Diez medidas para salvar la economía española
Ante la situación generada por la pandemia del coronavirus, el Instituto Juan de Mariana ha elaborado un informe en el que propone diez medidas para salvar la economía española.
Ante la situación generada por la pandemia del coronavirus, el Instituto Juan de Mariana ha elaborado un informe en el que propone diez medidas para salvar la economía española.
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Madrid, a 4 de enero de 2021.-
La pandemia se ha cobrado decenas de miles de vidas en España. El Gobierno, que tardó en reaccionar en los primeros estadíos de la extensión del virus, impuso el confinamiento más estricto del mundo, lo que ha provocado una crisis económica que, según la OCDE, es la más profunda de las economías desarrolladas después de la de Argentina. Para salir de la situación, el propio Gobierno ha arbitrado un conjunto de medidas para responder a la crisis que no responden a lo que necesita nuestro país.
Ante esta situación, el Instituto Juan de Mariana ha elaborado un informe en el que propone diez medidas para salvar la economía española: acelerar el pago a proveedores, contribuir a solventar los problemas derivados de la falta de liquidez, atenuar la carga impositiva a corto plazo, reducir el gasto público superfluo, eliminar la paga extra de julio de funcionarios y pensionistas, eliminar el salario mínimo, reformar el IRPF y el Impuesto de Sociedades, facilitar el rescate de la prestación por desempleo y planes de pensiones, acabar con los confinamientos generalizados y destinar los fondos europeos a sostener la rebaja de impuestos y el apoyo a las empresas con dificultades financieras.
Este conjunto de medidas está basado en dos principios. El primero de ellos es facilitar que la economía española pueda responder de forma rápida a la situación sobrevenida a causa del distanciamiento y de las medidas adoptadas desde el Gobierno. Así, las medidas de apoyo financiero y fiscal a las empresas más la eliminación del salario mínimo facilitarán que las empresas puedan amortiguar el golpe por la caída de ingresos, y que no tengan que realizar el ajuste por la vía de la reducción de sus plantillas.
El segundo principio pasa por no crear mayores problemas a los españoles en el futuro por la consabida vía del aumento del gasto, y con él del déficit público y de la deuda. En una situación en la que empresas y familias se ven obligadas a ajustarse el cinturón, el Estado no puede seguir aumentando el peso que deberán soportar en el futuro.
Inyección de liquidez:
1. Saldar de forma inmediata los importes pendientes de pagos de las administraciones públicas a sus proveedores y acortar los períodos medios de pago en los próximos trimestres
2. Conceder avales para líneas de crédito equivalentes a 3 meses de la facturación de 2019 a todas las empresas y autónomos que lo soliciten. Esta propuesta se llevaría a cabo en colaboración con el sistema financiero: el Estado avalaría entre un 15 y un 25% de las líneas de crédito aprobadas por las entidades.
3. Aplazamiento de todas las obligaciones tributarias del primer y segundo trimestre de 2021, incluidas las cotizaciones sociales, a las empresas que lo soliciten. El período de pago de estos aplazamientos se extendería hasta 2023.
Reducción del gasto público:
4. Presupuesto base cero. Congelación de todas las subvenciones previstas para el año 2021.
5. Eliminación de una paga extra a los pensionistas y a todos los funcionarios excepto a los empleados del sector sanitario y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Medidas para superar la recesión e impulsar la productividad:
6. Eliminar el salario mínimo para facilitar la entrada en el mercado laboral de los colectivos con más dificultades de inserción en el mismo.
7. Iniciar un proceso de reforma fiscal con el objetivo de reducir los tipos de IRPF e Impuesto de Sociedades para impulsar la competitividad de la economía española.
8. Facilitar el rescate de la prestación por desempleo y de planes de pensiones.
9. Una alternativa a los confinamientos generalizados, como la de blindar a los grupos de la población que son más vulnerables a la incidencia del virus.
10. Doble propuesta sobre el uso de los fondos europeos: (1) rebaja de impuestos puntuales en 2021 y 2022 financiadas con el dinero de la UE; (2) destinarlos a provisionar un fondo que cubra las pérdidas derivadas de los avales a empresas (ver punto 2 de este decálogo).
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Recursos adicionales:
● Descargar informe completo aquí.

Publicación de las comunicaciones presentadas en Madrid en el XIII Congreso de Economía Austríaca los días 26 de octubre y 2, 9 y 16 de noviembre de 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=a0XuArseduU&list=PL_ka0x1uXQaWseiyXO4GXZ1Fw8zt6tTp4
Descargar aquí
Siempre me han interesado las políticas públicas, la política y el destino de nuestra sociedad. Los que compartimos esta pasión hemos seguido análisis y controversias sobre la regulación, sus efectos, sus costes y beneficios. Sin entender bien este tipo de cosas no se puede hacer una política solvente, y eso es lo que ocurre en demasiadas ocasiones. En este campo, los economistas tienden a analizar asuntos de mucha relevancia para la sociedad: el mercado laboral, el sector financiero, la provisión de energía. A mí siempre me ha llamado la atención la falta de referencias asequibles sobre un tipo de regulación que afecta a nuestras vidas cotidianas, y con las más diversas excusas empeoran nuestra calidad de vida. Es la llamada protección al consumidor, que en tantas ocasiones se convierte en una limitación concreta de la libertad de los consumidores y en una disminución tangible de la calidad de los productos que consumimos.
Hace unos años viví fuera de España y a mi vuelta me traje un coche de una marca y un modelo que se vendía en España y que se fabrica en un sólo lugar. Como se trataba de un bien perteneciente al ajuar doméstico, su importación no exigía pagar más impuesto que el de matriculación. Pero antes había que hacerle la inspección en una ITV para comprobar que el vehículo estaba homologado. La administración rápidamente comprobó que había un problema: la regulación española exige que las luces anti-niebla sean accionadas separadamente, y no con el mismo interruptor. No me acuerdo cuánto me costó dejar el coche en condiciones homologables por las autoridades españolas, pero se trató de una factura relevante.
Entonces compré una cafetera eléctrica. Como mi familia es numerosa, tenemos la costumbre de que el primero en levantarse -yo- hace café, que los demás miembros de la familia van sirviéndose cuando desayunan. ¡Pues el café estaba siempre frío! Al principio yo creí que había comprado una mala cafetera, o que no había entendido las instrucciones. Hasta que conseguí averiguar la causa: la regulación europea exige que las cafeteras tengan un temporizador que impida su funcionamiento durante más de 40 minutos.
El otro día leí un artículo en el Wall Street Journal que me dejó extraordinariamente sorprendido: hace 35 años los lavavajillas limpiaban perfectamente en una hora de media. Hoy, para hacer el mismo trabajo, necesitan entre 3 y 4 horas. La regulaciones medioambientales obligan a que sea así, y también afectan a lavadoras y secadoras, que podrían ser mucho más eficientes de no ser por la regulación.
