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Podemos propone organizar por decreto la vida de las familias

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado lunes, Podemos presentó su última propuesta. El documento es una mezcla entre medidas económicas y sociales y ha pasado relativamente desapercibido. Quizás, el título ("Reorganizar el sistema de cuidados") ha hecho pensar a muchos que hablamos de una especie denueva Ley de Dependencia, con mucho gasto público, subvenciones crecientes y algún apunte en temas de igualdad.

En realidad va mucho más allá. La formación quiere organizar a todas las familias españolas según sus criterios. A los que estén de acuerdo con sus gustos y a los que no. Si gana las elecciones, todos tendrán que amoldarse al esquema mental de los chicos de Pablo Iglesias.

La propuesta habla a menudo de la socialdemocracia europea, con sus promesas de que el Estado cuide del ciudadano de la cuna a la tumba. Pero Podemos adelanta por la izquierda cualquier programa político que se haya conocido en España hasta el momento, al menos entre los partidos con opciones a llegar al Parlamento. En realidad, lo que piden es que los burócratas sustituyan a las familias y que los hogares se organicen de acuerdo a lo establecido por la ley.

De hecho, el programa reniega ahora algunas de las propuestas clásicas del feminismo. Los permisos de maternidad, las ayudas por hijo, las subvenciones para dependencia: todas estas medidas fueron durante años el caballo de batalla de la izquierda. Muchas de ellas se han aplicado, pero no han dado los resultados que sus defensores aseguraban que tendrían.

¿Y qué plantea ahora Podemos? Aceptar las críticas y reconocer que se equivocaron los que durante años tacharon de retrógrados a los que disentían. No. Culpa a las "políticas neoliberales" de las consecuencias y anuncia una nueva vuelta de tuerca. Como la sociedad no ha cambiado como se preveía, habrá que dar un paso más. Ahora se conseguirá por la fuerza.

¿Socialdemocracia nórdica?

Como decimos, lo largo de todo el documento hay constantes referencias a los países nórdicos. No es la primera vez que Podemos usa a Suecia, Dinamarca, Islandia o Finlandia como reclamo. Es lógico. Todos ellos son países con una alta calidad de vida, elevados ingresos y una economía competitiva.

El problema es que prácticamente ninguna de las medidas que presenta el partido de Pablo Iglesias se aplican en ninguno de estos países. De hecho, algunas se aplicaron en su momento y fueron descartadas por sus pésimos resultados. No hay más que recordar que Suecia, que fue una de las economías que más creció entre los años 50 y 60, entró en una profunda decadencia en las dos décadas siguientes. El país estuvo al borde de la bancarrota a comienzos de los noventa. Sólo con las medidas liberalizadoras que se aplicaron a partir de 1990 se logró la recuperación.

Pero no es sólo una cuestión temporal. También hay diferencias cualitativas. En los países socialdemócratas del norte de Europa la idea era otorgar más posibilidades a través de la redistribución, pero dejando la organización de su vida a cada ciudadano (o cada familia), incluyendo un amplio margen para la provisión privada de servicios públicos. Es discutible si han logrado su objetivo y si es ésta la única forma de conseguirlo; pero en cualquier caso, no es esto lo que pide Podemos. El programa de esta formación no quiere que cada hogar se organice, al menos si lo hace en dirección contraria a sus deseos. En muchos casos, lo que pretende es diseñar cómo tienen que ser las familias españolas.

Las medidas

– "Jornada laboral máxima de 35 horas semanales con cómputo semanal": ningún país tiene este modelo. Francia, el único que se acercó, tuvo que dar marcha atrás porque supuso un desastre en términos de pérdida de puestos de trabajo, competitividad y menores salarios para los nuevos contratos. Universalizar la jornada de 35 horas sólo puede hacerse de dos formas: o se reducen los salarios en la misma proporción (algo a lo que los trabajadores no parecen muy dispuestos) o se pierde competitividad. Si le ley obliga a mantener los sueldos, eso implicará un aumento de los costes del 15% para las empresas españolas. En estas condiciones, será muy complicado que mantengan su producción (y el empleo) frente a sus competidores exteriores.

