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Colesterol: ¿la mayor mentira jamás contada?

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Artículos en prensa.

Cada año, los ciudadanos son preguntados por aquéllas cosas que más les preocupan. Típicamente, el paro, la situación económica o la corrupción suelen liderar la lista. Sin embargo, creo que en estas encuestan olvidan un gran temor de los ciudadanos: el colesterol. Vilipendiado y denostado como pocas cosas, podemos afirmar sin equivocarnos que el final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo otra guerra: la del colesterol. De hecho, hoy es difícil exagerar la cantidad de alimentos en los supermercados o presuntos remedios dirigidos a reducir el colesterol.

La historia de esta guerra es larga pero, como todas, tiene un comienzo. Un comienzo que podemos fechar en 1954. Aquel año un investigador llamado David Kritchevsky publicó un estudio sobre los efectos de alimentar con colesterol puro a conejos. Lo que sucedió es que se les acabó induciendo arteriosclerosis. Hasta aquí todo normal. El pequeño gran error fue pensar que ese resultado en conejos, que son seres herbívoros, podía ser trasladable a humanos. Lo que en realidad se gestó a partir de entonces, debido a la poderosa influencia de ese estudio sobre Ancel Keys, fue la construcción de un mito. En los años 1961, Mathur y sus colaboradores fueron incapaces de hallar un vínculo entre colesterol y placas arteriales tras analizar 20 autopsias y más de 200 casos científicos. En 1962, el Dr Marek publicaba un artículo en el American Heart Journal con la misma conclusión: no hay correlación entre colesterol y placa arterial. En 1964, el cirujano Michael DeBakey tras analizar un millar de pacientes durante operaciones ofreció el mismo mensaje: la arteriosclerosis no tiene nada que ver con la concentración de colesterol en la sangre.

Algo menos del 1% de los humanos tiene mucho más colesterol que el resto de nosotros. Se debe a una variante genética llamada hipercolesterolemia familiar o hereditaria, y supone un interesante grupo de estudio. En el año 2001, un grupo de investigadores holandeses halló que en el siglo XIX las personas con esta variante genética vivían algo más tiempo que el promedio y dado que en aquella época la causa más común de muerte era de tipo infeccioso, concluyeron que el colesterol protegía de algún modo frente a virus y bacterias. En efecto, poco después apareció otro estudio que establecía que el colesterol bajo era un factor de riesgo para cualquier tipo de enfermedad infecciosa. De hecho, se sabe que las personas con bajo colesterol tienen más riesgo de mortalidad por problemas intestinales y pulmonares, y una parte importante de éstos son de origen infeccioso.

Pero centrémonos en la creencia de que el colesterol es el gran culpable de la enfermedad cardiovascular. Los primeros en airear esta idea fueron posiblemente los directores del estudio Framingham, un proyecto de duración indefinida iniciado en 1948 en la población de Massachusetts que lleva el mismo nombre (Framingham). Curioso, por decir algo, es que este estudio se vendiera como una prueba de la hipótesis del colesterol. En realidad, pasados los 47 años de edad, el colesterol no parecía ser un factor de riesgo cardiovascular. Es más, pasadas tres décadas de estudio aquéllos que habían reducido más su colesterol habían aumentado más su riesgo cardiovascular que aquéllos que habían incrementado su colesterol. Sin embargo, los autores y la prensa eludieron esta comparativa.

En los 90, científicos canadienses publicaron sus resultados con casi 5000 pacientes de mediana edad que siguieron durante doce años con los mismos resultados. Son constantes los estudios que podemos encontrar con la misma conclusión (en los 60, 70, 80, 90, 2000…)

Los estudios poblacionales

Es lo que se denominan estudios epidemiológicos: ¿podemos establecer asociaciones al estudiar poblaciones? Uno de los estudios de este tipo más famosos para iniciar la guerra contra el colesterol fue el Seven Countries Study publicado en 1972, en el que Ancel Keys estudió a dieciséis poblaciones en un total de siete países (originalmente eran seis). Este estudio se ha usado hasta la saciedad para demostrar que el consumo de grasas saturadas eleva el colesterol y esto está asociado con problemas cardiovasculares. Sin embargo, el estudio está lleno de sesgos y errores. Por ejemplo, el consumo de grasa saturada era igual en Creta y Corfú, pero esta última isla tenía dieciséis veces más enfermedad cardiovascular. Algo similar sucedía entre North Karelia y Turku, ambas en Finlandia. Si tomamos como prueba los electrocardiogramas que estadísticamente están recogidos en el estudio, las personas con más problemas cardíacos tendían a comer menos grasa saturada. Países como Francia o Suiza se eludieron convenientemente del estudio porque ambos casos refutan la hipótesis del colesterol y la grasa saturada (Francia y Suiza consumen mucha grasa saturada y tienen baja enfermedad cardiovascular). En realidad, con los datos de los 22 países disponibles entonces se podía justificar cualquier cosa sobre el consumo de grasa saturada y colesterol eligiendo selectivamente unos países u otros. El fraude debería ser evidente.

El hecho de que los hombres japoneses que vivían en Japón tenían bajo colesterol y bajo índice de ataques cardíacos mientras los hombres japoneses que vivían en California tenían elevado colesterol y elevada incidencia cardiovascular era tomado como una confirmación de tal hipótesis. Que los japoneses de California con bajo colesterol tenían más problemas cardíacos que los japoneses californianos con alto colesterol era, sin embargo, considerado irrelevante. Keys, Stamler y todos los seguidores de la hipótesis del colesterol y las grasas no tuvieron problema ninguno en rechazar de plano como algo sin valor, irrelevante o malinterpretado todo dato que contradecía sus creencias. Los estudios de los indios navajos, de los inmigrantes irlandeses a Boston, los nómadas africanos, los granjeros de la Suiza alpina o de los monjes trapistas y benedictinos sugerían claramente que el colesterol no tenía relación con la enfermedad cardiovascular. Keys, por supuesto, negaba valor a esos estudios y repetidamente remarcaba que no se podían extraer conclusiones con poblaciones tan pequeñas. En 1964, el Journal American of Medical Association publicaba que la comunidad italiana de Roseto, en Pensilvania, consumía elevadas cantidades de grasa animal, por ejemplo cocinaban básicamente con manteca de cerdo, y tenían un "sorprendentemente bajo" nivel de problemas cardiovasculares. Por supuesto, Keys siguió aplicando su rechazo debido a lo pequeño de aquella población.

