganda pública se realiza con dinero confiscado a sus legítimos dueños. Estos favores políticos constituyen una vieja práctica llamada mercantilismo: «Un sistema de privilegio estatal sistemático, particularmente para restringir las importaciones y subsidiar las exportaciones» (Rothbard, 2013a: 247). Las actuales campañas municipales de consumo local repiten los mismos errores del absolutismo real entre los siglos XVI y XVIII. Toda injerencia política en el libre mercado supone un perjuicio para la sociedad porque la «protección» de ciertos productores o comerciantes locales necesariamente empobrece a miles de consumidores que verán reducido su nivel de vida. Debe ser el empresario, grande o pequeño, local o foráneo, quien soporte exclusivamente los costes de cualquier campaña publicitaria.
Esta «defensa» del comercio local alcanza su paroxismo en la guerra que el ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) ha declarado a la empresa Amazon. La iniciativa «mojizon» permite a los residentes comprar en el pueblo por Internet y un empleado municipal realiza el reparto «gratuito» a domicilio. Estos juramentados del consumo local parecen ignorar que, sólo en España, Amazon tiene un catálogo de 180 millones de artículos distintos.
Sólo es ética la campaña publicitaria financiada con fondos privados (empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio,¹ etc). También es éticamente admisible que el publicitario apele a los sentimientos identitarios —«lo nuestro», «nuestra gente», «nuestro pueblo»— para que el consumidor acepte voluntariamente el sacrificio de comprar productos más caros o de menor calidad que los foráneos.
b) Error lógico
Las campañas de consumo local son genéricas, pero, a grandes rasgos, pretenden fomentar el consumo de alimentos —carne, pescado, fruta, verdura, vino, queso, confitura, etc.— producidos o elaborados en la comarca. Pero si el transporte es malo porque contamina ¿por qué no extender la campaña al resto de bienes? Si los apóstoles del «kilómetro 0» fueran consecuentes con sus ideas (reducir la contaminación) deberían recomendar a los turistas que se quedaran en su casa pues, en términos relativos, el transporte aéreo es el más contaminante de todos. Por ejemplo, resulta contradictorio que el dueño de un hotel rural presuma de tener su propio huerto ecológico sin importarle demasiado que sus huéspedes hayan viajado en avión miles de kilómetros.
Por otro lado, muchos productores (elaboradores) locales deben comprar las materias primas en el exterior. Por ejemplo, el helado «local» alicantino se fabrica con leche asturiana, gallega o francesa. Con los bienes de capital ocurre otro tanto: los proveedores de mobiliario, maquinaria y herramientas se encuentran generalmente a cientos o miles de kilómetros. Si los productores y comerciantes compraran, a su vez, todo localmente (independiente de su precio y calidad), muy pronto quedarían fuera del mercado por falta de competitividad. En definitiva, no resulta admisible que el productor local pida al consumidor un sacrificio que él mismo, por necesidad o conveniencia, nunca hará pues está obligado a ejercer la función empresarial con criterio económico.
c) Error económico
Es muy popular la creencia de que si compramos «local» el dinero se queda «aquí» y que, en caso contrario, el dinero se va «fuera». Analicemos este mito: por ejemplo, ¿a dónde va nuestro dinero cuando compramos en Carrefour, Ikea o McDonalds? El dinero siempre paga los factores productivos «allá donde estén»: los artículos y materias primas provienen de múltiples países, pero el trabajo —salarios— y la mayoría de servicios —limpieza, mantenimiento, seguridad— se contratan localmente. ¿Y qué ocurre con los beneficios? La mayor parte no acaba en Francia, Suecia o EE.UU., sino en el bolsillo de millones de pequeños accionistas (propietarios de fondos de inversión y pensiones), repartidos por todo el mundo, que perciben dividendos. Para que nos hagamos una idea de las proporciones, la familia Botín sólo posee el 1% del capital social del Banco de Santander. Hoy en día el capital de las grandes empresas está tan globalizado que carece de sentido asignarles una nacionalidad.
