Luis Alberto Iglesias propone aprender a explicar la libertad en un lenguaje que llegue a más gente en la IX Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana. Lanzarote, 12 de julio de 2014.
Contaba el genial economista francés, Frédéric Bastiat, en su sátira Petición de los fabricantes de velas como éstos y demás integrantes del sector de la iluminación solicitan a la Cámara de Diputados de la Monarquía que proteja su negocio de una terrible potencia extranjera que ejerce una competencia desleal y feroz sobre ellos. Éste no era otro que el Sol.
Sátiras aparte, similitudes no faltan con el caso de Uber y los taxistas. El gremio de taxistas ha arremetido contra el servicio norteamericano y ha exigido su prohibición con argumentos falaces, como que supone competencia desleal o que es inseguro para los usuarios.
Empecemos por la primera falacia, que supone pensar que el servicio de transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica solamente puede/debe ser ofrecido por taxis tradicionales. El sector lleva décadas monopolizado por los taxis tradicionales, todo ello gracias al favor de los gobiernos, que lo han blindado frente a la competencia.
Esto representa un perjuicio para los usuarios porque en un mercado sin libre competencia la soberanía del consumidor queda mermada debido a que los oferentes de ese servicio no tienen el imprescindible incentivo de servirles cada vez mejor, es decir, de adaptarse a las necesidades del consumidor de forma más eficiente y a menores precios. No tienen la imperiosa necesidad de mejorar su modelo de negocio para aumentar continuamente la calidad de su servicio con el objetivo de diferenciarse de la competencia.
Esto, que pudiera parecer una situación ideal para los monopolistas, en este caso los taxistas, es la semilla de su propia destrucción. ¿Qué ha pasado cuando ha aparecido Uber? Que los taxistas se han encontrado encorsetados, adormecidos y sin ninguna capacidad de reacción y readaptación debido a décadas de privilegios y monopolio. Se han olvidado de que la sociedad no está para adaptarse al taxi, sino que son los taxistas los que deben adaptarse a los cambios en la sociedad.
Un mercado libre es un proceso dinámico en el que difícilmente existe el estancamiento en la oferta y en el servicio, ya que no hay barreras de entrada a nuevos competidores. Y esto es precisamente lo que pretende evitar el sector tradicional del taxi: la existencia de proveedores alternativos. Pero su impotencia no ha hecho más que aumentar las descargas de la aplicación de Uber.
Y es que, aunque parezca lo contrario, hay otras maneras de proveer el servicio de transportes de viajeros por cuenta ajena en vehículos de turismo mediante retribución económica. Una de ellas es Uber, que permite gestionar el servicio de forma completa (reserva, recogida y pago) e incluso en mejores condiciones que el servicio tradicional.
Esgrimir que el servicio de Uber es inseguro para el ciudadano es otra falacia sin sentido en un mercado desregulado y libre. Para empezar, hay que decir que a nadie se le obliga a utilizar Uber. Quien lo hace puede estar perfectamente dispuesto a correr el riesgo de contratar los servicios de un conductor no acreditado y homologado a cambio de un mejor precio y facilidades de gestión y pago. Pero el sistema permite calificar los conductores y los servicios prestados de forma continua, y de esa manera sólo acabarán persistiendo los conductores que tienen el apoyo de los usuarios. Lo más previsible es que los principales conductores de Uber acaben siendo taxistas no dueños de licencia (como ya está pasando), lo cual implicará un aumento de licencias de facto. De la misma manera, hay que decir que la existencia de Uber no va a hacer que todo usuario lo elija como opción, ya que habrá multitud de consumidores que escogerán el taxi tradicional.
Como siempre, la mejor solución es dejar a los procesos de mercado actuar para que progresiva y espontáneamente se vayan seleccionando de forma no intencionada las mejores formas de ofrecer un servicio. Siempre es más beneficioso y realizable que pedir, como en la sátira de Bastiat, que se elimine el Sol.
@jmorillobentue
"Podemos afirmar que si el gabinete de Rajoy logra el saneamiento del déficit público lo hará a costa del monumental expolio de la propiedad privada en que se ha convertido su política económica". Para escribir y publicar esa frase cuando Mariano Rajoy llevaba unas pocas semanas en La Moncloa habría que tener cierto olfato político, pero es que el autor nació en 1967 y la cosecha de talento ese año en el centro y el sureste de España fue extraordinaria. El artículo del que procede ese texto finaliza con este otro párrafo premonitorio:
Ante la más que probable continuidad de la crisis económica al final de la presente legislatura, a Rajoy le sustituirá, sea cual sea el resultado de las elecciones, una Gran Coalición o Gobierno de concentración PP-PSOE. Será un pentapartito a la española, donde quizás Durán Lérida ("el conseguidor" de indultos para sus delincuentes convictos) sea nuestro Bettino Craxi).
Quien decía todo esto en marzo de 2012 es Jorge Sánchez de Castro, autor de un libro titulado El único paraíso es el fiscal, que la pequeña pero combativa editorial Isabor acaba de poner en las librerías. Cómprenlo; es corto, espléndido y con un título perfecto para provocar al vecino gafapasta de la tumbona de al lado este verano.
Sánchez de Castro reflexiona a lo largo de estas páginas sobre la única alternativa a la devastación que el canibalismo estatal produce en sus fuentes de riqueza. La presión fiscal, de niveles confiscatorios a pesar de las dificultades para las empresas y familias españolas durante la crisis, pone de relieve que lo importante para el Gobierno, cualquier Gobierno, es la supervivencia de las instituciones que dependen de él. Lo que pase con los contribuyentes sólo les preocupa en el horizonte temporal de una, dos legislaturas a lo sumo. No es casual que los famosos recortes presupuestarios contra los que clama la izquierda (a riesgo de que la derecha la desbanque del trono del despilfarro) no hayan afectado más que levísimamente al inmenso aparataje estatal con que toda democracia se dota para cumplir adecuadamente sus funciones, que son todas las que sea capaz de imaginar el más concienciado de las juventudes de cualquier partido político recién llegado a un cargo público.