Los ensayos clínicos

Si las pistas que dan los estudios poblacionales son o no son fiables se acaba verificando con los estudios clínicos. En aras de resumir, citemos los ensayos clínicos que más se han empleado para justificar y divulgar la hipótesis del colesterol. Y repito bien: los que se han usado para justificar dicha teoría.

1. LRC: Estas breves siglas designan el llamado Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial. Tras analizar a más de trescientos mil varones, se reclutaron a 4000 con los valores más altos de colesterol. A la mitad de ellos se les enseñaron hábitos dietéticos y consumieron un fármaco para reducir el colesterol. Tras 8 años de seguimiento, había la misma mortalidad cardiovascular entre quienes con fármaco y dieta redujeron su colesterol y los que no cambiaron dieta ni tomaron el fármaco. Publicado en los años 80, se usa para justificar la teoría del colesterol. Y si te preguntas cómo puede ser así, no eres el único.

2. MRFIT: Aún más famoso que el anterior, el Multiple Risk Factors Trial es en realidad uno de los estudios más citados sobre la prevención cardiovascular. Se reclutaron de entre cientos de miles, un total de 12000 varones proclives a problemas cardiovasculares. La mitad de ellos tuvieron que hacer ejercicio, dejar de fumar y seguir una dieta para reducir su colesterol. Tras 8 años, fallecieron 260 personas en el grupo que siguió los consejos y 265 personas ¡entre quienes los habían seguido!

3. Helsinki Heart Study: El estudio cardiovascular de Helsinki, de finales de los 80, es otro clásico que vendría a confirmar que debemos reducir el colesterol. Sin embargo, el estudio difícilmente dice lo que algunos quieren que diga. Tras cinco años de estudio, los pacientes que consumieron un fármaco para reducir el colesterol habían sufrido mayor mortalidad cardiovascular que quienes no habían consumido nada. 17 fallecidos con el fármaco frente a sólo 8 sin el fármaco reductor de colesterol, lo acabaron considerando en las conclusiones del estudio como una diferencia poco significativa. ¿Qué hace falta para que sea significativa si más del doble resulta no serlo?

Al final, todo lo que la ciencia no podía hacer, acabo haciéndolo la política. Así pues, sin miedo a equivocarnos, la politización de la dieta y la propagación de un miedo irracional al colesterol y la grasa saturada acabaron convirtiéndose en unos de los grandes daños a la ciencia del último siglo. Y con ello de nuestra salud.

Nathan Branden, 1930-2014

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Ha muerto recientemente Nathan Branden. Tenía 84 años, y el parkinson que sufría le produjo un último deterioro. Pocas veces la fama de una persona de debe tanto a su relación con otra persona. En su caso, claro está, se trata de su relación con la novelista y filósofa Ayn Rand.

Leyó El manantial cuando tenía 14 años. Hace de esto 70. Rand no había iniciado la escritura de La rebelión de Atlas cuando Nathaniel empezó a cartearse con ella, y empezaron a trabar una amistad muy fructífera. De la mano de Nathaniel se adhirieron al círculo de Rand Weidman Barbara y su primo Leonard Peinkoff. La relación entre ellos es tan cercana que deciden moverse juntos de Los Ángeles a Nueva York cuando Barbara va a completar su grado en filosofía en la NYU. Ya en la gran manzana, él se cambia el nombre por Nathan Branden, con cuyas letras se puede formar el sintagma ben Rand, “hijo de Rand” en hebreo. En Nueva York se casa con Bárbara, en una ceremonia en la que Ayn Rand y su marido, el actor Frank O’Connor, hacen de padrinos.

La poderosa filosofía de Ayn Rand cubre la relación del individuo con la realidad, con otros individuos y con el conjunto de la sociedad, por lo que comprende varios aspectos del hombre. Tiene perfiles morales muy acusados, lo que unido a su carácter idealista y redentor también lo hace atractivo. Y tiene la complejidad suficiente como para suponer un reto, sin resultar un esfuerzo insuperable o desesperante. No es de extrañar que se convirtiese en un culto. El objetivismo ofrece al neófito un sistema de pensamiento armado y coherente que es capaz de dar respuestas sobre la ética, la economía, las artes, la moral… Rand era manantial de ese nuevo saber que Branden canalizaba de forma eficaz.

Los Branden ampliaban el círculo en torno a Rand, que explicaba sus ideas sobre la filosofía mientras compartía con sus alucinados discípulos los fragmentos de su nueva novela, a medida que ella los escribía. Nathan Branden se convirtió en un empresario de las ideas de su maestra. Creó las Lecciones de Nathaniel Branden, luego convertido en el Instituto Nathaniel Branden, y más tarde The Objectivist Newsletter y la revista The Objectivist. Él hizo lo que Ayn Rand no habría podido: una labor de proselitismo que convirtió la pequeña secta randiana en un movimiento. Eran ideas rompedoras, y Branden logró que se infiltrasen por las universidades.

El propio Branden participaba de ese carácter sectario que imponía la personalidad de Rand, como cuando acusó a Murray N. Rothbard de plagiar a Rand en su gran ensayo The mantle of science, y le sometió a un juicio in absentia ante un tribunal randiano. En un estilo muy soviético, Nathan condenaba a los herejes achacándoles vicios psicológicos que explicarían su desviación ideológica.

