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Emigración fiscal: las empresas huyen

"You gave me nothing at all, now let me give it to you. You taught me how to be cruel, now let me try it on you” Jim Steinman.

Cada vez que leo esas estimaciones de cuento de la lechera sobre ingresos fiscales futuros si subimos los impuestos a los ‘ricos’ o a las grandes empresas, me sorprende la ingenuidad de pensar que se va a quedar aquí alguien a esperar el expolio. Nunca he visto una sola estimación de esas que refleje una posible pérdida de actividad económica. Todas parten de la base de que nada cambiaría. Y me consterna lo poco que miramos al exterior. Porque a los aristócratas del gasto público siempre les parece que usted gana mucho y que ellos gastan poco. Y que “aquí no va a pasar”.

Pues bien, desde hace años, el fenómeno de emigración fiscal, los inversion deals de Estados Unidos, es algo que deberíamos analizar, y con preocupación, en esta Unión Europea que ya sufre el goteo de empresas fuera de su territorio –lo que yo llamo el “Depardieu silencioso”-. Por favor, ténganlo en cuenta porque corre el peligro de acelerarse.

¿QUÉ ES UN ‘INVERSION DEAL’?

Imagine que tiene usted una empresa y le cobran unos impuestos muy altos. Adquiere o se fusiona con otra en un país más amigable fiscalmente y traslada la sede corporativa a dicha nación. Así, el nuevo grupo, además de todas las razones estratégicas para unirse, se beneficia de un mejor trato fiscal. Lo acaba de hacer Burger King.

No es fácil de conseguir. La empresa fusionada debe tener menos del 80% de su accionariado dentro de los Estados Unidos, y al menos un 25% de la actividad del nuevo grupo debe generarse en la nueva sede social.

¿SE HACEN SÓLO POR NO PAGAR IMPUESTOS?

Este es un gran error mediático. El problema, en gran parte de los casos, no son sólo los impuestos que se pagan, sino la burocracia y trabas para generar actividad económica. Gran parte de las empresas que han dejado Estados Unidos por Canadá o Irlanda también lo hacen porque las condiciones para su actividad son más atractivas.

Dada la complejidad de hacer el cambio de domicilio social, estas transacciones suelen tener una lógica estratégica muy clara. Las fusiones ‘criticadas’ por el gobierno de Estados Unidos desde 2004 han creado más de 6 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y a nivel global generan mayores ingresos fiscales en los países donde operan, según UBS (“A New Wave of Tax Inversions”).

Por lo tanto, una gran parte de la queja de la administración Obama no es justificable desde el punto de vista social, sólo desde la perspectiva recaudatoria de su país. Según el Congreso, entre 2015 y 2024 se podrían perder unos 19.500 millones de dólares de ingresos fiscales. No hablan de cuánto se podría ganar bajando cinco puntos el impuesto de sociedades. Una cantidad equivalente si asumimos los mismos márgenes y beneficios generados en 2014 y un 1,6% anual de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

Esa preocupación “por ingresos perdidos” no existiría si bajasen los impuestos. Pero eso no se les ‘ocurre’. ¿Es una carrera a cero? Pues claro que no, ya que las empresas funcionan con muchos baremos de riesgo y oportunidad. Si la fiscalidad es competitiva, no se van por pequeñas diferencias. Hay muchos factores relevantes.

¿SE PUEDEN EVITAR LEGISLANDO?

En Estados Unidos el impuesto sobre sociedades es uno de los más altos de la OCDE. En vez de reducirlo, se implementaron leyes para evitar las fusiones emigratorias, una en 1983 y otra, muy dura, en 2004. El congreso impuso su “Acta de Creación de Empleo Americano” de 2004 (American Jobs Creation Act). Por supuesto, en poco tiempo se dispararon los inversion deals. Entre 2007 y 2014 se han llevado a cabo más ‘emigraciones’ de empresas saliendo de Estados Unidos que en todo el periodo 1981-2003, según elCongressional Research Service.

La represión legislativa y las llamadas al patriotismo, incluso proclamas inflamatorias de “boicot” a las empresas, no han funcionado. Sin embargo, en vez de facilitar una transición a un entorno fiscal y legislativo más competitivo, y sólo una mejora de 5 puntos habría bastado, la solución que propone la Administración Obama es legislar de nuevo. Y no va a funcionar.

¿Por qué debemos temerlo en Europa?

Cuando contamos con el dinero de los demás para mantener el gasto hipertrofiado, al menos deberíamos cuidar a nuestra gallina ponedora. Y el riesgo en Europa de una oleada de emigraciones es alto.

Primero, nos engañan con mensajes recaudatorios hablando de “la baja tributación de las grandes empresas”. Es falso que las grandes empresas tributen un 6%. Más del 89% tributa por encima del 27% tras excluir las minoraciones por doble imposición, según los datos del Informe Anual de Recaudación 2013 de la Agencia Tributaria.

Además, en el Eurostoxx 50 la enorme mayoría de las grandes empresas se han comportado como “seguridades sociales encubiertas”. Superan en un 17-20% en media a sus comparables norteamericanas en número de empleados. De hecho, si se analiza con respecto a ingresos, en algunos sectores, como telecomunicaciones, infraestructura o energía, las empresas europeas cuentan con una media de hasta un 30% más de empleados que sus competidoras estadounidenses o británicas. Las empresas del S&P 500 (Estados Unidos) se encuentran en una situación de caja y deuda mucho más sólida que sus comparables europeas

Adicionalmente, y si consideramos todas las cargas –verdes, regionales, locales, tarifas sociales, etc- las mayores empresas europeas pagan en impuestos hasta un 40% de su beneficio operativo nacional. Por darles un ejemplo, la segunda mayor empresa industrial española paga en nuestro país el equivalente al 51% de su Ebitda generado en el territorio nacional.

Esa combinación explosiva de menor productividad y fiscalidad creciente no ha generado aún un gran número de ‘emigraciones’ como en Estados Unidos por tres razones:

  • En Europa, las grandes empresas mantienen una nada desdeñable simbiosis con los estados. Y esa es, en parte, la razón por la que tienen más empleados y tienen objetivos menos exigentes de rentabilidad y retorno al accionista.
  • Muchas grandes empresas europeas suelen tener ‘activos cautivos’. Es decir, es difícil trasladarse a otro país cuando se tienen enormes activos regulados o concesiones.
  • Una cuestión ‘cultural’. Gestores que llevan muchos años, incluso décadas, desarrollando una carrera entre una y otra empresa local. Por ello tienen un incentivo personal ‘nacional’. No tienen nada más que ver las rarísimas ocasiones en las que los consejeros delegados y directivos de las empresas son extranjeros.

Pues bien, si contando todas esas ‘barreras’ el goteo de externalización de actividades es inexorable, piensen lo que puede ocurrir si se imponen las propuestas de aumentos de impuestos del cuento de la lechera. Veremos, igual que ocurrió en Estados Unidos en 2004, un éxodo empresarial sin precedentes. Obama contaba con una fidelidad al recaudador nacional eterna, y además creciente. Se equivocó. Europa, que parte de una situación fiscal –incluyendo todos los tributos- mucho más onerosa, no puede hacer lo mismo.

No podemos poner puertas al campo. Pensar que vamos a evitar la internacionalización y optimización fiscal con represión es un enorme error. Los ingresos fiscales crecen con la actividad económica, no por decisión de un comité.

Los impuestos, queridos amigos, son el pago de un servicio, no el rescate de un secuestro. Algún día lo recordaremos.  

La sociedad que no quiere luchar

A riesgo de que me acusen de ser un hipócrita, voy a utilizar un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) para este comentario. Por fortuna no va a ser el, por otro lado interesante, Cambio climático y conflictos, sino el estudio realizado junto con el CIS sobre la percepción de la sociedad española sobre la Defensa Nacional y FAS.

