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Venezuela: el ejemplo que dio Caracas

Al comunismo siempre le ha fastidiado la división de poderes, pero como dicen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, “ahora las democracias no terminan con un bang (un golpe militar o una revolución), sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa…”.

En España son muchos los juristas, escritores y especialistas que muestran su preocupación porque consideran que ha comenzado la demolición del Estado con la destrucción de su independencia judicial mediante su politización y nombramiento de los jueces.

Tampoco ha faltado quien establezca paralelismos aterradores entre el camino que está tomando España y la experiencia que en las últimas dos décadas ha señalado el camino hacia la destrucción institucional de Venezuela.

Son muchos los testimonios que circulan en las redes sociales donde, primero como candidato y luego como presidente, Hugo Chávez manifiesta su vocación democrática y su empeño en conducir al país hacia una “democracia verdadera, participativa y protagónica”. Sin embargo, apenas  tuvo la oportunidad, comenzó a desarrollar su plan de desmantelamiento de las viejas instituciones democráticas, empezando por el poder judicial, pieza clave en sus intenciones de eterna permanencia en el poder.

Según la Constitución de 1999, los veinte magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) serían elegidos por la mayoría de 2/3 de los diputados de la Asamblea Nacional. Pero en 2004, comenzó a enseñar los dientes y al comprobar que tenía la fuerza suficiente aumentó, mediante una ley, de 20 a 32 los jueces del TSJ y decidió que estos serían elegidos por mayoría simple. Hay que recordar que en esa época eran frecuentes las visitas de dos jóvenes politólogos españoles que salían con regularidad en Venezolana de Televisión (VTV) y coincidían con Chávez cuando este decía que a Europa la tenía arruinada el neoliberalismo. Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero ratificaban lo que ellos consideraban “los grandes logros de Venezuela en todos los órdenes, que servían de ejemplo a los ciudadanos europeos” y añadían que “le daba mucha envidia los españoles que viven en Venezuela, que es un ejemplo democrático”.

Fue tan demoledor y contundente el golpe de efecto que tuvo el control judicial por parte del régimen venezolano que hasta la fecha el chavismo no ha perdido ni una sola sentencia en el TSJ. Un estudio hecho por el abogado venezolano Antonio Canova, publicado en el libro llamado El TSJ al servicio de la revolución, determinó que de las 45.474 sentencias emitidas por el máximo tribunal ninguna ha sido dictada contra el gobierno. Así cumple este tribunal la función para la cual fue diseñado: legitimar jurídicamente las decisiones y actuaciones del régimen y garantizar la permanencia y supervivencia de la revolución.

Adicionalmente, la Comisión Internacional de Juristas, la cual goza de estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU desde 1957, publicó un documento de 56 páginas denominado “Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: Un instrumento del poder ejecutivo”. Entre otras consideraciones, el documento resalta en su introducción hechos recientes como el de marzo de 2017, donde el TSJ suspendió los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, arrogándose competencias legislativas, eliminó la inmunidad parlamentaria y otorgó amplio poderes al Ejecutivo. El 3 de abril de 2017, la OEA declaró que las decisiones del TSJ son incompatibles con la práctica democrática. Tal es el abuso de poder de este órgano judicial que Maduro impugna cualquier decisión de la Asamblea Nacional para que el TSJ lo anule.

Este es el régimen que tanto admira el vicepresidente español. No es extraño que quiera cumplir su sueño de plagiarle las ideas al Comandante o ¿establecer la franquicia en España? Como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid con motivo de la visita del presidente Juan Guaidó a España, “lo que está pasando en Venezuela nos puede pasar a nosotros”. Ese mismo día señaló que el Gobierno de Pedro Sánchez está preso de los herederos del chavismo.

No es casual que ahora que Podemos forma parte de un Gobierno de coalición con el PSOE se esté discutiendo en todo el país y hasta en Europa la propuesta socialista de demolición del Estado con la destrucción de su independencia judicial mediante el nombramiento de los jueces. En España 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) venían siendo elegidos por los propios jueces, mientras que los otros 8 los elegían el congreso y el senado. Lo que proponen PSOE y Unidas Podemos es  que el congreso y el senado puedan elegir a los seis vocales que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación, por tanto el Gobierno busca rebajar el porcentaje de diputados y senadores necesarios para nombrar a los 12 miembros del órgano judicial.

Las asociaciones de jueces no ven con buenos ojos la propuesta del Gobierno, ya que según ellos viola el artículo 122.3 de la Constitución. Sin embargo, Pedro Sánchez mantiene la reforma del poder judicial pese al aviso de Bruselas de que la misma podría violar las normas comunitarias y pondría en peligro la independencia judicial. Pablo Iglesias sabe que esto atenta contra el corazón del Estado de derecho, contra la división de poderes, pero a él siempre le ha importado más Marx que Montesquieu. Nunca ha negado que su prioridad es el control de la justicia. Su obsesión por convertir a España en la Venezuela mediterránea sigue su marcha.

Camino hacia la pobreza

En 1888, el ingeniero y economista Vilfredo Pareto, le escribía a Francesco Papafava acerca de la ignorancia de la sociedad en que vivía, en donde aparte de leer, escribir y las reglas básicas de la aritmética, lo que se enseñaba en las escuelas, pero no solamente en ellas, causaba más mal que bien.

“Cada día estoy más persuadido de que todos los males de la sociedad están causados por la ignorancia del pueblo”. Pareto se refería especialmente a la falta de conocimientos económicos básicos, incluso por parte de “la clase culta”. Esta carencia social explicaba, desde su punto de vista, que estuvieran a cargo de las cuentas públicas personajes que no hacían más que erosionar el presupuesto de la nación.

Una revisión somera de la propuesta presupuestaria del gobierno bicéfalo de Sánchez-Iglesias, me llevan a identificarme plenamente con Pareto. Pero añadiría algo más. En España, la ignorancia reina de la mano de la confusión. No solamente tenemos un ejército de medios afines al régimen dispuestos a aplaudir a su señor y a masacrar a los críticos. Ese estado de confusión también es alimentado por los anuncios ministeriales y los planes gubernamentales presentados por el gobierno al pueblo y a los socios europeos.

Todos los planes, sean económicos o de otro tipo, se basan, por definición, en posibilidades. Precisamente un plan es un modelo de actuación que se elabora anticipadamente para encauzarla. Y, lo relevante de la definición es que el objetivo del plan es dirigir la acción hacia un objetivo. Sin embargo, tanto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como el proyecto presupuestario del tándem Sánchez-Iglesias, no parece que tengan el objetivo concreto previsto, sino el empobrecimiento de la población española.

Los supuestos, asunciones, puntos de partida en los que se basan los presupuestos de la pandemia son escandalosamente falsos. Los ingresos previstos, apoyados en un crecimiento de nuestra economía que se sitúa en la cota más optimista posible, se ven inflados. Los gastos, a sabiendas de las prebendas y peajes políticos que este gobierno de coalición arrastra, aparecen obscenamente reducidos. No se los cree nadie.

Como explicaba el profesor Benito Arruñada, vivimos de la apariencia de solvencia que nos proporciona la buena disposición del Banco Central Europeo a seguir prestándonos, y a comprar deuda emitida, no ya por los bancos, sino por empresas como El Corte Inglés.

En medio de todo ello, el vicepresidente del gobierno, que nunca queda claro si habla como influencer activista, actúa para los groupies de su partido o, de verdad, representa al gobierno de una nación seria, suelta sus propuestas peregrinas a la prensa. La penúltima, porque siempre existe el riesgo de que en este momento esté proponiendo algo peor, es la limitación del precio de los alquileres, que, como cualquier estudiante de primer curso sabe, lleva a reducir la oferta de alquileres y al mercado negro, tan peligroso para los demandantes como para los oferentes.

Declaraciones de este tipo, o como que la sostenibilidad requiere buenos salarios, o la necesidad de implantar un “impuesto a los ricos”, suenan muy bien para quien no sabe las consecuencias reales de la economía populista. Está demostrado que el populismo no saca de la miseria, sino que empobrece a las sociedades.

Decía Arruñada en su análisis que solamente tenemos que darnos cuenta de lo pobres que somos. “Por suerte, se trata de una lección fácil de aprender”. Ahí discrepo. Pueblo de hidalgos, miembros de una nobleza no titulada, siempre demostrando la riqueza que no se tiene, salpicándose las migas del pan que no se ha comido, ávidos de alcanzar el estatus arrebatado a otros. Como los coches oficiales: 4 ministros y Pablo Iglesias suman 19 coches pagados por los españoles.