Nathan y Barbara Branden reconocieron y repudiaron con los años los alucinados extremos del culto a Ayn Rand, pero no llevaron ese repudio a las ideas que recibieron de ellas y contribuyeron a extender.

Es conocido que en 1954 Nathan y Ayn convocaron a sus respectivos cónyuges para exponerles que habían iniciado una relación sentimental entre ellos. Esta actitud era plenamente coherente con la forma de pensar de la autora de origen ruso, pues para ella el amor pasa por la conquista de aquella persona que encarna los valores con los que te identificas. Y, pese a que había 24 años de diferencia entre ambos, para cada uno de ellos el otro era esa persona. También es conocido que en 1968 Nathan dejó a Ayn Rand por otra mujer que podría encajar menos en ese patrón randiano, pero que era una modelo muy guapa y mucho más joven. Y en una reacción que queda lejos de los estrictos estándares racionales y morales que ella predicaba, identificó esa preferencia por Patricia Wynard como una traición a su persona y, en consecuencia, a sus ideas. Y se produjo el objeticisma, la expulsión del Lucifer Branden del reino del randismo. Natham, no obstante, siguió por su cuenta, y no dejó que estas diferencias echaran al traste lo que, en el fondo, era también su pensamiento y el fruto de su trabajo.

Ayn Rand desprecia lo que llama ideas de segunda mano, ese conocimiento compartido, heredado y no racionalizado que nos permite, sencillamente, vivir. “Revisa tus premisas”, era el dictum preferido de Rand, que contiene la pretensión de que todo conocimiento es susceptible de ser juzgado por una razón independiente y clara.

Branden hizo de la autoestima el principal tema de su pensamiento en psicología. Siguiendo la estructura de pensamiento de Rand, Branden vio la autoestima como un logro de la razón, y que consiste en seguir la vida según los propios valores. La genética es una realidad incómoda en este entender al hombre como un ser puramente racional, y que debe utilizar esa facultad, pura, libre de interferencias, para limpiar el pensamiento de prejuicios y alcanzar la verdad. Una verdad que, por otro lado, ya ha expuesto la propia Rand.

Branden no se salió ni de la grandeza y ni del desenfoque de Ayn Rand. Por ejemplo, al hablar de las relaciones personales, dijo: “Bajo el capitalismo, los hombres son libres de elegir sus lazos sociales. Lo que quiere decir que pueden elegir con quién se asocian. Los hombres no están atrapados en la prisión de su familia, tribu, casta, clase o vecindad. Pueden elegir a quién valoran, con quién quieren mantener una amistad, con quién tratan, y qué tipo de relación establecen. Esto implica y exige la responsabilidad de los hombres de formarse juicios independientes. Implica y exige, también, que un hombre tiene que ganarse las relaciones sociales que desea”.

Es decir, que echa por la borda los lazos sociales preexistentes, convenidos, heredados, reales. Cree que es propio del capitalismo su sustitución por cálculos racionales de seres randianológicos. No es que no haya mucho de cierto en eso, pues en una sociedad libre cualquier individuo tiene el derecho de saltarse esta u otra convención, para elegir otro camino, por más que ese otro sea muy probablemente otra convención. Pero hay mucho más, muchísimo más, de falso. Pues las personas son políticas en el sentido que le dio Aristóteles, pertenecientes a una polis, o una comunidad. Y su persona se llena del conjunto de saberes y usos que la caracterizan. Hay una gran contradicción en erigirse en defensor de una civilización y proclamar que se puede disolver sin más que pasarse la vida revisando premisas.

Con todo, creo que debemos este recuerdo a Nathan Branden. Dice de él Brian Doherty en Radicals for capitalism, una expresión por cierto de Ayn Rand: “La segunda carrera de Rand como filósofa y activista habría sido improbable si no hubiera conocido y entablado amistad con un joven admirador llamado Nathan Blumenthal y la mujer que luego sería su esposa, Barbara Weidman”. Nathan llevó al objetivismo “de una cuestión de interés meramente literaria al eje de un movimiento filosófico y político”. Y por esa vía ha contribuido al ideal de libertad.

La caída del petróleo inyecta 1,3 billones de dólares a los consumidores

Escrito por Pablo Martínez Bernal en . Publicado en Artículos en prensa.

La caída que viene experimentando el precio del petróleo desde el verano de 2013 es histórica. Si en junio del año pasado el precio del barril brent cotizaba a $115, esta semana hemos visto el precio del barril caer por debajo de los $60. La semana pasada el precio ha seguido en caída libre y se ha dejado un 12%.

Si tomamos como referencia los precios registrados en 2008, en mitad de la crisis subprime, el desplome es superior al 50%. Este brutal descenso se explica por distintos motivos, tanto económicos como geopolíticos, y sus consecuencias son buenas y malas, según a quién preguntemos.

Tras cinco años de estabilidad en el precio del petróleo, resulta sorprendente la volatilidad que ha experimentado el crudo en los mercados internacionales. Más chocante aún si tenemos en cuenta que la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), que controla cerca del 40% de la producción mundial, tiene como misión principal garantizar la "estabilidad en el precio del petróleo".

Motivos de la caída

Se pueden señalar, al menos, cuatro factores que están alterando la formación del precio del petróleo al modificar tanto la oferta como la demanda del conocido como "oro líquido".

En primer lugar, la demanda de petróleo se encuentra parcialmente deprimida por la baja actividad económica a nivel mundial, inferior a la que los mercados habían estimado y por un gradual cambio a otras fuentes energéticas alternativas.

En segundo lugar, la inestabilidad en Irak y Libia -cuya producción conjunta es de cuatro millones de barriles diarios- no ha afectado su producción. Los mercados tampoco habían anticipado semejante escenario tan favorable.

