Entrevista a Antonio Salcedo – Persuasión y política
Antonio Salcedo examina las variables que determinan el impacto de la comunicación persuasiva el 22-11-2015.
El trienio antiliberal de Rajoy
Este jueves se han cumplido tres años desde que Rajoy llegó a Moncloa con el mayor respaldo ciudadano desde Felipe González en 1982. No sólo eso, Rajoy llegó a La Moncloa gobernando simultáneamente en la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos de España. En absoluto resulta disparatado afirmar que, desde que arrancara la democracia, jamás ningún hombre ha concentrado en sus manos tanto poder como Rajoy. Y como tal, como político omnipotente, ha utilizado ese poder para lo que cabía esperar: no para renunciar a él, no para ampliar las libertades de los españoles a costa de su absoluto imperium estatal, sino para tratar de salvaguardar la burbuja estatal gestada por Zapatero a costa de saquear impositivamente al conjunto de los españoles.
Estos tres años de Rajoy se resumen sintéticamente como un rotundo fracaso del antiliberalismo aplicado. Fracaso porque Rajoy ha sido incapaz de sentar las bases de una recuperación saludable: al contrario, fue Mario Draghi quien en 2012 sacó a España de la situación de pre-quiebra en la que se hallaba prometiendo una intervención ilimitada en los mercados financieros; antiliberalismo porque Rajoy sólo supo edificar su política económica sobre la base de una maximización de las subidas de impuestos y una minimización de los recortes del gasto agregado de las Administraciones Públicas.
Y es que Rajoy, como caballero negro de una tecnocracia grisácea y refractaria a las libertades individuales, jamás tuvo en su horizonte transformar radicalmente el modelo de Estado paternalista y omniabarcante que padecemos desde hace décadas. Su misión nunca fue la de plantear una ordenada transición desde el Estado de Bienestar a la sociedad de bienestar; ni siquiera tuvo el propósito de simplemente aplicar un moderado plan de choque dirigido a reconducir los excesos más insostenibles de ese clientelar bienestar estatal. Al contrario, Rajoy se ha esforzado durante estos tres años por apuntalar nuestrohiperEstado nutriéndolo de un sistema hiperimpositivo que ahoga a nuestras familias y empresas para oxigenar a nuestras burocracias tentaculares.
Pero Rajoy no sólo ha despedazado una oportunidad histórica para regenerar nuestras estatalmente corruptas instituciones sociales —liberalizando la economía, recortando intensamente el gasto, bajando impuestos, trasladando las pérdidas de la banca a sus acreedores mediante un bail-in, acometiendo una auténtica y profunda descentralización tributaria, separando drásticamente la función jurisdiccional del arbitrio político, renunciando a ejercer el matonismo gubernamental contra la prensa díscola, erradicando la estructural connivencia entre ciertas grandes empresas oligopolísticas y el BOE o arrebatándole la competencia educativa a las burocracias funcionariales para devolvérsela a los propios individuos—, sino que, al hacerlo, ha terminado legitimando una opción política que aspira a un degenerador control de tales instituciones sociales por parte de un Estado incorruptamente corruptor.
El éxito de Podemos es inseparable del vaciamiento ideológico, del conformismo estatista, del latrocinio montoril, de estos tres años de Rajoy. Rajoy, al fusionarse en discurso y en prácticas con el PSOE, ha dado alas a una opción política que reivindica volver a dar lustre a un Estado de Bienestar que él fue tan incapaz de combatir intelectualmente como de engordar económicamente. Rajoy es por necesidad un fracasado tanto para quienes aspiran a ver incrementado el peso de la sociedad civil a costa del Estado como para aquellos que ambicionan a convertir a la sociedad civil en un campamento militar regentado por el Estado. Aquellos que dentro del primer grupo confiaran su voto a Rajoy allá por 2011 —haciendo gala de altas dosis de ingenuidad política— han engrosado militantemente hoy las filas de la abstención; aquellos que dentro del segundo grupo apostaran por Rajoy como un eficaz gestor capaz de poner orden al desaguisado zapateril han terminado refugiándose en los brazos de Podemos.
Bloqueada dentro del sistema la regeneración liberal de un régimen insalvable y fasciocomunista como fue la Transición, se ha acabado por buscar fuera del sistema una ruptura populista con el mismo para, paradójicamente, reivindicar un idéntico misticismo vanamente esperanzador como fue el encarnado por el “espíritu” de la Transición. Rajoy renunció a ser el gran reformador que necesitaba este país —acaso jamás aspiró a hacerlo, dados sus liberticidas antecedentes ideológicos— para convertirse en su trajeado sepulturero. El inmovilismo de Rajoy ha alimentado la movilización de Podemos; su mediocridad intelectual ha cebado el desnortado intelectualismo de Podemos; su impenitente y frustrante expolio contra las clases medias ha espoleado el discurso aristocida de Podemos. En suma, su fanático enroque dentro de la casta estatal ha contribuido a preservar el mito de que otro Estado más benevolente, más decente y más justo es posible: el mito de un Estado idílico que los Dioses de la oligarquía patria jamás entregarán a la castigada ciudadanía a menos que aparezca un prometeico salvador como Podemos.