España convertida en un paraíso fiscal. Y lo asombroso es que resultaría factible porque entre el fárrago dispositivo de la UE hay un arbitrio sobre el régimen impositivo de las Islas Azores que facultaría a cualquier comunidad autónoma a hacer algo parecido, salvando los privilegios en materia de normativa fiscal de los que disfrutan las haciendas forales (o fórrales, que así prefiere llamarlas el autor). Como exclamaríamos en estos momentos si lleváramos melena, chanclas y piercings "Sí se puede". Pero ni la izquierda ni la derecha en activo lo permitirían, y mucho menos los nuevos superdemócratas que han aparecido en el circo ideológico para explicar que nuestro problema es que el Estado nos roba muy poco. En este juego del gallina, en el que pierde aquél que se detiene más tarde en la carrera hacia el precipicio (véase el problema catalán, lúcidamente explicado también en este libro), la única esperanza de los productivos es que surja pronto una nueva burbuja que distraiga la atención del fisco de nuestras cada vez más magras haciendas. O eso o, como dice Sánchez de Castro, "que los candidatos entre los que el pueblo tenga que elegir se parezcan mucho a Batman o Mourinho".
Jorge Sánchez de Castro, El único paraíso es el fiscal, Isabor, Murcia, 2014.
Dentro del liberalismo existen a grandes rasgos tres escuelas o corrientes fundamentales de filosofía política: anarcocapitalismo, minarquismo y evolucionismo. Cada una defiende la libertad desde posiciones diferentes, en parte contradictorias pero también complementarias, con imperfecciones y limitaciones.
El anarcocapitalismo (anarquismo liberal, individualista, de mercado) se opone al Estado como institucionalización y monopolio de la coacción sistemática y defiende un orden social basado en el derecho de propiedad y el principio de no agresión: la seguridad y la resolución de conflictos pueden conseguirse mediante mecanismos de mercado libre a través de contratos con agencias privadas en competencia, sin exclusividad ni privilegios.
El anarcocapitalismo propone una justificación o fundamentación ética de las normas sociales de inspiración iusnaturalista o consecuencialista (o una combinación de ambas): las leyes legítimas aplicables a los individuos son universales, simétricas y funcionales. La única norma con estas características es el derecho de propiedad o principio de no agresión: la propiedad o dominio legítimo sobre los bienes se consigue mediante ocupación original (primer uso, colonización) e intercambios voluntarios; la fuerza contra otras personas sólo puede utilizarse para defenderse, para restablecer la justicia ante algún delito o crimen; las obligaciones y los derechos positivos sólo surgen mediante contratos libremente aceptados por las partes involucradas. Una sociedad libre es la que resuelve sus problemas sin iniciar la violencia y sin robos, mediante intercambios puntuales y acuerdos voluntarios.
El anarcocapitalista considera que el Estado, ineficiente, abusivo o corrupto en el uso del poder, no defiende la libertad y la propiedad sino que las viola sistemáticamente y es su peor enemigo: la legislación suele ser liberticida, los impuestos son robos y las guerras son matanzas injustificadas. A partir de los principios fundamentales argumenta cómo puede existir en la práctica la sociedad sin Estado, recuerda que no ha habido ningún contrato con cada individuo que legitime su sometimiento al poder estatal, y que los servicios o bienes públicos recibidos no justifican la obligación del pago de impuestos.
Los principales problemas del anarcocapitalismo son considerar la seguridad un bien económico como cualquier otro y obviar que existen ciertos bienes y servicios, como los espacios comunes y la defensa, que los grupos humanos suelen poseer, proporcionar y disfrutar de forma conjunta, lo cual puede implicar la necesidad de un gobierno centralizado. Además algunas normas que se perciben socialmente como legítimas no se aceptan explícitamente a nivel individual mediante contratos sino que surgen evolutivamente y se concretan en tradiciones y costumbres sociales: que un individuo no acepte una norma no implica automáticamente que esta sea ilegítima, y tal vez el grupo está justificado a obligar o expulsar a quienes la incumplen.
El minarquismo defiende un Estado limitado o mínimo necesario para las funciones de seguridad y vigilancia (defensa nacional frente al exterior, orden público interno) y para la provisión o gestión de otros bienes públicos (especialmente legislación, justicia, policía, relaciones diplomáticas, infraestructuras públicas): sin este gobierno mínimo imprescindible para la organización colectiva estable cualquier grupo humano dejará de existir como unidad autónoma, bien por desintegración por desórdenes internos (conflictos no resueltos por subjetividad, parcialidad o poder coercitivo insuficiente, guerra de todos contra todos) o por invasión y conquista desde fuera. El minarquista suele preferir jurisdicciones o unidades de administración pequeñas por su mayor eficiencia y por la facilidad de los individuos de cambiar de una a otra (voto con los pies).
El Estado es necesario para evitar y resolver conflictos internos y para actuar coherentemente como una unidad frente al exterior: pero como concentración del poder es una entidad peligrosa, tanto para sus propios ciudadanos como para los no miembros. El minarquismo intenta legitimarlo y limitarlo mediante algún acuerdo constitucional con normas que permitan dividir y restringir su poder (separaciones, contrapesos): sin embargo históricamente las limitaciones constitucionales han resultado ser poco efectivas ya que son endógenas (el Estado se vigila o supervisa a sí mismo).
El minarquismo tiene diversos problemas: no especifica cuál debe ser la extensión de cada Estado, qué individuos y territorios debe incluir o excluir y por qué; si se permite la secesión no está claro hasta qué nivel puede ejercerse; si la defensa ante agresiones externas es un problema grave, las unidades políticas pequeñas pueden ser ineficientes y tal vez tiendan a agregarse en unidades mayores (de ciudades a naciones e imperios); si la secesión no se permite, el minarquismo parece consistir en coaccionar al prójimo para participar en la defensa común contra potenciales enemigos más lejanos. Gran parte de la producción de leyes y su administración judicial es privatizable: no todas las normas tienen por qué ser iguales para todo el mundo, y las pactadas mediante contratos privados pueden utilizar mecanismos competitivos alternativos de vigilancia y arbitraje.
El problema esencial del anarcocapitalismo y del minarquismo es cómo definir o entender al Estado: si como un agresor ilegítimo o como la organización del gobierno o estructura de control de un grupo; si como un opresor unilateral privilegiado o como el resultado de un acuerdo que facilita la cooperación social. Ambas interpretaciones son posibles, y normalmente la realidad es compleja y contiene elementos de las dos (no necesariamente en la misma medida). El Estado es el monopolio de la fuerza y de la jurisdicción sobre un territorio y unos súbditos o ciudadanos: pero esto no es ilegítimo si las personas involucradas lo han pactado libremente así; normalmente no todos los individuos lo han aceptado voluntariamente, algunos porque no quieren participar de ese Estado, otros porque quieren un Estado diferente (más o menos liberal o intervencionista).