En tercer lugar, Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de petróleo del mundo gracias a la revolución del fracking. Aunque no exporta crudo, ha pasado a importar mucho menos petróleo que antes, lo que hace que mucha oferta haya dejado de tener demanda.

Por último, Arabia Saudí y sus aliados del Golfo Pérsico están llevando a cabo una estrategia de presión vía precios para defenderse de la amenaza que supone el fracking. Pese a que podrían cortar la producción de petróleo de manera inmediata para subir el precio, eso haría que sus principales rivales -Irán y Rusia- saliesen beneficiados, junto con la industria del fracking en Estados Unidos.

Arabia Saudí: el Rey del petróleo

Arabia Saudí, que supone cerca de un tercio de toda la producción de petróleo de la OPEP, puede soportar durante varios años un precio bajo, si con ello logra expulsar del mercado a sus principales rivales.

Con el menor coste de extracción del planeta (en torno a $6 por barril) y cerca de $900.000 millones en reservas, Arabia Saudí está utilizando su posición dominante para realizar lo que bien podría llamarse dumping geopolítico. Al forzar el precio tan a la baja, logra tensar las cuentas públicas de países como Rusia o Irán, además de atacar a su mayor amenaza: el fracking de EEUU.

Los beneficiados del desplome

Los mayores beneficiados del nuevo escenario son, sin duda, China, India, Corea del Sur y Japón. Estos países, como bien señala Marc Garrigasait, son los mayores importadores de petróleo del mundo después de Estados Unidos. En menor medida, países como España, Italia, Grecia o Portugal también se benefician de un petróleo barato, ya que somos grandes dependientes del oro líquido.

Esa caída de $40 supone una transferencia de cerca de $1,3 billones de los productores a los consumidores. Eso significa más dinero en el bolsillo de los consumidores, algo muy positivo dado el débil crecimiento económico a nivel mundial.

Y los damnificados

En primer lugar, los países más perjudicados por el desplome del precio son Rusia y, en menor medida, otros como Venezuela, Ecuador, Nigeria, Angola, Irán, Canadá o Noruega. Estos son los mayores países productores, pero, sobre todo, los más dependientes, como son el caso de Venezuela o Noruega.

Rusia ha visto cómo esta crisis del precio del petróleo ha golpeado con fuerza su economía. El rublo se ha depreciado vertiginosamente frente a las principales monedas y su Bolsa ha caído también con fuerza. Su Banco Central ha anunciado medidas, como la intervención en el mercado de divisas o una reciente subida en los tipos de interés, pero ambas han resultado inútiles por el momento, ya que el rublo ha seguido en caída libre.

Pero una de las situaciones más delicadas es la de Venezuela. Los seguros contra el impago de la deuda venezolana, conocidos como CDS, implican una probabilidad de impago del 93% durante los próximos 5 años. Cada caída de $1 en el precio del petróleo les genera unas pérdidas de $700 millones. Recientemente, Barclays ha realizado una estimación de la inflación que Venezuela tendrá en 2015 y la cifra es escalofriante: un 120%.

¿Está el fracking en peligro?

A nivel sectorial, los grandes perjudicados (al menos en el corto plazo) son la industria del fracking, las arenas bituminosas y las energías renovables. Los frackers americanos se han endeudado bastante desde que esta tecnología disruptiva se dio a conocer y la caída del precio del petróleo puede hacer entrar en pérdidas a la industria.

La buena noticia, sin embargo, es que, según la tecnología de extracción se va perfeccionando, los costes bajan. Según la empresa IHS, si hace unos meses el coste de extracción vía fracking se situaba en $70, ahora se puede producir por cerca de $57. Así pues, todo apunta a que tendremos petróleo y fracking para rato.

La madre de todas las quiebras

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

En la semana que se presenta el libro sobre energía de Daniel Lacalle La madre de todas las Batallas (Deusto, 2014), se cierne sobre nuestras cabezas la representación de la “madre de todas las quiebras”: la de la confianza en el regulador. Si la crisis financiera fue dura, si las quiebras empresariales son dolorosas y dejan penosos rastros de desempleo y dramas familiares, si la quiebra del presupuesto equilibrado, proclamada por Keynes como solución (por algo le llamaron el enterrador del presupuesto equilibrado), es un lastre para el crecimiento de las economías, nada de eso es comparable con los efectos perversos a corto, medio y largo plazo que tiene sobre la economía y sobre toda la sociedad la quiebra de la confianza.

¿Confianza en qué?

No se trata de confiar en que Dios te ama. Allá cada cual con su sentido de la trascendencia. Se trata de no minar la confianza en las instituciones que aseguran que nuestro sistema, supuestamente el menos malo de los sistemas conocidos, es efectivamente eso: el menos malo. Y para ello existen órganos de control como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Superior del Poder  Judicial, el Tribunal Supremo, y desde hace un tiempo, las instituciones encargadas de “regular” los mercados estratégicos: el financiero, el energético o el de telecomunicaciones, por ejemplo.

Ese verbo, “regular”, se nos ha explicado como diferente a “controlar” o “monopolizar” a quienes creemos en el orden espontaneo que emerge del juego del mercado, y en la mayor capacidad para distribuir justamente del mercado, en tanto que conjunción de neuronas de las mentes de todos los participantes en el mismo (lo que se llama el orden extenso) frente a la estrechez de miras de un grupito de planificadores, sean estos bienintencionados o malignos. Ya no estamos en un régimen dictatorial con un INI que maneja la nave nodriza de la industria, ese INI tan buenista que eliminó la competitividad de nuestro horizonte. Ese INI que solamente Pablo Iglesias podría defender. (Lo que debe estar riendo el General en su tumba con el programa de Podemos).

La regulación no era, como algunos sospechábamos, el control del mercado, la manipulación de los precios con el riesgo de sesgo político que eso implica, sino simplemente vigilancia con el objetivo de que se cumplieran las normas y evitaran los abusos. Algunos no nos tragamos esas buenas palabras. Muchos otros sí. Y ahora pasa lo que pasa.

