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Leyes, voluntad y poder

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Los contenidos de las leyes y su cumplimiento dependen de la voluntad y el poder de los individuos y los grupos en un entorno social. La conducta humana está regulada mediante leyes generadas y gestionadas por los propios seres humanos; algunas de sus acciones pueden tener como objetivo intencional o como consecuencia imprevista la determinación del contenido de las reglas sociales; los agentes eligen si respetan las reglas o no, y eligen cómo reaccionar frente a los incumplimientos ajenos, si ignorándolos o denunciándolos e intentando reprimirlos.

Como a la voluntad no le gusta verse restringida u obligada y suele gustarle controlar otras voluntades, los individuos pueden incumplir las leyes, exigir que otros las cumplan o no, e intentar cambiarlas para que reflejen sus propios intereses.

Las leyes son límites o barreras a la conducta: son mecanismos de control que delimitan el ámbito de acción de la voluntad, marcan ciertos terrenos como prohibidos, otros como obligatorios, y otros como opcionales. Las normas prohíben cosas que alguien querría hacer, y obligan a cosas que alguien no quiere hacer: no tiene mucho sentido prohibir lo que nadie desea hacer u obligar a lo que todos hacen voluntariamente.

Las leyes son entidades culturales, ideas producidas, modificadas, aceptadas o rechazadas por los seres humanos: se encuentran en sus mentes y en otras memorias externas (tablas, libros, soportes informáticos). Algunas reglas se consolidan como tradiciones o costumbres cuyo origen quizás se desconoce; otras se atribuyen a héroes de leyenda, a personajes míticos o a la voluntad de dioses imaginarios, probablemente para resaltar su importancia o el poder subyacente a las mismas.

Las leyes vigentes reflejan equilibrios de poderes entre individuos y grupos que pueden ser aliados cooperadores o enemigos competidores. Las normas son las que son, y no otras, y se cumplen o no, como resultado de la interacción de múltiples agentes con distintas capacidades y preferencias: unas personas convencen a otras de la conveniencia de seguir ciertas reglas; los poderosos, bien organizados, pueden expresar su dominio sobre los débiles mediante órdenes concretas o mandatos más genéricos; los colectivos votan qué leyes regulan su convivencia; los legisladores promulgan normas; los agentes pactan reglas mediante contratos.

Los seres humanos actúan con lo que tienen para conseguir lo que quieren: usan su poder, su capacidad de acción, para alcanzar los objetivos deseados. En las relaciones con los demás el poder tiene diversas formas: fuerza (violencia para atacar y dañar o para defender y proteger), riqueza (control sobre bienes y servicios valiosos para regalar, compartir o intercambiar), persuasión (lenguaje y argumentación racional o retórica emocional para influir y convencer), estatus (prestigio, reputación, autoridad, servir como referencia para otros), belleza (atractivo físico o de otro tipo) e inteligencia social para saber cómo usar y organizar todos estos medios y gestionar las interacciones sociales.

Los individuos y grupos con más poder (fuerza, riqueza, capacidad de persuasión, estatus, atractivo e inteligencia social) tienen más influencia sobre los contenidos de las leyes y la gestión de su cumplimiento. Los poderosos inteligentes no suelen usar solamente la violencia para imponerse: también entregan riqueza a sus aliados o compran la voluntad de las masas (pan y circo), y recurren a la persuasión y a la manipulación, intentan presentarse como justos y legítimos según algún criterio moral o ético selectivo.

El hecho de que las normas no sean iguales para todos y que beneficien a unos a costa de otros puede reflejar diferencias de poder en la sociedad. Las leyes pueden servir como defensas protectoras contra las agresiones de otros, pero también pueden utilizarse como armas de ataque, como restricciones para oprimir, parasitar o esclavizar a otros.

Los contenidos de las leyes y sus sistemas de supervisión son realidades diferentes: una cosa es lo que se declara que se debe hacer, y otra cosa distinta es lo que efectivamente se exige que se haga. Algunas culturas tienen pocas leyes pero son muy estrictas con su cumplimiento; otras tienen muchas leyes pero su cumplimiento es laxo.

Algunas normas están internalizadas en la mente de las personas (seguramente tras algún proceso de enseñanza, socialización o adoctrinamiento), de modo que las sienten íntimamente como suyas, les repugna o ni se plantean violar una determinada ley, saltarse una prohibición, incumplir una obligación (y quizás les indigna que otros lo hagan). Otras reglas están acompañadas de incentivos externos como premios o castigos, que requieren algún sistema social de vigilancia y supervisión de la conducta (testigos, policía, justicia) y algún poder para entregar premios o aplicar castigos: estos sistemas son imperfectos, y el agente puede tener en cuenta su capacidad para esquivarlos y no ser descubierto o penalizado.

Los sistemas sociales de control del comportamiento requieren algún tipo de poder: medios para la vigilancia; riqueza para entregar como recompensa; fuerza para capturar y castigar al infractor; persuasión para convencer a otros de la justicia y conveniencia de un veredicto, y si es necesario conseguir que participen en el mismo (boicoteo, exclusión, repudio, ostracismo).

Las sociedades complejas suelen tener especialistas para estas tareas (gobernantes, legisladores, jueces, policías), que pueden actuar como monopolios o en competencia, y de forma centralizada o descentralizada: los ciudadanos pueden ser más o menos activos en estas funciones.

Los sistemas de producción, vigilancia y control de las leyes pueden ser más o menos competentes y eficientes y estar o no corrompidos: las leyes pueden servir para la convivencia armoniosa y la gestión de lo común o para la promoción de intereses de grupos de presión (que pueden ser los propios gobernantes y sus burócratas). La supervisión de la ley es imperfecta: puede ser muy problemático saber quién ha hecho qué y cómo asignar méritos o responsabilidades.

El infractor de una ley que es descubierto y denunciado puede reconocer su falta, avergonzarse, pedir perdón y ofrecer alguna compensación o restitución: pero también puede negarlo todo, ofenderse, presentarse como víctima o incluso amenazar a los denunciantes.

Algunos individuos insisten en obedecer las normas sin importar las consecuencias (deontología), mientras que otros valoran las normas y su cumplimiento según sus resultados, para ellos (probabilidad de ser descubierto y condenado, intensidad del castigo) o para la sociedad (utilitarismo individual o colectivo). Algunas personas insisten en que la ley es la ley y no hay más que hablar, mientras que otros se plantean por qué esa ley y no otra, o qué la fundamenta, legitima o justifica. El cumplimiento estricto y riguroso de la ley hace a las personas más predecibles y fiables, de modo que puede servir como señal y garantía de lealtad en la cooperación: pero esa ley puede tener aspectos nocivos y su acatamiento entonces causa daños a algunos.

Aunque es posible elegir las leyes, no es posible escoger las consecuencias de intentar cumplir y hacer cumplir esas leyes: las diferentes normas funcionan o no, tienen distintos resultados económicos y sociales; algunas fomentan la armonía y el desarrollo (liberalismo), otras provocan conflictividad y pobreza (socialismo, comunismo, estatismo).