El evolucionismo aplicado a la filosofía política enfatiza la importancia de los órdenes espontáneos en los sistemas complejos adaptativos: pretende describir científicamente y explicar cómo funciona la sociedad en lugar de legitimar o justificar filosóficamente cómo debe hacerlo; advierte contra el racionalismo constructivista, contra la planificación coactiva centralizada, contra la ingeniería social; recuerda que la realidad es muy compleja, que el conocimiento humano es limitado y disperso, y que las cosas probablemente existen porque funcionan relativamente bien aunque no se entienda cómo o por qué. Las normas sociales no se producen mediante razonamientos reflexivos abstractos utilizando axiomas irrefutables y lógica deductiva, sino por evolución mediante generación de alternativas, rechazo de lo fracasado y retención de lo exitoso (prueba y error): los grupos mejor organizados tienden a desplazar a los peor organizados.
El evolucionismo es correcto pero incompleto: las normas son propuestas y aceptadas o rechazadas por los individuos según sus preferencias o intereses (dando mucha importancia a la reacción de los demás, al qué dirán, a la reputación o prestigio); las personas argumentan las leyes utilizando diferentes criterios de legitimidad o justicia; algunos grupos humanos pueden prosperar cooperando internamente para parasitar o depredar a otros.
Los liberales pueden incluirse en una de estas corrientes o tomar elementos de todas ellas: esto puede hacerse por motivos puramente intelectuales o por otras razones como querer dar una imagen de sí mismo y señalar la pertenencia a algún grupo (el anarcocapitalista radical, rebelde, contundente, extremista, lógico, consistente, idealista; el minarquista sensato, pragmático, realista; el evolucionista científico, descriptivo). Los problemas surgen de no querer o no poder ver las limitaciones, errores e imperfecciones de cada paradigma.
Algunos consideran incompresible cómo una persona puede llorar la muerte de Alfredo Di Stefano cuando "no compartió con ellos los millones que ganó en vida". Al parecer, para ciertas personas que supuestamente odian el dinero, no existe más intercambio entre dos seres humanos que el del vil metal. No entienden que alguien, simplemente con su trabajo y habilidades, pueda llegar a conmover tanto a ciertas personas como para éstos lloren su muerte.
Supongo que para estas personas haber llorado por la muerte de Velázquez o Quevedo sería igual de absurdo. O quizá no, claro, porque a la estupidez de creer saber por qué deben llorar los demás le suele acompañar la necedad de pensar que hacer maravillas con una pelota no se puede comparar a hacerlas con una pluma o un pincel.
Leo que en una entrevista que Pablo Iglesias ha dicho que es muy fácil acabar con los desahucios: se hace un decreto ley y basta. Por cosas como éstas soy el único de mi círculo cercano que está bastante contento con que este señor tenga tanto éxito mediático (electoral no lo tengo tan claro, en España hay mucha más gente de extrema izquierda de la que ha votado a IU y Podemos). No es que el resto de los políticos no piensen lo mismo; ahí tenemos al PP o PSOE intentando cambiar las cosas a golpe de BOE desde hace décadas. Pero es evidente que con el foco apuntando constantemente a un extremista sin complejos, las cosas son mucho más claras y no hay que andar perdiendo el tiempo discutiendo el sexo de los ángeles.
Porque sí, los desahucios se acaban con un decreto ley, la imposibilidad de conseguir un crédito bancario se soluciona con otro decreto que nos devuelva a la peseta, y le dé a este señor la máquina de imprimir billetes, y la hiperinflación a la que nos condenaríamos no te obliga a más que a implantar un férreo control de precios, que tendrías que acompañar con otro decreto para regular el orden en las kilométricas colas que tendríamos que hacer desde entonces para comprar el pan.
Todo muy sencillo y al alcance del entendimiento de cualquiera. A partir de ahí que la gente apoye lo que quiera.
Me comenta un conocido que en España el neoliberalismo va a acabar con el pueblo. Tirando de memoria le recuerdo ciertos titulares que he leído estas últimas semanas: taxistas protestando contra que particulares puedan llevar pasajeros porque comprar una licencia a precio de oro es, y debería ser, la única manera honrada de dedicarse a ese noble oficio. Hoteleros denunciando el alquiler ilegal de apartamentos vacacionales. Porque alquilar tu casa por quincenas a personas que no provocan problemas y se dejan algo de dinero en el comercio local debería ser un delito. Patronales de autobuses denunciando un pliego público porque favorece a Renfe, el otro medio de transporte terrestre (que casualmente es enteramente público). Al parecer permitir que cualquiera que tenga un autobús, y cumpla una normativa de seguridad, explote rutas regulares sin tener el monopolio vía concesión pública sería la anarquía y el caos. No digamos eso de tender tus propias vías de tren o al menos circular por las públicas…
Evidentemente no conseguí que dejara de considerar a España un paraíso neoliberal, pero al menos me gané el calificativo de demagogo. Lo que a estas alturas ya hasta me enternece.
El francés Thomas Piketty se ha convertido en el nuevo economista fetiche del socialismo. Su obra magna, un extenso libro sobre la desigualdad titulado Capital en el Siglo XXI, pasó por las librerías sin pena ni gloria cuando fue publicada en Francia en 2013. Ha sido este año, al publicar Harvard University Press la traducción inglesa en Estados Unidos, cuando literalmente ha arrasado. El polémico Nobel de economía Paul Krugman no tardó en deshacerse en elogios ante el que considera "el que será el libro más importante de la década". En cuestión de semanas, Piketty ha sido elevado a los altares de la izquierda. Todo apunta a que va a permanecer ahí durante mucho tiempo.
Capital en el Siglo XXI se ha convertido en el nuevo libro sagrado del socialismo porque rearma a la izquierda frente al sistema capitalista en torno al estandarte de la igualdad. Por un lado, es un libro de gran empaque académico, fruto de un extenso estudio histórico y de un innegable esfuerzo de recolección de datos. Pero sobre todo, proporciona un argumento sencillo, elegante y aparentemente lógico, que puede emplearse como arma arrojadiza en cualquier discusión para atacar al capitalismo y defender el ascenso del Estado omnipotente.