En el origen de muchas de estas regulaciones están consideraciones relativas a la seguridad de los consumidores o al efecto sobre el medio ambiente. Pero las maquinarias burocráticas dedicadas a estos asuntos siempre encuentran construcciones intelectuales que sirven a sus propósitos. Un fundamento muy frecuente de todo tipo de restricciones es el del etiquetaje de los productos. Se trata de que cuando uno compra jamón de Jabugo sea, efectivamente, de Jabugo y no de Tarancón. La garantía del origen de los productos podría dejarse perfectamente al mercado, por supuesto. ¡Pero es tan tentador regular el lenguaje! Muchos recordamos las controversias europeas sobre lo que es y no es un plátano, pero les traigo aquí un caso espectacular: el pasado 27 de diciembre ha sido declarado el de la “liberación del aliño francés”. La FDA americana definió en los años 60 lo que es, lo que puede contener y lo que no el famoso French dressing que se usa para aliñar las ensaladas: “(the)…French salad dressing be made of oil, ‘acidifying ingredients’ such as vinegar or lemon juice with vegetable oil constituting 35% by weight, though it need not include tomato paste”. Ahora, la FDA está derogando estas absurdas normas.
Mucha gente cree que esto son excepciones, pero no es así. La FDA exige que el kétchup tenga un PH de 4,2 o que las tartas de cerezas no tengan más del 15% de las mismas en malas condiciones. El motivo por el que el 14% de las cerezas estropeadas no es un problema, pero el 16% sí pertenece al reino de una fe que no está a mi alcance.
La crisis que hemos empezado a vivir a consecuencia de la COVID-19 no ha desplegado aún todas sus consecuencias, que para nuestro país van a ser devastadoras. Tenemos una extraordinaria ocasión de revisar tantas cosas que impiden que los españoles alcancemos nuestro máximo potencial de bienestar. Las regulaciones de “lo pequeño” discriminan a los más humildes, al encarecer los productos sin una justificación solvente. Hagamos de la revisión de la regulación una prioridad nacional.
Pablo Iglesias y su partido, Unidas Podemos (UP), se han convertido en un óbice en el ejercicio de la política cotidiana desde el Ejecutivo. La estrategia de bloques se ha resuelto favorable al partido que cohabita en La Moncloa junto con el presidente Sánchez y en ocasiones a costa suya. Esa estrategia forzada que permite el posicionamiento fuerte de un partido minoritario que cae en las encuestas pero que, sin embargo, es capaz de cohesionarse en torno a sus propias demandas y, en consecuencia, generar corrientes dentro del mismo Consejo de Ministros está dando sus frutos. Su posicionamiento va más allá que una simple relación de fuerzas entre dos partidos que forman un Gobierno de coalición. Demostrado está que Iglesias es capaz de generar conflicto interno y salir ganando.
En ese contexto se ratifica la idea de que a través de la generación de conflicto interno Unidas Podemos crea, en un primer término, un bloque que juega como un puente ficticio entre las reivindicaciones sociales y el ejercicio del poder. Esta maniobra le da la posibilidad de posicionarse y de generar el debate en su terreno porque, como es obvio, su apoyo real es menor frente al PSOE y sus pretensiones difíciles de acometer.
En este escenario todo es válido: el fin justifica los medios. Aunque manida, es una definición que cobra sentido en estas circunstancias dado que, si bien el fin en sí mismo puede tener muchas aristas, una de ellas es la ruptura del Estado y la regresión del proceso de transición consolidado a finales de los 70. Por ello, los socios de gobierno adoptan un cariz entusiasta y se pavonean de ser demócratas en tiempos de crisis. No es casualidad las constantes alianzas y guiños a Esquerra Republicana o EH Bildu, que son partidos que aportan un valor simbólico y una asignatura adicional a las pretensiones del Gobierno de Pedro Sánchez, la del sueño comunista y la ruptura.
No obstante, la diferencia notable entre el presidente de Gobierno e Iglesias radica en la capacidad de anticipación que tiene el segundo para enarbolar banderas en su terreno: todo son conquistas o intentan serlo, la reforma laboral, la prohibición de los desahucios, el ingreso mínimo vital, etc. Pero, sobre todo, Iglesias sí tiene un plan muy trabajado, la diferencia es que Sánchez no, y si lo tiene, es únicamente la preservación del poder a toda costa, su límite es él mismo y su espejo.
Lo cierto es que el concepto de poder y de acceso al poder que tiene interiorizado Iglesias dista mucho de la definición real de la democracia liberal con todo lo que ello implica. Es en este extremo en el que juega y se ejercita la política de Unidas Podemos, donde vale más el ruido y la controversia que la consolidación real de una política de Estado a largo plazo en beneficio de los ciudadanos. Basta con ver los últimos episodios en la irrupción del conflicto, hasta ahora insólito, entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial.
El Poder Judicial tiene una importancia no menor para los planes de Unidas Podemos y sus socios. Los forcejeos ya están dados y la puesta en escena del enfrentamiento, también. La realidad es que, si este bloque es capaz de llegar tan lejos de la mano de Pedro Sánchez, tendremos que reflexionar seriamente acerca de la intención que acoge este Partido Socialista a la hora de plantear la política en el marco de las instituciones. La evidencia hoy nos demuestra que a Sánchez no le importa el desempeño institucional de España ni la calidad de su democracia, lo que no es obvio es la capacidad que tiene y tendrá de controlar la deriva totalitaria en la que está encaminada hoy España.
Uno de los fenómenos más repetidos en la historia reciente es el descubrimiento de cosas que ya están inventadas, como el “nuevo hombre”, “el nuevo periodismo” o “el Estado emprendedor”.
En el libro escrito conjuntamente por Deirdre McCloskey y Alberto Mingardi, The Myth of the Entrepreneurial State (El Mito del Estado Emprendedor), publicado recientemente, se desvela la falacia del descubrimiento del estado emprendedor por la economista italo-estadonuidense Mariana Mazzucato.
La exitosa autora es asesora de Naciones Unidas, del presidente de la OCDE, de gobiernos como el escocés o el italiano, de la Comisión Europea, de la NASA; ha recibido todos los premios; tiene cuatro doctorados honoris causa, y un CV que hace palidecer al lucero del alba.
Y, sin embargo, en su libro más famoso, Mazzucato descubre, de nuevo, la cuadratura del círculo. Por eso es tan importante el trabajo de Mingardi y McCloskey, que recuerdan lo trasnochada que está esa idea de un Estado que, actuando cual emprendedor, beneficia a todos y es eficiente.
Sin embargo, la ocurrencia de que los gobernantes deberían ser exitosos industriales se remonta al aristócrata inspirador del socialismo utópico, Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon. En su Catecismo de los industriales (1823-24), Saint-Simon defendía que los industriales eran quienes debían llevar las riendas del país ya que son los más interesados en mantener la tranquilidad, en la economía pública, en limitar la arbitrariedad, y son los administradores más eficientes.
Lo que le parecía intolerable es que una nación esencialmente industrial esté dirigida por quienes no son productivos. No es la propuesta de Mazzucato, es la opuesta, pero es de esta semilla de la que surge la moda del estado emprendedor.
A mediados del siglo XIX, fallecido el maestro, sansimonianos como Michel Chevalier defendían el libre mercado y la empresa como medio para aumentar el poder del Estado. Un país rico que pague altos impuestos permitirá el fortalecimiento del Estado.
De esta manera, el gobierno podrá acometer, como empresario, grandes infraestructuras. No en vano, Chevalier fue quien, en 1860, firmó, junto con Richard Cobden, el tratado de libre comercio entre Francia e Inglaterra.
Chevalier participó en la creación del Canal de Suez y el de Panamá, y tenía la la idea de construir el ferrocarril transmediterráneo. Fue un digno discípulo de su maestro, Saint-Simon, quien ya había planteado la unión de los océanos Atlántico y Pacífico, a través de un canal.