El ámbito del razonamiento ético y moral puede servir para argumentar contra la opresión de los poderosos, para resistirse a su persuasión manipuladora: ellos imponen la ley, pero no deciden acerca de cuestiones de justicia o legitimidad sobre las cuales en principio no tienen control. Sin embargo qué criterio se utiliza para definir la justicia (igualdad ante la ley, igualdad mediante la ley, desigualdad ante la ley por algún motivo) depende de la cultura de un grupo, de cómo se eduque o adoctrine a los ciudadanos: y los poderosos pueden utilizar la capacidad de persuasión propia o de otros a su servicio para controlar el pensamiento y el discurso moral.

Los poderosos mandan, legislan y deciden qué es lo que se considera correcto, bueno, permitido, y qué se considera incorrecto, malo, prohibido: might makes right. Pero también es posible que el hacer lo justo, lo ético, lo moral, sea fuente de poder al conseguir un estatus elevado: right makes might.

Reality bites, o los trocitos de crecimiento

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

En pleno agosto, a bocajarro, publica el diario El País una estupenda entrevista con el economista estadounidense Tyler Cowen, quien afirma que Estados Unidos y Europa solamente se dedican a "agarrar trocitos de crecimiento", que nos olvidemos de ese crecer como si no hubiera mañana. Y me ha recordado al título de la exitosa película, la primera dirigida por Ben Stiller, antes de que se convirtiera en el peor actor del siglo, Reality bites (1994). Los trocitos de crecimiento que seremos capaces de agarrar dependen de las medidas de política económica que apliquemos y, por supuesto, de lo que pase con el resto de la manada de países occidentales convalecientes de la crisis del 2007 y la recesión posterior.

El crecimiento "apagado"

En ese sentido, la agencia Moody’s, amada u odiada en función de las calificaciones, como si fuera una profesora en una clase de niñatos, habla de que la economía global mejora pero a ritmo lento, poco a poco, como renqueando. Que está muy bien, pero no es la recuperación que algunos pretenden hacernos creer. Y, pensándolo bien, atendiendo a las palabras de los ministros, a veces pienso que las exageraciones en este tema provienen de quien quiere derrotar a una persona o a un ministerio (dentro o fuera del partido). Al exagerar la nota podrán señalar con el dedo con fuerza cuando a la recuperación le tiemblen las piernas.

Pero no es el caso de Moody’s. La agencia habla de la economía global, se trata de una agregación, es decir, de un engaño oficial, lícito, aceptado, enseñado en las universidades, proclamado en los periódicos y engullido por los lectores: la economía global va bien, ya podemos dormir tranquilos.

Y es un engaño del tamaño de la frase "Todo va a salir bien" en boca del Bruce Willis de turno frente a la congelación del planeta, la aparición de Godzilla o el Apocalipsis.

¿Qué quiere decir que la economía global crece lentamente? ¿En qué medida ese crecimiento apagado es significativo para usted o para mí? Que el conjunto de los países de la OCDE (o de más aún) sea del 2,8% anual o del 2,5% anual no significa que los españoles vayamos a emprender, que el Gobierno vaya a dejar de jugar con nuestras expectativas, que se vayan a colocar adecuadamente los incentivos para que se genere riqueza y, como dice Tyler Cowen en su entrevista, se mejoren las capas menos favorecidas sin meter el hacha a los que ganan más. No por nada, es que no es necesario. Lo que sí es imprescindible es acabar con los privilegios. Y eso no está computado en el índice que maneja Moody’s.

Por otro lado, ese matiz que marca el crecimiento como débil (o apagado) es importante, porque muestra que, ante una crisis de uno de los países de apoyo de nuestras economías occidentales convalecientes, el dominó puede movilizarse de nuevo y ya sabemos que no son predecibles ni el final ni el alcance.

El tamaño importa, el cómo determina

Y la cuestión es que los temblores económicos debidos a la depreciación de las divisas de los países emergentes, los temores ante las medidas de Putin que perjudicarían tanto las exportaciones españolas, o la fragilidad de la recuperación italiana, son como espadas de Damocles que oscilan sobre nuestras cabezas amenazando con caernos encima en cualquier momento.

No puede ser más acertado el diagnostico de Tyler Cowen: resulta que nos endeudamos y gastamos como si creciéramos al 3% pero no era un crecimiento real. Y ahora nos vemos en la penosa tarea de deshacer el entuerto y emprender políticas que nos permitan reanudar una actividad económica saludable. Cowen calcula que la pérdida de poder adquisitivo de los estadounidenses ha sido entre un 5 y un 10% y cree que en los próximos 10-15 años seguirá empeorando la cosa. El panorama que pinta no es, sin embargo, terrible, sino que nos muestra que la salida nos llevará a una forma de vida diferente. Y eso puede no ser malo. Eso sí, requiere, en mi opinión, un cambio de mentalidad que no sé si se da en Estados Unidos, pero que me consta que no se está produciendo en España. Seguimos atrapados en ese bucle gasto-deuda erigido sobre un crecimiento potencial que se puede dar o no, porque nadie se fía de los datos.

Así que si queremos que los trocitos de crecimiento sean grandes, hemos de observar escrupulosamente el cómo crecemos, no basándonos en estímulos electoralistas, sino en la creación de incentivos para los que generan riqueza de manera que en vez de cortar la cabeza a quien tenga más, aseguremos un futuro venturoso a quienes no tienen. Esos incentivos pasan por dejar de empobrecer a la clase media, quitar piedras del camino (fiscal) a las empresas que han de crear empleos, y favorecer que quienes tomaron malas decisiones asuman su responsabilidad tanto económica como política (empecemos por las cajas y la banca privada). Pero claro… la realidad es que muchos de quienes están en el tablero político caerían. Esos reality bites en España no van a permitirnos crecer en trozos, sino en migajas, y lo peor, es que mientras les permitan ganar elecciones, nos seguirán engañando. Y tan contentos.

Todos los españoles deberían pagar un IRPF del 55,5% para financiar la “renta básica” de Podemos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cómo financiar la Renta Básica Universal (RBU) de 6.000 euros al año por adulto y 1.000 euros por menor que propone Podemos? Su coste neto es estimado por los propios economistas de Podemos en 145.000 millones de euros.

Vamos a usar como base los datos desagregados de IRPF del año 2010 (previos a los sablazos fiscales de Zapatero y Rajoy) por ser los últimos disponibles (que sean previos al sablazo fiscal es un supuesto que beneficia a los defensores de la RBU).

En 2010, el IRPF se distribuía tal que así (para calcular la cuota media en IRPF tomamos el tramo medio de la base imponible, es decir, el punto intermedio entre los extremos del intervalo: la hipótesis es pertinente ya que la recaudación final del IRPF coincide con la real).  

Si queremos financiar la renta básica universal propuesta por Podemos, se hace necesario recaudar 145.000 millones adicionales a los 71.000 que se recaudaban en 2010 (es decir, 216.000 millones de recaudación total). Para lograrlo a través de un tipo proporcional sobre la renta, necesitaríamos un tipo del 55,5%.

Para saber qué contribuyentes salen ganando y cuáles salen perdiendo, sólo nos queda calcular el diferencial entre la nueva cuota impositiva y la antigua cuota impositiva, restándole a su vez la renta básica abonada.