Ni siquiera se preguntan en el documento si no habrá miles de trabajadores (especialmente en los sectores mejor pagados y de más productividad) que quieran dedicar más tiempo a sus empleos a cambio de un mayor salario. En contra de lo que se insinúa en ocasiones, en la actualidad son las ocupaciones mejor pagadas las que también exigen una mayor dedicación horaria.

Además, el cómputo se hará de forma "semanal". Es decir, también se prohíben los picos de actividad. Las industrias que tengan períodos especialmente intensivos no podrán pedir a sus trabajadores un esfuerzo extra en esos momentos a cambio de más vacaciones o jornadas más cortas en la temporada valle. Del mismo modo, aquellos trabajadores que ahora agrupan su actividad durante unos meses (algo habitual en España en el sector turístico) tampoco podrán hacerlo. Son 35 horas, para todos y en todo momento.

– "Acabar con la dualidad entre jornadas interminables y empleo a tiempo parcial", un tipo de ocupación que "no es un trabajo digno porque no proporciona los mínimos derechos económicos, sociales y laborales": habrá quien piense que reducir la jornada laboral es una buena idea. Sobre todo si le convencen de que no llevará aparejada una reducción equivalente en el sueldo (es difícil imaginar cómo se conseguiría, pero eso es lo que dicen desde Podemos).

Pero el partido de Pablo Iglesias no sólo quiere poner un límite máximo. También le molestan las jornadas laborales cortas. Por eso, en su propuesta ataca al empleo a tiempo parcial, del que asegura que no es "trabajo digno".

En el norte de Europa la extensión de este tipo de trabajos viene de la mano de la prosperidad. Esto Podemos lo oculta, pero son precisamente los modelos en los que dice fijarse los que presentan una mayor incidencia del empleo a tiempo parcial. De esta forma, los países de la UE en los que el empleo a tiempo parcial es más habitual son: Holanda (cerca del 50% del total de puestos de trabajo), Suecia, Austria, Alemania, Dinamarca o Reino Unido (todos estos con porcentajes alrededor del 25%). Además, en todos estos países, la gran mayoría del empleo a tiempo parcial es voluntario y no está asociado a trabajos poco cualificados o mal pagados. En algunos casos, incluso, la remuneración por hora es igual o superior a la de los trabajadores a jornada completa.

Es un fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas y que no tiene nada de malo. Simplemente, llegados a un determinado nivel de ingresos, las familias suecas, holandesas o austriacas deciden que uno de los dos progenitores limite sus horas de trabajo. Es cierto que en la mayoría de las ocasiones es la mujer la que toma esta decisión, pero también es verdad que cada vez existe más igualdad en esta cuestión. Lo que podría entenderse como una conquista de las familias (su capacidad para decidir cómo organizar su tiempo y si dedicar más espacio a su trabajo o a su hogar) no tiene cabida para los ideólogos de Pablo Iglesias que quieren que todos los hogares sean iguales.

– "Permiso de paternidad igual para cada persona progenitora, intransferible y pagado al 100% del salario": es una de las medidas estrella. Entre otras cosas porque a primera vista puede sonar bien a buena parte del electorado y porque parece una ampliación de los "derechos" de los que tanto hablan los políticos.

Sin embargo, hay que hacer varias puntualizaciones. Para empezar, aunque se cite a los países nórdicos, hay que recordar en ninguno de ellos existe un esquema similar. Quizás lo más parecido sea Suecia, en el que los padres tienen hasta dos meses de permiso no obligatorio que no pueden ceder a sus parejas. En la mayoría de los países (incluido España), la tendencia es la de ampliar opciones para que las familias escojan. Normalmente, se garantizan unas semanas de permiso para la madre justo después del parto y unas semanas (menos) para el padre; luego se permite que sea cada familia la que decida cuál de los dos padres se acogerá al resto de beneficios permitidos por la ley (en la UE hay de todo, desde permisos hasta que el niño cumpla uno o dos años hasta la posibilidad de pedir una reducción de jornada durante unos años). La idea es que no sean siempre las madres las que se acogen a estas alternativas, pero no suele haber imposiciones legales, sino que se admite que cada hogar decida según sus preferencias y circunstancias.