Un trienio antiliberal, el de Rajoy, que, por desgracia, todo apunta a que irá seguido por una (como poco) década al menos tan ominosamente antiliberal. Como con Zapatero, lo peor de Rajoy no serán sus nefastos años de gobierno, sino su envenenado legado.
Once millones de españoles, atrapados en la trampa de la precariedad
Once millones de trabajadores españoles son precarios, es decir, están en una situación laboral peor de la que les gustaría. Es decir, once millones de españoles están produciendo menos de lo que querrían porque o están en el paro o sus contratos no cubren sus expectativas. La cuenta la ha hecho Florentino Felgueroso para Nada es gratis e incluye a parados, desanimados (ya no buscan empleo porque no creen que lo encontrarán), subempleados (trabajan a tiempo parcial porque no encuentran nada a tiempo completo) y temporales que están buscando un empleo fijo.
Es una cifra descomunal, que representa aproximadamente el 45% de la fuerza laboral española. En algunas regiones, la situación es dramática. Así, lo que podríamos denominar como tasa de precariedad se acerca al 60% en Andalucía, Canarias o Extremadura.
Las consecuencias de esta situación son muchas y muy graves. Para empezar, tiene un impacto directo en la productividad. Un trabajador que no encuentra empleo o sólo encadena contratos temporales será mucho menos eficiente que uno fijo. Ni la empresa se querrá gastar un euro de más en su formación (para qué, si se va a ir en unos meses), ni sus opciones de crecer dentro de la estructura de la compañía serán muy elevadas (nadie asciende a un empleado temporal), ni los pocos meses que pase en cada puesto le servirán para consolidar una experiencia valiosa en ningún sector. Al final, una larga temporada con contratos temporales se traduce también en sueldos más bajos, una situación que se arrastrará durante toda la vida laboral, incluso cuando se consiga el Santo Grial del contrato indefinido.
De esta manera, lo que se planteó en sus orígenes como una puerta de acceso al mercado laboral (un contrato por unos meses para que la empresa analizase si el trabajador se ajustaba a sus necesidades), se ha convertido en una trampa sin salidas. El número de treintañeros y cuarentones que no han conocido la estabilidad en su carrera laboral se dispara, con las implicaciones para toda su vida, no sólo profesional: ¿quién se atreve a emanciparse con un contrato de seis meses? ¿y a casarse o tener hijos?
Y esta situación tampoco es buena para la empresa. Por un lado, por el asunto de la productividad que hemos comentado. Pero es que además, la dualidad tiene unas implicaciones muy importantes en las decisiones empresariales. En España, lo más habitual cuando vienen mal dadas es aplicar la regla LIFO (last in, first out); es decir, ante cualquier revés en el negocio, los empresarios tienden a deshacerse de los recién llegados temporales, sólo porque su despido es mucho más barato, sin tener en cuenta la calidad de su trabajo en comparación con la de sus compañeros. Vamos, que es normal echar al bueno y quedarse con el malo, con las consecuencias que cualquiera puede imaginar.
De hecho, como explica el profesor Felgueroso, si nos ponemos puristas, la cifra incluso podría ser mayor. Por un lado, tenemos el caso de los falsos autónomos: personas dadas de alta como trabajadores por cuenta propia pero que realizan el 100% de su actividad para una empresa (y lo hacen de forma involuntaria). También está el caso de los falsos fijos, con uno de los nuevos contratos para el fomento de la contratación indefinida, que permiten el despido libre durante un año, y que saben que no renovarán este contrato. Y todo esto por no hablar de los cientos de miles de exiliados por la crisis.
CUADRO 2 CCAA FELGUEROSO
¿Por qué?
Con este planteamiento, la primera pregunta que uno es hace es ¿por qué ocurre algo que no interesa a nadie, ni empresas ni trabajadores? La respuesta está en la legislación laboral española, que establece una enorme diferencia entre fijos y temporales.
Cuando a un empresario le van las cosas bien, lo lógico es que se plantee mejorar las condiciones laborales de sus empleados: bien contratando más para hacer frente a los nuevos pedidos, haciendo fijos a los temporales o subiendo sus salarios para evitar que se vayan a la competencia. Sin embargo, en España existe un freno: el empresario sabe que cualquiera de estas decisiones se volverá en su contra si las cosas salen mal. Por ejemplo, si seis meses después de haber convertido un contrato fijo en temporal se le cae el 10% de la facturación y debe despedir, el coste será mucho más elevado que si hubiera dejado el contrato temporal. Y lo mismo vale para las nuevas contrataciones o las subidas de sueldo. Así, un empresario tiene que estar muy seguro de lo que hace, porque se la juega. En esta crisis, ha habido miles de pymes que han quebrado o que han estado a punto de hacerlo sólo por los costes del despido.
Imaginemos una empresa de 12 trabajadores. Se cae la facturación un 25% debido a la crisis. Lo normal es que tenga que despedir a 3-4 de sus empleados. Pues bien, la indemnización a estos puede ser una carga imposible de asumir para la empresa (no han sido una ni dos las que han tenido que liquidar activos para pagar la indemnización). Y no olvidemos que, además, esta hipotética empresa se encuentra en su peor momento, con un descenso importante de los ingresos. Ante esta eventualidad, el empresario se protege contratando lo mínimo, haciéndolo de forma temporal salvo que no le quede otro remedio y ajustando el salario al máximo, porque con éste se calculará la indemnización.