Los saldos negativos en la columna "Diferencia" indican que el contribuyente sale ganando (ingreso neto frente a la situación anterior) y los saldos positivos que sale perdiendo (pago neto frente a la situación anterior). A su vez, los saldos negativos también pueden interpretarse como la renta básica efectivamente percibida por el contribuyente (una especie de impuesto negativo sobre la renta).

Como vemos, sólo aquellos contribuyentes que ganan menos de 13.500 euros anuales salen ganando con la implantación de una renta básica de 6.000 euros anuales y un impuesto de tipo único del 55,5% (si bien sólo los que carezcan de base imponible percibirían la totalidad de los 6.000 euros).

Los contribuyentes que ganan menos de 13.500 euros ascienden a 8,2 millones de personas y representan el 44% del total: por consiguiente, hay más contribuyentes que salen perdiendo (56%) de los que salen ganando (44%).

Por supuesto, la renta básica universal no sólo la cobran contribuyentes, sino no contribuyentes. En este sentido, un contribuyente que individualmente sale perdiendo podría salir ganando si, por ejemplo, su cónyuge no trabaja y tienen un hijo. Aun así, deberíamos efectuar dos consideraciones adicionales.

La primera es el desproporcionado coste que implica la medida, con tipos efectivos que superan el 30% a partir del salario medio de España.

La segunda es el problema de los incentivos laborales derivados justamente del alto coste fiscal: aunque es cierto que una RBU no tiene por qué desincentivar absolutamente el trabajo, es obvio que sí modifica la estructura de incentivos y la oferta de trabajo.

Más en particular: el salario modal de España, 15.500 euros, debería pagar 8.500 euros en IRPF, de manera que le restarían 7.000 más los 6.000 de la renta básica (13.000 en total). En realidad, pues, esa persona está trabajando 40 horas semanales para lograr un salario de 7.000 euros (inferior al salario mínimo actual).

¿Qué posibilidades hay de que esta persona abandone su trabajo y opte por ocupaciones volcadas en el trabajo para autoconsumo que suele quedar fuera del IRPF? Diría que muchas: y si son muchos los trabajadores que reducen su oferta de trabajo y, por tanto, dejan de generar rentas gravables, el tipo efectivo todavía se incrementaría más.

Por no hablar, claro está, de las altísimas probabilidades de que las rentas más altas, al ver aumentado su tipo medio efectivo en 20 puntos, se reduzcan de manera significativa: un trabajador que cobre 500.000 euros y que deban pagar más de 270.000 euros en impuestos (100.000 euros más que en la actualidad), puede irse a vivir a EEUU, Reino Unido o Alemania y vivir gratuitamente sólo de los impuestos diferenciales que se ahorra pagar en España. Como muestra, bastará este botón (resultado de incrementar el tipo efectivo sólo en unos puntos porcentuales).

Por consiguiente, diría que la "Renta Básica Universal" que propone Podemos no es financiable en condiciones realistas. Si a los 145.000 millones le añadimos, además, los 20.000 millones (tirando por lo bajo) que costaría financiar la jubilación a los 60 o los 65.000 millones de déficit público que siguen pendientes de eliminación, queda claro que estamos ante un programa económico absolutamente fantasioso.

Israel o la lucha contra la infamia

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

"Hamás, Hamás, judíos a la cámara de gas". Esa fue la consigna en varias ciudades de Europa. Todo se ha visto y oído durante el enfrentamiento entre la banda terrorista Hamás e Israel. Desde esvásticas pintadas en las sinagogas y cementerios judíos en diversas partes del mundo hasta grupos que coreaban ese infame pareado.

La mayor parte de los judíos (y los demócratas verdaderamente responsables) están tristemente asombrados por la intensidad del antiisraelismo mostrado por el grueso de los medios de comunicación en Occidente, por las reacciones de algunos gobiernos europeos y latinoamericanos –Brasil entre ellos– y por los numerosos incidentes callejeros antisemitas.

El origen del pleito lo resume magistralmente el escritor Amos Oz con un par de preguntas formuladas a Deutsche Welle: 

¿Qué harían ustedes si su vecino de enfrente se sienta en el balcón, pone a su niños sobre él y comienza a disparar una ametralladora contra la habitación de sus hijos? ¿Qué harían ustedes si su vecino de enfrente cava un túnel desde su casa hasta la habitación de sus hijos con el objetivo de volar su hogar por los aires o secuestrar a su familia?

Es obvio que los judíos contraatacaron. ¿Es tan difícil entender la posición israelí? Luego de comenzado el conflicto se supo que por los casi cuarenta túneles descubiertos (probablemente hay otros) los comandos suicidas de Hamás iban a desatar una carnicería atroz el 24 de septiembre, fecha en que los judíos celebrarán su año nuevo (Rosh Hashaná).

¿Por qué el antisemitismo ha resurgido con tanta virulencia? Por varias razones.

Los seres humanos formulan sus juicios basados en estereotipos y en categorías. Es nuestra manera de asomarnos a la compleja realidad. Creemos tener una idea de cómo son los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, los catalanes, los negros, los blancos, los chinos. Esas visiones esquemáticas con frecuencia están cargadas de connotaciones negativas.

Lamentablemente, la idea del judío fue acuñada por sus enemigos cristianos. Un pleito en la sinagoga –unos pocos judíos se convencieron de que ya había llegado el Mesías y se llamaba Jesús– se convirtió en una persecución cruel e interminable tan pronto el cristianismo, esa rama hereje del judaísmo, se convirtió en la religión del imperio romano por obra y gracia del Edicto de Tesalónica (año 380), promulgado por Teodosio I el Grande, un resuelto emperador que declaró "loco y malvado" a todo aquel que desconociera la autoridad del patriarca de Antioquía.

A partir de ese punto, y por los siguientes mil seiscientos años, los judíos fueron caracterizados como demoniacos, perversos, avaros, traidores, desleales y sucios. Los persiguieron, masacraron, expulsaron, difamaron y encerraron en guetos. Los marcaron como infames y los condenaron a llevar distintivos visibles, los obligaron a abjurar de sus creencias, so pena de muerte, y se crearon instituciones represivas, como la Santa Inquisición, que tenían entre sus objetivos destruirlos o purificarlos en las hogueras.

Este acoso permanente acuñó un estereotipo muy negativo; se perpetró de manera continuada el asesinato de la reputación de todo un pueblo. La gran literatura se encargó luego de recoger y esparcir esa bazofia: Shakespeare, Lope de Vega, Quevedo, Voltaire, Dickens, T. S. Eliot, Pío Baroja, Dostoiveski y otros cien magníficos autores incurrieron en diversas manifestaciones de antisemitismo que mantuvieron viva la llama del odio.

Fue Napoleón quien comenzó la liberación de los judíos, derribando las murallas de los guetos a principios del siglo XIX, pero el cambio de las leyes no impidió que la tradición del antisemitismo se mantuviera hasta llegar al paroxismo nazi: unos tipos convencidos de que la erradicación total de este pueblo solucionaría casi todos los problemas de la humanidad. La felicidad, sostenían, llegaría de la mano de un monstruoso genocidio.