Como recuerdan Mingardi y McCloskey, es a partir de John Maynard Keynes cuando, después de dos guerras mundiales y una depresión económica global, se pone en cuestión la necesidad de que sea el Estado quien estimule la demanda y adquiera protagonismo en el mercado.
Pero si damos la razón a Mazzucato y sus muchísimos seguidores, y concedemos que los inversores, como explica Thaler, actúan dominados por sesgos; si aceptamos que la sociedad es infantil e inmadura; si es verdad que las personas no vemos más allá de nuestras narices y necesitamos depender de alguien que nos ayude, ¿por qué tenemos que creer que los ministros del gobiernen no van a actuar dominados por sesgos, no van a ser infantiles e inmaduros y van a mirar a largo plazo?
Sobre todo, si analizamos las decisiones políticas de nuestro propio Gobierno, no ya en este año 2020, sino desde hace varios lustros, no se puede afirmar que sean los mejores líderes para guiar a nadie. Lo que se observa es, más bien, lealtad ciega al partido por encima del interés de los votantes, cortoplacismo patológico, superficialidad extrema y mucho gesto vacuo.
Esta reflexión viene al caso tras leer a María Vega quien, en su artículo de ayer, al hilo de las ideas de Mariana Mazzucato, señalaba la falta de experiencia de la clase política española en el mundo de la empresa. Podría excluirse a Marcos de Quinto y a pocos más. Efectivamente, el papel emprendedor del Estado no está exento de peligros, porque no puede darse.
Un emprendedor, por definición, como recuerda siempre Nassim Taleb, es alguien que se juega la piel, pierde su dinero, apuesta lo que es suyo. Los malos resultados de experimentos empresariales por el estado no lo pagan los causantes del desaguisado, ni en dinero, ni en votos. Siempre hay un culpable ajeno a la gestión del gobierno que permite tapar esos agujeros. Mazzucato tampoco se juega su dinero como consejera de Enel: los gurús saben cómo salir indemnes.
Pero Mariana Mazzucato no es la excepción, es la economista ortodoxa más exitosa, y más en los tiempos que corren. Como recordaban McCloskey y Mingardi, tras las catástrofes hay que esperar un crecimiento del rol del Estado.
El miedo, la debilidad económica, y en el caso de la pandemia, lo inesperado y la confusión informativa, son todos ellos factores que hacen temblar las rodillas de cualquiera y seguir al que nos dice que nos va a salvar.
Y ahí está Pedro Sánchez, que en todos los medios de comunicación se arroga la victoria de haber traído la vacuna, una llegada que nos alegra a todos, pero que es obra de la Unión Europea.
Si el presidente de España fuera Espinete, la Unión Europea la habría distribuido en nuestro país igualmente. Otra falsedad esparcida por las redes sociales es que es gratis: los fondos de la Unión Europea los aportamos los ciudadanos de la Unión Europea.
Como recordamos Carlos Rodríguez Braun, Luis Daniel Ávila y yo en Hacienda somos todos, cariño, libro que verá la luz el próximo 20 de enero, la maquinaria propagandística gubernamental nos engaña para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien.
Por supuesto, la llegada de la vacuna es una muy buena noticia y yo soy optimista. Creo que poco a poco iremos recuperando el pulso y que siempre sale el sol tras la tormenta. Lo que nos encontremos cuando recuperemos la consciencia, eso es otra cosa. Feliz año a todos.
Si en algún ámbito las ideas libertarias han tenido éxito y han sido capaces de desarrollar propuestas para solventar problemas, tanto los asociadas a la intromisión de los Estados en la vida cotidiana como en los que se refieren a la búsqueda de soluciones para vivir en paz usando mecanismos de interacción voluntarios, ha sido sin duda en el mundo de la informática e internet. Mi querido colega en estas páginas, el señor Polavieja, ha tenido la deferencia de indicármelo y recordar la pertinencia de un breve análisis de sus contribuciones al desarrollo del corpus teórico de los libertarios, que han sido muchas tanto en el ámbito de la teoría como en el de la praxis.
El primero de ellos ha sido el de haber garantizado un mínimo de privacidad en el uso de internet. Como bien nos cuenta Steven Levy en su libro Crypto, en los años 90 se produjo una fiera disputa entre los partidarios del anonimato en la red y los partidarios de la apertura de la misma al escrutinio del Gobierno. En el primer lado estaban varios de los primeros cypherpunks y en el segundo prominentes políticos del partido demócrata, entonces en el Gobierno, entre los que destacaron por su interés el entonces vicepresidente Al Gore y el presidente de la comisión reguladora de estas actividades en el Senado, la entonces joven promesa de la política Joseph Biden, quien ya apuntaba maneras de defensor de las prerrogativas estatales, maneras que todo parece indicar que no ha perdido con los años. Frente a las pretensiones de regular y supervisar el entonces incipiente internet varios libertarios, vinculados a la industria de la programación informática y residentes en la costa oeste de los Estados Unidos, decidieron plantar cara a la intromisión del Gobierno usando el arma que mejor sabían usar, su capacidad de programar y escribir códigos informáticos. De aquellos tiempos datan manifiestos a favor de la criptoanarquía, como el celebre escrito de uno de ellos, Tim May, reivindicándola.
El encriptamiento es una vieja arma usada para esconder información de observadores no deseados. Desde escribir de forma cifrada con claves que pueden ser de gran sofisticación (como el famoso código Enigma usado por los nazis y roto por Allan Turing) al uso de tintas simpáticas y otras formas de ocultación de la información usadas desde siempre tanto por los poderes políticos en sus guerras como por sus opositores. Las formas modernas de encriptación han evolucionad y ahora hacen uso de algoritmos o de códigos informáticos, de tal forma que es imposible, o cuando menos muy difícil, acceder a los contenidos protegidos. Los primeros cypherpunks (denominados así por su uso de herramientas criptográficas y que no deben ser confundidos con sus parientes los fans de la ciencia ficción conocidos como cyberpunks) hicieron uso de sofisticadas técnicas de encriptación para evitar, por la vía de los hechos, que los Gobiernos pudiesen adueñarse de la información almacenada en las redes. Desde entonces se ha producido una lucha contante entre los agentes del Estado y los informáticos libertarios por el control de la privacidad en la red. De esta lucha se han derivado numerosas aplicaciones prácticas demostrando que estas ideas más allá de su relevancia política si pueden tener trascendencia en el ámbito social.
La primera de ellas es la posibilidad de establecer espacios privados en internet, no sujetos a la supervisión del Estado o de personas no deseadas. Digo la posibilidad porque también es posible que este aspecto pueda ser subvertido. El encriptamiento permitió el uso de correos electrónicos o transferencias monetarias libres de control. También facilitó la aparición de comunidades privadas en las que poder dialogar y cambiar opiniones más allá de la censura. El problema potencial es que para conseguir eso se ha descansado en muchas ocasiones en plataformas o redes que sí pueden acceder a nuestros registros y facilitárselo a su vez a los poderes estatales. La profesora Zuboff en su último libro La era del capitalismo de la vigilancia ha incidido mucho en este aspecto. Nuestros supuestos aliados en la lucha por la libertad pueden fácilmente transformarse en sus peores enemigos, no sólo porque almacenen nuestros datos (accedimos a la hora de suscribir el programa a facilitárselos) sino porque puedan dárselos a quien queríamos evitar. Sabemos que Cortana lee y escanea nuestros mails pero también sabemos que en caso de necesidad podría censurarlos o delatarnos incluso a un Gobierno que no necesariamente tiene por qué ser garante de la privacidad. De hecho se podría afirmar que desde la aparición de internet se ha dado un proceso continuado de confrontación y consiguiente coevolución en el que el Estado y los desarrolladores de internet han competido y compiten por adelantar al otro en sus pretensiones, bien de controlar la privacidad bien de sustraerse a tal control.