El resultado final es que el que ya hemos visto. La empresa no crece, su productividad se resiente y sus trabajadores no están contentos y no consolidan una carrera profesional estable. El problema es que las cifras de las últimas EPA muestran que esta tendencia se consolida. La reducción del paro viene en buena medida a través de contratos temporales o a tiempo parcial.
La reforma laboral de 2012 supuso un cambio profundo en la flexibilidad interna de las empresas y en la negociación colectiva, pero en cuanto a la dualidad prácticamente no se avanzó nada, apenas una mínima reducción en los costes del despido, que siguen siendo mucho más bajos para los temporales que para los indefinidos. La semana pasada, el Servicio de Estudios del BBVA lanzó una propuesta de reducción de modalidades de contratación (con un fijo que se usaría por defecto para el 99% de los casos) y mochila austriaca parcial (ocho días por año trabajado). Va en la línea de lo que han propuesto Fedea y otros organismos desde hace años. Las críticas no se hicieron esperar, desde los partidos y los sindicatos de todo signo. A los once millones de precarios nadie les explicará que puede que buena parte de su situación se deba precisamente, a todas esas normas que les dicen que están ahí para protegerles.
El padre de familia que se volvió loco
Un buen día llegó un padre de familia a su casa. Como de costumbre abrió la puerta, entró en el hogar y saludó a los presentes. Lo que no era tan acostumbrado era la bolsa de regalos de la tienda Apple, ni la sonrisa en su cara.
Los niños, como intuyendo que algo especial pasaba, se arremolinaron a su alrededor e insistían en preguntarle qué pasaba. Sin abrir la boca, pero manteniendo la sonrisa, el padre comenzó a sacar paquetes y repartirlos entre su progenie, paquetes que una vez despojados de su atuendo demostraron ser los iPhone más recientes en el mercado. La sorpresa de los niños solo consiguió acrecentar las curvas de la sonrisas del padre.
"¿Y esto, papá? ¿Qué ha ocurrido?", preguntaban con cierta curiosidad los niños, que no tardaría en apagarse una vez encendido el recién obtenido dispositivo.
– Niños, somos ricos – informó ufano el padre.
– ¡Qué bien! – exclamaron al unísono los hijos.
– No solo os he comprado el nuevo iPhone, también tendréis el nuevo iPad. Además, me he comprado un Ferrari Testarossa, a vuestra madre un collar de diamantes, y para todos una casa en la playa. Y pasado mañana salimos en un viaje de un mes a dar la vuelta al mundo, he aquí los billetes.
– ¡Papá! Estos es maravilloso, muchas gracias. ¿Y cómo ha sido? ¿Te has cambiado de trabajo? ¿Te ha ido bien algún negocio?
– Nada, no os preocupéis. Es que ahora somos ricos.
Y con esto los niños se fueron a jugar con sus iPhone nuevecitos, y la más mayor a pensar qué se llevaría de equipaje a dar la vuelta al mundo.
Al poco llegó la esposa y madre del padre y niños nuevos ricos, respectivamente. Al recibir el collar de diamantes que se le regalaba, no pudo reprimir un brillo en los ojos y hasta una ligera sonrisa. No obstante, su naturaleza escéptica le impedía disfrutar de tan lujoso presente hasta conocer más la naturaleza de la riqueza tan repentinamente hallada por su marido.
– Pero, ¿qué más te da? ¿No te basta saber que ahora somos ricos? – le decía una y otra vez el marido.
Hasta que, derrotado por la femenina insistencia, esbozó otra sonrisa, y se lo dijo.
– He pedido al banco un préstamo de 10 millones de Euros, y me he comprado todo lo que os he dicho. Lo ves, ¡ahora somos ricos!
El resto de la historia ya no es tan feliz, claro. La mujer se puso a llorar y a gritar que cómo había hecho eso, que había arruinado a toda la familia, y que jamás podrían devolver ese dinero. Mientras tanto, los niños en sus habitaciones seguían disfrutando de la "riqueza" así adquirida por su padre…
Hace unos días, el presidente de nuestro Gobierno se ha ido a Australia a contarle a los del G-20 cómo ha hecho España para "salir" de la crisis. No sé qué les habrá contado, pero seguro que no esta historieta.
Por si la alegoría no es obvia, la aclararé:
– El padre de familia es el gobierno español;
– Los niños son los ciudadanos españoles (y a lo mejor los mandatarios del G-20) que creen que hemos salido de la crisis;
– Los regalos y adquisiciones del padre son los puestos de trabajo y el crecimiento que se está creando;
– La deuda es, eso, la deuda.
Solo nos queda saber quién es la sufrida esposa que desenmascarará la supuesta generación de riqueza del padre. Pero lo sabremos en poco tiempo.
Contra el reparto de España
No sería porque no estuviera anunciado. En otoño del 2012 el presidente de la Generalidad catalana había proclamado a los cuatro vientos su intención de convocar un referendum que, con perseverancia digna de mejor causa, ha materializado de forma circense, pero no menos insidiosa, el pasado 9 de noviembre.
Algunos ya urgimos entonces al presidente del gobierno español a responder a tamaño envite sin eludir el debate político abierto y transparente sobre los deseos independendistas en diversas regiones y asumiendo con valentía la iniciativa política que nunca debió dejarse en manos de los partidos nacionalistas y separatistas.