La tesis central de Piketty es que en el sistema capitalista existe una fuerza inexorable que hace que el capital acumulado crezca más rápido que la renta y los salarios. Esta ‘fatal contradicción central del capitalismo’, según el economista francés, tiene un doble efecto. En primer lugar, provoca que las rentas del capital se vayan comiendo progresivamente las rentas del trabajo. En segundo lugar, hace que la riqueza se vaya concentrando cada vez en menos manos a medida que se transmite de generación en generación, dando lugar a una creciente e injusta desigualdad. "El empresario inevitablemente tiende a convertirse en un rentista, cada vez más dominante sobre aquellos que no poseen nada excepto su trabajo", concluye Piketty.
Para tratar de demostrar su tesis central, el autor de Capital en el Siglo XXI divide su investigación en dos partes. La primera consiste en mirar hacia el pasado y estudiar cuáles son los hechos hasta hoy. Aquí se presenta el encomiable esfuerzo de investigación histórica que ha proporcionado a Piketty un prestigioso reconocimiento académico. Es cierto que se ha levantado mucha polvareda a raíz de la denuncia del Financial Times de que Piketty realizaba cálculos torticeros y cometía numerosos errores en sus series históricas. Este debate es natural y sin duda interesante para ir mejorando los datos que tenemos del pasado, como el propio autor afirmaba cuando hizo públicas las hojas de cálculo utilizadas para escribir el libro. Sin embargo, esto no resta utilidad al extenso estudio realizado, ni demuestra que haya sido deliberadamente manipulado. Más que nada, porque las series históricas del libro por si mismas ya siembran serias dudas sobre la tesis central de Piketty.
Analicemos a la luz de sus propios datos las dos tendencias inexorables hacia las que, según Piketty, nos conducirá el capitalismo. En el capítulo 6 de Capital en el Siglo XXI, se estudia la evolución de las rentas del capital frente a las rentas del trabajo. Según el autor, las rentas del capital deberían "devorar progresivamente" a las rentas del trabajo. Sin embargo, para los dos países analizados, Francia y Reino Unido, vemos que la tendencia de largo plazo es más bien es la contraria. Si bien la relación tiene oscilaciones, un análisis desapasionado nos muestra que entre finales del siglo XVIII hasta hoy, en estos países la renta del trabajo en general ha ido ganando terreno a las rentas del capital. Está claro que esto no demuestra que en el futuro tenga que ser siempre así, pero sí arroja serias dudas sobre la supuesta ley de hierro de Piketty de que las rentas del capital tienden a devorar a las del trabajo.
Por otro lado, para analizar la evolución de la desigualdad en la riqueza, Piketty estudia el porcentaje de riqueza que poseen los ricos (10% más rico del país) y los súper ricos (1% más rico). Hay que decir que, aunque incluye en las cifras de riqueza algunos bienes duraderos como viviendas, por algún motivo ha excluido otros como coches, mobiliario, electrodomésticos, productos electrónicos o joyas, que son bienes que forman una buena parte del patrimonio de las clases medias y bajas. Además, Piketty siempre analiza la desigualdad dentro de un país. Pero según ha estudiado el economista Xavier Sala i Martín, uno de los más prestigiosos y citados economistas del mundo en cuanto a crecimiento y desarrollo económico, si analizamos las desigualdades entre países, a escala global, se vería cómo las desigualdades han caído en picado durante las últimas décadas.
En todo caso, según las series sobre desigualdad de riqueza del capítulo 10 del libro, para los países analizados (Francia, Reino Unido, Suecia y Estados Unidos) la supuesta tendencia inexorable de los ricos a acumular cada vez un mayor porcentaje de la riqueza vuelve a quedar en entredicho. En todos los casos, se ha ido transitando de unas sociedades relativamente más desiguales hacia unas sociedades en las que la riqueza está menos concentrada, al menos hasta hoy. El propio Piketty admite en el libro que "el crecimiento de una verdadera clase media patrimonial (o propietaria) ha sido la principal transformación estructural de la distribución de la riqueza en los países desarrollados durante el siglo XX. Si retrocediéramos un siglo en el tiempo, a la década de 1900-1910, en todos los países de Europa la concentración del capital sería entonces mucho más extrema de lo que es hoy".
En conclusión, fijándonos en los resultados del estudio histórico del libro, es cuanto menos arriesgado sostener que en el sistema capitalista las rentas del capital tienden necesariamente a devorar a las del trabajo y que la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos. No en vano, Piketty dedica un tremendo esfuerzo a explicar que el capitalismo sí tiene esa tendencia natural hacia la desigualdad, pero que el período entre 1910 y 1970 es una excepción por una serie de motivos: dos guerras mundiales, la Gran Depresión, el alto crecimiento económico o el crecimiento de la población. Sin embargo, como explica Sala i Martín, si las buscáramos, también podríamos encontrar razones para suponer que la excepción a la norma no son los primeros 70 años del siglo XX, sino los últimos 30. De nuevo, los datos del propio Piketty arrojan serias dudas sobre su tesis central, y esto le obliga a realizar constantes piruetas argumentales a lo largo del libro.
Si en la primera parte de la investigación se ha analizado el pasado, y hemos visto que cuanto menos la tesis del autor parece no cumplirse, Piketty vuelve su cara hacia el futuro para tratar de demostrar que el siglo XXI será diferente al siglo XX. Para ello, elabora una teoría económica que ha tenido una gran trascendencia en los medios por su aparente sencillez. Piketty parte de que es de esperar que la tasa de retorno del capital (r) se sitúe de manera natural por encima de la tasa de crecimiento de la renta (g). Al estudiar cómo han evolucionado ambas variables durante el pasado, se comprueba que la tasa de retorno del capital antes de impuestos ha oscilado entre el 4%-5%, mientras que el crecimiento de la renta ha ido creciendo exponencialmente desde cero hasta casi el 4%. Analizada la tasa de retorno después de impuestos, sin embargo, durante el siglo XX se desploma por debajo incluso del crecimiento de la renta. A la serie histórica, vemos que Piketty añade unas previsiones de crecimiento para el siglo XXI que sólo podemos calificar de sumamente pesimistas, pues asume que la tendencia histórica del crecimiento económico se va a dar la vuelta y va a caer hasta el 1,5% a lo largo del siglo XXI. Expertos en la materia como Sala i Martín han contestado que esas previsiones son catastrofistas, y que sería más realista asumir que la tendencia histórica que hemos visto hasta ahora sigue su curso, a lo que añade que por supuesto ni Piketty ni él pueden predecir cuál será el crecimiento económico durante el próximo siglo.