Hoy, el viejo antisemitismo de la Inquisición, de los cosacos, de los nazis, es una de las señas de identidad de los grupos llamados progresistas. Si en nuestros angustiosos días alguien quiere asumir instantáneamente un rol revolucionario, la manera más eficiente de lograrlo es mostrar su rechazo a los judíos y su condena a Israel. Es el equivalente de colgar un póster del Che o ponerse una camiseta con su efigie.

Afortunadamente, la terrible etiqueta colgada al pueblo judío es reversible. El hecho de que Israel, rodeado de enemigos, sea una sociedad tercamente democrática, próspera, creativa, generadora de ciencia y tecnología, donde viven los únicos árabes –mujeres incluidas– libres de toda aquella torturada zona, desmiente el maligno estereotipo. Poco a poco se irá abriendo paso la verdad: Israel es la más exitosa y digna experiencia política de la segunda mitad del siglo XX. Pero hay que decirlo en voz alta y sin miedo.

© elmed.io

elblogdemontaner.com

¿Qué le pasa a Chile?

Escrito por Mauricio Rojas en . Publicado en Artículos en prensa.

Hace no mucho participé en una reunión convocada por Mario Vargas Llosa en Madrid donde el tema de Chile ocupó un lugar central. La pregunta que rondaba en el ambiente era "¿Qué le pasa a Chile?", y surgía de la incapacidad de comprender cómo el país que durante décadas fue un ejemplo de progreso en América Latina pueda estar hoy planteándose la revisión de las bases mismas de ese progreso. La explicación de algo tan sorprendente no está, sin embargo, en el fracaso del modelo chileno sino, paradojalmente, en su éxito.

Chile ha experimentado un desarrollo extraordinario durante las últimas tres décadas. Su crecimiento económico ha superado largamente los promedios latinoamericanos o de los países desarrollados, multiplicado más de tres veces el ingreso real per cápita de la ciudadanía y provocado una enorme transformación social. Tal como muestra un estudio del Banco Mundial, Chile fue el país que más movilidad social ascendente experimentó en América Latina entre 1992 y 2009. En este lapso, casi dos tercios de la población chilena cambió de clase, pasando de una situación de pobreza a una de vulnerabilidad o de la vulnerabilidad a la clase media. Incluso ser pobre ha cambiado radicalmente durante estas últimas décadas. Los pobres de hoy disponen, en términos reales, de un ingreso que multiplica 2,5 veces el que tenían en 1990.

Todo este cambio socioeconómico ha llevado aparejada una verdadera revolución educativa que ha tenido su expresión más clara en la educación superior, cuyo número de estudiantes aumentó diez veces entre 1980 y 2013. Paralelamente, se ha ampliado de manera extraordinaria el acceso a viviendas mejores, bienes de consumo durables, medios modernos de transporte y comunicación, viajes dentro y fuera del país y otros componentes de un estándar de vida que se acerca a aquel de los países de altos ingresos.

Estos cambios han redimensionado el horizonte de aspiraciones y problemas de los chilenos. Atrás han ido quedando las demandas e inquietudes propias de una sociedad marcada por la pobreza y se han abierto paso las de los nuevos sectores emergentes. Ahora bien, el rápido progreso tiene una característica que fácilmente lo torna insuficiente por más exitoso que sea en el plano objetivo: las expectativas tienden a crecer más rápidamente que la capacidad de satisfacerlas y se genera así un malestar que, a simple vista, no guarda relación con los progresos alcanzados. Este malestar del éxito es lo que Émile Durkheim llamó "crisis felices" (crises heureuses), provocadas por un progreso tan rápido que "exalta los deseos", haciéndolos "más exigentes, más impacientes", pero también imposibles de colmar ya que “las ambiciones sobreexcitadas van siempre más allá de los resultados obtenidos, cualesquiera que ellos sean”.

Esta evolución ha cambiado el foco de atención de la sociedad chilena, que pone hoy el acento no ya en los logros sino en las carencias del camino recorrido. Con ello se han hecho visibles las deficiencias de un crecimiento que, efectivamente, dejó mucho que desear en el aspecto cualitativo y que albergó, además, una serie de situaciones de abuso rampante. Ello se debió –especialmente durante los veinte años de gobiernos de izquierda que van de 1990 a 2010– tanto a un sinfín de fallas regulatorias como a una escasa voluntad política de aplicar la normativa vigente. Lo paradojal es que estas fallas del Estado y la regulación, es decir, de la política, terminaron siendo achacadas al modelo en sí, como si una economía abierta de mercado fuese por necesidad sinónimo de negociado, abuso y lucro ilícito.

Otra perspectiva crítica que se instaló fuertemente en el debate público fue la de la desigualdad. Se trata de otra de las paradojas del éxito alcanzado. Atrás quedó el eterno debate sobre cómo derrotar a la pobreza y se pasó a discutir la distribución de los beneficios del progreso. Ahora bien, lo que a las claras nos dice que se trata de un cambio de perspectiva es que los altos niveles de desigualdad de la sociedad chilena son de larga data, sin por ello haber dominado el escenario político como lo han hecho recientemente. Más aun, el protagonismo del tema de la desigualdad coincide con una reducción sostenida de las desigualdades reales. Pero el progreso es así, lo que era tolerable en presencia de necesidades más apremiantes se hace intolerable cuando nuestro horizonte pasa de las carencias absolutas a las relativas y a la comparación con lo que otros tienen.

Es en este contexto que se instala, a partir de 2011, un discurso que cuestiona frontalmente todo lo realizado y llama a la refundación de Chile sobre bases muy distintas a aquellas que tanto progreso le han dado. Este salto a "otro modelo" es lo que hoy se le está proponiendo en Chile. A nombre de reivindicar "lo público" y luchar por una sociedad “más justa”, se propone la instauración de un modelo estatista –el del gran Estado benefactor– que en Europa ha sido abandonado por aquellos países, como Suecia, que más avanzaron en esa dirección. En esta perspectiva, resulta patético ver cómo el gobierno de Michelle Bachelet trata de hacer de soluciones fracasadas y descartadas por sus creadores una panacea para el consumo local.

En todo caso, ya se comienzan a ver, claramente, las consecuencias del accionar del nuevo gobierno: el crecimiento económico prácticamente se ha paralizado, el desempleo aumenta, los inversionistas extranjeros comienzan a elegir otros destinos y el peso se debilita frente al dólar. En lo político, la coalición gobernante se ve remecida por fuertes tensiones entre sus alas más moderadas, representadas por la Democracia Cristiana, y aquellas más extremas, lideradas por el Partido Comunista. Incluso la popularidad de Bachelet, que parecía intocable, se ha resentido notoriamente, para no hablar de la de su gobierno, que cae en picado en las últimas encuestas. A ello se suma un elemento decisivo: las amplias clases medias comienzan a reaccionar ante las propuestas socializantes del gobierno, en particular la reforma educacional que abiertamente busca la estatalización de la educación chilena.

Así, todo indica que los chilenos están pasando, aceleradamente, del malestar del éxito al miedo al fracaso. Es de esperar, por el bien de Chile, que el mensaje le llegue con claridad a Michelle Bachelet.

Mauricio Rojas, director de la Academia Liberal.