Con todo, los más pragmáticos insisten en planificar cómo podría gastarse el dinero del NGEU (New Generation-EU), persisten en demostrar lo bien que estaríamos, el fantástico repunte, no en forma de una vulgar V sino en forma de rayo ascendente y salvador. Pero todos ellos, a menudo buenos analistas con la mejor de las intenciones, saben que no van a ser estos los gestores que lleven a cabo sus planes.

Sería necesario que su objetivo fuera sacarnos de esta situación. Y, tal vez, en última instancia sea ese su sueño. Sin embargo, se diría que para ellos el pasaporte al futuro de la sociedad española pasa por su ascensión faraónica y su permanencia en las cumbres políticas más altas. Begoña se ve con la tiara de Letizia.

Personalmente, la caída económica me preocupa mucho. La crisis va a lastrar las posibilidades de varias generaciones de españoles y vamos a aprender lo pobres que somos con dolor. Pero hay un peligro que me obsesiona más. Creo que estamos dispuestos a no dar la batalla por el estado de derecho con tal de que nos sigan dopando con apariencia de bienestar económico. Y eso significa que cuando se pase el efecto psicodélico de este gobierno de gestos, estaremos al otro lado del espejo. Un universo oscuro de donde Grecia tardó diez años en salir tras una férrea tutela europea.

Yo voto por resistir, defender el sistema judicial, mejorarlo, reforzar su independencia, aunque eso signifique despertar del letargo buenista de la apariencia de riqueza. Prefiero la pobreza a la ausencia de justicia. Solamente sobre la base de la justicia pueden las sociedades caminar hacia la prosperidad.

De nuevo, complejidad económica y escuela austriaca

En un artículo anterior ya traté brevemente el enfoque de complejidad económica de Hausmann et al. (2013) a la luz de algunas teorías de la escuela austriaca. Después de eso, he tenido la oportunidad de indagar aún más en esa corriente conocida como complexity economics, descubriendo ideas bastante interesantes que muchos autores austriacos ya plantearon años atrás. Hemos de saber que lo que se conoce como complexity economics no es solamente el enfoque de Hausmann et al. (2013). Antes que estos últimos trabajos hubo una corriente mucho más amplia que se desarrolló a finales del siglo XX como consecuencia de un cambio científico dentro del mundo de las ciencias naturales. Este cambio científico supuso el abandono del mecanicismo newtoniano por una teoría que reconocía la extrema complejidad del mundo, donde por ejemplo se encontraban las famosas teorías del caos (Gleick, 1987).

Las palabras de Arthur (2015) nos dan una idea de lo que significó ese cambio para la ciencia: “All the sciences are becoming more procedural, more algorithmic, more Turingesque; and less equation-based, less continuous, less Newtonian, than before” (p.25). Esto mismo, luego se trasladaría a la ciencia económica a mediados de los 80, de la mano de los investigadores del Santa Fe Institute. La principal implicación que esto tendría sería el estudio de la economía más allá del equilibrio, para estudiar los procesos y dinámicas que ocurren dentro de una economía que no alcanza nunca un óptimo. Nuevamente, en palabras de Arthur (1999), la economía dejaba de ser “determinista, predecible y mecanicista “ y se convertía en “dependiente de procesos, orgánica y evolutiva”.

Todas estas ideas suenan muy similares a la crítica de muchos austriacos como Mises, Hayek, Kirzner, Rothbard o Huerta de Soto al mecanicismo y al monismo metodológico que abundaba y abunda en la ciencia económica. Además, la cuestión del equilibrio sabemos que ya era cuestionada en Mises (1998), Hayek (2002) o Kirzner (2013). Por eso mismo, y al contrario de lo que ocurre con el enfoque de Hausmann et al. (2013), para esta corriente más amplia llamada complexity economics bastantes autores han estudiado su estrecha relación con las teorías previamente establecidas por la escuela austriaca (Barbieri, 2013; Koppl, 2006, 2009; Lavoie, 1989; Montgomery, 2000; Rosser Jr., 2010, 2012, 2015). Es más, de acuerdo con Vaughn (1999), el propio Brian Arthur afirmaba en una entrevista que, nada más publicar las primeras investigaciones sobre complejidad económica desde el Santa Fe Institute, empezaron a recibir cartas de todas partes del país diciendo que lo más que habían hecho era simplemente redescubrir la economía austriaca. Y, efectivamente, Arthur añadía que, después de haber leído a Mises y Hayek, esa aclamación popular era esencialmente cierta.

Con Hausmann et al. (2013) ocurre algo similar. Como ya vimos en un artículo previo, sus autores ponen el foco en la importancia de la acumulación del conocimiento tácito para conseguir el desarrollo económico. Además, plantean ideas como la heterogeneidad del capital físico y humano, la división del conocimiento como actualización de la noción de división del trabajo para la economía moderna, el mercado como una red entre agentes y empresas por las que se comunica el conocimiento tácito o, también, que el desarrollo económico deja poco espacio a los planificadores de la economía como agentes potenciadores del desarrollo. Todas estas ideas pueden encontrarse en diversos pensadores austriacos. Sin embargo, ninguno de los autores de este nuevo enfoque de la complejidad, propuesto desde Harvard y el MIT, citan a ningún austriaco y, lo que es más sorprendente aún, tampoco a ningún teórico del enfoque más general de la complejidad que surgió a finales de siglo XX. Como ya dije, esto se debe seguramente a que desconocen toda la literatura previa. Es obvio que si la hubieran leído, no se reconocerían como newtonianos en Hidalgo and Hausmann (2008), pues eso contradice toda la argumentación epistemológica desarrollada a partir de los 80 por todos los teóricos economistas de la complejidad. No obstante, esto no les exime de reconocer como ajenas aquellas ideas que ya han sido previamente planteadas por otros muchos autores. Esta es la forma de hacer ciencia y, sobre todo, de hacer justicia a la verdad. Es posible que si empezaran a citar a pensadores austriacos acabaría sucediendo como con Arthur, pues se darían cuenta de que lo único que están haciendo, salvando algunos pequeños matices, es redescubrir las teorías austriacas que habían sido denostadas durante muchos años por el mainstream económico, que posteriormente reconoció el valor de las aportaciones austriacas muy tímidamente.

Referencias

Arthur, W. B. (1999). Complexity and the economy. Science, 284(5411), 107–109. https://doi.org/10.1126/science.284.5411.107

Arthur, W. B. (2015). Complexity Economics: A Different Framework for Economic Thought. In W. B. Arthur (Ed.), Complexity and the Economy (pp. 1–29). Oxford University Press.

Barbieri, F. (2013). Complexity and the Austrians. Filosofía de La Economía, 1(1), 47–69.

Gleick, J. (1987). Chaos: Making a New Science. Viking Penguin.

Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2013). The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. MIT Press.

Hayek, F. A. (2002). Competition as a Discovery Procedure. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 5(3), 9–23.

Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2008). A Network View of Economic Development. Developing Alternatives, 12(1), 5–10.

Kirzner, I. M. (2013). Competition and Entrepreneurship (P. J. Boettke & F. Sautet, Eds.). Liberty Fund.

Koppl, R. (2006). Austrian economics at the cutting edge. Review of Austrian Economics, 19, 231–241. https://doi.org/10.1007/s11138-006-9246-y

Koppl, R. (2009). Complexity and Austrian economics. In J. B. Rosser Jr. (Ed.), Handbook of Research on Complexity (pp. 393–408). Edward Elgar.

Lavoie, D. (1989). Economic Chaos or Spontaneous Order Implications for Political Economy of the New View of Science. Cato Journal, 8(3), 613–640.

Mises, L. von. (1998). Human Action: A Treatise on Economics. Ludwig von Mises Institute.

Montgomery, M. R. (2000). Complexity Theory: An Austrian perspective. In D. Colander (Ed.), Complexity and the History of Economic Thought (pp. 227–240). Routledge.