En todo caso, ¿qué interés tiene que la tasa de retorno del capital se sitúe de manera natural por encima de la tasa de crecimiento de la renta (en notación compacta, r > g)? Según Piketty, esto es lo que demuestra que el capital tenderá a crecer a un ritmo superior del que lo hace la renta. Es una explicación sencilla y elegante, perfecta para cualquier debate. Pero tiene un problema. ¡También es falsa! Y es que el ritmo al que crece el capital no tiene nada que ver con el retorno del mismo. Por ejemplo, es perfectamente posible que el capital nos proporcione un retorno elevado pero que sin embargo consumamos todas las rentas del capital (como haría un jubilado que vive de las rentas de su capital acumulado). Podemos incluso pensar en el hipotético caso en el que la sociedad no ahorrara en absoluto, provocando una reducción progresiva del capital acumulado independientemente de su tasa de retorno. De lo que realmente depende el valor del capital acumulado es de dos cosas. La primera es la tasa de ahorro de la sociedad, es decir, su capacidad para posponer el consumo de un porcentaje más o menos grande de la renta (¡independientemente de que esa renta provenga del capital o del trabajo!). Y la segunda es de la capacidad de los capitalistas y empresarios de organizar la estructura de capital de tal forma que produzca para los consumidores los productos que desean consumir a costes asumibles. Es decir, que cuando Piketty compara la tasa de retorno con la tasa de crecimiento de la renta, está realmente comparando peras con manzanas.
Es una pena que un economista como Piketty, con independencia de su ideología política, haya desperdiciado un encomiable estudio histórico analizándolo a la luz de una teoría del capital tan sumamente pobre. Como con brillantez ha expuesto Juan Ramón Rallo, Piketty de hecho ha entendido la teoría del capital al revés. El autor francés asume que el capital es un fondo que se autorreproduce, y que ese fondo proporciona unas rentas perpetuas a una determinada tasa que se aplica al valor nominal de la inversión inicial. El capitalista, por tanto, no tiene más que recogerlas sin esfuerzo. Rallo explica que la relación es exactamente la contraria. El valor del capital hoy no depende del valor histórico de los ahorros acumulados durante el pasado. Equivale al valor presente de las rentas futuras que se espera que esos heterogéneos bienes de capital proporcionen, valoradas por los consumidores y descontadas por la tasa social de preferencia temporal y de aversión al riesgo (o tipo de interés). Cuando un capitalista ha organizado ese capital de tal forma que los consumidores no valoran la producción lo suficiente, o simplemente no es capaz de adaptarse mejor que la competencia a los cambios en las preferencias de los consumidores, esas rentas esperadas se desploman y por tanto el valor de ese capital puede desaparecer de la noche a la mañana.
Por ese motivo, tiene sentido el dicho popular de que cuando una persona exitosa traspasa a sus descendientes el capital acumulado, entre sus hijos y sus nietos suelen bastar para hacer desaparecer el capital. La realidad desmiente a Piketty cuando dice que en el capitalismo la riqueza se tiende a concentrar en dinastías familiares que se traspasan un creciente capital de padres a hijos, y que son el motivo por el que la desigualdad aumenta. Como muestra Sala i Martín, ninguna de las familias de la lista de los más ricos en 1910 figura en la lista de los más ricos en la actualidad. Si Piketty argumenta que desde 1910 hasta 1970 lo que sucede es una gran excepción y que sólo debemos atender a los últimos treinta años del siglo XX, Rallo demuestra que algo similar sucede si comparamos la primera lista Forbes (1987) con la actual. De hecho, la mayoría de las personas más ricas del mundo hoy han obtenido sus fortunas partiendo prácticamente de cero: pensemos en Bill Gates, Warren Buffett o Amancio Ortega. La tesis de Piketty de que una supuesta mayor acumulación de capital tenderá a provocar que el capital se vaya acumulando en las manos de unas pocas familias, que se traspasan de generación en generación comiéndose la renta nacional, se deshace como un azucarillo a la luz de una correcta teoría del capital.
Hasta aquí la parte de investigación histórica y teórica del Capital en el Siglo XXI de Thomas Piketty. Hemos visto que el economista francés busca demostrar que en el sistema capitalista las rentas del capital irán devorando progresivamente a las rentas del trabajo y que el capital va a ir acumulándose en unas pocas manos que se traspasan de padres a hijos a expensas del resto de la población. Sin embargo, hemos visto que el análisis histórico del propio Piketty arroja serias dudas sobre que esta tesis sea cierta. Y, por otro lado, vemos que la argumentación teórica que dice que si r > g, el capital crecerá más rápido que la renta y se irá concentrando progresivamente, es totalmente falsa si la analizamos desde la óptica de una teoría del capital correcta. Parece, pues, que el mecanismo de generación automática de desigualdad que nos presenta Piketty está averiado. ¿Quiere decir esto que en el capitalismo no pueda tenderse hacia una distribución de la riqueza desigual en un determinado periodo? En absoluto. Sólo quiere decir que la aportación de Piketty es más un argumento fácil para usar en debates que una teoría correcta. Tras su extenso análisis, Piketty da el salto en el libro a la sección en la que propone cómo solucionar, a través del Estado, esta supuesta tendencia inexorable del capitalismo hacia la desigualdad. Pero para analizarla vamos a necesitar un segundo artículo.
Podemos y su mediático líder, Pablo Iglesias, han sido toda una sorpresa en el inmovilista mundo político español. Este nuevo partido, que es hijo de la crisis y radical en sus propuestas, dignas de la mejor tradición castrista o chavista, se ha visto favorecido, entre otros factores, por la fama que le han proporcionado unas televisiones más centradas en el amarillismo periodístico, en la polémica como objetivo, que en un análisis político o económico sosegado y veraz. Y es que el reality show, de alguna manera, también se ha instalado en la política.