Por eso, incluso sin tener en cuenta los temas económicos (cuánto cuestan estas medidas y quién las paga), habría que preguntarse cuál sería el impacto en la sociedad de las propuestas de Podemos, que no permiten la elección, sino que obligan. Su razonamiento es el siguiente: ahora mismo las mujeres "se ven etiquetadas por las empresas como ‘menos disponibles para el empleo"; por lo tanto, equiparando permisos de paternidad y maternidad, eliminamos este problema. Pero cuidado, si seguimos la lógica de Podemos, la conclusión no tiene por qué ser ésta. Según los autores del documento, ahora las empresas discriminan al colectivo que se coge permisos de maternidad. Es muy discutible que exista esa supuesta discriminación, pero asumiendo que la hay, ¿qué les hace pensar en que no ocurriría lo mismo si se amplían por decreto los beneficiarios de ese permiso? Es decir, las empresas podrían "etiquetar como menos disponibles para el empleo" a todas las personas de entre 25 y 40 años que tengan una pareja estable, sean hombres o mujeres.

Visto desde el punto de vista del trabajador también hay consecuencias. Si hombres y mujeres saben que si tienen hijos tendrán que cogerse el permiso de maternidad o paternidad quieran o no quieran, ¿incentivará esto la natalidad y el matrimonio o tendrá exactamente el efecto contrario? Por un lado, Podemos dice que con el actual el permiso de maternidad se reducen las cifras de natalidad, porque las mujeres dejan de tener hijos para no ser penalizadas en el trabajo. Pero no se llega a la misma conclusión cuando hablan de obligar a los dos padres a hacer lo mismo. Cuanto menos es algo contradictorio.

– "Eliminar el artículo 18 de la Ley de Dependencia que prevé la prestación por cuidados en el entorno familiar": ésta es la propuesta más curiosa de todas. En una primera lectura, podría parecer contradictoria con el resto del documento que está trufado de promesas de incrementar el gasto público en "cuidados". De hecho, los autores reconocen que una de sus pretensiones es completar el trabajo que inició José Luis Rodríguez Zapatero con la Ley de Dependencia. No hay ninguna explicación de cómo se pagaría, pero si la intención clara de ampliar el intervencionismo del Estado.

Por eso, llama la atención que se pida "eliminar el artículo 18" de aquella norma. Este precepto prevé que los familiares de los dependientes puedan hacerse cargo de sus cuidados, recibiendo una paga del Estado a cambio de esos servicios. Pues bien, tampoco esto le vale a Podemos. Si hay un dependiente y el Estado paga por sus cuidados, que sea un funcionario el que se ocupe. Nada de una hija cuidando a su padre o un padre dedicando tiempo a su hijo.

– En lo que hace referencia a las empleadas de hogar, aseguran que"este tipo de trabajo se presta a relaciones serviles y a todo tipo de abusos" y abogan por su supresión o su reducción al mímimo.Podemos también pone a las empleadas del hogar en su punto de mira y afirma que su modelo son los países nórdicos, donde asegura que lascifras en este sector son "ínfimas".

También aquí se insinúa una cierta contradicción. Por un lado, admite que "un hogar no es un lugar de trabajo normal: la prueba es que la Inspección de Trabajo no entra en los hogares". Por otro, pide la "equiparación" de los derechos laborales para las personas que se dedican a estos menesteres, que en estos momentos tienen un régimen más parecido al de los autónomos.

Evidentemente, si esto saliera adelante, implicaría un incremento brutal de costes. Hay que recordar que los trabajadores por cuenta ajena le cuestan a sus empresas mucho más de lo que recoge su salario bruto. Los costes en cotizaciones, seguros o formación casi duplican lo que el empleado recibe en su cuenta bancaria. Si a eso le sumamos las complejidades administrativas de emplear por cuenta ajena (y viendo el programa económico de Podemos no parece que vaya a simplificar esta cuestión), parece lógico pensar que cientos de miles de familias tendrían que prescindir de sus empleadas. ¿Cómo afectaría a estas trabajadoras, las de menor cualificación y con menos posibilidad de recolocación? ¿Qué consecuencias tendría en el incremento del empleo sumergido? ¿En qué posición quedarían las familias que ahora optan por contratar estos servicios? Pues tendrían que dedicar parte de su tiempo libre a hacer algo por lo que ahora están dispuestos a pagar, simplemente porque a Podemos no le gusta cómo organizan su vida.