La mayoría de periódicos se han hecho eco del informe y se han centrado en la poca disposición de la sociedad española a defender el país en caso de ser éste atacado.

La verdad es que hay partes bastantes más interesantes, y que su vez ayudan a entender esa poca motivación para defender España.

Lo primero que indica la encuesta es que las personas se están alejando bastante de la solidaridad que, según los medios de comunicación, nos inunda a todos desde que vivimos en un "Estado de Bienestar". Me explico: menos de la mitad de los encuestados declaran que estarían dispuestos a arriesgar la vida por alguien, o algo, ajeno a su familia.

Parece que en los medios de comunicación se ha mezclado esta respuesta con la reticencia de la sociedad a defender al país, pero en realidad no tiene que ver una cosa con la otra. No arriesgar la vida por nada que no sea tu familia incluye no arriesgarla por alguien que corra grave peligro en cualquier circunstancia de tu vida. O sea que en la sociedad comprometida y solidaria del siglo XXI la mitad de las personas declara implícitamente que no arriesgaría la vida intentando sacar, por ejemplo, a un niño de un coche en llamas si se ven en esa tesitura.

Claro está que si la pregunta se les formula así el porcentaje de personas que contestaría lo mismo bajaría considerablemente. Y es bastante posible que en muchos de esos casos, al verse en situaciones reales, sí arriesgarían su vida, pero, precisamente por ser decisiones que se suelen tomar instintivamente, es razonable pensar que, con un porcentaje tan alto de españoles que se muestra reticente a arriesgar su vida, el número de personas que no serían auxiliadas a no ser que lleguen equipos de emergencia puede ser muy alto.

Lo segundo que se vislumbra con la encuesta es que la sociedad pone la salvaguarda de su propia vida por encima de prácticamente todo. En el caso anterior se ve que solo la mitad de la población está dispuesta a arriesgar su vida por alguna razón ajena a su familia. Pues bien, de este 50% la gran mayoría solo arriesgaría la vida por salvar la de otra persona. Aunque es verdad que dos terceras partes afirman que también lo harían por la libertad o la paz, luego no estarían dispuestos a arriesgarla por sus ideas políticas o por su religión, así que parece difícil pensar que de verdad entiendan cómo se consigue la libertad o la paz.

Lo tercero que muestra la encuesta es que la mayor parte de la población no estaría dispuesta a defender el país voluntariamente si es atacado o tendría una disposición negativa a hacerlo. El hecho de tener una disposición negativa o tener reservas a aceptar no me parece muy significativo, ya que un escenario abstracto de ataque al país no es muy lógico y no permite posicionarse. Lo que ya es más importante es que casi el 40% se declara rotundamente en contra de participar voluntariamente en esta defensa sin saber ni siquiera de qué peligro hay que defenderse.

Por último, de la encuesta parece desprenderse una nula implicación en la Unión Europea, al ser solo un 11% de los encuestados los que creen que estaría justificada una acción militar ante la invasión de territorio Europeo, contra las dos terceras partes que sí lo creen cuando el territorio es nacional.

Aunque las preguntas de la encuestas son demasiado abstractas para llegar a conclusiones definitivas, sí parece claro que una buena parte de la sociedad española está lo bastante desencantada de sí misma como para no mostrar mucho interés en defender su modo de vida. Es bastante significativo de ello: que mientras el Estado nos obliga a dar más del 50% de nuestros ingresos por "el bien común" la mitad de la población se declara en contra de arriesgar su vida por nada que no sea la supervivencia de su familia.

Que se ponga límites muy estrictos a los gobiernos a la hora de emprender acciones militares, o que se deje claro que no existe una anexión de los ciudadanos a defender el país ante cualquier circunstancia puede ser motivo de alegría, ya que podría indicar una sociedad madura y responsable, pero no hay que cerrar los ojos a que este pacifismo parece nacer más bien de la firme convicción a no involucrarse en nada que conlleve un riesgo personal, y ese es el mejor caldo de cultivo para que se vaya reduciendo la libertad de las personas.

Hay una diferencia inmensa entre ser pacífico y ser sumiso. Entre querer la paz y no estar dispuesto a luchar por nada. Por desgracia el IEEE no creo que vaya a dar con la forma de que la sociedad vuelva a comprender algo tan básico. Los institutos públicos son útiles para publicar estudios y encuestas, pero que la defensa de un país dependa solo del ministerio del que depende nos termina llevando a peligros mucho mayores de los que creen defendernos.

Los modelos turísticos y el turista modelo

Los planificadores de la economía me recuerdan mucho a los creacionistas, que pese a las pruebas en su contra, siguen sabiendo que el mundo, el universo y todo lo que él contiene fue creado en seis días según un plan divino al que sólo ellos tienen acceso a través de cierta verdad revelada. Los planificadores económicos, lejos de ser ese dios todopoderoso, pretenden parecérsele a través de complejos planes (llenos de agujeros y errores, todo hay que decirlo) donde predicen las necesidades y deseos de cientos, miles, decenas de miles, centenares de miles, millones de personas a lo largo de un periodo más o menos largo, y determinan cómo van a satisfacerlas. Además, ejercen de profetas de sí mismos y nos los venden o imponen como si no aceptarlos fuera un acto contrario a la Verdad, y por tanto, pecado.

El resultado suele ser bastante caótico y poco satisfactorio. Dos ejemplos de ello son la polémica que ha generado este año el alquiler de apartamentos en la costa, en especial en zonas como La Barceloneta, y los actos irresponsables y gamberros de los turistas en la zona mallorquina de Magaluf, noticias con las que los medios de comunicación han hecho su agosto. Todo ello nos ha llevado a un debate más mediático que público -que creo cesará en septiembre- sobre qué modelo turístico queremos y qué tipo de turista estamos atrayendo a estas alturas del siglo XXI.

Desde que en los años 60 del siglo pasado las autoridades franquistas se dieran cuenta de que en España se podía vender sol y playa y que, relajando ciertas normas sociales y morales, se podía ingresar dinero en las arcas públicas, a la vez que las privadas verían incrementadas sus rentas y ponían en valor ciertas propiedades, España ha pasado de ser un país ligado al sector primario a ser un país puntero en el sector servicios. Todos los años nos visitan millones de turistas, no sólo buscando sol y playa, sino turismo rural, cultural, empresarial y otros muchos que, a lo largo de estos años, se han ido generando casi sin querer, sin que haya surgido de la mente de algún brillante político, sino de las acciones de muchas personas, de la empresarialidad, algunas veces de ideas brillantes y otras, las más, del trabajo constante y del riesgo asumido de miles de personas.

Es más fácil quejarse y juzgar que ver y analizar, y si algo no gusta, cambiarlo. El ciudadano medio hispano, y entre ellos se encuentra también el empresario medio hispano, es más dado a que otros, las administraciones públicas, cambien las cosas con sus regulaciones y sus imposiciones que a coger el toro por los cuernos. Bien es cierto que en este sistema político hispano es más fácil lo primero que lo segundo y parece que estamos guiados a la ley del mínimo esfuerzo, pero este mínimo esfuerzo nos está dañando a largo plazo. Quizá hay que ver las acciones desde el punto de vista de los incentivos, no desde el punto de vista de lo que nos gustaría que pasara, desde lo que puede atraer lo que proponemos, y si no somos capaces de predecirlo, al menos tener la libertad de poder cambiar nuestras acciones sin que las administraciones públicas nos lo dificulten.