El partido que dirigen Iglesias, Errejón y Monedero se ha sabido alimentar de la aversión ciudadana a una política dominada por la imagen de la corrupción, pero sobre todo del miedo, el de perder derechos positivos y servicios públicos que durante años los políticos de todos los colores nos han vendido sin aclararnos quién y cómo iban a pagar todo ello. Frente al miedo, Podemos ha creado esperanza, ciertamente envenenada, pero esperanza al fin y al cabo y el resultado ha sido 1,2 millones de votos en las últimas elecciones europeas y unas expectativas para las municipales y autonómicas que sólo han podido soñar, y nunca alcanzar, partidos como C’s, UPyD o Vox, alternativas a priori más naturales para PP y PSOE.
Pero poco a poco, Iglesias muestra la patita de lo que es, un visionario con una concepción totalitaria de la política, lo que no sé si asustará a sus electores o los atraerá a más. Una de sus últimas perlas ha sido sobre los medios de comunicación y de cómo debería ser el marco regulatorio que rigiera el periodismo. Para Iglesias, tienen que existir mecanismos de control público que regulen la labor periodística y por ello alaba leyes como las promulgadas en Ecuador por su bolivariano presidente Rafael Correa. Se pregunta si parece razonable que garantice la libertad de expresión que el 80 % de lo que los españoles ven pertenezca a dos imperios mediáticos, Mediaset y Atresmedia, y asegura que "nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada pero sí estamos en contra de ese modelo de burocracias que implica que en última instancia hay monopolios y oligopolios que lo controlan todo", puntualizando que los monopolios no son compatibles con la democracia.
Como buen demagogo de izquierdas sabe acercarse al trabajador (siempre explotado cuando de capitalismo hablamos), defendiendo al reportero que se ve obligado a seguir la línea editorial de la empresa y no lo que le dice su conciencia o ideología: "Estoy harto de encontrarme periodistas de El País, de El Mundo, de La Sexta, de Cuatro que me dicen, muchas veces, con cara de trabajo donde trabajo pero me marcan la línea editorial y qué le voy a hacer". Por último, dentro de la línea anticlerical de la izquierda española se pregunta que "si los obispos pueden tener radios y televisiones por qué no otros colectivos".
Más allá de que Pablo Iglesias arremeta contra aquellos que le han ayudado a llegar donde ha llegado, sobre todo Cuatro (Mediaset) y La Sexta (Atresmedia), no dejan de ser interesantes sus precisiones, porque en la descripción del sector no le falta razón en algunos aspectos.
El actual sistema de licencias español, donde las administraciones públicas permiten o no emitir a radios y televisiones y establecen en qué condiciones se hace esta emisión, nos ha llevado a la situación actual, precisamente de la que se queja Pablo Iglesias. En ningún momento ha actuado el libre mercado, así pues la lamento de Iglesias se dirige paradójicamente hacía el sistema que el mismo defiende, cayendo de nuevo en el viejo tópico de los intervencionistas de que lo que falla es que la regulación es poco intensa.
En el sector audiovisual, como en otros sectores de la economía, las empresas deben satisfacer las necesidades políticas del poder de turno del que dependen, a la vez que mantener cierta imagen de objetividad y obtener un beneficio, condición sine qua non los accionistas no invertirían su capital. Es normal, por tanto, que se genere un sistema corrupto de base, donde los favores políticos estén a la orden del día, las ayudas y subvenciones públicas formen parte de la contabilidad oficial y la prensa molesta no se vea favorecida desde el poder e incluso termine desapareciendo por una serie de presiones y malas artes. Así pues, no es cierto como dice Iglesias que el monopolio o el oligopolio no sea democrático, sino que este surge precisamente de las reglas que sustentan a esta, nuestra democracia.
Si el panorama mediático español no es más asfixiante todavía se debe a dos factores. Por una parte, la existencia de Internet, un canal aún sin regulación, o al menos con una regulación poco definida, que permite a los ciudadanos acceder a fuentes distintas, nacionales e internacionales, para mantenerse informado o entretenido sin necesidad de pasar por los cauces tradicionales. Además, la naturaleza de Internet permite a casi cualquiera crear su propio sistema para informar o dar su opinión (blogs, redes sociales, páginas personales, etc.) de forma que el periodismo está experimentando una seria revolución.
El segundo factor, ligado a lo anterior es la convergencia tecnológica. No hace muchos años, los periódicos de papel, las radios y las televisiones eran entes aislados el uno del otro, aunque una misma empresa pudiera tener en propiedad varios de estos canales. Hoy por hoy, estos canales se mezclan, podemos escuchar un programa de radio o ver uno de televisión cuando nos place y en lugares tan "exóticos" como nuestro teléfono móvil, PC o tablet. Los periódicos digitales se están comiendo a los de papel, que tienen que reconvertirse en lo que antes eran las revistas y estas a su vez, especializarse en otras cosas. Y parece que es un proceso sin retorno, en tanto las generaciones más digitales vayan sustituyendo a las analógicas.
Pero mientras este canal se hace más poderoso, la televisión es la que marca el nivel informativo y casi cultural de los españoles. Pablo Iglesias y Podemos lo vieron y lo aprovecharon y ahora están sufriendo en sus carnes algunas de las tácticas que ellos mismos han usado, y es normal que les duela. Por eso quieren regular el sector, como han hecho los bolivarianos en los países que gobiernan. Por eso no duda Pablo Iglesias, fiel a su demagogia, en convertir una trifulca televisiva entre Bertín Osborne y Beatriz Montáñez sobre el apoyo de Podemos al régimen chavista en un supuesto ataque a sus 1,2 millones de votantes. No le mueve la libertad de prensa y mucho menos la prensa de la libertad, sino la toma del poder y su control.
Cuando un político en ejercicio y con sueldo oficial llama a otros representantes públicos "casta", un resorte intelectual salta inmediatamente advirtiendo de que algo no está bien. La expresión"casta política" (o "castuza", cuando el desdén se desliza hacia el terreno de la ofensa) se viene utilizando desde que arreció la crisis para poner de relieve el rechazo a los políticos, señalados muy justamente como los principales responsables de la catástrofe económica que todavía padecemos todos los españoles. Los políticos en su conjunto, sin atención a las siglas de sus respectivos partidos, con la única condición de que hayan tenido responsabilidades ejecutivas de relevancia en cualquier ámbito, porque, si bien es cierto que el Gobierno de Zapatero trajo la ruina a España, no menos innegable resulta que algunas comunidades gobernadas por el PP y los nacionalistas han contribuido lo suyo a que el desastre sea completo. A estos dos factores hay que sumar el no menos decisivo de la quiebra en cadena de las cajas de ahorro, donde además de los tres partidos mayoritarios medraban losagentes sociales para que el resultado del expolio fuera exquisitamente democrático.
