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El inverosímil cuadro macroeconómico del Gobierno

Hace dos semanas, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2015. Como todos los PGE, éstos se basan en unas previsiones macroeconómicas que, a su vez, para elaborar unos pronósticos sobre gastos e ingresos esperados. Si el cuadro macroeconómico falla o si la traducción de ese cuadro macroeconómico en ingresos y gastos esperados se efectúa de manera incorrecta, buena parte de los PGE se convierten en papel mojado: un error que, en un país como España urgentemente necesitado de cuadrar sus cuentas para poner fin a la sangría de hiperendeudamiento público, resulta de esencial importancia.

Conviene, por tanto, repasar cuáles son los supuestos sobre los que se han elaborado las previsiones de los últimos PGE de la era Rajoy. El dato más conocido es el pronóstico de que el PIB crecerá un 2% a lo largo de 2015, frente al 1,3% esperado para 2014. Pero acaso convenga desagregar el PIB en sus componentes para estudiar la evolución de cada uno de ellos.

Consumo privado

Alrededor del 60% de la evolución del PIB depende del curso que siga el consumo del sector privado. El Gobierno estima una expansión del 2,1% del consumo privado para 2015 frente al 2% de 2014. De momento, la economía española acumula varios trimestres de crecimiento del consumo privado desde finales de 2013, pero todavía no ha crecido en ninguno de ellos por encima del 2%. Por tanto, para que la previsión del Gobierno se cumpliera sería necesario que nos mantuviéramos por encima de los ritmos máximos de crecimiento que hemos experimentado en los últimos años. 

Sucede que, de acuerdo con los datos más recientes del Banco de España, el consumo ya ha comenzado a desacelerarse en el tercer trimestre de 2014. Léase: “En el caso del consumo de las familias, los indicadores de opinión de hogares y comerciantes minoristas se situaron en el promedio de julio y agosto en un nivel algo inferior al del segundo trimestre. Entre los indicadores cuantitativos, las matriculaciones de automóviles particulares prolongaron la trayectoria de desaceleración interanual de los meses anteriores. Por su parte, la Agencia Tributaria notificó un aumento interanual de las ventas interiores de bienes y servicios de consumo de las grandes empresas (reales y corregidas de estacionalidad) del 0,7% en julio, una décima menos que en julio, y el índice de comercio al por menor sin estaciones de servicio (ajustado de efectos estacionales) reflejó una caída intermensual del 0,2%, que situó la tasa interanual en el -0,5%”.

Por tanto, si el ritmo de crecimiento del consumo hubiese tocado techo en el segundo trimestre de 2014, la previsión del aumento del consumo privado para 2015 no se alcanzaría. Por ejemplo, si el consumo privado creciera un 1,5% en lugar del 2,1% anticipado por el Gobierno (nótese que, pese a todo, seguimos colocándonos en un escenario a mi juicio demasiado optimista), el PIB de 2015 no crecería el 2%, sino el 1,65%.

Inversión

La inversión representa alrededor del 20% del PIB. El Gobierno estima que en 2015 aumentará un 4,4% frente al crecimiento del 1,5% anticipado para 2014. A la luz de la reciente evolución de la inversión agregada, necesitaríamos un muy sustancial aumento en las tasas actuales de crecimiento para alcanzar el objetivo del 4,4%: en el segundo trimestre de 2014, apenas lográbamos un crecimiento interanual del 1,4%.

Pero lo verdaderamente inquietante viene cuando desagregamos los distintos componentes de la inversión.

Por un lado, alrededor del 45% de la inversión agregada se corresponde con inversión no vinculada al ladrillo (bienes de equipo y otros activos). El Gobierno estima un crecimiento del 6% en esta partida frente al 7% anticipado para 2014, lo que nos obligaría a mantenernos en el muy alto tramo actual de crecimiento interanual. Pero, como vemos, el crecimiento interanual de la inversión en bienes de equipo y otros activos ya comenzó a desacelerarse en el segundo trimestre de 2014 y de acuerdo con el Banco de España: “La información disponible relativa a la inversión en bienes de equipo muestra una cierta moderación de la tendencia fuertemente expansiva de los últimos trimestres”.

Por otro lado, el 55% de la inversión se concentra alrededor de la construcción, a partes iguales entre la inversión residencial y la no residencial. El Gobierno anticipa un crecimiento interanual de la inversión en ladrillo del 3,1% para 2015, frente a la contracción del 3,3% de 2014. Pero actualmente la construcción está lejos de regresar a tasas de crecimiento interanual positivas, y según el Banco de España la situación no mejora: “Los indicadores más recientes referidos a la inversión en construcción apuntan también a una posible ralentización del crecimiento en el tercer trimestre del año, tras la favorable evolución en el segundo. Entre los indicadores de consumos intermedios, la producción de materiales de construcción disminuyó un 0,2 % en julio en términos intermensuales y el consumo aparente de cemento lo hizo en un 1,4 % en junio (sobre la base, en ambos casos, de las series ajustadas de estacionalidad)”.

A su vez, la inversión en construcción se subdivide, por un lado, en vivienda residencial, que incluso en el positivo segundo trimestre de 2014 seguía contrayéndose a tasas superiores al -4% y que no parece estar mejorando en el tercer trimestre de 2014. Según el Banco de España: “los visados de vivienda afianzaron en mayo la trayectoria de suave recuperación de los meses anteriores, aunque su nivel sigue siendo muy reducido”.

La otra partida de gasto incluida en la inversión en construcción incluye la vivienda no residencial y la obra pública. Esta es la única partida que el Gobierno puede controlar directamente, pero si el Ejecutivo recurriera a la obra pública para dopar los datos de crecimiento, el déficit público se descuadraría no por el lado de menores ingresos de los previstos sino de mayores gastos de los inicialmente anticipados. Por desgracia, no es nada descabellado que en año electoral las administraciones públicas recurran al populismo keynesiano para lograr algunas décimas adicionales de actividad. Tal como constata el Banco de España para la primera mitad de 2014 y tal como puede observarse en el gráfico: “El valor de la obra civil presupuestada en los contratos de licitación aumentó en torno al 70% entre enero y junio, en comparación con el mismo período de 2013”.

Añadan a todo lo anterior que el enrarecido clima actual de los mercados financieros bien podría desalentar la inversión: la percepción de incertidumbres en la economía europea que ha generado recientes caídas bursátiles podría, por las mismas razones, engendrar caídas en la formación de capital real durante los próximos trimestres.