– "Es necesario asegurar que todas las criaturas tienen plaza en una escuela de educación infantil pública de calidad desde el día siguiente a la finalización de los permisos de sus progenitores/as. Es importante que esta escuela sea gratuita y ofrezca horarios suficientes. La educación infantil no es solamente una necesidad de madres y padres sino también, y sobre todo, un derecho fundamental de las criaturas".

De nuevo, no sólo hablamos de ofrecer más opciones a las familias o de ayudar a pagar una guardería. Podemos quiere ir más allá. Aunque todavía no habla de hacer obligatoria la asistencia a la guardería, el documento habla claramente de "universalizar" la educación desde los cero años y asegura que éste es un "derecho" de todas las "criaturas" (por cierto, ésta es la denominación que utiliza a lo largo de todo el documento: ni hijos, ni niños ni siquiera menores… para Podemos son "criaturas").

Varias cuestiones llaman la atención. Lo primero es que cuando uno habla de "derechos" de la "criatura" lo que se intuye es que no es una potestad de los padres decidir si quieren o no llevar a sus hijos a la guardería, sino una obligación para con el niño. Sorprende especialmente cuando se combina con la exigencia de "permisos de paternidad y maternidad no transferibles". Es decir, como hemos visto anteriormente, para Podemos es inaceptable que durante los cuatro primeros meses de la vida de un niño (la duración actual del permiso de maternidad) cualquiera de sus padres trabaje y descalifica a aquellos que piensen lo contrario.

Pero al mismo tiempo, cree que es igualmente inaceptable que a los cuatro meses y una semana de la vida del mismo niño cualquiera de sus dos padres siga en casa y dedique su tiempo a cuidar a su retoño. Tienen que ser exactamente dieciséis semanas de permiso de paternidad para los dos padres y para todas las familias. Ni más ni menos.

Además, hay que apuntar que la idea de que las guarderías sean beneficiosas para el niño "desde los cero años" está muy lejos de estar ampliamente aceptada. Entre los expertos no hay ni mucho menos unanimidad, ni en un sentido ni en otro. Es una cuestión abierta a la discusión. Por eso, lo normal sería que cada familia eligiera en función de sus necesidades y sus criterios. En todos los países avanzados de Europa se hace así. Sin ir más lejos, en Finlandia el 71% de los niños menores de tres años es atendido por sus familiares. Es el porcentaje más elevado de la UE-15, muy por encima del 49% en España. Y hablamos del país con el sistema educativo más exitoso y uno de los estados del bienestar más completos del mundo.

– "Prestaciones universales por criatura, independientemente del nivel de renta y del tipo de familia. Prestaciones por familia monoparental. Especial atención en los servicios públicos e integración en el empleo de calidad de las familias monoparentales": en dos frases consecutivas Podemos se contradice. Primero habla de "prestaciones por criatura", sin tener en cuenta el tipo de familia. A continuación, se desdice y afirma que si la familia es monoparental entonces sí habrá un extra por cada hijo.

Resulta cuanto menos curioso que las únicas familias que vayan a recibir una ayuda extra sean éstas. En EEUU hace años que se preguntan por las consecuencias sociales del incremento de este tipo de familias y el sentido de unas ayudas que se instituyeron para resolver una situación de necesidad pero han terminado convirtiéndose en un incentivo perverso. Por ejemplo, este artículo en The Atlantic, una publicación más bien progresista, alerta de "El misterioso y alarmante crecimiento de los hogares con un sólo progenitor en EEUU". Este otro, en Forbes, asegura que "los hijos de padres solteros tienen muchas más posibilidades de experimentar pobreza infantil, convertirse en padres solteros o dejar la escuela".

*** Actualización (08-03): se ha añadido un párrafo en el epígrafe sobre los permisos de maternidad, para aclarar la diferencia entre lo actualmente vigente en la mayoría de los países europeos y la propuesta de Podemos.