Si un hotel de lujo quiere atraer a aquellos turistas con los más altos poderes adquisitivos, contratará a un gran chef antes que cobrar las copas de Chivas a un euro. Con esto último conseguirá, en cambio, atraer a los que quieren beber por poco precio maximizando, si ha lugar, que no tiene por qué haberlo, la relación calidad-precio. El resultado es que las iniciativas que podían atraer a estos millonarios entran en colisión con tanto jovenzuelo con poco dinero y con muchas ganas de juerga, y es posible que en poco tiempo el hotel se vea inundado de este nuevo tipo de cliente para horror de las familias que sufren sus excesos. No digo que este nuevo tipo de cliente no sea rentable, sino que no hay una consonancia entre lo previsto y lo obtenido. El hotel perderá con el tiempo su condición de lujo, afectará a otras infraestructuras que hay alrededor y, de alguna manera, bajará el caché de la zona.

Durante los años previos a la burbuja inmobiliaria, las regulaciones locales y regionales favorecieron una construcción indiscriminada y muy planificada, en contra de lo que piensan los socialistas de todos los partidos. Los ayuntamientos incrementaron sus gastos y su nivel de corrupción, tanto la “legal” como la “ilegal”. Obtener permisos era fácil, los empresarios se lanzaban al vacío sin pensárselo dos veces, seguros de que tenían el riesgo cubierto por unas entidades públicas con demasiadas necesidades fiscales; los privados, favorecidos por los bajos tipos de interés y un sistema bancario, sobre todo el de cajas, que daba crédito casi por vicio, se endeudaron con la compra de casas que veían alquiladas, por los siglos de los siglos, una especie de renta perpetua.

Las localidades crecían, los paseos marítimos se urbanizaban, las casas rurales se multiplicaban y hasta los parques empresariales competían con los hongos en prolificidad. De aquellos polvos, esos lodos, estos pantanos. Es posible que durante un tiempo el turismo familiar, el turista de calidad que se dice en el argot del sector, fuera el dominante frente al turista que persigue el alcohol barato, la noche fácil y un catre para descansar. Digo que es posible, pero lo dudo. Poco a poco, el tiempo hizo que se crearan guetos, zonas donde dominaba uno de los dos. Los primeros encontraron zonas más tranquilas, con entretenimientos a su medida, mientras que los segundos, mucha marcha. Vecinos y empresarios de unas y otras se adaptaron a sus hábitos y necesidades. O se fueron.

Luego vino la crisis. La oferta, de pronto, era desmedida a los precios que se habían estado pagando, así que tuvieron que bajarse. El número de turistas descendió, estaban menos tiempo y pagaban menos por lo mismo de antes. Esta circunstancia ha favorecido el turismo del exceso. Los que habían invertido en inmuebles, en casas en la playa o en apartamentos en zonas turísticas querían seguir sacando rendimiento a su inversión, así que, si descuidaban en algo su mantenimiento por los precios más bajos, qué mejor que alquilarlo a los que dicho mantenimiento no les parecía tan prioritario. 

Siempre ha habido este tipo de cliente y siempre se ha tendido a agrupar, entre otras cosas, porque juntos se lo pasan mejor que cada uno por su lado. Ése es el problema de La Barceloneta: no que no haya suficiente regulación, sino que la que hay ha incentivado y propiciado lo que ahora tienen. Todas las zonas turísticas tienen o han tenido problemas similares, porque las regulaciones los favorecen. Todo esto me recuerda mucho a cuando en los 80 y los 90 la sierra madrileña fue invadida por los garitos que nacieron a la sombra de la Movida madrileña. Hoy por hoy, esta sierra no es ni la sombra de lo que fue.

Lo que no entiendo es en qué va a mejorar la situación una mayor regulación. Que algo sea legal, ilegal o alegal no lo hace mejor, sino más o menos controlado. Si se cierran los apartamentos de La Barceloneta que no están registrados por la Administración y que no pagan impuestos (quizá la clave), sus usuarios buscarán otros igual de baratos en otra parte de la ciudad y volverán a los garitos en los que se divierten, por lo que los excesos no terminarán. El asunto es una cuestión de incentivos, no de deseos. Y si se cierran los garitos, buscarán otros lo más cerca posible. Como la prostitución, el problema -si es que es un problema- se traslada.

En cuanto a Magaluf, no sé si estamos ante un fenómeno más mediático que real. No se me malinterprete, es muy real, pero estos excesos siempre han estado a la orden del día en todas las zonas de la costa española. Desde la Costa Brava al litoral onubense ha habido zonas, incluso sitios concretos dentro de zonas tranquilas, donde los que buscaban podían encontrar drogas y ligoteo fácil, e incluso prostitución. Las zonas de marcha no son nuevas y las tenemos desde los años 70 con mayores o menores excesos. Y los comportamientos están ligados a los valores y la ética de los protagonistas, a los incentivos que encuentran, y no a un modelo consumista y capitalista.

Me explico. Si yo, en mis valores y mi ética, soy consciente de que mi alegría y la forma de expresarla puede molestar a terceros, podré parar, buscar otra manera de hacerlo o cambiar de sitio. Si no me importan los demás, entonces no encontraré ningún impedimento para gritar, organizar un escándalo público o vivir, como dice la canción, la vida loca. Si a ello añadimos el efecto manada, es decir, si veo que los demás hacen algo que a priori me cuesta, pero que me gusta, entonces me desinhibiré; y así tendremos Magaluf y sus equivalentes. Pero ojo, que tan consumista es el que paga por sexo y alcohol que el que paga por una cena familiar junto a sus hijos, amigos y familiares. Los objetivos son distintos y los servicios también.

De los excesos públicos de esas épocas anteriores a las crisis se derivan las situaciones actuales. Supongo que antes de los líos de este año, cuando los vecinos veían cómo su pueblo se llenaba de turistas, las quejas eran escasas y la polémica inexistente, y seguramente muchos se frotaban las manos pensando como la lechera del cuento. Más que en modelos turísticos y turistas modelo, deberíamos fijarnos en qué atraemos y qué nos gustaría atraer, y si no es lo que nos gusta, cambiar y pedir a las administraciones públicas que no se entrometan en nuestros asuntos, que ningún planificador nos diga qué hay que hacer.

El Gobierno odia la medicina natural

¿Por qué tu médico no sabe mucho de nutrición, vitaminas, minerales, tipos de grasas…? ¿Es porque no es demasiado relevante para la salud y sólo lo son los medicamentos? Como ya habrás advertido, ésa no es la razón. El origen de todo se remonta bastante tiempo atrás.

Si uno decidía ser médico en el siglo XIX o con anterioridad, aparte de las escuelas médicas en funcionamiento, no era infrecuente lograr la titulación médica gracias a recibir parte de la instrucción por medio de correo. Lo cual es entendible en una época donde las distancias eran mucho mayores. Además, había mucha mayor diversidad de materias y disciplinas que estudiar como médico. Dicho de otro modo, tampoco existía una rígida homogeneidad en los programas. Así, por ejemplo, a diferencia de hoy en día, un médico antiguamente solía tener sólidos conocimientos de fitoterapia, botánica o nutrición.

Precisamente por aquel entonces, a finales del XIX, la ya entonces prestigiosa Asociación Americana de Medicina (AMA) decidió que aquella heterogeneidad y libertad académica debían acabar, siempre, claro, ‘por el bien público’. Con tal propósito creó su Council on Medical Education. Sin embargo, sus miembros no fueron capaces de ponerse de acuerdo en los estándares obligatorios para ser médico.

A comienzos del siglo XX, Andrew Carnegie y John D. Rockefeller comenzaron a interesarse por las farmacéuticas. Así, Rockefeller estableció en 1901 el Instituto para la Investigación Médica, dirigido, entre otros, por Simon Flexner, cuyo hermano era del equipo de la conocida fundación Carnegie. En 1908, Henry Pritchett, presidente de la fundación Carnegie, junto con Abraham Flexner –el citado hermano de Simon– tuvieron una decisiva reunión con la AMA para discutir sobre la pretensión de estandarizar académicamente la profesión médica. La AMA aceptó ser aconsejada por la visión del Carnegie. Una visión focalizada de modo casi monopolístico en la farmacología y que despreciaba todo lo que supusiera oposición o competencia a esa visión.