Situado el asunto en sus justos términos, casta deberían ser los políticos del PSOE en lugar bien destacado, seguidos de los del PP e IU en un pelotón que cerrarían los liberados sindicales de UGT y CCOO, con los delegados del sindicato de patronos en funciones de coche escoba. Aceptando esta distribución por estratos en función del distinto grado de responsabilidad de unos y otros, hay dos anomalías que distorsionan por completo la expresión "casta política" hasta despojarla de su verdadero significado. La primera es que la izquierda política y sindical se ha zafado con gran éxito de la acusación que encierra. El caso de los comunistas es paradigmático de la impunidad de la izquierda por sus desmanes, teniendo en cuenta que son colaboradores necesarios en las tropelías de la comunidad autónoma más corrupta del mundo civilizado. Los políticos de IU, en efecto, se refieren al Gobierno y a la "troika", otro concepto técnico que los progres han convertido en el epítome de la maldad, como la casta política a la que hay que pedir explicaciones del desastre provocado ¡por las medidas que ellos mismos apoyaban en su día!, cuando al frente de España estaba el gran ZP. Su responsabilidad directa en los desafueros de las entidades de ahorro ha pasado también inadvertida (al igual que la de CEOE, UGT y CCOO), a pesar de que sus representantes apoyaron siempre las locuras de los dirigentes de las cajas a cambio de trincar los correspondientes megasueldos que se repartían en los órganos de gobierno con extraordinaria fruición.
Pero lo que resulta más llamativo es que políticos que son el ejemplo perfecto de la casta, por llevar décadas trincando un sueldo público, acusen a los demás de formar parte de ese gremio, y eso que muchos de ellos no han cumplido ni siquiera el primer trienio amorrados a la teta estatal. Eso por no mencionar a los jóvenes universitarios que han irrumpido recientemente en la esfera política llamando "casta" hasta a los bedeles del Congreso de los Diputados, a pesar de que todo su esfuerzo en los últimos años ha estado dirigido, precisamente, a ingresar en la cofradía a la que ahora pretenden insultar. Treintañeros que no han conocido otra cosa que la universidad pública, que jamás han tenido un trabajo en el sector privado ni pagado impuestos, acceden al Parlamento Europeo, lugar en el que hoza la clase política más privilegiada de todo el planeta, y desde allí siguen acusando a todos sus colegas de formar parte de una "casta" a la que es necesario fumigar.
Y lo mejor de todo es que no lo hacen porque sean culpables de algún delito concreto, sino por haber cometido el pecado, grave donde los haya, de haber llegado a tan selecto club antes que ellos. ¿O no resulta extraño que los pokémon justicieros pidan acabar con todo menos con el Parlamento Europeo?
Si las grandes corporaciones controlan los medios españoles, ¿es que esas grandes corporaciones desean ver a Podemos en toda tertulia política? Si el control público de los medios de comunicación garantiza su imparcialidad, ¿por qué RTVE no cuenta con Podemos en sus tertulias políticas? Esas deberían ser las primeras preguntas que habría de formularse cualquier persona que apoye la propuesta de Pablo Iglesias de establecer un "control democrático" sobre los medios de comunicación.
Ante lo cual, probablemente muchos respondan que los grandes medios lo llevan a sus tertulias porque es rentable hacerlo, no por ninguna elevada obligación democrática. Pero ¿qué significa que "es rentable" llevar a Pablo Iglesias a una tertulia política? Que da audiencia: es decir, que una parte significativa de la población quiere verlo y escucharlo. Así funcionan los muy despreciados mercados, incluido el de los medios de comunicación: los proveedores ganan dinero ofreciendo aquello que la gente demanda (es decir, el interés de los consumidores se asimila con el interés de los empresarios). En cambio, los no-mercados como RTVE no funcionan adaptándose a las preferencias de los espectadores (pues viven de los impuestos, no de la audiencia), sino al diktat de las élites extractivas gobernantes.
Dicho esto, la siguiente cuestión que deberíamos plantearnos es: si la audiencia no quisiera ver a Pablo Iglesias (esto es, si no fuera rentable llevar a Pablo Iglesias a las tertulias), ¿habría que imponer su presencia en aras de la pluralidad y de la transparencia democrática? O, formulado de otra manera, ¿habría que imponer a la población lo que ha de querer ver en televisión? Nótese que el hecho de que una televisión o un periódico no cuenten con una determinada persona no cercena la libertad de expresión de esa persona (Antena 3 no me está censurando a mí, verbigracia): mientras exista libertad para emitir opiniones en sociedad, no hay censura ni merma de pluralidad informativa alguna. Pablo Iglesias, por ejemplo, cuenta con su propio programa, La Tuerka (al que muy amablemente me han invitado en varias ocasiones); programa que cualquier interesado puede sintonizar por internet en el momento en que desee. Nadie me obliga a ver La Sexta Noche ni me impide ver La Tuerka.
La libertad y la diversidad informativas no se garantizan creando un órgano burocrático dedicado a imponer a todo periodista o grupo de comunicación la obligatoriedad de una línea editorial objetiva, plural o sometida a "los intereses de los ciudadanos": la libertad y la diversidad informativas se garantizan permitiendo que cada cual cree plataformas desde las que pueda transmitir las ideas que considere oportuno sin que el Estado se lo impida. Gracias a ello contamos con periódicos digitales de todo el espectro ideológico (comunistas, fascistas, bolivarianos, socialdemócratas o liberales) y contaríamos con idéntica intensidad y variedad competitiva en la televisión o en la radio si el Estado no hubiese nacionalizado y contingentado artificialmente el espectro radioeléctrico mediante la concesión de licencias.
El establecimiento de controles estatales sobre los medios de comunicación sólo sirve, en última instancia, para que los políticos o los burócratas al mando del Estado impongan su agenda informativa. La idea de que sólo los medios de comunicación privados tienen intereses es completamente falaz: los políticos también tienen intereses; los burócratas también tienen intereses; los propios periodistas también tienen intereses. Otorgar a algún político, burócrata o periodista el poder de controlar y regular el conjunto de la prensa equivale a otorgarle el poder para imponer sus intereses y su agenda sobre todas las personas que emiten opiniones: es decir, equivale a subyugar todas las opiniones para garantizar coactivamente la prevalencia de los intereses de quienes controlen el Estado (o los órganos creados por el Estado para someter a la prensa).