Rosser Jr., J. B. (2010). How complex are the Austrians? In R. Koppl, S. Horwitz, & P. Desrochers (Eds.), What is so Austrian about Austrian Economics? Advances in Austrian Economics (Vol. 14, pp. 165–179). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1529-2134(2010)0000014011

Rosser Jr., J. B. (2012). Emergence and complexity in Austrian economics. Journal of Economic Behavior and Organization, 81(1), 122–128. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2011.09.001

Rosser Jr., J. B. (2015). Complexity and Austrian economics. In C. J. Coyne & P. J. Boettke (Eds.), The Oxford Handbook of Austrian Economics (pp. 594–611). Oxford Univesity Press.

Vaughn, K. I. (1999). Hayek’s Theory of the Market Order as an Instance of the Theory of Complex, Adaptative Systems. Journal Des Économistes et Des Études Humaines, 9(2–3), 241–256. https://doi.org/10.1515/jeeh-1999-2-304

La era de los malos sentimientos

Todo el mes de noviembre, más algún día de los dos meses que lo comprimen, llevó recabar los votos de las elecciones de 1800. Para entonces se había desvanecido la pretensión de que los Estados Unidos no tenían partidos políticos. George Washington había sido una figura de unión; ha sido el único presidente elegido por aclamación. Pero era un federalista, como lo fue su seguidor, John Adams. Jefferson pertenecía a otra estirpe, a la de los americanos que recelaban del poder del Gobierno federal. Tenía simpatía por la revolución francesa, mientras que el cambio no menos revolucionario, pero más evolutivo de Inglaterra atraía más a sus rivales políticos. El país creyó ser testigo de una elección que definiría el futuro del país en una encrucijada con dos caminos opuestos: el de la libertad y el de la tiranía. O, como lo veían los federalistas, entre el orden y la anarquía.

La presidencia de John Adams había soliviantado a medio país. El gobierno impuso un impuesto ad valorem del 25 por ciento sobre Whiskey, un bien que se comerciaba sobre todo en el sur y en el oeste, donde los apoyos a los republicano-demócratas como Jefferson era mayor. Hubo una rebelión contra la exacción, que fue aplastada por un ejército de 13.000 hombres a cargo nada menos que del propio Washington. El Tratado de Jay (otro político federalista) con Inglaterra se vio como una rendición ante la antigua metrópoli, después de haberla expulsado de las colonias. Una traición de Nueva Inglaterra al resto del país. Y las Alien and Sedition Acts impusieron la censura, entre otros atropellos. Sí, esas elecciones habrán de decidir el destino de la bisoña república.

Las campañas recurrieron a todo. Los partidarios de John Adams dijeron que Jefferson no era cristiano, y que legalizaría los crímenes más horrendos, como el incesto, la violación o el asesinato. Es más, Jefferson era “un tipo mezquino”, hijo de una india mestiza y de un mulato, decían. Los republicano-demócratas no se quedaban atrás a la hora de denigrar a John Adams.

Lo cierto es que ganó Thomas Jefferson y no legalizó el asesinato, ni nada parecido. Es más, violando todos los principios que había defendido, realizó la compra de Louisiana, algo que la Constitución no previó que podría hacer el presidente. Y los “virginianos” republicano-demócratas que le sucedieron ampliaron las funciones realizadas por el Gobierno federal, de modo que los temores de los federalistas de que el país acabaría en la anarquía no acabaron por cumplirse.

A ese período de la historia de los Estados Unidos se le conoce como “la era de los malos sentimientos”, en contraste con “la era de los buenos sentimientos que comienza con la guerra contra Inglaterra de 1812. Unos malos sentimientos que casi se ejemplifican en el odioso duelo entre Aaron Burr y Alexander Hamilton que acabó con la vida de este último,

Los “malos sentimientos” se produjeron sobre todo por temor. Las bases ideológicas de la naciente república, que se aferraban a la ficción de que los votantes y los representantes democráticos no estaban divididos en facciones políticas, se habían hecho añicos ya en la segunda legislatura de George Washington. Y se vió con claridad durante la malhadada presidencia de Adams, que no dudó en actuar contra la base social de su partido rival (impuesto sobre el Whisky) y censurar a los críticos en la prensa. Esos temores alentaban las tendencias secesionistas. Hamilton creía que Burr trabajaba para lograr la secesión del Estado de Nueva York. El primer movimiento secesionista en los Estados Unidos se produjo en esa época, y no vino del sur, sino de Nueva Inglaterra. Había acumulado muchos agravios, que se exacerbaron cuando vieron al Gobierno enfrentarse a Inglaterra.

Hoy, en España, estamos también en una “era de malos sentimientos”. No hay que llevar muy lejos la comparación histórica; ni esta ni ninguna otra. Pero esos sentimientos, esa animadversión civil, ese enfrentamiento político llevado al plano personal, lo vemos en la España de hoy. Desde el Gobierno se cultiva ese enfrentamiento con las negras semillas del odio político. Algunos no lo poseen, pero muchos otros sí.

Y hay ciertos paralelismos que es posible hacer. La Transición Española no se realizó sobre el presupuesto de que no hay partidos políticos, sino justo el contrario. Si pecó de algo es de haberle otorgado un papel demasiado poderoso a los partidos políticos, tras 36 años de un régimen que abominaba de ellos. Pero el presupuesto fundamental del nuevo régimen era que en él cabían todos, que todos quedan amparados por las mismas normas políticas. Otro de los presupuestos ideológicos del régimen es que el pasado sólo servía para intentar evitar los errores que condujeron a la Guerra Civil.

Es cierto que, aunque a regañadientes, la derecha aceptó la participación del Partido Comunista, pero que tanto el PSOE como el PCE-IU usaron siempre la carta de la deslegitimación del centro derecha en España. Eso es indudable. Pero nadie, ni en el PCE, puso en duda la alternancia política. Ahora eso está en entredicho. Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, le dijo en sede parlamentaria al Partido Popular que no volverá a sentarse en un Consejo de Ministros. Esta sería una gravísima acusación contra el actual Gobierno, si no se diera el caso que es el mismo gabinete el que presume de dar por finiquitada la alternancia, fruto y mecánica básica de cualquier democracia.

Ha producido un gran escándalo el cambio legal que permite elegir al Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta en el Parlamento, y por tanto sin el concurso de la oposición. Es una medida congruente, si desde el propio Gobierno se señala que la oposición hace el papel de comparsa, ya que nunca retomará el poder. Es un escándalo hipócrita, porque quienes ahora ejercen la oposición participaban de esa confusión entre Gobierno y Parlamento, y habían aceptado el control político, aunque compartido, del gobierno de los jueces. Ahora el control de los jueces sólo recae en el Gobierno, y a la oposición le parece mal.

Poco a poco, el Gobierno está cambiando el cariz del régimen. Da por finiquitada la Transición Española, renuncia a legitimarse por la alternancia, y recurre a la deslegitimación absoluta de la oposición. Están en el Gobierno porque Ciudadanos, Partido Popular y Vox no pueden volver al poder.

Hemos conocido ese mecanismo en Cataluña. Aquí los enfrentamientos políticos se filtraron en las relaciones personales, y rompieron la sociedad. El Gobierno quiere que esa ruptura se extienda por el resto de España. No está claro cuánto durará la era de los malos sentimientos, pero lo previsible es que nos acompañe durante muchos años.

Una subida de impuestos prescindible

Subir impuestos es dañino para la actividad económica por cuanto termina socavando la oferta de trabajo o de capital que contribuye a generar el PIB. De ahí que, en medio de una crisis tan devastadora como la que estamos experimentando, deberíamos evitar lastrar cualquier incipiente recuperación con la losa de nuevos tributos: al contrario, lo que necesitamos en estos momentos, además de controlar la pandemia para que podamos regresar lo antes posible a la normalidad, es incentivar la oferta de trabajo y de capital para acelerar la recuperación.

Sin embargo, es cierto que, en el contexto actual, también hay otros riesgos que debemos tener muy presentes a la hora de elaborar unos presupuestos: en particular, la evolución de los pasivos estatales —que previsiblemente superarán el 120% del PIB en 2020— debería ser objeto de profunda consideración si queremos evitar males mayores en el medio plazo. O dicho de otra manera, aunque subir impuestos sea dañino a corto plazo, elevar descontroladamente la deuda pública es dañino a largo plazo (e incluso podría serlo a corto si aumentara de manera extraordinaria), de ahí que, a falta de recortes más ambiciosos del gasto público que contribuyan a equilibrar nuestras cuentas, incrementar progresivamente la tributación para reconducir nuestro endeudamiento estatal podría ser la menos mala de las alternativas que este Gobierno hiperestatista se muestre dispuesto a considerar.