Y aunque la AMA no es exactamente lo mismo que el Gobierno, de facto lo es. Actualmente se estima que la AMA es la segunda mayor organización estadounidense en presupuesto para hacer lobby, según la página de análisis Opensecrets.org.

Esa batalla por acabar con la competencia a la medicina farmacológica en EEUU tuvo, por ejemplo, una figura destaca en Morris Fishbein, secretario de la Asociación Americana de Medicina entre 1924 y 1949, que dirigió una intensa campaña contra la quiropráctica. En 1982, el Tribunal Supremo de EEUU sentenció que la Federal Trade Comission podía aplicar medidas antimonopolio a asociaciones médicas como la AMA. Esa sentencia y otra anterior de 1975 dieron pie a que cinco quiroprácticos estadounidenses demandaran a la Asociación Americana de Medicina y otras agencias oficiales. Fue el llamado caso Wilkes, resuelto en 1987, hallándose a la AMA culpable de conspiración ilegal contra la quiropráctica y de practicar un monopolio en la medicina junto con otras asociaciones médicas. La revista oficial de la AMA, el Journal of American Medical Association, fue obligado a publicar la sentencia.

A pesar de reveses como los del caso Wilkes, la AMA no obstante no ha cejado en su empeño de liquidar toda competencia a la medicina farmacológica. En aquella sentencia de 1987, el juez encontró culpable al AMA además de prácticas como difamación de profesionales de la medicina alternativa, distribución de propaganda para arruinar la reputación de competidores, obligar a los médicos a rechazar colaboración alguna con naturópatas, quiroprácticos, etc., y negar la entrada en hospitales como profesionales a cualquiera de éstos.

En 2006, la AMA publicó sin rubor su campaña de oposición a que los naturópatas y semejantes fueran considerados médicos. El objetivo de la medicina oficial, respaldada por el Gobierno, ha sido y es acabar en lo posible con la competencia.

Ya se sabe, el Gobierno odia la competencia. 

Liberalismo en España: ¡es la ley!

Una de las sensaciones que se tienen cuando uno da un paso atrás y contempla el panorama liberal en España es la cantidad de estudios, trabajos, grados, posgrados, artículos y blogs relacionados con la economía. En especial, por supuesto, con la teoría y política monetarias. A mí me parece muy bien, pero luego nos quejamos de que tal o cual facción política se autodenomina liberal cuando solamente comparten las medidas económicas. Pero somos nosotros mismos los que nos centramos en ese tema.

Y no es que no sea relevante, pero no es la clave del asunto. Como me dijo cuando empecé mi carrera de economía un jurista muy querido, cada decisión empresarial o económica tiene su reflejo en un acto jurídico y está amparado en una ley. Aun así, no le hice caso y no estudié Derecho simultáneamente. Y ahora noto que en nuestras propias filas hay una inflación de estudios económicos y poca atención a las leyes.

Reconozco que tuvo que venir Frédéric Bastiat a mostrarme que mi abuelo, el jurista del consejo, tenía razón. Y que es importantísimo entender la razón y el sentido de las leyes para no atarnos la soga alrededor de nuestro propio cuello liberal. Como apunta Carlos Rodríguez Braun en su ensayo introductorio a la traducción española de La Ley de Bastiat, para el autor francés, la vida, la libertad y la propiedad no existen porque el hombre ha legislado. Existían ya antes. Y es por eso por lo que el hombre ha legislado, para que se respeten. Las leyes que incitan a lo contrario son expolio.

Bastaría con una pasada por ese tamiz à la Bastiat de todas las leyes españolas, o europeas, para comprobar hasta qué punto es necesario cambiar la mentalidad legislativa de Occidente como punto de partida para denunciar lo que está pasando. Pero es más entretenido, más vistoso y llega más apelar al dinero que nos roban (que nos lo roban) o a cómo va a afectar a tu poder de compra esta medida o la otra. Y, aunque soy la primera pecadora, no puedo evitar echar de menos ese saber clásico que abarcaba la ética, el derecho, la economía y el comportamiento humano como herramientas que permitían obtener una perspectiva mucho más rica que hoy en día.

Hemos inventado un sistema de gobierno pacífico, una economía de mercado, y hemos descuidado las leyes que los protegen. Y no solamente eso. Hemos creado, además, una serie de contrapesos institucionales para afianzar esos valores, esos tesoros de la civilización occidental (la vida, la libertad y la propiedad) y también los hemos descuidado. Los estudios de análisis económico del derecho, la búsqueda del mejor camino para reforzar las instituciones fundamentales de justicia, se tornan tanto más complicados cuanto más hemos rizado el rizo. A más instituciones vigilantes de los vigilantes, más complicado resulta la "limpieza general" de corrupción, trabas y mal funcionamiento que tan necesaria es.

No hay más que recordar las mil y una películas futuristas en las que nos pintan una sociedad de simios y humanos sin instituciones que hagan cumplir la ley ("simio no mata simio") para que nos demos cuenta de que desde la polémica acerca de la reserva fraccionaria hasta el fracaso de la guerra contra el narcotráfico pasa por unas leyes que expolian, leyes que no respetan la vida, la libertad y la propiedad como preexistentes a la propia ley.

Tal vez los jóvenes liberales hispanoparlantes se decidan poco a poco a buscar el camino legal para salir de la servidumbre y llegar a la libertad.

Pujol y la bruja Adelina

Gracias a Antena 3 hemos sabido que las presuntas actividades comisionistas del clan de los Pujol no se limitaban al tráfico de influencias realizado al amparo del boletín oficial de la Generalidad. También en su vida personal el patriarca del nacionalismo hizo alarde de una extraordinaria capacidad para fomentar los negocios ajenos a cambio de un porcentaje que, en el caso que nos ocupa, está muy lejos de ser precisamente modesto.

La damnificada en cuestión es la bruja Adelina, una médium gallega de provecta edad, que durante los 23 años que Pujol estuvo al frente de la Generalidad rindió grandes servicios a la causa del nacionalismo catalán con sus capacidades adivinatorias. Pujol viajaba frecuentemente a Andorra, lugar de residencia de la vidente, para consultar con Adelina sus decisiones políticas, familiares y, con toda seguridad, también las de carácter económico, indisociable de los otros dos ámbitos como estamos viendo. Además, Adelina utilizaba sus poderes para realizarle a Pujol limpiezas periódicas de malas energías (sic) pasando repetidamente un huevo por la espalda del Molt Honorable, escena deliciosa cuya simple evocación acota el nivel intelectual del nacionalismo catalán y sus principales dirigentes.

El ajetreo de los viajes a Andorra con fines no lucrativos comenzó a ser una carga para Pujol, así que el presidente de la Generalidad se trajo a la bruja a Barcelona con el fin de tenerla más a mano. De paso, según afirma Adelina, D. Jordi se encargó de dirigir el negocio de las adivinaciones y curaciones energéticas brindándole a la vidente una nutrida cartera de clientes cercanos al nacionalismo. Cada vez que Adelina le pasaba el huevo por la espalda a un dirigente político o un empresario catalán Pujol le pagaba 150 euros (25.000 ptas. de la época), pero el cliente desembolsaba el equivalente a 300 eurazos. Y así consulta tras consulta y día tras día durante años, lo que hace imposible a estas alturas evaluar, siquiera aproximadamente, el volumen de dinero que se le debe a la bruja Adelina, cuyas dotes adivinatorias no fueron suficientes para que advirtiera que Pujol la estaba estafando.