En cualquier caso, y adoptando unas expectativas considerablemente positivas sobre nuestro futuro, si la inversión en construcción creciera al 1,5% (frente al 3,1% esperado por el Gobierno) y la inversión en bienes de equipo y otros activos se expandiera al 5% (en lugar de al 6%), el crecimiento del PIB descendería adicionalmente desde el 1,65% al 1,4%.

Gasto público

El gasto público, en su vertiente de consumo público, copa aproximadamente el otro 20% del PIB. El Gobierno estima que durante 2015 el consumo público caerá un 1%. Al tratarse de una variable que en gran medida queda a la discreción del Ejecutivo, no vale la pena contradecirla, salvo para poner de manifiesto que, en caso de que las previsiones de crecimiento no se cumplan, muy probablemente se eche mano del consumo público para mejorar el PIB en unas décimas. Eso sí, semejante política keynesiana sólo haría que aumentar el gasto y, por tanto, volver inasequible el objetivo de déficit.

Saldo exterior

El Gobierno estima que las exportaciones crecerán un 5,2% frente al 3,6% de 2014 y que las importaciones aumentarán un 5% frente al 4,4% previsto para 2014. Es decir, tanto las exportaciones como las importaciones se expandirán, pero las primeras lo harán a mayor ritmo que las segundas. De momento, sin embargo, las importaciones llevan todo 2014 creciendo por encima de las exportaciones y no se atisba hasta el momento un cambio de tendencia. Según el Banco de España: “Las exportaciones aumentaron un 10,6% en tasa interanual, frente al avance del 1,5% en el mes de junio (…) En la vertiente importadora, los flujos comerciales experimentaron también un repunte significativo, con un avance del 14,9% (7,7% en junio)”. De hecho, las exportaciones de bienes cayeron en agosto un 5%.

El Ejecutivo cree que el mayor crecimiento interanual de las exportaciones sobre las importaciones proporcionará dos décimas de crecimiento del PIB en 2015 frente a la contracción de una décima que ocasionará el saldo exterior en 2014. Una estimación moderadamente conservadora llevaría a esperar un saldo exterior equilibrado, es decir, que ni sumara ni restara al PIB (en realidad, si se prolongan las tendencias de 2014, lo restará). En tal caso, el crecimiento del PIB descendería desde el 1,4% al 1,2%.

Conclusión

Los Presupuestos Generales del Estado de 2015 han sido elaborados a partir de un cuadro macroeconómico excesivamente optimista y excesivamente complaciente. En lugar de adoptar hipótesis más conservadoras sobre nuestro futuro (que deberían llevar a estimar un crecimiento similar al de este año) que eventualmente podrían revisarse al alza (como se ha hecho durante este año) en caso de que resultaran inadecuadamente pesimistas, el Ejecutivo ha optado por inflar desde el comienzo las previsiones de crecimiento: para llegar a crecer el 2%, todas las variables del PIB tienen que comportarse mucho mejor de lo que se han comportado en el segundo trimestre de este año (que según el Banco de España marcará, de momento, el pico de nuestro crecimiento). No es honesto ni prudente colocarse de entrada en un escenario de ensueño sobre todo cuando el contexto internacional y los últimos datos sobre nuestra economía no avalan esa inflación de optimismo.

El motivo de todo ello es claro: el Ejecutivo ha inflado sus previsiones de crecimiento para a su vez inflar sus previsiones de ingresos, de modo que el ritmo de reducción del déficit público cuadre con sus compromisos con Bruselas sin necesidad de reducir un ápice más el gasto público. Al cabo, 2015 es año electoral y lo último que desea el Partido Popular es volverse aún más impopular. Un irresponsable tacticismo electoral que recuerda demasiado al del zapaterismo como para no considerar a Rajoy un simple continuador del desastre económico que comenzara a gestar el socialista. Los españoles pagaremos cara su enloquecida ambición por mantenerse en el poder.

Las empresas son los agentes más sociales de la sociedad

Cuando un individuo se plantea cómo invertir su ahorro tiene diversas opciones: inmuebles, instrumentos financieros, royalties y también negocios. Una empresa no deja de ser una inversión: invertimos un capital con la intención de obtener una mayor cantidad en el futuro. Por lo tanto, el objetivo principal de las empresas es obtener más rentas, ya sean salariales o de propiedad. Dicho de forma más coloquial: ganar dinero.

Pero ¿qué deberá hacer la empresa para conseguir ese objetivo? La empresa únicamente podrá obtener beneficios si satisface necesidades a los consumidores. Necesitan forzosamente crear valor a los ciudadanos ofreciendo productos y servicios que antes no disponían y que les ayudarán a conseguir sus propósitos y deseos.

Las empresas son, por tanto, netamente sociales, puesto que su supervivencia depende única y exclusivamente de servir a los ciudadanos. La empresa no impone, la empresa sirve. ¿Acaso producir pan, leche, zapatos, camisas, ordenadores, instrumentos de inversión, coches… no es social? ¿Qué puede haber más social?

Lo que debiéramos pedir a las empresas no es que se olviden de "ganar dinero", sino animarlas a que obtengan todos los beneficios posibles, ya que eso significará que estarán aportando mucho valor a la sociedad.

Evidentemente que habrán empresas que roben y/o sean corruptas aliándose con el poder político. Pero para eso está la justicia, para perseguir y condenar delitos. Que haya empresas que cometan delitos no significa que las empresas per se sean delictivas. No hay que confundir.

Y es enteramente justo que quien comanda esas empresas, los socios, reciban unas muy merecidas rentas en función del número de ciudadanos a los que prestan servicio. Por ejemplo, es lógico que personas como Bill Gates o Amancio Ortega sean las personas más ricas del planeta, ya que sus productos y servicios son comprados voluntariamente por millones de personas en prácticamente todos los lugares del planeta. Bill Gates creó además la Bill and Melinda Gates Foundation, que ha destinado 40.000 millones de dólares a obras y proyectos de caridad.

Este mecanismo de creación de valor, bienestar y riqueza sólo puede funcionar en una economía de libre mercado con un marco jurídico que respete de la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Únicamente partiendo de este marco se pueden crear las condiciones para que existan precios de mercado, que son el faro de la producción, ya que permite a los empresarios realizar el cálculo económico. Los precios reflejarán la demanda y escasez de un determinado bien económico (escaso por definición), pudiéndose emplear para fines prioritarios. Todo ello de manera libre, espontánea y descentralizada. La manipulación coactiva y artificial de los precios sólo puede conllevar a malas inversiones, descoordinaciones y escasez. Es decir, mala asignación de recursos y pobreza.