Axel Kaiser: “En Chile, como en España, la derecha no defiende los principios liberales”

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Nacido en Santiago de Chile en el año 1981, el abogado Axel Kaiser es uno de los analistas políticos y económicos más influyentes de su país. Columnista de varios diarios chilenos, Kaiser es Director Ejecutivo de la Fundación para el Progreso y está siguiendo estudios de Doctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania.

– Pregunta: ¿Está en peligro el "modelo chileno"? Durante ya varias décadas, izquierda y derecha parecían estar de acuerdo en mantener un paradigma liberal que ahora está en entredicho.

Respuesta: El debate político se ha ridiculizado hacia la izquierda y esto supone un peligro real, ya que se pretende cambiar por entero el fundamento del sistema actual. Hoy Chile mantiene un paradigma económico razonablemente liberal, si bien el Estado interviene mucho más de lo que debería. Pese a ello, el actual bloque de gobierno está dispuesto a reemplazar el "modelo" e implementar un programa socialista de máximos.

– Hace años, en "El Chile que viene", usted ya advertía de la deriva socialista que podría seguir su país. Parece que se han cumplido esos malos augurios…

Desde mediados de los 90 y, sobre todo, desde comienzos de la década pasada, las élites intelectuales chilenas intensificaron la retórica y los esfuerzos dirigidos a defender el establecimiento de un modelo económico basado en una mayor redistribución y un menor grado de libertad de mercado.

Lo grave es que las supuestas fuerzas de centro-derecha no hicieron nada por defender el sistema. Pensaban que el "modelo chileno" se defendía solo, y el resultado es que ahora hay cada vez más personas dispuestas a asumir el discurso de la izquierda, según el cual es necesario cambiar el sistema de acuerdo con las sugerencias de los intelectuales de izquierda. Frente a esta amenaza, es necesario defender la legitimidad y la moralidad del sistema capitalista que ha hecho progresar a Chile.

La izquierda hace bien su trabajo. No se puede culpar al socialismo de defender el socialismo. En Chile, como en España, el problema es que el centro-derecha no defienda los principios y las ideas liberales, aquellas que se supone que son suyas y que marcan sus diferencia frente al programa de la izquierda. Nunca puede faltar la integridad y el coraje a la hora de reivindicar la libertad. Ya decía Ayn Rand que la culpa no es de los colectivistas, sino de quienes no tienen la entereza suficiente para defender un modelo basado en la libertad personal y económica, en la autonomía individual frente al control del Estado.

– ¿Cuáles son los elementos centrales del "modelo chileno"?

En primer lugar, se apostó por una fuerte apertura comercial. Frente a las tesis del proteccionismo y la sustitución de importaciones, Chile se ha convertido en un referente para quienes defienden el libre comercio. En segundo lugar, el viejo paradigma monetario, marcado por la hiperinflación, ha sido sustituido por un nuevo marco en el que la estabilidad de la divisa es mucho mayor.

Un tercer punto que debemos mencionar es el del fuerte respeto a la protección privada, cuya integridad había sido cuestionada de forma creciente a lo largo del siglo XX, culminando en el experimento marxista y totalitario de Salvador Allende. A esto se une un cuarto elemento, consistente en la estabilidad fiscal. En este sentido, el sistema de pensiones, basado en la capitalización, evita desequilibrios como los que vemos hoy en Europa.

Por último, el quinto aspecto en el que descansa el sistema económico chileno es un esquema de protección social que actúa como "red de seguridad" para evitar situaciones de desamparo.

– Dicen los críticos del "modelo chileno" que el gran problema del país es la "desigualdad".

La igualdad es un impulso muy primitivo de los seres humanos, desde las sociedades tribales hasta hoy comprobamos que la envidia y el recelo ante el otro es algo habitual. Por eso, explotar estos sentimientos sale rentable políticamente, por mucho que los datos que miden la desigualdad de ingresos no muestren un aumento de las diferencias entre los chilenos. De hecho, entre las nuevas generaciones vemos las menores tasas de desigualdad en toda la historia de Chile.

– Recibió muchas críticas cuando afirmó que no debería hablarse de la educación como un "derecho"…

Me parece que los seres humanos tenemos el derecho a conservar el fruto de nuestro trabajo. Si creemos en la propiedad privada, difícilmente reconoceremos que otros tienen el "derecho" a tomar por la fuerza esa riqueza, por mucho que esa expropiación sea para financiar la educación. Entiendo perfectamente que puede existir la necesidad de acceder a la educación, pero esa necesidad no genera el "derecho" a despojar a otros de su riqueza. Es inmoral que algunos defiendan que pueden esclavizar a los demás para que así les financien aquello que consideran oportuno.

Por otro lado, si acaso se reconoce la educación como un "derecho", entonces esto debería llevar a su prestación generalizada, lo que abarcaría al más rico y también al más pobre. Sin embargo, entiendo que es preferible que, si el gobierno tiene que intervenir en este ámbito, lo haga apoyando particularmente a quienes no pueden financiarse el acceso. Es muy regresivo plantear un "acceso universal a la educación".

Sirope de Gobierno alto en cáncer

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

El sirope de maíz alto en fructosa es uno de esos ingredientes difícil de sortear o evitar en muchos pasillos del supermercado, aún más si uno visita EEUU. Se trata de uno de esos "alimentos" que la naturaleza no nos da, pero sí un laboratorio. En resumidas cuentas, el sirope de maíz alto en fructosa es una forma de imitar al azúcar a partir del maíz que inunda tanto dulces como refrescos, y en muchos sentidos es aún menos saludable que el azúcar.

Un estudio publicado en 2013 concluyó que los países que tienen más introducido este compuesto en su cadena alimentaria sufren de un 20% más de diabetes que los países que no lo emplean. En un estudio animal aún más reciente, 6 de 10 animales sometidos a una dieta alta en sirope de maíz alto en fructosa fallecieron de un fulminante cáncer de hígado en pocos meses. Una dieta rica en este compuesto produce oxidación, inflamación, alteración del metabolismo celular y daño al ADN.

Podemos culpar a los ciudadanos por ser unos irresponsables. También podemos culpar a la industria alimentaria por envenenarnos a sabiendas. En todo este asunto, por desgracia, no vemos el que quizás sea el mayor culpable de todos: el Gobierno.

De 1995 a 2010, casi 17.000 millones de dólares fueron subsidios del Gobierno de EEUU destinados a compañías que producen o distribuyen sirope de maíz alto en fructosa, maíz y aceite de soja (un aceite altamente inflamatorio y oxidable). Sin duda esto produce grandes beneficios a agricultores, ¿pero a costa de enfermar a la población? Es más, ¿por qué los agricultores tienen que ser un sector subsidiado?

Según el estudio citado anteriormente, EEUU tiene el mayor consumo per cápita de sirope de maíz alto en fructosa en todo el planeta. Nada de que sorprenderse en el país de la obesidad. El aumento del consumo en las últimas décadas de carbohidratos refinados en general, y en este caso de fructosa refinada en particular, se deja notar: el mundo ha pasado de tener 153 millones de diabéticos en 1980 a 350 millones en 2008, y seguimos sumando.