Tsipras o el infierno de lo real

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

En política los grandes planes suelen salir mal. En ese gremio la suerte no ayuda a los audaces, ayuda a los prudentes, a los que tratan de mantenerse dentro de la foto sin significarse demasiado y sin que se acierte a ver como el colmillo afilado sobresale por encima del labio superior. No lo digo por la farsa tragicómica de traiciones, puñaladas y confidencias desde el talego que nos está regalando el PP de Madrid en los últimos días. Eso es caza menor. Lo digo por el ridículo que ha hecho Alexis Tsipras solo un mes después de haber ganado las elecciones. Si hubiese medido más sus palabras en la campaña hoy no se vería en estas. Tsipras, a diferencia de Pablo Iglesias, es un político profesional. Lleva muchos años viviendo de esto, politiqueando desde que andaba por el instituto. Solo de jefe de la oposición ha pasado más de un lustro. Así que a lo peor se lo cree y todo. Podría ser, los comunistas –y Tsipras lo es desde la adolescencia– siempre han sido muy dados a tragarse sus propias patrañas.

La batalla de Tsipras era contra la realidad, empeño encomiable pero quimérico. El programa de Syriza partía de dos presupuestos básicos de los que emanaba el resto: que la deuda se podía dejar de pagar sin consecuencias, y que, una vez consumado el impago, alguien entregaría una cantidad ingente de dinero a su Gobierno para que financiase un colosal paquete de gasto  que, por sí mismo, acabaría con la crisis de un plumazo. De lo primero se encargaría el superministro Varoufakis –un juguete roto del que ya nadie se acuerda–, de lo segundo él mismo en carne mortal y espíritu justiciero. Pintaba bien, pero era improbable encadenar ambos eventos más allá de la imaginación de los propios líderes de Syriza, que de tanto repetir los mantras los tomaron por una suerte de verdad revelada. Nótese que, a pesar de lo apetecible de las promesas, solo el 36% de los votantes se decantó por el partido de Tsipras, lo que demuestra que una mayoría de griegos desconfiaba de soluciones mágicas.

Abajo, en el infierno de lo real, Tsipras no ha tardado en comprobar que en la Unión Europea están muy hartos del Gobierno griego. No ya de este, sino de todos los anteriores, un hato de farsantes que fueron empalmando una mentira tras otra, un incumplimiento tras otro sin el más mínimo pudor. La capacidad de negociación de Tsipras estaba por tanto muy mermada. Con una economía insignificante y en estado terminal llegar fanfarroneando como un chulo de feria a Bruselas no era la mejor idea, pero sí era el único cartucho que el Gobierno de izquierda radical tenía para contentar a sus votantes, a quienes llevan años prometiéndoles el oro, el moro y el fin de los sacrificios.

Por sacrificio hay que entender algo tan elemental como que el Estado griego viva de lo que recauda, y no de una perpetua línea de crédito exterior con la que sostener y acrecentar un sector público inmenso e hipertrofiado. Los padecimientos de los griegos, que han sido múltiples en los últimos años, no se deben a la severidad de Angela Merkel, sino a la estructura misma de un país que todo lo espera del Gobierno. El encantamiento ha durado exactamente un mes. No podía durar mucho más. Ahora Tsipras tiene que decir la verdad a su gente. Tiene que decirles, por ejemplo, que el gasto público no crecerá, que será imposible contratar nuevos funcionarios o que el plan de privatizaciones del Gobierno de Samaras seguirá su curso como si nada hubiese pasado. La realidad es así de ingrata. “El poder es la impotencia”, cuentan que le dijo Calvo-Sotelo a Felipe González el día que le entregó las llaves de la Moncloa. El gobernante de un país en quiebra no debe prometer cosas que va a ser incapaz de cumplir. Eso es exactamente lo que hizo Tsipras antes de las elecciones. Podría rebelarse y dar carpetazo final al asunto sacando a Grecia del euro para, a continuación, llevar a cabo su programa con dracmas devaluadas. Podría sí, pero es poco probable que lo haga. De meterse en un plan semejante la quiebra sería prácticamente inmediata porque nadie va a dar tanto al Gobierno griego a cambio de tan poco como le ha dado la denostada troika. Ni Rusia, ni China ni el sursuncorda.