Las empresas que no sirvan de ninguna manera al consumidor quebrarán. Y es necesario que así sea porque se trataría de una organización antisocial y antieconómica que destruye riqueza. Esa es la manera que los procesos de mercado hacen a las empresas más eficientes.

Esta es la función social de las quiebras, igual que las ganancias: la organización que sirve a los ciudadanos existe y la que no lo hace desaparece.

Por todo ello repetimos: las empresas son irremediablemente los agentes económicos más sociales que existen.

Castas españolas

En España se habla mucho últimamente de la casta. No de la casta española entendida como bravura y orgullo (propia de soldados, toreros, deportistas), sino de un grupo oscuro, poderoso y muy perjudicial. Desde la extrema izquierda se señala y critica a un número relativamente pequeño de individuos y organizaciones que presuntamente mueven los hilos del poder político y económico y que son los grandes responsables de los grandes males del país: crisis económica, pobreza, desigualdad, injusticia, corrupción.

Esta casta está constituida, según ellos, por los políticos de los partidos tradicionales establecidos (del gobierno y la oposición, es decir todos excepto los nuevos movimientos populistas asamblearios) y por empresarios y altos directivos cercanos al poder (especialmente en los sectores de la banca, las finanzas, las obras y los servicios públicos).

Hay gran parte de verdad y acierto en señalar que los poderes estatales y los servicios públicos funcionan muy mal, son ineficientes y a menudo corruptos, y están capturados por individuos y organizaciones que los utilizan para su beneficio particular en lugar de promover el bien común. Los miembros de la casta y sus amigos o allegados obtienen diferentes prebendas y privilegios: altos cargos de responsabilidad (como puestos en consejos que en realidad no exigen gran conocimiento, esfuerzo ni responsabilidad) con suculentas compensaciones económicas (legales o ilegales, transparentes u opacas); contratos públicos en condiciones ventajosas; protección contra la competencia y el fracaso empresarial; diversos subsidios y subvenciones.

Sin embargo las propuestas de la extrema izquierda, más allá de expulsar a esta casta del poder y alguna reforma política acertada, son casi siempre completos disparates cuya implementación agravaría enormemente los problemas en lugar de solucionarlos. A pesar de que se presenten a sí mismos como abnegados luchadores por el bienestar general, los pobres, los débiles, los excluidos y la justicia social, sus ideas se basan en la ignorancia económica más radical, son altamente liberticidas y resultan éticamente lamentables.

Pero es que además su análisis de las castas del país es pobre e incompleto. No existen solamente grupos elitistas y exclusivos en las cumbres del poder político y económico. En España han abundado y abundan la picaresca, el escaqueo, el vagueo, la chapuza, la hidalguía, el trampeo, el incivismo. La extracción de recursos, la caza de rentas, el parasitismo, el recibir más valor del que se genera, también se realizan por castas más populares, con mayor número de miembros y que tienen mucho poder sin estar en su núcleo central. Muchas personas toleran el sistema o incluso lo defienden porque se benefician de él, dejan trampear a otros a cambio de poder trampear ellos.

Estos grupos están bien organizados y firmemente establecidos en diferentes sectores económicos: son reaccionarios e inmovilistas, no están dispuestos a ceder sus privilegios sin luchar. Algunos ejemplos, con diferente número de miembros, nivel económico de los mismos e importancia económica y social, son los notarios, los registradores de la propiedad, los farmacéuticos con farmacia, los controladores aéreos, los estibadores portuarios, los taxistas, los aparatos sindicales y sus liberados, las organizaciones empresariales al amparo del poder político, y todo tipo de funcionarios y empleados públicos (administraciones, transporte) cuyo desempeño laboral es poco eficiente. Casos especiales son el ejército y las diversas policías.

Los dos casos más importantes de castas extensas nocivas, por el alto número de miembros y su gran y creciente importancia económica y presupuestaria, son los trabajadores públicos de la sanidad y la educación (directivos, administrativos, médicos, enfermería, profesores). Las mareas blanca y verde se han movilizado y han pretendido hipócritamente que luchan por el bienestar general: en realidad defienden sus intereses particulares, sus salarios y sus condiciones laborales (menos horas, menos intensidad, menos controles).

Son dos sectores escasamente competitivos y poco productivos como puede comprobarse en comparación con el sector privado, que los ciudadanos escogen libremente si pueden pagárselo o conseguirlo (seguros médicos privados, educación concertada). Incluso los propios funcionarios escogen masivamente el sector privado cuando les dejan, como es el caso de la sanidad, con un privilegio del que carecen los demás ciudadanos que lo financian todo con sus impuestos y que quedan atados a la muy mal llamada Seguridad Social.

Sanidad y educación públicas son dos sectores capturados por los proveedores de los servicios, los empleados públicos: serían posibles grandes mejoras de productividad y calidad con medidas como los cheques escolar y sanitario para los ciudadanos, quienes al poder elegir dónde gastarlos estimularían una sana y necesaria competencia.

Si los trabajadores de estos dos ámbitos fueran grandes profesionales realmente deseosos de servir a los demás, podrían querer demostrarlo permitiendo que los ciudadanos elijan (o no) sus servicios. El hecho de que no lo hagan, que culpen de todos los problemas a sus superiores políticos, y que sistemáticamente reclamen más recursos presupuestarios (que suelen acabar en sus nóminas), hace sospechar que lo que defienden es su cómoda plaza en propiedad.

La sanidad y la educación son muy valoradas por los ciudadanos, quienes quizás confunden el servicio con sus actuales prestadores. Tal vez no quieren criticar el sistema por miedo a llamar la atención y luego tener que sufrir alguna represalia o un trato de inferior calidad. Además es fácil querer de todo bueno para todos sin importar los costes, y en el fondo la mayoría cree que son otros quienes pagan.

Los populistas tienen un problema: para ellos es fácil denunciar a los visiblemente poderosos; quizás resulta inconveniente criticar a otros individuos y grupos, presuntamente más débiles y que a menudo se presentan como víctimas y servidores públicos, que pueden ser parte esencial de los problemas sociales. Los colectivistas, socialistas y estatistas de todos lo partidos deben elegir entre por un lado los ciudadanos receptores de los servicios, que siempre quieren más y que lo pague otro, o por el otro lado los empleados en la prestación pública de esos mismos servicios, bien organizados e interesados en la mayor recompensa económica, con el mínimo esfuerzo posible, y trampeando todo lo que se pueda sin que se note demasiado.