Por qué en EEUU es un ingrediente tan extremadamente atractivo para los fabricantes es una pregunta fácil de responder. Las millonarias subvenciones del Gobierno hacen que su precio sea extraordinariamente bajo. Y lo que cae como del cielo gratis por arte del subsidio de turno es –entre otros- el sirope de maíz alto en fructosa, no el brócoli.

Los precios en un país y mercado libres condensan la información para coordinar los deseos de los ciudadanos con empresarios y trabajadores. Industrias como la alimentaria difícilmente reflejan otros deseos más que los de los burócratas, impidiendo en el camino el desarrollo de nuestra salud. Pues la salud ha de cultivarse, no imponerse con decretos o camisas de fuerza de comisarios políticos. Y la sociedad que llegue a asumir lo contrario, ya de por sí estará enferma.

Y ahora viene una de esas preguntas que nadie quiere hacerse: Si son el propio Gobierno, los políticos y burócratas en general los que están contribuyendo a arruinar la salud de los ciudadanos, ¿por qué hemos de dejar los servicios de salud en manos de quienes nos enferman?

Probablemente antes de nada hemos de quitar al Gobierno el poder de y sobre la educación. Hasta que no pensemos libremente, y libres del Gobierno, no nos haremos las preguntas que realmente importan.

@AdolfoDLozano / www.juventudybelleza.com.

El fantasma de la recesión regresa a la zona euro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La recaída de Italia, el estancamiento que sufre Francia y la reciente desaceleración de Alemania han desatado el temor a que la economía de la zona euro entre, una vez más, en terreno negativo. El bloque monetario emergía de la recesión hace apenas un año, pero la ansiada recuperación empieza a mostrar claros síntomas de debilidad, a la vista de los últimos indicadores. En la actualidad, casi una quinta parte del PIB de la zona euro se encuentra en recesión y un porcentaje similar muestra encefalograma plano.

El propio presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, alertó este jueves sobre la fragilidad a la que se enfrenta la zona euro debido, sobre todo, al impacto potencial de los crecientes riesgos geopolíticos sobre Europa, particularmente en el caso de la crisis de Ucrania y Rusia.

El veto de Moscú a la compra de ciertos productos de la UE y el encarecimiento del petróleo que podría conllevar un recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo son, sin duda, factores externos a tener muy en cuenta, pero la debilidad de la economía europea responde, igualmente, a razones internas, como es la ausencia de profundas reformas estructurales en los países del sur, los graves desequilibrios que persisten en la cuentas públicas y la delicada situación de la banca. 

El PIB de Italia bajó un 0,2% en el segundo trimestre de 2014, con lo que el país entró de nuevo en recesión técnica. El mínimo repunte experimentado a finales de 2013, con un avance del 0,1%, fue un mero espejismo, tras acumular 18 meses sin registrar tasas positivas.

Pero Italia, la tercera economía de la zona euro, no es el único foco de preocupación. El déficit comercial de Francia volvió a aumentar el pasado mes de junio en 5.400 millones de euros. Para Francia no es un fenómeno nuevo, ya que viene registrando un déficit constante en la última década, pero la cifra es una nueva señal de la desaceleración de la economía gala. La brecha exterior se ha reducido en los últimos seis meses como resultado de un menor volumen de importaciones, y no tanto por el aumento de las exportaciones, lo cual sugiere una débil demanda interna.

Francia, segunda economía de la zona euro, es, desde hace tiempo, uno de los grandes quebraderos de cabeza de Europa por su falta de competitividad, su agujero estructural en las cuentas públicas y su incapacidad política para llevar a cabo las reformas y ajustes necesarios para volver a crecer.

Ante tal perspectiva, no es de extrañar que la agencia de calificación Moody’s señalara esta semana que Francia no cumplirá sus compromisos presupuestarios para el ejercicio actual (-3,8% del PIB) ni el siguiente (-3%), ya que el crecimiento será menor de lo previsto. En concreto, estima que su PIB apenas avanzará un 0,6% este año y un 1,3% en 2015.

Sin embargo, dichas previsiones podrían incluso empeorar si se tiene en cuenta que la actividad industrial de Francia se contrajo de nuevo el pasado mes de julio y la economía gala no ha crecido nada en el primer trimestre del ejercicio.

Si a ello se suma la desaceleración de Alemania, el panorama actual es aún más incierto. Los pedidos a la potente industria germana cayeron en junio por segundo mes consecutivo a una tasa del 3,2%, tras sufrir una contracción del 1,6 el pasado mayo, la mayor caída desde septiembre de 2011. Algunos analistas y el propio BCE parecen achacar este inesperado descenso a la crisis de Ucrania, y las tensiones políticas y comerciales entre Berlín y Moscú. Pero los datos desmienten esta posibilidad, ya que dicha caída se debió al fuerte descenso de pedidos por parte de los socios de la zona euro (-10,4%).

El Commerzbank avanzó que el PIB alemán podría haber bajado un 0,2% en el segundo trimestre. La desaceleración de Alemania, primera economía de Europa, echa por tierra la posibilidad de que la locomotora germana tire de las economías del sur. Todo ello demuestra que "Europa no está ni cerca de la recuperación. La política monetaria se ha quedado sin tracción", según indica Steen Jakobsen, analista de Saxo Bank.


La creciente incertidumbre, sumada a las tensiones geopolíticas con Rusia, se están traducido en una nueva fuga hacia valores refugio. Prueba de ello es que el rendimiento del bono alemán a diez años bajó al mínimo histórico del 1,096% esta semana, con el consiguiente aumento de la prima de riesgo en España y otros países europeos.

Por último, cabe señalar que la concesión de crédito al sector privado vuelve a caer de forma brusca, tras acentuar su trayectoria negativa en junio. Los préstamos a los hogares registraron el mayor descenso mensual desde la crisis financiera de finales de 2008. Asimismo, los préstamos a empresas no financieras sigue bajando, al igual que el crédito al consumo.

Como consecuencia, la oferta monetaria en la zona euro sigue desacelerándose. Su volumen total ha aumentado debido a las inyecciones masivas puestas en marcha por el BCE durante la crisis, pero su tasa de crecimiento interanual ha bajado de forma pronunciada en los últimos tiempos, acentuando el riesgo de la temida deflación. Esto demuestra, una vez más, el rotundo fracaso que ha cosechado la autoridad monetaria a la hora de intentar reactivar el crédito. La delicada situación de la banca y la ausencia de demanda solvente explica dicha contracción crediticia.

El problema de fondo existente en Europa no ha cambiado, pese al surgimiento de nuevos factores de riesgo geopolítico. Países como Francia e Italia no han hecho reformas para mejorar su competitividad ni ajustes para reducir su abultado déficit y deuda, mientras que en el caso de España y Portugal los avances en ambas materias han sido muy escasos, al igual que en Grecia.

Basta observar la brecha que aún existe entre ingresos y gastos públicos en la zona euro para percatarse de dicho problema -el gasto no ha dejado de crecer-. De hecho, la deuda pública en la zona euro se mantiene en niveles récord, por encima del 90% del PIB de media, y en los países del sur el umbral es muy superior, lo cual, además, de dañar la solvencia de los estados, dificulta y ralentiza el crecimiento de la zona euro en su conjunto.