Acaso se diga que la clave del asunto es que el Estado sea controlado democráticamente por el pueblo soberano y que, por tanto, sean los intereses del pueblo soberano los que determinen los contenidos de todos los medios de comunicación. Mas no olvidemos que el pueblo soberano no habla por la boca de la unanimidad, sino por el de las mayorías electorales, en cuyo caso la pregunta es clara: ¿la mayoría de ciudadanos ha de tener derecho a controlar la información y la opinión que desea recibir la minoría de ciudadanos? ¿Deben las mayorías aplastar a las minorías? ¿Una mayoría electoral de votantes socialistas legitimaría a éstos para imponer los intereses ideológicos del socialismo a los medios de comunicación no socialistas? ¿Una mayoría de fascistas legitimaría la censura en nombre del fascismo?
Acaso alternativamente se sugiera que el Estado otorgue el control de los medios de comunicación a aquellos periodistas que lo integran: una suerte de colectivización de la prensa en beneficio de la profesión periodística. Pero, de nuevo, los periodistas tampoco hablan con la voz de la unanimidad: cada periodista posee sus ideas, sus ideologías y sus sesgos. Lo esperable, pues, es que los periodistas con ideas afines mayoritarias se coaliguen en los consejos de redacción para imponer su criterio al resto de sus colegas. Por tanto, la cuestión sigue en pie: ¿acaso toda la prensa debería transmitir la ideología que profese la mayoría de la profesión periodística? ¿Un país donde el 95% de los periodistas fueran antiliberales debería tener vedada la apertura de medios de comunicación deliberadamente liberales? ¿Las opiniones minoritarias y disidentes entre periodistas no deberían tener cabida en la prensa?
Querría pensar que hoy casi nadie compraría este mensaje liberticida, por cuanto todos entendemos que una persona o un grupo de personas –por minoritario que sea– tienen todo el derecho del mundo a crear su medio de comunicación (grande, pequeño o diminuto), a poder emitir sus opiniones sin que la mayoría los acalle. Es decir, querría pensar que todos entendemos que la información libre y descentralizada es muy superior a la información controlada y centralizada.
Pero, por desgracia, la oposición frontal a este genuino mensaje liberal es lo que subyace a la propuesta de Podemos de implantar un control estatal sobre la prensa: una propuesta que tantísimos de sus votantes están hoy aplaudiendo. Probablemente la intención de muchos de ellos no sea la de censurar a nadie, sino que tan sólo se suman a la defensa de conceptos tan bellos –y vacuos– como los de objetividad, pluralidad o independencia informativa. Sin embargo, la implantación práctica del control de los medios, por mucho que se articule en torno a esos bellos y vacuos conceptos, conduce a subordinar la libertad informativa al criterio arbitrario de un órgano burocrático o de una coalición electoral (o profesional) mayoritaria. Un inquietante ejemplo de cómo un programa electoral que pretende multiplicar el poder del Estado, por mucho que se lo vista de regeneración democrática, simplemente termina conduciendo a la creación de nuevas castas omnipotentes y, sobre todo, a un mayor estrangulamiento de nuestras libertades. La regeneración que necesitamos es otra: más derechos de propiedad, mayor independencia judicial y menores tejemanejes políticos a través del BOE y del reparto gubernamental de licencias. Más libertad y menos burocracia estatal, en suma.
Durísimos calificativos recibió hace algunas semanas la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, que resumió el problema del paro juvenil diciendo que no era posible contratar a jóvenes sin cualificación que "no valen para nada".
La izquierda y los sindicatos salieron en tromba y la acusaron de "falta de sensibilidad", "brutalidad", “falta de empatía”. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, la instó a pedir disculpas y añadió:
Está anclada en una vieja doctrina, que no tiene correspondencia con la realidad (…) Sólo tiene una base ideológica, y por eso hace esas afirmaciones.
La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, dijo que era una "barbaridad", y que en ningún caso se podía pagar a los jóvenes en paro menos que el salario mínimo:
Es una falta de respeto hacia los jóvenes y una falta de realismo. Si un país prospera es porque es capaz de aprovechar el talento de sus personas, obtener lo mejor de ellas y ofrecerles las mejores condiciones, y todo eso debe ir acompañado de una retribución adecuada.
La catarata de insultos en los medios y las redes sociales fue interminable.
Caben dos respuestas. La primera es subrayar la gigantesca caradura del pensamiento único a la hora de organizar campañas contra los que desobedecen sus dictados, campañas solemnes que eclipsan cualquier dimensión no plausible de sus propios emisores. Es evidente que resulta un escarnio que los sindicatos, cuyos trapos sucios resultan cada vez más gigantescos, tengan la osadía de exigir a los demás que pidan disculpas. Y es imposible que cuando los líderes socialistas hablan de "barbaridad" se refieran a algo que ellos mismos hayan dicho o hecho, cuando es bien sabido que no les faltan ejemplos de barbaridades variopintas.
La otra respuesta es a mi juicio más interesante, y estriba en los errores económicos del intervencionismo. Asombrosamente, políticos y sindicatos siguen tratando el paro juvenil como si fuera algo independiente de las medidas antiliberales que ellos mismos adoptan y recomiendan. Pero una tasa de paro juvenil superior al 50% no es un terremoto, no es una tragedia natural, es provocada precisamente por el intervencionismo en el llamado mercado laboral, cuyo desenlace es exactamente lo que Mónica Oriol denunció, porque al hablar de que los jóvenes no valen para nada resultaba patente que se refería a un fenómeno que cualquiera con un conocimiento siquiera somero de nuestra realidad está harto de saber: dados los costes salariales y no salariales que impone la legislación en nuestro país, a menudo sucede que la retribución de los jóvenes sin formación se sitúa por encima de su productividad marginal. La consecuencia inevitable es el paro.
En vez de analizar este problema, la izquierda y los sindicatos siguen recomendando más intervencionismo. Y Cándido Méndez acusa a los demás de estar anclados en viejas doctrinas, cuando ninguna doctrina es más vieja, y más dañina para los trabajadores, que su rancio intervencionismo. La agraviada solemnidad de la señora Rodríguez-Piñero también es ridícula, porque son las intervenciones que ella misma propicia las que han logrado que la "retribución adecuada" de los jóvenes sin formación haya quedado por debajo del salario mínimo.