Maragall situó las comisiones de CiU en un sobrio 3%, elevado en dos puntos por Carod Rovira tras un repentino ataque de memoria histórica. Sin embargo, de ser ciertas las acusaciones que la última víctima de los Pujol desgranó este lunes en el programa de Susana Griso, estaríamos hablando de una comisión de nada menos que del 50%. Inalcanzable hasta para los sindicatos andaluces, únicos rivales serios del nacionalismo a la hora de trincar.

Los liberales y el Estado

La relación entre el Estado y los liberales es una relación inevitablemente complicada. El objetivo del liberalismo es reducir el Estado a su mínima expresión, ya sea por motivos éticos o consecuencialistas. Muchos liberales, de hecho, llegan a equiparar impuesto y robo, con lo que aparentemente también equiparan gasto público con disposición del atraco.

A raíz de mi colaboración en el programa La Mañana de TVE, se ha suscitado una comprensible polémica sobre si los liberales pueden participar del gasto público toda vez que denuncian su coactivo origen. Se trata de un debate recurrente que resulta extensible a muchos otros campos: ¿Puede un liberal que quiere privatizar la educación ser profesor de una universidad pública? ¿Puede un liberal que quiere privatizar Renfe hacer uso del AVE? ¿Puede un liberal que quiere privatizar la sanidad hacer uso de la sanidad estatal?, etc. Es decir, ¿puede un liberal recibir directa o indirectamente alguna renta (monetaria o en especie) que proceda de la coacción estatal que él mismo denuncia? En este artículo voy a tratar de desarrollar la cuestión.

¿Puede un liberal colaborar con un organismo estatal?

¿Cuáles son los problemas para un liberal de un organismo estatal? Básicamente tres: su cometido (espionaje, represión, adoctrinamiento antiliberal…), su financiación (impuestos) y sus privilegios regulatorios en perjuicio de terceros (por ejemplo, ese organismo opera gracias a una restricción legal de la competencia). Los problemas son esos tres y no otros: si el Estado promoviera la creación de un organismo financiado voluntariamente, sin privilegios regulatorios y con un cometido lícito, los liberales no criticarían su existencia (de hecho, eso es una empresa o fundación privada).

¿En qué sentido, pues, resulta incoherente que un liberal se relacione con un organismo público? Por su cometido, el liberal sería incoherente si ejecutara acciones antiliberales: por ejemplo, un liberal no puede coherentemente formar parte de un servicio de espionaje estatal; por su financiación, un liberal podría ser incoherente si se lucrara desproporcionadamente de ese organismo público (luego trataremos con más detalle la cuestión); por sus privilegios regulatorios, un liberal podrá ser incoherente si usara esos privilegios para obtener ciertas prebendas de las que no gozaría en ausencia de Estado. Tomemos el caso de colaborar con medios de comunicación estatales o con las universidades públicas.

Por su objeto: ¿el cometido de estos organismos es antiliberal? Informar y educar no es antiliberal. Informar y educar contra el liberalismo es lícito en una sociedad libre pero, evidentemente, sí es antiliberal. Por tanto, mientras el liberal no adopte una postura antiliberal en los medios y en la universidad pública no hay ninguna incoherencia en este campo por el hecho de mezclarse con ellos. O dicho de otra manera: lo incoherente no es que un liberal participe en una televisión o una universidad pública que desea cerrar o privatizar, sino que, justamente por participar en ellas, deje de defender su cierre o participación (o que adopte discursos antiliberales para participar en ellas).

Por su financiación: al relacionarse con ellos, ¿el liberal se lucra desproporcionadamente? Para determinarlo podemos emplear dos criterios que más adelante desarrollaremos: uno al que llamaría “criterio fuerte” (que el liberal no obtenga cobros del Estado, en metálico o en especie, superiores a los impuestos que abona) y otro al que llamaría “criterio débil” (que el liberal no perciba por sus servicios remuneraciones ampliamente por encima de las que se logran en el mercado por servicios asimilables).

Por sus privilegios: ¿el liberal se aprovecha de algún privilegio regulatorio que detenten universidades y televisiones públicas? En España no están prohibidas ni las televisiones ni las universidades privadas. Tampoco las televisiones o universidades públicas se han constituido para uso exclusivo de los liberales. Por tanto, por participar en ellas no se hace uso de ningún privilegio: la presencia no-liberal en ambas es infinitamente superior a la liberal, lo que prueba que el liberal no se aprovecha de ningún trato de favor del Estado.

Por consiguiente, bajo estas condiciones y siempre que el liberal siga defendiendo la supresión de ese organismo público, no debería observarse ninguna profunda incoherencia en que un liberal colabore con él. Pero, sin ninguna duda, que un liberal cobre del Estado resulta un asunto harto espinoso. Si los impuestos son dinero robado, ¿no está el liberal tomando parte del botín cuando cobra del Estado? ¿Puede un liberal lucrarse del sector público?

El criterio fuerte: el saldo fiscal con el Estado

Lo primero de todo es aclarar a qué nos referimos cuando se dice que un liberal se lucra del sector público (o incluso que “vive del” Estado). Todo ciudadano, también los liberales, paga una determinada suma de dinero de impuestos y recibe unos determinados servicios del Estado: la diferencia entre ambas magnitudes es su saldo o balanza fiscal individual. Así, si su balanza fiscal es negativa (el valor de todos los impuestos pagados supera el valor de todos los servicios estatales recibidos), ¿puede decirse que ese ciudadano se lucre del Estado? Evidentemente no: ese ciudadano no sería un beneficiario neto de su relación con el Estado sino un perjudicado neto.

La cuestión, entonces, pasa a ser: sin perjuicio de sus principios liberales (ejecutar acciones antiliberales o aprovecharse de privilegios estatales), ¿puede un liberal tratar de reducir su saldo fiscal negativo con el Estado cobrando rentas monetarias o en especie del Estado? Muchos se escandalizan con semejante pregunta, por cuanto optan por observar sólo un lado de la relación liberal-Estado (en concreto, el de los cobros que el liberal recibe del Estado), obviando por entero el otro lado (el de los pagos que el liberal efectúa al Estado). A mi entender, los siguientes cuatro casos son perfectamente asimilables: 

1º Supongamos que el Estado aprueba una nueva deducción en el IRPF por cada hijo que tenga el declarante. Si un ciudadano se acoge a ella, ¿podríamos decir que no paga impuestos o que incluso vive del Estado? No, diríamos que paga menos impuestos y que el Estado le quita un menor porcentaje de su renta.

2º Supongamos que el Estado le arrebata mensualmente a un liberal un 40% de su salario y, a cambio de ello, el ciudadano puede optar dentro de 35 años por cobrar una pensión pagada por el Estado que no llega a cubrir la totalidad de todo lo que se le quitó. Remarco que el ciudadano tiene la opción (pero no la obligación) de percibirla. Si finalmente escoge cobrarla, ¿podríamos decir que ese ciudadano está viviendo del Estado o que sólo está recuperando lo que previamente le arrebataron? Más bien la segunda opción.

3º Supongamos que una familia paga 60.000 euros anuales en impuestos y que sus hijos consiguen una beca estatal de 3.000 euros. ¿Diríamos que esa familia se lucra del Estado? En realidad, está recuperando un 5% de los impuestos que ha abonado. Desde luego, mucha gente puede pensar que esos 3.000 euros que recupera no proceden de los 60.000 euros que previamente les han arrebatado, sino de los impuestos abonados por otros ciudadanos. Pero el dinero es un bien fungible, es decir, un bien no identificable por su individualidad: una vez pagados los impuestos, es imposible conocer qué saldos concretos de la administración pública pertenecen a qué ciudadanos. Lo único que podemos saber es cuántos impuestos le ha pagado cada uno al Estado: y, en este sentido, ser receptor de gasto público es una forma equivalente a las deducciones fiscales de reducir la carga tributaria (siempre, insisto, que se paguen más impuestos del gasto público percibido).