La credibilidad de la justicia ya está cuestionada. La credibilidad de los políticos, mucho más que eso. El Tribunal Constitucional, tocado. Faltaba lesionar la confianza en los “reguladores”. Y el caso Bankia ha logrado que el papel del Banco de España se vea herido profundamente. Porque las declaraciones de Luis María Linde, Luis de Guindos, los técnicos, el juez… están generando tal cantidad de ruido ambiental en los medios de comunicación que el pagador de impuestos, el incauto financiador de todos ellos, se siente exactamente igual que en medio de una bronca entre Belén Esteban, Kiko Matamoros y Raquel Bollo. Y, lo que es peor. No solamente no se entera de qué ha pasado realmente, sino que la conclusión general que saca es la misma que en el programa presentado por Jorge Javier: “Esto es un montaje donde todos cobran y yo pago la barra libre”.

Y ya es lo que nos faltaba.

La alternativa a la regulación

La diferencia entre el espectador de Telecinco y el paganini de turno es que mientras que el primero no tiene más que apretar un botón para que ese espectáculo dantesco desaparezca de su vista, el pagador de impuestos no.

¿Y qué hacemos ahora que ha fallado el “soft-control”? Pues hay dos alternativas. Eliminar la regulación o restaurar la confianza en la regulación. La segunda opción es bien difícil. Recuperar la credibilidad es un proceso lento que requiere de muchas cosas de las que carecemos, como por ejemplo, sociedad civil, conciencia, valores cívicos… nuestra sociedad está preparada para mentir, para asumir que nos mienten y para espiar tras las esquinas. ¿Lo está para entonar un mea culpa, reclamar la rendición de cuentas de cada uno de nosotros y de los políticos, exigir que los políticos no mientan? Porque me da la sensación de que a los españoles nos encanta que nos halaguen los oídos y vivir en la mentira.

Así que, tal vez se trata de eliminar la regulación. ¿Y entonces? Entonces se abre una nueva encrucijada: el mercado o el hipercontrol. El mercado (mi opción) es lo peor de lo peor, nido de víboras, azote de subvencionados, compuesto por gente sin corazón que se nutre de la libación de sangre de niños inocentes por las noches. Y luego está el hipercontrol. ¡Bienvenido Pablo, generalísimo del pueblo!

AEDE, parásitos frustrados

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Debió ser un mandamiento. El artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, suscrita por todos los Estados miembros de la ONU, lo afirma tajantemente: "Nadie será sometido a tortura o a tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes". Punto.

Todo esto, claro, lo escribo a propósito de las acusaciones contra la CIA por el uso de torturas para lograr información capaz de desvelar las conspiraciones y planes de los terroristas.

Estados Unidos había sido sorprendido por las terribles acciones de los islamistas radicales de Al Qaeda que habían dejado cerca de tres mil cadáveres en las calles de New York y Washington. George W. Bush y los servicios de inteligencia norteamericanos querían averiguar quiénes era sus enemigos, qué planes tenían y cuándo pensaban golpear nuevamente. En Washington estaban, a un tiempo, asustados y deseosos de venganza. De alguna manera, ésa también era la ansiosa actitud del conjunto de la sociedad.

La tarea resultaba dificilísima. Esta vez los enemigos eran árabes de una docena de orígenes diferentes –con predomino saudí, egipcio y yemenita–, afganos, iraníes, chechenos y otros adversarios aún más exóticos desde la perspectiva norteamericana. Todos estaban unidos por el islam y por el odio a USA y a Israel, pero se trata de un monstruo con mil cabezas.

Aparentemente, el modo más directo de comenzar a desenredar la madeja era obtener información de los prisioneros, y por eso los torturaron. Pero, primero, ¿existía total certeza de la culpabilidad de todos los prisioneros? Y, segundo, si no los sometían a un tercer grado, ¿cómo se lograba esa colaboración? Ni siquiera resultaba útil amenazarlos con la ejecución ordenada por los tribunales, porque el martirologio era un objetivo personal de todos ellos. Era la puerta de entrada al paraíso. Es muy difícil enfrentarse a un enemigo deseoso de morir.

La investigación era muy confusa. Todo conducía a la perplejidad: las lenguas en las que hablaban, los factores culturales, las motivaciones religiosas, la geografía. Cuando estudiaron la biografía de Mohamed Atta, el cabecilla suicida que dirigió los aviones contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, encontraron a un joven egipcio educado en Hamburgo –era arquitecto urbanista–, profundamente piadoso, que actuaba por convicciones ideológicas. Muchos de los terroristas respondían a un perfil parecido.

Hasta ahí las justificaciones que se escuchan ante las denuncias de torturas, pero éstas, francamente, no sirven excesivamente. Hay tres factores mucho más importantes que las circunstancias en las que se encontraba Estados Unidos, en ese momento bajo el shock del ataque terrorista.

En primer lugar, está la ley. Estados Unidos es un país de leyes. Si la Quinta Enmienda y los tratados internacionales suscritos por Estados Unidos son contrarios a la utilización de la tortura, nadie tiene el derecho a recurrir a ella y el presidente no puede ordenar esa práctica.

El presidente o el Congreso pueden tratar de cambiar las reglas, pero no están autorizados a violarlas. Esto no es un prurito leguleyo sino una medida esencial de protección. Si uno o varios de los poderes públicos pueden saltarse a su antojo la legislación, los fundamentos republicanos quedan demolidos.

En segundo lugar, están los valores. Una sociedad es o debe ser una comunidad vinculada por los principios, además de por las reglas. En Estados Unidos, supuestamente, prevalecen los valores que consagran la compasión y el respeto a la integridad de los individuos. Uno espera del fascismo, del nazismo o del comunismo, que todo lo justifican en función de sus sangrientas utopías, que recurran a la tortura, pero no de una democracia liberal.