El problema es que una parte muy sustancial del alza tributaria que le ha comunicado a Bruselas el Ejecutivo de PSOE-Podemos no va dirigida a disminuir nuestro déficit público de 2021, sino a financiar nuevos —e innecesarios— aumentos del gasto. Me refiero, cómo no, a la revalorización de las pensiones y al sueldo de los empleados públicos en un 0,9% para supuestamente garantizarles a estos colectivos el mantenimiento del poder adquisitivo de sus ingresos.

Aun sin considerar su coste, no existe demasiada justificación para ninguna de estas dos medidas. En 2020, las pensiones ya se revalorizaron un 0,9% y los sueldos públicos un 2%, mientras que, en estos momentos, el IPC se mantiene en territorio negativo. De ahí que, cuando cierre el año, a buen seguro nos encontraremos con que tanto pensionistas como empleados públicos habrán visto aumentar sus ingresos reales durante esta calamitosa pandemia (cuando, en cambio, la inmensa mayoría de trabajadores y empresarios del sector privado han visto menguar sus ingresos reales). Es más, si la inflación prevista para 2021 es del 0,9% (tal como asegura el Gobierno), incluso congelando las pensiones y los salarios públicos en 2021, los pensionistas no verían mermado su poder adquisitivo y los funcionarios experimentarían una ganancia durante el período 2020-2021. Así pues, la justificación que nos ofrece el Ejecutivo para subir un 0,9% las rentas de ambos colectivos es una justificación falaz: si se tratara de mantener el poder adquisitivo de sus ingresos, en 2021 deberíamos congelarlos, y no revalorizarlos.

Máxime cuando, además, el coste conjunto de ambas medidas superará los 3.000 millones de euros. Por ponerlo en perspectiva, 3.000 millones de euros es lo que el Gobierno espera recaudar como resultado del incremento de la fiscalidad indirecta (1.509 millones de euros), del aumento de la fiscalidad directa (550 millones de euros) y de la implantación de la tasa Google (968 millones de euros). ¿Tiene sentido deprimir los ingresos de los comerciantes a través de una mayor fiscalidad indirecta, o desincentivar la oferta de trabajo cualificado mediante una mayor tributación directa, o minar las posibilidades de digitalización de nuestra economía merced a un nuevo impuesto contra los servicios digitales para incrementar durante esta muy grave crisis el poder adquisitivo de pensiones y empleados públicos?

No, no tiene ningún sentido económico pero, en cambio, sí tiene un claro sentido político: en España hay 3,22 millones de empleados públicos y 9,76 millones de pensionistas. Por consiguiente, estamos hablando de casi 13 millones de votos sobre 37 millones de ciudadanos con derecho a voto, esto es, más de un tercio del censo electoral. Todo pasa, en suma, por utilizar el dinero del conjunto de los contribuyentes para intentar comprar el voto de 13 millones de personas. La reelección antes que la recuperación.

José Carlos Rodríguez se incorpora como nuevo director ejecutivo del IJM

Madrid, a 19 de octubre de 2020.-

El Instituto Juan de Mariana (IJM) anuncia la incorporación este 19 de octubre del periodista y miembro fundador del Instituto, José Carlos Rodríguez, como director ejecutivo. Eduardo Fernández (antiguo director), después de casi dos años llevando las riendas del IJM, ha decidido emprender una nueva aventura como subdirector de la Fundación Disenso. 

La labor de Eduardo durante estos años ha permitido estrechar lazos y buscar sinergias con organizaciones iberoamericanas, que se han traducido en proyectos como las Tardes americanas (en colaboración con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de UFM), un intercambio con la Universidad Pontificia Javeriana de Cali o el proyecto de Futuro y reforma de la Universidad (en colaboración con CESCOS). La incorporación de José Carlos Rodríguez, dada su amplia experiencia en medios de comunicación, permitirá un mejor diseño de la estrategia comunicativa y, así, un mayor impacto de la labor del Instituto. 

El IJM nació en 2005 con Gabriel Calzada como director. En 2012 se traspasaron las riendas a Juan Ramón Rallo. En 2018, Eduardo Fernández e Irune Ariño asumieron la dirección y subdirección del Instituto Juan de Mariana. Ahora, José Carlos Rodríguez se incorpora como director haciendo equipo con Irune Ariño, que continúa como subdirectora. El nuevo director fue recientemente escogido por la asamblea de socios secretario de la organización, con lo que se incorpora de esta manera a la Junta Directiva de la misma. 

Sobre José Carlos Rodríguez

José Carlos Rodríguez es un periodista con amplia experiencia. Ha formado parte de la redacción de varios medios de comunicación, como Libertad Digital, El Imparcial, Factual, Intereconomía o La Gaceta, así como Tiempos del Mundo y El Hecho en Nueva York. También ha colaborado con diversos medios de comunicación, como La Gaceta de los Negocios, The Objective, Disidentia, La Ilustración Liberal o AIPE, entre otros. En la actualidad trabaja haciendo contenido para marcas. José Carlos Rodríguez forma parte del Consejo Asesor de la revista Procesos de Mercado y es miembro fundador del Instituto Juan de Mariana.

Iglesias ya tiene su PDVSA: se llama UE

En los últimos años, miles de venezolanos, huyendo del chavismo, se han instalado en España. Y en muchas ocasiones, cuando hablamos con ellos, les preguntamos: ¿Cómo pudisteis votarles? Cómo pudo Hugo Chávez hacerse con el poder en un país de clases medias, con una historia democrática, con sus problemas pero relativamente próspero, al menos en el contexto latinoamericano.

En realidad, la pregunta pierde el foco de lo esencial. Que Chávez ganara puede explicarse de muchas formas: la corrupción de los partidos tradicionales, la crisis económica de los noventa o los engaños de una campaña en la que se presentó como un corderito socialdemócrata. Lo que debería llamarnos la atención es que repitió: y sí, había manipulación, medios de comunicación sometidos, trampas electorales… lo que nosotros queramos, pero ganaba fácil. En su primera década de existencia, el régimen disfrutó de un inequívoco apoyo popular a pesar de todas sus tropelías.

La clave fue el petróleo: a partir del año 98, el precio del crudo comenzó una década de subidas que duró hasta la crisis financiera de 2008-2010. E incluso, tras esos años, durante un tiempo se mantuvo muy por encima de sus niveles de comienzos de siglo. Destrozar un Estado y una economía no es sencillo ni barato: tienes que comprar muchas voluntades en las instituciones (Chávez, por ejemplo, tomó el Ejercito a golpe de cheque), crear una red clientelar que te asegure miles de votos, consolidar una trama de subvenciones para mantener el apoyo de aquellos a los que estás sacando de la economía productiva, etc. Porque ésa es otra: todo eso lo tienes que hacer al mismo tiempo que vas socavando la posición de las empresas, un mercado mínimamente operativo, cualquier asomo de competitividad o emprendimiento…

No es barato ni sencillo, pero el chavismo se sentaba sobre las mayores reservas de crudo del planeta y, hasta que mató a su gallina de los huevos de oro, PDVSA (la compañía petrolera estatal de Venezuela) financió la destrucción de la democracia y la consolidación del nuevo régimen.

¿La salvación?

En España no tenemos petróleo. No sólo eso. Es que estamos en quiebra. Sí, quiebra: sin el apoyo de nuestros socios europeos tendríamos complicado el acceso a los mercados y el Estado tendría que afrontar un ajuste muy duro, en gastos e ingresos. Muchos analistas con los que he hablado en los últimos años utilizaban esta posición para tranquilizarme con argumentos del tipo: “No podrán hacer nada. No tendrían dinero. Incluso si llegan al poder [me decían] tienen las manos atadas: sin cash, no hay revolución”.

Ahora que la crisis de la covid-19 ha agudizado todavía más el descuadre de las cuentas públicas y nos ha hecho todavía más dependientes del exterior; y ahora que ya están en el poder y son, por lo tanto, verdaderamente peligrosos; la salvación parece estar en Europa. “El que paga manda”, me dicen, “no harán nada porque necesitan el dinero de la UE para sobrevivir y la UE no les dará ningún margen; los gobiernos alemán u holandés no se pueden permitir la imagen de España dilapidando los fondos de los diferentes programas de reconstrucción”.