Fruto de esta dialéctica es la aparición de fenómenos como el bitcoin o el desarrollo de la arquitectura que lo sustenta, el blockchain. Sobre este tema ya se ha escrito bastante y no soy yo el más indicado para exponer la compleja estructura que subyace bajo estos desarrollos, pero si cabría indicar que forman parte de una mentalidad antiestatista. Sus creadores y desarrolladores, Satoshi Nakamoto (sea quien sea) o Vitalik Buterin entre otros no sólo profesan ideas libertarias sino que las llevan a la práctica y, es más, intuyen perfectamente que atacar el monopolio estatal de la moneda y el crédito y su capacidad de recaudación fiscal es una de las formas más efectivas que existen de debilitar el poder gubernamental. No sólo se le quita de gravar con inflación a la sociedad sino que se le elimina de un plumazo el aura de omnipotencia que tienen. Medidas usadas para exhibir poder y apoyar a los grupos de interés amigos, como la inyección de 750.000 millones de la Comisión Europea para aliviar la crisis, ya no serían posibles. Si Lenin decía que para acabar con el capitalismo había que atacar la moneda (y tenía razón), los cypherpunks llevan a cabo una estrategia semejante. La paralela, y en este ámbito también se están dando desarrollos, sería acabar con la capacidad estatal de conformar los sistemas ideológicos y de creencias a través de la erosión de su monopolio de la educación primaria y secundaria y de su capacidad, parcial pero en aumento, de control y regulación de los medios de comunicación de masas. Otro aspecto a destacar del bitcoin es la teoría monetaria que subyace a su arquitectura. Toda moneda digital debe contar con algún tipo de teoría económica detrás que dirija su forma de operar. Podrían perfectamente diseñarse monedas digitales con base keynesiana o monetarista, con algún tipo de órgano centralizado que emitiese nueva moneda bien de forma discrecional o bien que siguiese algún tipo de regla expansiva del tipo del 3% friedmanita. Pero es de destacar que la teoría subyacente al bitcoin, inspirada en el patrón oro clásico, si no es austríaca se le parece mucho. La oferta monetaria está limitada a una cantidad concreta, veintiun millones, y minarlos, al igual que el oro, cuesta cada vez más trabajo. Esto es, no es una moneda que pueda ser expandida a voluntad por algún tipo de voluntad central.
El bitcoin y la arquitectura blockchain pueden ser armas eficaces para reducir el tamaño del Estado, al sustituir algunas de sus funciones, pero el programa político de los cypherpunks no termina aquí, pues entre sus proyectos está el de revivir adaptado a los tiempos de la vieja y protolibertaria doctrina medieval del tiranicidio En sus inicios diseñaron un ficticio “mercado de asesinatos” en el que jugaban a poner precio a la eliminación de los tiranos de la época, con la esperanza de que alguien aceptase la recompensa y se decidiese a acabar con alguno de ellos. Pero el éxito mayor en este ámbito de los cypherpunks no fue este mercado sino la gigantesca filtración de información confidencial vertida en el portal WikiLeaks por Julian Assange (véase la discusión en el libro Los cypherpunks de este último). Consistió en desvelar y publicar miles de cables confidenciales de servicios de inteligencia, gobernantes y diplomáticos en los que se probaba la poca santidad de las medidas que llevan a cabo muchos de los respetables Gobiernos democráticos de nuestra era. Explican cómo se espían los unos a los otros y cómo construyen argumentarios para justificar guerras e intervenciones militares en todas las partes del mundo. También relatan cómo derrocan a los Gobiernos que no les gustan, sean estos o no democráticos, y cómo realizan operaciones de falsa bandera o atentan de forma encubierta contra sus rivales. Pocos fueron los Estados que se libraron de la exhibición de sus miserias más íntimas, pero no dicen nada que no fuese sabido de antes, y su problema es que no lo saben conectar con una teoría general del Estado, que explique que estas desviaciones éticas forman parte de un sistema que las hace poco menos que inevitables. Si no se explica así poco se puede avanzar en a comprensión del fenómeno, que será siempre zanjado con el argumento de la manzana podrida o de las necesidades de defenderse de amenazas potenciales que pudiesen afectar a la seguridad o integridad de nuestros respectivos países, pero con métodos que no pueden ser confesados al gran público. Aquí los cypherpunks aciertan sólo en parte, pues las poblaciones intuyen que no toda la acción de un Gobierno es inmaculada e incluso pueden llegar a justificarlas. Poco pueden deslegitimar esas filtraciones si no se asocian con una conducta general de los Estados, más que con casos particulares.
Por último, otra de las grandes invenciones de nuestro grupo es la de crear nuevas formas de derecho. La pretensión de escribir códigos informáticos que suplanten a las leyes está desde el principio en la obra de Nick Szabo y otros desarrolladores, como antes apuntamos. Su concreción es la formulación de contratos autoejecutables de cumplirse las condiciones pactadas. Si bien algunos juristas han enfatizado su excesiva rigidez a la hora de la ejecución, que no parece admitir matices, son sin duda una idea con un potencial enorme. Muchos contratos, comerciales o civiles, precisan de un aparato organizativo muy sofisticado para hacerlos cumplir en caso de incumplimiento. Abogados, jueces, procuradores, agentes judiciales y, sobre todo, la propia autoridad monopolística del Estado pasarían a un segundo plano de poder desarrollarse de forma fiable con esta tecnología. Bastaría con dar una definición clara de lo que significa un incumplimiento y este se ejecutaría automáticamente a través de arquitecturas como blockchain, que servirían de validadores del incumplimiento. Es el caso del mítico ejemplo del coche inmediatamente bloqueado por mecanismos digitales en caso de impago. En efecto, el código sería implacable en este caso pero lo que no tienen por qué ser rígidas son las condiciones de impago. La máquina podría bloquear, por ejemplo, al cabo de dos o tres impagos o de cualquier otra condición que se establezca. Y desde luego para situaciones en las que no exista un único orden jurídico involucrado, como es el caso del comercio internacional, será sin duda una herramienta de excepcional importancia. Y no se puede descartar incluso su uso futuro en el ámbito del derecho penal en la ejecución de determinadas penas como las de alejamiento.
Lo que nos muestran los cypherpunks es que se pueden llevar a cabo acciones prácticas para reducir de forma efectiva el poder de los Estados modernos sin necesidad de hacer uso de la lucha política y sin la necesidad de violar los derechos de nadie para hacerlos efectivos.
Una de las reformas más espectaculares de la era progresista en los Estados Unidos fue la prohibición del consumo y tráfico de alcohol. El movimiento progresista tenía una base religiosa. Eran pietistas: entendían que la salvación propia depende de la decisión personal de encontrarse con Dios (nacer de nuevo) y alejarse por completo del pecado. Las confesiones y organizaciones religiosas no tenían ahí ningún papel, pero sí el Estado como agente de Dios en la Tierra. Y eran posmilenaristas: para la segunda llegada de Jesús al mundo era necesario acercar el reino de Dios en la Tierra, eliminando todo rastro de pecado. Y el alcohol era el vehículo del diablo. Había que terminar con él, y eso se hizo con la aprobación de la 18ª enmienda (1919-1933).