Y, por último, queda la melancólica convicción de que las confesiones obtenidas mediante torturas y malos tratos no suelen reflejar la verdad. Las actas inquisitoriales, levantadas al calor de las hogueras, dan cuenta de las historias más absurdas relacionadas con la hechicería: comercio carnal con el diablo, visiones de animales mitológicos, vuelos a bordo de escobas.

En los siglos XVI y XVII, sólo en Europa, más de cien mil personas, casi todas mujeres, fueron cruelmente torturadas para arrancarles las más peregrinas declaraciones. Confesaban cualquier cosa con tal de que terminara el tormento.

La democracia liberal no puede comportarse como los enemigos de la libertad. ¿Que aumentan los riesgos y los sacrificios? Probablemente, pero ése es el precio de vivir en sociedades libres y siempre hay que estar dispuestos a pagarlo.

elblogdemontaner.com

No torturarás

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

La redistribución de la renta no se efectúa de ricos a pobres, sino de grupos desorganizados a grupos organizados (lobbies). El Estado no auxilia a quienes más lo necesitan, sino a quienes disfrutan de una mayor capacidad para presionar e influir sobre políticos y burócratas. Ese es, al menos, el calculo que efectuó la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) con Google News: dado que Google es un negocio boyante que gana miles de millones de dólares anuales, basta con que el Estado español le arrebate unos pocos milloncejos y reparta semejante botín entre todos los editores para que así la prensa española pueda superar la crisis sin necesidad de reformular su caduco, esclerotizado y anticompetitivo modelo de negocio.

Pero, desesperados por encontrar una presa a la que parasitar, los editores y el servil y liberticida Gobierno del PP calcularon mal hasta dónde podían tensar la cuerda: tras lloriquear durante años que era Google quien parasitaba a la prensa española por enlazarla en su agregador de noticias sin que ésta recibiera compensación alguna, parece que ahora los rotativos están comenzando a intuir que no, que la empresa estadounidense no vivía de ellos más de lo que ellos vivían de Google. La relación, en suma, no era una de parasitismo, sino de simbiosis: sí, Google enlazaba a los periódicos españoles sin pagarles peaje alguno, pero los periódicos españoles también se beneficiaban de un torrente de tráfico procedente de Google sin pagar tarifa alguna a la multinacional estadounidense.

Precisamente por ello, cuando los editores reclamaban imponer a Google una "compensación justa" por indexarles en Google News estaban, en realidad, reclamando una mordida del todo punto injusta. A la postre, uno de los rasgos constitutivos de la justicia es la reciprocidad, a saber, devolver bien en proporción al bien que has recibido de otros. Pero Google ya estaba devolviendo con creces a los editores el bien que recibía por enlazar gratis sus noticias: y se lo devolvía en forma de una enorme cantidad de visitas. De hecho, una forma bastante sencilla de averiguar si el principio de reciprocidad se cumple o no entre las partes de una relación es a través de un simple experimento mental: si la situación de una de las partes mejorara en ausencia de la otra, tenemos fuertes motivos para suponer que estamos ante una relación parasitaria donde no se respeta el principio de reciprocidad.

Por desgracia para la AEDE, Google no se ha limitado a realizar este hipótetico test mental, sino que ha decidido llevarlo a la práctica: a partir de este martes, Google News dejará de prestar su servicio en España. ¿Fin del parasitismo? No lo parece: la AEDE no tardó ni 24 horas en salir a la palestra para lamentar la decisión de Google e incluso a reclamar al Gobierno que intervenga para proteger los intereses de las empresas implicadas. Extraña relación parasitaria ésa en la que el presunto parasitado implora al parásito que le siga sangrando.

Más bien, todo apunta a que, como decíamos, el parásito no era Google sino que quería serlo la AEDE: ésta no sólo pretendía que Google continuara indexando gratis sus noticias, sino que además pagara por ello. Google ha juzgado que tales términos dejaban de ser verdaderamente recíprocos y ha actuado en consecuencia largándose de España. Google News prefiere irse del país si ello implica no ya no poder cobrar sino tener que pagar por proporcionar a la prensa el servicio de indexación de noticias. ¿Puede decir lo mismo la prensa española, esto es, que prefiere que Google News se vaya de España a menos que acepte abonar la mordida que reclama? No lo parece, a juicio de las exclamaciones de la AEDE pidiendo el regreso de Google: señal inequívoca de quién buscaba realmente parasitar a quién.

Acaso lo más gracioso y ejemplarizante de esta situación sea que los editores de prensa españoles probablemente terminen descubriendo que el servicio que les proporcionaba gratuitamente Google tenía un coste que ahora muchos de ellos deberán empezar a soportar: si desean seguir usando al líder de los buscadores para promocionar sus portales de noticias, no les quedará más remedio que contratar el servicio de Google Ads. En el pecado llevarán la penitencia. Mas no olvidemos lo esencial: si la AEDE pensó que sería capaz de rapiñar a Google fue porque contó con la entusiasta complicidad de un Gobierno que jamás ha dudado en aplastar las libertades de los ciudadanos para beneficiar a los lobbies que se congregan a su alrededor. En este caso, afortunadamente, el ambicionado expolio les salió mal: Atlas se encogió de hombros.

La futura Ley de Enjuiciamiento criminal: más legislación liberticida

Escrito por Javier Pérez Bódalo en . Publicado en Análisis diario.

En 1790 se proclamó, en la Francia revolucionaria la inviolabilidad de las comunicaciones: “Le secret des lettres est inviolable”. A España llegó casi un siglo después, en 1869 y tras la Revolución Gloriosa. En aquellos días, el Gobierno Provisional promulgó la que sería la primera Constitución democrática de nuestra historia. Heredera de la tradición isabelina y liberal –en el sentido más decimonónico de la palabra– fue efímera en su vida útil, pero dejó sentadas las bases de una serie de preceptos que se han ido transmitiendo a los textos constitucionales que la han sucedido. Fue así mismo, el primer texto constitucional español que refrendó el secreto de las comunicaciones. En su artículo séptimo, expone:

En ningún caso podrá detenerse ni abrirse por la Autoridad Gobernativa la correspondencia confiada al correo, ni tampoco detenerse la telegráfica. Pero en virtud de auto de Juez competente podrá detenerse una y otra correspondencia, y también abrirse en presencia del procesado la que se le dijera por el correo.