De acuerdo a la Constitución vigente, (Art. 1.2, 2, 92) por un lado, el mantenimiento de la unidad española resulta una cuestión de especial trascendencia y, por otro, todo referendum para consultar sobre un cambio de la composición de la ciudadanía española debe dirigirse a toda esta comunidad política. Ese referendum solo puede ser convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
Debería ser obvio, pues, tanto para independentistas como para los defensores de la unidad de España, que los referendos para consultar sobre su deseo de independencia solo a los españoles de una región son claramente inconstitucionales, pese a que, por ejemplo, Artur Mas envolviera su decreto de convocatoria con la cobertura aparente de una ley autonómica ad hoc,en un ejemplo claro de fraude de ley.
En este contexto choca aún más cómo es posible que los partidos nacionalistas no recurran a las vías legales (Art. 166 y 87 CE) a su disposición para instar la reforma constitucional en el sentido que parecen apetecer. Más aún cuando algunas de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a las que se reconoce la legitimación de iniciativa (caso catalán y vasco) están controladas por ellos mismos. Esa constatación permite despejar dudas sobre su naturaleza. Se trata de movimientos que desprecian el imperio de la ley, aparte de que sus ideologías demuestran tintes totalitarios y xenófobos bastante acusados.
Si uno de los más importantes representantes del estado (guste o no, el presidente de una comunidad autónoma sin duda lo es) anunciaba abiertamente que quería conseguir sus objetivos por medio de la subversión del orden constitucional, parecía bastante evidente que el presidente del gobierno tenía la obligación, en primer lugar, de actuar de manera preventiva antes de que el atropello se cometiese. Conviene recordar que el actual presidente del gobierno, gracias al apoyo de los grupos parlamentarios populares en el Congreso de los Diputados y el Senado, los cuales gozan de amplías mayorías absolutas, cuenta con una larga lista de medios políticos y jurídicos para defender la legalidad. Siempre que, cualesquiera que sean sus cálculos e intereses, sea ésta su voluntad y la de los parlamentarios que lo sostienen…
En efecto, aunque el debate oficial se haya desviado por los derroteros derivados del incumplimiento grosero de la suspensión cautelar de la primera convocatoria decretada por el Tribunal Constiucional, cabe preguntarse cómo es posible que el gobierno central se haya abstenido durante más de dos años de tomar las medidas necesarias para evitar un fraude insurreccional de esas dimensiones.
Desde el conocido remedio contemplado en el artículo 155 de la Constitución de requerir a una comunidad al cumplimiento de sus obligaciones o abstenerse de atentar contra el interés general de España, que pueden llevar en caso de desatención a una súbita asunción de responsabilidades por parte del gobierno central, a otros medios más sútiles como los contenidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la propia impugnación ante los tribunales de actos administrativos de los gobiernos autonómicos y de leyes; el gobierno central dispone de un amplio elenco de potestades que le permitirían atajar la situación creada.
Resulta hilarante que instituciones como el “Consejo Asesor para la Transición Nacional“, creadas por el gobierno regional catalán para subvertir y horadar desde dentro el sistema o asociaciones como la Asamblea Nacional de Cataluña, subvencionada por la Generalidad catalana con el dinero de todos los contribuyentes españoles, continúen funcionando con apariencia de legalidad.
El feminismo no es igualdad: es odio
La humanidad ha conseguido construir un artilugio que ha viajado 6.500 millones de kilómetros durante sus diez años de vida para alcanzar un cometa de sólo 25 kilómetros cúbicos de volumen y aterrizar en él. Un viaje alucinante que ha llevado veinte años de trabajo a los ingenieros y científicos de la Agencia Espacial Europea (ESA). Pero lo importante no es el logro alcanzado. No. Lo importante es que uno de los principales responsables del proyecto, el doctor en Física Matt Taylor, llevaba puesta una camisa "sexista" durante el aterrizaje de Philae en el cometa.
No es que las elecciones estéticas de Taylor se parezcan mucho a las mías, ni en la dichosa camisa, bastante hortera por cierto, ni en los tatuajes, que me horripilan cosa mala. Aunque la polémica prácticamente no ha llegado a España, en el ámbito anglosajón el escándalo feminista ante la camisa, que básicamente consiste en un conjunto de dibujos tipo cómic de mujeres con ropa ajustada, ha incendiado las redes sociales y llegado a los grandes medios. Tan brutal ha sido la reacción que el científico ha terminado pidiendo disculpas entre lágrimas. Los dos minutos de odio que el feminismo ha desatado contra él han convertido el punto culminante de su carrera en una campaña de acoso contra él, arruinando un momento que debía ser uno de los más felices de su vida.
El espíritu del linchamiento ha quedado perfectamente reflejado en un titular de la web de tecnología The Verge: "No me importa si has conseguido aterrizar una nave espacial en un cometa, tu camisa es sexista y es excluyente". No importan los logros, por más extraordinarios que sean, sino tu sumisión al dogma, por más estúpido que sea, y lo es siempre. Es una técnica que las distintas corrientes de lo políticamente correcto han conseguido dominar con maestría. La excusa da igual, puede ser la camisa de Matt Taylor como que un tipo que se hizo rico partiendo de la nada done 20 millones de euros a Cáritas. Las hordas se lanzan a las redes sociales, generalmente incitadas por periodistas o artistas progres, guardianes sempiternos de la ortodoxia como el Gran Wyoming, a ver quién lanza el insulto más gordo, hasta que consiguen doblegar a su objetivo. George Orwell se equivocó. No hace falta un poder omnímodo para que la plebe desate sus iras contra el objetivo deseado.