4º Una buena analogía con lo anterior es plantearse qué sucede en la más celebérrima de las formas de presunta explotación: la explotación del capital sobre el trabajo denunciada por Marx. Según el alemán, el capitalista explota al trabajador cuando no le remunera plenamente su jornada laboral: es decir, cuando el precio de venta de las mercancías que han producido los trabajadores superan los salarios abonados a los trabajadores que directa o indirectamente las han fabricado. ¿Deberíamos decir en tal caso que el trabajador “vive del capitalista” por percibir un salario? No creo que ningún marxista concluyera tal cosa: desde su óptica, el salario es sólo aquella parte de la producción del trabajador que retiene el trabajador (que no le arrebata el capitalista). Si el trabajador logra una subida salarial, ¿significa que está incrementando su tasa de explotación sobre el capitalista? No, según Marx la estaría reduciendo. Si un liberal denuncia los impuestos como una forma de explotación, ¿acogerse a más deducciones o percibir gasto público es una forma de explotar a los demás o de reducir la explotación propia?

En definitiva, no veo incoherencia alguna en que un liberal cobre del Estado menos de lo que paga al Estado: ese debería ser un criterio fuerte de que no se está lucrando del Estado. En caso contrario, estaríamos equiparando coherencia liberal con maximizar los impuestos pagados al Estado: algo que no parece demasiado coherente (ni inteligente) desde un punto de vista liberal.

Dado que mi relación con el Estado es marcadamente deficitaria para mí y dado que sigo defendiendo el cierre/privatización de todos los organismos públicos con los que he colaborado, podría detenerme aquí si mi propósito fuera tratar mi caso personal. Pero como quiero reflexionar de manera general sobre el asunto, demos un paso más allá: ¿pueden los liberales coherentemente recibir más gasto público de los impuestos que abonan? ¿Se están lucrando del sector público en tal caso? El caso paradigmático sería el del liberal que se convierte en funcionario y sólo en funcionario (su única fuente de renta son los salarios públicos que proceden de los impuestos ajenos). Aquí es cuando habría que utilizar el criterio débil.

El criterio débil: el precio de mercado

Entiendo perfectamente que ésta es la zona más gris dentro de la posible incoherencia de un liberal: si los impuestos son un robo, recibir transferencias netas del resto de contribuyentes debería ser equivalente a robarles. Me parece una postura perfectamente defendible dentro del liberalismo, pero me gustaría complementarla con otra en principio igualmente válida.

Los impuestos no se perciben como coactivos por parte de todos los ciudadanos. Ni siquiera, por desgracia, por un gran número de ellos.La mayoría de las personas paga gustosamente impuestos al Estado a cambio de que éste le preste ciertos servicios. Si los impuestos son objetivamente coactivos no es porque nadie los pague de manera voluntaria, sino porque algunos —por ejemplo, los liberales— preferiríamos no pagarlos a cambio de, por supuesto, no recibir servicios estatales. Sin embargo, los liberales no disfrutamos de esta opción: hemos de pagarlos obligatoriamente.

En este sentido, el mensaje liberal es doble: ante todo, los liberales reclaman el derecho de que cualquier ciudadano puedan individualmente desprenderse o separarse del Estado (o de la mayor parte de los servicios que hoy presta). Por añadidura, los liberales también proclaman que la inmensa mayoría de ciudadanos, sin ser consciente de ello, sale perjudicada con el Estado. Pero, en general, la inmensa mayoría de la sociedad acepta el statu quo (por eso el statu quo puede mantenerse): es decir, acepta que el Estado goza de autoridad política para cobrarles impuestos y gastar esos impuestos.

En este sentido, un liberal que trabaje exclusivamente para el Estado percibe un salario que para la gran mayoría de la población no es ilegítimo: un salario que la gran mayoría de la población entiende como una parte de los servicios que acepta que el Estado le preste. ¿Puede decirse que el liberal coaccione a esa mayoría de la población que legitima al Estado y a su sistema tributario? No: el liberal podrá pensar que esas personas se están equivocando al legitimar el Estado, e intentará convencerlas de lo contrario, pero sobre esas personas no estará ejerciendo coacción alguna por cobrar una parte de sus impuestos.

Justamente, a quien podría entenderse que está “robando” o “coaccionando” el liberal que cobra netamente del Estado es a los liberales que contribuyen netamente con el Estado: es decir, a todos aquellos que querrían pagar menos impuestos a cambio de recibir menos servicios del Estado. Pero en muchos casos esos mismos liberales que son contribuyentes netos aceptarán que parte de sus impuestos vaya a parar a la contratación de un liberal siempre que ese liberal utilice su posición para promover las ideas liberales, para reducir el nivel de coacción del Estado o para bajar impuestos (sobre todo, si la alternativa a su contratación no es bajar los impuestos, sino gastarlos en otras actividades). Por supuesto, no todos los liberales verán con buenos ojos que el Estado use sus impuestos en contratar a un liberal, pero no olvidemos que los liberales contratados por el Estado también pagan impuestos y que la mordida tributaria que sufren sobre sus remuneraciones bien podría compensar con creces la porción de impuestos pagados por los liberales descontentos que integraban su salario (sobre todo, cuando el porcentaje de “liberales descontentos” sobre el conjunto de la población es tan reducido).

Por consiguiente, mientras la inmensa mayoría de la población acepte la legitimidad del Estado y del pago de impuestos; mientras muchos liberales acepten que sus impuestos se destinen a sufragar gastos que contribuyan marginalmente a reducir el peso del Estado; y mientras los liberales contratados por la Administración paguen cuantiosos impuestos, resulta bastante discutible que, incluso cuando la única fuente de renta de un liberal sea su empleo público, éste esté recibiendo netamente transferencias coactivas del resto de ciudadanos.

Eso no significa, por sí solo, que el liberal no se esté lucrando del sector público. Si los ciudadanos aceptaran por desconocimiento o por mero Síndrome de Estocolmo que el Estado preste un servicio pagando precios absolutamente descabellados a sus proveedores, entonces sí podría decirse que esos proveedores están capturando rentas y aprovechándose de los ciudadanos. Y si el liberal fuera uno de ellos evidentemente también. Para conocer si los precios que paga el Estado por la provisión de sus servicios son “absolutamente descabellados” o no, habrá que atender a los precios de mercado de servicios análogos: si la diferencia entre uno y otro no es muy grande y si el servicio público es uno que convalidan buena parte de los ciudadanos (y no una canonjía creada ad hoc para el liberal), entonces difícilmente podrá hablarse de lucro. Omitir este criterio débil de determinación del lucro debería llevarnos a considerar que un profesor universitario de la pública que cobre la mitad del salario mínimo por hora y que no obtenga ninguna renta del sector privado se estaría “lucrando” del Estado, cuando obviamente no parece ser el caso.

Bajo este segundo criterio débil, pues, los liberales que prestaran servicios no antiliberales a través del Estado no se estarían lucrando, lo cual no significa que el mantenimiento de su puesto de trabajo dentro del sector público esté justificado: tan sólo que no hay un aprovechamiento personal del Estado en contra de sus principios.

Conclusión

Los liberales que presten servicios a través del Estado que no tengan un contenido antiliberal, sin usar los privilegios regulatorios en perjuicio de terceros y sin percibir más rentas del Estado de las que pagan al Estado no parece que puedan ser calificados de incoherentes. Los liberales que, en cambio, cobren más del Estado de lo que pagan se hallan en una situación más cuestionable, pero en tanto en cuanto presten servicios justificados por la mayoría de los contribuyentes y no perciban rentas absurdamente por encima de las que podría estar logrando en el mercado por actividades análogas, tampoco cabría entender que son incoherentes.