En términos similares aunque con ligeras variaciones se mantuvieron las constituciones de 1876 y 1931, así como el Fuero de los Españoles, una de las Leyes Fundamentales durante el Gobierno del General Franco. Del mismo modo, nuestra actual Constitución de 1978, expone en su artículo 18, apartado tercero:

Se garantizará el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

Queda claro que es imperativo constitucional, a la vez que no resulta novedad histórica, el que se garantice de forma taxativa el secreto de las comunicaciones, al mismo tiempo que de ser necesaria su intervención, se llevará a cabo con la debida resolución judicial, que se emitirá examinados los hechos y con total certeza de que será la medida más correcta y menos gravosa para averiguar lo que fuere necesario.

En 1882, durante la vigencia de la arriba citada Constitución de 1876, se promulgó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, buscando desarrollar legislativamente el secreto de la correspondencia. En su redacción original, el artículo 579 nos dice en sus apartados 1º a 3º:

Podrá el juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

Asimismo, el juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.

De igual forma, el juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.

Hasta aquí, la redacción original de 1882. El texto legislativo desarrolla el precepto constitucional, salvaguardando el interés protegido y especificando desde el punto de vista procesal cómo se debe proceder. Sin embargo, en 1988 se introdujo un cuarto apartado al artículo 579, que nos dice:

En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación.

Como vemos, el hecho de que la inviolabilidad de las comunicaciones sólo se pueda ver comprometida por la actividad fehaciente del Juez, se ve parcialmente quebrado. Desde este momento, el Ejecutivo puede disponer de la privacidad de cualquier sospechoso. La redacción, que podría parecer peligrosa, no lo es tanto, pues como dice el propio texto se debe comunicar inmediatamente por escrito motivado al juez competente. Sin embargo, nos surge la duda de que, si se va a comunicar inmediatamente, y entendiendo que al vulnerarse derechos constitucionales el Juez responderá a la mayor brevedad posible, ¿era necesario vulnerar la intimidad del sospechoso? ¿No se habría conseguido una orden del propio Juez, motivando la urgencia, de forma rápida y se habría salvaguardado el derecho fundamental del sospechoso? ¿Quién es el Ministro del Interior –una autoridad política– para violar la correspondencia de nadie?

No es este el extremo que pretendemos analizar, pues no seremos los primeros que nos hagamos estas preguntas, ni los últimos que nos quedemos sin respuestas. La doctrina procesalista –más docta en estas materias que el que escribe– se ha manifestado en gran medida en contra de la redacción de este artículo. Sin ánimo de ser exahustivo, cabe señalar que el Profesor Rodríguez Ramos afirmó respecto de esta redacción que “la nueva regulación legal que, por ambigua, excesivamente parca y contradictoria merece ser calificada de excrecencia legislativa – sino de excremento- más que de ley…”[i]. Así mismo, el Tribunal Supremo (por citar una, la STS 12/3/2004, que reafirma que el Ejecutivo no puede intervenir las comunicaciones sin autorización judicial) ha tenido varios pronunciamientos en contra de la redacción del artículo. Hasta el extremo de que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en el caso Prado Bugallo contra España (18/2/2003), declarando que el artículo en cuestión no cumple con las previsiones legales respecto de las precauciones de observar por parte del Juez, la efectividad de las transcripciones, la duración de las escuchas y de las medidas, o el hecho de comunicar intactas y completas las grabaciones, así como no expresa un numerus clausus de delitos que precisarían la toma de esta medida. En suma, no se respetan las exigencias derivadas del principio de legalidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, queda claro que no es una novedad en nuestros textos constitucionales el asegurar el secreto de las comunicaciones, que sólo podrá ser violado por motivos estrictamente necesarios, y tras la preceptiva autorización del Juez. Así mismo, queda en evidencia la deficiente y limitada redacción del texto actual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual no garantiza los derechos fundamentales de los investigados.

Todo este antecedente previo viene a colación por las recientes noticias sobre el tema. Tras la sesión celebrada el pasado viernes 5 de diciembre del año en curso, se anunció que el Consejo de Ministrios había aprobado un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entre otras cuestiones de lo más variopinto, altera –aún más– el régimen de escuchas y rastreos, contenido en el artículo que acabamos de comentar.

Por si fuera poco con la ambigua y dudosa redacción existente, la cual rompe la separación de poderes –ninguna novedad en nuestro ordenamiento– al permitir al ejecutivo tomar decisiones que corresponden al Poder Judicial, el anteproyecto viene a ahondar en la herida.

La propuesta de nueva redacción del artículo 579 es prácticamente similar en contenido en sus apartados 1º y 2º. Como era de recibo, señala en el apartado 2º el plazo de 3 meses para la intervención de las comunicaciones. Sin embargo queda un poco vacío de contenido cuando dice que será “prorrogable por iguales períodos“, lo que a fin de cuentas viene a significar lo mismo que antes de la propuesta de reforma.

El punto interesante llega en el apartado cuarto. Acostumbrados como estamos a la redacción que permite a la Policía o Guardia Civil hacer escuchas o intervenir las comunicaciones de terroristas o bandas, llama poderosamente la atención el enunciado de: “u otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad“. ¿Qué son delitos de especial gravedad? ¿Cuáles son las circunstancias del caso? ¿No podría adjuntarse una enumeración? Un paso más en la arbitrariedad que se concede al Ejecutivo para intervenir cuando vea oportuno el contenido de las comunicaciones de cualquier ciudadano, siempre que juicio del funcionario de turno, parezca que el delito investigado es de “especial gravedad”.