Eso se hizo, o eso se intentó hacer. Porque el fracaso de la prohibición fue inmediato, y espectacular. La prohibición no sólo no acabó con el consumo, sino que llevó a crear alcoholes más concentrados, más fáciles de provocar la embriaguez con menos cantidad y, por tanto, con mayor facilidad para el tráfico ilegal. La prohibición está en el origen del crimen organizado en los Estados Unidos. Y los pecados asociados al alcohol no remitieron un solo paso. Pese a todos sus esfuerzos, el Gobierno de los Estados Unidos no fue capaz de impedir que los ciudadanos produjeran, vendieran y consumieran alcohol. Una de las medidas que adoptó fue la de envenenar las botellas. En 1926 empezaron a acumularse las noticias sobre las muertes causadas por el consumo de botellas envenenadas, y el ovillo del hilo conducía a las decisiones adoptadas por el Gobierno Federal. Éste negó toda responsabilidad, pero luego tuvo que admitir que las acusaciones eran ciertas. Se calcula que debieron de morir unos 10.000 estadounidenses por el consumo de botellas envenenadas.
Justo cuando terminaba esta malhadada política, el Gobierno de los Estados Unidos inició un experimento. El Servicio de Salud Pública inició un programa de estudio de la sífilis en la ciudad de Tuskegee, Alabama, con la colaboración de la Universidad de aquella ciudad. Para el estudio escogieron a 600 negros analfabetos y pobres, a los que engañaron diciendo que les iban a dar un tratamiento sanitario gratuito. Dos tercios de ellos tenían sífilis, y el objeto del estudio era saber si el tratamiento que estaban estudiando tendría más beneficios que efectos secundarios nocivos. El estudio continuó hasta 1972, y sólo la filtración a la prensa pudo poner fin a este proyecto, que había durado exactamente 40 años.
Hermann Göring escribió una carta al comandante de seguridad del II Reich, Reinhald Heydrich, en la que le conminaba a preparar una “solución final de la cuestión judía”. La orden es del verano del 41; en otoño Himmler concibió un plan para exterminar a los judíos en el territorio ocupado por el Gobierno alemán, que sin más dilación se empezó a llevar a término en Polonia, y luego en otros lugares.
¿Qué tienen en común estas tres historias? Que son conspiraciones. Una conspiración es la organización de un plan para causar daño a terceros. Por su naturaleza dañina, y como parte de la búsqueda de la eficacia del plan, las conspiraciones son secretas. Además de estos tres episodios históricos se pueden recoger multitud de ejemplos, en golpes de Estado o revoluciones, políticas del Gobierno para avanzar en sus planes, organizaciones terroristas… Las conspiraciones existen, y están a la orden del día.
Por eso no tiene ningún sentido criticar a alguien por el simple hecho de que exprese una teoría sobre una conspiración. Ahora bien, exponer una teoría conspirativa es pronunciarse sobre una cuestión de hecho. Y, por tanto, puede ser verdadera o falsa. Quien dijo que el Gobierno de los Estados Unidos estaba envenenando botellas de contrabando decía la verdad. Pero, por supuesto, muchas de las teorías que se formulan acaban siendo falsas. Incluso hay una mentalidad conspiranoica que enlaza hechos e intenciones sin mayor prueba. ¿Qué distingue una teoría sobre una conspiración con visos de ser cierta de una conspiranoia?
Una conspiración real tiene un conjunto de elementos necesarios. 1) Unos actores concretos. 2) Que tienen unas motivaciones específicas. Habitualmente tendrán que ver con el poder o el dinero, pero con una parcela específica de poder o con cualquier otro objetivo concreto. 3) La acción responde a una idea concreta sobre el mecanismo que les acercará a sus objetivos. Es decir, que lo que hay detrás de una conspiración real es la estructura de medios y fines, y la tecnología que acerca los primeros a los últimos, y que nos permite dar una explicación completa, o suficiente, de unos hechos concretos.
Los conspiranoicos siempre fallan en alguno de esos puntos, y habitualmente en dos de ellos; el primero y el segundo. Pondré un ejemplo. Tras el robo de las elecciones de febrero de 1936, la violencia en las calles y en el campo, la oleada de huelgas, algunas de carácter revolucionario, y el asesinato de uno de los líderes de la oposición por un grupo vinculado a uno de los ministros del Gobierno, un grupo de militares, con el apoyo de una trama civil, organizó un intento de golpe de Estado que en última instancia desembocaría en guerra civil y acabaría con la II República. De esta conspiración conocemos quiénes fueron los protagonistas, conocemos bien al menos algunos de sus objetivos, aunque varios de ellos fueran contradictorios, y sabemos cómo el general Emilio Mola ideó implantar lo que él llamó “una dictadura republicana”, y que bien sabemos en qué desembocó finalmente. Es un caso claro de una conspiración en la historia.
Vamos ahora con una conspiranoia: “La Guerra Civil representó la última expresión de los intentos de los elementos reaccionarios en la política española de aplastar cualquier reforma que pudiera amenazar su privilegiada posición”. Lo que explica esa situación es que “España no experimentó una clásica revolución burguesa en la que se rompieran las estructuras del Antiguo Régimen”. (El autor de estas palabras no conoce que hubo una Constitución de 1812). A pesar de ello, España “estaba dividida en dos grupos mutuamente hostiles: los terratenientes y los industriales por un lado, y los obreros y los campesinos sin tierra por otro”. Y, así, “la Guerra Civil fue consecuencia de los esfuerzos de los líderes progresistas de la República por llevar a cabo la reforma contra los deseos de los estratos más poderosos de la sociedad”.
¿En qué vemos que el autor recurre a una paranoia conspiranoide? Amparado en su desconocimiento de la Historia de España, el escritor señala a unos actores que no son específicos, concretos, sino que son un grupo autoperpetuado con intereses comunes, y antitéticos con los de otros grupos. Son, simplemente, los de arriba contra los de abajo. El autor no identifica quiénes son, qué intereses específicos poseen, por qué son los mismos los de terratenientes e industriales (o los de campesinos y obreros). Ni explica el motivo por el que unas reformas pudieran beneficiar a todos los grupos, de modo que ese beneficio facilitase el acuerdo entre grupos diferentes. Pondré un ejemplo: durante la II República se intentó llevar a cabo una reforma agraria. Ese intento continuó durante el franquismo con el Instituto Nacional de Colonización. Pero ambos quedaron obsoletos con el éxodo del campo a la ciudad, gracias al tardío desarrollo del capitalismo en la España de Franco. El autor no concibe siquiera que algo así pudiese ocurrir.
Esta conspiranoia es muy parecida a otras, como las ideas sobre una conspiración judía. La continuidad histórica del pueblo judío tendría una manifestación en una élite con intereses comunes y autoperpetuados, de modo que la conspiración es la misma en la Rusia de comienzos del XX que en los Estados unidos de comienzos del XXI. Es siempre la misma estafa intelectual, la de Paul Preston en su libro La Guerra Civil Española, la de Los protocolos de los sabios de Sión, el Pizzagate o cualquier otra.
Es fácil desmontar una teoría conspiranoica. Sólo hay que hacer una serie de preguntas de sentido común: ¿quiénes son? ¿Qué actos específicos les vincula con los hechos? ¿Qué documentos refrendan el relato?… y si no hay respuestas concretas, ya sabemos a qué nos enfrentamos.