A estas feministas de salón y sus tontos útiles les preocupa el enorme impacto que sin duda tendrá una camisa en la decisión de las adolescentes de todo el mundo de enfocar su carrera hacia la ciencia y la ingeniería. Eso sí, se callan el tratamiento brutal de la mujer en las sociedades islámicas y los problemas reales que causa a mujeres de verdad en todo el mundo. Porque lo suyo no consiste ya en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, sino en el odio, puro y simple, contra los hombres. Da lo mismo que la camisa fuera diseñada por una mujer para regalársela por su cumpleaños, o que no exista el más mínimo indicio de que en su vida haya hecho nada contra ninguna mujer. Taylor es un despreciable machista y debe ser recordado por eso. Si esta gentuza hubiera tenido la oportunidad en 1969, Neil Armstrong no sería recordado por ser el primero en pisar la Luna, sino por ser hombre y haber dicho "mankind" en lugar de"humankind".
Estados Unidos avanza hacia la liberalización de la marihuana
El pasado 4 de noviembre los estadounidenses acudieron a las urnas, básicamente, para darle un revolcón a Obama. Las Midterm Elections, en las que se renueva la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y se eligen un sin fin de gobernadores, alcaldes y otros cargos locales, han sido un claro baño republicano. No porque el Partido Republicano tenga buena imagen ni traiga ideas ilusionantes, sino por el mero gustazo de darle un palo a un Presidente que se encuentra en sus horas más bajas de popularidad. Pese a que aún le quedan dos años de mandato, los americanos han decidido dar por zanjado el capítulo de Obama y entregar las cámaras legislativas a los Republicanos. Ahora veremos al Presidente volcado en política exterior, pero será porque dentro de Estados Unidos ya no manda él.
Bajo toda esa polvareda electoral, en estas elecciones también se han votado unas 150 propuestas locales que se deciden mediante democracia directa. Si un gran tema cabe destacar de entre la variedad de asuntos votados, ése es el de la progresiva liberalización de la marihuana que se está produciendo en Estados Unidos. Los votantes de los estados de Alaska y Oregón han aprobado la legalización de la producción y consumo de marihuana para fines recreativos, y en la capital nacional, Washington D.C., se ha legalizado la posesión de pequeñas cantidades para consumo personal. Estos casos se suman al de los estados de Colorado y Washington, que han sido pioneros en levantar la prohibición de la marihuana. Si a esto añadimos que en gran cantidad de estados ya está permitido el consumo de cannabis con fines terapéuticos, ya casi la mitad de los estados han dado algún paso en esta dirección. Aunque tímidos, son pasos dignos de celebrar.
2014 está siendo un gran año para la libertad individual en este ámbito. En enero del presente año, en Colorado pudieron abrirse los primeros establecimientos de venta de marihuana. En torno a la "milla verde" de Denver ha comenzado a brotar una joven industria compuesta de cientos de pequeñas empresas innovando y compitiendo para satisfacer a los consumidores, cuyos ingresos totales para este año se estiman en 1.000 millones de dólares. Dice The Economist que "así como en San Francisco todo el mundo parece estar diseñando una app, todos en Denver tienen su idea para un canna-business". El mercado está, lentamente, arrancando esta actividad de las manos de las mafias y las bandas criminales.
Sin embargo, este sector naciente se está encontrando con serios problemas que impiden su pleno desarrollo. El principal de ellos se llama gobierno federal. El ejecutivo que preside Barack Obama sigue considerando el consumo de marihuana un grave delito y tiene implementadas restricciones que cortan las alas al sector incluso en los estados en los que es legal. Por este motivo, por ejemplo, las empresas de Colorado tienen muchas dificultades para usar el sistema bancario por culpa de la legislación antiblanqueo, no pueden casi recibir préstamos y les es del todo imposible financiarse mediante bonos o acciones. Además, la legislación estatal obliga a las empresas a cultivar el 70% de sus ventas minoristas, impidiendo la especialización y la división del trabajo. Esto, sumado a que las compañías no pueden realizar ninguna actividad fuera de sus respectivos estados, hace que el mercado del cannabis no pueda desarrollar todo su potencial para servir a los consumidores.
Según recoge el Pew Research Center, desde 2013 la mayoría de la población estadounidense está de acuerdo en que la marihuana sea legal. Actualmente en torno a un 54% es favorable a la total legalización de esta droga y la tendencia es claramente creciente. Habitualmente se esgrimen diversos motivos por los que hay que derribar la prohibición. Son argumentos que coinciden con los que, hace más de ochenta años, se daban para acabar con la Ley Seca impuesta en Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones que se alegan para levantar la prohibición de las drogas?