En suma: lo que el liberal jamás puede hacer es promover el crecimiento del Estado u obstaculizar la reducción del mismo en beneficio propio. Interactuar con el Estado realmente existente sin dejar de defender su continua reducción parece ser la vara de medir exigible y razonable de su coherencia.

Inmigración (XIV): Descentralización de Canadá

"La escasez laboral va a ser el único gran impedimento para el crecimiento económico en Alberta en el futuro próximo… no podremos aliviar nuestras necesidades de mano de obra sin recurrir a la inmigración". Ben Brunnen.

"Si la gente está preocupada por la carga que suponen los inmigrantes en el Estado del bienestar, la solución no está en prevenirles que vengan sino en decirles que no pueden acceder al mismo". Alexander Tabarrok.

"Creemos que no hay país en el mundo que pueda beneficiarse más económicamente de la diversidad que Canadá…Vamos a tener una ventaja incomparable". Gordon M. Nixon.

"Tener una fuerza de trabajo global nos ayuda a crear productos que sirven al mercado global". John Baker (CEO de Desire2Learn).

Canadá es el segundo país más extenso del mundo después de Rusia. También es el más septentrional y, por tanto, con inviernos largos y duros para los no acostumbrados a ellos. Está entre las naciones con mayor renta per capita (42.500 USD). Su dinámico sector exportador ha contado con dos catalizadores esenciales: la potente y cercana economía de los EE UU y sus numerosos trabajadores provenientes de distintas latitudes (más del 21% de su actual población es ya nacida en el extranjero).

Es un caso singular de entre los países desarrollados ya que buena parte de su población y sus representantes políticos son favorables a la constante entrada de inmigrantes en su territorio. Su composición poblacional en muy distintos grupos étnico-raciales es una constante desde su fundación. Constatar su diversidad actual y la integración de sus inmigrantes es estimulante.

Los cálculos más recientes de la población de Canadá indican que ésta ha sobrepasado los 35 millones de habitantes. Sin embargo es un país con una densidad que apenas alcanza los 3,5 habitantes por Kmt2, una de las más bajas del planeta junto a Australia, Namibia o Islandia.

El experimento de Manitoba

La localidad de Steinbach, situada en la provincia de Manitoba, era hace un par de décadas un pequeño pueblo con escasa actividad económica. Contaba con una población menguante por lo que muchos puestos de trabajo quedaban sin cubrirse. Sus habitantes eran bastante religiosos ("tenemos más iglesias que semáforos", solían decir los lugareños) y llegaron incluso a convocar un referéndum local por el que se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en lugares públicos. La gente joven de Steinbach solía abandonar su localidad para procurarse mejores oportunidades laborales en Calgary o en la más cercana Winnipeg. Steinbach corría el riesgo muy serio de convertirse en un lugar despoblado.

Québec fue hasta finales del siglo XX la única provincia canadiense que había asumido competencias propias en materia de inmigración. Pues bien, en 1998 el gobierno central acordó dar atribuciones a las autoridades de Manitoba para gestionar directamente los asuntos de inmigración. Éstas introdujeron programas específicos para inmigrantes más flexibles y acogedores que en otros estados (incluida la propia Québec) y dieron también participación a otras instituciones locales. En concreto, los funcionarios de la cámara de comercio de Steinbach se interesaron y atendieron las necesidades de los empresarios/empleadores locales, cercanos y próximos a ellos.

La ciudad se fue repoblando rápidamente de trabajadores residentes extranjeros, mayormente alemanes, rusos, latinos y filipinos. A resultas de ello, Steinbach creció y se revitalizó. En muy poco tiempo se ha convertido por méritos propios en la tercera ciudad en importancia de la provincia de Manitoba. Por supuesto, las bebidas alcohólicas han vuelto a servirse en sus restaurantes y tiendas.

La inmigración depende a la vez del gobierno y de las provincias

La experiencia de Manitoba fomentó que la Federación canadiense siguiese repartiendo poderes entre el gobierno federal y las provincias en materia de inmigración, tal y como reconoce su Constitución. Es uno de los pocos países en tener ya totalmente descentralizada dicha facultad. Actualmente se otorgan en total más de 200.000 visados nuevos al año por motivos de trabajo, de los cuales en torno a un 40% corresponde gestionar al gobierno federal y el 60% restante es administrado en exclusiva por las provincias que se lo reparten por cuotas en función de la población de cada una de ellas.

Cada provincia da prioridad en sus respectivos programas de inmigración a lo que sus gobernantes locales consideran que es mejor para su territorio. La competencia entre unidades administrativas por captar capital humano extranjero se ha puesto en marcha. Unos dan más importancia al conocimiento del idioma (i.e. Quebec), otros a la formación o cualificación del candidato y, los más, a las necesidades económicas reales o empresariales de su zona. Con ello se evita tratar la economía de Canadá como un todo monolítico. No es un sistema perfecto pero impide que unos pocos y distantes burócratas federales puedan decidir y planificar centralmente sobre las necesidades de mano de obra de todos rincones del país.

La única cortapisa que tienen las provincias es el número máximo de inmigrantes que pueden acoger al año, pero al menos los criterios se fijan por cada gobierno local. Los funcionarios federales de Ottawa nada tienen que decir sobre los programas o procedimientos de selección usados por las administraciones locales para traerlos a su respectivo territorio, limitándose únicamente a llevar a cabo los controles de seguridad y sanitarios básicos de los extranjeros seleccionados previamente por cada provincia.

Hubo inicialmente críticos de este sistema descentralizado de aceptación de inmigrantes porque pensaban que las provincias podían ser utilizadas como coladeros para que, en fraude de ley, sirviesen de plataforma para entrar luego a otras partes del país. Pues bien, las estadísticas oficiales desmienten este temor: desde 2006 sólo el 11% de los inmigrantes que entraron por programas provinciales se encuentran trabajando en otras provincias.

Es interesante constatar cómo sus representantes locales, al rivalizar entre sí por captar trabajadores del exterior, se han vuelto mucho más proclives hacia la inmigración. Algunos de ellos hacen lobby para aumentar su cuota respectiva o incluso para que se elimine completamente. Se confrontan aquí dos intereses: el de las provincias y otros entes locales, que tienen un interés natural por la economía de su región (son tendentes, por tanto, a ser más flexibles en la entrada de inmigrantes) y el del gobierno federal, que tiene un interés por la "seguridad" nacional (por lo que suele ser más restrictivo en materia de inmigración). Dichos poderes se contrarrestan siendo este sistema el más acorde con un verdadero espíritu federalista, ausente en la mayoría de los países en este asunto (incluido los EE UU).

Eso sí, el otorgamiento de la residencia permanente, el estatuto de refugiado/asilado y la nacionalidad son concedidos en exclusiva por el gobierno federal a través de su Departamento de Ciudadanía e Inmigración (CIC). El control exterior de las fronteras es llevado a cabo también centralmente por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.

Doblar la apuesta

Pese a lo anterior, se padece aún escasez de población en edad laboral. La sufren con especial intensidad las provincias de Alberta y Saskatchewan en donde la insuficiencia de mano de obra en las explotaciones respectivas de las arenas bituminosas o en las minas de potasio se ha convertido ya en un asunto nacional. También las provincias del Oeste padecen carestía similar en otros sectores. Supone un freno evidente para el crecimiento potencial del país.