Apenas unos días antes del comienzo de las Navidades, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo[1] dio a conocer un Auto, que, según informa confusamente el portal del Poder Judicial “inadmite las denuncias y querellas contra el Gobierno por la gestión de la covid y las remite al juzgado decano de Madrid”.
Desde un momento inicial de esta pandemia del coronavirus, a medida que sucedían hechos relacionados con su gestión -con las miles de muertes en la primera fase que colocan a España como uno de los países del mundo más afectados, en términos relativos y absolutos– se fueron presentando numerosas querellas y denuncias contra el presidente u otros miembros del Gobierno por parte de distintas personas y asociaciones. En dichos escritos, presentados bien directamente ante el Tribunal Supremo -único competente conforme al aforamiento previsto para ellos en el artículo 102.1 CE– o ante instancias inferiores, se les imputaban delitos de muy diferente naturaleza.
No obstante, el órgano jurisdiccional superior en toda España (art. 123 CE) se ha demorado en dictar un pronunciamiento demostrando el peculiar entendimiento que sus actuales magistrados tienen de su función. Con el conocimiento de los procedimientos dado por la propia resolución, las informaciones periodísticas y la querella original publicada por una de las partes, causa verdadera estupefacción observar como el Tribunal Supremo ha esperado a acumular querellas y denuncias presentadas en su registro con otras dispersas por otros juzgados que tardaron tiempo en remitírselas.
A este respecto, cabe señalar que la suspensión de los plazos procesales en todos los órdenes jurisdiccionales, impuesta por la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el primer estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, encontraba diversas excepciones en el orden penal, como la práctica de actuaciones urgentes por parte del juez o tribunal competente en fase de instrucción.
Esa inevitable disposición para no incumplir crasamente la exigencia constitucional (art. 116.5 CE) de funcionamiento de los poderes del Estado durante los estados de alarma, habría justificado hace muchos meses la adopción de algún pronunciamiento por parte del tribunal. Con independencia de la calificación que merecieran cada una de las querellas, resulta chocante la ausencia de toda actuación procesal para aclarar o descartar imputaciones por delitos de homicidio o lesiones imprudentes de miles de personas, u homicidios cometidos por omisión, tal como califican provisionalmente los delitos más graves algunas de las partes.
Salvo en algún caso aislado, el tribunal omite toda referencia a las fechas de presentación de las querellas y las denuncias. De manera notoria, sin embargo, se sabe que la primera denuncia que llegó al Tribunal Supremo el 25 de marzo se presentó por el abogado Víctor Valladares Pérez contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón, después de que una jueza de instrucción de Madrid desechara actuar contra él, dada su condición de aforado, en el mismo procedimiento que el delegado del Gobierno en Madrid, Jose Manuel Franco Pardo. El denunciante consideró que los denunciados cometieron un delito de prevaricación por la autorización de marchas y actos multitudinarios en Madrid entre el 4 y el 14 de marzo, a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades del día 2 del mismo mes sobre la covid-19.
En el caso de las querellas, la formulada por el partido político Vox, ejercitando la acción popular, y otra interpuesta por personas que se reclamaban víctimas o perjudicados ejercitando la acusación particular, dirigidas por el abogado Jose Ignacio Sánchez Rubio se presentaron, respectivamente, los días 20 de abril y 11 de mayo. Desde ese momento, lejos de dar el debido impulso procesal a estas y otras querellas ya presentadas, según se refleja en su resolución, el tribunal se limitó a dar números de referencia a las causas y pidió opinión al Ministerio Público (esta expresión debe entenderse como un grupo al servicio del fiscal encargado) sobre el curso a seguir en las actuaciones. Sin que se aclare por qué no se recabaron según iban llegando las querellas separadamente, el Fiscal pidió que la Sala asumiera el conocimiento únicamente respecto de los hechos imputados a cada una de las personas aforadas, su acumulación, así como el archivo “por no existir hecho alguno de apariencia delictiva”. A pesar de contar con las actuaciones a finales de junio, el fiscal se demoró en la elaboración de su dictamen. Por otro lado, se le permitió desglosarlo en dos partes, presentadas el 14 de septiembre (respecto a las 19 querellas) y el 5 de octubre (respecto de las 29 denuncias).
Retengamos en este punto, pues, que al dictar su auto de inadmisión, el Tribunal Supremo había dejado transcurrir nueve meses desde la primera de las denuncias por prevaricación administrativa formulada por el abogado Víctor Valladares Pérez (sobre la que no hay un pronunciamiento expreso) a las que ha ido amalgamando otras acciones posteriores por delitos de muy diferente naturaleza, que afectan no solo a los miembros del gobierno, sino también a magistrados del Tribunal Constitucional, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Como cuestión procesal previa, con unas evidentes consecuencias posteriores: ¿es normal esta demora, con la inestimable colaboración del Fiscal, para comprobar si se presentan otras querellas que se puedan acumular a las previamente presentadas? Entiendo que no. Tal actuación supone una flagrante vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y un proceso público sin dilaciones indebidas -recogidos en el artículo 24.1 y 2 de la Constitución– de los primeros denunciantes y querellantes, en un sistema procesal como el español que, por lo demás, regula pormenorizadamente la participación de los ciudadanos en la administración de Justicia, mediante el ejercicio de las acusaciones particular y popular.
Pero sigamos analizando el auto de marras. La parte dispositiva desestima parcialmente las peticiones de archivo de plano de querellas y denuncias planteadas por el fiscal, pero inadmite las dirigidas contra los miembros del Gobierno y “decreta el archivo de actuaciones, por no estar debidamente justificada la comisión de los hechos punibles atribuidos a los querellados con fuero procesal en esta Sala”. No obstante, remite las denuncias y querellas a los Juzgados de Madrid para que, conforme a lo que se acuerda y razona en la presente resolución, se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen aquellas a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación.
El auto carece de la coherencia necesaria. Si bien la parte dispositiva decreta el archivo de actuaciones, “por no estar debidamente justificada la comisión de los hechos punibles atribuidos a los querellados con fuero procesal en esta Sala”, lo cual tendría los efectos de un sobreseimiento provisional, las razones expuestas en los fundamentos del Auto apuntan a una intención exculpatoria absoluta equivalente a un sobreseimiento libre. Ahora bien, tampoco eso queda claro. Fruto del frenesí por esperar y acumular mostrado por la Sala y el Fiscal, más de la mitad de una resolución de noventa y tres folios se dedica a consignar extractos de las pretensiones de querellantes y denunciantes con más o menos detalle, extractos de las distintas querellas y denuncias. De alguna manera parece que tal amalgama le sirve al Tribunal Supremo para construirse un perfecto hombre de paja para defender a los aforados de todos los títulos de imputación esgrimidos.
Solo realmente 28 folios se dedican a someros análisis y pronunciamientos, introducidos por un exordio que incurre en variadas incongruencias y excesos retóricos sobre el peligro de un “derecho penal totalitario” si se procede a incoar procedimientos penales contra individuos por meras sospechas. Prevención abstracta muy plausible cuando se trata de individuos que no gozan de privilegios procesales, pero distorsionadora de la realidad cuando se refiere a miembros del gobierno aforados (con la necesidad de obtener un suplicatorio el propio Tribunal Supremo para investigarlos) que, de hecho, disponen de la fiscalía como defensor.