La prohibición de las drogas no hace que la gente deje de consumir. Lo que hace es obligar a que la producción, distribución y consumo se hagan al margen de la ley. Y ahí no hay acceso al sistema de la justicia, no se respeta la propiedad privada ni se cumplen los contratos. El negocio no se lo lleva el que mejor sirve al consumidor sino el que puede controlar violentamente el territorio, el mejor en evitar ser atrapado por la justicia y el más experimentado en corromper a la policía. En definitiva, la prohibición pone la actividad en manos de los expertos en el crimen organizado: las mafias y las bandas criminales. Como dijo Milton Friedman, "si observamos las guerra contra las drogas desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cártel de las drogas". El consumidor queda así desamparado contra abusos como los fraudes, la venta de droga adulterada y la violencia. A su vez, el Estado se ve obligado a despilfarrar una gran cantidad de recursos económicos y humanos para combatir sin ninguna posibilidad de éxito un problema que él mismo ha creado. Por supuesto, en el camino va dejando un reguero de víctimas inocentes.
El hecho de que la liberalización de las drogas permita que el negocio vuelva a las manos de quienes realmente satisfacen a los consumidores de manera pacífica, que el consumidor sea soberano y pueda denunciar los abusos o que reduzca el crimen son grandes argumentos en favor del fin de la prohibición. Por ejemplo, muchos partidarios alegan que la importante caída de los crímenes violentos en Denver durante este último año es en buena parte debido a la legalización de la marihuana. Sin embargo, estas son razones secundarias, pero no son el verdadero motivo por el que debería derribarse definitivamente la prohibición de las drogas.
La razón de fondo para acabar con la prohibición de las drogas es, sencillamente, el respeto escrupuloso a la libertad individual. Los liberales creemos que cada uno es dueño de sí mismo y que somos libres de actuar como consideremos oportuno siempre que no agredamos a los demás y respetemos sus derechos de propiedad. La decisión de consumir o no drogas como la marihuana es una decisión personal importante, pues acarrea riesgos y peligros. Pero es una decisión que no debe ser impuesta por el Estado, sino que la debe tomar cada adulto para sí mismo, haciéndose así responsable de sus consecuencias. La prohibición actual de las drogas, como recientemente decía Albert Esplugas, no es otra cosa que la imposición de las preferencias de unas personas sobre todos los demás.
El progresivo avance de la liberalización de la marihuana que en la actualidad se está viviendo en Estados Unidos es motivo de celebración para los liberales y para aquéllos que en este punto coinciden con la postura liberal. Sin embargo hay que reconocer que nos encontramos aún muy al principio del camino. Esperemos que los estadounidenses sigan transitando con decisión por esta senda y que otros países se incorporen a la travesía. Aun cuando Estados Unidos no es el paladín de la libertad que muchos creen, y su liberalismo sólo es apreciable cuando lo comparamos con países como los europeos, de cuando en cuando sí nos concede, en algún ámbito como éste, una buena noticia para la libertad.
La ‘Tasa Google’, un nuevo recorte a la libertad
Resulta muy fácil ser generoso con el dinero ajeno y sin medir las consecuencias que eso pueda tener para terceros, incluyendo lo que afecta a su libertad y sus derechos. Esa actividad, la transferencia de los bienes económicos de unos ciudadanos a otros o de unas empresas a otras, es una especialidad de todos los Gobiernos. Suele hacerse vía impuestos y partidas en los Presupuestos Generales, pero en ocasiones se opta por otras fórmulas diferentes.
Es lo que ha ocurrido ahora en España con la denominada ‘Tasa Google’ o ‘Canon AEDE’. Se trata de la forma con la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha acudido al rescate económico de unos grandes periódicos que están pasando desde hace años por una pésima situación económica (en buena medida por causa de la crisis, pero también debida a años de mala gestión empresarial).
Tras negarse a entregar ayudas directas a los editores de prensa, pensando que tal vez esto tuviera un coste en términos de imagen, al Gobierno le pareció una estupenda idea aceptar la propuesta que le hizo una importante organización de editores de diarios: obligar a Google y otros agregadores de noticias a pagar por enlazar los contenidos de las web de los periódicos. El precio, al fin y al cabo, lo pagan unas empresas a las que previamente se presenta como parásitos. Y al Gobierno no le importa el coste que para los ciudadanos pueda tener en términos de recorte de libertad de expresión.
De hecho, los primeros en pagar un precio por obtener el favor que pidieron han sido los propios rotativos que promovieron la medida. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió a cambio de la ‘Tasa Google’ la cabeza de los directores de tres de los cinco grandes periódicos españoles (El Mundo, El País y La Vanguardia), precisamente los tres responsables de diarios más incómodos (por distintos motivos) para el actual Ejecutivo. Las testas fueron entregadas en un nuevo episodio de la creciente intervención del poder en los medios de comunicación españoles.
Pero esos diarios, o sus profesionales y lectores, no son las únicas víctimas del ‘Canon AEDE’, instaurado con la excusa de la mal llamada propiedad intelectual. Lo son todos los agregadores de noticias por Internet que operan en España, hasta el punto de que no debemos descartar que algunos de ellos terminen por desaparecer. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) va a cobrar por todos los contenidos a los que se pueda acceder a través de esos servicios, con independencia de que sean de páginas de sus asociados o no. De esta manera, llenará sus arcas a costa de las informaciones de numerosos medios digitales que no forman parte de esa organización.