De confirmarse este escenario de estancamiento o recesión, se reabrirá con fuerza el debate acerca de la necesidad de poner en marcha el polémico programa del BCE para comprar de forma directa todo tipo de activos y deuda pública -Quantitative Easing (QE)-, al estilo de la Reserva Federal de EEUU (FED), el Banco de Inglaterra o el de Japón.

En manos de quién estamos

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

“En manos de quién estamos…”. Eso se preguntaba el otro día en gran Peréz-Reverte en un artículo bastante divertido donde relata cómo la burocracia española le hizo pasar un calvario a un conocido suyo para regularizar un bote de cuatro remos.

Me gustó bastante el artículo, como me gustan la mayoría de las críticas sociales que hace. Sobre todo porque es de las pocas personas en España que escribe con sentido común en vez desde una posición ideológica fija.

Aunque el sentido del artículo es claro y queda claro, a mí el tema me parece lo bastante interesante como para ahondar un poco más en él. Porque leyendo a Don Arturo uno puede pensar, erróneamente, que el problema de la sobrerregulación viene porque el señor que regula es un idiota o un ignorante, cuando en realidad es un señor que está siguiendo sus incentivos de forma correcta.

Vamos a ponernos en el caso del redactor de la normativa; ¿para qué va a disminuir los requisitos en seguridad en un bote simplemente porque es pequeño? Podríamos pensar que lo haría para no quedar como un idiota delante de su jefe, que a diferencia que él sí usa el sentido común y le puede correr a gorrazos al leer su propuesta. Error, su jefe ha llegado a esa posición precisamente por haber demostrado claramente que no tiene el menor sentido común o, en el mejor de los casos, que no piensa hacer uso de él mientras realice sus funciones profesionales. Y una de las mejores formas de demostrarlo es dejando claro que la realidad no te va a impedir cubrir el culo de tus responsables políticos, que no tienen ni idea del tema que diriges, definiendo unas normas exageradas que les exonere de cualquier responsabilidad social en una noticia dramática. Y ya de paso si sirve para construir un enjambre burocrático que alimente a la administración con tasas y departamentos de inspección, seguramente te ganes el premio al burócrata del año.

Esto puede parecer una crítica al Estado y los malvados políticos, pero en realidad pasa lo mismo en cualquier organismo lo bastante grande como para que los directivos tengan que tomar decisiones de temas que desconocen por completo. La ventaja del sector privado está en que estos ámbitos suelen ser marginales en el negocio de la empresa, y que los parásitos que habitan en ellos suelen estar a raya vía presupuestos anuales. Las tasas que paga un departamento productivo a uno improductivo se ven muy claramente en los resultados y, por tanto, las normas pueden salir baratas, pero asegurar su cumplimiento no. Y, por tanto, solo se hace en el caso de que no te quede otra (cumplir regulaciones del Estado) o porque es un estándar tan aceptado en el negocio que te perjudicaría seriamente no cumplirlo.

Así que el problema con el Estado es el de siempre: le importa un pito que el número de pescadores baje porque sus normas son absurdas, ni que la riqueza invertida en producción de bienes y servicio útiles se esté derrochando en que la guardia civil se dedique a acosar a señores con botes de cuatro remos o en funcionarios que se aseguren que cada bote cumple con las normativas absurdas, obra de otro funcionario que sólo pensaba en seguir teniendo un trabajo tan bueno y tan importante.

Aunque la madre del cordero sigue estando en la cantidad de ciudadanos comprometidos que se llevarían las manos a la cabeza si tres personas se ahogan al naufragar un bote de este tipo. Y ya no digamos si hay niños entre las víctimas. Porque el Estado es igual de malo en España que en Perú, pero en Perú, gracias a que no tienen tanto tiempo libre para pensar en chorradas, a nadie le sorprende que una persona vaya en un bote pequeño sin el equipamiento de un transatlántico.

La gente normal asume riesgos y a veces, muy de vez en cuando, la cosa se tuerce mucho y muere. Luego están los idiotas a los que la regulación les importa un pito, y pese a que se les intenta proteger con intentos tan absurdos como avisarles de que los anuncios publicitarios son eso, anuncios, se terminan quemando con alcohol o saltando de un balcón o haciendo naufragar un crucero para impresionar a un ligue…

¿En manos de quiénes estamos? En las manos de un sistema que persigue acabar con el individuo, y una de sus principales herramientas para sobrevivir: el sentido común.

¿Qué pasaría con los lobbies en un mercado libre?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Los liberales nos oponemos radicalmente a los grupos de presión que tratan de cosechar privilegios mediante el uso de la coacción estatal. De hecho, siguiendo a la Escuela de la Elección Pública, consideramos que el Estado ha terminado convirtiéndose en un instrumento para redistribuir la riqueza desde los grupos sociales desorganizados (contribuyentes) a los grupos sociales organizados (lobbies): la creciente concentración de poder en manos del Estado hace que éste se convierta en un instrumento muy apetitoso que todos aquellos que logren manejarlo en su privativo beneficio.

Así las cosas, la receta que proponemos los liberales para terminar con los lobbies es bien sencilla: si los lobbies surgen porque el Estado copa demasiado poder, nada más sencillo que reducir el Estado a una mínima expresión; si le quitamos el BOE al Estado, los grupos de presión no podrán estampar su letra en el BOE ni, en consecuencia, lograr prebendas a nuestra costa.

El problema es que esta receta levanta rápidamente dudas y suspicacias entre la ciudadanía: ¿acaso si el Estado se redujera a una mínima expresión los lobbies no tendrían mucho más poder del que ahora tienen? ¿Acaso no necesitamos de un Estado fuerte que mantenga los grupos de presión a raya (a pesar de que los lobbies medran gracias a ese Estado fuerte)? ¿El debilitamiento del Estado no supondría la creación de una oligarquía lobística capaz de imponernos unilateralmente su voluntad? La respuesta a todas estas razonables preguntas es NO y el motivo está muy vinculado al concepto de autoridad política.

La autoridad política

Uno de los mejores libros que se han publicado en el último lustro es The Problem of Political Authority, del filósofo estadounidenseMichael Huemer (si me permiten un consejo: colóquenlo en su top de prioridad de lecturas). En él, Huemer se plantea una simple pregunta: ¿por qué la mayoría de la sociedad acepta y legitima que el Estado haga cosas que vería con horror que hicieran los agentes privados? Por ejemplo, la mayoría de la sociedad ve razonable que el Estado cobre impuestos para dar subvenciones a una ONG, pero en cambio consideraría aberrante que yo (o una turba mayoritaria de personas) entrara en casa de mi vecino, le quitara la cartera y le diera ese mismo dinero a una ONG. Otro caso sonado: todos rechazamos los trabajos forzosos y, sin embargo, en muchos países sigue vigente el servicio militar obligatorio. ¿Por qué esta doble vara de medir? ¿Por qué le toleramos al Estado actividades que rechazamos frontalmente cuando las ejecutan individuos?