Es innegable que, tanto si compramos «local» como si compramos «fuera», parte del dinero saldrá de nuestras fronteras ²—municipales, regionales o nacionales—; sin embargo, lejos de ser una mala noticia, resulta necesaria y beneficiosa. La división del trabajo, base del progreso económico, implica necesariamente la «salida» y «entrada» de dinero. Por ejemplo, si los andaluces no compran las manzanas de Cataluña, los catalanes no tendrán dinero para comprar las aceitunas de Andalucía; si los españoles no compramos vehículos Mercedes y Toyota, los alemanes y japoneses no tendrán dinero para hacer turismo en España. Es decir, exportación e importación son cara y cruz de una misma moneda, ambas se complementan y ambas tienden a igualarse en el tiempo. El clásico error mercantilista ha sido considerar que es mejor exportar que importar, que es mejor el dinero que «entra» que los bienes que «salen». El mito de la balanza comercial se derrumba cuando lo analizamos desde el individualismo metodológico: «toda balanza es necesariamente favorable desde el punto de vista de la persona que realiza el intercambio» (Rothbard, 2013b: 336). O como dice Mises (2011: 539) «La balanza (de pagos) cuadra siempre». En definitiva, la preocupación por la «salida» del dinero (importaciones) es tan innecesaria como detrimental.
Lo que sí resulta evidente es la pérdida económica que sufre el consumidor sacrificial; por ejemplo, si un bien local cuesta el doble que el foráneo, ceteris paribus, la compra del primero reducirá nuestro consumo a la mitad. No es cierto que consumiendo local «todos» ganamos. El sacrificio consuntivo, lejos de mejorar la economía, empobrecerá irremediablemente a quienes lo practiquen y sólo beneficiará a específicos productores locales. La pauta de consumo «kilómetro 0» es contraria a la división del trabajo y, por tanto, antieconómica; además, llevada a sus últimas consecuencias, supondría la autarquía y la ruina más absoluta.
Por último, el consumidor que asume una pérdida económica para mante-ner con vida a los productores submarginales³ está haciendo un flaco favor al conjunto de la sociedad pues interfiere la adecuada asignación del capital. Cualquier medida proteccionista —ayudas, subvenciones, propaganda gu-bernamental— ocasiona el mismo mal: ralentiza la innovación, obstaculiza las obligadas quiebras y, en definitiva, impide que el escaso capital disponible pase a manos de empresarios más capaces. De manera natural el mercado va colocando —mediante pérdidas y ganancias— a cada cuál en el sitio donde mejor sirve los intereses de los consumidores. Si algunos productores o comerciantes locales son ineficientes (submarginales), lo mejor para la economía de la región es que se dediquen a otros negocios o que sean reemplazados por otros empresarios.
Conclusión.
Los promotores del consumo local no pueden alcanzar su objetivo —mejorar la economía de la región— persuadiendo a los consumidores para que adquieran bienes locales que son más caros o de peor calidad que los foráneos. Este sacrificio, lejos de dar fruto, empobrecerá a los habitantes de la región, sostendrá artificialmente a las empresas menos eficientes e interferirá la adecuada asignación del capital. Como nos recordaba Mises (2011: 1019): «La aplicación de teoremas económicos falsos se traduce en conse-cuencias indeseadas».
¹ El gobierno de Zapatero, en 2011, derogó la cuota cameral, más conocida como «impuesto revolucionario». Las Cámaras de Comercio se vieron obligadas a financiarse mediante aportaciones voluntarias. ² Frontera en sentido lato. ³ Submarginal: de no ser por la ayuda, la empresa quebraría.
Bibliografía
Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial. Rothbard, M. (2013a). Historia del pensamiento económico. Madrid: Unión Editorial. Rothbard, M. (2013b). El hombre, la economía y el Estado. Vol. II. Madrid: Unión Editorial. Web del Ayuntamiento de Minas de Riotinto.
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