¿El Estado puede matar a tu perro?

Los perros no tienen derechos. Esto es algo que mucha gente cuestiona, cada día más, pero que no deja de ser verdad. En estos días, cuando un animal ha sido sacrificado por convivir con una persona enferma de ébola, por desgracia la bandera de la oposición al sacrificio ha sido ondeada en su inmensa mayoría por gente que pone los derechos de los perros al mismo nivel que las personas y, en algo de menor medida, por los que querían utilizar al animal para investigar la enfermedad.

Pero lo más penoso para mí ha sido comprobar cómo se ha desatado un efecto respuesta por parte de gente bastante inteligente, que en vez de analizar el asunto de forma objetiva, poniendo en una balanza los derechos del propietario del can con la del resto de personas que habitamos en los alrededores, han decidido plegarse a la decisión del gobierno y los expertos que lo asesoran incondicionalmente. Llegando, incluso, a la mofa sobre el tema, o comparaciones absurdas con la reacción ante otros hechos (aborto, muertes en África, etc.).

Los perros no tienen derechos, pero sus propietarios sí. La única razón para permitir que el Estado, o cualquier otro agente, pueda entrar en tu vivienda para sacrificar a tu mascota es que ésta suponga un peligro para otras personas o sus propiedades y éste peligro no pueda ser anulado de otro modo por tus medios o los de terceros dispuestos a colaborar.

Dicho de otra forma, si yo tengo un león adulto en casa y no soy capaz de impedir que ataque a mis vecinos, el Estado podría entrar en mi domicilio y sacrificarlo si me niego a ubicarlo en unas instalaciones donde se controle ese peligro, o cederlo a alguien que sí esté dispuesto a hacerlo.

Es algo bastante lógico y a nadie le parecería correcto que las autoridades decidiesen sacrificar a un león si el propietario se mostrara dispuesto a cederlo a un zoo o si él mismo le mantuviera en unas instalaciones que garantizaran la seguridad de los vecinos.

Pues bien, algo tan elemental parece que en este caso no se ha cumplido y a casi nadie, dentro del reducido número de personas que defendemos la propiedad privada, ha levantado la voz para criticarlo.

El motivo es que el pobre perro no suponía un peligro tan previsible, y controlable, como un león, sino que podía ser portador de un virus que, pese a ser de difícil contagio desde ese animal, es especialmente mortífero. O sea, que el factor miedo a lo desconocido ha vuelto a obrar como llave que permite al Estado abrir todas las puertas, incluido, esta vez, la de la mente de muchos que en teoría deberían tenerla blindada a base de muchas lecturas sobre casos similares.

¿Quiere esto decir que no se tenía que haber sacrificado al perro? Pues no, quiere decir que la decisión de sacrificar al perro se tenía que haber tomado después de permitir a terceras personas analizar qué opciones había para neutralizar el peligro de mantenerlo vivo mientras fuera una posible amenaza.

Porque vamos a ser claros; el perro, encerrado en el domicilio, solo era un peligro a corto plazo para los políticos y su afán de tomar decisiones que les mantengan en el poder. O sea, decisiones que les hagan parecer que hacen algo aunque no estén haciendo nada y excluyan al resto de actores de la escena.

Porque lo que olvidan los que se han unido al gobierno en esta absurda historia es que al perro no se la ha podido trasladar a ninguna parte porque quienes dictan los protocolos, manejan las concesiones y dominan totalmente todo lo que tiene que ver con estos temas es el Estado. Si un particular se hubiera hecho con el equipo necesario para trasladar al perro a un lugar aislado y seguro, exponiéndose solo él y personas voluntarias al mismo durante los días que se necesitan para que el animal deje de ser una amenaza, y sometiéndose estas personas al seguimiento correspondiente durante las semanas posteriores, el peligro para el resto de habitantes sería prácticamente nulo (ya que el riesgo cero no existe en nada, ni siquiera en matarlo e incinerarlo).

Por supuesto, según la mayoría, los pobres particulares o el sector privado no podrían hacerse cargo de algo tan importante, ya que solo el Estado y el sector público garantizan el control biológico. El propio caso que nos ocupa deja bastante claro hasta qué punto es falsa esta creencia, y cómo en este tipo de situaciones lo que importa es la responsabilidad individual de los que participan en ella, no el organismo que la gestiona.  

Y algunos dirán: ¿todo esto por un perro? No, todo esto por nuestra libertad. Y no sólo la libertad de que un animal de compañía, que tiene un valor inmenso e irreemplazable para su dueño, no pueda ser sacrificado por el miedo irracional de la mayoría. Esta vez tenemos suerte de que se trata de un virus que necesita del contacto para transmitirse, pero la próxima vez puede ser otro peor que haga viable socialmente que los sacrificios sean de seres de dos patas, en vez de cuatro. El Estado, la seguridad, el bien común y la ignorancia no se van a parar en las propiedades caninas cuando llegue el caso, y entonces puede que muchos que ahora hacen bromas se echen las manos a la cabeza.

El retorno del crédito

En una escena de la película Too Big To Fail, el personaje de Ben Bernanke, interpretado por Paul Giamatti, expresa su hondo temor ante la que considera la más grave amenaza a la que se puede enfrentar la economía americana de finales de 2008:


“He dedicado mi carrera académica a estudiar la Gran Depresión. Puede que la depresión comenzara con un crash del mercado bursátil, pero lo que realmente golpeó a la economía fue una disrupción del crédito”. 

Tal vez la película, basada en el libro homónimo de Andrew Ross Sorkin, dramatice un poco la postura del entonces Presidente de la Reserva Federal. Pero desde luego toca una de las mayores preocupaciones que tenían en mente las autoridades monetarias a comienzos de la crisis: un frenazo del crédito. No en vano, la estrategia monetaria implementada por la Fed a partir de octubre de 2008 fue calificada por el propio Ben Bernanke como “credit easing”.

De manera irremediable, sin embargo, la crisis económica que se desató por aquellas fechas trajo consigo la tan temida caída del crédito. En palabras de John Cassidy, periodista de la popular revista The New Yorker, la economía de Estados Unidos ha vivido durante seis años y medio “the Great Deleveraging”: el Gran Desapalancamiento. Un periodo de exiguo crecimiento que “pudiera parecer una recesión que nunca acaba”.