En la mitad de su argumentación sí les doy la razón: en eso de que la UE tiene la sartén por el mango y que no se hará nada sin su consentimiento, implícito o explícito. Lo que me genera muchas más dudas es la otra parte: la de las restricciones, las reglas y el control.

Soy escéptico mirando al pasado y al futuro. Sin necesidad de irnos a Venezuela: los sucesivos gobiernos griegos destrozaron el país (y mintieron a troche y moche) no ya con la aquiescencia de Bruselas, sino con su colaboración directa. Quizás una colaboración involuntaria, pero necesaria. Les financiaron sus tropelías durante años. Arrasaron su economía productiva con el dinero de la UE. Sin esas transferencias, el daño habría sido menor.

Esto es importante tenerlo en cuenta, porque siempre se da por hecho que los fondos son una buena noticia. Y no tiene por qué. Depende de para qué los uses. Es como ese hijo de 25 años tarambana que te pide dinero por enésima vez: si es para pagarse un máster con el que reconducirse y empezar de nuevo, prestarle el coste de la matrícula puede ser una buena ayuda; si es para pagar las deudas de juego pasadas y seguir con la fiesta, lo peor que podrían hacer sus padres es realizar la transferencia.

De PDVSA a la UE

Leo este sábado a Luis Garicano en El Mundo: “O Pedro Sánchez cambia o me temo que terminamos intervenidos por los hombres de negro”. El eurodiputado de Ciudadanos (que, por cierto, está demostrando que se pueden hacer muchas cosas y ser influyente en Bruselas, si te lo curras, desde una posición aparentemente secundaria y en un partido en horas muy bajas) lo dice como si fuera un problema, pero yo lo leo y pienso: “Ojalá… pero no lo veo”.

Sánchez e Iglesias son dos trileros intentando jugársela al otro (y jugársela, al mismo tiempo, a Bruselas). Uno quiere ser Grecia o Italia: economía estancada, que vive del apoyo de sus socios y que posterga de forma indefinida cualquier reforma sustancial. El otro mira a Argentina: cambio de régimen, peronismo asentado en el poder durante décadas y una red clientelar eterna que empobrece al país poco a poco, pero que se sostiene con lo que saca de chupar la sangre a los exportadores de soja, maíz o carne. Y materias primas, en Argentina, siempre habrá; como España tendrá 60-70 millones de turistas, como mínimo, cuando las cosas se normalicen, sea cuál sea el Gobierno.

Por supuesto, los dos están dispuestos a darle lo que sea al nacionalismo para consolidarse en el poder. Esto último sin mucho esfuerzo, porque el objetivo final del nacionalismo y Podemos es el mismo: destrozar el actual marco institucional. No seamos ingenuos, estamos en un cambio de régimen y quieren que se lo pague Alemania.

Ahora pensemos en los líderes europeos. Esos en los que tanto confiamos para controlar a nuestro Gobierno. Por ejemplo, Mark Rutte, el primer ministro holandés. Ya lo apuntábamos con aquella batalla de los Eurobonos, que parecía que no pero al final sí: a este hombre, el mercado laboral español, el asalto del Gobierno a las empresas públicas o la competitividad de nuestra economía se la trae al pairo. Y es lógico que así sea. Su prioridad es ganar las elecciones que tiene el año que viene. ¿Querrá ir a las urnas con un mensaje de mano dura con el sur? Sí, pero ese mensaje no tiene por qué basarse en hechos reales. ¿Qué conocemos nosotros de la política holandesa? Pues tirando a poco. Y lo mismo ellos de nosotros. Escuchan algo de un pacto del partido socialista español con otro partido de izquierdas que se llama Podemos y les suena al típico acuerdo socialdemócratas-verdes del norte de Europa. No piensan en Venezuela. Eso lo sabemos aquí. ¿Que, en alguna de las próximas cumbres, Rutte o Merkel se pondrán la careta de tipos duros y exigirán alguna declaración del Gobierno español en la que prometa que reformará las pensiones o controlará el déficit? Sí, es probable. Y el Gobierno mandará un Plan Presupuestario a la Comisión con un par de promesas vagas. Y ellos volverán a su país con cara de “A mí no me la juegan estos españoles”.

Pero no seamos ingenuos. Lo que Rutte (por no hablar de Merkel) quiere son unos años tranquilos. Poder reconstruir su país tras el huracán de la covid sin tener que estar pendiente de lo que pase en la UE. Y sólo de pensar en volver a abrir la negociación sobre los fondos, el reparto del Presupuesto, las amenazas de veto (y España las tiene, como todos los socios, en temas clave)… se lo imagina y ya le da dolor de cabeza.

No tengo ni idea de quién tiene razón en el conflicto de la UE con Hungría y Polonia. Leo a gente muy sensata que me dice que sus gobiernos quieren destrozar el Estado de derecho. Y leo a otros, de los que también me fío, que me dicen que es una lucha ideológica y que la Comisión no admite que un Gobierno realmente conservador aplique su programa. Pero no quiero discutir eso ahora. Lo que me importa es la negociación: llevamos casi una década de amenazas desde Bruselas y los resultados han sido nulos. Cada tres meses, un informe de la Comisión o del Parlamento contra el Gobierno de Hungría; y cada tres meses, Orban hace lo que le da la gana.

Aceptémoslo, lo normal es que nos den el dinero (los 180.000 millones de euros que nos han prometido si sumamos todos los programas en marcha) y no hagan muchas preguntas. ¿Y eso no alimentará un problema todavía más importante de aquí a diez años? Sí, pero entonces que se lo coma el que esté en las cumbres europeas dentro de diez años (si es que quedan cumbres y UE para entonces). Los que regalaron el dinero a los gobiernos del Pasok durante toda la década de los 90 y les permitieron entrar en el euro no fueron los que tuvieron que aguantar el chantaje de Varoufakis en 2015.

Además, para eso está Calviño. Para poner buena cara, idiomas y su agenda de contactos en la Comisión. Y para traerse el dinero con el que destrozar las instituciones españolas. Iglesias ya lo sabe: él no tiene PDVSA, pero tiene a la UE. Ni tan mal: mancha menos y no tienes que reunirte con el resto de países de la OPEP, con esas fotos tan feas rodeado de tanto dictadorzuelo.

El plan presupuestario del Gobierno: un engaño a Bruselas y a España

“Lies, whispered sweetly in my ear, lies, how do I get out of here”. Mick Jagger.

En economía las previsiones son siempre difíciles, pero cuando las estimaciones de un Gobierno han sido siempre equivocadas y falsarias ya no es cuestión de problemas metodológicos, sino de ganas de engañar.

El historial de errores en estimaciones de este Gobierno es tan desastroso que solo un imprudente podría ignorarlo. Recordemos que, tras revisar las estimaciones de déficit, en época de crecimiento y creando empleo se desviaron de su propio y aumentado objetivo en 7.600 millones de euros. Sánchez disparó el déficit un 24% en 2019 disfrutando de ingresos fiscales récord, al aumentar brutalmente los gastos a golpe de decreto ley.

Ahora, el Gobierno pretende engañar a Bruselas, es decir, a toda Europa y a los españoles en particular, con un Plan Presupuestario que supone una falta de respeto a nuestros socios, y supera todos los límites de voluntarismo presupuestario.

El Plan Presupuestario anunciado ni se ha presentado al Parlamento, ni se ha acordado. Pero a eso ya estamos acostumbrados y no es lo más grave.

Los ingresos anunciados son de ciencia ficción y los gastos publicados están artificialmente infraestimados.

Empecemos por los ingresos. Más falsos que un euro de cartón.

El cuadro macro es mucho más que optimista. Se sitúa en la parte más alta de las estimaciones que han hecho los analistas, incluyendo organismos como el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y estima un rebote del PIB nominal del 10,8%, algo que nadie se cree con las estimaciones más optimistas de crecimiento, deflactor y de inflación subyacente.

El Gobierno estima una recaudación récord histórica de 493.838 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento de 33.447 millones de euros. Es simplemente un insulto a cualquier estimación prudente.

Los ingresos acumulados hasta agosto se han desplomado un 10,3% según la Agencia Tributaria y, además, siguieron cayendo en agosto comparado con julio. Cuando las bases imponibles y la demanda interna se han desplomado más de un 12%, los ingresos han seguido cayendo en agosto tras meses de reapertura. Asumir un aumento de ingresos fiscales a récord histórico es simplemente mentir sin pudor.