Si en los años 70 había 6,6 trabajadores en activo por pensionista, actualmente hay 4,2 y para dentro de un par de décadas, si la tendencia continúa como hasta ahora, el ratio será de 2,3 personas activas por jubilado. Se camina lentamente pero sin pausa hacia un suicidio demográfico a no ser que repentinamente Canadá aumente su propia tasa de natalidad (es improbable un baby boom) o bien se aplique en todas partes las mismas medidas introducidas en Steinbach hace una década: incrementar drásticamente los niveles de inmigración.

Un estudio de la Conference Board of Canada prevé que de aquí a diez años un millón de empleos se quedarán sin cubrir. El crecimiento actual de su población depende ya en mayor proporción de la inmigración. Es uno de los países con mayor índice de inmigrantes per cápita del mundo pero el sistema planteado incluso hoy es insuficiente. Desde hace una década entran anualmente una media de 250.000 inmigrantes en Canadá (incluidos a todos: los que lo son por razones económicas, los refugiados y los de reagrupación familiar). Pese a haber cambiado su composición por país de origen – en los años 70 la mayor parte de los inmigrantes eran de procedencia estadounidense, británica y europea, mientras hoy la mayoría procede de Asia (Filipinas, India y China)- su número total no llega a cubrir las necesidades del país.

La llegada de unos 250.000 inmigrantes supone que su población extranjera apenas aumenta anualmente la población total en más allá del 0,7%. Las políticas migratorias canadienses se han atascado incomprensiblemente en ese tope. Son incapaces de cuestionarlo. Los consabidos (y cansinos) temores nativistas están tomando peso en los debates nacionales, aunque afortunadamente suelen ser contrarrestados con argumentos consistentes en los medios de comunicación.

Tengamos en cuenta que desde 1903 a 1913 los niveles de inmigración no bajaron nunca en Canadá del 2% de su población. Es más, justo en los dos años anteriores a la Primera Guerra Mundial entraron casi 500.000 inmigrantes (el 6,4% de su población de entonces).

Algunos analistas piensan que lo mejor sería llegar casi al doble de la tasa actual, es decir, a unos 400.000 inmigrantes al año. Es la recomendación en todo caso del Royal Bank of Canada, del grupo de analistas económicos Conference Board of Canada y, desde hace más tiempo, del think tank radicado en Alberta, Canada West Foundation.

En los próximos quince años Canadá puede convertirse en un "Tigre del Norte" sólo si se tiene la determinación de llegar a los anteriores niveles de inmigración. De lo contrario, si los políticos actuales se vuelven complacientes con el statu quo, se seguirá padeciendo escasez de mano de obra y se correrá el riesgo de entrar en cierto estancamiento de su nivel de vida.

Así de desafiante y exigente es la dinámica globalización de nuestros días. Esta es una de las muchas razones por la que tiene tantos detractores.


Este comentario es parte de una serie acerca de los beneficios de la libertad de inmigración. Para una lectura completa de la serie, ver también I,  IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII y XIII.

Los españoles suspenden en cultura financiera

Escándalos como el de las participaciones preferentes o las hipotecas subprime han puesto de relevancia el discreto nivel de educación financiera de la población española. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha estudiado esta cuestión con un informe orientado a fomentar un papel responsable, activo y crítico por parte de la ciudadanía de nuestro país.

El cuestionario, elaborado en 2013, fue respondido por un 58% de hombres y un 42% de mujeres. Según franja de edades, un 31,6% tenía entre 25 y 45 años, un 31,4% entre 45 y 65 años, un 25,8% más de 65 años y un 11,2% entre 18 y 25 años.

De acuerdo con los consultados, un 65% opina que la educación financiera es "muy importante", mientras que un 33% la considera "importante" y solamente un 3% entiende que esta cuestión es "poco o nada importante". Sin embargo, cuando se pregunta a los encuestados qué nivel de cultura financiera creen que tienen, un 38% entiende que su formación es "baja", un 46% la califica como "media" y solamente un 16% la define como "alta".

Un 85% del total confiesa que le gustaría "mejorar su cultura financiera", con la pretensión de evitar fraudes como principal preocupación, muy por encima de aspectos como "obtener mayor rentabilidad" o "asesorar a familiares". ¿Qué método de aprendizaje prefieren los encuestados? Un 59% opta por "charlas y talleres profesionales", un 20% aboga por "leer libros y manuales" y un 4% se queda con las “charlas de entidades financieras” como fuente preferida.

Eso sí, el tiempo que los españoles están dispuestos a dedicar a esta cuestión no es muy elevado. Un 80% asegura que no invertiría más de 40 horas en este tipo de actividades, mientras que solamente el 20% se colocaría por encima de esta franja.

¿A quién culpan los ciudadanos?

De acuerdo con el cuestionario de ADICAE, el 30% de los encuestados opina que las entidades financieras son responsables del déficit de cultura financiera de algunos consumidores. Sin embargo, el sector público centra las quejas de la ciudadanía, ya que un 51% culpa a organismos reguladores y planes educativos.

La autocrítica no es precisamente elevada: solamente el 18% elige a los propios consumidores como responsables. Y ello, pese a que el 73% apunta que "ha firmado alguna vez un contrato financiero teniendo la sensación de no saber exactamente lo que estipulaba". Por otro lado, un 48% apunta que "no entiende la información que le envía el banco a casa".

Con todo, el comercial bancario sigue siendo el asesor de referenciade los consultados: un 34% lo menciona como su primera fuente, frente al 30% que cita a "personas próximas", el 19% que habla de "asociaciones de consumidores"; y el 17% que acude a internet".

La confianza en los comerciales bancarios es especialmente elevada, teniendo en cuenta que un 92% cree que la falta de cultura financiera beneficia a las entidades y que apenas el 33% considera que la información que proporcionan sirve para aclarar las dudas.

¿Son terroristas los defraudadores fiscales?

¡Qué verano agonizante! Keira Knightley ha posado en cueros para Interview, que muestra en blanco y negro su figura estilizada, apenas remarcada por un busto escueto. Claire Cohen, de The Telegraph, la ha cubierto en elogios. Es, nos dice, un desnudo “feminista” por sus “pechos menos voluminosos”; el culo y las témporas por fin juntos. El feminismo de Clare abomina de la mujer como objeto de belleza, especialmente si se expone a su explotación comercial. Pero ¿qué tiene que ver eso con la sucinta figura de Knightley? Pero las modelos de la moda, epítome de la belleza femenina al servicio del mercado, quedarían expulsadas a los paddok de la Fórmula 1 con una talla más generosa, y lo viene a reconocer en su entusiasta y fallido artículo. Al final dice que gracias a sus medidas, ella es el producto comercial, con lo cual tampoco hemos avanzado mucho en su recatado feminismo. Claro, que para celebrar la naturalidad cuando tan de moda está la realidad aumentada tampoco hace falta ser feminista.

En este mismo capítulo de ideologías fallidas está nuestro Luis Tosar. Tiene la cara de mala leche más acrisolada del cine español. La tenía ya antes de que Hacienda repasase sus cuentas a ver si el robo se ajustaba a la ley o no. No vamos a prejuzgar nada. Aunque Montoro había hecho una acusación generalizada con el gremio: “Alguno de nuestros famosos actores no paga impuestos en España”. “Dicho y hecho”, ha declarado Tosar. 

Hombre, hombre. Tosar. Pues claro. Tú crees que podemos. Que el Estado debe controlarnos a todos, robarnos más aún, repartir las migajas, y llamas a eso justicia. Solidaridad. Montoro es un aprendiz de brujo al lado de lo que pides. La política fiscal de Podemos es los Jemeres Rojos en la Agencia Tributaria. Montoro hace política. Persigue a los críticos con el Gobierno. ¿No quieres política? Toma dos tazas. 

En esta confusión finicanicular, en este crepúsculo veraniego, nos preparamos para un curso político apasionante, con una España roja y rota, y Cañete colocado en Europa.