Cabe preguntarse por qué tuvo lugar ese frenazo del crédito que tanto temían las autoridades. Y es que las crisis económicas no surgen de la nada, no llegan sin motivo. No es que los agentes económicos despierten un mal día deprimidos y decidan paralizar sus planes de inversión y consumo. Las crisis no son consecuencia de nuestros pecados de hoy, sino de los que se cometieron años atrás. Son, en definitiva, resultado de desequilibrios acumulados durante largos periodos de tiempo.

Cuando todos esos desequilibrios se ponen de manifiesto, una de las distorsiones más típicas es la de un nivel de endeudamiento excesivo. Toca, por tanto, digerir la deuda acumulada durante los años de la burbuja hasta volver a un endeudamiento sostenible. El frenazo del crédito no es otra cosa que una parte del necesario saneamiento que necesita la economía para completar una recuperación saludable.

Sin embargo esa tendencia parece haber cambiado durante los últimos meses. La Reserva Federal de Nueva York, en sus informes trimestrales sobre la situación de la deuda y el crédito de las familias, lo confirma: el desapalancamiento del hogar americano ha terminado. 

A este cambio de tendencia se suma que el crédito bancario en Estados Unidos creció durante el segundo trimestre de 2014 a una tasa anual del 7,5%, la más alta desde 2007. La banca comercial, inundada de liquidez, anda persiguiendo a los consumidores. La competencia entre prestamistas actualmente es feroz.

Esto se refleja, entre otras cosas, en la advertencia que lanzaba la Office of the Comptroller of the Currency en su último informe semestral. En él decía que percibe un creciente deterioro en los estándares de crédito a la adquisición de automóviles. En concreto, alertan de que el préstamo promedio supera el 100% del valor del vehículo, y que en parte el crecimiento se debe a la creciente originación de préstamos a prestatarios subprime. ¿No suena todo esto a algo?

Es pertinente plantear dos cuestiones ante el retorno del crédito de los hogares. La primera es si estamos ante una recuperación sana. Esto es difícil de saber. Mientras según The Economist el actual nivel de deuda de los hogares ya es sostenible, por otro lado pesan las advertencias de creciente riesgo en algunos sectores, como es el caso de los auto loans, el mercado inmobiliario o los préstamos estudiantiles. Es, en todo caso, algo a seguir de cerca.

La segunda es si un fuerte retorno del crédito puede traer problemas inflacionarios. Hasta ahora, la inmensa mayoría de la liquidez inyectada por la Fed no se ha materializado en un aumento de la masa monetaria, sino que ha quedado en forma de excesos de reservas de la banca comercial en el propio banco central. 

Si la banca comienza a conceder crédito apalancándose contra estas reservas, y provoca un fuerte aumento de la masa monetaria, sí existe riesgo inflacionario. Este riesgo es seguido de cerca por la Fed, que de percibir un repunte sustancial de la inflación podría adelantar sus planes de subida de tipos. Habrá que estar atentos a la evolución de la demanda de crédito de las familias, así como de la de empresas y gobierno, si queremos evitar que la Fed nos dé una sorpresa.

@ignaciomoncada para Estrategias de inversión

Ignacio Moncada es analista financiero de inversiones en Nueva York. Es miembro del Instituto Juan de Mariana y del Ludwig von Mises Institute.

Mi vida como un perro (con ébola)

La pasada semana ocurrió un hecho que incendió las redes sociales, dividió a las familias, desenmascaró a muchos, escandalizó a otros y a casi nadie dejó indiferente. Se sacrificó a Excalibur, el perro de la auxiliar de enfermería contagiada por el ébola. Hay mucha rabia e impotencia en las reacciones de muchas personas, probablemente con razón, pero también una ocasión impagable para machacar al que está ahí arriba gestionando el país sea como sea.

Desde mi punto de vista, considerando exclusivamente la capacidad de movilización, la partida la han ganado los llamados animalistas. Pero ¿se puede extraer alguna lección de la semana pasada?

La verdad de los medios

En pleno fragor de la batalla de comentarios en las redes, una persona me respondía indignada cuando yo reconocía mi ignorancia respecto al ébola desde un punto de vista médico y cómo afecta a los animales, etc.: "Pues pon Antena 3 que están informando sin parar". Y se quedó tan ancha. Como si la televisión no sesgara, no pudiera ser manipulada, incluso cuando se entrevista a un médico. ¿Quieres informarte? Pon la tele. Y con esos mimbres se debate, se discute, se insulta y se pontifica, deporte nacional.

La responsabilidad de los medios es muy grande. Además de informar sin azuzar la alarma, pero sin omitir tampoco, han de reflexionar sobre los responsables en un país en el que no hay un único sujeto en quién descargar la culpa. Está la gestión, está la bondad o insuficiencia del protocolo, está la diligencia en el cumplimiento, está la información que la enfermera dio o no a los médicos cuando se encontró mal… Todo eso y probablemente más cosas, están encima de la mesa para ser escrupulosamente analizadas. Ahora que hay más contagios en otros países, parece que el discurso político se desactiva poco a poco, aunque el fuego encendido aún tiene brasa. Y no digo que no haya razones. Lo que digo es que todo es demasiado complejo como para que sea Ana Mato la única responsable. La única.

La defensa de Excalibur

Mi reflexión no va tanto por el lado del corazón. Sacrificar un animal porque sí no es lo mío. También creo que entre un humano anónimo y un animal anónimo, salvaría a un humano. No todo el mundo coincide en mi elección. Y luego está el tema de qué animal es al que hay que defender. No nos importan todos lo mismo. El perro acompaña al hombre desde hace miles de años. Si se tratara de una lagartija, de un gusano o de un mosquito no nos movería nada por dentro. Y el problema es el mismo: la transmisión. El perro no estaba infectado con un 100% de seguridad. Pero tampoco se podía afirmar que no lo estuviera. La opción para mi gusto habría sido donarlo a la ciencia para que lo aislara y estudiara el caso. Pero no sé si ese era el argumento de los animalistas porque creo que no están a favor del empleo de animales en la investigación científica.

Con todo lo radicales que puedan parecer, yo reconozco que han ganado esta batalla en los medios, aun cuando las autoridades hayan matado al pobre perro. La explicación no es mía, es de Yesenia Álvarez, joven pero brava defensora de la libertad peruana, amante de los animales y activista incansable.