También es una auténtica vergüenza que asuman 6.847 millones de euros de ingresos adicionales por nuevos impuestos. Estiman 2.309 millones de los impuestos a las Transacciones Financieras (que pagan los ahorradores y usuarios de servicios financieros) y a los Servicios Digitales (que pagan los consumidores de servicios) y un nuevo tributo que se ejecutará sobre plásticos de un solo uso (que pagan los consumidores).

Pues bien, las cifras estimadas de ingresos ya eran increíbles antes y encima las han inflado. Hace unos meses el Gobierno esperaba unos 1.900 millones por estos conceptos y ahora se inventa 2.309 millones en medio de una crisis que ha devastado el tejido empresarial y con la bolsa española cayendo un 35%. Ni eran creíbles entonces, como dijeron todos los analistas serios, ni lo son ahora.

A esto hay que sumar los 340 millones que se esperan de la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% (otro “impuesto a los ricos”, nótese la ironía) y otros 828 millones procedentes de supuestas medidas contra el fraude fiscal (una cifra inventada y sin ninguna credibilidad que, en ningún caso puede ser utilizada como ingresos consolidables y crecientes, sino puntuales). De nuevo, dos estimaciones hechas con una expectativa de consumo y crecimiento ridícula.

¿Se han dado cuenta de una cosa? El Gobierno que no iba “a subir los impuestos a la clase media y trabajadora”… se los sube exactamente a esa clase media y trabajadora. Todos los consumidores.

Toda la subida de impuestos anunciada va directamente a consumidores y clase media.

La realidad es que, en el mejor de los casos, los ingresos fiscales en 2021 se quedarán significativamente por debajo de los de 2019 y los gastos disparados de 2020 se mantendrán en su mayoría.

Vayamos a los gastos.

El Gobierno no ha reducido ni un solo euro de gasto superfluo, Administración duplicada y ministerios. Fía toda la mejora del gasto a que se reduzca la partida de ayudas al desempleo mientras, a su vez, en las estimaciones del propio Gobierno, la tasa de paro no baja en casi nada.

El Gobierno estima que se reducirán los gastos por desempleo en 19.000 millones de euros cuando el paro será de un 16,9% (en agosto ha sido del 16,2% excluyendo los ERTE). No se lo creen ni ellos. Ni la tasa de paro ni la reducción de gastos.

Para artificios contables, merece la pena resaltar la falacia con los ERTE y autónomos. Elimina el Gobierno de las cuentas los gastos por ERTE, que caen en más de 17.000 millones de euros (de 17.840 millones a 718 millones) y la exoneración de cuotas, que cae en casi 6.000 millones (de 6.349 millones a 435 millones en 2021) y elimina las prestaciones por cese de actividad (de 5.339 millones a 400 millones en 2021).

Para el lector es muy sencillo: o no se van a ahorrar 19.000 millones de gastos por paro ni de lejos o se van a mantener muchos gastos que ahora han eliminado como si el 1 de enero España se levantase como si nada hubiese pasado en 2020.

El Gobierno hace estimaciones de ingresos falsas escondiendo, a sabiendas, la destrucción de 100.000 empresas, los 730.000 trabajadores que quedan en ERTE, la pérdida de empleo con los malos datos de fin de año, el desplome de beneficios empresariales y la situación de bancarrota del 25% de las empresas de España, según datos del Banco de España.

Pero lo más aterrador es lo siguiente:

Incluso con las estimaciones de ciencia ficción del Gobierno, España será el país con más déficit de la Unión Europea en 2021, 2022 y 2023. El Gobierno aumenta el déficit estructural (el que se genera incluso en crecimiento) por encima de la cifra ya elevada de 2019.

Además de todo esto, el Gobierno vuelve a presentar a Bruselas un Plan Presupuestario que asume 3.477 millones de euros de ingresos de partidas que ni se han aprobado ni existen. Básicamente, su manida y desmontada cifra de “nuevas figuras tributarias”.

A ningún país serio de la Unión Europea se le ocurre presentar un Plan Presupuestario con ingresos completamente imposibles, gastos disfrazados e infraestimados y, encima, añadir ingresos por impuestos que ni se han aprobado ni existen en el BOE.

Ningún economista serio puede creerse esta batería de desatinos, falsedades y brindis al sol.

Un Presupuesto debe ser prudente y realista. Este es un Presupuesto falso, voluntarista y que ignora la realidad de la economía española.

Pero es mucho peor. El aumento de gastos y desequilibrios estructurales fía la consolidación presupuestaria a una economía que, según el Gobierno, solo puede crecer exponencialmente en aportación fiscal.

Subiendo impuestos ponen escollos a la recuperación, al consumo y al empleo y luego se presentan como la solución.

Hasta en sus estimaciones falseadas e increíbles, España seguirá a la cola de Europa con el mayor déficit de nuestros comparables.

Este Plan Presupuestario es mucho más que un insulto a la inteligencia de Bruselas, de los contribuyentes y las familias.

Es un plan que demuestra que el Gobierno percibe la economía como un enorme cajero automático al servicio del Ejecutivo. El Gobierno asume que todo el mundo tiene margen para sufrir más expolio fiscal menos ellos. Ellos, los generosos con el dinero de los demás y los redistribuidores de la nada.

Este Plan Presupuestario nace ya fallido por unas estimaciones para 2020 y 2021 en las que el Gobierno se ha equivocado constantemente. Pero, además, supone una afrenta a los contribuyentes, creadores de empleo, y a los socios de España en la Unión Europea.

Para el Gobierno español, el sufrimiento de empresarios, familias, autónomos y contribuyentes no ha existido. Exige mucho más esfuerzo fiscal a empresas y familias que están al borde de la bancarrota sin ajustar uno solo de los gastos de bonanza de 2019.

Esto no es un Plan Presupuestario social. Es antisocial, porque ahonda en las políticas que han llevado a 100.000 empresas al cierre y a miles de autónomos al cese de actividad. No hay nada más antisocial que destruir la confianza en un país.

Porque de todas las causas posibles, siempre debemos escoger la de la Libertad

Intervención en la presentación de la asociación Somos Libres.

Cuando pienso en aquellas causas que merece la pena perseguir, me vienen muchas a la cabeza. Sin embargo, hay una que creo superior a todas ellas y que en muchos sentidos también las engloba, y es la de la defensa de la Libertad. La Libertad ha sido teóricamente entendida de muchas maneras y defendida por muchas tradiciones filosóficas, una de ellas, y para mí la más completa y coherente, la del liberalismo.

El liberalismo, entendido de forma amplia, es, sin lugar a dudas, una tradición inclusiva y pacífica. Es inclusiva porque recoge algo tan esencial como el reconocimiento de la pluralidad humana y la defensa de su tolerancia. Pluralidad que no solo se refleja en los diferentes estilos de vida sino también en los diferentes principios morales que vertebran la vida de cada uno de los individuos. Reconociendo la pluralidad, en la esfera privada y en la esfera pública, en los grupos sociales, en los partidos políticos, en la sociedad civil o en los medios de comunicación, defiende su tolerancia como forma de acomodo. El liberalismo se basa en el respeto irrestricto a los proyectos de vida ajenos, proyectos respetuosos con los derechos de los demás. Es además en ese respeto de la pluralidad donde se esconde un aspecto aún más importante: la protección de la individualidad y, sobre todo, del derecho a discrepar. El derecho a discrepar, consagrado a través de la libertad de conciencia, expresión y asociación, es vital en una sociedad que hace de la libertad su valor más importante. Individualidad y derecho a la discrepancia que choca con la voluntad homogeneizadora que caracteriza a los cínicos enemigos de la libertad. Cínicos que, parafraseando a John Stuart Mill, “al reconocer que la discusión debe ser libre en cualquier asunto que puede parecer dudoso, y al mismo tiempo piensan que hay doctrinas y principios que deben quedar libres de discusión, porque son ciertos, es decir, porque ellos [los cínicos] poseen las certezas de que tales principios y doctrinas son ciertas” afirman su infalibilidad. Esa afirmación, y por ende la negación del ejercicio de la pluralidad, pone en jaque los cimientos de la convivencia pacífica entre ciudadanos.