Según Huemer, porque el Estado posee autoridad política, esto es, la legitimidad política socialmente reconocida al Estado para imponer leyes y usar la coacción sobre una sociedad (sociedad que, a su vez, tiene la obligación política de obedecerlo). La autoridad política según Huemer se halla limitada territorialmente (un Estado sólo tiene autoridad política sobre su territorio), pero es general dentro de él (todos, o casi todos, los ciudadanos tienen la obligación de obedecer al Estado); sus mandatos pueden referirse a diversísimos asuntos y son cuasi-ilimitados en su contenido; y, por último, se trata un ejercicio de supremacía, en tanto en cuanto dentro del territorio nadie se halla jerárquicamente por encima del Estado.

La tesis de Huemer no es novedosa dentro de la filosofía política:Étienne de La Boétie ya aseveró que la servidumbre política era esencialmente voluntaria; dos siglos después, David Hume yasostuvo que “como la fuerza está siempre del lado de los gobernados, quienes gobiernan no pueden apoyarse sino en la opinión. La opinión es, por tanto, el único fundamento del Gobierno”; y más recientemente, el concepto de puntos focales del Nobel estadounidense Thomas Schelling nos permite caracterizar el Estado como un foco reforzado de expectativas convergentes que, gracias a ello, permite la coordinación social tácita en materia de orden público y de resolución de conflictos. Pero Huemer sí tiene el mérito de clarificar esta tesis y, sobre todo, de insertarla en una brillante y sistemática exposición sobre la (inexistente) legitimidad de esa autoridad política.

En este sentido, podemos definir al Estado como aquel ente al que la inmensa mayoría de ciudadanos le reconoce autoridad política (reconocimiento tácito y descentralizado mediante un proceso de expectativas emergentemente convergentes). El Estado, pues, puede hacer lo que hace porque el conjunto de la sociedad acepta concederle un poder discrecional vastísimo: poder discrecional vastísimo que en la actual sociedad sólo le reconoce al Estado.

Los políticos patrimonializan la autoridad política

En Occidente, los grupos de presión carecen de autoridad política. Si la tuvieran, podrían actuar al margen del Estado y no necesitarían, en consecuencia, ejercer costoso cabildeo alguno sobre el Estado. Si un grupo de presión con autoridad política quisiera cobrar una subvención, simplemente iría y se la arrebataría por sí mismo a los ciudadanos; si un grupo de presión con autoridad política deseara expropiar un terreno a un justiprecio ridículamente bajo, simplemente lo ocuparía sin necesidad de ejercer fuerza alguna; si un grupo de presión con autoridad política entrara en quiebra y ambicionara recapitalizarse a costa de los ciudadanos, tan sólo tomaría su patrimonio; si un grupo de presión con autoridad política aspirara a convertirse en el proveedor monopolístico de un determinado servicio, únicamente tendría erigirse normativamente como tal.

Es obvio, empero, que los lobbies carecen hoy de autoridad política para ejercer por sí solos todas estas tropelías. La sociedad no aceptaría que ninguna empresa o asociación de personas se arrogara semejantes poderes. Y, justamente porque carecen de autoridad política propia, los lobbies sólo encuentran una vía para ejercerla en su propio provecho: valerse de la autoridad política que sí posee el Estado.

A eso precisamente se dedican: a ejercer presión sobre los mandatarios a los que la ciudadanía sí les reconoce autoridad política. En otras palabras, los políticos subastan derechos de uso de su autoridad política en el mercado negro de los lobbies: aquel grupo de presión que más puje (no necesariamente en metálico) recibe el favor del político correspondiente. La estrategia de los políticos, pues, consiste en patrimonializar la autoridad política que se les ha concedido para capitalizarla alquilándosela al mejor postor. ¿La solución liberal? Limitar enormemente (o incluso eliminar) la autoridad política que socialmente le reconocemos al Estado.

¿Y si el Estado no tuviera (tanta) autoridad política?

A este respecto, existen dos tesis sobre cuál sería el resultado de una sociedad que privara al Estado de la totalidad o de la mayor parte de su autoridad política: la tesis no liberal es que, si se privara al Estado de autoridad política, otras organizaciones no estatales (oligarquías, mafias, etc.) terminarían siendo receptoras de esa autoridad política socialmente reconocida, por lo que los lobbies actuales podrían volverse incluso más poderosos; la tesis liberal es que una drástica reducción de la autoridad política del Estado no tiene por qué implicar su transferencia a otros agentes privados, sino que puede simplemente desaparecer.

Es verdad que en sociedades civiles desestructuradas, donde la mayor parte de la coordinación humana se ejerce a través de líderes fuertes o caudillos, la supresión de unas formas de autoridad política tiende a conllevar la emergencia de otras: por ejemplo, si históricamente ha sido el caudillo quien ha determinado en qué actividades trabajan todas las personas de una comunidad, es dudoso que de la noche a la mañana la supresión del caudillo permita la emergencia de un mercado laboral libre, por lo que los miembros de esa comunidad terminarán reconociéndole autoridad política a otro caudillo para que sigue asignando los puestos de trabajo (ésa es su única forma de coordinarse a corto plazo).

Sin embargo, en Occidente sí contamos con sociedades civiles estructuradas mediante instituciones espontáneas e impersonales: sociedades civiles, por consiguiente, para cuya coordinación amplia no se requiere de un caudillo que centralice coactivamente el poder de decisión. Por ejemplo, para coordinarnos socialmente y decidir si el ciudadano A debe transferirle parte de su renta a la empresa Z, no necesitamos de ningún caudillo que lo dictamine mediante una ley de subvenciones: basta con que apliquemos las reglas impersonales del derecho de propiedad y del cumplimiento de los contratos voluntariamente suscritos. A saber, si el ciudadano A pacta voluntariamente con la empresa Z una transferencia unilateral o bilateral de renta, ésta deberá producirse; en caso contrario, no. Lo mismo cabe decir con respecto a la determinación social del número de empresas que debe haber en un sector: ¿es necesario que alguien lo determine coactivamente o es algo que termina descubriéndose a través del ejercicio de la libre competencia? Más bien lo segundo.

Dicho de otra forma, si el Estado deja de dar subvenciones a los lobbies, éstos no adquirirán autoridad política para cobrárselas por su mano, pues la sociedad puede coordinarse perfectamente en ese punto sin que la “autoridad política para determinar la transferencia de renta a empresas privadas” se halle en manos de nadie. Y lo mismo cabe decir de todas las hiperregulaciones estatales que actualmente promueven los lobbies en beneficio propio.

En definitiva, minimizar el tamaño del Estado —dejar de reconocerle autoridad política para multitud de actividades que hoy viene ejerciendo– no implica maximizar el poder de los lobbies, sino minimizarlo por igual: los grupos de presión carecen de autoridad política para ejercer la coacción sobre la sociedad y, por ello, han de instrumentar al Estado (que de momento sí la tiene) en su favor. Menos Estado no es misma autoridad política repartida de otro modo, sino menos, ya que la sociedad libre puede coordinarse internamente a través de propiedades privadas individuales, copropiedades colectivas y contratos voluntarios: como mucho, se necesitará de una autoridad política ultralimitada que se encarga de velar por el respeto al contenido de esos derechos… pero nada más.  Ése es, pues, el camino para luchar contra la corrupción y los lobbies: reducir el tamaño del Estado al mínimo indispensable para permitir la pacífica, cooperativa y espontánea coordinación interna de una sociedad.