A estos últimos no se les permite la opción a renunciar a que los agregadores paguen por sus contenidos a cambio de que sean incluidos en sitios como Google News o la española Menéame. Así se evita que ocurra lo que ha pasado en Alemania, donde Google comenzó tan sólo a incluir noticias de aquellos medios que pedían de forma expresa aparecer en su servicio News y renunciaban al cobro de una compensación. El efecto fue que quienes se agarraron a exigir el cobro, desaparecieron del sitio del gigante de internet y tuvieron una gran caída de visitas, con el consiguiente descalabro económico al desplomarse sus ingresos por publicidad.
Con la opción elegida en España el resultado puede ser que Google, Yahoo y otras empresas que ofrecen servicios de agregación de noticias opten por dejar de operar en el país. De esta manera, por su ambición, los grandes periódicos de papel con la complicidad del Gobierno habrán matado a la gallina de los huevos de oro y habrán causado un gran daño al resto de medios digitales y al conjunto de los internautas.
Pero los riesgos son aún mayores. La redacción del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (donde se incluye el citado canon) es muy ambigua. Aunque desde el Ejecutivo se ha dicho que la ‘Tasa Google’ no afecta a las redes sociales, donde los usuarios vuelcan enlaces a muchas noticias, la realidad es que el texto no cierra en absoluto esa opción. Todo es posible, y si Google cierra su servicio News, no es descartable que desde AEDE traten de vampirizar las cuentas de Facebook o Twitter, lo que podría significar que estas empresas optaran por dejar de ofrecer sus servicios en España.
Irónicamente, en casi todos los escenarios posibles, los mismos que han promovido la ‘Tasa Google’ terminarán perdiendo visitas y, por tanto, ingresos de publicidad. El problema es que, mientras tanto, el resto de los ciudadanos (desde los profesionales del resto de medios hasta los lectores) habremos perdido mucho en términos de libertad de información y de expresión; y, en algunos casos, también desde el punto de vista económico.
Ana Pastor acaba en 50 minutos con el mito de Pablo Iglesias
El flamante secretario general de Podemos se sometió anoche al tercer grado de la periodista Ana Pastor y lo confesó todo. En caso de llegar a la Moncloa confesó que no sabe de dónde va a salir el dinero para financiar todo lo que promete, que no va a implantar una renta universal, que no va a hacer una "auditoría ciudadana de la deuda", que no va expropiar las viviendas a los bancos y que no va a hacer un referéndum sobre monarquía o república, que son las cosas que venía afirmando con total tranquilidad hasta que la Pastor lo cogió anoche por banda y le dijo, "ven pacá y siéntate, que vas a ver lo que le hago yo a los de la casta como tú, chaval".
La entrevista de Ana Pastor le ha quitado a Podemos más votos que si hubieran pillado a Monedero y Errejón en un banco de Suiza en compañía de cualquiera de los Pujol. Y no porque la presentadora de La Sexta tenga una especial animadversión hacia el partido de Iglesias y lo que representa -más bien todo lo contrario-, sino sencillamente porque se atrevió a hacerle las preguntas que nadie le ha hechohasta ahora y a enfrentarlo con las cosas que decía cuando aún no iba a ser presidente de este "país de países", que es como Iglesias se refiere a España.
Anoche Iglesias se nos hizo mayor y empezó a comprender que lo de ir por los platós de televisión acusando a la castuza de robar a las ancianas desvalidas como argumento electoral sólo funciona por un tiempo limitado. Tarde o temprano llega el momento de explicar qué es lo que se quiere hacer para que "el país de países" recupere la dignidad y se corre el riesgo de quedar como un indocumentado, que es justamente lo que le ocurrió anoche al ayatolá de Podemos.
Valga como ejemplo el asunto de la "auditoría ciudadana de la deuda", un mantra repetido hasta el aburrimiento por los pablemos, según el cual era fundamental dar a los ciudadanos la posibilidad de decidir qué parte de la deuda pública hay que pagar y qué parte no. Pues bien, ahora resulta que la "auditoría ciudadana", bálsamo que acabaría con casi todos nuestros problemas, va a ser una auditoría de las de toda la vida, a la que los ciudadanos podrán tener acceso a través de internet si es que quieren leer el resultado una vez esté acabada. O sea, que la gente aquí no va a auditar nada, sino los técnicos nombrados por Iglesias, que son los que saben de estas cosas y los demás a callar.
La larga entrevista tuvo momentos gloriosos en los que Ana Pastor le atizó a Iglesias varias raciones de hemeroteca. Hasta ahora nadie le había puesto los vídeos en los que se deshace en elogios a Hugo Chávez, propone a Venezuela como modelo a seguir, pide sacar a los etarras a la calle o afirma que la mera existencia de medios de comunicación privados es un ataque a la democracia. Iglesias no pudo ofrecer ninguna explicación inteligible para justificar esas ideas en un país europeo en pleno siglo XXI, así que quedó como lo que realmente es, ni más ni menos, que es el mejor servicio que el periodismo puede hacer a la democracia.
A Iglesias anoche lo apabullaron en directo y sólo le faltó huir del plató en plena entrevista como otra Iglesias, Chabeli, aquella vez que la llevaron al programa Tómbola en Canal Nou. Con Jesús Cintora en las mañanas de Cuatro, esto nunca le habría pasado.