Los defensores de los humanos ya tienen alguien que se ocupe, han delegado en el Estado, en los partidos, en los sindicatos, para defender su vida, sus derechos, sus problemas. Obviamente están defraudados porque esa defensa es fallida, incompleta. Porque al ceder su derecho a defenderse ellos, han abierto la posibilidad de que su lucha se manipule, se use a favor de tal partido político, de tal plataforma o, incluso, de tal persona. Los defensores de los animales por el contrario saben que están solos, que su lucha es suya, yson incansables, te argumentan sin complejos, te señalan con el dedo, salen de debajo de las piedras cuando alguien perjudica a un animal para denunciar, se van allí a protestar aunque sean tres. No importa en este momento si su argumento es falaz. Yo hablo de la batalla de la movilización. Ese modo de hacer ha ganado la opinión pública. Para mí es un ejemplo de quienes se involucran en la lucha por un ideal sin pretender que sea otro quien luche por ti.

Tal vez si las autoridades hubieran ofrecido la posibilidad de la investigación se habría salvado más de una vida, la de Excalibur y la de algún humano.

Libertad = muerte

Vi este interesante titular en El País: "El transporte vincula su liberalización con el alza de accidentes de furgonetas". La libertad mata, ¿verdad?

Debe de ser verdad, porque el titular venía avalado con estadísticas:

La cifra de fallecidos en este tipo de vehículos ha pasado de tres en julio y agosto de 2013 a 26 en los mismos meses de este año. El aumento de víctimas no parece coyuntural: en lo que va de 2014 se han registrado ya 64 víctimas mortales en furgonetas, frente a las 49 de todo el ejercicio anterior.

Libertad = muerte ¿verdad?

Antes de rendirnos ante la evidencia, recordemos el viejo dicho inglés sobre que hay mentiras, malditas mentiras… y estadísticas, y recordemos una falacia aún más antigua, tan antigua que tiene nombre en latín: post hoc ergo propter hoc, es decir, no porque una cosa venga después de otra ha sido causada por ésta.

No tiene, en efecto, mucho sentido hablar de muertos en carretera sólo en números absolutos. En los años de Aznar, por ejemplo, se habló mucho de los accidentes de trabajo, porque habían aumentado, igual que antes del carné por puntos se ponía el grito en el cielo por las víctimas en accidentes de tráfico, que también lo habían hecho. En realidad, en ambos casos la noticia era la contraria: los accidentes de trabajo eran relativamente menores, porque lo que había aumentado en realidad era el número de trabajadores. En el caso del carné por puntos había disminuido el número de víctimas con respecto al número de coches –y aún más con respecto a los kilómetros recorridos–. En ambos casos se invitaba al Gobierno a intervenir recortando la libertad de los ciudadanos y encareciendo sus contratos, para resolver problemas que no estaban agravándose.

Por tanto, antes incluso de establecer ninguna relación causa-efecto habría que ver qué ha pasado con el número de furgonetas o sus trayectos. Además, antes de echar la culpa a la libertad es imprescindible atender a la intervención, que bien puede haber aumentado. Decía el reportaje: "Asociaciones y sindicatos coinciden en que la economía sumergida en el sector se multiplicó". Es muy extraño que se multiplique si la intervención y la regulación han disminuido. Lo adecuado, pues, sería ver qué nuevas restricciones ha impuesto la Administración, que pueden haber fomentado esa economía sumergida.

Pero nada de esto se hace, nadie lo menciona y el artículo lo ignora, dando la sensación de que la libertad, en efecto, es mala, y además que todos están de acuerdo en ello, como lo dice el título: "El transporte" es el autor del diagnóstico; el transporte, nada menos que todo el transporte. ¿Verdad?

Pues parece que es verdad, porque están todos los partidos políticos, los empresarios, el Gobierno y, por supuesto, los sindicatos indignados porque hay gente que trabaja mucho y porque "se ha entrado en una carrera de abaratar costes".

Esto de abaratar costes da una pista sobre otra deficiencia del artículo, porque es evidente que no todo "el transporte" es objeto de su atención, porque un aspecto fundamental del mismo es ignorado: los que lo pagan.

Esta omisión es típica, como típica fue la reacción de las autoridades. En vez de reducir los costes crecientes que imponen sobre el transporte, para fomentar la competencia leal, bajar los costes y reducir la economía sumergida, el talentoso ministro Fernández Díaz prometió que ya mismo se iba a ocupar de poner todavía más regulaciones sobre las furgonetas. Todo por nuestro bien, claro, porque la libertad mata, ¿verdad?

La trampa de Montoro: los seguros de renta vitalicia

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha convertido en el gran confiscador de España. Su última hazaña carroñera ha sido la de eliminar los coeficientes de abatimiento con su reciente reforma del IRPF, lo que implicará una gigantesca mordida tributaria sobre aquellos ahorradores que vendan sus activos de muy largo plazo, incluyendo entre éstos las viviendas. Las arcas públicas están vacías debido a que el volumen de gasto prácticamente no se ha achicado durante la era Rajoy y, por tanto, sólo queda rapiñar al contribuyente, incluso llegando al extremo de expropiarle el ahorro inmovilizado en su casa.

Mas la reciente reforma del IRPF también contiene una aparentemente bondadosa provisión que permitirá a algunos ahorradores escapar de las garras del ministro de Hacienda: si el propietario de la vivienda enajenada tiene más de 65 años y los ingresos derivados de la venta del inmueble –o de cualesquiera otros activos no inmobiliarios– se reinvierte en un seguro de renta vitalicia, entonces la plusvalía cosechada quedará exenta de tributar en el IRPF (art. 38.3 de la nueva Ley de IRPF). La justificación ofrecida por Hacienda es simple: se trata de promover el ahorro de cara a la jubilación, logrando así una renta adicional que complemente las cada vez más exiguas pensiones públicas.

En apariencia, Montoro aprieta pero no ahoga: al menos en este caso ha aparcado su voracidad recaudatoria para no machacar inmisericordemente a las personas que entran en la tercera edad. Claro que uno debería preguntarse lo siguiente: si de lo que se trata es de promover el ahorro de cara a la jubilación, ¿por qué Hacienda sólo exime de tributar las plusvalías reinvertidas en seguros de renta vitalicia? ¿Por qué no concede esa misma exención cuando el capital se reinvierte en cualquier otro vehículo de ahorro? Acaso al responder semejante pregunta descubramos que la motivación esencial de Montoro no es la compasión hacia los jubilados, sino su sobradamente conocido (y sufrido) afán por apropiarse de su patrimonio. 