Los números, por más que Varoufakis los haya retorcido hasta dejarlos irreconocibles, son tozudos. Grecia produce poco, gasta mucho y, para colmo, está pésimamente administrada, la corrupción campa a sus anchas y el imperio de la ley languidece. Crear dinero de la nada no es crear riqueza, es destruirla. Si el recurso de la imprenta funcionase de verdad no habría que preocuparse por nada, no habría siquiera economía, todos viviríamos en Jauja y el activo internacional de reserva serían los cartuchos de tinta de HP. Bastaría con una impresora a color sencillita, un sello del banco central y una buena provisión de tinta y papel para esquivar por siempre la pobreza. Insisto en este punto porque por estos pagos los hay que repiten a diario la letanía de la redención a través de la así llamada “soberanía monetaria”. No hay ninguna soberanía en la inflación y su cohorte de miserias. Pero nadie aprende en cabeza ajena. Su infierno al final bien podría ser el nuestro.

En defensa del cártel de la leche

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La palabra cártel lleva asociada carga evidentemente peyorativa. Sin embargo, la RAE simplemente lo define como un “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”. Eso de “evitar la mutua competencia” no suena del todo bien, aunque tampoco hay motivo para que sea así: si dos agentes no compiten entre sí, simplemente están cooperando. La propia RAE define cooperar como “obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin”: es decir, el cártel es una cooperación empresarial para minimizar la competencia salvaje entre los partícipes en el cártel.

¿Es negativa la cooperación empresarial para no perjudicarse mutuamente? Muchos anticapitalistas consideran que no, que de hecho el Estado debería imponer la sustiución de la competencia por la cooperación entre empresas. Por ejemplo, Christian Felber, en su libro La economía del bien común, propone instaurar un régimen de “cooperación estructural” entre empresas que sustituya a la competencia: “Tal vez el ejercicio de reflexión más difícil de la economía del bien común es la visualización de que las empresas no deben actuar unas contra otras, sino una con otras, y al hacerlo serán recompensadas por ello”. Es decir, Felber defiende que las empresas deben cartelizarse.

Mas que los anticapitalistas rechacen la competencia es algo desde antaño conocido: acaso sorprenderá, en cambio, que un liberal afirme que la competencia directa y enconada entre agentes económicos no siempre tenga por qué ser positiva. Semejante sorpresa probablemente se deba a confundir el liberalismo (y los beneficios económicos que comporta) con el modelo de competencia perfecta. Este modelo supone que la eficiencia económica se alcanza, entre otras condiciones, dentro de un contexto de agentes atomizados, asociales, independientes y sin capacidad alguna de negociación. Pero es obvio que este modelo peca de reduccionista en muchos supuestos fácilmente imaginables: en el mercado también existen las economías de escala (reducción de costes por incremento del número de unidades producidas y vendidas) y las sinergias (complementariedades positivas derivadas de la cooperación del capital humano, físico o financiero de dos o más unidades productivas). Por eso, las adquisiciones y fusiones entre empresas, las joint ventures, las franquicias o los acuerdos de distribución son modalidades de cooperación entre compañías que no encajan dentro del modelo de competencia perfecta pero que pueden ser perfectamente funcionales y eficientes.

De hecho, y llevando el propio modelo de irreal atomización propio de la competencia perfecta hasta el extremo, uno debería concluir que la propia existencia de empresas (sobre todo, cuando son empresas desigualmente organizadas y estructuradas) viola los supuestos del modelo. Una empresa no es más que un acuerdo por el que varios agentes productivos (empresarios y trabajadores de muy distintas categorías) deciden cooperar para producir conjuntamente. ¿Y por qué existen las empresas? Entre otros motivos, porque así minimizamos tanto los costes de transacción asociados con la captación de información en el mercado (Coase) cuanto los costes del oportunismo engendrado por los incentivos perversos propios de contexto con ultraespecificidad de activos (Williamson). Anatema: personas cooperando dentro del capitalismo en lugar de compitiendo hasta aniquilarse mutuamente.

O dicho de otra manera: una de las principales ventajas competitivas es descubrir el tipo de organización empresarial óptima para generar en cada contexto económico el máximo valor posible para los consumidores. ¿Y cuál es esa organización empresarial óptima en cada contexto económico? Simplemente no lo sabemos: para eso existe el mercado… para probar, equivocarse, rectificar y terminar descubriéndolo. La competencia, decía Hayek, es un proceso de descubrimiento: y, por tanto, no sólo hemos de permitir la competencia en el precio o en las cualidades del producto final, sino también en la propia organización empresarial encargada de fabricarlo. ¿Podría ser el cártel una de esas formas de organización empresarial óptima en algunos contextos? Sí, podría.