Además, encontramos líneas más adelante que al igual que en el texto actual, se encarga la toma de esta medida el Ministro del Interior o al Secretario de Estado de Seguridad. En dicha redacción en vigor, se ha de comunicar inmediatamente a la autoridad judicial. En la nueva se dice: “comunicándolo inmediatamente y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 24 horas“. ¿Cómo se comunica inmediatamente y, en todo caso, en 24 horas? Inmediatamente es en el momento, máxime con la facilidad de transmisión de información entre los cuerpos de seguridad y los jueces que existe hoy día. ¿Cómo debemos interpretar esta afirmación? ¿Se debe comunicar inmediatamente, o por el contrario se tiene un plazo máximo de 24 horas? ¿Podrán los funcionarios del Ministerio de Justicia intervenir las comunicaciones de cualquier “sospechoso” durante 24 horas, para después comunicarlo al Juez? En suma, la nueva redacción parece dejar más dudas que su predecesora, y entregar aún más poder a quienes constitucionalmente están vetados de la toma de decisión en estos términos. Este tema ha ocupado unas pocas noticias en la prensa, y pasará desapercibida. No existe conciencia de lo graves que pueden llegar a ser para las libertades individuales las legislaciones estatistas que nos asisten, y que nos van cooptando más y más cada día. Desde el Ministerio de Justicia se ha dicho que todos estos puntos encontrados se irán puliendo a lo largo del proceso restante. Deberán recabar informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y Consejo Fiscal, para llegar a las Cortes –que también lo discutirán– sobre el mes de febrero. Pero es de suponer que para un Gobierno con mayoría absoluta, no supondrá ningún problema aprobar este texto.

Por si no fuera suficiente con la redacción del artículo desde 1988, la actual parece ser aún peor y más peligrosa si cabe para los derechos fundamentales. Cuando se vive en sociedad, se puede llegar a entender –no es el caso del que escribe– que se limiten las libertades en casos concretos para proteger los derechos de terceros y de los ciudadanos en su conjunto. Siempre y cuando esto se haga en casos estrictamente tasados y sabidos –certeza de la Ley– y que dichas limitaciones se lleven a cabo tras un escrupuloso y exhaustivo estudio, que lleve al Juez competente –es decir, al tercer poder y sólo a él– a tomar la medida, que deberá ser lo más ajustada posible. No debemos tolerar que sea el Ejecutivo –un órgano político– quien pueda siquiera decidir sobre estos extremos. La democracia debe “diseñar instituciones que impidan incluso a los malos gobernantes hacer demasiado daño”[ii]. No podemos dejar en manos de los gobiernos ni un ápice de acceso a nuestros derechos fundamentales, ni que vulneren por redacción legislativa lo que las constituciones reconocen.

Resulta paradójico que la legislación más liberticida y peligrosa para la intimidad y privacidad de las comunicaciones entre ciudadanos, y por extensión de su libertad, no se redactase ni en el Siglo XIX ni en el XX, sino en el año 2014.


[i] RODRÍGUEZ RAMOS, L. “Intervenciones Telefónicas en La Prueba en el Proceso Penal“. CGPJ, 1992.

[ii] POPPER, K. “Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge“. 1963

Todos somos Errejón

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Una corriente de solidaridad sin precedentes arropa al secretario de Política de Pablemos, a cuenta de la persecución a la que está siendo sometido por la Universidad de Málaga, en manos de los socialistas, como todo lo que propicia algún trinque en Andalucía. No sólo el ayatolá de Podemos le ha mostrado públicamente su apoyo sino que, lo que es más importante, también las bases del partido se han unido a la causa, sobre todo en las redes sociales, en una muestra de adhesión inquebrantable de las que ponen la piel de gallina.

A Errejón lo persiguen, dicen los suyos, porque la casta tiene miedo de perder el poder; no porque haya estado trincando casi dos mil euros mensuales de manera dudosa, compatibilizando irregularmente su labor de investigación sobre el lacerante problema social de la mercantilización de la vivienda con la tarea de regenerar la democracia de este-país-de-países, a la que vive entregado. Si no ha cumplido con el horario laboral establecido en el contrato que le ofreció en su día el director del proyecto, un amiguete de Podemos, es algo que carece de interés. En última instancia, como Errejón y Pablemos no se cansan de repetir, todo es cuestión de haber presentado o no "un papelito", que ya ves qué tontería. Un "papelito" que autorizara al dirigente podemita a dedicarse a la política y seguir trincando la pasta, se entiende, pero como los grandes líderes del género humano no prestan atención a la cosa burocrática, al final la jauría mediática, azuzada por la casta (faltaría más), ha hecho presa en este muchacho encantador, que es que lo ves y te dan ganas de abrazarlo.

Pero Errejón no va a dimitir. No tiene por qué, en realidad, pues, como es bien sabido, la calificación moral de una acción para alguien de izquierdas sólo depende de quién es el que la realiza. Además, en un contexto generalizado de corrupción, los doce mil euros trincados por Errejón es una cuestión menor que la epidermis de estos superdemócratas puede perfectamente soportar. Para el votante medio de Pablemos, los desmanes de Blesa sirven para justificar los trinques de Errejón, pero la casta son siempre los otros. No hay más que dar un paseo por la orilla izquierda de las redes sociales para comprobar que dentro del rebaño hay unanimidad. Deberían cambiar el lema de su reciente campaña de blindaje ante las críticas por este otro, más ajustado a la actualidad errejoniana de la cosa podemita: #nuestrostrinkesvuestrasonrisa; por no recurrir al clásico "Errejón somos todos". Lo que sea con tal de preservar los trinques del líder y seguir despotricando de la casta como hasta ahora.