En cualquier caso, sin agotar los delitos que imputan las querellas y denuncias contra los distintos aforados, la lista es larga: 1) los delitos de homicidio (art. 142 CP) y lesiones por imprudencia grave así como la comisión por omisión (art. 152 CP) 2) un delito contra los derechos de los trabajadores de los arts. 316 y 317 del CP, por no haber facilitado a los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al personal sanitario, los medios y equipos de protección necesarios para el ejercicio de su actividad, 3) Prevaricaciones diversas relacionadas con los ceses del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que también se califica como delito de obstrucción a la Justicia a que se refiere el art.464 del CP, y del jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía, D. José Antonio Nieto González 4) los delitos de malversación de caudales públicos (art. 432 CP) y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (art. 442 CP) 5) la existencia de un delito contra las instituciones del Estado del art. 508 del CP 6) un delito de violación de secretos (arts. 198 y 415 del CP) 7) un delito de omisión del deber de perseguir delitos (art. 408 del CP)
En general, el Tribunal Supremo se permite aseveraciones muy categóricas sobre la imposibilidad de la comisión de algunos delitos por parte de aforados, sin haber acordado ningún tipo de diligencia de investigación y comprobar su resultado y no se pronuncia motivadamente sobre algunas de las denuncias como la que llegó en primer lugar por prevaricación contra el presidente del gobierno. No obstante, partiendo de la idea que deben investigarse por separado delitos en los que pueden haber cooperado personas aforadas y otras sin privilegios procesales, un axioma que no se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni se justifica en una idea cabal de averiguar la verdad material e impartir justicia sin dilaciones indebidas, el Tribunal Supremo envía las causas ya acumuladas a los Juzgados de instrucción ordinarios de Madrid. Aunque solo para que investiguen las muertes en las residencias de la tercera edad, las eventuales omisiones de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y a una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia.
Dadas las flagrantes omisiones e incongruencias omisivas del auto de 18 de diciembre, parece previsible que las partes que no han obtenido un pronunciamiento expreso, o que han visto desestimados sus pretensiones insten todo tipos de incidentes de nulidad de actuaciones, si no es posible articular un recurso de apelación (art. 313 LECr) ante una sala de apelación inexistente. En cualquier caso, el Tribunal Supremo ha mostrado algo más que lenidad ante las actuaciones del gobierno en la gestión de la covid 19.
[1] La resolución judicial de 18 de diciembre fue adoptada por una sala constituida por cinco magistrados: Manuel Marchena Gómez, presidente y ponente, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Pablo Llarena Conde y Vicente Magro Servet.
Me sorprende que les sorprenda tanto.
Los sorprendidos son mis parientes y amigos. Esta Navidad, la del puñetero coronavirus que lo monopoliza todo, un tema de conversación recurrente han sido las restricciones a la movilidad, las vacunas, los test, las colas para conseguir un PCR… Y en esa conversación eterna que ya nos agota, había una pregunta que se repetía: ¿cómo pueden ser tan necios para hacerlo tan mal? ¿es que no se dan cuenta de que esto o aquello no tiene sentido? ¿es que no tienen familia?
Y ahí, al responder, llega mi sorpresa. Por supuesto que “No se dan cuenta. No tienen familia o no en ese sentido. Porque tienen familia, pero su familia no está sometida a las mismas restricciones que la tuya”.
Las medidas más absurdas de este 2020 se explican por una mezcla de incompetencia (son muy malos), arrogancia (se creen muy buenos), ideología (ese concepto del poder despótico que tan normal se ha vuelto en nuestras democracias, “yo mando y tú obedeces”), propaganda (“haremos lo que sea para cuidarte”) y control de los medios (las críticas se silencian o se mandan al rincón del frikismo). Pero también por una pura cuestión personal: a los que las aprobaron, esas medidas no les afectan directamente o les afectan mucho menos que al ciudadano medio. No sólo eso, los que deben controlarles (oposición, medios de comunicación…) también suelen tener vías de escape.
Hay muchas candidatas a peor ocurrencia del año: desde el retraso en la aprobación de test de antígenos en las farmacias para no darle la razón a la Comunidad de Madrid a la ausencia de alternativas imaginativas para el sector de la restauración. En mi lista, el primer lugar lo ocupa esa prohibición a los niños de salir de casa que estuvo vigente durante dos meses. Estúpida, inútil para controlar la pandemia y de una falta de humanidad que rozaba la crueldad. Y para valorarla, una queja habitual, pero que se lleva el viento, a la que no prestamos atención porque parece un cuñadismo, una expresión poco reflexiva del ciudadano cabreado: “Si vivieran en un piso de 65m2 con tres niños, no lo habrían hecho”. Cada día tengo más claro que ahí está la clave. Mucho más que en los análisis políticos, económicos, ideológicos, electorales, demográficos… Todas esas sesudas razones que los periodistas buscamos para explicar lo que está mucho más cerca: en el elemento personal, en cómo se aplican estas normas a los que las aprueban, en la distancia que hay del decreto al ministro.
Tengo para mí que el comunismo no habría sobrevivido 70 años en Rusia si la esposa del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética hubiera tenido que hacer cola en los economatos de los barrios obreros de Moscú, con la cartilla de racionamiento, para conseguir pan, leche o huevos. Sólo por no escuchar la matraca, cada día al volver a casa, sobre el frío, la incomodidad, la mala calidad de los productos… hasta Stalin habría recuperado el libre mercado. Me lo imagino en la reunión del PCUS: “Que sí, que lo sé, que nos estamos cargando el marxismo… pero no lo puedo aguantar más. Lo que sea, pero que mañana haya huevos en las tiendas”.
Es cierto que la coalición PSOE-Podemos nos ha ofrecido todo tipo de situaciones que claman al cielo: desde las vacaciones de Ábalos en Canarias con familia, amigos y la excusa de la crisis de los cayucos hasta el viaje a Bilbao de Celaá apenas unos minutos después de cerrar Madrid a cal y canto; desde la no-cuarentena del vicepresidente Iglesias a las copas de Armengol en Palma a las 2.00 de la madrugada o las cenas multitudinarias de Díaz en Madrid con sus compañeros. Y eso sin entrar en el Falcon y en las correrías de Sánchez con su señora y amigos. Pero no se engañen, situaciones similares se habrían vivido con otros partidos y protagonistas. Quizás menos sangrantes, porque este Gobierno destaca en incompetencia pero también en desfachatez, pero no tan distintas en el fondo. La diferencia es que Ferreras habría intentado que dimitiera algún pepero por lo mismo que ni siquiera ha entrado en la escaleta de los informativos de La Sexta. Pero poco más.
Que nos escandalicemos por estas noticias es lógico. Pero me gusta menos el enfoque unidireccional que le damos a ese enfado. Nos centramos en la ética y en el desprecio hacia el ciudadano de a pie. Y tenemos razón. Ponemos los ejemplos de esos países en los que un ministro dimite por una tesis doctoral con unos pocos párrafos plagiados o un director de Salud Pública se marcha a casa porque le pillan saltándose el confinamiento que aprobó. Y nos indignamos, con motivo, al hacer la comparación con España. Pero no debemos olvidar la parte práctica. Que los políticos tengan que seguir las mismas normas que el resto es una obligación moral… pero también es más eficaz. Las leyes estúpidas suelen tener una vida útil más corta cuando se aplican al que puede cambiarlas. Lo que vemos cada día es el principal motor de nuestros actos. No hay mejor empujón que el interés propio.