Ganas de llorar por Venezuela
La música de Beethoven irrumpe en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música bajo la dirección del gran maestro Gustavo Dudamel. Por un momento olvido que esto ocurre en la misma ciudad, Caracas, donde el pasado fin de semana fueron asesinadas 31 personas. Dan ganas de llorar con la fuerza sobrecogedora de la Quinta Sinfonía, pero también dan ganas de llorar por Venezuela, dividida por el odio, acosada por la violencia, gobernada dictatorialmente por quienes abusan del nombre de Bolívar.
Hacía 43 años que no visitaba Venezuela. Estuve allí en 1971, cuando era el país más rico de América Latina y una democracia aún joven pero que llamaba la atención en una región cada vez más golpeada por las dictaduras. Por entonces yo vivía en aquel Chile que aceleradamente se precipitaba en la división y el caos que terminarían desencadenando el golpe militar de 1973. En ese tiempo, el ingreso per cápita de los chilenos era menos de la mitad del de los venezolanos, y las tiendas, edificios y automóviles de Caracas no podían sino asombrar a ese joven chileno de 21 años que yo era por entonces.
Hoy todo es al revés. Chile es una admirada democracia y el país más próspero de América Latina, mientras que la economía de Venezuela se hunde, su sociedad se despedaza en conflictos internos y su democracia ha sido transformada en un cascarón vacío después de casi 16 años de gobierno populista autoritario. Caracas ya no irradia progreso sino inseguridad, desabastecimiento, mercado negro y el espectáculo triste de sus miserables ranchos en barrios cada vez más dominados por los delincuentes o por las bandas armadas chavistas conocidas como colectivos. Es un poco como volver al Chile de comienzos de los 70.
¿Qué pasó para que la situación de Chile y Venezuela se invirtiese de tal manera? En lo referente a Chile, se trata de una combinación virtuosa de la economía abierta de mercado creada bajo la dictadura militar con una democratización muy exitosa, basada en amplios consensos y gobiernos alejados de la tentación populista. Así, en 30 años Chile más que triplicó su ingreso per cápita, redujo drásticamente la pobreza y se transformó en una sociedad de clase media, cuya modernidad y progreso son un ejemplo para América Latina.
Venezuela, por su parte, cayó en un círculo vicioso que transformó su enorme riqueza exportadora en una verdadera maldición que ha terminado desquiciando y empobreciendo al país. Los ingresos petroleros dieron al Estado un papel central en la sociedad venezolana como el gran redistribuidor de una renta a la cual todos querían acceder. Este protagonismo del Estado se agudizó con la nacionalización del petróleo y los aumentos de su precio, que multiplicaron la renta petrolera de una manera asombrosa. Surgió así una sociedad cada vez más dependiente del Estado y organizada en torno al reclamo, es decir, volcada a reclamar y vivir del favor del Estado.
Este desarrollo fomentó esa complicidad entre política y economía que es tan común en América Latina y que termina corrompiendo tanto al Estado como al sector empresarial. Así, se creó una estructura económica cerrada y deformada, donde los ingresos petroleros servían para subsidiar y proteger a un sector productivo ineficiente, que sólo podía prosperar dentro de un mercado nacional cautivo. La crisis económica de comienzos de los años 80 puso en evidencia las debilidades de este modelo petrodependiente de desarrollo, abriendo una larga fase de deterioro económico y aumento de la pobreza.
Paralelamente se resentían la democracia venezolana y los partidos que la sustentaban. Su incapacidad para enfrentar los graves problemas que aquejaban al país le fueron restando apoyo popular, creándose así las condiciones para el surgimiento de Hugo Chávez con un discurso de condena al conjunto del sistema político imperante en nombre de aquellos que se sentían ignorados y marginados.
Con el ascenso de Chávez al poder se agravaron radicalmente los males de Venezuela. Sus propuestas no fueron sino una profundización extrema del estatismo y el rentismo, pero ahora puestos al servicio de la construcción de un poder personal que pronto arrasaría con el Estado de Derecho y las libertades fundamentales. Era la personificación del ogro filantrópico del que nos habló Octavio Paz, pero premunido de unos ingresos petroleros que por los precios en alza pronto alcanzarían niveles extraordinarios. Ello le permitió desplegar un asistencialismo gigantesco, creando así sus bases cautivas de apoyo que movilizaría con ayuda de su carisma y su control de los medios de comunicación.
Hoy el gran caudillo es parte de la historia, y las dificultades de sus sucesores para mantener el control del país son evidentes. Al caos y la violencia se suman los precios decrecientes del petróleo y un pueblo cada vez más cansado del desgobierno y la falta de libertades. La hora final de la dictadura chavista parece no estar lejos, y en su caída puede que también arrastre a la dictadura cubana, altamente dependiente de las dádivas venezolanas.
Esta es la triste pero aleccionadora historia de la Venezuela contemporánea. Así está terminando su apuesta por el rentismo, el Estado desmesurado y los caudillos. Chile, en cambio, apostó por los emprendedores, el esfuerzo personal y un capitalismo abierto, por el Estado de Derecho y la seriedad política. Ojalá que el ejemplo de Venezuela sirva para recordar a los chilenos cómo terminan los socialismos, ya sean del siglo XX o del XXI.