El de los seguros es el sector financiero que más invierte en deuda pública en términos relativos, por encima de la banca: a finales del primer trimestre de este año las aseguradoras poseían más de 87.000 millones de euros en renta fija estatal… el 70% de todos sus activos financieros (cantidad, por cierto, que se ha duplicado durante el trienio ominoso de Rajoy). Las aseguradoras necesitan contar con una cartera de activos muy seguros, con un amplio mercado secundario y con flujos de caja muy estables y previsibles: de ahí que la deuda pública sea una de sus inversiones predilectas.

En el caso de los seguros de renta vitalicia, esa vinculación con la deuda pública todavía se vuelve más intensa: los seguros de renta vitalicia son un producto financiero invertido esencialmente en deuda pública. A efectos prácticos, son una especie de imposiciones a plazo fijo que las aseguradoras inmovilizan en deuda pública: en la actualidad, un auténtico despropósito de inversión para los particulares debido a los bajísimos intereses que está abonando este activo y a los precios burbujísticos a los que cotiza (es decir, para el asegurado es ahora mismo un producto financiero de baja rentabilidad y de alto riesgo).

Por tanto, sí, Montoro ofrece una salida a los jubilados para evitar su rapiña más directa tras la supresión de los coeficientes de abatimiento, pero esa salida les conduce irremisiblemente al matadero de la (mala) inversión en deuda pública. Poco le importa a este Gobierno que sus incentivos fiscales conduzcan a los jubilados a tomar pésimas decisiones financieras (como tampoco le importó al Gobierno anterior que invirtieran masivamente en las participaciones preferentes con tal de recapitalizar de tapadillo a las cajas de ahorros). En este caso, lo esencial es que la desenfrenada avaricia del ministro de Hacienda queda colmada: ya sea con una confiscatoria recaudación –si los jubilados venden sus inversiones de muy largo plazo y no reinvierten sus ganancias en seguros de renta vitalicia– o con una mayor colocación de deuda pública burbujística –si venden sus inversiones y se acogen a los seguros de renta vitalicia–. Todo por la pasta: por la pasta del Estado.

El terremoto brasilero

Aécio Neves, economista, como la presidente, pero una generación más joven y mucho más carismático, puede derrotar a Dilma Rousseff en el ballotage del próximo día 26. Al menos dos encuestadoras (Instituto Veritá y el Instituto Paraná de Pesquisas) le dan prácticamente 10 puntos de ventaja al candidato del Partido Social Demócrata Brasilero.

Serán menos. Esa diferencia puede reducirse sustancialmente, e incluso desaparecer, en la medida en que se intensifiquen los ataques del Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva a la cabeza del pelotón de fusileros. Neves hoy goza la ventaja de unos días de gloria publicitaria positiva tras los sorprendentes resultados de la primera vuelta, así que tendrá que defenderse y atacar para poder prevalecer el día de las elecciones.

¿Por qué la popularidad de Rousseff ha caído en picado? Por una combinación de tres factores:  

– La economía. El país entra en recesión. El aparato productivo no crece y las exportaciones disminuyen debido al enfriamiento de la economía china. Todo era una un espejismo. Brasil no estaba haciendo bien su trabajo. Eran los chinos. Bastaba que China redujera uno o dos puntos su crecimiento para que se estancara el de Brasil. Con apenas 12.100 dólares de PIB per cápita anual, el país creaba menos riqueza por habitante que otras seis naciones latinoamericanas, incluidas las vecinas Argentina, Uruguay y Chile. Es verdad que, por su volumen, es la octava economía del mundo, pero por su per cápita es la 105, y por su crecimiento la 137. La productividad brasilera es un 50% de la mexicana y un 18% de la norteamericana. Una birria, debido al proteccionismo y a la enorme burocracia. Brasil ocupa el lugar número 100 en el Índice de Libertad Económica, entre Gabón y Benín, dos atrasados países africanos. De ahí los pobres resultados.

– La corrupción. La percepción general es que los gobiernos del Partido de los Trabajadores han sido los más corruptos de la historia reciente de Brasil. Cuando comenzó Lula, según Transparencia Internacional, Brasil estaba en el lugar 69 del planeta. En la medición más reciente de deslizó al 72. El último escándalo involucra a la (ex) prestigiosa Petrobrás. La empresa es otra alcantarilla. Según las revelaciones de Pablo Roberto Costa, Petrobrás entregaba al PT el 3% de todos los contratos. Esa es una inmensa cantidad de dinero. El conflicto es mayor que el mensalao que sacudió al gobierno de Lula y culminó con la condena de una veintena de funcionarios, incluido su mano derecha, José Dirceu, ministro de la Presidencia, hombre formado por los servicios de inteligencia de Cuba.

– El tercermundismo. Los brasileros, no obstante la disparidad entre el sur desarrollado y el nordeste pobre, la Belindia –combinación de Bélgica y la India– que describió el economista Edmar Lisboa, siempre han jugado la carta occidental. Fue el único país de América Latina que participó en la Primera Guerra frente alemanes y austriacos, aunque de manera modesta. En la Segunda, sin embargo, envió 30.000 hombres a pelear junto a Estados Unidos por la conquista de Italia. A muchos brasileros no les gusta la estrecha relación del PT con Irán, Rusia, Cuba o el chavismo, así como el patrocinio del Foro de Sao Paulo, una especie de Internacional radical antioccidental, antimercado y antiamericana. No entienden muy bien por qué enquistarse en el Mercosur o en los Brics, cuando al país le iría mucho mejor trenzando alianzas abiertas con el Primer Mundo.

Pero hay más en el terreno internacional: si Neves ganara las elecciones, su victoria sería una pésima señal para los países del llamado Socialismo del Siglo XXI y una clara advertencia de que se agota esa estridente tendencia ideológica neopopulista que ya arruinó a Venezuela.

Probablemente, por ejemplo, influiría en los comicios de Uruguay, impulsando la candidatura de Luis Lacalle Pou, joven y enérgico político de centroderecha, frente a Tabaré Vázquez, un expresidente de 74 años que encabeza la fórmula del Frente Amplio, donde militan comunistas y tupamaros, desgastado personaje mucho menos atractivo para la nueva generación de votantes uruguayos decididos a buscar un cambio.