¿Para qué sirven los cárteles?

Los cárteles son una fusión parcial y reversible entre dos o más empresas dirigidos esencialmente a coordinar los precios y las cantidades que ofertarán a sus clientes así como los precios y las cantidades que demandarán a sus proveedores. Indudablemente, una de las principales razones para establecer un cártel puede ser el de aumentar su poder de negociación frente a sus clientes o proveedores: cobrarles un mayor precio a los primeros y pagarles un menor precio a los segundos.

Ésta es la finalidad que muchos consideran más innoble y censurable de los cárteles: la colusión para parasitar a clientes o a proveedores desequilibrando la posición negociadora de las partes. Pero el cártel bien podría servir para lo contrario: es decir, no para desequilibrar la posición negociadora de las partes, sino para equilibrarla. Si los consumidores o los productores se hallan muy dispersos frente a un gran suministrador o frente a un gran cliente, pueden cartelizarse para ponerse a su altura. En determinados ámbitos, de hecho, estos cárteles por el lado de la demanda y por el lado de la oferta no sólo los consideramos moral y económicamente aceptables, sino incluso del todo imprescindibles.

Por ejemplo, no es inhabitual que los consumidores se agrupen frente a las grandes eléctricas para efectuar compras colectivas de electricidad con las que lograr un precio medio inferior a si cada uno de ellos negociara individualmente (una solución propuesta por el economista Harold Demsetz ya en 1968). ¿Y qué es una agrupación de consumidores para lograr mancomunadamente un menor precio? Pues un muy legítimo cártel de demanda. Lo mismo cabe decir con respecto al más célebre de los cárteles de oferta: los sindicatos. En un sindicato, los trabajadores se unen (se cartelizan) para reivindicar un mayor salario (un mayor precio) frente al empresario; no en vano, la primera de las leyes antitrust de la historia (la Sherman Act estadounidense de 1891) no sólo prohibía los acuerdos entre empresas para fijar precios, sino también los acuerdos sindicales entre trabajadores para fijar salarios (restricción que no se levantó hasta 1914 con la Clayton Act).

Pero los beneficios del cártel no se limitan a otorgar un mayor poder de negociación a alguna de las partes. Los cárteles también sirven para racionalizar la situación de sectores en los que existe sobreproducción (las distintas empresas acuerdan reducir proporcionalmente su producción en lugar de aguantar hasta que alguna de ellas quiebre) o para coordinar la desinversión en industrias maduras minimizando el quebranto asociado.

En suma, los cárteles cumplen una función económica que puede ser valiosa. Remarco elpuede porque, como es obvio, el cártel —como cualquier forma de organización empresarial— también puede ser inadecuado para un determinado contexto económico, infligiendo mayores perjuicios que los beneficios que genera. Para eso sirve, justamente, la verdadera competencia: a saber, la posibilidad de que nuevos empresarios entren a competir en una industria cartelizada ofreciendo precios más bajos para los consumidores o precios más altos para lo proveedores. Si el cártel es verdaderamente artificial e innecesario, romperlo será muy sencillo para cualquier nuevo entrante (e incluso para alguno de los empresarios cartelizados que se salga del acuerdo para lucrarse a costa de quienes siguen suscribiendo el acuerdo colusorio). Mientras el Estado no prohíba la competencia y no conceda privilegios al cártel, éste será por fuerza inestable si carece de toda lógica económica más allá que el mero lucro de los empresarios asociados.

El cártel de la leche 

Esta misma semana inundó las páginas de los medios de comunicación la sanción de 88 millonesde euros impuesta por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia al llamado “cártel de la leche”: una asociación de empresas transformadoras de leche que manipulaban los precios de mercado. Acaso convenga aclarar, ya desde el comienzo, que se trataba de un cártel de demanda, no de oferta: es decir, las empresas transformadoras se asociaban para ganar poder de negociación frente a sus proveedores ganaderos no frente a los consumidores. La CNMC atestigua pactos para controlar los precios a los que compran la leche cruda, no los precio a los que venden la leche procesada. No obstante, no parece que esto sea suficiente disculpa. ¿Acaso los ganaderos no están siendo explotados por las empresas cartelizadas para pagarles barata la leche cruda?