Es también una doctrina pacífica que fomenta la cooperación humana como la mejor forma de entendimiento y coexistencia pacífica en sociedad, y entre diferentes, a través de la institución del comercio y el mercado. El comercio civiliza y pacifica en la medida en que nos obliga a atender a las necesidades de los demás para obtener lo que deseamos. El comercio aviva el ingenio y la individualidad, y fomenta una tendencia hacia la independencia; una independencia ligada a los derechos individuales. El liberalismo rechaza la guerra y en definitiva, cualquier forma violenta de convivencia. Y es más, defiende las relaciones entre individuos basadas en la asociación voluntaria.

La voluntad homogeneizadora es solo uno de los enemigos de la libertad. La arbitrariedad es otro de ellos. La libertad es indisociable de las garantías institucionales que aseguran su ejercicio y nos protegen del uso arbitrario del poder, ya sea por parte de los gobernantes o de la sociedad. Como decía Benjamin Constant hace ya 200 años, en las repúblicas antiguas, construidas sobre la base de la participación política colectiva, existía una completa sumisión del individuo a la autoridad política. Esa sumisión suponía la completa ignorancia de cualquier noción de derechos individuales. Y sin embargo, en las modernas sociedades liberales “no corresponde a ningún individuo, a ninguna clase, someter al resto a su voluntad particular. […] Lo importante no es que nuestros derechos puedan ser violados por un poder sin la aprobación de otro, sino que esta violación sea prohibida a todos”. “Es el derecho de cada uno a no estar sometido más que a las leyes, a no poder ser detenido, ni muerto, ni maltratado de manera alguna a causa de la voluntad arbitraria de uno o varios individuos”. Es una tradición preocupada y comprometida con el bienestar de los ciudadanos, que demuestra que las libertades formales y las libertades reales no sólo no son contradictorias sino que es precisamente en esas sociedades donde unas (las primeras) permiten el florecimiento de las otras (las segundas). Como bien apuntaba Raymond Aron, “las democracias liberales han arraigado y prosperado, sobre todo y casi exclusivamente, en los países que han alcanzado un nivel de vida suficiente para que la masa de la población sienta los beneficios”.

Los derechos individuales, en palabras de Alexis de Tocqueville, son derechos iguales e imprescriptibles que adquieren los individuos al nacer, a saber “a vivir independientemente de sus semejantes, en todo aquello que le concierne sólo a sí mismo, y a organizar a su parecer su propio destino”. Unos derechos individuales que exigen la protección de la ley, que como apuntaba Frédéric Bastiat, no es más que la “organización colectiva del derecho individual de legítima defensa”. “Cada uno de nosotros -continuaba el autor- ha recibido ciertamente de la naturaleza, de Dios, el derecho a defender su personalidad, su libertad y su propiedad, ya que son esos los tres elementos esenciales requeridos para conservar la vida.” Y “así como la fuerza del individuo no puede legítimamente atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, por la misma razón la fuerza común no puede aplicarse legítimamente para destruir la persona, la libertad o la propiedad de individuos o clases”. Es esa defensa tan liberal de la libertad negativa, de la libertad como ausencia de interferencia. Noción que exige la delimitación de una esfera (personal, privada) en la que los demás no pueden intervenir. Una esfera protegida por el concepto lockeano de propiedad privada, que implica “vida, libertad y hacienda” en sentido amplio, y “bienes, derecho a heredar y capacidad de acumular riquezas” en un sentido más restringido. Una institución que precede al establecimiento de la sociedad política y que ningún poder supremo puede arrebatar “sin su propio consentimiento”. Un consentimiento, el de los gobernados, que junto con la concepción del gobierno limitado, aseguran el respeto a esa esfera de libertad. Los liberales entendemos que los incentivos cortoplacistas que se traducen en la búsqueda de rentas y que surgen en el juego político hacen de la limitación del Gobierno un elemento imprescindible en la supervivencia de la Libertad. Y no solo el Gobierno limitado es un garante, sino también con la fragmentación política y la vigilancia ciudadana: una sociedad con múltiples y pequeños polos de poder observados y fiscalizados por los ciudadanos de forma continuada.

El liberalismo es una doctrina de consensos, a caballo entre la tradición y la modernidad, entre el cambio y la permanencia. “Respeta la sabiduría inconsciente de las generaciones y la obra involuntaria de millones de individuos conscientes, pero se esfuerza ante todo por demostrar la contradicción entre una planificación autoritaria y un empleo racional de los recursos, la incompatibilidad entre una planificación semejante y las libertad personales y políticas” (Raymond Aron, 1963). Y es ese equilibrio una de las claves de la supervivencia de nuestro modo de vida. En definitiva, se trata la concepción de que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio para el fin de otras personas. Una concepción que encierra, una vez más, la constatación de la falibilidad del individuo. La aceptación de que uno no sabe lo que es mejor para los demás ni los demás saben lo que es mejor para uno mismo. Y a todos los enemigos de la libertad (también a los bienintencionados que no lo saben) les decimos: “Por mucho interés que se tomen, pidamos a la autoridad que se mantenga en sus límites. Que ella sea justa y nosotros nos ocuparemos de ser felices” (Benjamin Constant, 1819).

Del pánico al sentido común (II)

En la primera parte del presente ensayo sobre la crisis global disparada desde el big bang de Wuhan resaltamos la importancia de ejercitar la identificación de contradicciones, particularmente en los argumentos que pretenden imponer restricciones a las libertades. A tal fin, ensayamos un breve análisis de las políticas de confinamiento y del uso de mascarillas. Contemplemos ahora algunas preguntas adicionales que es menester hacernos antes de abordar el tren de la fobia.

Una catarata de preguntas

  • ¿Por qué los medios han puesto desde un principio mucho más énfasis en la vacuna que en los posibles tratamientos?[1] 
  • ¿Por qué se hace más hincapié en el número de contagiados que en el exceso de mortalidad por toda causa?
  • ¿Por qué hay fumadores que le temen más a la covid-19 que al tabaco industrial?
  • ¿Por qué en un momento se podía tomar café únicamente de pie? ¿Por qué ahora se puede permanecer sentado a una mesa al aire libre sin mascarilla, pero hay que ponérsela si se está de pie junto a la mesa?
  • ¿Por qué en algunos lugares se prohibía sentarse en las plazas, y, posteriormente, con aumento de infectados y muertes, se permitió?[2] 
  • ¿Por qué en algunos casos requerían servir en vasos y cubiertos descartables y en otros no?[3] 
  • ¿Cuál es la necesidad de añadir un contacto físico con esa tontería de chocar los codos?[4] 
  • ¿A qué responde el criterio de “trabajadores esenciales”?[5] 
  • ¿Hemos perdido el derecho a circular libremente?[6][7] 
  • ¿El objetivo de las medidas era “aplanar la curva”?
  • ¿Hay que erradicar un virus con el que “inevitablemente tenemos que aprender a convivir”? Si el virus no se puede erradicar, ¿no es preferible que la sociedad se vaya exponiendo a él parcial y gradualmente (con cargas virales bajas, en épocas cálidas en las que se registra menos letalidad[8]), en lugar de intentar fútilmente de aislarnos completamente de él con confinamientos y mascarillas a granel?
  • ¿Puede que una buena defensa inmunológica se deba a anteriores exposiciones a coronavirus?[9]¿Cuán significativa es la transmisión desde asintomáticos?[10] 
  • ¿La “nueva normalidad” es nueva o es anormal?
  • Cuando el promedio de edad de las víctimas de la covid-19 ronda o supera el de expectativa de vida[11], ¿qué implicaciones debería tener esto para las políticas sanitarias? ¿Cuánto le vale a una persona muy mayor sacrificar un mes de su vida sin tener contacto con sus seres queridos?
  • ¿Por qué, a pesar de las medidas para la población general, no se pudieron prever tantas muertes en hogares de ancianos?
  • ¿Por qué Suecia no tiene un exceso de mortalidad muchísimo más alto que los demás países?[12] 
  • ¿Cuál es la diferencia entre morir con SARS-CoV-2 y morir de covid-19 (con/de influenza, con/de VPH, con/de herpes, etc.)? ¿Cómo han de contabilizarse las causas de muerte por cada tipo de infección o enfermedad?
  • ¿Cuántas muertes de covid-19 de promedio por mes (o mejor: qué nivel de exceso de mortalidad) debemos alcanzar para volver a la normalidad?