La ola también llegaría a la Argentina en las elecciones del año próximo y contribuiría a barrer al kirchnerismo, así como a Bolivia, donde Evo Morales perderá un aliado al que no le importaba que la cocaína de su país llegara por toneladas a Brasil.

Será un verdadero terremoto. Pero antes Aécio Neves tiene que ganar.

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La rebelión de los paraguas

Cuando a Milton Friedman le echaban en cara su colaboración con el régimen de Augusto Pinochet en Chile, el economista se defendía con el argumento de que la libertad económica, tarde o temprano, termina generando libertad política. Algo de razón debía de tener si nos fijamos en el Chile actual, uno de los países más libres y prósperos del continente que disfruta, con sus pros y sus contras, de una libertad política que ha llevado al poder en las últimas elecciones presidenciales, y por segunda vez, a la candidata socialista Michelle Bachelet, represaliada y víctima de la dictadura. Contrasta desde luego con su vecino peronista, Argentina es un país donde cada vez hay menos libertades, económicas y políticas, sin saber si la falta de una lleva a la falta de otra o viceversa.

Las protestas en la Plaza de Tiananmen, en la primavera de 1989, la caída del Muro de Berlín en noviembre del mismo año, el colapso de la Unión Soviética al año siguiente y la adopción por parte de casi toda la Europa del Este del sistema capitalista, o al menos de su variante más socialdemócrata, debió de asustar bastante a los líderes del Partido Comunista Chino (PCCh) como para plantearse y permitir ciertas libertades económicas. Desde luego fue un acierto, pues han traído a China una prosperidad no conocida hasta el momento, salvo en los dos bastiones del capitalismo chino, la isla de Formosa, Taiwán, que no está bajo el poder de Pekín, y lógicamente, Hong Kong.

Cuando los británicos transfirieron a China su colonia el 1 de julio de 1997, la devolvieron envenenada. El Gobierno chino debía permitir a sus nuevos súbditos algunas de las libertades que ya disfrutaban: los hongkoneses, además de vivir en uno de los territorios más libres, prósperos y ricos del planeta, podían elegir su gobernador y su sistema político. El eslogan “Un país, dos sistemas” se hizo famoso y, hasta hace relativamente poco, ha sido, hasta cierto punto, verdad.

China ha dejado proliferar dentro de ella dos gérmenes muy peligrosos para los liberticidas. El primero, la libertad económica, que se ha visto favorecida incluso desde dentro del propio sistema comunista. El segundo, la libertad política, aunque heredada, muy localizada geográficamente y controlada, es un peligroso modelo que tiende a expandirse. El PCCh tiene miedo de que se extienda a otras partes del territorio, pese a que se había comprometido a respetar durante al menos medio siglo un acuerdo que se firmó bajo el aval de las Naciones Unidas. La rebelión de los paraguas se ha puesto en marcha casi sin querer y a los comunistas les ha pillado de improviso. Pensaban que controlar a los candidatos era fácil y gratuito.

Las autoridades chinas se enfrentan a unos manifestantes poco violentos, que simbólicamente usan los paraguas para repeler los gases lanzados por las fuerzas del orden chinas. Precisamente, para evitar que se creen vínculos de simpatía entre manifestantes y policías, se están trayendo de otras partes de China, ya que los de Hong Kong no son fiables. Además, el Gobierno está haciendo todo lo posible para que lo que está pasando no llegue al resto del territorio, controlando los medios de comunicación y la información que sale de la excolonia. Personalmente, creo que estamos en una situación muy distinta de la que teníamos hace 25 años, cuando las protestas de Tiananmen terminaron en una matanza.

El gobierno chino teme la propagación de estas manifestaciones al resto de focos de crecimiento económico, como Shanghai, Macao, Shenyang o la propia Pekín. En estos centros confluyen los tres elementos que todo dictador debería temer. El éxito económico indudablemente beneficia al estado chino, pero como supo ver Friedman, también crea una cada vez mayor clase media que dispone de más riqueza, tiempo libre y, sobre todo, más inquietudes políticas que le llevan a tratar de decidir sobre su futuro, su forma de vida y, si es menester, enfrentarse a aquéllos que, desde el poder, quieren limitar su capacidad de actuar libremente.

En segundo lugar, la revolución en los medios de comunicación, con Internet a la cabeza (como ya sucedió en la extinta URSS con la televisión), “introduce” ideas de libertad en las mentes de esa clase media que se cuestiona por qué un líder inamovible e incuestionable debe dirigir sus vidas. La censura dificulta, pero no impide, que esta aportación de la cultura global se vaya abriendo paso poco a poco.

En tercer y último lugar, la presencia de extranjeros en estos polos de crecimiento y ciudades es un ejemplo, un modelo de lo que pueden llegar a ser estas incipientes clases medias. Muchas veces, no piden ni quieren grandes cambios, quizá una mayor autonomía en las decisiones locales, como actualmente sucede en Hong Kong, pero esto lleva indefectiblemente al cuestionamiento de la autoridad impuesta y, como enseña la historia, es cuestión de tiempo que alguien que pide una mayor libertad en pequeños aspectos termine por exigirla en su totalidad, y eso aterra a cualquier dictador, sea de derechas o de izquierdas.

Es bastante probable que los resultados de la Primavera Árabe estén presentes en las cabezas de los dirigentes del PCCh y no estén dispuestos a que a China le pase lo mismo que a la Unión Soviética. China, más que un Estado, es un Imperio y bajo su comunista bota tiene, como lo tenía la Unión Soviética y como lo tiene incluso ahora la Federación Rusa, multitud de naciones, culturas, etnias y religiones que buscan, cada una a su manera, cierta libertad o al menos cierta independencia y capacidad de expresión.

Toda crisis es una oportunidad. China tiene la opción de democratizarse, de ampliar la libertad de los que hasta ahora han vivido bajo el régimen, aprovechando el camino abierto por esa libertad económica y política, y desbancar a la India como la democracia más poblada del planeta; de hecho, tiene en este país un modelo, no perfecto, pero sí más libre, un crisol donde se mezclan etnias, religiones, nacionalidades y culturas. Pero también tienen la opción de incrementar la represión y acabar por la fuerza con décadas de enriquecimiento y prosperidad. El PCCh es quien tiene que pensar si se va o se queda.