Ciertamente, uno debe reconocer que los ganaderos están explotados, pero lo están sobre todo por la muy elevada regulación sectorial. La CNMC, por ejemplo, reconoce que “el sector está fuertemente regulado”, lo que “distorsiona el funcionamiento normal del mercado”. Así, a cada ganadero se le asigna una cuota nacional de producción que debe cumplir en un 85% si no quiere perderla para el ejercicio siguiente, y se le obliga a vender esa leche a un “comprador autorizado” por la autoridad competente. La consecuencia es que la legislación otorga un enorme poder a las empresas transformadoras: éstas pueden amenazar al ganadero con no recogerle la leche, lo que le impediría llegar a la utilización mínima del 85% de su cuota láctea y lo expulsarían del mercado al año siguiente. Éste es el verdadero problema de los ganaderos que hay que denunciar enérgicamente y por el que la CNMC pasa absolutamente de puntillas.

En cambio, el cártel de la leche, qua cártel, no debería resultar en sí mismo criticable. Y es que, en ausencia de cuotas y de compradores administrativamente autorizados, serían las empresas transformadoras las que, por sorprendente que pueda parecer, se hallarían en una situación de precariedad negociadora frente a los ganaderos. A la postre, según reconoce la propia CNMC, la competencia descoordinada entre las transformadoras ante un mercado muy volátil y estacional provocaría subidas intensas de precios en época de escasez y, en cambio, resistencia a la baja de precios en época de abundancia: “en estos mercados tan oscilantes y de carácter estacional, [el cártel] estaría permitiendo que las empresas evitaran, por ejemplo, competir entre sí por los ganaderos ofreciendo un precio mayor en épocas de escasez de leche, o perder el aprovisionamiento procedente de algunos ganaderos si las empresas decidían ofrecer un precio demasiado bajo en épocas de excedentes de producción”. ¿Acaso no es razonable que un agente económico tome medidas (cartelizarse) para evitar la fluctuación de precios sistemáticamente en su contra?

De hecho, pese al presuntamente enorme poder de negociación con el que cuentan las empresas transformadoras, no parece que estén logrando un desmesurado lucro en su operativa. Si bien es complicado hallar información financiera específica de las actividades de las empresas sancionadas en este sector, sí contamos con las cuentas anuales de CAPSA (Corporación Alimentaria Peñasanta), la segunda empresa que ha recibido una mayor sanción (21,8 millones de euros: el equivalente a seis años de beneficios de la empresa). ¿Y qué exagerado margen de beneficios tiene CAPSA? El 0,7% en 2013 y el-0,03% en 2012 (generador de una rentabilidad sobre el activo de apenas 1% en 2013 y del –0,06% en 2012). Se trata, pues, de un retorno exiguo que no parece acreditar un enorme poder de negociación por parte de la empresa transformadora (salvo para sobrevivir y no ser devorada por las pérdidas: esa es justo la lógica del cártel… estabilizar donde existe sobrecapacidad).

En definitiva, los problemas de los ganaderos proceden de la regulación estatal que los maniata, no de un cártel de compañías transformadoras que, como todos los cárteles (incluyendo el de los sindicatos o el de las compras colectivas de electricidad), puede tener sentido económico según el contexto concreto. Precisamente, la forma de averiguar si la tiene no es penalizando al cártel mientras se mantiene la intrusiva regulación agropecuaria, sino liberalizando la industria para que pueda darse una efectiva competencia intrasectorial aun cuando algunos de sus actores lleguen a acuerdos colusorios. Por ejemplo, la regulación no debería obstaculizar que fueran los propios ganaderos quienes se cooperativizaran (¿cartelizaran?) en caso de que los compradores de la leche cruda les ofrecieran precios que juzgaran inaceptablemente bajos: en tal caso, la competencia sería endógena a los propios agentes implicados. Necesitamos libertad de mercado, no más engañosa competencia impostada por el Estado que en absoluto solventa los verdaderos problemas de fondo.