Algunas proposiciones generales a partir de las preguntas planteadas:

  • Las autoridades políticas y sanitarias han tambaleado, salvándose pocos de las sospechas de ineptitud o de intencionalidad. Nos hemos estado moviendo por una cadena de emociones –muy particularmente el miedo-, sobre la razón.
  • Los “expertos”, no son expertos en decisiones vitales que afectan todas las áreas de nuestras vidas; son expertos en áreas específicas de investigación y práctica profesional. Las cuestiones vitales más generales involucran evaluaciones filosóficas en las que deben prevalecer los principios de libertad.
  • “La Ciencia” que nos dice lo que tenemos que hacer y no hacer no existe, ni nunca existió. Además, específicamente en el caso de la covid-19, el grado de incertidumbre, desconocimiento y contradicción es muy alto.[13] 
  • En la pandemia abundan las estadísticas, pero si bien éstas son relevantes en la etiología en medicina y la ciencia de laboratorio (nube del estornudo, enganche de proteínas, etc.), son muchísimo más limitadas y problemáticas para guiar el comportamiento social.[14] Las recomendaciones que de ellas se desprenden terminan pareciéndose a esos tips de “ligue”, que si bien recaban información verídica, al final poco nos sirven para efectivamente “ligar”. Más bien, nos permiten sacar conclusiones de cosas que el sentido común ya nos dictaba.
  • A las autoridades (y de hecho, a los humanos en general) les suele costar aceptar que hay situaciones que están más allá de su control.[15] 
  • Las medidas de confinamiento y restricciones de libertad tienen un coste. Nadie en su sano juicio se expone al riesgo de una enfermedad gratuitamente. Si lo hace, en la medida que sea, siempre será en contraposición a lo que estaría perdiendo si no asumiera dicho riesgo. La reacción general a la amenaza de la covid-19 no ha tomado en cuenta todas las consecuencias negativas de las medidas adoptadas. No podemos estar seguros de que eso sea posible, pero lo alarmante es que en muchos casos –y en esto no me refiero exclusivamente a las autoridades-, no parece ni siquiera haber sido considerado seriamente.
  • Los brotes de autoritarismo y actitudes de corte fascista que ha expuesto esta crisis, acaso más evidentes en algunos ciudadanos de a pie que en los políticos (dado la evidente necesidad de muchos de estos últimos de camuflar sus intenciones), siembran serias dudas acerca de si realmente hemos avanzado en nuestra capacidad de tolerancia y diálogo, respecto de los abusos que creíamos superados desde la segunda mitad del siglo XX.[16]

Conclusión

Al pretender vivir libre de riesgos, nos deshumanizamos y nos dirigimos hacia una infantilización de la sociedad. No es cuestión de exponernos innecesariamente al peligro, sino de llevar una vida guiada por el sentido común. Si no salgo a la calle, habrá menos chance de que me atraquen o de que se me caiga una maceta en la cabeza. Si no conducimos automóviles, habrá menos accidentes de tránsito. Si nunca tenemos sexo sin preservativo, contagiaremos muchas menos venéreas. No obstante aceptamos que haya gente que participe de orgías, quizás sin protección y hasta intoxicados con alcohol o drogas, a la vez que haya otros que opten por el celibato. De esto se trata la libertad, y no de ser ciego a las consecuencias de los actos.

Todo este pandemonio es producto de una mezcla de ignorancia, miedo, dificultad para reconocer errores, y también del aprovechamiento político y el abuso de poder. En la base de la asustada reacción popular, hay una incapacidad para sopesar acertadamente la precariedad de nuestra condición. El confort de los tiempos posmodernos ha promovido una concepción edulcorada e irrealista de la vida. Esta concepción niega o invisibiliza lo único que tenemos realmente garantizado: la enfermedad, el envejecimiento[17], y la muerte. La covid-19 es sólo una amenaza entre miles con las que ya convivimos, pero no deja de constituir una oportunidad para despertar a la realidad.

[1] La viruela y la peste bovina son las únicas dos enfermedades infecciosas que se consideran erradicadas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Viruela#cite_note-18

[2] Ejemplo: atestiguado en primera persona en plazas de Buenos Aires.

[3] OMS: “Actualmente no hay ningún caso confirmado de contagio de la COVID‑19 a través de los alimentos o de sus envases.”

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

[4] Aparentemente, ahora la OMS lo desaconseja.

[5] Un ejemplo absurdo entre muchos: programas de televisión con invitados.

[6] Es inevitable analizar el estado de alarma decretado para Madrid el 09/10/2020 en el contexto de una puja política entre el Estado nacional, y las autoridades locales:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12109
https://www.lavanguardia.com/vida/20201009/483947837564/reves-judicial-aboca-sanchez-estado-alarma-madrid.html

[7] Argentina. La locura de prohibirle el paso a la gente entre provincias, con cierres policiales y levantamiento de zanjas y trincheras. Casos de personas que no pudieron despedir a enfermos terminales, que no se pudieron operar; productores que no pueden acceder a sus propiedades. Muertos que de noche se llevaron por delante montículos de tierra improvisados en las carreteras. Camioneros a los que les fajan las puertas para impedirles apearse en determinadas provincias. Ley seca en algunos pueblos. Drones controlando a los ciudadanos. Toques de queda. Los empleados públicos no se ven afectados porque cobran sus sueldos, pero impiden la circulación de los ciudadanos que dependen de su trabajo privado. Hisopados, cánones mensuales, y demás burocracias adicionales con costes adicionales. Acciones anticonstitucionales, ante las que los fiscales no actúan de oficio:

[8] https://www.youtube.com/watch?v=nh2b8TQYrpE&ab_channel=Co-Immunity (10:30)

[9] Las células T también fueron encontradas en muestras de sangre almacenadas con anterioridad a la pandemia. Los investigadores piensan que podrían haber sido generadas por exposiciones a algunos de los otros cuatro coronavirus humanos que causan resfríados:

https://www.sciencemag.org/news/2020/05/t-cells-found-covid-19-patients-bode-well-long-term-immunity

[10] OMS: “Es difícil efectuar estudios completos de la transmisión originada en individuos asintomáticos; aun así, los datos científicos recopilados a partir de los informes de rastreo de contactos por los Estados Miembros indican que es mucho menos probable que las personas con infección asintomática transmitan el virus por comparación con las que presentan síntomas.” “Los datos científicos recabados hasta el momento acerca de la transmisión de casos sin síntomas procede de un número escaso de estudios con muestras pequeñas en los que es posible el sesgo de rememoración y no se puede descartar la transmisión por fómites.”

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf

[11] https://www.youtube.com/watch?v=6RDffMCAujg&ab_channel=misesmedia (21:15)

[12] https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

[13] Ver The Fact-Free Lockdown Hysteria | Thomas E. Woods, Jr., minuto 17:00: “La ciencia no es una serie de afirmaciones infalibles, […] sino que es una búsqueda incesante de la verdad”; y minuto 18:05: Jefe del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS: “la evasión de la cuarentena de Suecia fue un modelo”.

[14] Las estadísticas relativas a la covid-19 (tasa de mortalidad, contagios, etc.) derivan de tantas variables incontroladas, que es muy difícil hacer comparaciones. Los resultados de los diversos países dependen, entre otras cosas de:

  • Forma de medir.
  • Grado de eficacia en las mediciones.
  • Inmunización natural preexistente.
  • Propensión genética de la población.
  • Grado de contagiabilidad de las diversas cepas.
  • Grado de fuerza dañina del virus de las diversas cepas.
  • Costumbres sociales relativas al contacto y la higiene.
  • Calidad de la infraestructura sanitaria y del tratamiento médico.
  • Distintas distribuciones etarias.
  • Interacción del virus con otros agentes, ya sean otros microorganismos, vacunas y medicamentos, u otros factores ambientales.
  • Diversos grados de movilidad de la gente en diversos momentos del desarrollo de la epidemia.

Ver: https://ourworldindata.org/covid-excess-mortality

[15] Ejemplos: https://rationalground.com/mask-charts/

https://mailchi.mp/tomwoods/labordaymsg-320680?e=1ef0b4f405

[16] Claramente, este punto constituye todo un tema en sí mismo, y amerita un profundo análisis propio. Se da la aparente contradicción de que, por un lado, no parece tan fácil avanzar hoy propuestas totalitarias o anti-liberales como hace un siglo, y sin embargo, en la dinámica geopolítica actual los logros liberales no dan la sensación de estar firmemente al amparo de súbitas embestidas autoritarias.

[17] Salvo en algunos casos aun más dramáticos de muertes muy prematuras.