Además, si pensamos que es cuestión de maldad o falta de ética, entonces la lógica será echar al que hemos pillado en un renuncio. Si asumimos que el problema no es sólo que ellos ignoren una ley estúpida, sino la estupidez en sí misma, estaremos más cerca de la solución.
Hace un par de semanas hablábamos de la mala experiencia laboral de nuestros líderes y de cómo su carrera profesional se traducía en las leyes que aprobaban. Decíamos que no es sólo una cuestión de maldad o ideología, sino de lo que se aprende cada día. Un Congreso lleno de funcionarios, profesores de universidad y políticos profesionales produce de forma natural la legislación que tenemos: intervencionista, dependiente del Estado, piramidal, uniformadora, alérgica a las soluciones descentralizadas… Una oposición a registrador de la propiedad es uno de los retos más difíciles que puedo imaginar: exige dedicación, esfuerzo y renuncias durante años. Y todo en busca de un objetivo que no sabes si alcanzarás. ¿Cualidades de los que superan esas pruebas? Muchas y muy buenas: los opositores son muy trabajadores, constantes, tenaces, con visión de largo plazo… El problema no es ése. El problema es que en la vida real no hay oposiciones. El mercado no tiene exámenes de todo o nada cada 4 años.
En el tema que tocamos hoy, la clave reside en que ellos siempre podrán esquivar las consecuencias más molestas. Otra vez, la falta de skin in the game: y sí, es bueno, como decíamos, que viajen en transporte público para que sepan lo que es el Metro. Pero no seamos ingenuos: el día que realmente lo necesiten, cogerán el coche oficial (recuerden a Carmena o miren ahora a Colau). La solución no es perseguirles cada día para saber si mantienen la coherencia. La solución es arrancarles el poder de las manos y retomarlo nosotros; exigir menos normas y exigirles que ellos también cumplan la que aprueban (¿cuántas dimisiones ha habido en España en 2020 por esto?); acercar esas normas al ciudadano y reducir el ámbito de toma de decisiones (es más fácil controlar la coherencia diaria de un alcalde de un pueblo pequeño que la de un ministro); obligarles a usar los servicios públicos en igualdad de condiciones que los demás (y no, mudarse a 60km de distancia de tu barrio de origen para escoger la escuela pública deseada no es igualdad de condiciones); o mejor aún, exigir para nosotros el mismo grado de libertad de elegir que tienen ellos a la hora de acceder a esos servicios públicos (¡Muface para todos!).
En el impacto de las leyes también es importante el sesgo de renta-educación: sortear los peores efectos de cualquier medida arbitraria siempre es más fácil para los que tienen ingresos por encima de la media. O los que tienen amigos a los que pedir favores: para sortear una lista, conocer antes que nadie la aprobación de una medida, acceder a quién puede explicarte cuáles son las soluciones que necesitas, etc. Hablo de ese tipo de mini-corrupciones que todos aceptamos si podemos y con las que no sentimos que estemos haciendo algo malo. Aquí me incluyo yo mismo sin problemas: sé que mi año 2020 ha sido mucho menos complicado que el de una camarera a la que cerraron su bar durante seis meses o el de un dependiente de gasolinera que tenía que ir a trabajar y no tenía con quién dejar a los niños en casa.
El problema fundamental no es qué partido esté en el Gobierno. De hecho, la oposición suele poner poco empeño en estos temas porque en la mayoría de las ocasiones tiene vías de escape similares. Este 2020, es mejor ser Pedro Sánchez que Pablo Casado. Pero ya les digo yo que ni a Casado, ni a Arrimadas ni a Abascal les han fastidiado las normas covid como a usted. Cuando el Congreso aprueba excepciones (pensiones, dietas…) tienen siempre cuidado de que sean para todos los grupos. Hoy por ti, mañana por mí.
Y un apunte no menor: precisamente porque es tan importante controlarles, hay que mirar al controlador. Es decir, a nosotros, los periodistas. Tampoco somos un ejemplo de coherencia. Podríamos empezar con esto de las normas molestas relacionadas con la covid-19: que sí, que nosotros también las hemos cumplido… de aquella manera y casi siempre con más vías de escape que el ciudadano medio. No digo que hayamos estado de fiesta todo el año, tomando copas en las redacciones. Pero hemos sido una de las profesiones con más margen para organizarnos, sobre todo entre los que deciden, opinan, tertulianean. Lo que decía antes de Stalin y su mujer en el economato: les aseguro que si los directores de los periódicos madrileños hubieran tenido que estar dos meses encerrados en su casa de 65m2, sin salir de allí para nada, con tres niños de 6 a 10 años… habría habido más editoriales contra esa medida.
Todavía recuerdo, hace ya unos cuantos años, mi caída del caballo. Hacía muy poco tiempo que había comenzado mi carrera en los medios. En el periódico en el que trabajaba, se discutía uno de los primeros planes de conciliación anunciados por el Gobierno de turno. La conclusión estaba clara: “A favor, hay que impulsarlo, los horarios en España son absurdos”. Pues bien, el tipo que escribía el editorial para fijar nuestra posición terminó de redactarlo ¡a las 22.30! Y no fue una excepción: ¿quieren saber cuántas comisiones del Congreso, de 4-5 horas de duración, se convocan a las 16.00-17.00? ¿Cuántas ruedas de prensa comienzan a las 18.00 o las 19.00? ¿Cuántos actos hay programados a las 20.00 ó 21.00? Cuidado, no digo que periodistas o políticos debamos dar pena por estos horarios un poco enloquecidos. Al que no le guste, que se busque otra cosa. Lo que me parece un insulto es que seamos periodistas y políticos los que señalemos con el dedo a los demás. Y que, cuando nos indican la incoherencia, pongamos esa mueca de “hombre, nosotros somos especiales, no como un consultor que está en Azca a las 20.00 terminando un informe; ése es un esclavo moderno y eso no se puede consentir”. Ni siquiera es el caso más escandaloso: en pocos sectores se estira tanto la legislación laboral y el uso de becarios, contratos de formación, autónomos, etc. como en el sector que más lo critica… cuando lo hacen los otros.
De entre todas las razones que se dan para el crecimiento del populismo (algo que, por otro lado, cada día me parece más saludable), creo que la más importante es esa sensación de doble nivel de reglas y doble vara de medir. De élite que da lecciones que luego no se aplica. De una intervención asfixiante del Estado que asfixia sobre todo a los que no tienen vías de escape para evadirla. De economato en el que compran unos y tiendas especiales, de las que admiten divisas y productos extranjeros, para los privilegiados del Politburó y sus amigos.
En los días previos a esta Navidad, todos hemos visto las imágenes de larguísimas colas de ciudadanos que querían ver a sus familiares y que, de forma responsable y a veces con un elevado coste económico, se han hecho una PCR o un test de antígenos. En parte es lógico, porque todos queríamos hacernos la prueba a la vez y no había horas en el día para meternos a todos por el cuello de botella de los laboratorios. Pero lo que está claro es que ni Pedro ni Pablo han estado ahí ni han tomado ninguna medida para aliviar, aunque sea un poco, esa presión. Cuando ellos estuvieron cerca de un contacto o cuando sus familiares enfermaron o cuando simplemente querían mantener su agenda, los test y los resultados no escasearon. Les hicieron test incluso cuando la postura oficial del Gobierno era que no había que hacer pruebas a los asintomáticos porque podían dar lugar a falsos positivos o falsos negativos. No lo dude: si usted hace cola es, en parte, porque ellos no la hacen (y nosotros, cuando podemos, tampoco).